EDICTO

Ciudad: LA PAZ

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA PENAL Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER PRIMERO DE LA CAPITAL


EDICTO EL DR. JAVIER PABLO MAMANI ZARATE------------ JUEZ DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 18º DE LA CIUDAD DE LA PAZ. CUD: 201458033----------------------------------------------- A NOMBRE DE LA LEY. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HACE SABER: Que en el proceso penal que sigue el MINISTERIO PÚBLICO en contra de HUASCAR JEIMY FLORES QUISBERT por la comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA Se notifica con el presente Edicto a: HUASCAR JEIMY FLORES QUISBERT (IMPUTADO) con CI. 6848306 LP. , con lo que se transcribe a continuación refiere: -------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SE TRANSCRIBE RESOLUCION NRO. 480/2024 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024----------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& RESOLUCIÓN Nro. 480/2024 JUZGADO DE SENTENCIA PENAL, ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER NRO. 18 DE LA CIUDAD DE LA PAZ COD: FUD: 201458033 DENTRO EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE HUASCAR JEIMY FLORES QUISBERT POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA. AUTO INTERLOCUTORIO DE OFICIO SOBRE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO A, 28 de junio de 2024 VISTOS: Los antecedentes remitidos ante este despacho judicial, llega a las siguientes conclusiones y para sustentar la presente decisión: 1. El Art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado señala como principio procesal la de legalidad, mismas que establece que la jurisdicción ordinaria se somete a la propia Constitución Política del Estado y a las leyes en la que el administrador de justicia este sometido a la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las partes, en este caso la presente resolución se somete precisamente a determinaciones que establece el Código de Procedimiento Penal así como de la norma Suprema. 2. La seguridad jurídica es un principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada en el Art. 178 de la Constitución Política del Estado, y se entiende y se basa en la denominada certeza del derecho; en su aplicación, adquiere una connotación de convicción de inalterabilidad en situaciones similares. La seguridad jurídica, lleva al individuo a la convicción que su situación jurídica, con relación a su persona o sus bienes, no será modificada sino en las circunstancias previamente establecidas en la ley y mediante procedimientos igualmente legales y regulares. Por otro lado, se debe concebir que dentro el marco de la Constitución Política del Estado, constituye un principio rector del ordenamiento jurídico y que emana del Estado Constitucional de Derecho, conforme lo señala la doctrina: La seguridad jurídica debe hacer previsible la actuación estatal para el particular, tal actuación debe estar sujeta a reglas fijas. La limitación del poder estatal por tales reglas; es decir, leyes, cuya observancia es vigilada por la justicia, es contenido especial del principio de Estado Constitucional de Derecho; En efecto, la seguridad jurídica como principio emergente y dentro de un Estado Constitucional de Derecho, implica la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación Estado-ciudadano debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental. 3. El Art. 133 del Adjetivo penal, establece en su último párrafo la autoridad judicial de oficio o a petición de parte declarará extinguida la acción penal por duración máxima del proceso, considerándose que por la demora injustificada en causa penales, es decir, la propia autoridad conforme a ley le otorga la faculta de emitir resolución de extinción de la acción de oficio, sin necesidad de que las partes hagan valer los derechos que le faculta en la etapa procesal correspondiente. 4. Con relación a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso establecida en el Art. 133, en concordancia con el Art. 27 núm. 10 del adjetivo penal, podrá considerarse cuando el proceso como tal haya superado los máximos legales permitido por la norma. Esta duración máxima del proceso se deberá acreditar inexcusablemente que la dilación es atribuible al Ministerio Público o al Órgano Judicial, asimismo que no estén en limitaciones de exclusión de extinción. La norma precitada por el Art. 133 del Código de Procedimiento Penal establece que todo proceso tendrá una duración máxima de tres años contados desde el primer acto del procedimiento, salvo caso de rebeldía u otros actos que hagan que se interrumpan el cómputo de plazo legal, o en su caso se haya generado la suspensión de plazos de acuerdo a norma; por su parte el Art. 27 inc. 10 del mismo cuerpo legal, establece que la acción penal se extingue por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso; Sin embargo, la aplicación de dichos preceptos legales por las autoridades jurisdiccionales, requiere en cada caso concreto de una valoración integral de varios factores del debido proceso como relación al procesado, pero también al resguardo de las garantías jurisdiccionales que asisten a las otras partes procesales, ya sea Ministerio Público o el acusador particular, determinando y posibilitando de esa manera que la potestad de impartir justicia efectivice los principios ordenadores del sistema de administración de justicia. El sustento de la extinción de la acción penal por mora judicial tiene su base de sustentación en el derecho que tiene toda persona procesada penalmente a un proceso sin dilaciones indebidas, un derecho que forma parte de las garantías mínimas del debido proceso, consagrados por el Art. 3. c) del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y, Art. 