EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: SALA CONSTITUCIONAL TERCERA


EDICTO DR. LEANDRO MAMANI MAMANI Y DR. HENRY MAIDA GARCIA.- VOCALES DE LA SALA CONSTITUCIONAL NRO. 3 DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA. PARA: MARIA EUGENIA CACHACA VILAR POR EL PRESENTE EDICTO HACEN SABER Y CONOCER A MARIA EUGENIA CACHACA VILAR, ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024, PROVEIDO DE 03 DE MAYO DE 2024, MEMORIAL DE 09 DE MAYO DE 2024, AUTO DE ADMISION DE AMPARO CONSTITUCIONAL DE 13 DE MAYO DE 2024, PROVEIDO DE 15 DE MAYO DE 2024, INFORME DE 20 DE MAYO DE 2024, PROVEIDO DE 20 DE MAYO DE 2024, PROVEIDO DE 20 DE MATO DE 2024, MEMORIAL DE 03 DE MAYO DE 2024, PROVEIDO DE 04 DE JUNIO DE 2024, MEMORIAL DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2024, PROVEIDO DE 24 DE MAYO DE 2024, PROVEIDO DE 01 DE JUNIO DE 2024 DENTRO LA ACCION CONSTITUCIONAL INSTAURADA POR HECTOR ANTEZANA MEJIA CONTRA DRES. OSCAR FLORERO FLORERO Y DRA PATRICIA TORRICO ORTEGA VOCALES DE SALA PENAL SEGUNDA, A CUYO FIN SE TRASCRIBEN LOS SIGUIENTES ACTUADOS:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024--------------------------------------- SEÑOR PRESIDENTE Y VOCAL DE TURNO DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA PRESENTA ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL OTROSI HECTOR ANTEZANA MEJIA, mayor de edad, hábil por derecho potador del C.I. N° 998841 Cbba, de ocupación abogado, presentándome ante su autoridad con el debido respeto expongo y pido. RELACION DE LOS HECHOS thes sop Señor presidente mediante memorial de fecha 3 de diciembre de 2020 mi persona ha realizado apelación restringida a la sentencia N° 47/2019 la misma que declaro la culpabilidad de mi persona imponiéndome una pena de 3 años y 6 meses de reclusión, estos hechos que causaban agrario a mi persona porque la ley se aplicó de forma errada, por lo que apele dicha resolución siendo radicada en la sala penal segunda de la capital la misma que confirma la sentencia apelada emitiendo el auto de vista N° 61/2023 de fecha 1 de julio de 2023, con el fin de seguir realizando mi defensa mi persona en forma diaria se apersonaba por las oficinas de la sala penal dos, con el fin de saber y hacerme notificar con las resultas de la apelación restringida formulada por mi persona, dentro la causa que me sigue MARIA EUGENIA CACHACA VILAR, por el delito de estafa, sin embargo en todas esas oportunidades a mi persona siempre expresaron personal de la sala que tenga paciencia que todavía no está la resolución de vista, pese a que mi persona dejo establecido como domicilio procesal en la Jordán N° 0542 of. 02 Planta baja, el resultado es que mi abogado es notificado con el auto de fecha 27 de febrero de 2024 en su ciudadania digital, recién me entero que la sentencia N° 47/2019 se había ejecutoriado, PERO A MI PERSONA NO SE NOTIFICO CON EL AUTO DE VISTA, por lo que me dedique a investigar donde se me habia notificado, Por tal motivo siendo que recién supe o tuve conocimiento de dichos actos de forma inmediata presente a la sala penal incidente de nulidad de notificación. El resultado de la investigación que hice fue que la oficial de diligencias de la sala penal segunda habia practicado la notificación con el auto de vista en fecha 1 de julio de 2023, en la calle Jordán N° 542 edificio My G oficina 2 en un lugar equivocado, PORQUE MI PERSONA EN MEMORIAL DE APELACION EN EL OTRO SI 3RO, SEÑALA PARA MI NOTIFICACION LA CALLE JORDAN 542 OF. DOS incluso en la puerta de mi oficina está impreso mi nombre HECTOR ANTEZANA MEJIA porque soy abogado de profesión, NO EN EL EDIFICIO My G que es diferente, en tal sentido habiendo puesto en su conocimiento de la sala penal la presidenta solicita de informe a la oficial de diligencias, la misma confirma en su informe que se notificó en el edificio M y G. ENTONCES CON CONOCIMIENTO LA PRESIDENTA DE LA SALA PENAL SEGUNDA UTILIZA EL AGUMENTO DE QUE MI PERSONA A COMBALIDADO LA NOTIFICACION PORQUE SEGÚN ELLA ME HABRIAN REEALIZADO OTRAS ACTUACIONES DE NOTIFICARME Y QUE EL PLAZO DE LOS 10 DIAS COMO DICE LA NORMA SE HABRIA PASADO, NO SEINDO LO CORRECTO, PORQUE MI PERSONA RECIEN TUVO CONOCIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA EN FECHA 21 DE MARZO DE 2024 FECHA EN QUE SE NOTIFICA A MI ABOGADO EN SU CIUDADANIA DIGITAL, POR ELLO DE FORMA INMEDIATA ESTANDO DENTRO EL PLAZO QUE DICE EL ART. 314 Y 315 DEL C.P.P. DERECHOS Y GARANTIAS VULNERADOS De la relación de los hechos se evidencia que se vulneraros los derechos a la defensa y al debido proceso, puesto que el hecho de que mi persona no fue notificado en lugar correcto y al haberse ejecutoriado el auto de vista N° 61/2023, impide que mi persona pueda recurrir de casación que es parte del derecho a la defensa que tiene mi persona, asi mismo la notificación en la dirección correcta es parte del debido proceso, entonces al haber emitido la sala penal representada por la vocal Patricia Torrico Ortega y Oscar Florero Florero, el auto de fecha 16 de abril de 2024 dentro el incidente de nulidad de notificación NUREJ-201508912, declarando infundado el incidente de nulidad y manifestando que es válida la notificación, vulnera esos derechos y garantías citando al efecto los arts. 115.11, 117.1 y 180 de la Constitución Politica del Estado (CPE). A través de la SC 0713/2010-R de 26 de julio, el Tribunal Constitucional transitorio, haciendo una interpretación del principio procesal de verdad material consagrado en la Constitución Politica del Estado, señaló: "El art. 180. I de la CPE, prevé que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio procesal de verdad material, que abarca la obligación del juzgador, a momento de emitir sus resoluciones, de observar los hechos tal como se presentaron y analizarlos dentro de los acontecimientos en los cuales encuentran explicación o que los generaron; de ello, se infiere que la labor de cumplimiento de este principio, refiere a un análisis de los hechos ocurridos en la realidad, anteponiendo la verdad de los mismos antes que cualquier situación, aunque, obviamente, sin eliminar aquellas formas procesales establecidas por la ley, que tienen por finalidad resguardar derechos y garantias constitucionales. El ajustarse a la verdad material, genera la primacia de la realidad de los hechos sobre la aparente verdad que pueda emerger de los documentos; aplicando este principio, debe prevalecer la verificación y el conocimiento de éstos, sobre el conocimiento de las formas. En ese contexto, el régimen de nulidades, estará subordinado únicamente a la violación de derechos garantias constitucionales; y en consecuencia, la inobservancia de las formalidades que no vulnere derechos garantias constitucionales, tendrá menos relevancia que justifique una declaratoria de nulidad a momento de realizar el trabajo de valoración de la actividad procesal que adolezca de algún defecto formal. El principio consagrado por la Constitución Politica del Estado, exige además a los litigantes y a los abogados que los patrocinan, lealtad procesal e idoneidad profesional, debida precisamente a que sus actuaciones y pretensiones deben encontrar pleno respaldo en la realidad fáctica". La SCP 0474/2014 de 24 de febrero, refirió que: "Los arts. 160 yss. del CPP, hacen referencia las notificaciones, determinando normas generales para la notificación de los actos y resoluciones de los tribunales y jueces en la administración de justicia. Del mismo modo, establecen