EDICTO

Ciudad: SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA VIGÉSIMO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 20° DE LA CAPITAL – DISTRITO 9. EDICTO DE PRENSA PARA LA VICTIMA: FABIOLA CAMACHO ALVAREZ Y A.J.M.C……………………………..................................................................................... LA DRA. SANDRA VILLAFUERTE SEJAS JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 20 DE LA CAPITAL – DISTRITO MUNICIPAL 9 DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ…………….. DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SIGUE EL MINISTERIO PUBLICO EN CONTRA DEL ACUSADO ADOLFO MENDOZA CONDORI, POR LA PRESUNTA COMISION DEL DELITO DE HOMICIDIO, LESIONES GRAVES Y GRAVISIMAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO, NUREJ 70261629, SE PROCEDE A NOTIFICAR CON LOS SIGUIENTES ACTUADOS JUDICIALES………………………………………………………………………………….. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA ADOLFO MENDOZA CONDORI NUREJ 70261629 EXP. 47/23 Santa Cruz, 17 de JUNIO de 2024 HORAS: 15:00 P.M. EXCEPCION DE EXTINCION DE LA ACCION PENAL POR DURACION MAXIMA DEL PROCESO Celebrado ante el: JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 20° DE LA CAPITAL SEÑORA JUEZ: SANDRA VILLAFUERTE SEJAS SECRETARIA: SUSANA GABRIEL FLORES POR EL DELITO DE: HOMICIDIO, LESIONES GRAVES Y GRAVISIMAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO. La señora Juez, solicita por secretaria se informe sobre la notificación y la presencia de los sujetos procesales. Por secretaria se informa de la revisión del cuaderno procesal las partes han sido legalmente notificadas, se encuentran en sala de audiencia los siguientes sujetos procesales: MINISTEERIO PUBLICO: LIGIA NATALY GUZMAN ROCHA (NO) DENUNCIANTE: FABIOLA CAMACHO ALVAREZ (NO) ACUSADO: ADOLFO MENDOZA CONDORI (SI) ABG. DEFENSA: OSCAR BARRANCOS PEÑA (SI) Es todo cuanto informó para los fines correspondientes de ley. SEÑORA JUEZ.- Queda instalada la audiencia con el informe de la señora secretaria, toda vez que se encuentran legalmente notificados todos los sujetos procesales, sin embargo no se encuentra presente el ministerio pese a su legal notificación y no siendo causal de suspensión la inasistencia del ministerio público, por lo que se va ceder la palabra al abogado para que fundamente su excepción. ABOGADO DE LA DEFENSA: Buenas tardes señora juez voy a ratificarme en la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, al mismo al tiempo que planteó esta excepción doy a conocer lo siguiente de que dentro del proceso se presentó la prueba de una auditoría se presentan las pruebas del rejap donde no tiene antecedentes penal alguno como condenado, también el certificado de no violencia prueba fundamentales que demuestran la idoneidad de una persona de bien, esto lo hago en base al artículo 345 con relación al 314 el código de procedimiento penal, con este elemento del proceso que ha durado más de 3 años del 16 de noviembre del 2019 donde se llevó a cabo el hecho de tránsito y al mismo tiempo felizmente no hubieron ningún tipo de heridas graves ni leves y también por otra parte que el señor Adolfo Mendoza Condori cuando se le hace el examen de alco-tés sale negativo, cuando ya se pide la radicatoria de la acusación formal que hace la fiscalía se da a conocer con toda las vacaciones judiciales del 19 al 23 han transcurrido bastante tiempo lo que se hacía cuatro años y cuatro meses y descontando la vacación y el asunto del covid se ha llegado ha establecer que ha llegado a establecer que son tres años y 8 meses con 25 días que ocurrió y no hubo la cuestión de la acusación formal por todo lo que sea expuesto y lo ratificado que tengo formulada la excepción se presentó también la auditoría que es algo fundamental que fundamenta nuestra petición de la excepción por extinción de acción penal, pidiendo a su rectitud que como parte el estado le ha dado esa potestad pueda verificar y ver que efectivamente los años transcurridos no son atribuidos al señor Adolfo Mendoza, sino que ha habido alguna omisión no se sabe cuál es el motivo por parte atribuible del Ministerio Público que es solo y exclusivamente responsable, en ese sentido señora juez como