EDICTO

Ciudad: COBIJA

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL, ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER CUARTO DE LA CAPITAL


JUZGADO DE INSTRUCCIÓN CAUTELAR DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Nº 4 DE LA CAPITAL. – - Imputación Formal. - - Solicita medidas cautelares persónales. – - Otrosí. - CUD 901103022400014 CASO 015/2023 FELCV Abg. Roció k. Chambi Condori, Fiscal de materia asignado a la “FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO”, dentro de la investigación penal asignado con el CUD 901103022400014 sigue el Ministerio Público a denuncia de YASMINE ROCA ENDARA como víctima en contra de JOSUE CAYAMI BOLOMEN, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA, previsto y sancionado por el Art. 272 bis del Código Penal, presentándome ante su autoridad con el debido respeto expongo y pido: Señor Juez, de antecedentes que cursan en el cuaderno de investigaciones, se tienen suficientes elementos de convicción para fundar una imputación formal, por lo que de conformidad a los artículos 301 y 302 del Código de Procedimiento, se formula Imputación en base a los siguientes fundamentos: I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO: Nombres y apellidos: JOSUE CAYAMI BOLOMEN Fecha de nacimiento: Beni, 21/04/1994 Edad: 29 años Cédula de Identidad: 4216498 Nacionalidad: boliviano Estado Civil: Soltero Domicilio real: Barrio Paraiso, altura del Col. Defensores del Acre Ocupación: operador de maquinas pesadas Situación Jurídica: libre Teléfono Celular: 71363171 – 68238371 (amigo) Abogado del imputado: Abg. Felix Espejo Mamani Domicilio procesal: Av. 9 de febrero Shopping Center Of. 2 RPA: 5478.52EFEM Celular: 74062130 DATOS GENERALES DE LA DENUNCIANTE Y VÍCTIMA: YASMINE ROCA ENDARA, mayor de edad, con C.I. 4218876, soltera, de ocupación labores de casa, con domicilio en el Barrio 6 de enero detrás de la ferretería Luna, con numero de celular 75104023. II. RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS. Se tiene que en fecha 11 de Enero de 2024 a horas 10:00 Am., en circunstancias de que la Sra. Yasmine Roca Endara, se encontraba en su domicilio ubicado en el Barrio 6 de Enero, donde llega su concubino el Sr. Josue Cayami Bolomen, y como ella quien se encontraba en estado de gestión de 8 meses quien se encontraba echada en su catrera descansando por su embarazo, donde el Sr. Josue empieza a decirle “ levántate.. de una vez “ y la Sra. Yasmine le dice “espera un rato”, pero el Sr. Josue empieza a alterarse y le dice “ levántate de una vez, perra de mierda, sos una floja, sos una puta” dándole un puñete un su pierna derecha, la Sra. Yasmine se levantó de su cama queriéndole agredir pero el Sr. Josue le dio un puñete en su cabeza, luego le arrojo a la catrera, diciéndole “te voy a matar” tratando de ahorcándole del cuello con sus manos y nuevamente empezó a darle puñetes en su cabeza, en su cara, y otra vez ahorcándole del cuello con fuerza, la Sra. Yasmine pedía auxilio pero su familia del Sr. Josue no hacía nada, luego empezó a doblarle los dedos, sus brazos, sus piernas, hasta que ya se cansó y dejo de golpearla, retirándose del domicilio. La Sra. Yasmine manifiesta que no es la primera vez que le agrede desde que convivio le agredía físicamente. III. ELEMENTOS INDICIARIOS COLECTADOS EN LA INVESTIGACIÓN: De los elementos indiciarios colectados en la etapa preliminar cursantes en el cuaderno de investigación se tiene: ? Formulario único de denuncia con fecha de registro 11/01/2024, y medidas de proteccion. ? Acta de denuncia realizada en dependencias de la felcv. ? Informe de inicio de investigaciones realizado por la Sbtte. Claudia Lima Chura. ? Declaración informativa prestada por la Sra. Yasmine Roca Endara quien refiere con relación al hecho de fecha 11 de enero de 2024, la agresión física y psicológica dentro de su domicilio en estado de gestación y que además no es la primera vez que se suscita este hecho, que es una persona abusiva y violenta. ? Acta de registro del lugar del hecho, adjunta muestrario fotográfico del domicilio ubicado en el barrio 6 de enero, y del estado físico de la víctima donde se advierte las lesiones a la altura del labio, cuello, muslo derecho e izquierda. ? Resolución y medidas de protección de fecha 11/01/2024. ? Informe preliminar de fecha 17/03/2024. ? Certificado médico forense de fecha 11/01/2024 valoración a Yasmine Roca Endara de quien se tiene en sus conclusiones contusa, estado gestacional +-38 semanas por FUM, se otorga 3 DIAS de incapacidad médico legal. ? Informe complementario de fecha 13 de mayo de 2024 con relación a notificación de actos de investigación. ? Acta de entrevista de fecha 09/05/2024 