EDICTO

Ciudad: LA PAZ

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA PENAL Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER PRIMERO DE LA CAPITAL


EDICTO EL DR. JAVIER PABLO MAMANI ZARATE------------ JUEZ DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 18º DE LA CIUDAD DE LA PAZ. CUD: 201382111----------------------------------------------- A NOMBRE DE LA LEY. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HACE SABER: Que en el proceso penal que sigue el MINISTERIO PÚBLICO en contra de MARCELO EDWIN TAMAYO GONZALES por la comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA, se notifica con el presente Edicto a: MARCELO EDWIN TAMAYO GONZALES (IMPUTADO) y RUTH ANGELICA SAUCEDO CORTEZ (VICTIMA), con lo que se transcribe a continuación refiere: ---------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SE TRANSCRIBE RESOLUCION NRO. 498/2024 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2023----------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& RESOLUCIÓN Nro. 498/2024---------------------------------------------------------------------------------------------------------- JUZGADO DE SENTENCIA PENAL, ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER NRO. 18 DE LA CAPITAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COD: FUD: 2013822111--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DENTRO EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE MARCELO EDWIN TAMAYO GONZALES POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA. AUTO INTERLOCUTORIO DE OFICIO SOBRE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La Paz, a 3 de julio de 2024---------------------------------------------------------------------------------------------------------- VISTOS: Los antecedentes remitidos ante este despacho judicial, llega a las siguientes conclusiones y para sustentar la presente decisión: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. El Art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado señala como principio procesal la de legalidad, mismas que establece que la jurisdicción ordinaria se somete a la propia Constitución Política del Estado y a las leyes en la que el administrador de justicia este sometido a la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las partes, en este caso la presente resolución se somete precisamente a determinaciones que establece el Código de Procedimiento Penal así como de la norma Suprema.--------- 2. La seguridad jurídica es un principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada en el Art. 178 de la Constitución Política del Estado, y se entiende y se basa en la denominada certeza del derecho; en su aplicación, adquiere una connotación de convicción de inalterabilidad en situaciones similares. La seguridad jurídica, lleva al individuo a la convicción que su situación jurídica, con relación a su persona o sus bienes, no será modificada sino en las circunstancias previamente establecidas en la ley y mediante procedimientos igualmente legales y regulares. Por otro lado, se debe concebir que dentro el marco de la Constitución Política del Estado, constituye un principio rector del ordenamiento jurídico y que emana del Estado Constitucional de Derecho, conforme lo señala la doctrina: La seguridad jurídica debe hacer previsible la actuación estatal para el particular, tal actuación debe estar sujeta a reglas fijas. La limitación del poder estatal por tales reglas; es decir, leyes, cuya observancia es vigilada por la justicia, es contenido especial del principio de Estado Constitucional de Derecho; En efecto, la seguridad jurídica como principio emergente y dentro de un Estado Constitucional de Derecho, implica la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación Estado-ciudadano debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental.---------------------------------------------- 3. El Art. 133 del Adjetivo penal, establece en su último párrafo la autoridad judicial de oficio o a petición de parte declarará extinguida la acción penal por duración máxima del proceso, considerándose que por la demora injustificada en causa penales, es decir, la propia autoridad conforme a ley le otorga la faculta de emitir resolución de extinción de la acción de oficio, sin necesidad de que las partes hagan valer los derechos que le faculta en la etapa procesal correspondiente. ------------------------------------------------------- 4. Con relación a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso establecida en el Art. 133, en concordancia con el Art. 27 núm. 10 del adjetivo penal, podrá considerarse cuando el proceso como tal haya superado los máximos legales permitido por la norma. Esta