lo establece el artículo 133 del Código de procedimiento penal al mismo tiempo el artículo 27 de inciso 10 por lo que se solicita la aprobación de nuestra excepción toda vez que tiene toda la fundamentación legalmente dentro del marco que nos enseña nuestro código de procedimiento penal, pidiendo a su autoridad con el respeto de su investidura se disponga el archivo de obrados y sea aceptada nuestra excepción, eso es todo señora juez. SEÑORA JUEZ: Se va resolver. ACTO SEGUIDO LA SEÑORA JUEZ PASA A DICTAR RESOLUCION. AUTO INTERLOCUTORIO Santa Cruz, 17 de junio del 2024 Juzgado de Sentencia Penal 20 – Distrito 9 Sujetos Procesales: Ministerio Público contra ADOLFO MENDOZA CONDORI Delito: Homicidio, Lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito. Caso signado con el No 70261629 La excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, interpuesto por la defensa de ADOLFO MENDOZA CONDORI dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público, en su contra por el delito de Homicidio, Lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, previsto en el art. 261 del Código Penal, demás actuados incursos en el cuaderno procesal. I.- ANTECEDENTES: I.1.- PRETENSIÓN DE LA DEFENSA DEL ACUSADO ADOLFO MENDOZA CONDORI. - La defensa del acusado ADOLFO MENDOZA CONDORI, refiere que al amparo de lo previsto en los arts. 115.I y II., 117.I y 180 de la CPE., art. 14 del PIDCP., art. 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos., art. 8.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en su vertiente principio de legalidad., principio de favorabilidad., principio pro-homine., principio de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley en perjuicio del imputado., derecho a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, derecho a la defensa, derecho al debido proceso en su vertiente de respeto a los principios de juridicidad, constitucionalidad, supremacía constitucional y jerarquía normativa., todos ellos en relación a lo previsto en los arts. 27.8), 29.1),2) y 3), 308., 314 y siguientes del Código de procedimiento Penal., formaliza excepción de extinción de la acción penal por prescripción de los delitos, indicando ratificarse en la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso presentada mediante memorial de fecha 10 de junio del año 2024, haciendo conocer que dentro del proceso se presentó la prueba de una auditoría, como documentación otorgada por el REJAP y por CENVI, por el que se evidenciaría que su defendido no contaría con otros antecedentes penales. Agrega que este proceso habría tenido una duración de más de 3 años 8 meses y 25 días desde el 16 de noviembre del año 2019, fecha en la que ocurriría el lamentable hecho de tránsito en el que gracias a Dios no habría existido lesionados, cursando además de ello un examen de alcohol-test en el que su defendido habría dado Negativo para alcohol., por lo que solicita previo análisis de la auditoria presentada tomando en cuenta los años transcurridos desde el momento del hecho, no siendo este atribuible a su defendido sino mas bien a la dejadez del Ministerio Público, que en aplicación a lo previsto en el art. 27 núm. 10) del CPP, se declare probada la excepción interpuesta declarándose la extensión de la acción penal, ordenándose el correspondiente archivo de obrados. I.2.- CONTESTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. - Por su parte el Ministerio Público pese a ser legalmente notificado no se hizo presente II.- PARTE CONSIDERATIVA. - II.1.- FUNDAMENTACION NORMATIVA. - El tratadista Arturo Yáñez Cortez en su obra “Excepciones e Incidentes” refiere que el tiempo del proceso ocupa un lugar central en la idea de lo que debe ser un juicio, siendo una de las condiciones del debido proceso. Es un aspecto que conceptualiza a la actividad jurisdiccional en la dimensión de su duración, junto con otros elementos esenciales como el derecho de defensa, el principio de legalidad y el de juez natural. Un proceso que persiste ilimitadamente o por tiempos desmedidos no es un juicio justo, a pesar de que se cumplan con las otras condiciones. En tal sentido, el tiempo se erige en un derecho a que los conflictos ventilados en