realizado en la victima quien refiere que aún sigue la violencia psicológica y amenazas por si se encontrara con otra persona, así mismo refiere que no se encontraría en la Ciudad de Cobija. ? Informe de actividad sin resultado del mes de enero de 2024 en relación a la atención por equipo multidisciplinaria de la UPAVT. ? Informe de actividad sin resultado del mes de mayo de 2024 en relación a la atención por equipo multidisciplinaria de la UPAVT. Dado que las Etapa Preliminar constituyen los momentos procesales previstos por el legislador, para la realización de los actos investigativos necesarios a efectos de sustentar una Imputación y una eventual Acusación, cuidando que dentro del término legal se cumpla con la finalidad de éstas etapas del proceso; al presente y revisados los antecedentes de la causa analizada, haciendo un especial énfasis al Estándar Internacional de Protección de la Corte IDH en el Caso J. Vs. Perú párr. 360, Debe otorgarse a las denuncias de violencia en razón de género la presunción de veracidad… Que, así expresados los antecedentes, los elementos de convicción recabados, el análisis de los mismos y en observancia del Art. 302 del Código de Procedimiento Penal, el Ministerio Público considera la presencia de suficientes elementos de convicción para acreditar: La existencia de la comisión del delito de: Violencia familiar o domestica previsto y sancionado por el código penal en el Art.272 bis. La existencia de suficientes elementos de convicción que vinculan al ahora Imputado con la comisión del delito que se le atribuye en términos referidos por el Art. 20 del Código Penal como autor, en consecuencia. IV. FUNDAMENTACIÓN DE LA IMPUTACIÓN Y CALIFICACIÓN PROVISIONAL DEL DELITO ATRIBUIDO. - De los hechos descritos y elementos colectados, permite determinar la existencia de suficientes indicios respecto al hecho y la participación del imputado JOSUE CAYAMI BOLOMEN adecuando su conducta al tipo penal previsto y sancionado por el Art. 272 Bis del Código Penal, que a la letra dice: Artículo 272 bis (VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA). Quien agrediere físicamente, psicológica o sexualmente dentro los casos comprendidos en el numeral 1 al 4 del presente Artículo incurrirá en pena de reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, siempre que no constituya otro delito. 1. El cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad o intimidad, aún sin convivencia. LA LEY N° 348 “LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA”, estipula: ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume con prioridad la erradicación de la violencia contra las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. Artículo 7 (TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES). En el marco de las formas de violencia física, psicológica, sexual y económica de forma enunciativa, no limitativa, se considerarán formas de violencia: Violencia Física. Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, interno, externo o ambos, temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo, empleando o no la fuerza física, armas o cualquier otro medio. Violencia Psicológica. Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del comportamiento, y decisiones de las mujeres, que tienen como consecuentica la disminución de la autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio. Respecto a la consumación del hecho. - De la compulsa de los elementos indiciarios colectados se tiene que la Sra. Yasmine Roca Endara y Josue Cayami Bolomen quienes comenzaron a convivir desde mayo de 2023 quienes no tienen hijos en común, ambos una pareja joven ella de 26 años en estado de gestación de ocho meses y él una personas de 29 años ambos conviviendo en el barrio 6 de enero, pues estando la victima descansando por su estado gestacional en el que se encontraba es asi que llega su concubino con cosas para preparar desayuno entonces él se molesta diciéndole que se levantara y cuando ella quiso levantarse él quiso ahorcarla agarrándola del cuello , dándole a su vez puñetes a la altura de la cabeza y la pierna, y que además no sería la primera vez ya que el mismo hubiera cambiado de actitud desde el mes de agosto 2023 volviéndose más violento y abusivo; hecho que se encuentra corroborado por medio del certificado médico legal en que se tiene y advierte lesiones a la altura del cráneo, rostro, cuello, extremidades superiores, extremidades inferiores del cual se tiene en sus conclusiones CONTUSA y ESTADO GESTACIONAL, motivo por el cual se otorga 3 días de incapacidad médico legal, de la misma forma se tiene el muestrario fotográfico donde se tiene a la víctima las lesiones a la altura de la cara, cuello