EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: SALA PENAL CUARTA


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA ORGANO JUDICIAL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA SALA PENAL CUARTA PARA EL ACUSADO: MELITON CHOQUE COTA EDICTO LA DRA. MARIELA CAMACHO BARRANCOS VOCAL – PRESIDENTE DE LA SALA PENAL CUARTA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA. --- POR EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO Y SE NOTIFICA A MELITON CHOQUE COTA CON LA DECISIÓN TOMADA EN AUTO DE VISTA DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DECRETO DE 24 DE JUNIO DE 2024; DICTADO DENTRO EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA MELITON CHOQUE COTA, POR EL DELITO DE VIOLACIÓN, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ART. 308 DEL CODIGO PENAL, A MÉRITO DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA FORMULADO POR EL PRENOBRADO ACUSADO CONTRA LA SENTENCIA DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009, A CUYO FIN SE TRANSCRIBEN LAS PARTES PERTINENTES Y NECESARIAS: --- ****************************************************************************************** ----------------------------------------------------------------AUTO DE VISTA----------------------------------------------------------- VISTOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ En grado de apelación la Sentencia de 15 de septiembre de 2009, y; --------------------------------------------------- CONSIDERANDO I: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I.1. ANTECEDENTES DEL PROCESO: ------------------------------------------------------------------------------------------------ Dentro el proceso penal señalado al exordio, se pronunció la Sentencia de 15 de septiembre de 2009 que declara al imputado MELINTON CHOQUE COTA, AUTOR del delito de VIOLACIÓN, previsto y sancionado por el Art. 308 del Código Penal, en su segunda parte.--- Dicha resolución fue legamente notificada a las partes y contra ella, el prenombrado procesado MELINTON CHOQUE COTA formuló recurso de apelación restringida por escrito de Fs. 341 a 354, recurso que fue sustanciado conforme a procedimiento, y estando cumplidas las formalidades de Ley, se dispuso la remisión de la causa ante el superior en grado, radicando ante esta Sala Penal Cuarta, instancia donde se procedió al sorteo respectivo conforme a la cronología de llegada de las causas.---- I.2. CONTENIDO DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN: -------------------------------------------------------------------------- En el escrito de apelación se exponen los siguientes fundamentos extractados: ----------------------------------- ? Como primer agravio, denuncia la existencia de defecto absoluto conforme el Art. 169-3) por vulneración de derechos fundamentales y leyes universales, en específico la contenida en el Art. 335-1) del CPP, alegando que dicha norma fue inorbservada por no haberse dado curso a la solicitud de suspensión de la audiencia de juicio por inasistencia de sus testigos de descargo, vulnerándose con ello el derecho a la defensa y al debido proceso garantizado por los Arts. 113, 115, 116, 119 de la CPE, Art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 5 del CPP, resaltando que la producción de prueba testifical siempre es imprescindibles dentro un proceso penal en el sistema acusatorio, como en este caso, que se solicitó expresamente la suspensión del juicio oral por única vez, alegando que los testigos de cargo no pudieron comparecer debido a que el imputado no fue beneficiado con la suspensión de la detención preventiva, siendo que los testigos de conocían que la supuesta víctima se extravió por varias veces de su domicilio y además su familia confrontó varios casos similares de supuesta agresión, lo que interesa al caso de fondo y sin embargo el Tribunal de Sentencia denegó la suspensión, valorando de antemano la irrelevancia de la prueba testifical de descargo, con lo cual estableció una exclusión probatoria a priori de oficio respecto a la prueba testifical de descargo, lo que igualmente no podía haber ocurrido puesto que eso corresponde en sentencia.---- ? Como segundo agravio reclama la errónea aplicación de la ley adjetiva, valoración defectuosa de prueba, inobservancias de reglas de congruencia y fundamentación insuficiente de la sentencia respecto del delito supuesto de violación previsto en el Art. 308-II del CP.---- Así, en torno a la errónea aplicación de la ley adjetiva lo que deriva en defectos de procedimiento en general y los establecidos en los Arts. 167, 169 inc 3) y 370 incs. 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal, vulnerando en todo caso o incumpliendo el Art. 359 del Código de procedimiento Civil, alega que existe una valoración defectuosa de la prueba, por haberse apreciado y valorado a priori la prueba testifical de descargo como irrelevante como expresó el Tribunal de Sentencia negando la suspensión de audiencia de juicio solicitada oportunamente, lo que de por si demuestra que no ha existido una valoración correcta de las prueba ya que este Tribunal en ningún momento debió referirse a la trascendencia o intrascendencia de la prueba testifical de descargo determinando una exclusión probatoria antes de su producción y desestimando su producción sin motivo legal alguno con el pretexto de que la audiencia de juicio debe continuar porque la prueba testifical de descargo es innecesaria e irrelevante, lo que representa defectuosa valoración de la prueba y es inobjetablemente una errónea aplicación de la ley adjetiva y un defecto de la Sentencia previsto en el Art. 270 inc. 6) del Código de procedimiento Penal, toda vez que la valoración de la prueba debe ser integral, completa, relacionada en su valoración lógica, lo que no acontece en el caso de autos desde un inicio al no poder aplicarse una valoración integral por el indebido rechazo de la producción de la prueba testifical de descargo sin dar oportunidad a la defensa de producirla, pese a la solicitud de suspensión con ese motivo.---- Asimismo, reitera que existe defectuosa valoración de la prueba documental y testifical así como insuficiente fundamentación de la sentencia.---- En cuanto a los testigos observa la declaración de la testigo Altagracia Aguilar, indicando que el Tribunal otorgó el valor de regular sin considerar que esta testigo admitió que su hija se extravió en varias ocasiones y que no conoce al imputado lo que debió haberse valorado a favor de la defensa el principio de duda razonable, además que esta testigo denunció por Abuso Deshonesto y no por violación, lo que tampoco fue considerado el Tribunal y por último que dicha testigo no puede dar luces exactas sobre el grado de deficiencia de la supuesta víctima porque eso corresponde a varios peritajes. Igualmente observa la declaración de Andrés Villca Colque, alegando que el tribunal otorgo valor de regular sin embargo no fue un testigo presencialsino que supo del hecho con posterioridad y esta persona también admitió que su hija se había extraviado en ocasiones anteriores y que el sector es poblado. También observa la declaración de Sonia Julieta Villca Aguiar que fue considerada como relevante lo que resulta absurdo y no condice con la sana crítica porque esta testigo se dio a la tarea de suplantar a un perito psicólogo, además no estuvo presente ni en el momento del supuesto ilícito ni con posterioridad, relató una versión absurda e eminentemente interesada y su declaración no está apoyada con los otros elementos de prueba, toda vez que en este caso existe un certificado de desgarres múltiples antiguos de himen y no se sabe con certeza de qué actos ha relatado esta testigo que es hermana de la supuesta víctima, más bien por el contrario admitió que su hermana se extravió de su casa anteriormente y luego aclaró que la hizo revisar posteriormente sin explicar en qué clínica, ante qué profesional ni presentar esas pruebas, por lo que ha exagerado y ha inventado cosas ilógicas que contradicen otras pruebas documentales, como son los múltiples desgarres antiguos del himen identificados por la médico forense testigo Miriam Rocabado tanto en su declaración como en su certificado, tratándose de una persona con grado de autismo, no puede lógicamente darse valor a la declaración de esta testigo sobre un hecho ocurrido supuestamente en fecha 7 de septiembre de 2008 cuando quince días atrás y por varias ocasiones a partir de esa fecha hacia atrás en el tiempo la