EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA SEGUNDO EN MATERIA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL


PARA: ELENA JHOSELIN VALLEJOS EDICTO DRA. JHANNETH GUILLEN SENZANO, JUEZ DE SENTENCIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER Nº 2 DE LA CAPITAL MEDIANTE EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANA / VICTIMA: ELENA JHOSELIN VALLEJOS, LA SENTENCIA DE 28 DE MARZO DE 2024, REPRESENTACION DE 23 DE MAYO DE 2024 Y DECRETO DE 27 DE MAYO DE 2024 DENTRO LA CAUSA SIGNADA CON EL NUREJ Nº30391494 SEGUIDA POR EL MINISTERIO PUBLICO A DENUNCIA DE ELENA JHOSELIN VALLEJOS CONTRA MIGUEL ANGEL AJUACHO POMA, POR LA PRESUNTA COMISION DEL DELITO VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA, TIPIFICADO EN EL ART. 272 NUM.1) DEL CODIGO PENAL, A OBJETO DE QUE TOME CONOCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES ACTUADOS: ------------------------------------- SENTENCIA DE 28 DE MARZO DE 2024------------------------------------------ SENTENCIA N° 15/2024 – PA Cochabamba, 28 de marzo de 2024 PROCEDIMIENTO ABREVIADO JUEZ : Jhanneth Guillen Senzano ACUSADOR FISCAL : José Luis Solís Cadima VICTIMA : ELENA JHOSELIN VALLEJOS NUREJ: 30391494 IMPUTADO(S) : MIGUEL ANGEL AJHUACHO POMA ABOG. DEFENSOR : José María Camacho Velásquez DELITO(S) : Violencia Familiar o Doméstica ARTICULO(S) : Art. 272 bis núm. 1) del Código Penal SECRETARIA : Shirley Beatriz Aguilar Vargas VISTOS La modificación del requerimiento conclusivo de acusación formal, efectuada por el fiscal de materia, José Luis Solís Cadima, solicitando la aplicación de la salida alternativa de Procedimiento Abreviado, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Miguel Ángel Ajhuacho Poma, por el delito de Violencia Familiar o Doméstica, tipificado en el art. 272 bis núm. 1) del Código Penal (CP), lo expuesto por las partes en audiencia, los antecedentes del caso, y; CONSIDERANDO I FUNDAMENTACION FACTICA DEL REQUERIMIENTO CONCLUSIVO DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO El representante del Ministerio Público como titular de la acción penal pública, a solicitud del acusado, promueve la aplicación de la salida alternativa de procedimiento abreviado, ratificando a ese fin los fundamentos fácticos de la acusación fiscal de 28 de junio de 2021, como sigue a continuación: “En fecha 29 de julio 2017 la señora Elena Jhoselin Vallejos se encontraba con su pareja Miguel Angel Ajhuacho Poma compartiendo bebidas alcohólicas con sus compadres en eso ella se puso a bailar con su compadre a lo que le pidió su pareja que no baile con él y ella le dijo que no era nada malo a lo que él le agarro de la mano y cuando ella se hacía soltar Miguel le dio un puñete en su ojo rompiendo el foco y en la oscuridad le siguió dando golpes en su cara, siendo defendida por sus comadres y después de eso se fue a dormir a su cama mientras su esposo se quedó tomando.”. (SIC), calificando este hecho como el delito de Violencia Familiar o Doméstica, tipificado en el art. 272 bis núm. 1) del Código Penal. Con base a tales antecedentes, el representante fiscal promueve esta salida alternativa ante el acuerdo con el acusado de someterse al procedimiento abreviado, admitiendo para ello de forma libre y voluntaria la comisión del hecho y reconociendo su culpabilidad, además de renunciar al juicio oral ordinario, pidiendo se dicte Sentencia Condenatoria aceptando la pena de dos años de privación de libertad con ejecutoria de sentencia, conforme a los arts. 326, 373 y 374 del CPP. CONSIDERANDO II FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA El procedimiento abreviado, es una salida alternativa al juicio oral ordinario como una forma de conclusión anticipada del proceso con la emisión de una sentencia condenatoria, basada no solamente en la admisión del hecho y el reconocimiento de culpabilidad por parte del imputado sino también en la suficiente carga probatoria aportada por el Ministerio Público para la comprobación real de la confesión del acusado sobre el hecho que se le atribuye, no pudiendo primar simplemente una verdad pactada entre las partes, por cuanto el art. 374 del CPP, además de los requisitos formales