y las piernas; donde se ha suscutado el hecho siendo en el domicilio conyugal de ambos donde se aprecia una cama donde estaba la victima descansando y donde se hubiera suscitado la agresión física, advirtiéndose con el relato del hecho vertido por la víctima en relación a un hecho de violencia física acreditado con los elementos indiciarios colectados; de manera consisa refiere “Hoy en la mañana 11 de enero del 2024 mi concubino me trato de ahorcar al interior de mi domicilio a eso de las 10 de la mañana. Mi concubino llego de hacer taxi y llevo las cosas para que yo prepare el desayuno, y yo todavía estaba echada en mi cama y eso él me empezó a golpear y a insultar dándome un golpe en la pierna derecha, me empezó a gritar diciéndome "levántate perra de mierda puta" así con esas palabras me empezó a gritar; y ya cuando me quise levantar no pude porque ahí el me agarro de mi cuello y me quiso ahorcar y me dijo que me iba a matar, también me dio tres puñetes en mi cabeza y golpes en mi pierna y también un puñete a la altura de mi labio superior. Luego de eso se fue, aparte que yo me encuentro en estado de gestación de 8 meses. Lo que paso esta mañana también fue en presencia de mi tía que también es su tía de mi concubino que se llama Dilma Roca Suarez”, advirtiendose estas acciones sistemáticas durante la convivencia que ha generado que se conviva dentro de un ambiente violento sin conisderar al imputado que la victima se encontraba en situación de vulnerabilidad en consideración a su estado de embarazo, advirtiéndose la desventaja entre la víctima y el imputado al momento de cometerse el hecho, corroborado por medio de los demás actos de investigación realizado en la etapa preliminar, advirtiéndose de las acciones sistematizadas y el ciclo de violencia que vivía la victima pues se debe entender e identificar las situaciones en las que se producen los malos tratos y cómo se mantienen en el tiempo, motivo por el cual se advierte la conducta del imputado en el hecho delictivo y que por las acciones sistemáticas en hechos de violencia por diferentes motivos por parte del imputado se han generado hechos de violencia en contra de la víctima quien siendo mujer en estado de vulnerabilidad, a quien se le han vulnerado sus derechos al haberle generado lesiones en su integridad física, hecho corroborado por medio de los elementos indiciarios colectados, es así que los diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado Boliviano tienen como fin la prevención, asistencia, protección, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. Los instrumentos internacionales la CEDAW, BELEN DO PARA, la Constitución Política del Estado, Art. 115 y los lineamientos jurisprudenciales establecidos en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0017/2018-S2 de 13/08, Sentencia Constitucional Plurinacional 0394/2018-S2 de 03/08, Sentencia Constitucional Plurinacional 0346/2018-S2, Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0358/2018-S2 de 25/07, instituyen que en el marco de la debida diligencia las autoridades jurisdiccionales tienen el deber garantizar la protección de los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, con la finalidad de prevenir, erradicar y sancionar hechos de violencia./ El Art. 1 de la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW), ratificada por Bolivia mediante el Decreto Supremo N° 18777 de 5 de enero de 1982, elevada a rango de Ley N° 1100 de 15 septiembre 1989, establece: “A los efectos de la presente Convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en el cualquier otra esfera”. LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER “CONVENIO DE BELEN DO PARA” (ratificado por Bolivia en fecha 5 de diciembre de 1994): Art. 3º.- Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Art. 4º.- Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: a) El derecho a que se respete su vida; b) El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; Art. 7º.- Los estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, en su Artículo 15 instituye que: I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. La LEY N° 348 “LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA”, norma especial que tutela los derechos de las mujeres, establece entre sus principios procesales en el Art. 86 num. 11) Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple…, num. 12) Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. De la misma forma la Ley Nº 348 establece entre las directrices de procedimiento en este tipo de casos el Art. 87 num. 4) Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres; toda vez que es una responsabilidad Estatal y social sancionar los hechos de violencia