formalidades que deben cumplirse en determinadas notificaciones con la finalidad de asegurar el respeto de derechos y garantías constitucionales, dado que al constituirse en actos de comunicación deben estar rodeadas de formalidades para que surtan plenos efectos. De modo que en estos casos, el juez o tribunal debe cuidar que las mismas se practiquen conforme manda la norma juridica, esto en razón de efectivizar y precautelar el respeto de los derechos y garantias de la partes. Asimismo, la SC 1526/2003-R de 27 de octubre, concluyó: que la regla general para las notificaciones la establece el art. 160 CPP, constituyendo la previsión del art. 163 del mismo cuerpo normativo la excepción a las anteriores, cuando exige el cumplimiento de la notificación personal con observancia de ciertas formalidades en los casos previstos en la misma disposición legal; excepción a la regla que se encuentra plenamente justificada a los efectos de asegurar el principio de contradicción e igualdad de las partes'. PETITORIO Por lo expuesto pido a sus autoridades concederme la tutela solicitada anulando el auto de fecha 16 de abril de 2024 dictado por la sala penal segunda en el incidente planteado de nulidad de notificación dentro el caso que siguen a mi persona, en consecuencia ordenen se vuelva a notificar a mi persona con el auto de vista N° 61/2023, en el lugar correcto con este actos restablezca mis derechos y garantias vulnerados, el pedido lo hago amparado en los Arts. 128 de la C. P. del Estado y Art. 51 en delante de la ley 254 del C. P. Constitucional. OTROSI PRIMERO. Los demandados responden a los nombres de Patricia Torrico Ortega y Oscar Florero Florero, ambos son vocales de la sala penal segunda del tribunal departamental de justicia de la ciudad de Cochabamba. OTROSI SEGUNDO. En calidad de prueba literal pre constituido acompaño a fs. 56. OTROSI TECERO. Con el fin de que su autoridad verifique el lugar donde debiese notificarme pido inspección del lugar donde se notificó en forma errada. OTROSI CUARTO. Para fines de notificación señalo el celuiar N 70790739., correo electrónico murisandro4 gmail.com. OTROSI QUINTO. Notificaciones a funcionario judicial. Cochabamba, 02 de mayo de 2024. PROVEIDO DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2024----------------------------------------------------------------------------- A, 03 de mayo de 2024 Con carácter previo a determinar lo que corresponda, en función al Art. 33 numeral 2), 4), 5) y 8) del Código Procesal Constitucional la accionante deberá cumplir las siguientes observaciones: 1) Deberá aclarar la legitimación pasiva de los accionados, conforme a sus fundamentos y los motivos documentales por los cuales se determina contra los mismos, en base a lo determinado por SC 0264/2004-R de 27 de febrero y 1286/2022-S2, de 27 de septiembre, además deberá acompañar sus domicilio claros y concretos, a fin de ser habidos. 2) Aclare cual o cuales son las resoluciones que pretenden dejar sin efecto a través de la presente acción, que se encuentren dentro los parámetros del principio de subsidiariedad, debiendo acompañar los mismos ya sea en copias simple o legalizada con sus respectivas cartillas. 3) Deberá especificar de forma más sucinta, clara y precisa la relación de hechos que eventualmente habrían ocurrido y que vulnerarían sus derechos fundamentales con relación la resolución vulneradora. 4) Esta parte deberá especificar cuales es el nexo causal del los supuestos Derechos vulnerados (Derecho a la defensa y el debido proceso) y los argumentos vertidos. 5) Aclare su petitorio, tomando en cuenta lo establecido en la SC 0381/2007- R de 10 de mayo que señala: ...el Juez de tutela está obligado a conferir solamente lo que se le ha pedido; esto muestra la enorme importancia que tiene el petitium de la causa, pues, el Juez está vinculado a la misma; esto es, deberá conceder o negar el petitorio formulado...". Debiendo cumplir las observaciones que anteceden en tercero dia de su legal notificación, bajo alternativa de tenerse por no presentada esta Acción de Amparo Constitucional, conforme establece el Art. 30 numeral 1) de la citada Ley. Notifique funcionario. FDO. - Dr. HENRY MAIDA GARCIA y Dr. LEANDRO MAMANI MAMANI. Vocal Presidente y Vocal de la Sala Constitucional No. III. Ante Dra. Janet Nazaret Mencia Baptista, mi Secretario de Camara. Doy Fe. MEMORIAL DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2024---------------------------------------------------------------------------- SEÑOR VOCAL DE LA SALA CONSTITUCIONAL N 3 CUMPLE LO ORDENADO OTROSI NUREJ-30429655 HECTOR ANTEZANA MEJIA, dentro la acción de amparo constitucional en contra de los vocales de la sala perial segunda, ante su autoridad con el debido respeto expongo y pido. He sido notificado con el decreto de fecha 3 de mayo de 2024, por el que su autoridad en forma previa, cumpliendo lo ordenado manifiesto que: 1. Los demandados quienes son vocales de la sala han ordenado la notificación con el auto de vista N° 61/2023 (Fs. 7 al 13 de la prueba acompañada con memorial principal de demanda), en mi domicilio señalado en memorial de apelación de fecha 3 de diciembre de 2020 en calle Jordán N° 542 Of. 2, los funcionarios de la sala no lo hicieron en dicho domicilio (fs. 3 al 6 de la prueba acompañada), lo hicieron en otro domicilio calle Jordán 542 edificio M y G que no es lo correcto (Fs. 16 de la documental acompañada), de este hecho me entero recién cuando le notificaron a mi abogado en fecha 21 de marzo de 2024 con el auto de fecha 27 de febrero de 2024 emitido por el tribunal de sentencia N° 2(fs. 1 y 2 de la documental acompañada), por lo cual de forma inmediata mi persona dentro los 10 días que dice la norma establecida en el art. 314 y 315 hace conocer como incidente a la sala penal segunda (fs.), para que los vocales puedan declarar la nulidad de notificación, sin embargo los vocales por rechazan mi incidente de nulidad arguyendo que habría convalidado el acto de la nulidad no siendo lo correcto, en tal sentido al ser los vocales quienes rechazan mi pedido que son los llamados a controlar mis garantías constitucionales no lo hacen además esta parte considera que dicha resolución emitida por los vocales demandados no tiene otro recurso, por lo cual se aclara la legitimación pasiva de los demandados siendo que ellos debían velar por el cumplimiento de la norma citada. 1.1. Así mismo cumplo 10 ordenado manifestando que mi domicilio procesal se ubica en la Calle Calama N° 450 of. 12, celular 70790739, correo murisandros gmail.com. 2. La resolución que pretendo dejar sin efecto es el auto de nulidad de notificación de fecha 16 de abril de 2024 y la notificación de fecha 11 de enero de 2024 realizada por el funcionario de la sala penal segunda, acompaño cartilla. 3. Los hechos ocurrieron tal y cual describo en el punto 1 del presente memorial a mayor abundamiento manifiesto que los recursos, de apelación y de casación son parte del derecho a la defensa que tenemos todos los estantes y habitantes del territorio nacional, en tal sentido al haberme notificado en el lugar incorrecto de m domicilio procesal me restringe ese derecho, puesto que la notificación era con el auto de vista de rechaza la apelación restringida realizada por mi persona. 