establecidos en el art. 373 del mismo adjetivo, estipula de forma taxativa que: “en audiencia oral, el juez escuchará al fiscal, al imputado, a la víctima o al querellante, previa comprobación de: 1) La existencia del hecho y la participación del imputado; 2) Que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario; y, 3) Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario”. En ese sentido, la SC 1659/2004-R de 11 de octubre, señala que "…la solicitud de procedimiento abreviado, contiene implícitamente una acusación formal, en la que se solicita la pena requerida; por ello, es necesario presentar junto a la misma, todos los elementos probatorios, expresando lo que se pretende demostrar con cada uno de éstos; por lo que no es suficiente contar con el acuerdo del imputado y su defensor, fundado en la admisión del hecho y su participación en él a que hace referencia el art. 373 del CPP; en razón de que este procedimiento está sustentado en el principio de legalidad y de la verdad real, no pudiendo esta última ser reemplazada por la verdad consensuada entre las partes; consiguientemente, es imprescindible generar en el Juez la plena convicción de que los hechos se suscitaron tal y como presentó o relacionó el Fiscal encargado de la investigación y demostrados en audiencia…”, jurisprudencia de la que se extrae que la verdad material debe imponerse a la verdad formal; ello implica que el Ministerio Público debe aportar suficientes elementos de prueba que permitan al juzgador adquirir plena convicción acerca de la existencia del hecho y la responsabilidad penal del imputado, por cuanto el art. 7 núm. 2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece que "nadie puede privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas", es decir, que la condena de una persona, debe necesariamente estar enmarcada en las disposiciones legales y jurisprudenciales citadas previamente. Finalmente, se debe considerar que el art. 326 del CPP modificado por la Ley 586 y complementada por la Ley 1173, indica lo siguiente: “El imputado podrá acogerse al procedimiento abreviado, criterio de oportunidad, suspensión condicional del proceso o conciliación, en los términos de los artículos 21, 23, 24, 373 y 374 del Código de Procedimiento Penal, y los artículos 65 y 67 de la Ley Nº 025 de 24 de junio de 2010, del Órgano Judicial, siempre que no se prohíba expresamente por Ley, aun cuando la causa se encuentre con acusación o en audiencia de juicio oral, hasta antes de dictada la sentencia”. En ese marco, el art. 272 bis del Código Penal, describe el delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA de la siguiente forma: “Quien agrediere físicamente, psicológica o sexualmente dentro los casos comprendidos en el numeral 1 al 4 del presente Artículo incurrirá en pena de reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, siempre que no constituya otro delito. 1. El cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad o intimidad, aún sin convivencia. 2. La persona que haya procreado hijos o hijas con la víctima, aún sin convivencia. 3. Los ascendientes o descendientes, hermanos, hermanas, parientes consanguíneos o afines en línea directa y colateral hasta el cuarto grado. 4. La persona que estuviere encargada del cuidado o guarda de la víctima, o si ésta se encontrara en el hogar, bajo situación de dependencia o autoridad. En los demás casos la parte podrá hacer valer su pretensión por ante la vía correspondiente”. Por lo que al presente corresponde analizar si con la prueba aportada por el Ministerio Público, se corrobora o no la confesión y admisión de culpabilidad del acusado en el ilícito previamente descrito. CONSIDERANDO III FUNDAMENTOS PROBATORIOS Y MOTIVACIÓN FACTICA Durante la audiencia, se pudo verificar que en el caso concreto si fueron cumplidos todos los presupuestos jurídicos para la procedencia de esta salida alternativa, fundamentalmente la comprobación previa de la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, valorando las mismas conforme a las reglas de la sana crítica, como se pasa a detallar a continuación: 1) Sobre la existencia del hecho y la participación del imputado A los fines de acreditar la existencia del hecho y la autoría del acusado en la misma, el Ministerio Público presentó la prueba de cargo ofrecida en el pliego acusatorio fiscal, pidiendo que la misma sea incorporada en el requerimiento conclusivo bajo análisis, conforme al siguiente detalle: MP-1(Fs.3).