EDICTO

Ciudad: EL ALTO

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA SEGUNDO EN MATERIA PENAL DE EL ALTO


EDICTO La Dra. Narda Soria Galvarro Hinojosa, JUEZ DE SENTENCIA PENAL SEGUNDO DE LA CIUDAD DE EL ALTO – LA PAZ BOLIVIA------------------------ EL PRESENTE EDICTO HACE CONOCER LO DISPUESTO EN RELACIÓN A: ELVIS PIZARRO CHAMBILLA (Acusado).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARA QUE ASUMA ACCION LEGAL CORRESPONDIENTE DENTRO EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR MINISTERIO PUBLICO A ISNTANCIAS DE ELIZABETH YANA COCARICO EN CONTRA ELVIS PIZARRO CHAMBILLA, POR EL SUPUESTO DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DOMESTICA PREVISTO EN LA LEY SUSTANTIVA PENAL CUYO TENOR LITERALES COMO SIGUE.---------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& AUTO DECLIMNATORIA DE COMPETENCIA EN RAZON DE MATERIA DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2024-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& JUZGADO SENGUNDO DE SENTENCIA PENAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO- LA PAZ- BOLIVIA------------ RESOLUCIÓN N° 95/2024--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO A INSTANCIAS DE ELIZABETH YANA COCARICO CONTRA ELVIS PIZARRO CHAMBILLA POR EL SUPUESTO DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA.--------------------------------------------------------------------------------------------- AUTO DE DECLINATORIA DE COMPETENCIA EN RAZÓN DE MATERIA---------------------------------------------- El Alto, 03 de junio de 2024.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VISTOS.- De la revisión del Cuaderno de Juicio y el memorial que antecede se tiene lo siguiente:-------------CONSIDERANDO I: Que, la Sra. Representante del Ministerio Público a través del memorial presentado en fecha 29 de mayo de 2024 solicita declinatoria de competencia en razón de materia, ya que la presente causa merecería un tratamiento especial al tratarse de un delito de Violencia Familiar o Doméstica y conforme a lo ha establecido por el Art. 72 bis de la Ley 348 “…Las competencias que tendrían los Juzgados de Sentencia en materia de Violencia Contra las Mujeres que es el de conocer y resolver los juicios por delitos de acción penal pública que constituyen violencia contra las mujeres, sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de cuatro o menos años”, solicitando en consecuencia la declinatoria de competencia en razón de materia especializada a un Juzgado de Sentencia de Violencia Contra la Mujer.------------------------------------------ CONSIDERANDO II: Que, la Jurisdicción Ordinaria se fundamenta entre otros, en los principios procesales de Legalidad y Debido Proceso, que a decir de la SS.CC. 075/2010 de 7 de junio al referirse al principio de legalidad señala que el mismo “es un principio procesal de la jurisdicción ordinaria” siendo también que este principio en su vertiente procesal se constituye en una garantía, tal es así que la SS.CC. 0919/2006-R de 28 de septiembre que a su vez cita la SS.CC. 0062/2002 de 31 de julio, estableció que “el principio general de legalidad, como elemento esencial del Estado de derecho (…) en su vertiente procesal (garantía jurisdiccional) tiende a garantizar que nadie pueda ser sancionado sino en virtud de un proceso desarrollado conforme a las reglas establecidas en el procedimiento en cuestión, en el que se respeten garantías establecidas por ley”. Que, en lo que concierne al principio procesal del debido proceso, la SS.CC. 0160/2010-R de 17 de mayo señalo que “el debido proceso está reconocido constitucionalmente como derecho y garantía jurisdiccional a la vez por los arts. 115.II y 117.I de la CPE y como derecho humano por los art. 8 de la Convención Americana sobre derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica y Art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, y ya fue desarrollado y entendido por este Tribunal como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en situación similar, es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar eso derechos reconocidos por la CPE así como los convenios y tratados internacionales”, principios procesales que a su vez se convierten en derechos y garantías de los que a su vez deriva la garantía del JUEZ NATURAL reconocida por el Art. 120.I de la CPE que establece que “Toda persona (…) no podrá ser juzgada por comisiones especiales, ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales establecidas con anterioridad al hecho de la causa” y concordante con esta norma constitucional se encuentra el Art. 2 del CPP que establece “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, ni sometido a otros órganos jurisdiccionales que los constituidos conforme a la CPE y la Ley, con anterioridad al hecho”, siendo que, sobre el juez natural el Tribunal Constitucional en la SCP 0566/2010-R de 12 de julio dejó claramente establecido que “El juez natural, constituye una garantía constitucional con incidencia en el campo tanto jurisdiccional como administrativo, cuyo –núcleo duro– está compuesto de tres elemento a saber: la competencia, la imparcialidad y la