supuesta víctima ha mantenido relaciones sexuales, no existe credibilidad en la declaración y mucho menos es vinculante con el tipo penal, el actor y el hecho como valora la sentencia porque esta persona no ha estado presente cuando ocurrió el hecho y según la médico forense ya existian desgarres de himen antiguo en que nada tuvo que ver el imputado, es más, es muy posible que se hubiese referido a esos actos antiguos y que el problema de la víctima pudiese estar dentro su propio entorno familiar o de amistades dentro esa comunidad; esta testigo no es entendida en el leguaje con señas sino que ha presumido y ha efectuado un relato más emotivo que verídico, tampoco explica cómo es que la supuesta víctima hubiese incurrido en varios accesos carnales antiguos si su propia familia dice haberla cuidado en extremo, lo que también es falso y otorga dudas razonables; en lo referente a la valoración del lugar donde se expresa que existen matorrales aunque es visible, no ha valorado el tribunal que los matorrales tienen una vida temporal determinada como plantas, no son constantes debido a las estaciones y septiembre es un mes que todavía en sus inicios está en el invierno lo que demuestra que la valoración que ha efectuado el tribunal es superficial. Luego de la pérdida de su hermana dice haberla hecho revisar y que no pasaba nada y que luego no se perdió más agregando que se enteró por un vecino del hecho, observando que la Sentencia se conforma con expresar superficialmente que esta declaración estuviese refrendada por otras testificales y por prueba documental sin especificar esas pruebas que refrendas la absurda declaración de la hermana de la supuesta víctima. Igualmente observa la valoración de la testigo Miriam Rocabado Carvajal Médico Forense alegando que en la Sentencia se le otorga un "valor probatorio" relevante porque según el Tribunal permite establecer la existencia científica del elemento acceso carnal como elemento del tipo y además la discapacidad de la víctima; sin considerar que el certificado médico indica "Himen Bilabiado con múltiples desgarres antiguos." aclarando que el término "antiguo" oscila a partir de los 15 anteriores, y no ha referido la testigo ninguna certificación respecto un supuesto acceso carnal reciente porque además efectuó el examen al día siguiente del supuesto hecho sin que se hubiese protegido a la supuesta víctima de alguna relación sexual en ese periodo ni se hubiese demostrado esa protección, por tanto no puede evidenciar esa prueba el supuesto acceso carnal producido el 7 de septiembre de 2008, limitándose a sugerir un examen complementario, observando este último que si bien determina la presencia de espermatozoides y líquido seminal podía haberse producido en el intervalo del 7 al 8 de septiembre de 2008 cuando ya estaba detenido el imputado, toda vez que el certificado médico forense establece que la supuesta víctima ha tenido desgarres múltiples antiguos en el himen, es decir ha tenido varios accesos carnales anteriormente y sin que ni siquiera se le conozca al imputado que es persona de 70 años de edad; frente a este aspecto, la sentencia debió haber valorado esta duda y además, la inexistencia de un examen genético que evidentemente hubiese demostrado en su caso si dicho líquido seminal y espermatozoides le pertenecía al imputado, considerando que la sentencia condenatoria tiene una pena severa. Igualmente observa la declaración de Wilfredo Esteban Mamani Alí, que fue valorada como relevante porque reconoce al procesado como la persona que condujo a la Policía el día de los hechos, vio las agresiones a éste por parte de las personas del lugar debido a que una testigo lo vio salir de la zanja, versiones que no condicen con la verdad ni la lógica puesto que no se puede sostener con razonabilidad de esta declaración ninguna vinculación entre el supuesto autor y los hechos porque en ese entonces no se había determinado ninguna autoría de ningún hecho, no aclara la sentencia a qué hecho se refiere puesto que la supuesta víctima hubiese tenido varios accesos carnales antiguos como ha determinado la médico forense, además la declaración de un testigo es directa y no se puede mezclar dentro de la valoración la supuesta declaración de otra testigo, además que la intervención policial se realizó muy posteriormente, en consecuencia, esta declaración de ninguna manera puede considerarse relevante ya que existe un desfase entre el supuesto hecho y la hora en que Meliton Choque fue aprehendido. En lo que toca a la declaración de William Guachalla Surco, investigador de la F.E.L.C.C., la Sentencia valora su intervención con valor probatorio relevante porque permite establecer cómo y donde se suscitaron los hechos; sin embargo, no especifica la Sentencia si se refiere al hecho o a los hechos y qué hechos son esos que valora la Sentencia, limitándose a la toma de fotografías solamente del lugar en presencia de la supuesta víctima que ha señalado no solamente un lugar sino varios, cuestionando que si la supuesta víctima cuya edad mental según las expertas es de tres años de edad ha mostrado varios lugares, no es creíble su versión porque no se están juzgando varias conductas sino una sola, mucho más cuando se trataba del día del peatón en que las personas no fueron a su trabajo, no es lógicamente admisible que se cometa un delito de violación, máxime si el lugar es poblado como lo ha declarado el padre de la propia víctima, observando además que, en el Acta de Inspección se constata que no se contó con la presencia del imputado quién estaba detenido y no existe su negativa expresa de participar en dicho acto lo que es un defecto insubsanable de Procedimiento puesto que esa omisión atenta su derecho constitucional a la defensa, a la igualdad jurídica en proceso y al debido proceso previstos por los Arts. 115, 116 y 119 de la CPE. Sobre la declaración del Policía de Laboratorio Rudy Jhipton Ticona igualmente es errónea la valoración porque supuestamente permite evidenciar la discapacidad notoria de la supuesta víctima como elemento del tipo penal y la existencia del hecho señalado por la víctima, judicializando la prueba documental F-9, sin considerar que el grado de discapacidad de la supuesta víctima corresponde a un profesional del ramo. También cuestiona la valoración de la declaración hecha por la testigo Miriam Iveth Camacho Fernández, porque igual se valora como relevante cuando esta testigo no demostró su formación profesional con su título de acuerdo a lo previsto en el Art. 92-III de la CPE, lo que fue observado oportunamente con protesta de apelación; por otra parte, su relato sin objetividad profesional acreditada carece de valor y representa una opinión unilateral de la testigo que carece de relevancia, es más esta testigo ha indicado que la supuesta víctima no padece de autismo como ha sostenido otro informe Certificado, por lo que, no pudiendo expresar la víctima aspectos coherentes y habiendo indicado solamente con señas otros aspectos que no son objeto de juicio, frente al hecho de que existe un certificado médico que establece que tiene desgarres de himen antiguos y por lo mismo otros accesos carnales anteriores, no es lógico que el sentido de sus declaraciones gesticulares tengan validez, máxime si para su supuesta identificación en las entrevistas que relata la testigo no ha estado el imputado por lo tanto no puede hablarse válidamente de su identificación. Con Referencia a la prueba de Cargo Pericial Aclarada en audiencia sobre la proposición, se ha valorado como relevante la actuación de la perito Ximena Calatayud igualmente considera existe una errónea valoración en lo que hace fundamentalmente a la discapacidad porque dicha perito no cuenta con aval profesional ni ha presentado como tampoco consta en obrados su título profesional de acuerdo a lo previsto en el Art. 93-III de la CPE. Además que en su informe ha incurrido en contradicciones puesto que relata con exceso que después del hecho la supuesta víctima temía salir a la calle lo que no es evidente y resulta una exageración puesto que si habla del supuesto hecho que hubiese acontecido en 7 de septiembre de 2008 se estaría refiriendo a un supuesto acceso carnal, pero, se evidencia que la joven ha tenido con anterioridad otros accesos carnales como ha certificado la médico forense cuando refiere desgarres antiguos del himen, por lo tanto esta su versión ya es carente de veracidad y resulta sumamente contradictoria. Asimismo, en cuanto al