- Memorial de denuncia de 02 de agosto 2017, formulada por el SLIM y la DNA en contra del acusado. MP-2(Fs.1).- Certificado médico forense de 02 de agosto de 2017, emitido por la Dra. Carola Saddia Llano Romero, sobre la valoración médica de Elena Jhoselin Vallejos, otorgándole 6 días de incapacidad médico legal. MP-3(Fs.8).- Informe de entrevista preliminar SLIM cite N° 273/2017, de 02 de agosto de 2017, emitido por la Lic. Daniela Claros Torrico, psicóloga del SLIM. Ficha de seguimiento área psicológica de 2 de agosto de 2017. Fotocopia de cedula de identidad de Mijaíl Ruperto Salvatierra García y de Stefanie Mariam Álvarez Mora. Croquis de los denunciantes. MP-4(Fs.4).- Nota informe CITE: N° 283/17/SLIM, de 11 de agosto de 2017, emitido por la Lic. Daniela Claros Torrico, psicóloga del SLIM, sobre el seguimiento realizado a la víctima. Memorial de 10 de agosto, de solicitud de medidas de protección. MP-5(Fs.7).- Informe de abordaje psicosocial CITE SLIM N° 287/2017, de 15 de agosto de 2017, en el que se indica que se pudo percibir en la víctima indicadores de ansiedad, presión y tensión. Memorial de 15 de agosto de 2027. MP-6(Fs.1).- Acta de declaración de la víctima Elena Jhoselin Vallejos de 04 de septiembre de 2017, en el que relata la agresión que sufrió. MP-7(Fs.2).- Hoja de seguimiento de caso, realizado por el SLIM a la víctima Elena Jhoselin Vallejos. La literal MP-2 resulta muy relevante para acreditar la existencia del hecho con relación a la agresión física ejercida en contra de la víctima; las literales relevantes MP-1, 3, 4, 5, 6 y 7 resultan relevantes para acreditar la autoría del acusado en el hecho ilícito que se le atribuye, por lo que valorados en su integridad de forma individual y conjunta bajo el principio de la sana crítica y la libre convicción, no solamente corroboran la verosimilitud de la admisión del hecho por el acusado, MIGUEL ANGEL AJHUACHO POMA, sino que fundamentalmente demuestran su autoría y responsabilidad penal en el delito que se le atribuye, dado que son suficientes para demostrar que el acusado ciertamente cometió el ilícito que se le atribuye, por cuanto el 29 de julio de 2017, ejerció violencia física en contra de la víctima mediante golpes en su ojo y su cara, adecuando así su conducta al delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA, tipificado en el art. 272 bis núm. 1) del Código Penal, toda vez que ha mantenido una relación de afectividad con la víctima, y es en tal condición que ejerció violencia física en su contra, por lo que al estar la confesión del acusado corroborada con la prueba de cargo presentada por el Ministerio Público, conforme a las exigencias de las SSCC 1659/2004-R de 11 de octubre y 1691/2014 de 29 de agosto, este tribunal unipersonal, asume la convicción plena sobre la autoría del acusado en el ilícito que se le atribuye, ya que la confesión del mismo no responde a una verdad consensuada sino a la verdad material. 2) Sobre los datos de identidad y la renuncia voluntaria del acusado al juicio oral ordinario Previa explicación de los alcances y la diferencia entre el juicio ordinario y el procedimiento abreviado, así como las consecuencias de ambos, consultado que fue el acusado MIGUEL ANGEL AJHUACHO POMA, con C.I. 12872513 CB, de 25 años de edad, nacido el 19 de diciembre de 1997 en Cochabamba - Cercado - Cochabamba, con estado civil soltero, de ocupación albañil, con grado de formación hasta 2do. medio, con domicilio en la calle innominada s/n – Z/ Molle Molle, padre de 2 hijos de 4 y 8 años de edad, sin antecedentes penales, de forma libre y voluntaria, optó por someterse a la referida salida alternativa, expresando a viva voz en audiencia que su renuncia al juicio oral es totalmente voluntaria. 