la Justicia sean resueltos en un plazo razonable. En el caso de las causas penales, el tiempo trasunta un derecho bifronte. Por un lado, recepta el interés de los imputados a que su situación procesal sea resuelta en un tiempo oportuno y a no ser mantenidos indefinidamente en un estado de incertidumbre. Es un aspecto del derecho de defensa. Por otra parte, también cubre el interés de las víctimas a que la justicia investigue y sancione a los responsables de sus padecimientos en un tiempo adecuado, de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos produzcan la impunidad, y con ello la frustración de su derecho a la protección judicial. En tal orden, los instrumentos internacionales de derechos humanos han receptado de manera expresa la vinculación de la garantía del debido proceso respecto de la existencia de un plazo razonable de duración del proceso penal. Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, dispone en su art. 7°.5, vinculado a la libertad personal que “…Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable…”; en tanto que en el art. 8.1, relacionado con las garantías judiciales se establece que: «…Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, o de cualquier otra índole…». Por su parte, el artículo 14.3.C). del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que: “…Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a ser juzgada sin dilaciones indebidas…”. En relación a este último apartado se ha expedido el Comité de Derechos Humanos, en la Observación General N° 13 referida a la «Administración de Justicia», donde se establecen sus alcances. Así en el punto 10) puede leerse que “…en el apartado c) del párrafo 3 se dispone que el acusado será juzgado sin dilación indebida. Esta garantía se refiere no sólo al momento en que debe comenzar un proceso sino también a aquel en que debe concluir y pronunciarse la sentencia; todas las fases del proceso deben celebrarse «sin dilación indebida». Con objeto de que este derecho sea eficaz, debe disponerse de un procedimiento para garantizar que el proceso se celebre «sin dilación indebida», tanto en primera instancia como en apelación…”. Finalmente, la Corte Interamericana se pronunció sobre el plazo razonable en los casos “Suarez Rosero Vs. Ecuador”, sent. del 12 de noviembre de 1997 (Fondo), párr. 70 Asì, según la doctrina y la jurisprudencia emanada de los órganos regionales de protección de los Derechos Humanos, como la Corte Americana de Derechos Humanos, se entiende por un proceso sin dilación indebida a aquel que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción; de lo referido se infiere que este derecho se lesiona cuando el proceso penal no se desarrolla en condiciones de normalidad debido a la actuación negligente de las autoridades competentes, es decir, con un funcionamiento anormal de la administración de justicia, con una irregularidad irrazonable, dando lugar a que el proceso tenga una demora injustificada”. Por su parte la S.C. 0101/2004 del 14 de septiembre y su Auto Constitucional 0079/2004-ECA del 29 de septiembre, S.C. 1042/2005-R de 5 de septiembre, S.C. 245/2006-R del 15 de marzo y S.C. 573/2010-R del 12 de julio, establecen las sub - reglas para resolver una solicitud de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso de la siguiente manera: a) La determinación de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso responde a una cuidadosa apreciación, en cada caso concreto, y no opera de manera automática con el sólo transcurso del plazo previsto por ley sino también por la conducta de las partes que intervienen en el proceso y la conducta y accionar de las autoridades competentes; b) la declaratoria de la extinción puede ser realizada de oficio o a petición de parte; c) puede ser dictada en cualquier estado del proceso, hasta antes de que exista Sentencia condenatoria ejecutoriada con calidad de cosa juzgada; d) la autoridad competente para declararla es el juez o tribunal que esté en conocimiento del mismo; o lo que es lo mismo, donde esté radicada la causa; e) al ser una forma de conclusión extraordinaria del proceso, asimilable en el sistema anterior, a las cuestiones previas, son de