4. la notificación en el lugar correcto con una resolución como el auto de vista, nos otorga a las partes el derecho a la defensa, y una notificación mal realizada vulnera el debido proceso, En cuanto a la obligatoriedad del debido proceso, la SCP 0051/2012 ya señalada, citando a su vez a la SC 0119/2003-R de 28 de enero, señaló que: "() vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales. Por otra parte, cabe resaltar que, el debido proceso, como instrumento jurídico destinado a materializar los valores jurídicos de la justicia e igualdad, está compuesto por elementos como el derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la defensa material y técnica, derecho a no ser juzgado sin dilaciones indebidas, etc. (...) Lo que significa que sólo a través del debido proceso los referidos valores juridicos se materializan en su verdadera dimensión, que la sentencia o resolución, sea el resultado de la correcta aplicación del ordenamiento juridico y la participación activa de las partes en el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad". En cuanto a los elementos que integran el debido proceso se estableció que son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural: derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantia de presunción de inocencia: derecho a la comunicación previa de la acusación: derecho a la defensa material y técnica: concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa: derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantia del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (...); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantia general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia..." (SCP 1023/2012 de 5 de septiembre). DERECHO A LA DEFENSA El derecho a la defensa fue entendido por la jurisprudencia constitucional como: "potestad inviolable que posee toda persona que intervenga en un proceso judicial o administrativo, permitiendo definir sus intereses legitimos ante actos que vayan en desmedro de sus derechos fundamentales a ser oido en todo momento, impugnar decisiones, presentar prueba y otras, antes que se emita un fallo o determinación, así lo establece el art. 115. II y 119.II de la CPE". Así la SCP 0480/2012 de 6 de julio. Por otra parte, el derecho a la defensa conforme lo estableció la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, señaló que este derecho "precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas autoridad que impidan restrinjan su ejercicio...". En tal sentido la vigencia del derecho a la defensa permite a las partes el poder sustentar los argumentos de sus pretensiones y refutar lo argumentando por la parte contraria, y el poder ser escuchados mediante los medios previstos por ley para el efecto, consecuentemente cuando se vulnera el derecho a la defensa se lesiona el debido proceso. Entre los derechos comprendidos por el derecho a la defensa se encuentran "el de ser asistido por un abogado, que se encuentra previsto en el art. 9 del CPP, el derecho a la defensa material, consagrado en el art. 8 del mismo cuerpo legal, el derecho a un tiempo razonable para preparar la defensa (art. 340 del CPP), EL derecho a una comunicación privada con su abogado defensor (art. 84 del CPP), el derecho a que el Estado le motorgue un defensor cuando el imputado careciere de medios o no nombrare un defensor particular (art. 9 in fine del CPP), el derecho a acceder a las pruebas de cargo e impugnarlas y derecho a no ser obligado a declarar contra si mismo, ni contra sus parientes (art.121 de la CPE). Finalmente, dentro del derecho a la defensa, también se encuentra el derecho a ser asistido por un traductor o intérprete" (SCP 0647/2012 de 2 de agosto). El derecho al acceso a la justicia implica la posibilidad que tiene toda persona, independientemente de su condición económica, social o de cualquier otra naturaleza, de acudir ante los tribunales para formular pretensiones o defenderse de ellas, de obtener un fallo de esos tribunales. 5.- reitero mi pedido es la anulación del auto dictado por la 5 sala penal segunda en fecha 16 de abril de 2024 y la cartilla de notificación de fecha 11 de enero de 2024 porque no se realizó la notificación en el lugar correcto. OTROSI PRIMERO. Notificaciones a funcionario judicial. Cochabamba, 9 de mayo de 2024 AUTO DE ADMISION DE FECHA 13 DE MAYO DE 2024--------------------------------------------------------------- A, 13 de mayo de 2024 VISTOS: Habiéndose dado cumplimiento a las observaciones realizadas por proveido de fecha 03/05/2024, se pasa a providenciar la demanda de fecha 04/05/2024 de la siguiente forma: Se ADMITE la acción de Amparo Constitucional interpuesta por Héctor Antezana Mejía contra Dres. Patricia Torrico Ortega y Oscar Florero Florero Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y como tercera interesada se tiene a María Eugenia Cachaca Vilar. a) En previsión del Art. 128 y siguientes de la Constitución Política del Estado, citese a los Dres. Patricia Torrico Ortega y Oscar Florero Florero Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y a la tercera interesada María Eugenia Cachaca Vilar; con la acción tutelar de defensa presentada en sus domicilios señalado; se determina que los accionados, presenten sus informes y/o demás documentación atinente al caso, 24 horas antes de la realización de la audiencia, debiendo a ese efecto coordinar con el oficial de diligencias de esta Sala Constitucional Tercera que tiene como número de celular el 63980021, pudiendo, en todo caso, realizar vía digital a través de los medios informáticos existentes (WhatsApp) o Buzón Judicial del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. b) Se señala dia y hora audiencia pública para la consideración y resolución de la acción tutelar; el día lunes, 20 de mayo de 2024, a horas 11:00, la misma que se realizará vía PLATAFORMA VIRTUAL "CISCO WEBEX MEETINGS", conforme al protocolo emanado por el Órgano Judicial, cuyo link (enlace), se enviará a las partes 10 minutos antes de la hora señalada, esto por el oficial de diligencias de esta Sala Constitucional, por lo que las partes deberán conectarse en audiencia virtual 05 minutos antes de la citada hora para la respectiva verificación. Señalamiento que se realiza para esa fecha en razón de que la agenda de actuaciones de esta Sala- se encuentra recargada. Se deja claramente establecido que, las actuaciones procesales se practicarán - en lo posible a través de medios digitales y/o informáticos virtuales existentes, debiendo las partes fundamentalmente la parte accionante) proveer al Secretaria de Cámara, así como al Oficial de Diligencias, las direcciones, ya sea buzón de ciudania digital, correo electrónico y WhatsApp para ulteriores actuaciones. Al otrosí primero. A lo principal. Al otrosí segundo. Por acompañada la prueba documental descrita. Al otrosi tercero. De momento, estese al desarrollo de la audiencia. Al otrosi cuarto. Por señalado correo electrónico y números de celular, para fines de notificación, tómese en cuenta por el oficial de diligencias de la presente Sala. Se pasa a providenciar el memorial de "Cumple to ordenado Al otrosi primero. Notifique funcionario. FDO. - Dr. HENRY MAIDA GARCIA y Dr. LEANDRO MAMANI MAMANI. Vocal Presidente y Vocal de la Sala Constitucional No. III. Ante Dra. Janet Nazaret Mencia Baptista, mi Secretario de Camara. Doy Fe. PROVEIDO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2024----------------------------------------------------------------------------- A, 15 de mayo de 2024. En atención al informe que antecede, en aplicación de los principios de impulso del proceso, celeridad y no formalismo