EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: SALA PENAL CUARTA


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA ÓRGANO JUDICIAL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA SALA PENAL CUARTA PARA LA PARTE ACUSADA: SATURNINO ALMANZA VEIZAGA EDICTO LA DRA. MARIELA CAMACHO BARRANCOS VOCAL – PRESIDENTE DE LA SALA PENAL CUARTA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA.--- POR EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO Y SE NOTIFICA A SATURNINO ALMANZA VEIZAGA CON LA DECISIÓN TOMADA EN AUTO DE VISTA DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2023 Y DECRETO DE 11 DE JUNIO DE 2024; DICTADO DENTRO EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA SATURNINO ALMANZA VEIZAGA POR EL DELITO DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ART. 48 CON RELACION AL ART. 33 INC. M) DE LA LEY 1008, A MÉRITO DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA FORMULADO POR EL ACUSADO SATURNINO ALMANZA VEIZAGA CONTRA LA SENTENCIA DE 25 DE FEBRERO DE 2013, A CUYO FIN SE TRANSCRIBEN LAS PARTES PERTINENTES Y NECESARIAS: --- ****************************************************************************************** --------------------------------------------------------------------AUTO DE VISTA------------------------------------------------------- VISTOS:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En grado de apelación la Sentencia de 25 de febrero de 2013, y;--------------------------------------------------------- CONSIDERANDO I:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I.1. ANTECEDENTES DEL PROCESO:------------------------------------------------------------------------------------------------- Dentro el proceso penal señalado al exordio, se pronunció la Sentencia de 25 de febrero de 2013que declara a SATURNINO ALMANZA VEIZAGA, AUTOR del delito de TRANSPORTE DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, previsto y sancionado por el Art. 48 con relación al Art. 33 inc. m) de la Ley 1008, CONDENÁNDOLE A DOCE AÑOS DE PRESIDIO, a cumplir en el Recinto Penitenciario de “El Abra” y 4380 días multa a razón de Bs, 1 por día.--- Dicha resolución fue legamente notificada atodas las partes y contra ella el prenombrado procesado formuló recurso de apelación restringida por escrito de Fs. 164 a 169, recurso que fue sustanciado conforme a procedimiento,mereciendo el pronunciamiento del MP de Fs. 185 a 186, por lo que estando cumplidas las formalidades de Ley, se dispuso la remisión de la causa ante el superior en grado, radicando la causa inicialmente ante la Sala Penal Tercera y posteriormente ante esta Sala Penal Cuarta, instancia donde se procedió al sorteo respectivo conforme a la cronología de llegada de las causas.---- I.2. CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN:--------------------------------------------------------------------------------- En el escrito de apelación de Fs. 164 a 169 presentado por SATURNINO ALMAZA VEIZAGA se exponen los siguientes fundamentos extractados:--- ? Como primer agravio, denuncia como defecto de la sentencia el previsto en el Art. 370-1) del CPP relativo a la errónea aplicación de la ley, señalando a este respecto que en el punto DECISIÓN JURÍDICA Y FUNDAMENTACIÓN DE HECHO Y DERECHO efectúa una incorrecta Subsunción de los hechos o de su conducta a la tipificación delictual prevista en la norma sustantiva, por cuanto se estableció que en fecha 22 de agosto de 2011 a horas 07:00 a.m. en la localidad de Matarani cuando personal policial se encontraba al ingreso de una comunidad observaron que de un camino de herradura salió una motocicleta con dos ocupantes, que al percatarse de la presencia de los funcionarios de UMOPAR, se dieron a la fuga, siendo interceptados sobre el camino principal, bajándose de la motocicleta y emprender fuga en direcciones diferentes, procediendo el Cap. Raúl Omonte a la persecución de uno de los sujetos que llevaba una mochila azul, siendo capturado en un sembradío, procediendo a realizar la revisión de la mochila donde encontraron un paquete con cinta masquin color beige, conteniendo en su interior una sustancia blanquecina, la misma que sometida a prueba de narco-test dio positivo para cocaína, que realizado el pesaje de la sustancia controlada dando como resultado 1.735 gramos de cocaína en estado seco, antecedentes de los que se desprende que su persona se trasladaba cargado de una mochila en una motocicleta, es decir que su conducta se SUBSUME EN EL DELITO DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, en grado de complicidad y no así al delito de Tráfico de Sustancias Controladas, cuyos elementos constitutivos son completamente diferentes al delito de transporte de sustancias controladas, previsto en el Art. 55 de la Ley 1008, considerando que no fue detenido traficando los precursores encontrados en la mochila que llevaba en la motocicleta y menos se encontraba conduciendo la indicada motocicleta. Y el delito de trasporte de sustancias controladas de acuerdo a la interpretación efectuada por la Excma. Corte Suprema de Justicia en el Auto Supremo N° 417 de 19 de agosto de 2.003, ha establecido que: "Los delitos emergentes de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, son de carácter formal y no de resultados; al respecto la doctrina moderna sostiene que el transporte de sustancias controladas de un lugar a otro, sin autorización legal sea este aéreo, terrestre, lacustre u otro medio, se halla penado por ley y que éste delito queda consumado en el momento en que se descubre e incauta la droga, siendo indiferente si la sustancia controlada llegó o no a su destino ni la distancia recorrida. De ahí que en delitos de narcotráfico, la parte sustantiva de la Ley 1008, tiene como vertiente la teoría finalista del delito, en la que los medios empleados no son tan importantes, sino el fin que persigue el delito propiamente dicho; por ello tratándose de transporte de sustancias controladas el 'animus delicti' trazado por el art. 55 de la Ley 1008, con claridad señala que comete este cualquier sustancia controlada'. Para configurar este hecho ilícito, sólo se requiere de dos elementos: a) que el agente sepa que lo que transporte es ilícito y b) que el traslado de la sustancia controlada se realice por cualquier medio de transporte, sea terrestre, aéreo, acuático u otro que implique traslado o desplazamiento, sin que la interrupción en la comisión del delito, sea un elemento determinante para no considerar como consumado el mismo, si de por medio existieron factores preparatorios certeros e inequívocos, que marcaron indefectiblemente la relación de causa-efecto. Por consiguiente, será delito consumado, cuando el agente realiza actos previos, como ser adquirir la droga, almacenar la misma, esconder, trasladar