previo y especial pronunciamiento, lo que implica, que deben ser resueltas con anterioridad a la causa principal por la naturaleza de las mismas, pues su objetivo es que se declare extinguida la acción penal. Siguiendo la línea de esta jurisprudencia constitucional, se tiene que la determinación de la extinción debe responder a una cuidadosa apreciación, en cada caso concreto, de los siguientes factores concurrentes al plazo previsto por la Ley: a)la complejidad del asunto, referida no sólo a los hechos, sino también a la cuestión jurídica; b)la conducta de las partes que intervienen en el proceso; y c) la conducta y accionar de las autoridades competentes, en este último caso para determinar si el comportamiento y accionar de las autoridades competentes fue manifiestamente negligente dando lugar a un desenvolvimiento del proceso fuera de las condiciones de normalidad. De lo señalado, anteriormente es importante tomar en cuenta lo previsto en la S.C. 573/2010-R del 12 de julio, que señala textualmente “… En ese sentido, queda precisado por una parte que la extinción de la acción penal no puede determinarse únicamente por el transcurso del tiempo, sino también deben ponderarse en forma concurrente los factores que conllevaron a la dilación del proceso, y determinar si dicha dilación se produjo a causa del imputado o de los responsables de los órganos estatales encargados de la persecución penal, o inclusive de ninguno de ellos. La apreciación de las condiciones formales y materiales que determinen la extinción de la acción penal, requieren la certeza del juez o tribunal, sobre la responsabilidad de la retardación en la sustanciación del proceso; y, que además esa dilación, no tenga causal ajena que la justifique, como ser la falta de designación de jueces, que provoca sobrecarga procesal al tener que actuar en suplencia legal de los ausentes, imposibilitándoles fijar audiencias con la debida celeridad; factores por los que también atraviesa el Ministerio Público, hechos inherentes a nuestra realidad nacional, que si bien no pueden justificar la duración indefinida de los procesos penales, tampoco pueden servir de pretexto para dejar impunes los delitos, limitando la facultad coercitiva del Estado”. Así también, es menester considerar lo establecido en el A.S. Nº 222 de 07 de marzo de 2.007, que señala: “…tratándose de hechos complejos, o donde intervienen varios imputados, o si son hechos relacionados al narcotráfico, o hechos contra la vida e integridad de la persona, o hechos contra bienes del Estado; en todos esos casos, se debe denegar la extinción de la acción penal…” Nuestra Constitución Política del Estado, en su art. 15.II), señala que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; asimismo, en su art. 178.I) refiere principios que sustentan la potestad del Órgano Judicial de impartir justicia y contempla como tales a la celeridad, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos, principios reconocidos además en los arts. 115, 178 y 180.I) de la CPE. La Ley 025 en su art. 3 con relación al art. 30 establece los principios en los que se sustenta, siendo estos los de seguridad jurídica, celeridad, respeto a los derechos, eficiencia y debido proceso. El Procedimiento Penal, en su art. 27 establece los motivos de extinción de la acción penal, entre ellos el establecido en su inc. 10) del CPP, que textualmente refiere: La acción penal se extingue “Por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso”; en relación a ello, el mismo Código, en el art. 133, en su parágrafo primero establece la forma de realizar el cómputo, al precisar que todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía., y en su parágrafo tercero indica que vencido el plazo, el Juez o Tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal. Es importante tomar en cuenta lo señalado en el A.S. Nº 444 de 28 de agosto de 2.009, cuando hace referencia a que: “…el concepto de plazo razonable no ha sido fácil de explicar, como lo reconocen incluso los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos, en su interpretación, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo a su vez la jurisprudencia emitida sobre la