EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: SALA PENAL TERCERA


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA SALA PENAL TERCERA EDICTO MARIA GIOVANNA PIZO GUZMAN VOCAL - PRESIDENTE DE LA SALA PENAL TERCERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA. POR EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO Y SE NOTIFICA A MARINA VILLCA CASAS (C.I. N° 9011451 SCZ.), CON EL AUTO DE VISTA N° 305/2023-RAR DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, PROVEÍDO DE 27 DE JUNIO DE 2024, DENTRO EL PROCESO PENAL SIGNADO CON EL CÓD. FUD.: 301102022001443, SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO A INSTANCIA DE MARINA VILLCA CASAS Y LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CONTRA RUBEN LLAMPA QUIROZ, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ART. 312 DEL CÓDIGO PENAL, A CUYO FIN SE TRANSCRIBEN LOS SIGUIENTES ACTUADOS: AUTO DE VISTA N° 305/2023-RAR DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 VISTO, el recurso de apelación restringida interpuesto por Rubén Llampa Quiroz contra la Sentencia leída íntegramente en 26 de abril de 2022, pronunciada por la Juez de Sentencia Penal Nº 4 de la capital, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Publico a instancia de Marina Villca Casas contra el prenombrado recurrente, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal. I. ACTOS PROCESALES RELEVANTES: Los siguientes. I.1. Resolución apelada: La Juez de Sentencia Penal Nº 4 de la capital, mediante la Sentencia leída íntegramente en 26 de abril de 2022, declaro a Rubén Llampa Quiroz autor y culpable de la comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal, imponiéndole en consecuencia pena privativa de libertad de quince (15) años de presidio, sanción a ser cumplida en el recinto penitenciario «San Sebastián - Varones». Al efecto, sostuvo que: «… el relato de la víctima, es contundente al establecer la presencia de características similares a los relatos veraces narrados por adolescentes víctimas de abuso en el contexto sexual, lo que le otorga credibilidad y por lo mismo, llevan a concluir que la actividad probatoria desarrollada en el debate es suficiente para generar convicción en este Juzgado Unipersonal que el imputado RUBEN LLAMPA QUIROZ llegó a consumar el Abuso Sexual, mediante los toques libidinosos en el cuerpo de MACIAL VASQUEZ VILLCA, aprovechando su condición de padrastro de la menor, quien aprovecho la edad de la víctima y su situación de desprotección en la que se encontraba, así el acusado no respeto a la víctima en su minoridad de edad y en su estado de vulnerabilidad, agrediéndola sexualmente y rompiendo los límites de lo prohibido establecido por la norma penal, violando su derecho a la libertad sexual de la menor, no dejando ninguna duda, que el acusado ha adecuado su conducta al tipo penal previsto en el art. 312 del Código Penal, y por su situación de garante - cuidador de una menor de edad le corresponde también la aplicación de la agravante, estando probada la acusación en contra del imputado…» (Sic.). I.2. Recurso de apelación restringida de Rubén Llampa Quiroz: El prenombrado, mediante escrito presentado en 27 de junio de 2022, promovió la impugnación de la Sentencia leída íntegramente en 26 de abril de 2022, impetrando su nulidad, sea disponiendo la celebración de juicio de reenvió por el delito de violación. En tal propósito, denuncio la concurrencia de los siguientes defectos: I.2.1. Inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, inc. 1) del art. 370 del CPP: Afirmo el recurrente que existe en el caso imposibilidad de subsumir su conducta al delito de abuso sexual, a razón de que el acervo probatorio (concretamente las literales MP-9 y MP-10), así como la relación circunstanciada contenida en el pliego acusatorio y la Sentencia, informan que la víctima menor de edad asevero que él -el recurrente- metía su dedo y su parte (genitales) en su vagina y trasero, excediendo aquellos actos los roces, toques o frotamientos lascivos propios del ilícito sancionado, al constituir lo acusado y comunicado un evidente acto de penetración, cuestión que debe ser probada y que, en todo caso, se halla prevista y sancionada en el art. 308 del Código Penal, distinto al art. 312 del mismo cuerpo legal. Cito el Auto Supremo Nº 236/2007 de 07 de marzo, atinente a la labor de subsunción, tarea que el caso estima no fue practicada. I.2.2. Que la Sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, inc. 6) del art. 370 del CPP: Arguyo la defensa que las documentales