de un lugar a otro, es decir, que absorbe en si todos los actos ejecutivos precedentes, los cuales se integran y se compenetran en aquel para formar un solo ente jurídico". Por otra parte el Auto Supremo No. 315 de 25 de agosto de 2.006, ha establecido que: "el delito de transporte de sustancias controladas, está constituido por dos elementos: a) a sabiendas el sujeto traslada transporta la sustancia controlada y b) conoce que lo que transporta es ilícito y penado por la ley; sin embargo a pesar de la prohibición de la Ley, el agente desafía al derecho... Por lo que, en todo proceso penal, el tribunal de sentencia que incurra en inadecuada Subsunción del delito al margen del hecho factico, la pruebas concurrentes y la circunstancias que motivaron la comisión, vulnera el principio de legalidad generando inseguridad jurídica en la sociedad, puesto que es la sociedad la que deposita su confianza en los Tribunales, no solo para exigir necesariamente la condena a los autores de delitos de sustancias controladas, sino para esperar del juzgador una decisión estrictamente ceñida en la legalidad”. Aspecto que en el presente caso, no ha sucedido, considerando que el Sr. Juez de Partido Mixto Liquidador y de Sentencia de Tarata en la motivación de los fundamentos de la sentencia de fecha 25 de febrero de 2.013, no ha efectuado una correcta SUBSUNCION DE MI CONDUCTA AL TIPO PENAL CORRECTO, siendo que los fundamentos de la acusación y la prueba aportada demuestran que mi conducta se adecua al delito de transporte de sustancias controladas, previsto en el Art. 55 de la Ley 1.008, con relación al Art. 76 de la misma norma legal, correspondiendo al Tribunal de Alzada, la NULIDAD DE LA SENTENCIA y la reposición del juicio por otro tribunal. Por otra parte también se vulnero los Arts. 38, 39 y 40 del Cdgo. Penal, por cuanto la autoridad jurisdiccional sin haber realizado una correcta valoración de la prueba signada como MP-P-13, MP-P-14 y MP-P-17, le impone una pena excesiva, esto sin tomar en cuenta mis antecedentes, las atenuantes a favor de mi persona y mi condición humilde. Asimismo, se le sanciona con cuatro mil trescientos ochenta días multa a razón de 1 Bs. por día, como si mi persona se tratara de un magnate del narcotráfico, sin tomar en cuenta mi condición humilde y campesina, citando la S.C. No. 727/2003-R de 03 de junio de 2003, S.C. No. 1075/2.003-R de 24 de julio de 2003, S.C. No. 1056/2.003-R de 28 de julio de 2003.---- ? Como según agravio, denuncia la inexistencia de fundamentación siendo contradictoria con relación al valor otorgado a los elementos de convicción en los que se basa la resolución, invocando el Art. 370-5) del CPP con relación alArt. 124 del mismo cuerpo legal, señalando que la sentencia apelada si bien está dividida en varias subtitulaciones o párrafos, el primero ENUNCIACION DEL HECHO Y CIRCUNSTANCIAS DEL OBJETO DEL JUICIO, donde realizan una descripción del hecho que dio origen al ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Publico, el segundo la DECISION JURIDICA Y FUNDAMENTOS DE HECHOS Y DE DERECHO donde consigna los fundamentos tanto del Ministerio Publico, declaraciones de los imputados, así como la fundamentación de la defensa; también incluye el DESFILE DE LA PRUEBA, tanto de CARGO como de DESCARGO con el detalle de la prueba judicializada, y un CONSIDERANDO que describe la FUNDAMENTACION PROBATORIA DESCRIPTIVA, INTELECTIVA Y VALORACION, en principio hace mención a la prueba literal signada como MP.P-1 correspondiente al informe elaborado por el Sgto. Raúl Ramírez Mamani, manifestando cuando se encontraban al ingreso de una comunidad observaron que de un camino de herradura salió motocicleta con dos ocupantes, que al percatarse de la presencia de los funcionarios de UMOPAR, se dieron a la fuga, siendo interceptados sobre el camino principal, bajándose de la motocicleta y emprender fuga en direcciones diferentes, procediendo el Cap. Raúl Omonte a la persecución de uno de los sujetos que llevaba una mochila azul, siendo capturado en un sembradío, procediendo a realizar la revisión de la mochila, donde encontraron un paquete con cinta masquin color beige, conteniendo en su interior una sustancia blanquecina, la misma que sometida a prueba de narco-test dio positivo para cocaína, que realizado el pesaje de la sustancia controlada dando como resultado 1.735 gramos de cocaína en estado seco. En cuanto a las pruebas literales MP-P-1, MP-P-3, MP-P-4, MP-P-5, MP-P-6, MP-P-7, MP-P-8, MP-P-9, MP-P-10, MP.P-11 y MP.P-12, las mismas que demostrarían que en el interior de la mochila de llevaba cargado en la motocicleta, se habría encontrado un paquete envuelto con cinta masquin color beige, conteniendo en su interior una sustancia blanquecina con olor característico a cocaína, habiéndose realizado la prueba correspondiente dando como resultado positivo para cocaína, habiéndose realizado el pesaje dando como resultado 1.735 gramos de cocaína, que posteriormente fue incinerado dicha sustancia, dando a dicha prueba un valor relevante. De lo anotado anteriormente y de la prueba descrita se tiene que mi persona fue interceptado en una motocicleta en la localidad de Matarani, que como refiere la autoridad jurisdiccional, fui sorprendido TRANSPORTANDO 1.735 gramos base de cocaína, mercadería que sería de mi pleno conocimiento, por lo que a decir del Sr. Juez mi accionar estaría enmarcada en el Art. 55 de la Ley 1.008, empero, me condena por el delito de tráfico de sustancias controladas, por lo que existe una contradicción en la fundamentación de la presente sentencia y la prueba producida en audiencia de juicio oral. Y, en el único CONSIDERANDO: indica que estando establecida la autoría del delito de dentro de las previsiones del Art. 48 de la ley 1008 de 19 de julio de 1988 con referencia al Art. 33 inc. m) del mismo compilado legal y Art. 230 del Cdgo. de Pdto. Penal como imputable a mi persona, sin realizar ninguna fundamentación jurídica al respecto, de donde queda en evidencia que en la sentencia apelada existe ausencia de la fundamentación jurídica; llamada error in procediendo por omisión, pues los aspectos fundamentados para sustentar la condena de mi persona fueron realizados de manera insuficiente o contradictoria, lo que habilita en apelación restringida, el reclamo por inexistencia, insuficiencia o contradicción en la fundamentación. APLICACION QUE SE PRETENDE: Estando identificado el defecto señalado, aplicación que se pretende es la contemplada en el primer parágrafo del art. 413 del CPP.. Referida a la nulidad de la sentencia, por cuanto la Juez, está obligado a justificar sus actos y resoluciones, e indicar las razones, causas y fundamentos por los cuales asume tal determinación del fallo, no solo tiene valor procesal sino también extraprocesal porque trasciende a los sujetos involucrados en el caso concreto, por cuanto, el hermetismo, la arbitrariedad y el secreto son propios de sistemas políticos totalitarios. La motivación del fallo así considerada, no solo permite un adecuado control de la actividad jurisdiccional, sino que también otorga a las partes, la posibilidad de recurrir en caso de desacuerdo, la documentación descriptiva cumple funciones distintas, la primera es una relación completa de los medios de prueba, de ahí que el presente recurso denuncia que la fundamentación descriptiva es insuficiente al igual que la fundamentación intelectiva, y la fundamentación jurídica simplemente ha sido sustituida por la transcripción literal del Art. 48 con relación al 33 inciso m) de la ley 1.008 por lo que SIMPLEMENTE NO EXISTE.