independencia” Que, la SCP 217/2014 de 5 de febrero señala “una autoridad jurisdiccional incurrirá en defecto orgánico en la emisión de sus providencias o resoluciones, cuando las pronuncie sin encontrarse investido de la necesaria competencia (incompetente) sea por razón de materia o territorio, entendiéndose que la competencia que le ha sido asignada por la Constitución y las leyes, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica dentro del Estado, tiene como objetivo delimitar su campo de acción en mérito al espacio geográfico en el que se desenvuelve así como el área del derecho en el que administra justicia, razonamiento que parte del entendimiento de que, el límite que establece el principio de seguridad jurídica a las autoridades judiciales para que ejerzan funciones, se halla demarcado por las atribuciones que le son conferidas por el acervo normativo entendiéndose que cualquier extralimitación o actuación fuera de estos límites constituye una agresión flagrante al Estado Constitucional de derecho que deslegitima y crea ambiente de zozobra jurídica en los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, además de ocasionar con su propio accionar la nulidad de sus actos (Art. 122 CPE)”.--------------------------------------------- CONSIDERANDO III: De los antecedentes que acaban de ser mencionados, se tiene que; Que, El Artículo 72 Bis de la Ley del Órgano Judicial, incorporado por el Articulo 68 de la Ley 348, determina que los Juzgados de Sentencia en Materia de contra las Mujeres, tienen competencia para: "1. Conocer delitos de acción pública que constituyan violencia contra la mujer con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de cuatro o menos años. (...)" Por su parte, el Artículo 46 del Código de Procedimiento Penal determina: "La incompetencia por razón de materia será declarada, aún de oficio, en cualquier estado del proceso. Cuando se la declare, se remitirán las actuaciones al juez o al tribunal competente y, cuando corresponda, se pondrán los detenidos a su disposición. (...)". Al respecto, si bien todos los procesos en los que se juzga la comisión de delitos, corresponden a materia penal; según los tipos de delitos y la etapa del proceso, el conocimiento, tramitación y resolución de los mismos, se rige bajo la especialidad, ya que, de conformidad a la jurisprudencia constitucional, la misma es de aplicación preferente frente a las disposiciones ordinarias. En ese contexto, siendo que el delito acusado a Elvis Pizarro Chambilla, es de carácter especial, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 70 de la Ley 348, corresponde que sea conocido, tramitado y resuelto por un Juez especializado, siendo que toda interpretación jurídica donde estén en juego los derechos de las mujeres, derivados en su sola condición de tal, deben ser valorados con perspectiva de género. Ello significa que requiere una protección especial, ello, también, a fin de garantizar a las partes el derecho a un Juez Natural y garantizar la protección reforzada a la población en casos de vulnerabilidad.---------Por último, de obrados se advierte que en fecha 28 de septiembre de 2021 el Ministerio Público presentó acusación formal en contra de Elvis Pizarro Chambilla, por el delito Violencia Familiar o Doméstica, el cual, según lo establece el Artículo deriva en una sanción de 2 a 4 años de reclusión y conforme el Art. 53, 44 del Código de Procedimiento Penal, Art. 120 numeral 1) de la Constitución Política del Estado, Art. 72 de la Ley 025 LOJ, 68 de la Ley 348 se llega a lo siguiente;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- POR TANTO: En mérito a lo anteriormente expuesto la suscrita Juez Segundo de Sentencia Penal de la ciudad de El Alto de La Paz administrando Justicia en la instancia que por ella ejerce, RESUELVE:--------1. DECLARAR FUNDADA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA PLANTEADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO, y por la mismo SE DECLARA INCOMPETENTE PARA CONOCER LA CAUSA Y DECLINA COMPETENCIA EN RAZÓN DE MATERIA.--------2. SE ORDENA QUE LA MISMA SEA SORTEADA AL JUZGADO DE SENTENCIA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CIUDAD DE EL ALTO, sea previa notificación a los sujetos procesales.--------Se advierte que la presente resolución admite recurso de apelación, a hacerse efectivo en el plazo de tres días de su legal notificación conforme el art. 403 núm. 2) del CPP.-----------------------------------------TOMESE RAZÓN Y REGÍSTRESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& FIRMA Y SELLA: Dra. Narda Soria Galvarro H... JUEZ SEGUNDO DE PARTIDO Y SENTENCIA.--- EL ALTO - LA PAZ - BOLIVIA.--- FIRMA Y SELLA ABG. ANAHI LIZETT CORONEL CLAURE- SECRETARIA ABOGADA.- Juzgado de Sentencia Penal 2do.- El Alto.--------TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA --------------------ELALTO–LA PAZ–BOLIVIA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& El presente edicto es librado en la ciudad de El Alto a los 08 día del mes de julio de 2024.---------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& RCT


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