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como un derecho a un proceso dentro de un plazo razonable, instrumentos normativos que forman parte del bloque de constitucionalidad, lo determina en el Art. 410 de la ley fundamental. La Sentencia Constitucional Nro. 010/2004 y Ac. 079/2004 ECA, ha definido que la extinción de la acción penal debe responder a una cuidadosa apreciación, en cada caso concreto, de los siguientes factores concurrentes al plazo previstos por la ley: a) La complejidad del asunto, referida no solo a los hechos, sino también a la cuestión jurídica; b) La conducta de las partes que intervienen en el proceso; y c) La conducta y accionar de las autoridades competentes, en este último caso para determinar si el comportamiento y accionar de las autoridades competentes fue manifiestamente negligente dando lugar a un desenvolvimiento del proceso fuera de las condiciones de normalidad. Se debe entender por un proceso sin dilación a aquel que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro del tiempo requiero y en el que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción, en este sentido este derecho se lesiona cuando el proceso penal no se desarrolla en condiciones de normalidad debido a la actuación negligente de las autoridades competentes, es decir, con un funcionamiento anormal de la administración de justicia, con una irregularidad irrazonable, dando lugar a que el proceso tenga una demora injustificada. Se debe establecer también que el transcurso del tiempo no es suficiente para viabilizar la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, porque como se mencionó precedentemente, no es el único elemento a analizarse para viabilizar esta petición, más al contrario, deberá verificarse que el proceso se hubiese desarrollado en condiciones normales y que la actuación negligentes de las autoridades competentes sea atribuible únicamente a éstas, y no así al aparato judicial, por no dotar de condiciones mínimas para la prosecución de los procesos como es la excesiva carga procesal y las constantes acefalías que se presentan el Órgano Judicial, aspectos que impiden a las autoridades jurisdiccionales concluir con la tramitación de las causas dentro el proceso y los plazos establecidos. 5. En el presente causo se tiene lo siguiente: se formula imputación formal en fecha 3 de marzo de 2016 y se encuentra en actos preparatorios de juicio oral de notificación por edicto al imputado habiendo transcurrido hasta la fecha 8 años 2 meses y 25 días, habiendo sobrepasado el tiempo habilitado para su conclusión en todas sus etapas. 5.1. El proceso penal se divide en etapas, la etapa preparatoria, la etapa de juicio oral, etapa de los recursos y la etapa de ejecución, cada uno con determinados plazos a ser cumplidas y corresponde verificar su cumplimiento de la misma y a quien es atribuible sobre la demora y si esa demora ingresa más allá del plazo establecido en el Art. 133 del Adjetivo penal. 5.2. La etapa preparatoria se encuentra subdividido en dos etapas una preliminar y la etapa preparatoria como tal, y la etapa preliminar debe durar 20 días de investigación ampliables hasta los 60 días siempre exista solicitud expresa y aceptada por la autoridad judicial. a) Conforme a los antecedentes y datos que cursa en la imputación formal la investigación inicio en fecha 10 de abril de 2014 y recién de formula la imputación formal en fecha 2 de marzo de 2016, de ello se pueda establecer que el Ministerio Publico no cumplió los plazos de los 20 días establecida en el Art. 300 del Adjetivo penal o la solicitud de ampliación de la investigación hasta 60 días conforme al Art. 301 num. 2 del Procedimiento Penal, conforme al dato antes señalado que la denuncia es formulada en fecha 10 de abril de 2014 los 20 días que establece el Art. 300 del Adjetivo penal, vencía el 30 de abril de 2014, descontando los fines de semana vencería el 8 mayo de 2014, en consecuencia desde esa fecha hasta el 2 de marzo de 2016, la demora atribuible de la demora de 1 año 9 meses y 24 días es atribuible al Ministerio Público en relación a la falta de emisión de resolución dentro los alcances del Art. 301 del Adjetivo penal. b) En relación a la etapa preparatoria como tal a partir de la imputación formal formulada en fecha 2 de marzo de 2016 hasta la emisión del requerimiento conclusivo de fecha 29 de marzo de 2017, que la misma debió concluir en 6 meses conforme lo establece en el Art. 134 del Adjetivo Penal, considerándose la notificación con la imputación formal de 17 de marzo de 2016 los 6 meses vencía el 17 de septiembre de 2016; a partir de la referida fecha existe una demora para la emisión del requerimiento conclusivo de son de 5 meses y 25 días atribuibles al Ministerio Público y de la autoridad jurisdiccional de no haber realizado el control jurisdiccional vencido el plazo en fecha 17 de septiembre de 2016. c) Recibido la acusación fiscal o requerimiento conclusivo acusatoria la autoridad corresponde ordenar la remisión ante el tribunal o juzgado competente para conocer