signadas como MP-9 (Abordaje psicológico preliminar) y MP-10 (Acta de declaración informativa de la menor M.V.V.) no fueron valoradas acorde a las reglas de la sana critica, conforme manda el art. 173 del CPP, ya que, al comunicar estas actos constitutivos de penetración -así, la introducción de los dedos o el miembro viril- resulta incorrecto, subjetivo y contrario a la lógica, la experiencia y el sentido común la conclusión adoptada en el caso de autos, toda vez que el verbo meter (vinculado a la violación) es muy diferente al verbo tocar (relacionado al abuso sexual), prescindiendo arbitrariamente la Juez de mérito de lo manifestado en aquellas pruebas, basando su decisión en hechos no probados. I.2.3. Que no conste la fecha y no sea posible determinarla, inc. 9) del art. 370 del CPP: Reclamo el incumplimiento del art. 360 núm. 1 del CPP, precepto que exige la integración de la fecha en la que se dictó la Sentencia y no la fecha de su lectura. A mayor abundamiento, extraño que la resolución apelada no consigne número identificativo alguno. I.3. Contestación: No obstante haberse corrido en traslado el recurso, el mismo no mereció pronunciamiento alguno. I.4. Audiencia de fundamentación oral: Al no ser solicitada por el recurrente, la misma no fue programada. II. CONTROL DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: En observancia del principio de impugnación consagrado por el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (en adelante nominada simplemente: CPE), se pasa a examinar si el escrito recursivo presentado en 27 de junio de 2022, cumple con los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva. II.1. Presupuesto de impugnabilidad objetiva: Por mandato contenido en los arts. 394 y 396.3 del CPP, las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por dicho código y en las condiciones de tiempo y forma también previstos por él. Respecto a los requisitos previstos por el art. 408 de la norma adjetiva penal, se tiene que el recurso de apelación restringida, además de ser interpuesto por escrito en el plazo de quince (15) días de notificada la Sentencia -forma y plazo-, se debe: i) Citar concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas; y, ii) Expresar cuál la aplicación que de ellas (de las normas identificadas como violadas o erróneamente aplicadas) se pretende. En el caso la apelación restringida presentada en 27 de junio de 2022, fue interpuesta de modo escritural dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación, practicada en 14 de junio de 2022. Si esto es así, las circunstancias de tiempo y modo determinados por el art. 408 del CPP, fueron observadas por el impugnante, por lo que el recurso cumple con el presupuesto de impugnabilidad objetiva. II.2. Presupuesto de impugnabilidad subjetiva: Por mandato contenido en el art. 394 del CPP, el derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por Ley, incluida la víctima, aunque no se hubiere constituido en querellante; entonces, habiendo sido el escrito recursivo presentado en 27 de junio de 2022 suscrito por el acusado Rubén Llampa Quiroz, se tiene que el recurso cumple con el presupuesto de impugnabilidad subjetiva. II.3. Cumplidos los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, el Tribunal de alzada resuelve declarar ADMISIBLE el recurso de apelación restringida formulado y pasa a resolver el fondo de la cuestión planteada. III. DOCTRINA INDICATIVA APLICABLE AL CASO: La siguiente. III.1. Inobservancia o errónea aplicación de la Ley: Respecto al significado de la «inobservancia o errónea aplicación de la ley» determinada en el art. 407 CPP, la Sentencia Constitucional N° 1075/2003-R de 24 de julio, sostuvo: «… Conviene precisar qué alcances tienen, en el contexto del Código, las expresiones “inobservancia de la ley” y “errónea aplicación de la ley”. El primer supuesto se presenta cuando la autoridad judicial no ha observado la norma o, lo que es lo mismo, ha creado cauces paralelos a los establecidos en la ley (así, SC 1056/2003-R). En el segundo caso, si bien se observa la norma, la autoridad judicial la aplica en forma errónea. En este punto, corresponde puntualizar que la inobservancia de la ley o su aplicación errónea, puede ser tanto de la ley sustantiva como la ley adjetiva. Así, la norma sustantiva puede ser erróneamente aplicada por: 1) errónea calificación de los hechos (tipicidad), 2) errónea concreción del marco penal o, 3) errónea fijación judicial de la pena (SC 727/2003-R). Los supuestos de errónea aplicación de la ley adjetiva son: 1) los