--- ? Como tercer agravio, denuncia que la sentencia adolece del defecto contenido en el Art. 370-6) del CPP, puesto que se le condena por el delito de Tráfico de Sustancias controladas, básicamente por el hecho de que supuestamente dicha sustancia la estaría transportando para vender, tener en depósito, realizar transacciones económicas, algo inexistente por cuanto en audiencia de juicio oral el Ministerio Publico no pudo probar ese extremo y solamente con ciertas suposiciones me condena a 12 años de presidio por el delito de tráfico de sustancias controladas, y no así por el delito de transporte. Asimismo, denuncia una valoración defectuosa de la prueba, toda vez que de la prueba aportada por el Ministerio Publico, tanto literales como la única testifical, demuestran que mi persona transportaba dicha sustancia (cocaína) en un motorizado (MOTOCICLETA), sin embargo el Sr. Juez, de manera contradictoria me condena por el delito de tráfico, hecho inexistente, por cuanto la sustancia estaba siendo transportada en una motocicleta, lo cual fue confirmado por la única Pol. Elvira Morales que fue presentado en el juicio oral, la misma que lo transportaba simplemente por necesidad y ganarme unos pesos, y no con la finalidad de realizar transacciones económicas, como fue entendida por el Sr. Juez.--- Pidiendo que, en base a estos argumentos se le declare ABSUELTO DE PENA Y CULPA o en su caso se declare la NULIDAD TOTAL DE LA SENTENCIA y sea repuesto el juicio por otro Tribunal.- CONSIDERANDO II:-- II.1. NORMATIVA QUE DELIMITA EL ACCIONAR DE ESTE TRIBUNAL DE ALZADA---------------------------------------- Para resolver el recurso planteado corresponde citar el Art. 398 del Código de Procedimiento Penal que delimita el área de pronunciamiento de este Tribunal de Alzada al señalar: “Los Tribunales de Alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”.---- Sobre esta norma, el Tribunal Constitucional a través de la S.C. 0222/2010-R de 31 de mayo, entre otras, ha señalado que: “Antes de entrar al análisis del caso concreto es necesario referirse al deber de los tribunales de alzada de circunscribir sus fallos única y exclusivamente a los aspectos expresamente impugnados por el apelante, es decir que los tribunales están impedidos de ponderar o analizar otros supuestos que no fueron impugnados o cuestionados, esto en resguardo del principio establecido en el art. 400 del CPP".---- Asimismo, en la S.C. 0593/2012 de 20 de julio, señaló que: “...toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el Juez A quo".--- Por lo que, corresponde resolver en base a este marco normativo la cuestión planteada.----------------------- II.2. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO----------------------------------------------------------------------------------- El Art. 396-3) del Código de Procedimiento Penal, señala: "...Los recursos se interpondrán, en las condiciones de tiempo y forma que se determina en este Código, con indicación específica de los aspectos cuestionados de la resolución".---- A su vez, el Art. 407 del mismo cuerpo jurídico describe: "El recurso de apelación restringida será interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la ley. Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir, salvo en los casos de nulidad absoluta o cuando se trate de los vicios de la sentencia, de conformidad a lo previsto por los Artículos 169º y 370º de este Código. Este recurso sólo podrá ser planteado contra las sentencias y con las limitaciones establecidas en los artículos siguientes...".---- Finalmente, el Art. 408 Id. prevé: "El recurso de apelación restringida será interpuesto, por escrito en el plazo de 15 días de notificada la sentencia. Se citarán concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y se expresará cual es la aplicación que se pretende. Deberá indicarse separadamente cada violación con sus fundamentos. Posteriormente no podrá invocarse otra violación".---- De estas normas se infiere que a tiempo de interponer un recurso de apelación restringida debe citarse inexcusablemente, de manera concreta y precisa las disposiciones legales que se consideran violadas o erróneamente aplicadas además de expresar cuál es la aplicación que se pretende, indicando separadamente cada violación con sus fundamentos, con el advertido de que posteriormente no podrá invocarse otra violación, exigencia que se explica porque el Tribunal tiene que saber cuál es la norma procesal o sustantiva que el procesado considera inobservada o erróneamente aplicada y fundamentalmente, cuál es la aplicación de la norma que se pretende.---- En relación a la fundamentación del recurso o lo que en doctrina se denomina expresión de agravios, tanto el TSJ como el TCP han emitido amplia jurisprudencia en TCP en sentido de que, en resguardo de los principios de impugnación, pro homine y pro actione, no debe actuarse extrema rigurosidad, pues debe procurarse la resolución del recurso en el fondo y solo en aquellos casos de extrema carencia de elementos suficientes para su consideración debe optarse por la inadmisibilidad.---- Así, en el AS. N° 216/2017-RRC de 21 de marzo, en un recurso de apelación restringida precisó: "...el Tribunal de apelación no debe aplicar las normas en su estricta literalidad, ni actuar arbitrariamente en el ejercicio del poder valorativo para determinar si un recurrente ha cumplido o no con los requisitos de admisibilidad, esta labor tiene su freno en la Constitución; esto no supone que tenga la obligación de admitir todo recurso que se formule, por el contrario en ejercicio de la facultad que la propia ley le reconoce, puede perfectamente inadmitirlo cuando la falta de fundamentos sea evidente, cierta y patente; pero, la determinación debe estar fundamentada en la aplicación e interpretación de la norma en el ámbito del acceso al recurso, la tutela judicial efectiva y el principio pro actione…”.