establecido en el art. 3 numerales 3), 4), y 5) del Código Procesal Constitucional, además del derecho a la defensa, se dispone, que la parte accionante, en el día de su notificación, haga conocer a este Tribunal de Garantias, el Domicilio Real o laboral de la tercera interesada, Maria Eugenia Cachaca Florero, ello a efectos de proceder con la correcta citación de la prenombrada, con su resultado se dispondrá lo que en derecho corresponda. Notifique Funcionario. FDO. - Dr. HENRY MAIDA GARCIA y Dr. LEANDRO MAMANI MAMANI. Vocal Presidente y Vocal de la Sala Constitucional No. III. Ante Dra. Janet Nazaret Mencia Baptista, mi Secretario de Camara. Doy Fe. INFORME DE 20 DE MAYO DE 2024---------------------------------------------------------------------------------------- SEÑORES VOCALES DE LA SALA CONSTITUCIONAL III INFORME DE LOS VOCALES QUE SUSCRIBEN OSCAR FLORERO FLORERO Y PATRICIA TORRICO ORTEGA, Vocales de la Sala Penal Segunda, respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por Héctor Antezana Mejia, informan lo siguiente: 1. ANTECEDENTES. A efectos de presentar el informe correspondiente, es necesario en principio tomar en cuenta los siguientes antecedentes relativos al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Hector Antezana Mejía, por la comisión del delito tipificado y sancionado por el Art. 335 de Código Penal como son: Que habiéndose remitido en grado de apelación restringida el proceso penal de referencia, este Tribunal de Alzada Mediante Auto de Vista No 61/2023 de 1 de julio de 2023 resolvió dicho recurso declarando improcedente el recurso planteado, en consecuencia se confirmó la sentencia pronunciada en primera instancia. II . DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL PLANTEADA. El accionante sostiene que a los fines de realizar el seguimiento al recurso de apelación restringida planteado dentro la presente causa se apersono en reiteradas ocasiones ante secretaria de la Sala Penal Segunda a efectos de su notificación, sin embargo en todas esas oportunidades le manifestaron que tenga paciencia que todavía no estaba la resolución de vista, pese a que dejó establecido como domicilio procesal la calle Jordán No. 0542 of. 02 planta baja, el resultado es que su abogado es notificado con el Auto de fecha 27 de febrero de 2024 en su ciudadania digital, recién se enteró que la sentencia 47/2019 habria sido ejecutoriada, pero que a su persona no se le notifico con el Auto de Vista, ante esta situación procedió a presentar de forma inmediata el incidente de nulidad de notificación, toda vez que esta parte advirtió que la Oficial de Diligencias de la Sala Penal Segunda habia practicado la notificación con el Auto de Vista en fecha 1 de julio de 2023 en la calle Jordán No. 542 edificio M y G, oficina 2 en un lugar equivocado, toda vez que en el memorial de apelación en el otrosi 3ro, señalo como domicilio la calle Jordán No. 542 oficina 2, que incluso en la puerta de su oficina está impreso su nombre, no en el edificio M y G que es diferente, que previo informe la oficial de diligencias confirmó este aspecto, siendo este extremo de conocimiento de la vocal de la sala penal segunda uso el argumento de que su persona convalidó la notificación porque según ella se habrian realizado otras actuaciones de notificarle y que el plazo de los 10 días como dice la norma se habria pasado, no siendo lo correcto porque su persona tuvo conocimiento, porque su persona recién tuvo conocimiento de la ejecutoria de la sentencia en fecha 21 de marzo de 2024 fecha en la que se notificó a su abogado en su ciudadanía digital, por ello estando dentro del plazo que dice el Art. 314 y 315 del CPP. Manifiesta la vulneración a los derechos a la defensa y al debido proceso al haber sido notificado en el lugar incorrecto y al haberse ejecutoriado el Auto de Vista No. 61/2023 impidiendo que su persona pueda recurrir de casación que es parte de su derecho a la defensa, que la notificación en la dirección correcta es parte del debido proceso, cita los Arts. 115.II, 117.1 y 180 de la CPE., solicitando se conceda tutela anulando el Auto de fecha 16 de abril de 2024 emitido por esta Sala Penal, disponiendo se vuelva a notificar a su persona con el Auto de Vista No. 61/2023 en el lugar correcto. 1. ALCANCES DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL SEGÚN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. La Acción de Amparo Constitucional ha sido instituida como una acción de defensa, que al tenor del Art. 128 de la Constitución Política del Estado y establece: "La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Al respecto, en ese mismo sentido el Art. 51 del Código Procesal Constitucional, prevé que: "La Acción de Amparo Constitucional tiene el objeto garantizar los derechos de toda persona natural o juridica, reconocidos por la Constitución Politica del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir. Por otro lado, cabe tener presente que para que proceda la Acción de Amparo Constitucional en contra de resoluciones judiciales, se debe demostrar que las autoridades judiciales, al momento de emitir sus respectivas resoluciones, cometieron actos ilegales con los cuales se amenace, restrinja o suprima derechos y garantias fundamentales, esto en consideración a que la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar al fondo de lo que resolvieron, en ese entendido la S.C. Nº 2471/2010-R de 19 de noviembre señalo: "La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el ámbito de protección de las acciones tutelares, y más específicamente del amparo constitucional, ha sido clara en el sentido de que si bien es posible que esta acción proceda contra resoluciones judiciales, lo hace bajo determinadas condiciones, así lo establece la SC 0203/2003-R de 21 de febrero, que a la letra dice: "...cabe recordar la naturaleza de funciones y competencias diferentes que tiene la jurisdicción constitucional como la jurisdicción ordinaria. En la primera, si bien es cierto, es posible revisar las resoluciones de la ordinaria, sólo puede hacerselo cuando aquellas se sustentan en una violación a un derecho o garantía constitucional y además cuando se han agotado todas las instancias para dejar sin efecto la lesión...". Dentro del mismo razonamiento la SC 0560/2003-R de 29 de abril, estableció lo siguiente:"...cuando el amparo es planteado contra resoluciones judiciales, a la jurisdicción constitucional sólo le corresponde analizar si ellas constituyen o contienen actos ilegales u omisiones indebidas que amenacen, restrinjan o supriman derechos y garantías fundamentales, pues está impedida de ingresar al fondo de lo que resuelven, ya que esta compulsa concierne únicamente a la jurisdicción ordinaria. En este entendido, los fundamentos que se hubiesen expuesto en la demanda del recurso respecto a que la parte contraria del recurrente en el juicio ordinario tenga o no la razón, no pueden ser objeto de análisis alguno en una Sentencia Constitucional". En el mismo sentido la SC 1237/2004-R de 3 de agosto, manifestó: "...el amparo constitucional es una garantía jurisdiccional para otorgar tutela a una persona cuando se verifique que sus derechos fundamentales han sido restringidos o suprimidos de manera ilegal o indebida, por lo mismo no es un recurso ordinario que forma parte de los procesos judiciales o administrativos previstos por la legislación ordinaria; por lo mismo, el amparo constitucional no puede ser utilizado por las partes