defectos de procedimiento en general y 2) los expresamente establecidos en los arts. 169 y 370 CPP. Conforme a esto, los supuestos previstos en los dos preceptos referidos -excepto el inciso 1) del art. 370, que alude a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva- están referidos a: 1) inobservancia de la ley adjetiva, 2) errónea aplicación de la ley adjetiva, cuando no se comprueban los hechos acusados conforme a los parámetros exigidos por ley (de modo integral, conforme a las reglas de la sana crítica). Esto significa que los hechos acusados deben ser probados y que sólo es válida la comprobación realizada conforme a ley. En este sentido, una acusación y/o querella, no estará comprobada conforme a ley cuando: 1. El hecho no existió 2. El hecho no se ha probado en forma suficiente (inc. 3 al 11 del art. 370, art. 169 y demás defectos de procedimiento impugnados oportunamente) 3. El hecho existió pero no se puede individualizar al agente (inc. 2 del art. 370) …». Concordante con lo anterior, el Auto Supremo Nº 069/2015-RRC de 29 de enero razonó: «… es menester expresar que la doble enunciación resulta equívoca, en razón a que existe distinción entre la no aplicación de una disposición (inobservancia) y la aplicación errónea de una disposición (errónea aplicación), pues cuando se aduce inobservancia de la ley sustantiva, se debe hacer referencia a que el Tribunal de Sentencia no aplicó determinada disposición y, en el segundo, se alude cuando el Tribunal de Sentencia aplicó una disposición cuando correspondía aplicar otra o que la citada disposición fue mal aplicada. Dentro de ese entendimiento, se tiene que la inobservancia significa desconocimiento, desobediencia o falta de aplicación de la norma jurídica, no tratándose de un error en el modo de aplicarla, sino de una omisión de cumplirla; mientras que la errónea aplicación, es la inadecuación o falta de correspondencia de la norma aplicada con el caso concreto; es decir, una norma es observada o cumplida, pero no es la que debía aplicarse, o es aplicada con una mala interpretación de su mandato…». En relación a la errónea aplicación de la Ley sustantiva y su vinculación a los hechos probados, en el Auto Supremo N° 123/2017-RRC de 21 de febrero se afirmó: «… no siendo evidente la supuesta errónea aplicación de la norma sustantiva penal; sumado al hecho de que el fundamento del imputado a fin de probar el tiempo en que ocurrió la supuesta violación, es un objeto de prueba; empero, no puede sustentarse en este aspecto la presunta errónea aplicación de la norma sustantiva, pues para sustentar este defecto, debe partirse de los hechos establecidos como probados por el A quo; aspecto que, no acontece en el caso de autos, por lo que no es evidente la supuesta vulneración de derechos y normas procesales y constitucionales alegadas por el imputado, por cuanto existe un pronunciamiento expreso y debidamente fundamentado de parte del Tribunal de apelación…». Congruente con lo anterior, en el Auto Supremo N° 225/2018-RRC de 10 de abril se manifestó: «… al no tener la facultad el Tribunal de alzada de modificar el hecho o hechos establecidos en sentencia (principio de intangibilidad), obviamente está impedido de cualquier posibilidad de, mediante una nueva valoración probatoria y consiguiente modificación o alteración de los hechos establecidos por el Juez o Tribunal de Sentencia, cambiar la situación jurídica del imputado, ya sea de absuelto a condenado o viceversa y bajo la misma lógica el Tribunal de alzada no podrá de ningún modo resolver directamente una denuncia de errónea aplicación de la norma sustantiva a partir de la incorporación de hechos no establecidos en la sentencia como probados…». III.2. La defectuosa valoración probatoria: Respecto a la valoración defectuosa de la prueba, el Auto Supremo Nº 222/2017-RRC de 21 de marzo (SP), refirió: «… pues la parte recurrente debe tener presente que cuando se alega la defectuosa valoración probatoria, para que su recurso surta el efecto deseado debe expresar las reglas de la lógica, que hubieren sido inobservadas por el Tribunal juzgador, además de vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, debiendo considerarse que el recurso basado en errónea apreciación de la prueba tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano, resultando deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente tal cual sucedió en el caso presente, en el que la imputada se limitó a efectuar apreciaciones personales sobre las pruebas testificales producidas en juicio, cuando