---- De igual forma, el A.S. N°349/2016-RRC de 21 de abril expresó que: “…a los efectos de la valoración del cumplimento de los requisitos de admisibilidad, deben aplicarse los criterios rectores de la actividad jurisdiccional como los principios de interpretación más favorable, de proporcionalidad y de subsanación...Dentro de esta lógica, han sido pronunciadas las Sentencias Constitucionales 1075/2003-R y 1044/2003, cuyo fundamento o argumento principal radica en "…otorgar a toda persona la posibilidad de acceso a un sistema de recursos y medios impugnativos, más allá de formalismos que puedan impedir el ejercicio efectivo del genérica y doctrinalmente denominado Derecho a Segunda Opinión".---- II.3. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PLANTEADO. NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA APLICABLE AL CASO. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN.---- 3.1. Sobre la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva (Art. 370-1 del CPP)------------------------ Sobre la inobservancia o errónea aplicación de la ley, las SS.CC N° 1056/2003-R, 1075/2003-R y 1146/2003-R de 12 de agosto, señalaron que:--- La inobservancia de la ley sustantiva implica: 1) La no aplicación correcta de los presupuestos sustantivos, implica la aplicación de una ley derogada (aplicación de una ley inaplicable); inaplicación de una ley vigente (inaplicación de una ley aplicable);2) Interpretación errónea de los preceptos de la ley sustantiva (mala aplicación de la ley aplicable).---- La errónea aplicación de la Ley sustantiva se presenta cuanto la autoridad judicial aplica la norma de manera errónea. Las SSCC No. 727/2003 y 1075/2003 señalan que la norma sustantiva puede ser erróneamente aplicada por:---- i. Errónea calificación de los hechos (tipicidad).- La calificación del delito se entiende como la apreciación que cada una de las partes hace de los hechos, de las leyes aplicables y de la resultante relacionada al acusado, cuando no se califica adecuadamente, se genera una errónea calificación de la ley sustantiva, porque la adecuación de la conducta humana a la descripción objetiva del o de los delitos acusados, debe ser correcta y exacta. A ese efecto el Art. 413 atribuye al Ad quem la facultad de que cuando sea evidente, que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, resolverá directamente el Tribunal de Alzada.--- ii. Errónea concreción del marco penal.- Implica una forma de errónea aplicación de la ley penal sustantiva. Mientras que la errónea calificación de los hechos tiene relación con la Parte Especial del Código Penal debido a la labor jurisdiccional de subsunción del hecho al tipo penal, la errónea concreción del marco penal tiene más bien relación con las normas sustantivas contenidas en la Parte General del Código Penal que se refieren, por ejemplo, a las reglas de aplicación de la ley penal, a las formas de aparición del delito, a las bases de la punibilidad, a la participación criminal. iii.Errónea fijación judicial de la pena.- Se refiere a la individualización de la responsabilidad penal de cada individuo, tomando en cuenta las atenuantes y agravantes que establece la ley penal sustantiva en los Arts. 37, 38, 39 y 40 ha momento de imponer la pena expresando de manera obligatoria los fundamentos en que basan su determinación, la omisión constituye un defecto, pues es esencial el equilibrio y la proporcionalidad que debe existir entre la culpabilidad y la punición.--- Concordante con lo anterior, el A.S. N° 069/2015-RRC de 29 de enero refirió: “…es menester expresar que la doble enunciación resulta equívoca, en razón a que existe distinción entre la no aplicación de una disposición (inobservancia) y la aplicación errónea de una disposición (errónea aplicación), pues cuando se aduce inobservancia de la ley sustantiva, se debe hacer referencia a que el Tribunal de Sentencia no aplicó determinada disposición y, en el segundo, se alude cuando el Tribunal de Sentencia aplicó una disposición cuando correspondía aplicar otra o que la citada disposición fue mal aplicada. Dentro de ese entendimiento, se tiene que la inobservancia significa desconocimiento, desobediencia o falta de aplicación de la norma jurídica, no tratándose de un error en el modo de aplicarla, sino de una omisión de cumplirla; mientras que la errónea aplicación, es la inadecuación o falta de correspondencia de la norma aplicada con el caso concreto; es decir, una norma es observada o cumplida, pero no es la que debía aplicarse, o es aplicada con una mala interpretación de su mandato…”.---- 3.2. Sobre la inexistencia de fundamentación en la sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria (Art. 370-5 del CPP)---- Las resoluciones, para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentar y motivar adecuadamente las mismas; debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación, el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: “Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación ‘Motivación como argumentación jurídica especial’, señala: ‘El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.--- En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria, (injusta)".--- Por otra parte, la fundamentación y motivación de resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal, pero además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la resolución y la parte resolutiva de la misma, caso contrario, la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.---- Así pues, el principio de congruencia es entendido como la concordancia o correspondencia que debe existir entre la petición formulada por las partes y la decisión que sobre ella tome el juez, fue definido por un sinnúmero de autores, como Devis Echandía, quien lo definió como: “el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y contencioso-administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas”. (DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría General del Proceso, Tomo I, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1984, pág. 53). (Las negrillas son nuestras).--- El principio de congruencia se configura en dos modalidades: a) La primera, conocida como congruencia interna, que obliga a expresar de forma coherente todos los argumentos considerativos entre sí y de éstos con la parte resolutiva, y; b) La segunda, conocida como congruencia externa, que es a la que hace referencia el autor precitado, relativa a la exigencia de correspondencia o armonía entre la pretensión u objeto del proceso y la decisión judicial. Este tipo de congruencia queda afectado en los siguientes supuestos: 1) La incongruencia omisiva o ex silentio, que se presenta cuando el órgano jurisdiccional omite contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes; 2) La incongruencia por exceso o extra petita (petitum), se produce cuando el pronunciamiento judicial excede las peticiones realizadas por el recurrente, incluyendo temas no demandados o denunciados, impidiendo a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido; 3) La incongruencia por error, que se da cuando en una sola resolución se incurre en las dos anteriores clases de incongruencia, entendiéndose por tanto, que el órgano judicial, por cualquier tipo de error sufrido, no resuelve sobre los motivos del recurso, sino que equivocadamente lo hace sobre aspectos totalmente ajenos a los planteados, dejando sin respuesta las pretensiones del recurrente.