que intervienen en un proceso judicial como una vía para exigir que la jurisdicción constitucional revise si la decisión adoptada por la autoridad judicial tiene signos de incoherencia en su estructura de los fundamentos jurídicos, si la interpretación de las normas aplicables al caso concreto es correcta o si la prueba fue debidamente valorada o no; pues cabe aclarar que la jurisdicción constitucional, sólo revisará una decisión judicial cuando existan evidencias materiales de que se vulneraron los derechos fundamentales o garantías constitucionales..." ...no corresponde a la jurisdicción constitucional, someter a un juicio de valoración legal los fundamentos expresados en una decisión judicial impugnada por la via del amparo, salvo que hubiese una evidente lesión de un derecho fundamental por errores sustantivos, esto es, cuando dichos fundamentos estuviesen basados en una norma claramente inaplicable al asunto...". La jurisprudencia constitucional, además de establecer los citados limites para la procedencia de las acciones de amparo contra decisiones judiciales, construyó la doctrina de las autorestricciones para la jurisdicción constitucional, con el objeto de delimitar los ámbitos entre ésta y la jurisdicción ordinaria, conforme a lo siguiente: 1) La relevancia constitucional. En virtud a esta autorestricción, el error o defecto denunciado en el amparo constitucional debe provocar lesión al debido proceso, causar indefensión material y dar lugar a que la decisión impugnada en caso de subsanarse el error- tenga diferente resultado. Aclarándose que en todos estos casos, es el accionante, el que debe explicar en su demanda todos estos aspectos. En ese sentido, la SC 0995/2004-R de 29 de junio, estableció:"...los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantias fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la via del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos juridicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados". 2) La no valoración de la prueba: Auto restricción que impide a este Tribunal analizar la valoración de la prueba efectuada por los jueces y Tribunales ordinarios. Así, la SC 0577/2002-R de 20 de mayo que estableció: "...la facultad de valoración de la prueba aportada corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por lo que el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, y menos atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes." Siguiendo el mismo razonamiento, la SC 0965/2006-R de 2 de octubre, estableció las excepciones a la no valoración de la prueba, conforme al siguiente razonamiento:"...siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantias constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma". La jurisprudencia también precisó que, en los casos en que se impugna la valoración de la prueba, el recurrente, ahora accionante, está obligado a señalar en qué medida "dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada, puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos... (SC 0956/2006-R). Este mismo entendimiento ha sido asumido en las SSCC 0089/2010-R, 0083/2010-R, 0040/2010-R, 0055/2010-R, 0025/2010-R. 3)La no interpretación de la legalidad ordinaria, autorestricción que impide al Tribunal Constitucional analizar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por los jueces y tribunales ordinarios, y que fue establecida por la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, en la que además se señaló el deber de los administradores de justicia de no quebrantar los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, que a la letra dice: "Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento juridico, entre ellos, los de legalidad, seguridad juridica, igualdad, proporcionalidad, jerarquia normativa y debido proceso, principios a los que se hallan vinculados todos los operadores juridicos de la nación; dado que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección requerida, a través de las acciones de tutela establecidas en los arts. 18 y 19 de la Constitución, ante violaciones a los derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una interpretación que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y valores constitucionales". También en este caso, de conformidad a la SC 0085/2006-R de 25 de enero, el accionante debe expresar en su recurso -ahora acción- "1. (...) por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y 2. Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional. En ese entendido, el accionante no debe limitarse a hacer un relato de los hechos, sino que debe explicar no sólo por qué considera que la interpretación no es razonable, sino también cómo esa labor interpretativa vulneró sus derechos y garantias. Este entendimiento ha sido adoptado por la SC 0083/2010-R de 4 de mayo. De lo desarrollado previamente, se concluye que efectivamente la jurisprudencia constitucional ha establecido claramente que no puede analizar aquellos defectos o errores procesales que no tienen relevancia constitucional, y que la jurisdicción ordinaria tiene como atribuciones exclusivas la valoración de la prueba y la interpretación de la legalidad ordinaria; sin embargo, tales atribuciones deben ser ejercidas dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales y que debe prevalecer aquellas interpretación que mejor concuerde con los principios establecidos por la propia Constitución Politica del Estado vigente, cuyo texto y espíritu es más amplio y garantista que el anterior marco constitucional, siendo compatibles con el nuevo marco constitucional, por tanto, la jurisprudencia y las autorestricciones anotadas, con el marco constitucional vigente.". En el mismo sentido la Sentencia Constitucional 1943/2010-R de 25 de octubre, entre otras. Por otro lado, la linea jurisprudencial existente con relación a la interpretación de la legalidad ordinaria en la jurisdicción constitucional, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0770/2013-L de 01 de agosto, señaló: "Al respecto la SCP 1359/2012 de 19 de septiembre, mencionando a su vez a la SCP 0364/2012 de 22 de junio, dejó establecido que: "Con relación a la interpretación de la legalidad ordinaria, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional contenida en la SC 1846/2004-R, ha señalado que: "Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento juridico, entre ellos, los de legalidad, seguridad juridica, igualdad, proporcionalidad, jerarquia normativa y debido proceso principios a los que se hallan vinculados todos los operadores juridicos de la nación, dado que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección requerida, a través de las acciones de tutela establecidas en los arts. 18 y 19 de la Constitución, ante violaciones a los derechos y garantias constitucionales, ocasionadas por una interpretación que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y valores constitucionales' En ese sentido, cabe puntualizar que la jurisdicción constitucional, dada su naturaleza y fines, está impedida de revisar o sustituir por otra, la interpretación de la legalidad ordinaria realizada con plenitud de jurisdicción y competencia por los jueces y tribunales de la jurisdicción común, en el conocimiento y resolución de los casos sometidos a su discemimiento, puesto que la potestad de impartir justicia que emana del pueblo boliviano, conforme al art. 178.1 de la CPE, se sustenta, entre otros, en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad juridica, probidad, pluralismo jurídico, interculturalidad y equidad; de donde la labor que el orden constitucional reconoce a los jueces y tribunales, no puede ser perturbada con la utilización de acciones constitucionales, con un mero afán dilatorio, buscando prolongar injustificadamente la resolución de los procesos, a menos que medie una evidente lesión de derechos y garantias constitucionales, fruto de una interpretación arbitraria, carente de fundamentación suficiente o con error evidente". Respecto a los requisitos que deben cumplirse, para que este Tribunal pueda ingresar a analizar la interpretación de la legalidad ordinaria, la SC 0854/2010-R de 10 de agosto, indicó que se debe: 1) Exponer de manera adecuada, precisa y debidamente fundamentada, los criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación de la norma al caso concreto; es decir, por qué le resulta 'insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo. 2) Exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos en la interpretación que considera lesiva a sus derechos, siendo insuficiente la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas'. 3) Qué derechos fundamentales han sido lesionados con dicha interpretación que considera arbitraria y a los resultados que hubiese arribado con la interpretación que indica es la correcta, 'estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional", El debido proceso, bajo el nuevo orden constitucional instituido por la Constitución Politica del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009, al margen de tener una triple dimensión según han interpretado las Sentencias Constitucionales 0086/2010-R y 0223/2010-R, los Arts. 115.ll, 117.1, 137 y 180 de la Constitución Política del Estado, conciben el debido proceso como derecho fundamental, como garantía y también principio procesal, a través del cual se pretende buscar un proceso justo, imponiendo a los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones el deber de cuidar que los juicios se Ileven sin vicios de nulidad, como también el de tomar decisiones acordes al principio de legalidad que emerge de la Constitución Politica del Estado. En el sub lite de la normativa jurisprudencial citada precedentemente y las citas legales, se tiene que en el caso presente, se puede concluir que ha momento de emitir el Auto de Vista de 61/2023 de 1 de julio de 2023, así como la resolución de 16 de abril de 2024, no se vulnero derechos y garantias de persona alguna, por el contrario, el mismo contiene fundamentos necesarios y suficientes ceñidos a la normativa penal adjetiva vigente, doctrina y jurisprudencia constitucional aplicable, por lo tanto su contenido no vulnera derecho constitucional alguno de las partes y menos del ahora accionante, por el contrario pretende que la via constitucional revise la "interpretación de este Tribunal de Alzada en el mencionado Auto de Vista, por la única razón de que no sea del agrado del accionante, utilizándose la Acción de Amparo Constitucional como una "via recursiva", forzando una instancia inexistente en el procedimiento penal sin corresponder a la jurisprudencia constitucional, toda vez que el ámbito de la competencia constitucional no puede ingresar a analizar entendimientos de las autoridades jurisdiccionales en las resoluciones emitidas por estas cuando se encuentran debidamente fundamentadas; consecuentemente, solicitamos a sus autoridades que actúan como Tribunal de Garantias Constitucionales, denieguen la acción tutelar de Amparo Constitucional. II. EL PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN Y SUS LIMITACIONES LEGALES. Ahora bien, es importante precisar que el derecho a la impugnación se encuentra garantizado en el Art. 180 II de la Constitución Política del Estado, no es menos evidente que como todo derecho, no es absoluto y encuentra sus límites en la propia Ley. El Art. 396 Num. 3) del Código de Procedimiento Penal, instituye las reglas generales para la sustanciación del recurso en reflejo de la reserva legal al derecho a la impugnación que se materializa a través del recurso que no puede ser entendido como medio absoluto, sino que debe cumplir con las condiciones de forma, tiempo y legitimidad conforme desarrolla el Auto Supremo N° 286/2017 de 18 de abril, en efecto la regla general instituido en la norma procesal precedentemente señalada refiere de que los recursos se interpondrán en las condiciones no solamente de tiempo, SINO TAMBIÉN LAS DE FORMA CON INDICACIÓN ESPECIFICA DE LOS ASPECTOS CUESTIONADOS DE LA RESOLUCIÓN, los que en definitiva constituyen en doctrina el agravio entendido como la lesión de un derecho cometido en una resolución judicial por inobservancia de la ley o por haberse dejado de aplicar la que rige el caso en concreto extensible en el Sistema Procesal Penal Boliviano a la jurisprudencia y al sistema de la sana critica, de donde deviene que la configuración del control normativo como competencia del Tribunal de Alzada instituida en el Art. 398 Procesal referido precisamente a la obligación de que este Tribunal deba circunscribir la resolución aquellos aspectos cuestionados de la resolución; DE DONDE RESULTA QUE LA CARGA ARGUMENTATIVA RECURSIVA SUSTENTADA EN AQUELLOS ASPECTOS CUESTIONADOS DE LA RESOLUCIÓN DELIMITAN LA INTERVENCIÓN DE ESTE TRIBUNAL, EN AUSENCIA DE ELLOS ES LÓGICO QUE SE DESCONOZCA CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE OBSERVA LA PARTE APELANTE Y QUE EN SU CRITERIO PODRÁ CONSTITUIR AGRAVIOS A OBJETO DE EFECTUAR ESTE CONTROL NORMATIVO. En relación al tema, el Tribunal Constitucional de la Nación emitió la Sentencia Constitucional La Sentencia Constitucional Plurinacional 0244/2018-S2 de 12 de junio, citando la SCP 0295/2012 de 8 de junio, establece el siguiente entendimiento: "...Interpuesto y admitido este recurso, se abre la competencia del tribunal de alzada únicamente para la revisión sobre cuestiones de derecho y no de hecho que hubieran sido resueltas por la autoridad judicial a quo; ya que no constituye una nueva instancia en la que sea admisible la consideración de nueva prueba por el tribunal de apelación, que está obligado únicamente a pronunciarse sin más trámite sobre la base exclusiva de los puntos cuestionados de la resolución de primera instancia, ciñéndose a su competencia establecida en el art. 398 del CPP, por cuanto a través del recurso de apelación incidental se impugnan los agravios que el juzgador de primera Instancia pudo causar al emitir su fallo. (...) En ese orden de ideas, la apelación incidental no puede sustanciarse en elementos probatorios distintos a los considerados y ponderados por el juez a quo; de hacerlo, su revisión sería intrascendente, por cuanto los agravios tendrían un sustento sustancialmente diferente a los fundamentos de la resolución cuestionada, de donde resulta la imposibilidad de admitir prueba en apelación incidental sobre lo ya resuelto por el inferior, puesto que desvirtuaria la naturaleza y alcance del recurso de alzada que se reitera- tiene por objeto únicamente conocer y resolver los puntos apelados en relación al contenido de la resolución emitida por el juzgador a quo y eventualmente corregir las irregularidades en las que habria incurrido al asumir su determinación Razonamiento que implica el cambio de linea jurisprudencial establecido por las SSCC 1181/2006-R, 1432/2010-R y 1036/2011-R". (el resaltado no es parte del texto original) A su vez el Auto