Informe de Ana Maria Gutierrez Arteaga, trabajadora social, la Sentencia valora su opinión como regular y que no aporta al esclarecimiento del hecho empero relaciona el informe con el Art. 37 y 38 del CP, lo que evidentemente incurre en el defecto absoluto vulnerando el Art. 359 de la misma norma adjetiva y cayendo en el defecto procesal establecido en el Art. 357 del C.P.P., puesto que esta persona no ha demostrado ni se ha ofrecido para refrendar su informe su título profesional, además su peritaje se efectuó sin concurrencia del imputado a ninguna sesión lo que fuera de crear indefensión no puede valorar su situación a los efectos de los Arts. 37 y 38 del Código Penal, por lo que la valoración de la Sentencia respecto este informe resulta ilógico y ajeno a la sana crítica. Por último, en lo referente al informe de la perito Patricia López, la sentencia valora su opinión como relevante porque supuestamente le permite al Tribunal evidenciar la existencia de elementos de tipo, lo que representa un defecto de la Sentencia previsto en el Art. 370-5) y 6) conculcando el art. 359 del CPP con una actividad procesal defectuosa e insubsanable previsto en el Art. 167 del C.P.P., por cuanto en principio la fiscalía ni la acusación particular ha presentado ni demostrado la solvencia profesional de esta perito al no cursar su idoneidad profesional con ningún elemento probatorio conforme previene el Art. 92- III de la CPE --- Asimismo, en cuanto a los documentos observa las documentales signadas como F-1, F-2, F-3, F-4,F5, F7, F-8, F-9, F-10, f-12, F-17y, bajo los argumentos que constan en el escrito de los que se extrae en lo relevante que se cuestiona la valoración de tales como errónea y que vulnera los Arts. 115, 116 y 119 de la CPE, igualmente vulnera la lógica incurriendo en los defectos del Art. 370-5) y 6) e incumplimiento el Art. 359 ambos del CPP, porque la F-1 se refiere a una denuncia por abuso sexual y no por violación, aspecto que no fue considerado, luego la F-2 refiere hubiera visto la violación cuando aquello no es evidente ya que ningún testigo presencio tal situación porque no hubo, la F-3 tampoco acredita el acceso carnal sino que se refiere a desgarros antiguos múltiples habiéndose aclarado que antiguo se refiere a 15 días atrás como mínimo, la F-4 no puede considerarse como tal porque la testigo Marcelina Ruíz no prestó su declaración en juicio y por tanto en el informe se hacen constar hechos que no le constan al infórmate, la F-5 solo demuestra la edad fisiológica y nada tiene que ver con el tipo penal, la F-7 solo demuestra un acceso carnal pero no la autoría del mismo ya que para ello era necesario una prueba de ADN que no se realizó, la F-8 que fue valorada como regular con marcada parcialidad porque no ha querido referirse al autismo y retardo mental severo que ha sido desmentido con esta prueba por lo que las declaraciones de la víctima caen en saco roto más aun considerando que ella tuvo acceso carnal mucho antes del 7 de septiembre, la F-9 tampoco puede ser valorada porque esta se trata de una inspección en la que no participó el imputado y por tanto se vulnero su derecho a la defensa, la F-10 resulta contradictoria en su contenido porque refiere actitudes de inhibición timidez e inestabilidad emocional producto de la agresión sexual y no considera que la supuesta víctima tuvo acceso carnal 15 antes al 7 de septiembre por ello resulta ajeno y contradictorio además que la informante no ha demostrado la solvencia de su profesionalidad, la F-17 igualmente no debió valorarse como prueba relevante porque la informante tampoco ha demostrado la solvencia de su profesionalidad además que igual incurre en contradicción con la F-8 que refiere autismo severo y en esta se indica que la víctima fue capaz de reconocer a su agresor. Y la misma observación se hace con relación a la F-12.--- En cuanto a la inobservancia de la ley sustantiva refiere que la conducta del acusado no ha sido comprobada dentro del tipo penal existiendo ausencia de culpabilidad puesto que no se ha probado ni demostrado los elementos del tipo tampoco se han demostrado los elementos del dolo ni de la conducta ilícita por todos los argumentos ya mencionados anteriormente.---- Pidiendo que, en base a estos argumentos se declare la PROCEDENCIA DEL RECURSO PLANTEADO Y RESOLVIENDO EN EL FONDO, NO SIENDO POSIBLE REPARAR LA INOBSERVANCIA Y ERRÓNEA APLICACIÓN DE LA LEY, SE ANULE LA SENTENCIA y sea repuesto el juicio por otro Tribunal.---- CONSIDERANDO II: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II.1. NORMATIVA QUE DELIMITA EL ACCIONAR DE ESTE TRIBUNAL DE ALZADA---------------------------------------- Para resolver el recurso planteado corresponde citar el Art. 398 del Código de Procedimiento Penal que delimita el área de pronunciamiento de este Tribunal de Alzada al señalar: “Los Tribunales de Alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”.---- Sobre esta norma, el Tribunal Constitucional a través de la S.C. 0222/2010-R de 31 de mayo, entre otras, ha señalado que: “Antes de entrar al análisis del caso concreto es necesario referirse al deber de los tribunales de alzada de circunscribir sus fallos única y exclusivamente a los aspectos expresamente impugnados por el apelante, es decir que los tribunales están impedidos de ponderar o analizar otros supuestos que no fueron impugnados o cuestionados, esto en resguardo del principio establecido en el art. 400 del CPP".---- Asimismo, en la S.C. 0593/2012 de 20 de julio, señaló que: “...toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el Juez A quo". ---- Por lo que, corresponde resolver en base a este marco normativo la cuestión planteada.----------------------- II.2. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO----------------------------------------------------------------------------------- El Art. 396-3) del Código de Procedimiento Penal, señala: "...Los recursos se interpondrán, en las condiciones de tiempo y forma que se determina en este Código, con indicación específica de los aspectos cuestionados de la resolución".---- A su vez, el Art. 407 del mismo cuerpo jurídico describe: "El recurso de apelación restringida será interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la ley. Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir, salvo en los casos de nulidad absoluta o cuando se trate de los vicios de la sentencia, de conformidad a lo previsto por los Artículos 169º y 370º de este Código. Este recurso sólo podrá ser planteado contra las sentencias y con las limitaciones establecidas en los artículos siguientes...".---- Finalmente, el Art. 408 Id. prevé: "El recurso de apelación restringida será interpuesto, por escrito en el plazo de 15 días de notificada la sentencia. Se citarán concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y se expresará cual es la aplicación que se pretende. Deberá indicarse separadamente cada violación con sus fundamentos. Posteriormente no podrá invocarse otra violación".---- De estas normas se infiere que a tiempo de interponer un recurso de apelación restringida debe citarse inexcusablemente, de manera concreta y precisa las disposiciones legales que se consideran violadas o erróneamente aplicadas además de expresar cuál es la aplicación que se pretende, indicando separadamente cada violación con sus fundamentos, con el advertido de que posteriormente no podrá invocarse otra violación, exigencia que se explica porque el Tribunal tiene que saber cuál es la norma procesal o sustantiva que el procesado considera inobservada o erróneamente aplicada y fundamentalmente, cuál es la aplicación de la norma que se pretende.---- En relación a la fundamentación del recurso o lo que en doctrina se denomina expresión de agravios, tanto el TSJ como el TCP han emitido amplia jurisprudencia en TCP en sentido de que, en resguardo de los principios de impugnación, pro homine y pro actione, no debe actuarse extrema rigurosidad, pues debe procurarse la resolución del recurso en el fondo y solo en aquellos casos de extrema carencia de elementos suficientes para su consideración debe optarse por la inadmisibilidad.