---- Por otra parte, sobre la congruencia externa; es decir, a la exigencia de correlación entre la acusación y la sentencia, es necesario referir que la doctrina moderna, concordante con el sistema acusatorio, hace la diferencia entre la congruencia jurídica y la congruencia fáctica; la primera (congruencia jurídica), que consiste en la exigencia de homogeneidad entre los delitos acusados con los delitos objeto de condena o sanción; en cambio, la segunda (congruencia fáctica), exige de la Sentencia, que tenga como base el hecho o factum investigado y acusado, debiendo emitir pronunciamiento concordante con dicho hecho; es decir, el Tribunal sentenciador, puede otorgar al hecho denunciado una calificación jurídica diferente a la que conste en la acusación, cuidando de no dejar en estado de indefensión al imputado, por lo que se encuentra constreñido a no modificar sustancialmente dicha calificación, teniendo como margen, que la misma se haga dentro la “misma familia de delitos”, por ello la acusación debe señalar la pretensión jurídica que servirá para orientar tanto al Tribunal como al imputado para la efectivización de su derecho a la defensa.--- 3.3. Control de legalidad y logicidad de la Sentencia------------------------------------------------------------------------- En etapa de alzada, la normativa procesal, establece que el recurso de apelación constituye el único medio para impugnar la sentencia; consecuentemente, el control de la legalidad ordinaria y logicidad del fallo de mérito, debe ser ejercido por el Tribunal de apelación conforme dispone el art. 58 inc. 1) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ). Debe añadirse que este control debe estar sustentado en la Ley, observando, siempre conforme lo alegado en el recurso de alzada, que la sentencia no haya incurrido en los defectos descritos en el art. 315 del CNNA, que pudieran tener como consecuencia la configuración de defectos absolutos inconvalidables por vulneración a normativa penal sustantiva o adjetiva y con ella infracción de derechos y garantías establecidas en la Constitución Política del Estado.---- Así, sobre la falta de fundamentación, la insuficiencia o contradictoria fundamentación de la Sentencia, el doctrinario Roger Zavaleta Rodríguez en su obra "Razonamiento judicial" señala respecto a la fundamentación que: "La fundamentación constituye una labor eminentemente intelectual, que expresa el análisis crítico y valorativo llevado a cabo por el juzgador, expresado conforme a las reglas de la logicidad y comprende tanto el razonamiento de hecho como el de derecho en los cuales el juzgador apoya su decisión". En consecuencia, "motivar" en el ámbito procesal, consiste en exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la decisión judicial.---- La motivación tiene dos finalidades: 1) Una finalidad extra procesal, que tiende a que el Juez o Tribunal comunique al colectivo social (en el que reside la legitimidad del control democrático sobre la función jurisdiccional) los fundamentos razonables de su fallo; y 2) Finalidad intra procesal, con dos finalidades: a) Otorgar a las partes la información necesaria para que éstas, en caso de sentirse agraviadas con la decisión, la impugnen; y b) Facilitar el control de calidad de la resolución impugnada al Tribunal de Alzada. En suma, el control de la motivación es triple: por la sociedad, por las partes litigantes y por el órgano jurisdiccional superior.---- Fernando de la Rúa, en su obra "Teoría General del Proceso señala: “La motivación fáctica está constituida por la valoración probatoria; la fundamentación jurídica tiene como punto de partida la fijación de esos hechos. La descripción fáctica es el presupuesto de la aplicación de la ley y, por tanto, un requisito de la fundamentación jurídica de la sentencia: los hechos constituyen el sustento de la aplicación normativa”.---- El defecto de sentencia previsto en el Art. 370-5) contempla dos aspectos: 1. Que no exista fundamentación de la sentencia o 2. Que la fundamentación sea insuficiente o contradictoria.---- Respeto a la falta de fundamentación de la sentencia, este tipo de defecto alude a una ausencia total de fundamentos, no obstante el deber impuesto a los jueces de motivar sus resoluciones. Desde la doctrina, habrá falta de fundamentación de la sentencia, por "motivación aparente", así por ejemplo algunos casos típicos de "motivación aparente" son: 1.) Las resoluciones que se limitan a describir los hechos alegados por las partes, sin vincularlos con prueba alguna; 2.) Las resoluciones que no valoran los medios probatorios para resolver el caso; 3.) Las resoluciones que de manera aseverativa expresan que un hecho se encuentra acreditado sin apoyarse en ningún medio probatorio; 4.) Las resoluciones que de manera genérica indican que se han cumplido todos los requisitos para encuadrar el hecho al derecho, pero no contienen los fundamentos fácticos y jurídicos que lleven a esa conclusión, luego de un análisis de los medios probatorios; 5.) Las resoluciones que se apoyan en prueba obtenida en forma ilícita; 6.) Las resoluciones que reemplazan la fundamentación por la simple relación de los documentos o la mención de los alegatos de las partes.---- En lo que atañe que la fundamentación sea insuficiente o contradictoria, el juez incurre en este defecto de sentencia cuando no respeta el principio lógico de razón suficiente, es decir, cuando de las pruebas en las que basa su conclusión fáctica no solo puede inferirse tal conclusión, sino también otras conclusiones. Debe respectar el principio de razón suficiente basado en el axioma expresado por Leibnitz en 1714 y desarrollado por Shopenhauer en 1813, que dice: "Ningún enunciado puede ser verdadero sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo",por ello toda resolución debe cumplir con el requisito de la razón suficiente. Esto implica que las pruebas sobre las que se basan las conclusiones fácticas del fallo solo deben dar fundamento a esas conclusiones y no a otras.