lo correcto, era que para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica se acredite que la motivación de la sentencia está fundada por un hecho no cierto, que se haya invocado afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, situación no acontecida en la apelación restringida resultando en consecuencia correcta la conclusión del Tribunal de alzada respecto a su imposibilidad de revalorizar la prueba. Consiguientemente, se concluye que no es evidente la contradicción alegada por la recurrente, ya que el Tribunal de alzada dentro del ámbito de su competencia efectuó el control legal sobre la sentencia impugnada prueba de ello es el haber identificado los acápites de la resolución apelada en los que supuestamente se encontraban los defectos denunciados para luego previo el análisis correspondiente concluir que no eran evidentes los defectos alegados; pero, también de forma adecuada y acorde a la jurisprudencia existente -sobre la revalorización probatoria- fue claro al establecer que los Tribunales de alzada están impedidos de dicha labor, por lo que debe tenerse presente que para exigir el cumplimiento de derechos, se debe previamente cumplir con la correcta formulación de su recurso en este caso el de apelación restringida, el no hacerlo conlleva a que el Tribunal de alzada de manera adecuada observe su imposibilidad de revalorizar prueba; en cuyo mérito, corresponde declarar infundado el presente motivo…». III.3. Labor, alcances y límites de los Tribunales de Alzada en apelación restringida: El Auto Supremo Nº 223/2018-RRC de 10 de abril (SP), sostuvo: «… El sistema procesal boliviano, obedece al modelo acusatorio y tiene en el juicio oral su eje central tal como lo establece el art. 329 del CPP, al señalar: El juicio es la fase esencial del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación; en forma contradictoria, oral, pública y continua, para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado, con plenitud de jurisdicción (…) Como quiera que el proceso penal gira en torno al juicio oral, resulta claro que su producto, la sentencia sea también el eje a partir del que el sistema de recursos vaya a girar; es decir, la decisión tomada en primera instancia es la determinante para etapas ulteriores; de ahí que, los principios que rigen la emisión de la sentencia sean los mismos que enmarquen la etapa de recursos subsiguientes, bien sea por congruencia en el tratamiento ofrecido en las distintas etapas del proceso, bien por seguridad jurídica de las decisiones judiciales. A partir de lo antes expresado, la Sala considera: a) El recurso de apelación restringida es por naturaleza una instancia de revisión de la sentencia, desde una perspectiva únicamente de derecho, reservada en mayor parte para revisión de la aplicación de la Ley sustantiva, tal cual lo dispone el primer párrafo del art. 407 del CPP. b) Los defectos de la Sentencia previstos en el art. 370 del CPP, son recurribles vía apelación restringida, a efectos de control de aplicación de la norma y control de logicidad del razonamiento de la Sentencia, esto es, la labor de verificación del cumplimiento de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, control sobre la determinación de los hechos probados, examen sobre la subsunción y adecuación jurídica de los hechos, control de determinación e imposición de la pena, control de la debida y suficiente motivación (determinación de los hechos) y fundamentación (aplicación de la específica de la norma)…». Concordante con lo anterior, el Auto Supremo Nº 228/2018-RRC de 10 de abril (SP), sostuvo: «... A su turno en fase de recursos la regla procesal de competencia, es mucho más básica, pues el art. 398 del CPP, como norma general al sistema de recursos, estima que los Tribunales de alzada ceñirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada. El perímetro recursivo postulado por el citado artículo, en consideración de la Sala, no constituye un mero formulismo, sino en los hechos es la llave que procura una decisión imparcial dentro de un trámite esencialmente contencioso, como lo es el penal y cuya sensibilidad se amplifica al estar relacionado con el derecho a la libertad. Toda resolución judicial no puede ser considerada como debidamente fundamentada cuando rebasa el marco de su competencia que por efecto del principio dispositivo (que nutre la actividad procesal en general); por cuanto, no solo se generaría un desajuste de argumentos y criterios, sino ocasionaría una lesión directa a derechos de terceros y principios que