materia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos adoptaron la teoría del no plazo, en virtud del cual no puede establecer con precisión absoluta cuando un plazo es razonable y cuando no, ya que no es posible cuantificarlo en días, semanas, meses, años, por lo que cualquier plazo legal establecido o precisado por el ordenamiento jurídico interno de los Estados, no tiene carácter vinculante para establecer criterios abstractos para un plazo razonable, se debe hacer un análisis de que es lo razonable a la luz de los hechos específicos correspondientes a cada caso. En esa línea se entiende que si bien el Art. 133 del Código de Procedimiento Penal, ha establecido un plazo de 3 años de duración máxima de proceso, este plazo constituye únicamente un parámetro objetivo a partir del cual corresponde analizar en cada caso concreto la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso. II.2.- FUNDAMENTACION FACTICA. - Que, de un análisis y revisión de las actuaciones incursas en el cuaderno de autos, se tiene que: a fs. 1 del cuaderno procesal, cursa el Informe de inicio e imputación formal presentado por el Ministerio Público ante el Juez cautelar de turno en fecha 16 de noviembre del año 2019., A fs. 4, en la misma fecha 16 /11/2019, la Juez Cautelar señala audiencia de medidas cautelares para la misma fecha en horas de la tarde., De fs. 12 a 14 vlta, cursa acta de audiencia de imposición de medidas cautelares de fecha 16/11/2019., A fs. 17 y 18 cursa mandamiento de libertad a favor de Adolfo Mendoza Condori y Santos Sixto Condori Tardío, de fecha 16/11/2019., A fs. 19 y 20 cursan oficios dirigidos a la Unidad Operativa de Transito ordenando la anotación preventiva de los motorizados involucrados en el hecho de tránsito que datan de fecha 19/11/2019., De fs. 21 a 22 vlta. Cursa memorial presentado por el Ministerio Público por el que requiere la aplicación de la salida alternativa de Criterio de Oportunidad Reglada en favor del acusado Santos Sixto Condori Tardío que data de fecha 27 de febrero del año 2020., A fs. 23 cursa providencia de fecha 9 de marzo del año 2020, la juez cautelar ordena se oficie a la encargada Distrital del REJAP emita certificación de antecedentes penales del imputado Santo Sixto Condori Tardío., (QUEDANDO PARALIZADO EL PROCESO DESDE ESA FECHA 09 DE MARZO DEL 2020, HASTA FEBRERO DEL AÑO 2022, es decir 1 AÑO 11 MESES Y 12 DIAS )., A fs. 26 y vlta. Cursa auto de fecha 21 de febrero del año 2022, por el que se resuelve la Salida Alternativa de Criterio de Oportunidad Reglada en favor del imputado Santo Sixto Condori Tardío., A fs. 33 cursa memorial de fecha 17 de noviembre del 2022 por el que el imputado Adolfo Mendoza Condori solicita el levantamiento de todas las medidas y el gravamen de su vehículo., A fs. 34 cursa providencia de fecha 18 de noviembre del año 2022 por el que la Juez cautelar niega el levantamiento de las medidas cautelares impuestas en contra de Adolfo Mendoza Condori., A fs. 35 cursa providencia de fecha 18 de enero del año 2023 la juez cautelar conmina al Ministerio Público a fin de que presente un requerimiento conclusivo en contra del acusado ADOLFO MENDOZA CONDORI., De fs. 37 a 38 vlta, el Ministerio Público presenta requerimiento conclusivo de acusación en contra de ADOLFO MENDOZA CONDORI, mismo que data de fecha 07 de febrero del año 2023 (habiendo transcurrido desde fecha 16 de noviembre del año 2019, fecha en la que se habría llevado la audiencia cautelar, hasta fecha 07/02/2023 - 3 AÑOS, 2 MESES y 21 DIAS – siendo exclusiva responsabilidad del Ministerio Público, mismo que no presentaría requerimiento, conclusivo dentro del término previsto en el art. 134 parágrafo primero del Procedimiento Penal, esperando la conminatoria del Juez Cautelar., mismo que de igual forma no tuvo control de los plazos procesales., A fs. 39 cursa providencia de fecha 08 de febrero del 2023, por el que la juez cautelar ordena la remisión del cuaderno procesal ante el Juez de Sentencia, siendo recepcionada la causa en fecha 20 de julio del año 2023, y radicada la misma en la misma fecha según cursa a fs. 41 del cuaderno procesal., A fs. 42 cursa notificación de fecha 26 de julio del