--- 3.6. Sobre la valoración defectuosa de las pruebas (Art. 370-6 del CPP)------------------------------------------------ La valoración de las pruebas es la operación intelectual destinada a establecer eficacia conviccional de los elementos de prueba recibidos y conforme dispone el Art. 173 del CPP, las pruebas se valorarán conforme a las reglas de la sana crítica.----- Ahora bien, en cuanto a la defectuosa valoración probatoria, corresponde precisar que la doctrina y jurisprudencia han establecido que cuando se alega defectuosa valoración de la prueba, cuya tarea valorativa está reservada al Tribunal de juicio, se debe exigir la fundamentación en cuanto a las reglas de la sana crítica que hubiesen sido inobservadas como lo señala el Auto Supremo 455/2014 de 11 de septiembre, que precisó:“será obligación del recurrente al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar el silogismo desarrollado en Sentencia y no referirse a actuaciones sin incidencia directa”, asimismo conforme el Auto Supremo 214/2007 de 28 de marzo, expresa “se debe señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la Sentencia en las que consta el agravio” concluyendo por parte del Tribunal de alzada que el argumento del recurrente resulta inconsistente, al tratarse de una alegación que no contiene en absoluto qué reglas de la sana crítica han sido inobservadas u obviadas por el Tribunal de juicio al emitir la Sentencia condenatoria por lo que el motivo deviene en improcedente.--- En similar sentido se pronunció el TSJ en el A.S. N°214/2007 de 28 de marzo precisó: “…DOCTRINA LEGAL APLICABLE.- El sistema de la sana crítica, otorga a las partes la libertad de escoger los medios de prueba para comprobar sus pretensiones, ya sea la hipótesis acusatoria como la tesis de defensa; en tal sentido, las características fundamentales de la sana crítica son: la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos o sobre el valor que debe otorgarse a cada prueba, de modo que el juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto de conocimiento. El avenimiento de nuestro sistema procesal a este método de valoración de prueba, exige una adecuada fundamentación de la sentencia lo que permite controlar las inferencias lógicas del juzgador, por eso que los razonamientos de los jueces deben tener un sustento acorde a las normas propias del entendimiento humano, al grado tal que una sentencia pueda ser entendida en su elemental lógica hasta por un lego. Los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas, que las estiman o desestiman, debiendo siempre indicar las razones para admitir o desestimar determinados elementos probatorios, los razonamientos del fallo deben estar acordes a las reglas del pensamiento humano, siendo este el iter lógico de una sentencia, el que debe fundarse en las leyes del pensamiento, las que independientemente de nuestra experiencia se presentan como necesarias en nuestro raciocinio. Para que la fundamentación de una sentencia sea válida se requiere no sólo que el Tribunal de juicio funde sus conclusiones en pruebas de valor decisivo, sino también, que éstas no sean contradictorias entre sí, ni ilegales y que en su valoración se observen las reglas fundamentales de la lógica, no puede considerarse motivación legal ni aplicación integral de las reglas de la sana crítica, a una simple y llana referencia a una prueba por parte del juzgador y que se formula de un modo general y abstracto, en el que se omite realizar una exposición razonada de los motivos en los que se funda. El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio. Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse a actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente ha admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación. El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano. Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrenteen lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia. Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural. Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican ni nos enseñan cual es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez. El análisis de las resoluciones a partir de la formulación de una crítica al sistema de valoración de la prueba, requiere un alto nivel de tecnicidad y fundamentalmente un adecuado manejo de las leyes del pensamiento; así, los profesionales que asisten en los procesos donde se pretende criticar la actividad valorativa del titular del órgano jurisdiccional, requiere un especial manejo de principios tales como el de razón suficiente, de identidad, contradicción, del tercer excluido, etc.; de igual manera, las máximas de experiencia que son las obtenidas de la observación de la realidad, y que comprueban que ciertos hechos o sucesos se comportan reiteradamente de determinada manera, son parámetros básicos que nos permiten explicar la ocurrencia de ciertos fenómenos cuya extensión, notoriedad, regularidad e identidad, han permitido convertirlos en estándares generales para la comprensión de acontecimientos suscitados a lo largo del tiempo.”---- II.4. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO------------------------------------------------------------------------------------------- Precisado así el marco normativo y jurisprudencial necesario para la resolución del recurso planteado, en primer término se debe hacer referencia a la demora en la resolución de la presente causa, dejando expresa constancia que la misma no es atribuible a los suscritos vocales, toda vez que como se precisó la causa fue radicada inicialmente en la Sala Penal Segunda donde permaneció desde su radicatoria hasta la remisión a esta Sala el año 2019 donde se recibieron 900 causas, en igual estado, por lo cual se procedió al sorteo según cronología.---- Dicho lo anterior, ya ingresando al análisis del recurso planteado, y partiendo del estudio de admisibilidad, de la revisión de los antecedentes se advierte que la apelación restringida planteada por el MINISTERIO PÚBLICO se interpuso conforme los supuestos contenidos en los Arts. 407 y 408 del CPP y cumple con las condiciones de tiempo; sin embargo, en lo que hace a la forma y la exigencia del Art. 396-3) del CPP, de su contenido se establece que éste incumple con los requisitos exigidos en la norma y jurisprudencia invocada en puntos anteriores en cuanto a una adecuada expresión de agravios, toda vez que, si bien se identifican los defectos contenidos en el Art. 370-5) y 6) del CPP---- II.4. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO.------------------------------------------------------------------------------------------ Precisado así el marco normativo y jurisprudencial necesario para la resolución del recurso planteado, en primer término se debe hacer referencia a la demora en la resolución de la presente causa, dejando expresa constancia que la misma no es atribuible a los suscritos vocales, toda vez que como se precisó la causa fue radicada inicialmente en la Sala Penal Segunda donde permaneció desde su radicatoria hasta la remisión a esta Sala el año 2019 donde se recibieron 900 causas, en igual estado, por lo cual se procedió al sorteo según cronología.