duración máxima del proceso se deberá acreditar inexcusablemente que la dilación es atribuible al Ministerio Público o al Órgano Judicial, asimismo que no estén en limitaciones de exclusión de extinción. La norma precitada por el Art. 133 del Código de Procedimiento Penal establece que todo proceso tendrá una duración máxima de tres años contados desde el primer acto del procedimiento, salvo caso de rebeldía u otros actos que hagan que se interrumpan el cómputo de plazo legal, o en su caso se haya generado la suspensión de plazos de acuerdo a norma; por su parte el Art. 27 inc. 10 del mismo cuerpo legal, establece que la acción penal se extingue por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso; Sin embargo, la aplicación de dichos preceptos legales por las autoridades jurisdiccionales, requiere en cada caso concreto de una valoración integral de varios factores del debido proceso como relación al procesado, pero también al resguardo de las garantías jurisdiccionales que asisten a las otras partes procesales, ya sea Ministerio Público o el acusador particular, determinando y posibilitando de esa manera que la potestad de impartir justicia efectivice los principios ordenadores del sistema de administración de justicia. El sustento de la extinción de la acción penal por mora judicial tiene su base de sustentación en el derecho que tiene toda persona procesada penalmente a un proceso sin dilaciones indebidas, un derecho que forma parte de las garantías mínimas del debido proceso, consagrados por el Art. 3. c) del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y, Art. 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como un derecho a un proceso dentro de un plazo razonable, instrumentos normativos que forman parte del bloque de constitucionalidad, lo determina en el Art. 410 de la ley fundamental. La Sentencia Constitucional Nro. 010/2004 y Ac. 079/2004 ECA, ha definido que la extinción de la acción penal debe responder a una cuidadosa apreciación, en cada caso concreto, de los siguientes factores concurrentes al plazo previstos por la ley: a) La complejidad del asunto, referida no solo a los hechos, sino también a la cuestión jurídica; b) La conducta de las partes que intervienen en el proceso; y c) La conducta y accionar de las autoridades competentes, en este último caso para determinar si el comportamiento y accionar de las autoridades competentes fue manifiestamente negligente dando lugar a un desenvolvimiento del proceso fuera de las condiciones de normalidad. Se debe entender por un proceso sin dilación a aquel que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro del tiempo requiero y en el que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción, en este sentido este derecho se lesiona cuando el proceso penal no se desarrolla en condiciones de normalidad debido a la actuación negligente de las autoridades competentes, es decir, con un funcionamiento anormal de la administración de justicia, con una irregularidad irrazonable, dando lugar a que el proceso tenga una demora injustificada. Se debe establecer también que el transcurso del tiempo no es suficiente para viabilizar la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, porque como se mencionó precedentemente, no es el único elemento a analizarse para viabilizar esta petición, más al contrario, deberá verificarse que el proceso se hubiese desarrollado en condiciones normales y que la actuación negligentes de las autoridades competentes sea atribuible únicamente a éstas, y no así al aparato judicial, por no dotar de condiciones mínimas para la prosecución de los procesos como es la excesiva carga procesal y las constantes acefalías que se presentan el Órgano Judicial, aspectos que impiden a las autoridades jurisdiccionales concluir con la tramitación de las causas dentro el proceso y los plazos establecidos. ----------------------------------------------------------------------------------- 5. En el presente causo se tiene lo siguiente: se presenta inicio de investigación en fecha 13 de diciembre de 2013 y a la fecha que se encuentra en etapa de actos preparatorios de juicio con la notificación pendiente al imputado mediante edictos, habiendo transcurrido hasta la fecha 11 años, 5 meses y 19 días, habiendo sobrepasado el tiempo habilitado para su conclusión en todas sus etapas. -------------------- 5.1. El proceso penal se divide en etapas, la etapa preparatoria, la etapa de juicio oral, etapa de los recursos y la etapa de ejecución, cada uno con determinados plazos a ser cumplidas y corresponde verificar su cumplimiento de la misma y a quien es atribuible sobre la demora y si esa demora ingresa más allá del plazo establecido