año 2023 al Ministerio Público con la radicatoria., A fs. 43 cursa memorial de fecha 26 de julio del año 2023 presentado por el Ministerio Público remitiendo las pruebas de cargo., A, fs. 44 cursa providencia de fecha 28 de julio del año 2023 por el que se dispone la notificación de la víctima conforme al art. 340 num.II) del CPP., A, fs.45 cursa informe de fecha 28 de septiembre del año 2023 elevado por la auxiliar del juzgado haciendo conocer que el domicilio de la víctima seria impreciso no pudiendo dar cumplimiento a su notificación con la acusación fiscal y la radicatoria., A fs. 46 cursa providencia de fecha 02 de octubre del año 2023, por el que se ordena la notificación conforme a lo dispuesto en el art. 165 del CPP., De fs. 61 a 63 cursa Edicto judicial a la victima de fecha 27 de diciembre del año 2023 al 11 de enero del año 2024., A fs. 65 cursa providencia de fecha 16 de febrero del año 2024, ordenándose la notificación del acusado con la acusación fiscal y pruebas de cargo conforme lo dispuesto en el art. 340 num III) del CPP., A fs. 70 cursa memorial de fecha 05 de marzo del año 2024, por el que el acusado Adolfo Mendoza Condori, solicita fotocopias simples del cuaderno procesal., A fs. 77 cursa memorial de fecha 13 de marzo del año 2024 por el que el acusado Adolfo Mendoza Condori, ofrece pruebas de descargo., A fs. 78 cursa Auto de Apertura de juicio oral señalándose fecha para el mismo los días 23 y 24 de abril del año en curso., De fs. 79 a 84vlta. cursa memorial de fecha 13 de marzo del año 2024, por el que el acusado Adolfo Mendoza Condori interpone Excepción de Extensión de la Acción Penal por duración máxima del proceso De la revisión minuciosa que se ha realizado del cuaderno procesal, se tiene que: es evidente que el inicio de la presente causa data de fecha 16 de noviembre del año 2019., fecha en la que el Ministerio Público informa el inicio de investigaciones e imputa formalmente al acusado Adolfo Mendoza Condori y otro, por el delito de Homicidio, Lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, habiendo transcurrido hasta la presente fecha 4 AÑOS, 7 MESES (15/11/19 al 15/06/24), de duración del proceso, tomando en cuenta lo previsto en el art. 133 del CPP, que textualmente establece “Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía” y por su parte el art. 5 parágrafo segundo del mismo cuerpo legal establece que “ se entenderá por primer acto del proceso cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o participe de la comisión de un delito”, de ahí que en el presente proceso, el primer acto del proceso que cursa en el cuaderno procesal seria la denuncia que data de fecha 15 de noviembre del año 2019. Ahora bien, para proceder a computar la duración de un proceso se debe tomar en cuenta lo dispuesto en las diferentes Sentencias Constitucionales cuyo estándar más alto ha sido desarrollado en la S.C. 573/2010-R del 12 de julio, que señala textualmente “… En ese sentido, queda precisado por una parte que la extinción de la acción penal no puede determinarse únicamente por el transcurso del tiempo, sino también deben ponderarse en forma concurrente los factores que conllevaron a la dilación del proceso, y determinar si dicha dilación se produjo a causa del imputado o de los responsables de los órganos estatales encargados de la persecución penal, o inclusive de ninguno de ellos…, y, que si bien no pueden justificar la duración indefinida de los procesos penales, tampoco pueden servir de pretexto para dejar impunes los delitos, limitando la facultad coercitiva del Estado”. De ahí que, por un lado, desde el año 2019 al presente año 2024, se presentaron 5 vacaciones judiciales de 25 días calendario cada una de ellas, haciendo un total de 125 días de vacación (4 MESES Y 5 DÍAS) de demora en la tramitación de la presente causa, no atribuibles al Ministerio Público, ni al órgano jurisdiccional ni a los sujetos procesales. Así también dentro del año calendario existen 11 feriados nacionales al año, debiéndosele agregar 1 feriado departamental del 24 de septiembre, (haciéndose un total de 12 feriados), que desde el 15 de noviembre del año 2019 hasta la presente fecha hacen un total