ordenan la actividad jurisdiccional escritos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE)...». IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: Resuelto en función a los siguientes apartados, dejando expresa constancia de que, al ser la valoración de la prueba un momento anterior a la determinación de los hechos y su calificación jurídica, así como la redacción de la Sentencia, el examen de los agravios atenderá a los incs. 6), 1) y 9) del art. 370 del CPP, en ese orden. IV.1. Respecto a que la Sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, inc. 6) del art. 370 del CPP: Denuncio que la conclusión adoptada por la Juez a quo, atinente a la condena por la comisión del delito de abuso sexual, resulta incorrecta, subjetiva y contraria a la lógica, la experiencia y el sentido común, toda vez que las literales signadas como MP-9 (Abordaje psicológico preliminar) y MP-10 (Acta de declaración informativa de la menor M.V.V.), mal valoradas y fragmentadas en su contenido, informan actos constitutivos de penetración (introducción de los dedos o el miembro viril), inhibiendo la posibilidad de sancionarlo por el delito que prevé el art. 312 del Código Penal, correspondiendo, de contrario, juzgar y probar el delito de violación. En ese orden de ideas, se advierte el agravio invocado por el recurrente Rubén Llampa Quiroz atiende a dos circunstancias claramente delimitadas. La primera, inherente al sesgo que afirma se practicó sobre las literales codificadas como MP-9 y MP-10, prescindiendo de las alocuciones que informan la introducción de dedos o del miembro viril; y, la segunda, a su falta de ponderación a tiempo de asumirse corroboro de la comisión del delito de abuso sexual, ilícito cuya aplicación no considera posible, merced a la penetración informada. Ahora bien, sobre el primer tópico aludido, debe rescatarse que la revisión exhaustiva de la resolución confutada permite verificar la ausencia de veracidad respecto a las circunstancias denunciadas, al describirse -en el «CONSIDERANDO IV»- y valorarse -en el punto «FUNDAMENTACIÓN INTELECTIVA DE LA PRUEBA»- el contenido que demanda la parte, relievando expresamente la Juez de mérito que la menor M.V.V., tanto en su Abordaje psicológico preliminar como en su declaración informativa, comunico que el procesado introducía su dedo y miembro viril -aunque en términos propios de la edad- en su vagina y trasero. No siendo por ello cierta ni evidente la fragmentación que reclama en torno a los datos que las literales MP-9 y MP-10 hubieran aportado al proceso para la resolución correspondiente. De otra parte, en cuanto a la corrección de la valoración propiamente dicha, en sujeción al razonamiento contenido en los Autos Supremos N° 222/2017-RRC de 21 de marzo y 271/2017-RRC de 17 de abril, es necesario señalar que, además de individualizar la prueba que considera defectuosamente valorada, la parte interesada debe identificar el error en el proceso intelectivo de apreciación realizado por la Juez de mérito, expresando cuál es el valor otorgado por la inferior en grado a las pruebas particularizadas, a qué conclusión llegó con base a las mismas y por qué esa conclusión sería errónea al grado de transgredir las reglas de la sana crítica establecida por el art. 173 del CPP, actividad además vinculada a los principios de la lógica (de no contradicción, tercero excluido, razón suficiente y de identidad), la experiencia común y la psicología, cuya utilización exige imperativamente el Auto Supremo Nº 673/2016-RRC de 12 de septiembre. Bajo aquellas consideraciones, se advierte que la valoración del abordaje psicológico preliminar (MP-9) y la declaración informativa (MP-10), ambos relativos a la menor M.V.V., es tachada de defectuosa por estimarse subjetiva y contraria a la lógica, la experiencia y el sentido común, esto al sancionarlo por la comisión de un delito que excluye en sus elementos objetivos la penetración, acción esta última informada por las documentales citadas y sobre las que extraña consideración. No obstante lo anterior, a efectos de resolver la queja traída a colación en el recurso, es necesario recordar que la valoración de la prueba debe ceñirse a los principios de la sana critica, practicándose de forma individual y conjunta, acorde al art. 173 del CPP, concordante con el art. 359 del mismo cuerpo legal. Si esto es así, se infiere el planteamiento de la defensa atiende a una crítica individual de ciertos elementos probatorios, considerándolos aisladamente, proposición que -así formulada- ciertamente pondría en