contra las mujeres. En ese contexto, siguiendo la línea jurisprudencial mencionada por el TCP en el marco de una interpretación conforme al bloque de constitucionalidad y concretamente a la luz de la Convención Belém do Pará y el Art. 15 de la Constitución, y de acuerdo a los estándares del Comité para la Eliminación de las Discriminación Contra la Mujer CEDAW y de la Corte Interamericana de Protección a Derechos, desarrolló la debida diligencia, en virtud de la cual el Estado Plurinacional de Bolivia debe prevenir, investigar, castigar y ofrecer reparación integral de daños en delitos de violencia contra la mujer y también debe incluir y adaptar su normativa y asumir medidas legislativas, administrativas y judiciales para el goce pleno y eficaz de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, considerando que la violencia no está en la esfera privada, sino su prevención, investigación, sanción y reparación son obligaciones internacionales del Estado que deben ser cumplidas de buena fe. Asimismo, en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima. (FJ III.1.3). Por lo expuesto y la compulsa de los elementos colectados, se tiene la probabilidad de autoría del delito que se le atribuye, conforme establece el Art. 20 del Código Penal, esta conducta fue cometida con conocimiento y voluntad, es decir con dolo, conforme lo estipula el Art. 14 de la norma adjetiva penal, que establece: “Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Para ello es suficiente que el autor considere seriamente posible su realización y acepte esta posibilidad.”, voluntad que nace de los hechos expuestos y que motivan el procesamiento penal del involucrado, que no es la primera conducta en que incurre por lo que tiene conocimiento pleno de la antijuridicidad. De los elementos colectados, se puede advertir indiciariamente que se cumple con los elementos constitutivos del delito denunciado, el señor JOSUE CAYAMI BOLOMEN es quien hubiere ejecutado la acción que forma el nucleo del delito ahora imputado, estableciéndose la existencia del hecho y la probabilidad de autoría del imputado del delito que se le sindica, de conformidad al Art. 20 del CP., habiendo actuado de manera dolosa, con conocimiento y voluntad. V. IMPUTACIÓN FORMAL Y CALIFICACIÓN PROVISIONAL: En mérito a lo expuesto y fundamentado, de conformidad a lo previsto en el Art. 225 de la Constitución Política del Estado, Arts. 16, 21, 70, 72, 73, 301, numeral 1 y 302 del Código de Procedimiento Penal y Arts.3, 5, 8, 12, 38 y 40, numeral 11) de la Ley Orgánica del Ministerio Público modificado por la Ley N° 1173, la suscrita Fiscal de Materia, en representación de la sociedad IMPUTA FORMALMENTE a JOSUE CAYAMI BOLOMEN por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA, tipificado en el Art. 272 Bis del Código Penal, en grado de autor al tenor del Art. 20 del C.P. VI. SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES: La norma adjetiva penal contenida en el Art. 231 bis, hace referencia a los presupuestos procesales para la aplicación de medidas cautelares personales, consistentes en la probabilidad de autoría y la concurrencia de los peligros procesales que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. Con la finalidad de asegurar la presencia del imputado, la averiguación de la verdad histórica de los hechos y el normal desarrollo del proceso, en consideración a la posible sanción por el presunto delito y tomando en cuenta las circunstancias de los hechos, la pena aplicable y la condición del imputado y no obstante que el derecho de modo general tiene el deber de tutelar los atributos inherentes a la personalidad humana y dentro de estos atributos, se encuentra el derecho a la dignidad y la libertad de las personas, preceptos que se encuentran contenidos en la Constitución Política del Estado, en consideración que la carta magna determina que nadie será detenido, aprehendido o privado de su libertad salvo en los casos y según las formas establecidas en la ley, siendo que es obligación del Ministerio Público proteger a la sociedad y perseguir aun de oficio los hechos delictivos sobre los que tuviera noticia fehaciente; empero, que debe actuar con objetividad, atendiendo la trascendencia del hecho generador, así como la gravedad en la lesión al bien jurídico tutelado, considerando que dichos extremos se encuentran plenamente justificados, y que también se encuentran cumplidos todos los requisitos establecidos para su procedencia. El Código de Procedimiento Penal modificada por la Ley N° 1173, en su Art. 231 bis establece las medidas cautelares personales: Artículo 231 bis. (MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). I. Cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible y además existan en su contra suficientes elementos de convicción que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, la jueza, el juez o tribunal, únicamente a petición del fiscal o del querellante, podrá imponer al imputado una o más de las medidas cautelares personales siguientes: 1. Fianza juratoria consistente en la promesa del imputado de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación. 