de 53 feriados, (1 MES Y 23 DÍAS). Debiéndose también descontar los 21 DÍAS DE PARO CÍVICO que se presentaron entre el 23 de octubre y 12 de noviembre del año 2019., así como 3 MESES Y 15 DÍAS de suspensión de funciones debido a la pandemia del COVID- 19, mismo que afecto a toda la ciudadanía en general. De ahí que, sumados los días de vacación judicial (4 MESES, 5 DÍAS)., los días feriados (1 MES, 23 DÍAS)., que hubiesen existido durante estos 4 AÑOS y 7 MESES de duración del proceso, harían un total de CINCO (5) MESES y VEINTIOCHO (28) DIAS, a los cuales además se deben sumar el tiempo que las actividades judiciales estuvieron paralizadas, en primer lugar por los diferentes paros cívicos departamentales que existieron en el año 2019, en especial el paro cívico con carácter indefinido que tuvo una duración de 21 días calendario., así como por la pandemia del COVID-19 que enluto nuestro país y el mundo entero, habiéndonos encontrado cumpliendo 3 meses y 15 días de cuarentena en nuestros domicilios a fin de evitar la propagación y contagio del virus, haciendo un total de 4 MESES y 6 DÍAS QUE NO SE TRABAJARON NORMALMENTE, lo que haría una sumatoria total de DIEZ MESES (10)y CUATRO (4) DIAS no atribuibles al Ministerio Público, ni al Órgano Judicial ni a los SUJETOS PROCESALES., los cuales no pueden ser computados para determinar el tiempo de duración de un proceso, al no ser atribuible a ninguno de los sujetos procesales ni de las autoridades judiciales o fiscales., que deben ser restados o descontados de los 4 AÑOS, 7 MESES de duración del presente proceso, quedando TRES (3) AÑOS, NUEVE (9) MESES que pueden ser compatibilizados para dar curso a la solicitud de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. Ahora bien, de los TRES (3) AÑOS, NUEVE (9) MESES que podemos computar para dar curso a la extinción de la acción penal, debe quedar en claro que 1 año 11 meses y 12 días es de exclusiva responsabilidad del Ministerio Público, tomando en cuenta que la denuncia presentada data de fecha 15 de noviembre del 2019, QUEDANDO PARALIZADO EL PROCESO DESDE ESA FECHA 09 DE MARZO DEL 2020, HASTA FEBRERO DEL AÑO 2022 - presentando acusación formal en contra del ahora impetrante recién en fecha 7 de febrero del año 2023, ( 3 años, 2 meses, 18 días) después de llevada la audiencia cautelar, venciéndose superabundantemente el término de la etapa preparatoria. Finalmente se debe recalcar que nuestro Procedimiento Penal, claramente a establecido en su art. 27 núm. 10) que uno de los motivos de extinción de la acción penal, es “El vencimiento del plazo máximo de duración del proceso”; teniendo relación con lo previsto en el art. 133, parágrafo primero que textualmente indica que todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía y en el presente proceso no se pudo evidenciar que el acusado haya sido declarado rebelde, por lo que corresponde dar curso a lo solicitado por el impetrante. Por lo que, sobre la base de los fundamentos jurídicos y facticos expuestos, se resuelve: III.- PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La suscrita Juez de Sentencia Penal 20 de la Capital – Distrito 9, declara FUNDADA la Excepción de Extinción de la Acción penal por duración máxima del proceso, promovida por el acusado ADOLFO MENDOZA CONDORI, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por el delito de Homicidio, Lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito. Se hace saber a la parte agraviada, que tiene el derecho de hacer el uso del recurso de apelación si así lo considera. ANOTESE. - &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Firmado ilegible.- DRA. SANDRA VILLAFUERTE SEJAS JUEZ DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 20 DE LA CAPITAL – DISTRITO 9 DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ. – Firmado ilegible: por la Dra. SUSANA GABRIEL FLORES SECRETARIA DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 20 DE LA CAPITAL – DISTRITO 9 DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ……………………………………………………………….. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SANTA CRUZ DE LA SIERRA 09 DE JULIO 2024.


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