---- Dicho lo anterior, ya ingresando al análisis del recurso planteado, y partiendo del estudio de admisibilidad, de la revisión de los antecedentes se advierte que la apelación restringida planteada por NINOSHKA JIMENA QUIROGA MARISCAL se interpuso conforme los supuestos contenidos en los Arts. 407 y 408 del CPP y cumple con las condiciones de tiempo y forma, según la exigencia del Art. 396-3) del CPP, y los requisitos exigidos en la jurisprudencia invocada en puntos anteriores.---- Ahora bien, dicho esto, si bien es cierto que se identifican los defectos contenidos en el Art. 370-1), 5) y 6) del CPP sin embargo los argumentos expresados en cada uno de esos puntosestán referidos todos a la errónea calificación de los hechos e inadecuada aplicación del Art. 48 de la Ley N° 1008, alegando que por los hechos probados durante el juicio, la conducta desplegada por el recurrente se adecúa más bien al tipo penal de Transporte de Sustancias Controladas y no así al tipo penal de Tráfico de Sustancias Controladas, porque fue encontrado transportando una mochila en cuyo interior fue hallada la sustancia controlada, estando a bordo de una motocicleta junto a otro sujeto y esa conducta configura el tipo penal de transporte y no así de tráfico porque porque no fue detenido transportando precursores y además no estaba conduciendo la motocicleta no habiéndose logrado establecer que esa sustancia era para vender, tener en depósito o o realizar transacciones económicas, además que a tiempo de imponérsele la conducta no se consideraron los atenuantes que existen en su favor como es su edad, su escasa formación y su situación económica precaria que por necesidad lo llevó a la comisión del hecho por ganarse unos pesos así como la imposición de multa tampoco considera esto por lo hay errónea fijación judicial de la pena, citando al efecto varios autos supremos.---- A partir de tales reclamos, revisada la resolución apelada se advierte que, en efecto, estos son fundados puesto que de la lectura de la sentencia impugnada se tiene lo siguiente:---- “…En el caso presente, tomando en cuenta los hechos que se declaran probados el juzgador llega a la plena certeza, previo análisis conjunto de la prueba producida dentro esta causa, que en fecha 22 de agosto de 2011, en la localidad de Matarani, Provincia Esteban Arze, del Departamento de Cochabamba, a horas 07:00 a.m. aprox, tres patrullas de UMOPAR VALLE, a cargo del Capitán Raúl Omonte Sejas, salieron a realizar O patrullaje rutinario por la referida localidad, específicamente en el ingreso de la comunidad, observaron que de un camino de herradura salió una motocicleta con dos ocupantes, donde uno era el imputado Saturnino Almanza Veizaga, juntamente con otro individuo, quienes al percatarse de la presencia de los funcionarios de UMOPAR, se dieron a la fuga donde al ser interceptados sobre el camino principal, se dieron a la fuga en direcciones diferentes, donde el Cap. Raúl Omonte Sejas detuvo al sujeto que llevaba una mochila azul, que era Saturnino Almanza Veizaga, posteriormente realizando la revisión de la mochila que pertenecía al prenombrado, encontrando un paquete con cinta masquin color beige, conteniendo en su interior una sustancia blanquecina, que resulto ser 1.735 Gramos de COCAÍNA EN ESTADO SECO, es decir "BASE DE COCAÍNA", además del secuestro de: Una motocicleta negra, marca Pegasus con No. De Chasis No. 2L00380; Una Mochila color azul, marca JAN Sport y un Celular, marca Nokia, modelo 507b, EMEI 354825/01/171584/6, aspectos que han llevado a esta Autoridad a la convicción que SATURNINO ALMANZA VEIZAGA, ha adecuado su conducta a la descripción de tráfico descrito por el Art. 48 con relación al Art. 33-m de la Ley N° 1008.---- Tomando en cuenta que el juzgador ha llegado a la certeza de la responsabilidad penal de Saturnino Almanza Veizaga en el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, se concluye que el nombrado ha incurrido en ese acto en calidad de autor, puesto que ha realizado el hecho por sí solo y ha actuado dolosamente porque se ha demostrado en la presente audiencia que, al encontrar la sustancia en su poder, Base de Cocaína, se acredita los presupuestos establecidos por los Arts. 13, 14 y 20 del Código Penal.---- Habiendo arribado a la conclusión precedente y, estableciéndose que el tráfico de sustancias controladas atribuido y, en el que ha incurrido Saturnino Almanza Veizaga, contempla una pena de presidio indeterminada de 10 a 25 años y de diez mil a veinte mil días multa, para establecer la sanción que le corresponde al nombrado, se deben analizar las circunstancias establecidas por los Arts. 38, 39 y 40 del Código Penal, a tal efecto corresponde considerar la personalidad del autor que según los antecedentes obtenidos tanto de la Fuerza Especial Contra el Narcotráfico y la Fuerza de Especial de Lucha contra Crimen, así como del Registro de Antecedentes Penales, Saturnino Almanza Veizaga no registra antecedentes alguno, llevando a la convicción que el presente hecho, es su primer delito, de la misma manera respecto a su edad, es una persona. joven, que por el desenvolvimiento en la sociedad y su educación que es una persona tenía conocimiento pleno de la ilicitud de su acción y de las connotaciones sociales graves del delito en el que ha incurrido poniendo en riesgo a toda la sociedad, al tener entre sus pertenencias 1.735 gramos de base de Cocaína seca, demuestran que no tiene un aprecio hacia la sociedad, a la vida y a la salud de las personas, por lo que si esto es así, la actitud dolosa del imputado, genera un desmedro en la sociedad, empero, los móviles que lo han impulsado a delinquir, son móviles económicos en vista que su ocupación de Chofer y Albañil, llevándole a desarrollar una conducta de tráfico, conforme lo ha asumido el imputado, razón por la cual, tomando en cuenta que según el Art. 25 del Código Penal, la sanción comprende las penas y las medidas de seguridad y tiene como fines la enmienda y readaptación social del delincuente, asi como el cumplimiento de las funciones preventivas en general y especial, el juzgador considera adecuada una sanción media conforme el Art. 48 del Código Penal”.