----- Así, en el AS. N° 216/2017-RRC de 21 de marzo, en un recurso de apelación restringida precisó: "...el Tribunal de apelación no debe aplicar las normas en su estricta literalidad, ni actuar arbitrariamente en el ejercicio del poder valorativo para determinar si un recurrente ha cumplido o no con los requisitos de admisibilidad, esta labor tiene su freno en la Constitución; esto no supone que tenga la obligación de admitir todo recurso que se formule, por el contrario en ejercicio de la facultad que la propia ley le reconoce, puede perfectamente inadmitirlo cuando la falta de fundamentos sea evidente, cierta y patente; pero, la determinación debe estar fundamentada en la aplicación e interpretación de la norma en el ámbito del acceso al recurso, la tutela judicial efectiva y el principio pro actione…”.---- De igual forma, el A.S. N°349/2016-RRC de 21 de abril expresó que: “…a los efectos de la valoración del cumplimento de los requisitos de admisibilidad, deben aplicarse los criterios rectores de la actividad jurisdiccional como los principios de interpretación más favorable, de proporcionalidad y de subsanación...Dentro de esta lógica, han sido pronunciadas las Sentencias Constitucionales 1075/2003-R y 1044/2003, cuyo fundamento o argumento principal radica en "…otorgar a toda persona la posibilidad de acceso a un sistema de recursos y medios impugnativos, más allá de formalismos que puedan impedir el ejercicio efectivo del genérica y doctrinalmente denominado Derecho a Segunda Opinión".--- II.3. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PLANTEADO. NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA APLICABLE AL CASO. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN.---- 3.1. Sobre la actividad procesal defectuosa y el régimen de nulidades procesales en el ámbito penal-------- A los efectos de resolver el recurso planteado en principio es menester destacar que las nulidades procesales consistes en la ineficacia de los actos jurídicos procesales que se han realizado con violación de los requisitos, formas o procedimientos que la ley adjetiva ha previsto para la validez de los mismos, por medio de la nulidad se controla la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso, por regla general la nulidad retrotrae el proceso al momento anterior al que se genera el vicio.--- En ese contexto, se debe tener presente que en relación a los defectos absolutos y relativos, la jurisprudencia emitida tanto por el TSJ como por el TCP han establecido que no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y el Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado, conforme dispone el Art. 168 del CPP, al establecer las formas de corrección de los defectos procesales que puedan suscitarse durante la tramitación del proceso.---- De lo señalado, se colige que ante la existencia de defectos procesales, el juzgador tiene la facultad de subsanarlos y sólo cuando se trate de defectos absolutos podrá retrotraer el proceso hasta el punto original en que se produjo el vicio por la afectación esencial a derechos fundamentales y garantías constitucionales que conlleva, lo que significa que corre a cargo de la autoridad judicial realizar el análisis de los actos procesales a efectos de determinar si se trata de defectos procesales subsanables o en su caso de defectos absolutos, pronunciando una resolución debidamente motivada que sustente su decisión.--- Entonces, el régimen de nulidades en materia penal, se encuentra impregnado de algunos principios doctrinales que sin duda se constituyen en criterios para resolver una situación jurídica, en este caso, el régimen que ahora se aborda, así el propio ordenamiento jurídico procesal, específicamente el Art. 167 del CPP -implícitamente- reconoce el principio de convalidación y el principio de trascendencia, al establecer que: "No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado. En los casos y formas previstos por este Código, las partes sólo podrán impugnar, con fundamento en el defecto, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento que les causen agravio".---- Por estos principios el afectado, está en la obligación de demostrar objetivamente que en la tramitación del proceso el acto o defecto alegado como nulo, no pueda ser subsanado o convalidado y en su caso, haya ocasionado un perjuicio o agravió, claro está, que no sea fruto de la conducta o actuación pasiva o negligente del interesado o de quien invoca el defecto; además, en concordancia con estos principios se tiene al principio de conservación, de modo que la nulidad siempre será la excepción y la regla la eficacia del acto procesal o sea, ante una duda razonable, debe optarse por la interpretación propensa a conservar el acto procesal y así evitar la nulidad.---- Al respecto, el TSJ mediante el A.S. Nº 290/2016-RRC de 21 de abril de 2016 determino los principios que rigen el sistema de las nulidades procesales en materia penal, señalando el siguiente:“El principio de legalidad o especificidad, señala, no hay nulidad sin texto (pas de nullitesanstexte); es decir, que el acto procesal irregular reclamado, debe estar castigado con nulidad de manera expresa en la ley, no siendo suficiente que la ley procesal establezca ciertas formalidades, y que ante su omisión o incumplimiento, se produzca la nulidad, sino, ella debe estar específicamente predeterminada en aquella ley. El principio de finalidad de las formas o de instrumentalidad de las nulidades procesales, mantiene que las nulidades no tienen como fin establecer el incumplimiento de las formas procesales, sino, sostiene que los actos procesales son válidos si han cumplido sus efectos, no obstante que hubiese algún defecto formal; es decir, cuando la normativa establece la exigencia de ciertos requisitos para el cumplimiento de un acto procesal, pero esa formalidad no se encuentra sancionada con nulidad de forma expresa, el acto será válido aunque haya sido realizado de forma distinta y haya cumplido su fin o su propósito. El principio de convalidación, establece la posibilitad de subsanar el acto procesal, constituye un remedio procesal que evita que el acto sea declarado nulo por su efecto “saneador”. Nuestra normativa procesal penal, consagra este principio en el art. 170 del CPP -transcrito anteriormente- estableciendo los supuestos en los que la nulidad queda convalidada. Es preciso recalcar que la invalidez de un acto, necesariamente debe ser estudiada en función a la trascendencia del vicio o defecto alegado, respecto a la garantía alegada como infringida, consecuentemente, no opera contra actos castigados con nulidad absoluta, por ser inconvalidables. El principio de trascendencia (pasnullitesansgrief), que significa que “no hay nulidad sin perjuicio”; es decir, que únicamente es posible declarar la nulidad, cuando los defectos procedimentales denunciados provoquen un daño de tal magnitud que dejen en indefensión material a las partes y sea determinante para la decisión adoptada en el proceso judicial, debiendo quedar claro que de no haberse producido dicho defecto, el resultado sería otro, o que el vicio impida al acto cumplir con las formalidades para el cual fue establecido. Para que opere la nulidad (art. 169 del CPP), quien la solicite debe: i) Alegar el perjuicio o daño, señalando de forma clara, cuál el acto que no pudo realizar o que se realizó incumpliendo las formas procesales, no resultando suficiente una invocación genérica de algún defecto, sin explicación clara y precisa de dichas circunstancias; ii) Debe acreditar de forma específica la existencia de perjuicio cierto, concreto y real en desmedro de sus derechos y/o garantías constitucionales, demostrando que la única forma de enmendar el error es por medio de la declaratoria de nulidad; iii) Debe existir interés jurídico en la subsanación, por lo que quien solicita nulidad, debe explicar por qué la solicita, toda vez que el argumento de impetrante es el que permite, al juzgador, establecer el ámbito de pronunciamiento. El principio de protección, referido a que nadie puede solicitar la invalidez de un acto cuando esa es la parte que provocó la causal de nulidad, aplicándose el aforismo “nemoauditurpropriamturpitudinemallegans”, que interpreta como “nadie será oído si alega su propia torpeza”, pues nadie puede ir legítimamente contra sus propios actos .El principio de subsanación, que establece que no hay nulidad si el vicio alegado, no influye en el sentido o resultado del fallo o en las consecuencias del acto viciado, por lo que puede ser objeto de subsanación sin que afecte al fondo del proceso (sic)".