3) Sobre el reconocimiento de culpabilidad libre y voluntario del acusado El acusado MIGUEL ANGEL AJHUACHO POMA, en sus propios términos y sin que esta autoridad pueda advertir algún tipo de presión sobre él, reconoce haber desplegado las acciones detalladas en la acusación fiscal y ratificadas en audiencia por la autoridad fiscal, confesando que ciertamente ejerció violencia física en contra de la víctima, en las circunstancias temporales, espaciales y modales detalladas en el pliego acusatorio fiscal, lo que también determina la concurrencia del tercer presupuesto material que hace a la salida alternativa de procedimiento abreviado. En el presente caso, de la valoración integral de la prueba de cargo presentada por la parte acusadora, conforme a las reglas de la sana crítica prevista en el art. 359 del CPP y corroborada la confesión del acusado sobre su admisión del hecho y su participación en el mismo, la suscrita juez adquiere plena convicción de que efectivamente el 29 de julio de 2017, ejerció agresión física contra la víctima mediante golpes en su ojo y su cara, ocasionándole dolor y sufrimiento físico por las lesiones causadas de 6 días de incapacidad médico legal, por lo que habiéndose comprobado la existencia del hecho bajo el principio de verdad material, se concluye que el accionar del acusado es reprochable penalmente, por cuanto su conducta se adecúa al delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA, tipificado en el art. 272 bis núm. 1) del Código Penal, al haberse demostrado con prueba objetiva de que el acusado (sujeto activo) si ejerció agresión física (acción) en contra de la víctima (sujeto pasivo), con quien el acusado tuvo una relación de afectividad, vulnerando así el derecho a la integridad física (bien jurídico protegido) de la víctima, adecuando así su comportamiento al injusto penal señalado (tipicidad), mismo que resulta contrario a la indicada norma penal, que prohíbe la violencia física, psicológica o sexual en contra de cualquier persona con quien se tenga o hubiera tenido una relación de parentesco consanguíneo, de afinidad o afectividad, con o sin convivencia (antijuridicidad), y dado que el mismo tenía la capacidad de comprender las consecuencias de su accionar, por cuanto no se ha probado ninguna causa de inimputabilidad o semi-imputabilidad que derive de la falta de su capacidad de comprensión del carácter prohibido de su accionar y conducirse de acuerdo a dicha comprensión, debido a alguna enfermedad mental, grave perturbación de la conciencia o grave insuficiencia de la inteligencia, o en su caso, que dicha capacidad de comprensión haya disminuido notablemente sus facultades mentales, por lo que es exigible un comportamiento diferente a la conducta desplegada (culpabilidad); por lo que habiéndose demostrado con los elementos probatorios descritos y valorados en su integridad, que el acusado ha adecuado su conducta en grado de autor al injusto penal que se le atribuye, se concluye que la confesión del acusado responde a la verdad material del injusto penal que se le atribuye y no así a una verdad formal o consensuada. CONSIDERANDO IV DE LA PENA REQUERIDA EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO A partir de la vigencia del nuevo modelo de Estado Constitucional de Derecho, el juez tiene el deber inexcusable de aplicar las normas contenidas en la ley penal (sustantiva y/o adjetiva), a partir de la interpretación que debe realizarse desde y conforme a la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; precisamente tomando en cuenta tales extremos es que la juez que integra este Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer N° 2, considera que en apego al art. 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, misma que al ser ratificada por Bolivia mediante Ley 1430 de 11 de febrero de 1993, forma parte del referido bloque de constitucionalidad, e igualmente conforme a lo expresamente determinado en el art. 374 del CPP, no es posible imponer al acusado una pena más grave que la solicitada por la autoridad fiscal a tiempo de requerir la aplicación de procedimiento abreviado, empero, tampoco se puede fundar la condena en la admisión del hecho; en consecuencia, de conformidad al art. 37 del Código Penal, corresponde únicamente a la autoridad jurisdiccional determinar la pena a imponerse, con el