---- De este tenor es evidente que el A quo si bien concluye sobre la comisión del hecho y su adecuación al tipo penal de tráfico porque a tiempo de describir el tipo penal aludido hace especial referencia al verbo rector TRANSPORTAR, sin embargo ignora los lineamientos del TSJ en torno a los tipos penales de tráfico y transporte, así Auto Supremo Nº 178 de 17 de mayo de 2006 estableció: “…que el tipo penal de tráfico de sustancias controladas incurso en el artículo 48 de la Ley Nº 1008 que se complementa con otra norma que se encuentra en el artículo 33 inciso m) de la cita Ley; completada la norma, la misma tiene carácter general y en su inciso m) refiere una serie de conductas, entre ellas la acción de transportar sustancias controladas; mientras que, la norma particular insertada en el artículo 55 de la referida Ley señala también transporte de sustancias controladas especificando sus elementos constitutivos como la ilicitud del acto de transportar y el dolo, vale decir, el conocimiento de la sustancia controlada que está trasladando o transportando, delito que tiene carácter formal y no de resultado.Que, en cuanto a la aplicación de la norma general o particular y tratándose de tipos penales que regulan conductas ilícitas, es preferible aplicar la norma específica para no vulnerar el principio de legalidad, por cuanto ésta es la que precisa sin ambigüedades al hecho ilícito; mientras que la norma general no da certeza sobre la conducta prohibida y esa imprecisión vulnera el principio de legalidad penal sustantiva.----- Y a partir de dicho razonamiento, en el caso ciertacamente se presenta esta situación es decir que si bien el verbo rector transportar se halla consignado en el tipo penal de tráfico, que también se halla consignado en el tipo penal de transporte como norma específica, corresponde aplicar esta última y por ende calificar el hecho como transporte de sustancias controladas.--- A partir de ello, considenrado que dicho tipo penal tiene una sanción de 8 a 12 años de presidio, debe realizarse la fijación judicial de la pena y en ese orden partiendo de la media legal prevista para ese tipo penal que equivale a 10 años, y recogiendo eel análisis del aquo corresponde imponer una sanción mínima puesto que si bien es cierto que el recurrente tenía conocimiento pleno de la ilicitud de su acción y de las connotaciones sociales graves del delito en el que ha incurrido, sin embargo existen más atenuantes que agravantes porque se trata de un primer delito, es una persona joven, con escasa formación académica y de escasos recursos económicos y así se infiere de los datos personales conocidos en el juicio que constan en la sentencia impugnada.--- Consiguientemente así analizado el caso y corresponde declarar procedente el recurso planteado modificando la sentencia impugnada en cuanto ala calificación del hecho y quantum de la sanción impuesta, sin necesidad de anulación de la sentencia y reenvio conforme la facultad conferida por el Art. 414 del CPP.---- POR TANTO:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, con la facultad conferida por el Art. 58-1) de la Ley N° 025 del Órgano Judicial, en aplicación de lo previsto en los Art. 407 y sgts. del Código de Procedimiento Penal con la facultad conferida por el Art. 58-1) de la Ley N° 025 del Órgano Judicial, en aplicación de lo previsto en los Art. 407 y sgts. del Código de Procedimiento Penal, declara PROCEDENTE el recurso de apelación restringida interpuesto por SATURNINO ALMANZA VEIZAGA; en consecuencia de conformidad a lo previsto en la última parte del Art. 413 del Código de Procedimiento Penal RESOLVIENDO EN EL FONDO, se modifica la Sentencia de 25 de febrero de 2013 pronunciada por el Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia de Tarata, únicamente en relación al tipo penal y la pena impuesta al prenombrado, a quien se lo declara AUTOR Y CULPABLE de la comisión del TRANSPORTE DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, previstoy sancionadopor el Art. 55 de la Ley N° 1008, dictándose SENTENCIA CONDENATORIA EN SU CONTRA, e imponiéndosele la pena de 8 años de presidio y 100 días multa a razón de Bs. 2.- por día, a cumplir en el recinto penitenciario “El Abra”, debiendo por secretaría expedirse el correspondiente mandamiento una vez ejecutoriada dicha sentencia. En lo demás se mantiene incólume la Sentencia impugnada.---- En aplicación del Art. 123 del Código de Procedimiento Penal, se advierte a las partes que tienen el término de cinco días para interponer el Recurso de Casación a contar desde la notificación con el presente Auto de Vista, conforme establece el Art. 417 del Código señalado. Caso contrario, devuélvase antecedentes al Juzgado o Tribunal de origen.----- REGÍSTRESE y NOTIFÍQUE FUNCIONARIO.---------------------------------------------------------------------------------------- Vocal Relatora: Delina Irma Zurita Herbas.-------------------------------------------------------------------------------------- Fdo. Dra. Delina Irma Zurita Herbas – Vocal de la Sala Penal Cuarta – Tribunal Departamental de Justicia.- Fdo.- Dr. Pablo Antezana Vargas -Vocal- Presidente de la Sala Penal Cuarta – Tribunal Departamental de Justicia.- Ante mi.- E. Alejandra Bernal Colque -Secretaria de Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia.- Cochabamba - Bolivia-. Doy Fe----- ****************************************************************************************** --------------------------------------------------------------DECRETO ------------------------------------------------------------------- Caso N° 247/19-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ministerio publico---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C/ -----------------------------------------------------------------------------------------------------{------------------------------------- Saturnino Almanza Veizaga---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cod Fud: 201322778 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cochabamba, 11 de junio de 2023------------------------------------------------------------------------------------------------- En virtud del informe emitido por la oficial de diligincias de esta sala penal cuarta y considerando que el acusado SATURNINO ALMANZA VEIZAGA no pudo ser habido, pese a los esfuerzos realizados y habiendo agotado todos los medios legales para ubicar, en concecuencia se dispone la NOTIFICACION POR EDICTOS al acusado SATURNINO ALMANZA VEIZAGA con el Auto de Vista de fecha 11 de octubre de 2023 y el presente decreto a publicarse en el portal electronico de notificaciones del Tribunal Supremo de Justicia. - Notifique Funcionaria.--- Fdo.- Alejandra Bernal Colque.- Secretaria de la Sala Penal Cuarta – Tribunal Departamental de Justicia- Cochabamba- Bolivia.---- ES CUANTO SE TIENE ORDENADO, PARA QUE DÁNDOSE FIEL Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO SE ARRIME A SUS ANTECEDENTES DEBIDAMENTE DILIGENCIADO--- ----------------------------------------COCHABAMBA, 27 DE JUNIO DE 2024------------------------------------------------------


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