---- Finalmente en coherencia con la línea que antecede, la SCP N° 0376/2015 S1 de 21 de abril de 2015, estableció las condiciones que deben observarse a momento de determinar la procedencia de la nulidad de actos procesales, bajo el siguiente criterio: “(…) el que demande por vicios procesales, para que su incidente sea considerado por la autoridad judicial, debe tomar en cuenta las siguientes condiciones: 1) El acto procesal denunciando de viciado le debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado de indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; y, 5) No se debe haber convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad. La no concurrencia de estas condiciones, dan lugar al rechazo del pedido o incidente de nulidad. Dichas condiciones deberán ser explicitas, además, por el incidentista en su solicitud, señalando, en su forma concreta, clara, y precisa, la existencia del perjuicio que le haya causado el acto impugnado; deberá mencionar y demostrar expresamente, los medios de defensa de los que se ha visto privado de oponer o las que no ha podido ejercitar con amplitud debida, ya que la sanción de nulidad debe tener un fin práctico y no meramente teórico o académico, pues, no basta la invocación genérica a la lesión al derecho a la defensa, por ejemplo, sino que el perjuicio debe ser cierto, concreto, real y además grave, ya que las normas procesales sirven para asegurar la defensa en juicio y no para dilatar los procesos o entorpecer la resolución (sic)”.---- 3.2. Sobre la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva por errónea fijación de la pena con vulneración de los Art. 124 y 173 --- Sobre la inobservancia o errónea aplicación de la ley, las SS.CC N° 1056/2003-R, 1075/2003-R y 1146/2003-R de 12 de agosto, señalaron que:--- La inobservancia de la ley sustantiva implica: 1) La no aplicación correcta de los presupuestos sustantivos, implica la aplicación de una ley derogada (aplicación de una ley inaplicable); inaplicación de una ley vigente (inaplicación de una ley aplicable);2) Interpretación errónea de los preceptos de la ley sustantiva (mala aplicación de la ley aplicable).--- La errónea aplicación de la Ley sustantiva se presenta cuanto la autoridad judicial aplica la norma de manera errónea. Las SSCC No. 727/2003 y 1075/2003 señalan que la norma sustantiva puede ser erróneamente aplicada por: ---- i. Errónea calificación de los hechos (tipicidad).- La calificación del delito se entiende como la apreciación que cada una de las partes hace de los hechos, de las leyes aplicables y de la resultante relacionada al acusado, cuando no se califica adecuadamente, se genera una errónea calificación de la ley sustantiva, porque la adecuación de la conducta humana a la descripción objetiva del o de los delitos acusados, debe ser correcta y exacta. A ese efecto el Art. 413 atribuye al Ad quem la facultad de que cuando sea evidente, que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, resolverá directamente el Tribunal de Alzada. ----- ii. Errónea concreción del marco penal.- Implica una forma de errónea aplicación de la ley penal sustantiva. Mientras que la errónea calificación de los hechos tiene relación con la Parte Especial del Código Penal debido a la labor jurisdiccional de subsunción del hecho al tipo penal, la errónea concreción del marco penal tiene más bien relación con las normas sustantivas contenidas en la Parte General del Código Penal que se refieren, por ejemplo, a las reglas de aplicación de la ley penal, a las formas de aparición del delito, a las bases de la punibilidad, a la participación criminal.----- iii.Errónea fijación judicial de la pena.- Se refiere a la individualización de la responsabilidad penal de cada individuo, tomando en cuenta las atenuantes y agravantes que establece la ley penal sustantiva en los Arts. 37, 38, 39 y 40 ha momento de imponer la pena expresando de manera obligatoria los fundamentos en que basan su determinación, la omisión constituye un defecto, pues es esencial el equilibrio y la proporcionalidad que debe existir entre la culpabilidad y la punición.---- Concordante con lo anterior, el A.S. N° 069/2015-RRC de 29 de enero refirió: “…es menester expresar que la doble enunciación resulta equívoca, en razón a que existe distinción entre la no aplicación de una disposición (inobservancia) y la aplicación errónea de una disposición (errónea aplicación), pues cuando se aduce inobservancia de la ley sustantiva, se debe hacer referencia a que el Tribunal de Sentencia no aplicó determinada disposición y, en el segundo, se alude cuando el Tribunal de Sentencia aplicó una disposición cuando correspondía aplicar otra o que la citada disposición fue mal aplicada. Dentro de ese entendimiento, se tiene que la inobservancia significa desconocimiento, desobediencia o falta de aplicación de la norma jurídica, no tratándose de un error en el modo de aplicarla, sino de una omisión de cumplirla; mientras que la errónea aplicación, es la inadecuación o falta de correspondencia de la norma aplicada con el caso concreto; es decir, una norma es observada o cumplida, pero no es la que debía aplicarse, o es aplicada con una mala interpretación de su mandato…”.----- 3.3. Sobre la fundamentación y motivación de la sentencia --------------------------------------------------------------- Las resoluciones, para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentar y motivar adecuadamente las mismas; debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación, el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: “Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación ‘Motivación como argumentación jurídica especial’, señala: ‘El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica. --- En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria, (injusta)". --- Por otra parte, la fundamentación y motivación de resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal, pero además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la resolución y la parte resolutiva de la misma, caso contrario, la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.---- Así pues, el principio de congruencia es entendido como la concordancia o correspondencia que debe existir entre la petición formulada por las partes y la decisión que sobre ella tome el juez, fue definido por un sinnúmero de autores, como Devis Echandía, quien lo definió como: “el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y contencioso-administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas”. (DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría General del Proceso, Tomo I, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1984, pág. 53). (Las negrillas son nuestras).----- El principio de congruencia se configura en dos modalidades: a) La primera, conocida como congruencia interna, que obliga a expresar de forma coherente todos los argumentos considerativos entre sí y de éstos con la parte resolutiva, y; b) La segunda, conocida como congruencia externa, que es a la que hace referencia el autor precitado, relativa a la exigencia de correspondencia o armonía entre la pretensión u objeto del proceso y la decisión judicial. Este tipo de congruencia queda afectado en los siguientes supuestos: 1) La incongruencia omisiva o ex silentio, que se presenta cuando el órgano jurisdiccional omite contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes; 2) La incongruencia por exceso o extra petita (petitum), se produce cuando el pronunciamiento judicial excede las peticiones realizadas por el recurrente, incluyendo temas no demandados o denunciados, impidiendo a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido; 3) La incongruencia por error, que se da cuando en una sola resolución se incurre en las dos anteriores clases de incongruencia, entendiéndose por tanto, que el órgano judicial, por cualquier tipo de error sufrido, no resuelve sobre los motivos del recurso, sino que equivocadamente lo hace sobre aspectos totalmente ajenos a los planteados, dejando sin respuesta las pretensiones del recurrente.--- Por otra parte, sobre la congruencia externa; es decir, a la exigencia de correlación entre la acusación y la sentencia, es necesario referir que la doctrina moderna, concordante con el sistema acusatorio, hace la diferencia entre la congruencia jurídica y la congruencia fáctica; la primera (congruencia jurídica), que consiste en la exigencia de homogeneidad entre los delitos acusados con los delitos objeto de condena o sanción; en cambio, la segunda (congruencia fáctica), exige de la Sentencia, que tenga como base el hecho o factum investigado y acusado, debiendo emitir pronunciamiento concordante con dicho hecho; es decir, el Tribunal sentenciador, puede otorgar al hecho denunciado una calificación jurídica diferente a la que conste en la acusación, cuidando de no dejar en estado de indefensión al imputado, por lo que se encuentra constreñido a no modificar sustancialmente dicha calificación, teniendo como margen, que la misma se haga dentro la “misma familia de delitos”, por ello la acusación debe señalar la pretensión jurídica que servirá para orientar tanto al Tribunal como al imputado para la efectivización de su derecho a la defensa.