el juicio oral, y conforme a los antecedentes se tiene que en fecha 30 de marzo de 2017 se hace la remisión en fecha 12 de abril de 2017 al juzgado de sentencia competente, misma que debió haberse remitido dentro las 24 horas siguientes, se tiene que se remite 8 días después, por lo cual esa demora es atribuible al juzgado cautelar y hasta la radicatoria de fecha 24 de abril de 2017 se procede a su radicatoria, desde fecha 12 de abril de 2017 hasta la radicatoria han transcurrido 12 días descontando los sábados y domingos 8 días, consecuentemente atribuible al juzgado cautelar y al juez de sentencia de 8 días uno y del otro también 8 días. d) Finalmente, se tiene que desde la radicatoria de 23 de abril de 2017 hasta la orden de redistribución de causa conforme al al Instructivo 14/2023 de 11 de abril mediante providencia de 22 de junio de 2023, se ordena la distribución de causas recayendo ante este despacho judicial en fecha 29 de junio de 2023 y radicado en la referida fecha, han transcurrido 6 años, 1 mes y 29 de días, esta demora exclusivamente atribuible al Juzgado de Sentencia contra la Violencia Hacia la Mujer Nro. 1 antes Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la violencia Hacia la Mujer Nro. 1. 5.3. De lo analizado, en la etapa preliminar se tiene una demora injustificada de 1 año 9 meses y 24 días atribuible al Ministerio Publico; la etapa preparatoria se tiene una demora de de 5 meses y 25 días atribuible al Ministerio Publico y al órgano jurisdiccional; la remisión de antecedentes y hasta la radicatoria de 16 días atribuible al órgano jurisdiccional; los actos preparatorios de juicio desde la radicatoria hasta la redistribución de causa de 6 años, 1 mes y 29 de días es atribuible al órgano judicial que conocía la causa, por lo cual se tiene 8 años, 6 meses y 4 días demora atribuible conforme lo anteriormente señalado; habiendo sobrepasado los 3 años que establece el Art. 133 del Adjetivo Penal. 5.4. Ahora bien, corresponde dentro de estos plazos se encuentra actos que hayan dado lugar a suspensión de plazos legalmente autorizados, y interrupción de plazos que hayan dado nuevo cómputo. a) Se tiene que desde el primer actuado cursante en el cuaderno de control jurisdiccional hasta la radicatoria de este despacho judicial no se tiene ningún actuado que pueda haber dado y generado la interrupción de plazos, al no advertirse resolución de rebeldía, resolución de incidentes o excepciones infundadas que haya determinado la interrupción de plazos o se haya formulado recusaciones determinadas ilegales que hayan dado lugar interrupción de plazos, por lo cual no concurre actos que pueda ser considerado que haya generado la interrupción de plazos que genere nuevo cómputo de plazo. b) En relación a actos de suspensión de plazos, de la misma singularidad no se advierte ningún acto jurisdiccional que determine la suspensión de plazos, no siendo parte las vacaciones judiciales que pueda ser considerada como acto de suspensión, por lo cual no se advierte la suspensión de plazos. 5.5. De los señalado, sin mayor trámite y otras consideraciones se tiene que la presente causa a sobrepasado el plazo establecido en el Art. 133 del Adjetivo penal es decir, de 3 años, siendo que han transcurrido más de 8 años 6 meses y 4 días, al margen de los plazos establecidos normativamente, por lo cual perdiendo el Estado de ejercer el Ius Puniendi a consecuencia de la demora injustificada del Ministerio Público y de la autoridad judicial que conocieron el control jurisdiccional, correspondiendo extinguirlo de oficio en estricta aplicación de una justicia, pronta, oportuna y sin dilaciones, más aún que existe un abandono de la víctima y la institución encargada de la persecución penal de realizar el seguimiento para la resolución de la presente causa. POR TANTO: El Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la violencia hacia la Mujer Nro. 18 ante Juzgado de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Nro. 1 de la ciudad de La Paz, dentro el marco del Art. 133 en concordancia con el art. 27 num. 10 del Adjetivo Penal, DECLARA DE OFICIO EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL POR DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO bajo los fundamentos expuestos dentro la presente causa seguida por el Ministerio Publico en contra de HUASCAR JEIMY FLORES QUISBERT con caso COD. FUD: 201458033, notifíquese a las partes con la presente determinación, que en caso de agravios tiene el plazo de 3 días para interponer recurso de apelación a la misma; ejecutoriada la presente determinación archívese. REGÍSTRESE Y CÚMPLASE. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& FIRMA Y SELLO: MSC. DAEN. JAVIER PABLO MAMANI ZARATE --- JUEZ ---JUZGADO DE SENTENCIA PENAL ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 18º ---TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA---LA PAZ- BOLIVIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLA: Ante mí: JUDITH ROSALIA MAMANI PINTO --- SECRETARIA – ABOGADA --- JUZGADO DE SENTENCIA PENAL ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 18º --- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA LA PAZ – BOLIVIA -------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& El presente edicto es librado en la ciudad de La Paz, a los tres días del mes de julio de dos mil veinticuatro años. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


Volver |  Reporte