único límite legal de que éste no supere a la requerida por la autoridad fiscal, debiendo en consecuencia verificarse que tal petición se encuentre dentro los parámetros legales establecidos para cada delito. Es así que realizada dicha labor, se advierte que el delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA, tiene una pena privativa que oscila de DOS (2) A CUATRO (4) AÑOS de privación de libertad, por lo que siendo la pena requerida por la autoridad Fiscal, de DOS AÑOS, es evidente que la misma se encuentra enmarcada en la pena fijada para el delito de referencia, pues no obstante de que el acusado es una persona adulta con capacidad de comprensión y producto del hecho se ha ocasionado 6 días de incapacidad médico legal a la víctima, no es menos cierto que el mismo decidió someterse voluntariamente al procedimiento abreviado, aceptando su responsabilidad penal y la pena requerida por la autoridad fiscal como sanción por su conducta, lo que constituye un acto de arrepentimiento por el ilícito cometido y conlleva a la concurrencia de la atenuante general prevista en el art. 40 núm. 3) del CP, de modo que la pena solicitada por el Ministerio Público resulta proporcional a las circunstancias previamente detalladas, máxime si no se ha acredita ninguna reincidencia, correspondiendo en consecuencia, fijar la condena solicitada por la autoridad fiscal, por cuanto no es posible imponer una condena superior a la requerida en procedimiento abreviado por previsión expresa del art. 374 del CPP. POR TANTO La Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer N° 2 de la Capital, administrando justicia en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud de la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, en procedimiento abreviado, RESUELVE: 1° DECLARAR al acusado MIGUEL ANGEL AJHUACHO POMA, con C.I. 12872513 CB, de 25 años de edad y demás generales de ley ya conocidas, sin antecedentes penales referidos a sentencia condenatoria ejecutoriada, AUTOR de la comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA, tipificado en el art. 272 bis núm. 1) del Código Penal, por estar su admisión corroborada con la prueba de cargo presentada por el Ministerio Público, y ello generar en esta autoridad la convicción plena sobre la responsabilidad penal del prenombrado acusado por el hecho que se le atribuye, consecuentemente, se dicta SENTENCIA CONDENATORIA en su contra, imponiéndosele la pena privativa de libertad de DOS AÑOS de RECLUSION, a ser cumplidos en el Centro Penitenciario de "San Sebastián Varones" de esta ciudad. 2º Se le condena también al prenombrado acusado, al pago de costas y el resarcimiento de daños civiles ocasionados al Estado y a la víctima, a ser determinados en ejecución de sentencia por la autoridad llamada por ley. 3° Se deja establecido que el cómputo final de la pena corresponde sea efectuado por el Juzgado de Ejecución Penal de Turno, debiendo a ese fin notificársele con esta resolución una vez ejecutoriada la misma, aclarándose que al presente el acusado se encuentra recluido en el centro penitenciario de “San Sebastián” varones, sin embargo no se cuenta en antecedentes documentación pertinente para verificar si el mismo se encuentra con detención preventiva dentro esta causa o dentro de otro proceso, correspondiendo remitir igualmente todos los antecedentes que correspondan para acreditar la situación jurídica del acusado actualmente. 4° En aplicación de lo establecido por los arts. 32, 35 y 68 de la Ley 348 y el art. 389 bis del CPP, con la finalidad de prevenir nuevos hechos de violencia, se dispone a favor de la víctima, las siguientes medidas de protección especial: Primero: La prohibición al acusado de comunicarse, intimidar, molestar, amenazar, hostigar o amedrentar a la víctima a través de cualquier medio, ya sea de forma directa o mediante terceras personas, sea a través del uso de medios tecnológicos o cualquier forma de comunicación con la víctima. Segundo: La prohibición al acusado de ejercer cualquier acto de violencia física o psicológica en contra la víctima. Se aclara a las partes que las medidas de protección previamente impuestas, son de cumplimiento