--- 3.4. Control de legalidad y logicidad de la Sentencia------------------------------------------------------------------------- En etapa de alzada, la normativa procesal, establece que el recurso de apelación constituye el único medio para impugnar la sentencia; consecuentemente, el control de la legalidad ordinaria y logicidad del fallo de mérito, debe ser ejercido por el Tribunal de apelación conforme dispone el art. 58 inc. 1) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ). Debe añadirse que este control debe estar sustentado en la Ley, observando, siempre conforme lo alegado en el recurso de alzada, que la sentencia no haya incurrido en los defectos descritos en el art. 315 del CNNA, que pudieran tener como consecuencia la configuración de defectos absolutos inconvalidables por vulneración a normativa penal sustantiva o adjetiva y con ella infracción de derechos y garantías establecidas en la Constitución Política del Estado.--- Así, sobre la falta de fundamentación, la insuficiencia o contradictoria fundamentación de la Sentencia, el doctrinario Roger Zavaleta Rodríguez en su obra "Razonamiento judicial" señala respecto a la fundamentación que: "La fundamentación constituye una labor eminentemente intelectual, que expresa el análisis crítico y valorativo llevado a cabo por el juzgador, expresado conforme a las reglas de la logicidad y comprende tanto el razonamiento de hecho como el de derecho en los cuales el juzgador apoya su decisión". En consecuencia, "motivar" en el ámbito procesal, consiste en exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la decisión judicial.---- La motivación tiene dos finalidades: 1) Una finalidad extra procesal, que tiende a que el Juez o Tribunal comunique al colectivo social (en el que reside la legitimidad del control democrático sobre la función jurisdiccional) los fundamentos razonables de su fallo; y 2) Finalidad intra procesal, con dos finalidades: a) Otorgar a las partes la información necesaria para que éstas, en caso de sentirse agraviadas con la decisión, la impugnen; y b) Facilitar el control de calidad de la resolución impugnada al Tribunal de Alzada. En suma, el control de la motivación es triple: por la sociedad, por las partes litigantes y por el órgano jurisdiccional superior.--- Fernando de la Rúa, en su obra "Teoría General del Proceso señala: “La motivación fáctica está constituida por la valoración probatoria; la fundamentación jurídica tiene como punto de partida la fijación de esos hechos. La descripción fáctica es el presupuesto de la aplicación de la ley y, por tanto, un requisito de la fundamentación jurídica de la sentencia: los hechos constituyen el sustento de la aplicación normativa”.---- El defecto de sentencia previsto en el Art. 370-5) contempla dos aspectos: 1. Que no exista fundamentación de la sentencia o 2. Que la fundamentación sea insuficiente o contradictoria.--- Respeto a la falta de fundamentación de la sentencia, este tipo de defecto alude a una ausencia total de fundamentos, no obstante el deber impuesto a los jueces de motivar sus resoluciones. Desde la doctrina, habrá falta de fundamentación de la sentencia, por "motivación aparente", así por ejemplo algunos casos típicos de "motivación aparente" son: 1.) Las resoluciones que se limitan a describir los hechos alegados por las partes, sin vincularlos con prueba alguna; 2.) Las resoluciones que no valoran los medios probatorios para resolver el caso; 3.) Las resoluciones que de manera aseverativa expresan que un hecho se encuentra acreditado sin apoyarse en ningún medio probatorio; 4.) Las resoluciones que de manera genérica indican que se han cumplido todos los requisitos para encuadrar el hecho al derecho, pero no contienen los fundamentos fácticos y jurídicos que lleven a esa conclusión, luego de un análisis de los medios probatorios; 5.) Las resoluciones que se apoyan en prueba obtenida en forma ilícita; 6.) Las resoluciones que reemplazan la fundamentación por la simple relación de los documentos o la mención de los alegatos de las partes.---- En lo que atañe que la fundamentación sea insuficiente o contradictoria, el juez incurre en este defecto de sentencia cuando no respeta el principio lógico de razón suficiente, es decir, cuando de las pruebas en las que basa su conclusión fáctica no solo puede inferirse tal conclusión, sino también otras conclusiones. Debe respectar el principio de razón suficiente basado en el axioma expresado por Leibnitz en 1714 y desarrollado por Shopenhauer en 1813, que dice: "Ningún enunciado puede ser verdadero sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo", por ello toda resolución debe cumplir con el requisito de la razón suficiente. Esto implica que las pruebas sobre las que se basan las conclusiones fácticas del fallo solo deben dar fundamento a esas conclusiones y no a otras.---- 3.5. Sobre la errónea valoración de las pruebas ------------------------------------------------------------------------------ La valoración de las pruebas es la operación intelectual destinada a establecer eficacia conviccional de los elementos de prueba recibidos y conforme dispone el Art. 173 del CPP, las pruebas se valorarán conforme a las reglas de la sana crítica.---- Ahora bien, en cuanto a la defectuosa valoración probatoria, corresponde precisar que la doctrina y jurisprudencia han establecido que cuando se alega defectuosa valoración de la prueba, cuya tarea valorativa está reservada al Tribunal de juicio, se debe exigir la fundamentación en cuanto a las reglas de la sana crítica que hubiesen sido inobservadas como lo señala el Auto Supremo 455/2014 de 11 de septiembre, que precisó:“será obligación del recurrente al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar el silogismo desarrollado en Sentencia y no referirse a actuaciones sin incidencia directa”, asimismo conforme el Auto Supremo 214/2007 de 28 de marzo, expresa “se debe señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la Sentencia en las que consta el agravio” concluyendo por parte del Tribunal de alzada que el argumento del recurrente resulta inconsistente, al tratarse de una alegación que no contiene en absoluto qué reglas de la sana crítica han sido inobservadas u obviadas por el Tribunal de juicio al emitir la Sentencia condenatoria por lo que el motivo deviene en improcedente.--- En similar sentido se pronunció el TSJ en el A.S. N°214/2007 de 28 de marzo precisó: “…DOCTRINA LEGAL APLICABLE.- El sistema de la sana crítica, otorga a las partes la libertad de escoger los medios de prueba para comprobar sus pretensiones, ya sea la hipótesis acusatoria como la tesis de defensa; en tal sentido, las características fundamentales de la sana crítica son: la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos o sobre el valor que debe otorgarse a cada prueba, de modo que el juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto de conocimiento. El avenimiento de nuestro sistema procesal a este método de valoración de prueba, exige una adecuada fundamentación de la sentencia lo que permite controlar las inferencias lógicas del juzgador, por eso que los razonamientos de los jueces deben tener un sustento acorde a las normas propias del entendimiento humano, al grado tal que una sentencia pueda ser entendida en su elemental lógica hasta por un lego. Los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas, que las estiman o desestiman, debiendo siempre indicar las razones para admitir o desestimar determinados elementos probatorios, los razonamientos del fallo deben estar acordes a las reglas del pensamiento humano, siendo este el iter lógico de una sentencia, el que debe fundarse en las leyes del pensamiento, las que independientemente de nuestra experiencia se presentan como necesarias en nuestro raciocinio. Para que la fundamentación de una sentencia sea válida se requiere no sólo que el Tribunal de juicio funde sus conclusiones en pruebas de valor decisivo, sino también, que éstas no sean contradictorias entre sí, ni ilegales y que en su valoración se observen las reglas fundamentales de la lógica, no puede considerarse motivación legal ni aplicación integral de las reglas de la sana crítica, a una simple y llana referencia a una prueba por parte del juzgador y que se formula de un modo general y abstracto, en el que se omite realizar una exposición razonada de los motivos en los que se funda. El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio. Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse a actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente ha admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación. El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano. Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrenteen lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia. Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural. Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican ni nos enseñan cual es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez. El análisis de las resoluciones a partir de la formulación de una crítica al sistema de valoración de la prueba, requiere un alto nivel de tecnicidad y fundamentalmente un adecuado manejo de las leyes del pensamiento; así, los profesionales que asisten en los procesos donde se pretende criticar la actividad valorativa del titular del órgano jurisdiccional, requiere un especial manejo de principios tales como el de razón suficiente, de identidad, contradicción, del tercer excluido, etc.; de igual manera, las máximas de experiencia que son las obtenidas de la observación de la realidad, y que comprueban que ciertos hechos o sucesos se comportan reiteradamente de determinada manera, son parámetros básicos que nos permiten explicar la ocurrencia de ciertos fenómenos cuya extensión, notoriedad, regularidad e identidad, han permitido convertirlos en estándares generales para la comprensión de acontecimientos suscitados a lo largo del tiempo.”----- II.4. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO------------------------------------------------------------------------------------------- Precisado así, el marco normativo y jurisprudencial necesario para la resolución del recurso plantado, se debe analizar en primer término sobre la admisibilidad del recurso y en ese orden, de la revisión de los antecedentes, se advierte que el recurso fue interpuesto conforme los supuestos contenidos en los referidos Arts. 407 y 408 del CPP y cumple con las condiciones de tiempo; sin embargo, en lo que hace a la forma, de la lectura del escrito de apelación, se establece que éste no cumple a cabalidad los requisitos exigidos en la norma y jurisprudencia invocada, toda vez que, ni siquiera se menciona con precisión los defectos de la sentencia impugnada de acuerdo a los supuestos contenidos en el Art. 370 del CPP, habiéndose limitado la parte recurrente a cuestionar la motivación de la sentencia y denuncia la existencia de actividad actividad procesal defectuosa en torno la declaración de uno de los testigos, lo que haría inadmisible el recurso planteado, sin embargo de ello haciendo una abstracción de tales reclamos se tiene lo siguiente:---- a. Sobre la denuncia de actividad procesal defectuosa, denunciando la existencia de defectos absolutos por violación de su derecho constitucional a la defensa y garantía constitucional del debido proceso en torno a la declaración de uno de los testigos de cargo.---- Como se identificó el apelante alega que se vulneró su derecho a la defensa y debido proceso porque se valoró como relevante la declaración del testigo Ronald Apaza Roque que no participó en la intervención así que mal podría declarar en torno al supuesto nerviosismo que mostro el recurrente el dia en que se hubo procedido a su aprehensión.---- Al respecto, corresponde señalar que a tiempo de producir la declaración del nombrado testigo en juicio la parte no formuló exclusión probatoria alguna menos aun hizo valer el argumetno que ahora epde la revisión de la sentencia impugnada se advierte que, en efecto a tiempo de darse inicio al juicio en el acta consta la emisión del siguiente auto: “Vistos: La solicitud de suspensión de audiencia efectuada por la defensa, con el argumento de que no se habrían hecho presentes a la audiencia testigos imprescindibles para el caso como ser Faustina Elvira Llusco Pérez, Roxana Alcira Viza Cáceres, Fermín Soliz Nogales y Félix Ortega Alarcón, por lo que solicita la aplicación del Art. 335 num 1 del C.P.P., lo manifestado por la acusación pública y particular, el informe de la secretaria abogada del tribunal, la revisión de antecedentes de donde, se constata que en fecha 12 de mayo de 2009se dictó Auto de Apertura de Juicio, en la que se señaló la audiencia de juicio oral, auto con el que se notificó a las partes, lo que significa que han tenido un plazo de 4 meses para preparar el juicio y hacer que sus testigos comparezcan a la audiencia señalada, toda vez que la agenda del Tribunal se encuentra saturada con dos señalamientos de juicio por semana e incluso tres en ocasiones hasta el mes de diciembre lo que imposibilita realizar un señalamiento dentro el plazo establecido por ley con lo que fueron debidamente advertidos, asimismo de la revisión de la proposición de pruebas de descargo el Tribunal no considera indispensables declaraciones de los testigos a los que la defensa hace referencia porque basa sus declaraciones en la conducta de la víctima, la misma que no está en juicio, por lo que se rechaza la suspensión solicitada”----- Del análisis de esta fundamentación y motivación, este Tribunal de Apelación no advierte que se hubiera vulnerado el derecho a la defensa o debido proceso como consecuencia de una actividad procesal defectuosa, como se denuncia, toda vez que el Tribunal A quo analizó la solicitud de suspensión en función de los antecedentes del proceso y el pronunciamiento de las partes, asumiendo una decisión que de modo alguno inobserva o vulnera el Art. 335 del CPP.--- Así pues debe tenerse en cuenta que la norma aludida autoriza la suspensión de la audiencia de juicio por ausencia de testigos cuya atestación resulte indispensable, empero siempre que la parte hubiera recabado los mandamientos de comparendo respectivos y los hubiera diligenciado, pues de modo alguno podría suplirse la dejadez o desidia que hayan tenido los acusadores ya sea fiscal o particulares y la propia defensa del acusado de no haber solicitado y diligenciado oportunamente los mandamientos de comparendo, entonces esta causal de suspensión solo será permisible si es que el mandamiento de comparendo para el testigo fue debidamente diligenciado por el requirente y caso contrario de modo alguno puede utilizarse esta causal para dar lugar a una suspensión.---- Si esto es así, en el caso presente el Tribunal A Quo justamente rechazó la solicitud de suspensión porque los mandamientos de comparendo que habían sido debidamente y oportunamente diligenciados, por ende, esa negligencia no puede ser salvada por el Tribunal y menos aún alegarse indefensión porque la parte tuvo el tiempo mas que necesario de cuatro meses para preparar el juicio y lograr que sus testigos comparezca, tal como se analizó a tiempo de resolver la solicitud de suspensión.---- Asimismo en torno al reclamo que se hace en sentido de que se reailizó una valoración a priori en cuanto a la declaración testifical que no correspondía, corresponde precisar que tampoco se advierte alguna vulneración al debido proceso a este respecto, toda vez que es el propio Art 335 del CPP que se refiere a la consideración del carácter indispensable de la atestación de un testigo ausente, y en este caso, el Tribunal A quo analizó tal circunstancia en función del ofrecimiento hecho por la defensa, análisis que de modo alguno resulta arbitrario o ilegal puesto que, en efecto, de acuerdo al ofrecimiento hecho por la defensa, esos testigos declararían sobre la conducta de la víctima que no es objeto del juicio porque en este lo que debía analizarse y se analizó fue el actuar desplegado por el procesado Melinton Choque Cota.---- b. Sobre la denuncia inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva (Art. 370-1) del CPP) ------------ Como se identificó en el Considerando I, el apelante entre sus reclamos denuncia “una inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva” indicando que no se habrían observado el Art. 335-1) del CPP y que asimismo no se cumple con los elementos del tipo penal.