evidencia el carácter ilógico y contrario al sentido común y la experiencia de la conclusión adoptada, al calificar los hechos en un tipo penal que excluye el acceso carnal en su configuración. Sin embargo, como se expuso previamente, la Sentencia es el resultado de la apreciación del conjunto de medios probatorios y no de uno -o algunos- en particular, de ahí que, por ejemplo, jurisprudencia ultima del Tribunal Supremo de Justicia exija un análisis explícito de la trascendencia del elemento probatorio defectuosamente valorado en la decisión asumida en el caso, de modo que afecte las resultas del resto del acervo probatorio (Auto Supremo Nº 120/2019-RRC de 07 de marzo). Entonces, la ponderación que reclama la defensa de aquellos factores, vinculados a la penetración comunicada por la víctima, se aparta del análisis integral de la valoración de la prueba e ignora sibilinamente que, pese a afirmar M.V.V. suscitarse acceso carnal, aquella eventualidad fue expresamente demeritada en función al Certificado médico forense presentado en el caso, documental identificada como MP-8A que concluye que «… la membrana himeneal de la menor se encuentra integra y su ano normotonico…» (Así lo afirmo la Juez a fs. 168 vta. del proceso), excluyéndose así la penetración como hecho corroborado, empero, perviviendo el carácter libidinoso del contacto de los dedos y miembro viril del acusado respecto a la humanidad de la víctima, coligiéndose por ello el expreso análisis desarrollado por la Juez de mérito en torno a la aplicabilidad del tipo penal de abuso, en función a las conclusiones inferidas de la prueba disponible, de cuya consideración se excluyó científicamente la penetración -sea por vía vaginal o anal-, condición aquella sobre la que la defensa requiere investigación y juzgamiento, aun conociendo expresamente el motivo de su desestimación. Así el estado de cosas, al obedecer el alegato a un análisis sesgado y parcial de la prueba, prescindiendo de los elementos que descartan el sentido exigido, carece de mérito el reclamo practicado por el recurrente, no pudiendo asumirse las consideraciones anteriores como una revalorización de la prueba, sino solo su contextualización a objeto de dilucidar la pretensión. IV.2. Respecto a la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, inc. 1) del art. 370 del CPP: Sostuvo la parte que la información proporcionada por las documentales codificadas como MP-9 y MP-10, inherente a actos de penetración -con dedo y miembro viril- excluyen la aplicación del tipo penal de abuso sexual, al exceder aquellos actos los roces, toques o frotamientos lascivos propios del ilícito sancionado, correspondiendo, de contrario, el juzgamiento y probanza del delito de violación. De igual forma, tacho de ausente la tarea de subsunción. Al respecto, siendo aquel el sustento del agravio, en concordancia con el contenido del Auto Supremo Nº 495/2014-RRC de 23 de septiembre, es menester reseñar que este no es el medio para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho reservadas a la Juez de Sentencia, pues no está orientado a cuestionar la prueba misma, ni los elementos que de ella se han obtenido; contrariamente, el defecto relativo a la errónea aplicación de la Ley sustantiva, supone que consentidos y aceptados los elementos probatorios extraídos por la Juez de mérito de los diferentes medios de prueba puestos en su conocimiento, esto es, determinada la relación de hechos, la conducta del procesado, su participación, así como otras circunstancias concomitantes, el defecto opera a tiempo de aplicar la norma sustantiva a los hechos probados; de ahí que el art. 370 inc. 1) del CPP, autorice únicamente la revisión del juicio jurídico practicado al dictar Sentencia, sin posibilidad de alterar los hechos probados sobre los que la autoridad de instancia hubo aplicado el derecho. En el caso, la anulación pretendida por este medio deviene en impropia para el defecto invocado, ya que, si bien reclamo el apelante de la calificación adoptada o, lo que es lo mismo, la labor de subsunción, los alegatos empleados a dicho fin se apartan sustancialmente de los hechos probados, persistiendo inversamente en cuestiones probatorias, así la fundamentación contenida en el recurso vinculada a la MP-9 y la MP-10; toda vez que, conforme se aludió inicialmente, se halla vedada al Tribunal de Alzada la posibilidad de reconstruir la premisa fáctica del proceso, de la que se distancia el alegato impugnatorio, desconociendo que su elaboración es facultad privativa de la Juez de mérito, quien