inmediato, independientemente de la ejecutoria de la sentencia, medidas con las que el acusado queda legalmente notificado por su sola emisión oral en esta audiencia. Esta sentencia se halla sustentada en las previsiones contenidas en los arts. 109, 115 al 123, 178 al 180 de la CPE, arts. 1, 4, 5, 13, 14, 20 y 272 bis núm. 1) del CP, así como en los arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 42, 44, 52, 124, 171 al 173, 326, 329 al 362, 365, 373 y 374 del CPP y los arts. 5, 7, 31, 32, 35, 45, 47 y 68 Ley 348. Las partes conectadas en sala virtual, quedan legalmente notificadas con esta sentencia por su sola emisión oral en audiencia, advirtiéndoseles que la misma es susceptible de apelación restringida en el plazo de 15 días a partir de su notificación, conforme a los arts. 407 y 408 de la Ley 1970 y la SC 0100/2004-R de 21 de enero. REGISTRESE.- -----------------------------------------REPRESENTACION DE 23 DE MAYO DE 2024 ------------------------------------ JUZGADO DE SENTENCIA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2 INFORME: El suscrito Funcionario Gestor dependiente de la Oficina Gestora de Procesos tiene a bien a informar lo siguiente: Con la finalidad de notificar personalmente a: ELENA JHOSELIN VALLEJOS, con: SENTENCIA de 28/03/2024 dentro el proceso penal seguido por MINISTERIO PUBLICO contra AJHUACHO POMA MIGUEL ANGEL según datos proporcionados por su digno juzgado se tiene como dirección ZONA MOLLE MOLLE ABG MIJAIL SALVATIERRA CEL: 79766836 (ADJ CROQUIS). Con el objeto de cumplir lo ordenado me constituí en dicha zona donde luego de un recorrido extenso del lugar no se pudo individualizar el domicilio, ya que en esta zona existen varios inmuebles que cuentan con diferentes características, asimismo preguntando a los vecinos (los cuales se rehusaron a identificarse) no pudieron darme referencia alguna, de la revisión de datos en el sistema y expediente en físico no se cuenta con mayores datos de referencia precisos que puedan ayudar a encontrar el domicilio, es más se pudo evidenciar que NO existe ninguna otra cartilla de notificación personal ni a domicilio procesal, de las llamadas realizadas al abogado MIJAIL SALVATIERRA lamentablemente indica que ya no es abogado de la Sra. Elena y desconoce mayores datos. Por consiguiente la prenombrada no pudo ser habida más aun al no contar con un croquis correcto de ubicación, ya que con el que se cuenta es a mano alzada poco preciso y no coincide con la zona, así también no se cuenta con fotografías del inmueble, características o datos de referencia exactos del domicilio. Motivos por los cuales no pude dar cumplimiento a lo ordenado por su autoridad. Es cuanto informo a su autoridad para fines legales Cochabamba, 23 de mayo de 2024 -------------------------------------- DECRETO DE 27 DE MAYO DE 2024----------------------------------------- Cochabamba, 27 de mayo de 2024 A mérito del informe de Marcelo Manzaneda Barrios, Técnico de la Oficina Gestora de Procesos (OGP), se advierte que no existe datos precisos sobre la dirección exacta del domicilio de la víctima Elena Jhoselin Vallejos, toda vez que del croquis presentado por la autoridad fiscal, no se logra advertir ningún punto de referencia que permita individualizar el domicilio de la prenombrada victima (datos específicos y fotografías del frontis del inmueble), por lo que se dispone su notificación personal mediante EDICTO publicado en el Sistema HERMES –sea conforme a lo previsto en el art. 165 del Código de Procedimiento Penal- e igualmente en su domicilio procesal, con la sentencia de 28 de marzo de 2024, sin perjuicio de que la misma pueda apersonarse a secretaría de este despacho judicial a efectos de ser notificada.-Notifique funcionario. Fdo.-JHANNETH GUILLEN SENZANO - Juez de Sentencia Contra La Violencia Hacia La Mujer Nº2.- Fdo. Dra. SHIRLEY BEATRIZ AGUILAR VARGAS, Secretaria - Abogada del juzgado de Sentencia Contra La Violencia Hacia La Mujer Nº2. ES CUANTO SE TIENE ORDENADO POR DECRETO DE 27 DE MARZO DE 2024, PARA QUE DÁNDOSE CUMPLIMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE. DOY FE. COCHABAMBA, 04 DE JULIO DE 2024


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