2. Obligación de presentarse ante el juez o ante la autoridad que él designe; 3. Obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que fije la jueza, el juez o tribunal; 4. Prohibición de concurrir a determinados lugares; 5. Prohibición de comunicarse con personas determinadas; 6. Fianza personal; 8. Prohibición de salir del país o del ámbito territorial que se determine, sin autorización judicial previa, a cuyo efecto se ordenará su arraigo a las autoridades competentes; 9. Detención domiciliaria en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que determine la jueza, el juez o tribunal. Si el imputado no puede proveer a sus necesidades económicas o a las de su familia, la jueza, el juez o tribunal podrá autorizar que se ausente durante la jornada laboral; PROBABILIDAD DE AUTORÍA: De los antecedentes fácticos y los elementos de convicción colectados son suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor y participe del hecho punible. RIESGOS PROCESALES: Existen elementos de convicción suficientes de que no se someterá al proceso y obstaculizará la averiguación de la verdad, ya que se considera fundadamente que existe el peligro de Fuga (Art. 234 C.P.P.) y peligros de obstaculización (Art. 235 C.P.P.) PELIGRO DE FUGA, Art. 234 de la Ley Nº 1970: Num. 1) Que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajos asentados en el país; considerando que el imputado a la fecha ya no vive en la ciudad de Cobija pues así lo ha referido el asignado al caso conforme informe complementario de fecha 13/05/2024 en el que la víctima ha señalado que se fue al Dpto de La Paz – Mapiri, desde el mes de febrero de la presente gestión, por ende desconociéndose de su ocupación y familia, teniendo este riesgo procesal latente y acreditado. Núm. 2) Las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto; considerando que, al no tener los arraigos naturales en nuestro departamento, menos en la ciudad de Cobija concurre este riesgo procesal considerando la facilidad de que el imputado pueda abandonar nuestra ciudad, mas aun cuando se tiene que el mismo desde el mes de febrero ya no vive en la Cobija, mas allá de las fronteras que se tiene puesto de que el mismo no se tiene acreditado los riesgos naturales. Núm. 7) Que el imputado es un peligro efectivo para la víctima, tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad de la víctima la misma que se encontraba con 8 meses en estado de gestación, de la misma forma la manera de genera la violencia física pretendiendo ahorcarla y amenazándola de muerte y siendo que además aún persiste las amenazas conforme se tiene de la ampliación de su declaración que el imputado la realiza mediante llamadas pese a que el mismo se ha ido de la ciudad, debiendo de realizarse ese criterio reforzado al momento de valorar este riesgo procesal la desventaja en que se encontraba la víctima, advirtiéndose un peligro inminente para la victima; SCP 0394/2018-S2 El TCP estableció criterios sobre los riesgos procesales de fuga, para casos en los que debe valorarse el peligro o riesgo que corre la víctima, en este marco, el máximo contralor de constitucionalidad interpretó el art. 234.10 del CPP (ahora art. 234.7 del CPP) de conformidad con el bloque de constitucionalidad y desde una perspectiva de género y estableció las siguientes sub-reglas jurisprudenciales: a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante; b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y, c) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos (FJ III.2). PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN, Art. 235 de la Ley N° 1970: Num. 2: El imputado va influir de manera negativa en la víctima y testigos, tomando en cuenta la situación vulnerable de la víctima, estando pendiente realizar actos investigativos como ser: informe psicológico, social, anticipo de prueba de la víctima; esto en relación a que se advierte esa influecia que esta utilizando el imputado en la victima quien pese a que en dos ocasiones se le ha convocado para una valoración psicológica y social sin embargo ambos sin resultado por lo que se advierte la influencia que se tiene el imputado en contra de la victima; con relación a testigos como ser de la Sra. Dilma Roca Suarez y otros actuados