en el Art. 133 del Adjetivo penal. ----------------- 5.2. La etapa preparatoria se encuentra subdividido en dos etapas una preliminar y la etapa preparatoria como tal, y la etapa preliminar debe durar 20 días de investigación ampliables hasta los 60 días siempre exista solicitud expresa y aceptada por la autoridad judicial. ----------------------------------- a) Conforme a los antecedentes y datos que cursa el inicio de investigaciones que se pone a conocimiento desde fecha 13 de diciembre de 2013 y atendida mediante providencia de 17 de diciembre de 2013 el inicio de investigación, para luego en fecha 24 de enero de 2014 se solicita la ampliación de investigación y la autoridad judicial ampliando la investigación hasta 90 días, por lo cual considerándose las referidas fechas y plazos se tiene que desde el 13 de diciembre de 2013 y los 90 días ampliados, vencía para la conclusión de la investigación preliminar el día 13 de marzo de 2014 fecha límite que tenía el Ministerio Público tenía para formular requerimiento dentro los alcances del Art. 301 del Adjetivo penal, pero recién lo realiza el 18 de junio de 2015, es decir, desde el 13 de marzo de 2014 hasta el 18 de junio de 215, se tiene una demora de 1 año, 3 meses y 5 días mismas que es atribuible exclusiva del Ministerio Publico, siendo que el mismo cuenta con plazos legales que deben ser cumplidos sin excusa alguna, por otro lado, también es atribuible sobre el referido plazo, la autoridad cautela que realizaba en control jurisdiccional al no haber realizado el control de los plazos legales para la conclusión de la investigación preliminar. ------------------------------ b) Desde la imputación formal de fecha 18 de junio de 2015 hasta la notificación al imputado hasta el 21 de septiembre de 2015, se ha demorado 3 meses y 3 días para la notificación al imputado, demora atribuible al órgano jurisdiccional siendo que conforme al Art. 130 del Adjetivo penal los plazos son improrrogables y la notificación debió haberse realizado dentro las 24 horas siguientes de la providencia de la aceptación de la imputación formal. ---------------------------------------------------------- c) Desde la notificación con la imputación formal de fecha 21 de septiembre de 2015 corre los 6 meses para concluir la etapa preparatoria es decir venciendo en fecha el 21 de marzo de 2016, y se tiene que en fecha 30 de junio de 2016 se formula requerimiento fiscal acusatorio, por lo cual desde el 21 de marzo de 2016 hasta el 30 de junio de 2016 se tiene una demora procesal de 3 meses y 9 días ,atribuible al Ministerio Publico por no emitir en plazo legal el requerimiento conclusivo y por otra por parte de la autoridad de control jurisdiccional a no realizar el seguimiento del cumplimiento de plazos legales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- d) Desde el 1 de julio de 2016 hasta la remisión del juzgado cautelar en fecha 30 de septiembre de 2016 se tiene una demora 2 meses y 29 días atribuibles al juzgado cautelar que realiza el control jurisdiccional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- e) Desde la radicatoria de fecha 6 de octubre de 2016 realizada por el Juzgado 1ro de Sentencia Anticorrupción y violencia contra la mujer hasta la orden de redistribución de causas y la radicatoria ante este despacho judicial de fecha 24 de abril de 2023, se tiene una demora procesal de 6 años, 6 meses y 18 días, atribuibles al juzgado de sentencia 1ro anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- f) Se tiene que en fecha 9 de marzo de 2016 se emitido la Resolución Nro. 92/2016 donde se declara la rebeldía del imputado, actuado conforme al Art. 90 del Adjetivo Penal, interrumpiendo los plazos procesales y computándose la misma nuevamente, por lo cual desde las 0 horas del día 10 de marzo de 2016 debe correr el cómputo de nuevo plazo, y lo transcurrido no corresponde ser computable, en consecuencia se tiene que desde el 10 de marzo de 2016, y conforme a los datos del proceso la etapa preparatoria vencía para su conclusión en fecha el 21 de marzo de 2016, y se tiene que en fecha 30 de junio de 2016 se formula requerimiento fiscal acusatorio, por lo cual desde el 21 de marzo de 2016 hasta el 30 de junio de 2016 se tiene una demora procesal de 3 meses y 9 días ,atribuible al Ministerio Publico por no emitir en plazo legal el requerimiento conclusivo y por otra por parte de la autoridad de control jurisdiccional a no realizar el seguimiento del cumplimiento de plazos legales.