Supremo 286/2017- RRC del 18 de abril, establece: "(...) el derecho al recurso no es absoluto, pues su existencia primero y su ejercicio después va a depender de la concurrencia de todos y cada uno de los presupuestos, requisitos o condiciones de admisibilidad del recurso; además, no puede ser ejercitado por cualquier persona, ni de cualquier forma, pues su ejercicio exige el cumplimiento de una serie de condiciones legalmente establecidas". En el caso particular, es menester hacer hincapié para el caso de las notificaciones en tribunales de alzada debe considerarse, la Sentencia Constitucional N° 1270/2012 de 19 de septiembre 1270/2012 de 19 de septiembre de 2012 donde en el párrafo III.5 ha señalado lo siguiente: "que la notificación con el auto de Vista dictado dentro el proceso penal sea que confirme o no la resolución recurrida en apelación necesaria inexcusablemente deberá ser notificada personalmente o en el domicilio fijado por el agraviado en el memorial de apelación o en el ultimo que hubiera constituido en el proceso penal, debiendo en consecuencia observarse las normas previstas en la ley adjetiva penal y los razonamientos expresados en la Sentencia Constitucional Plurinacional citada"," Por su parte la SC N° 0287/2003-R de 11 de marzo, remitiéndose a la jurisprudencia comparada, ha señalado que los actos procesales son válidos en la medida en que cumplen adecuadamente la finalidad que conllevan sin lesionar derecho fundamental alguno; sin que meras formalidades insustanciales puedan invalidar los mismos, y que: "(...) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (..) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad.... De ello se infiere que este Tribunal de Alzada analizo el planteamiento de HÉCTOR ANTEZANA MEJÍA, quien solicitó la nulidad de la notificación del Auto de Vista, argumentando que la notificación se realizó en un domicilio distinto al señalado en su memorial de apelación restringida, lo cual vulneraría su derecho a la defensa, la resolución del Tribunal se fundamentó en una serie de principios rectores de la nulidad procesal, establecidos en la jurisprudencia constitucional y la doctrina legal aplicable, como el principio de finalidad o instrumentalidad de las formas, toda vez que la validez del acto procesal no se subordina únicamente a la inobservancia de formas o requisitos, sino al vinculo entre el vicio observado y la finalidad del acto, el principio de especificidad en relación a que no hay nulidad sin texto legal que la prevea explícitamente, principio de trascendencia siendo que no hay nulidad del acto si el defecto formal no afecta las garantías esenciales de la defensa en juicio o no produce un perjuicio irreparable a las partes, principio de convalidación, en el entendido de que las nulidades procesales pueden subsanarse con el consentimiento expreso o tácito del interesado, principio de protección que advierte que no se invalida un acto procesal si no existe un interés lesionado que reclame protección. A ello se debe considerar que el Art. 314 del Código de Procedimiento Penal establece que los incidentes deben plantearse dentro de los diez días siguientes a la notificación o conocimiento del acto que vulnere un derecho, en el presente caso el recurrente no especifico con respaldo cuándo tomó conocimiento del acto, lo cual impide al Tribunal verificar si el incidente se presentó en tiempo hábil, el incumplimiento del plazo legal implica la convalidación del acto procesal defectuoso, en tal sentido el Tribunal concluyó que no se puede subsanar la falta de argumentación y prueba por parte del recurrente, conforme a los principios procesales de convalidación y preclusión, máxime si el Tribunal verificó que múltiples notificaciones previas se realizaron en el mismo domicilio ahora cuestionado, sin que antes se haya planteado objeción alguna, esto indica la conformidad tácita del recurrente con el domicilio procesal utilizado para las notificaciones, en consecuencia el Tribunal, basado en los fundamentos expuestos, declaró infundado el incidente de nulidad de notificación planteado por HÉCTOR ANTEZANA MEJÍA, la diligencia de notificación fue considerada válida, y se ordenó la prosecución del proceso y la devolución de los antecedentes al Juzgado de origen, en tal sentido la decisión del Tribunal se encuentra debidamente fundamentada en principios jurídicos y procesales, se demostró que el recurrente no cumplió con los requisitos necesarios para plantear el incidente de nulidad dentro del plazo legalmente establecido, y que no se produjo una lesión grosera a sus derechos., las notificaciones se realizaron conforme a los datos del proceso y en el domicilio señalado consistentemente en otras diligencias, siendo esto asi se cumplió con el trámite procesal correspondiente, no advirtiéndose vulneración a derecho ni garantía constitucional alguno, máxime si el incidentista ahora accionante planteo su incidente de nulidad de notificación de forma extemporánea, vale decir fuera de los 10 días que establece el Art. 314 del CPP, operando incluso la preclusión y convalidación de los actos procesales Por todo lo expuesto, al carecer totalmente de sustento legal la acción de defensa intentada en contra de las autoridades que suscriben, solicitamos se niegue la tutela demandada. OTROSI.- Debido a que las suscritas autoridades tienen audiencias programadas en la jornada, solicitamos respetuosamente se excuse nuestra presencia en la Audiencia de Amparo Constitucional. Cochabamba, 20 de mayo de 2024 FDO. - Dr. Oscar Florero Florero. Vocal Presidente sala penal segunda. PROVEIDO DE 20 DE MAYO DE 2024-------------------------------------------------------------------------------------- A, 20 de mayo de 2024. Se tiene presente el informe de los Dres. Oscar Florero F. y Patricia Torrico Ortega, Vocales de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de este Distrito, el mismo que será considerado en la audiencia señalada. Al otrosí.- Se tiene presente. Notifique Funcionario. FDO. - Dr. HENRY MAIDA GARCIA y Dr. LEANDRO MAMANI MAMANI. Vocal Presidente y Vocal de la Sala Constitucional No. III. Ante Dra. Janet Nazaret Mencia Baptista, mi Secretario de Camara. Doy Fe. PROVEIDO DE 20 DE MAYO DE 2024-------------------------------------------------------------------------------------- A, 20 de mayo de 2024. De antecedentes procesales se tiene que, este Tribunal de Garantias, por decreto de fecha 15 mayo de año en curso, ha dispuesto que la parte accionante haga conocer el domicilio real o laboral de la señora Maria Eugenia Cachaca Florero (tercera interesada), sin embargo, hasta la presente fecha el señor Héctor Antezana Mejía (accionante), no ha dado cumplimento a esa determinación; consecuentemente, esa situación hace inferir que la citada tercera interesada, no ha sido legalmente citada y mucho menos tiene conocimiento de la presente acción titular; si esto es asi, se generaria su indefensión, máxime si la resolución que vaya a emitir esta Sala Constitucional es de cumplimiento inmediato conforme se observa de la linea Constitucional sentada por el TCP, a través de los AC 0217/2014-RCA y AC 0052/2014-RCA. Consecuentemente, en mérito a lo señalado lineas arriba; y, en aplicación de los principios de impulso del proceso, celeridad y no formalismo establecidos en el art. 3 numerales 3), 4), y 5) del Código Procesal Constitucional, SE DEJA SIN EFECTO el Auto de fecha 13/05/2024, solo en lo que respecta al señalamiento