en consecuencia, se advierte que el imputado va a influir en el presente caso, considerando que ambos tenían una relación en común por lo que se debe considerar que el imputado al tener ese lazo de afectividad con la víctima en libertad puede influir en ella y en los hijos como testigos o victimas indirectas del hechos Código de Procedimiento Penal, en aplicación a lo dispuesto al Art. 40 núm. 12) de la Ley Nº 260, solicito la aplicación LA MEDIDA CAUTELAR DE CARÁCTER PERSONAL CONSISTENTE EN LA MEDIDA DE ULTIMA RATIO DE DETENCIÓN PREVENTIVA a efectos de garantizar la presencia del imputado, para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley conforme lo exige el Art. 221 de la norma adjetiva penal, SEA POR EL PLAZO DE 60 DÍAS, tiempo en el cual se realizarán los actos investigativos pendientes: ? Informe psicológico ? Informe social ? Pericia psicológica a la victima ? Pericia psicológica en el imputado. ? Anticipo de prueba de la víctima ? Inspección ocular. ? Declaración de los testigos Dilma Roca Suarez. ? Y otros actuados a desarrollarse conforme el avance de la investigación. A este fin, solicito a su autoridad se sirva señalar día y hora de audiencia para la consideración de las medidas cautelares solicitadas. Otrosí 1.- Se requiere se notifique al imputado por edictos toda vez que no se tiene el domicilio exacto del mismo o en su defecto sea a sus abogados de confianza. Otrosí 2.- requiere ANTICIPO DE PRUEBA, velando por la integridad de la víctima en el presente caso, con la finalidad de llegar a la verdad histórica de los hechos y precisar el relato fáctico, considerando que la misma pretende salir de nuestro departamento y además con el objetivo de resguardar su declaración ante su autoridad ante cualquier cambio de versión se requiere el anticipo de prueba para ingresar con las preguntas concretas referidas al tipo penal y en específico a los hechos, siendo que este testimonio no podrá reproducirse en juicio oral en razón a la situación de vulnerabilidad y probable reticencia de la misma. Invocando el precepto legal del Art. 307 del Código de Procedimiento Penal, habiendo la necesidad y urgencia, pensando que éste no se produzca en juicio conforme los antecedentes del caso y en esa etapa larga del proceso en la práctica se ve desarrollado después de meses por diversos factores de la administración de justicia, que el tiempo daña el testimonio con la perdida de detalles los cuales necesitamos por razones de utilidad y pertinencia se produzcan en esta etapa, incluso para esclarecer los hechos ocurridos; de esta forma evitar la revictimización a través de la Cámara Gessel y con la ayuda de este medio tendremos el relato del hecho que será sometido al contradictorio, ya que este testimonio pueda no producirse en juicio. En consecuencia, conforme a los protocolos de juzgar con perspectiva de género y evitar la revictimización secundaria a través del desarrollo del proceso, pedimos el anticipo jurisdiccional de prueba de ERIKA SINKA MAMANI pidiendo señale día y hora de audiencia pública. Otrosí 3.- Remito elementos de convicción por interoperabilidad. Otrosí 4.- La suscrita se reserva el derecho de fundamentar en audiencia de medida cautelar. Otrosí 5.- Solicito se notifique a SLIM a efectos de representar a la víctima. Otrosí 6.- Domicilio procesal en la Fiscalía Departamental de Pando, ubicado en la Av. 9 de febrero N° 211. Cobija, 26 de mayo de 2024 FIRMADO DIGITALMENTE A TRAVÉS DE CIUDADANÍA DIGITAL ROCIO KAREN CHAMBI CONDORI – FISCAL DE MATERIA JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL ANTICORRUPCION CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER N°4 DE LA CAPITAL COBIJA-PANDO Cobija, 20 de junio de 2024. Dentro del caso CUD: 901103022400014, del memorial que antecede, se tiene presente, dentro del proceso seguido por el Ministerio Público, contra de JOSUE CAYAMI BOLOMEN por la comisión del supuesto delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA previsto y sancionado en el Art. 272 Bis del Código Penal. A efectos se señala audiencia virtual para la consideración de medida cautelar, para el día 16 de septiembre de 2024 a horas 10:00 a.m. Otrisi1.- Se tiene presente, notifíquese por edicto para la comparecencia del sr. JOSUE CAYAMI BOLOMEN a la presente audiencia. Otrosí 2.- Se señala audiencia de anticipo de prueba para el día 18 de septiembre del 2024 a horas 10:00 a.m. debiendo la Sra. ERIKA SHINKA MAMANI apersonarse al Tribunal Departamental de Justicia de Pando a cámara GESSEL para el presente acto. Otrosí 3 y 4.- Se tiene presente. Otrosí 5: Notifíquese a Slim. Otrosí 6.- Por señalado. NOTIFIQUESE A LAS PARTES


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