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- g) Desde el 1 de julio de 2016 hasta la remisión del juzgado cautelar en fecha 30 de septiembre de 2016 se tiene una demora 2 meses y 29 días atribuibles al juzgado cautelar que realiza el control jurisdiccional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- h) Desde la radicatoria de fecha 6 de octubre de 2016 realizada por el Juzgado 1ro de Sentencia Anticorrupción y violencia contra la mujer hasta la orden de redistribución de causas y la radicatoria ante este despacho judicial de fecha 24 de abril de 2023, se tiene una demora procesal de 6 años, 6 meses y 18 días, atribuibles al juzgado de sentencia 1ro anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.3. De lo analizado, se tiene que desde la interrupción de plazos procesales ocurrido en fecha 9 de marzo de 2016 hasta la remisión ante este despacho judicial 7 años y 15 días, en la que 6 años y 6 mes y 18 días es exclusivamente atribuible a la autoridad judicial del juzgado de sentencia 1ro anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer, 2 meses y 29 días atribuible al juzgado cautelar por la demora de remisión de actuados, y de 3 meses y 9 días es atribuible al Ministerio Público por la demora de emitir el requerimiento conclusivo en el plazo legal, y al juzgado cautelar que realizaba el control jurisdiccional al no haber realizado el control jurisdiccional. 5.4. Ahora bien, corresponde dentro de estos plazos se encuentra actos que hayan dado lugar a suspensión de plazos legalmente autorizados, y interrupción de plazos que hayan dado nuevo cómputo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Se tiene identificado como se ha señalado la declaratoria de rebeldía del ahora imputado en fecha 9 de marzo de 2016 corriendo nuevo plazo desde 10 de marzo de 2016, pero se toma en cuenta desde la fecha del vencimiento de los 6 meses para emitir requerimiento conclusivo que vencía el 21 de marzo de 2016, por lo cual se excluye el tiempo transcurrido hasta el 10 de marzo de 2016. b) En relación a actos de suspensión de plazos, de la misma singularidad no se advierte ningún acto jurisdiccional que determine la suspensión de plazos, no siendo parte las vacaciones judiciales que pueda ser considerada como acto de suspensión, por lo cual no se advierte la suspensión de plazos. 5.5. De los señalado, sin mayor trámite y otras consideraciones se tiene que la presente causa ha sobrepasado el plazo establecido en el Art. 133 del Adjetivo penal es decir, de 3 años, siendo que han transcurrido más de 7 años y 15 días, al margen de los plazos establecidos normativamente, por lo cual perdiendo el Estado de ejercer el Ius Puniendi a consecuencia de la demora injustificada del Ministerio Público y de la autoridad judicial que conocieron el control jurisdiccional, correspondiendo extinguirlo de oficio en estricta aplicación de una justicia, pronta, oportuna y sin dilaciones, más aún que existe un abandono de la víctima y la institución encargada de la persecución penal de realizar el seguimiento para la resolución de la presente causa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- POR TANTO: El Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la violencia hacia la Mujer Nro. 18 antes Juzgado de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Nro. 1 de la ciudad de La Paz, dentro el marco del Art. 133 en concordancia con el art. 27 num. 10 del Adjetivo Penal, DECLARA DE OFICIO EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL POR DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO bajo los fundamentos expuestos dentro la presente causa seguida por el Ministerio Publico en contra de MARCELO EDWIN TAMAYO GONZALES con caso COD. FUD: 201382111, notifíquese a las partes con la presente determinación, que en caso de agravios tiene el plazo de 3 días para interponer recurso de apelación a la misma; ejecutoriada la presente determinación archívese. REGÍSTRESE Y CÚMPLASE. ------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& FIRMA Y SELLO: MSC. DAEN. JAVIER PABLO MAMANI ZARATE --- JUEZ ---JUZGADO DE SENTENCIA PENAL ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 18º ---TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA---LA PAZ- BOLIVIA----------------------------------------------------------------------------------------------------------- FIRMA Y SELLA: Ante mí: JUDITH ROSALIA MAMANI PINTO --- SECRETARIA – ABOGADA --- JUZGADO DE SENTENCIA PENAL ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 18º --- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA LA PAZ – BOLIVIA ------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& El presente edicto es librado en la ciudad de La Paz, a los tres días del mes de julio de dos mil veinticuatro años. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


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