al participar de la audiencia de juicio oral, bajo los principios de oralidad, inmediación y contradicción, guarda especial relación con la prueba recepcionada y producida, erigiéndose como soberana sobre la prueba, habiendo concluido por dicha actividad que Rubén Llampa Quiroz toco, con su dedo y genitales, las partes íntimas y el trasero de la menor M.V.V. (Así concluyo la Juez, a fs. 170 vta. del proceso), agregando que las mismas se produjeron aprovechando su condición de padrastro -cuando la menor tenía ocho (8) años- en el interior de su casa y en el compartimiento posterior del tráiler, locaciones en las que la abusaba de la víctima mediante toques libidinosos (Así concluyo la Juez a quo, a fs. 173 y ss. del proceso, en términos similares); proposiciones aquellas que, sujetas a un mayor desarrollo argumentativo y probatorio en la Sentencia, resultan suficientes a objeto de dar cuenta de la corroboración de los actos lascivos no constitutivos de penetración, a saber, el contacto libidinoso de los dedos y genitales del acusado Rubén Llampa Quiroz respecto a las partes íntimas de la menor M.V.V., quien -por su edad- no puede llegar a consentir, acciones estas propias del tipo objetivo del delito, no siendo válida para una eventual modificación o exclusión del tipo la promoción de cuestiones probatorias, de la forma en la que pretende el recurrente, máxime si estas han sido expresamente demeritadas a tiempo de examinar la concurrencia del defecto contenido en el inc. 6) del art. 370 del CPP, también invocado en el escrito impugnatorio. En cuanto al dolo, debe referirse que este, proverbialmente entendido como «conocimiento y voluntad de la realización del tipo penal», constituido por dos elementos: el cognitivo y el volitivo; cabe recordar que el art. 14 del Código Penal contiene una definición directa del dolo, al afirmar que actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. No obstante, la jurisprudencia última de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia permite advertir el desplazamiento del dolo desde el concepto de dolo clásico, como conocimiento y voluntad de la realización del tipo, hacia una concepción del dolo que pone el acento en el peligro para bienes jurídicamente protegidos que son puestos en riesgo por el autor de la acción, quien consciente del riesgo creado, continúa con su acción siéndole indiferente el resultado, así los Autos Supremos Nº 322/2014-RRC de 15 de julio y 022/2019-RRC de 30 enero. Entonces, hoy en día, desde la teoría de la imputación objetiva, se va consolidando una concepción del dolo en la que ya no se trata de comprobar si el agente tuvo voluntad de realizar y asumir las consecuencias de su acción, sino más en concreto si tuvo conocimiento del peligro que suponía para la realización del tipo la continuación de su acción, y si efectivamente continuó, en cuyo caso le es atribuible a título de dolo el resultado, siendo adoptado en el caso el elemento subjetivo a partir del conocimiento que se infiere tuvo el apelante en virtud a la reiteración intencional de los toques lascivos a la menor M.V.V. en diversas locaciones, así cuando se encontraba en su casa, como en el compartimiento posterior del tráiler, circunstancias recogidas efectivamente por la Juez a quo a fs. 173 del legajo. Así el estado de cosas, al ser meramente enunciativo y limitarse a reclamar por las inferencias ejercidas en derredor de la prueba, desconociendo adrede la fundamentación desplegada por la Juez de instancia para decantarse por la sanción contenida en el tipo penal que prevé el art. 312 del Código Penal, el agravio relativo a la inobservancia o errónea aplicación de la Ley carece de asidero y motiva deba declararse sin lugar. IV.3. Respecto a que no conste la fecha y no sea posible determinarla, inc. 9) del art. 370 del CPP: Sostuvo el imputado que la resolución apelada se limitó a consignar la fecha de su lectura y no la de su emisión, incumpliendo por ello el núm. 1 del art. 360 del CPP, omitiendo incluso integrar alguno número identificativo para la determinación. Sobre el particular, el compilado adjetivo penal incorpora este defecto asumiendo como supuesto de procedibilidad del recurso: «Que no conste la fecha y no sea posible determinarla, o falte la firma de alguno de los jueces y no se pueda determinar si ha participado en la deliberación, salvo los casos de excepción previstos legalmente»; causales íntimamente vinculadas al art. 360 del mismo cuerpo legal, precepto normativo que estatuye los requisitos formales de la Sentencia. Bajo