de audiencia, manteniéndose incólume en lo demás; y siendo que se desconoce el domicilio real o laboral de la tercera interesada prenombrada, se DISPONE la notificación del titular de SERECI, a objeto de que, por la sección que corresponda, emitían certificación del Padrón Biométrico donde consta el "Domicilio Electoral" de la señora María Eugenia Cachaca Florero (tercera interesada); asi como al Titular de SEGIP, a objeto de que, extienda certificación respecto al domicilio real y actual de la citada señora María Eugenia Cachaca Florero, la misma que es solicitada con la finalidad de identificar el lugar donde pueda ser habida, sea a la brevedad posible, y con su resultado se dispondrá lo que en derecho corresponda. Notifique Funcionario. FDO. - Dr. HENRY MAIDA GARCIA y Dr. LEANDRO MAMANI MAMANI. Vocal Presidente y Vocal de la Sala Constitucional No. III. Ante Dra. Janet Nazaret Mencia Baptista, mi Secretario de Camara. Doy Fe. MEMORIAL DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2024---------------------------------------------------------------------------- SEÑOR PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL N° 3 PRESENTA CERTIFICACIONES QUE INDICA Y PIDE CONMINATORIA OTROSI NUREJ-30429655 HECTOR ???????? MEJIA, dentro la acción de amparo constitucional seguido en contra los vocales de la sala penal segunda, ante su autoridad con el debido respeto expongo y pido. Con el fin de saber el domicilio del tercero interesado MARIA EUGENIA CACHACA VILAR, se procedió a notificar al SERECI Y SEGIP, sin embargo de haberse notificado a la misma resulta que las certificaciones indican el nombre errado es decir MARIA EUGENIA CACHACA FLORERO, por lo que pido conminar a estas instituciones que informen, sobre los datos exactos de MARIA EUGENIA CACHACA VILAR no así de otra persona. OTROSI PRIMERO. Notificaciones a funcionario judicial. Cochabamba, 03 de junio de 2024 PROVEIDO DE 04 DE JUNIO DE 2024-------------------------------------------------------------------------------------- A, 04 de junio de 2024. Siendo evidente lo manifestado por la parte accionante; y, en aplicación de los principios de impulso del proceso, celeridad y no formalismo establecidos en el art. 3 numerales 3), 4), y 5) del Código Procesal Constitucional, se dispone la notificación del titular de SERECI, a objeto de que, por la sección que corresponda, emitia certificación del Padrón Biométrico donde consta el "Domicilio Electoral" de la señora María Eugenia Cachaca Vilar; asi como al Titular de SEGIP, a objeto de que, extienda certificación respecto al domicilio real y actual de la citada señora María Eugenia Cachaca Vilar, la misma que es solicitada con la finalidad de identificar el lugar donde pueda ser habida, sea a la brevedad posible, y con su resultado se dispondrá lo que en derecho corresponda. Al otrosí primero. Notifique Funcionario. FDO. - Dr. HENRY MAIDA GARCIA y Dr. LEANDRO MAMANI MAMANI. Vocal Presidente y Vocal de la Sala Constitucional No. III. Ante Dra. Janet Nazaret Mencia Baptista, mi Secretario de Camara. Doy Fe. MEMORIAL DE 19 DE JUNIO DE 2024-------------------------------------------------------------------------------------- SEÑOR PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL N° 3 PRESENTA CERTIFICACIONES QUE INDICA OTROSI NUREJ-30429655 HECTOR ???????? dentro MEJIA, la acción de amparo constitucional seguido en contra los vocales de la sala penal segunda, ante su autoridad con el debido respeto expongo y pido. Con el fin de saber el domicilio del tercero interesado MARIA EUGENIA CACHACA VILAR, se procedió a notificar al SERECI Y SEGIP, por lo que acompaño las certificaciones del SERECI Y EL SEGIP, las mismas de forma general señalan como domicilio la Zona de Pacata, sin especificar que numero de casa y calle es por lo que dejo a su sano criterio si debe notificar en los lugares señalados. OTROSI PRIMERO. Notificaciones a funcionario judicial. Cochabamba, 19 de junio de 2024 PROVEIDO DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024----------------------------------------------------------------------------- A, 24 de junio de 2024 Habiendo dado cumplimiento al proveido de fecha 04/06/2024; y, en aplicación de los principios de impulso del proceso, celeridad y no formalismo establecidos en el art. 3 numerales 3), 4), y 5) del Código Procesal Constitucional. se señala dia hora de audiencia pública para la consideración y resolución de la acción, el día LUNES 01 DE JULIO de 2024, a horas 11:00. Señalamiento que se realiza para esa fecha en razón de que la agenda de actuaciones de esta Sala- se encuentra recargada, debiendo citarse a la señora Maria Eugenia Cachaca Florero (tercera interesada), con la demanda de acción tutelar, Auto de Admisión y demás actuados pertinentes, en la dirección proporcionada por las instituciones de SEGIP y SERECI; asimismo, notifiquese a las partes con el presente proveido. Al otrosi 1.- Notifique Funcionario. FDO. - Dr. HENRY MAIDA GARCIA y Dr. LEANDRO MAMANI MAMANI. Vocal Presidente y Vocal de la Sala Constitucional No. III. Ante Dra. Janet Nazaret Mencia Baptista, mi Secretario de Camara. Doy Fe. PROVEIDO DE 01 DE JULIO DE 2024--------------------------------------------------------------------------------------- A, 01 de julio de 2024 En atención al Informe efectuado por el Oficial de Diligencias de la Sala Constitucional III, que en su tenor refiere que, no pudo efectivizar la diligencia de citación de la tercera interesada Sra. María Eugenia Cachaca Florero, quien desconoce de la presente acción, hecho que generaria indefensión en su contra, máxime si la resolución que vaya a emitir esta Sala Constitucional es de cumplimiento inmediato conforme se observa de la observancia de la linea Constitucional sentada por el TCP, a través de los AC 0217/2014-RCA y AC 0052/2014-RCA. Consecuentemente, en mérito a esa representación y en aplicación de los principios de impulso del proceso, celeridad y no formalismo establecidos en el art. 3 numerales 3), 4), y 5) del Código Procesal Constitucional, SE DEJA SIN EFECTO el señalamiento de audiencia realizado por el proveido de fecha 24/06/2024; ?. señala nueva audiencia pública para la consideración y resolución de la acción, para el día JUEVES 11 de JULIO de 2024, a horas 11:00. Señalamiento que se realiza para esa fecha en razón de que la agenda de actuaciones de esta Sala- se encuentra recargada, y con el fin de que se practique la diligencia de notificación de la tercera interesada en tiempo oportuno; en ese entendido, se dispone la citación de la citada tercera interesada Sra. María Eugenia Cachaca Vilar, mediante edictos a través del sistema HERMES, con la acción de amparo, auto de admisión y el presente señalamiento y demás actuados pertinentes, y sea con un intervalo de 5 días, esto conforme lo establece el art. 78 parágrafo II) del CPC., de igual manera, notifíquese a todas las partes con el presente señalamiento de audiencia. Notifique Funcionario. FDO. - Dr. HENRY MAIDA GARCIA y Dr. LEANDRO MAMANI MAMANI. Vocal Presidente y Vocal de la Sala Constitucional No. III. Ante Dra. Janet Nazaret Mencia Baptista, mi Secretario de Camara. Doy Fe. ES CUANTO SE TIENE ORDENADO POR PROVEIDO DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2024, PARA QUE DÁNDOSE CUPLIMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SEA PUBLICADO EN EL SISTEMA INFORMATICO HERMES. COCHABAMBA, 02 DE JULIO DE 2024.


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