aquellas consideraciones, se advierte el planteamiento recursivo, si bien rescata la ausencia de constancia en Sentencia de la fecha de su emisión, omite cualquier análisis en torno al presupuesto relativo a imposibilidad de determinar la misma, pasando por alto que esta llega a ser razonablemente establecida en función al acta de audiencia de juicio oral, informando esta su emisión -así sea en su parte resolutiva- el 21 de abril de 2022, siendo aquella la única jornada que abarco el acto, más aún si aquella literal, por imperio de los arts. 120 y 372, ambos del CPP, detenta el valor probatorio suficiente para demostrar la forma de realización del juicio oral a los efectos de los recursos que correspondan, entre ellos el de apelación restringida. Entonces, prescindiendo el alegato de examinar todas las condiciones vinculadas al vicio que invoca, en sujeción además al análisis de trascendencia impuesto por la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1864/2013 de 29 de octubre, no se advierte en las situaciones denunciadas (inherentes a la fecha de emisión o un numero particular para la resolución) la relevancia necesaria para anular la Sentencia confutada, toda vez que la declaratoria de nulidad solo es posible si la irregularidad que se demanda realmente afecta las garantías de los sujetos procesales o, dado el caso, si desconoce las bases fundamentales de la actuación o del juzgamiento, circunstancias que no se aprecian concurrentes en el caso de autos, ya que, aun asumiéndose ciertas las circunstancias denunciadas, estas no modifican la situación jurídica determinada por la autoridad a quo, no siendo tampoco razonable disponer el reenvió de la causa por una formalidad en si misma considerada aisladamente. IV.4. Otras consideraciones: En cuanto al Auto Supremo Nº 236/2007 de 07 de marzo, aludido por el recurrente, no es menos evidente que para citar y emplear el razonamiento jurídico contenido en tal resolución a la solución de un caso posterior, deben considerarse no sólo sus fundamentos jurídicos, sino también la existencia de analogía e identidad respecto a los supuestos fácticos o procesales -según sea el caso- que motivaron el decisorio con los hechos expresados con motivo de los agravios denunciados en apelación; entonces, al no apreciarse ni exponerse en el recurso la identidad exigible, no corresponde ingresar a mayores consideraciones para dar cuenta de su inaplicabilidad. Por las razones anotadas, al dictar Sentencia condenatoria la Juez de mérito no incurrió en los defectos denunciados. POR TANTO: La SALA PENAL TERCERA del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, impartiendo justicia a nombre del pueblo boliviano conforme prevé el art. 178.I de la CPE, y en ejercicio de la autoridad conferida por el art. 58.1 de la Ley N° 025, del Órgano Judicial, resuelve: declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación restringida interpuesto por Rubén Llampa Quiroz; y, consiguientemente, confirma la Sentencia leída íntegramente en 26 de abril de 2022, pronunciada por la Juez de Sentencia Penal Nº 4 de la capital. Al amparo del art. 269 del CPP, se condena en costas al recurrente, debiendo la Juez del proceso proceder a su liquidación y ejecución conforme prevé el art. 272 del compilado preindicado. La presente resolución es impugnable dentro de los cinco (5) días señalados por el art. 417 del CPP; empero con exclusión del efecto suspensivo conforme prevé la segunda parte del inc. 1) del art. 396 del CPP. Regístrese y comuníquese. Fdo.- Penal Fdo. Dra. María Giovanna Pizo Guzmán – Vocal de la Sala Penal Tercera. Fdo.- MSc. Jesús Víctor Gonzales Milán – Vocal Presidente de la Sala Penal Tercera.– Ante mí Secretaria de Sala. ES CONFORME. PROVEÍDO DE 27 DE JUNIO DE 2024 A mérito del informe de 14 de mayo de 2024 evacuado por Fernando Martínez Chávez en su condición de Gestor de la Oficina Gestora de Procesos No. 2, Y habiendo agotado esfuerzos este Tribunal a objeto de lograr la notificación de Marina Villca Casas con el Auto de Vista No. 305/2023-RAR de 28 de noviembre de 2023, en aplicación del art. 165 del CPP se dispone su notificación con el Auto de Vista indicado, mediante edictos a través del Servicio de Notificación Electrónica Judicial - Sistema Hermes. Notifique funcionaria. Fdo.- Dra. María Giovanna Pizo Guzmán – vocal - presidente de la Sala Penal Tercera. Fdo. Carol Ivonne Vega Colque, Secretaria – Abogada de la Sala Penal Tercera. Cochabamba, 01 de julio de 2024 D.S.O.


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