---- Al respecto corresponde señalar que, como se dijo, la parte apelante omite realizar la fundamentación adecuada de su recurso, porque no identifica porque denuncia inobservancia de la ley y a su vez errónea aplicación de la ley sustantiva, por el contrario, hace una doble enunciación que resulta equívoca, en razón a que existe distinción entre la no aplicación de una disposición (inobservancia) y la aplicación errónea de una disposición (errónea aplicación), que como identificó en el apartado 3.1. de este Considerando, se presentan ante distintos supuestos, pues se inobserva la ley sustantiva, ante la no aplicación correcta de los presupuestos sustantivos, que implica la aplicación de una ley derogada (aplicación de una ley inaplicable), la inaplicación de una ley vigente (inaplicación de una ley aplicable) o la interpretación errónea de los supuestos sustantivos (mala aplicación de la ley); y de otro lado, se aplica erróneamente la ley ante una errónea calificación de los hechos, errónea concreción del marco penal o errónea fijación judicial de la pena.---- Y, en este caso, no se hace una exposición adecuada al respecto, que explique además cual es la norma inobservada o erróneamente aplicada y cuál es la norma que se pretende sea aplicada, por el contrario, se reitera, la parte apelante hace una doble enunciación equivocada refiriéndose a ambos términos como si se tratara de lo mismo, y tampoco se observa la inaplicacion del Art. 335 del CPP, porque como se dijo, esta norma fue considerada a tiempo de resolver la solicitud de suspension de audiencia de juicio oral.--- Todo lo señalado hace inviable la consideración de este punto de reclamación.------------------------------------ c. Sobre el Art. 370-5) y 6) y la denuncia de falta de fundamentación y fundamentación contradictoria de la sentencia así como valoración defectuosa de las pruebas---- A este respecto como otro agravio se denuncia que la fundamentación de la sentencia es insuficiente y contradictoria, haciendo una ampulosa exposición en torno a las pruebas testificales y documentales, alegando que la valoración efectuada en cada una de ellas resulta errónea y vulnera las reglas de la lógica, de cuyos reclamos se extrae en lo esencial que esa parte observa que en el caso la denuncia inicial fue hecha por el presunto ilícito de abuso sexual y no así de violación, aspecto que no hubiera sido considerado por el Tribunal, asimismo se reclama que la prueba testifical y documental no fue suficiente ni concluyente como se valoró porque conforme el certificado médico forense la víctima fue diagnosticada con desgarres múltiples antiguos de himen, habiéndose aclarado que el término antiguo se refiere a un acceso por lo menos 15 días anteriores a la evaluación, además que nunca se realizó una pericia genética de ADN para establecer que las muestras recolectadas de líquido seminal de la víctima le correspondían al procesado y debió considerarse que la víctima se extravió en anteriores ocasiones de donde puede colegirse mas bien ese desgarro antiguo estaría vinculado con esas ocasiones pasadas, además que ninguno de los testigos vió la agresión puesto que ellos intervinieron luego de ocurrido el presunto hecho y la única testigo que dijo que vio a la víctima y al procesado entre los matorrales no prestó su declaración en juicio por lo que no puede valorarse la documental donde consta su atestación, además que no se estableció con prueba idónea el grado de discapacidad de la víctima por tanto la afirmación de que lo reconoció cae en contradicciones y por último que el procesado no participó del acto de inspección al lugar lo cual vulneró su derecho a la defensa e igualdad de partes.----- Al respecto, cabe señalar que, como se estableció en el punto 3.3. del apartado anterior, el Art. 370-5) alude a dos supuestos: la falta de fundamentación o la fundamentación insuficiente. En lo referente a la falta de fundamentación se refiere a una ausencia total de fundamentos, no obstante el deber impuesto a los jueces de motivar sus resoluciones, ya sea porque la resolución se limitan a describir los hechos alegados por las partes, sin vincularlos con prueba alguna; porque que no valoran los medios probatorios para resolver el caso; o expresan que un hecho se encuentra acreditado sin apoyarse en ningún medio probatorio; o de manera genérica se indica que se han cumplido todos los requisitos para encuadrar el hecho al derecho, pero no contienen los fundamentos fácticos y jurídicos que lleven a esa conclusión, luego de un análisis de los medios probatorios; o se apoyan en prueba obtenida en forma ilícita; o finalmente reemplazan la fundamentación por la simple relación de los documentos o la mención de los alegatos de las partes. Y, en lo que atañe que la fundamentación sea insuficiente o contradictoria, el juez incurre en este defecto de sentencia cuando no respeta el principio lógico de razón suficiente, es decir, cuando de las pruebas en las que basa su conclusión fáctica no solo puede inferirse tal conclusión, sino también otras conclusiones.---- Por otro lado, en lo que hace las pruebas, como también se estableció es obligación del recurrente al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar el silogismo desarrollado en Sentencia y no referirse a actuaciones sin incidencia directa, debiendo señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente.---- A partir de ello, se tiene que en sub lite la parte recurrente no ha expresado con claridad si lo que denuncia es falta de fundamentación o fundamentación insuficiente o contradictoria, señalando de manera genérica ambos supuestos y el argumento reiterado y ampuloso de que la valoración realizada vulnera la lógica empero sin explicar el porqué de aquello, tampoco explica porqué no se cumplirían con los elementos del tipo, no habiéndose expresado cuáles son las normas del correcto entendimiento humano que fueron inaplicadas o aplicadas erróneamente en cuanto la valoración de las pruebas tanto testificales como documentales, lo que hace inadmisible el reclamo.---- Ahora bien, más allá de la falencia advertida, realizando un control de legalidad y logicidad de la Sentencia impugnada respecto al iter lógico del Tribunal A quo a partir de la prueba aportada en el juicio con relación a la determinación del hecho y la responsabilidad penal del acusado, este Tribunal de Alzada no advierte una errónea valoración de las pruebas u omisión en su valoración como se alega, toda vez que, de la lectura íntegra de la sentencia impugnada, se advierte que la misma contiene una fundamentación fáctica, por cuanto existe un relato comprensible del hecho acusado de ilícito en sentido de que MELINTON CHOQUE COTA en fecha 07 de septirmbre de 2008 habria sido encontrado abusando sexualmente de Virginia Villca Aguilar de 22 años de edad, quien presenta retraso mental, habiendo sido vistos por una vecina de nombre Marcelina Ruíz León quien le arrojó piedras al hombre al verlo totalmente desnudo de la cintura para abajo y a la muchacha con el buzo y ropa interior en los tobillos, y obtenido el certificado medico forense de la víctima este refiere multiples desgarros de data antigua, y que esta habia referido que anteriormente fue abusada por el sujeto en varias ocasiones en distitnas circunstancias.---- Asimismo, en cuanto a la valoración probatoria en su elemento descriptivo, se observa que la sentencia impugnada también cumple dicha exigencia, por cuanto cita cada uno de los elementos de prueba judicializados y su contenido esencial, aspecto contenido en el Considerando I apartado en los que el Tribunal A quo realizó una descripción del contenido de cada uno de los elementos de prueba incorporados en audiencia asignándosele el valor a cada prueba al final de la descripción, estableciendo, a partir de ello, qué hechos fueron probados y qué hechos no y a partir de ello, en el Considerando II se realiza la valoración integral de todo el conjunto de pruebas cojuntamente el juicio de tipicidad, señalando en lo sustancial que el tribunal de sentencia alcanzó convicción que el acusado fue sorprendido en flagrancia cometiendo el delito de vioilacion a persona con discapacidad mental en circunstancias en que Virginia Villca de 23 años de edad cronologica y deficiencia mental cuyo desarrollo alcanza a los 3 años de edad, fue llevada por Melinton Choque Cota a un lugar de la zona Basrrio San Miguel no distante al domicilio de la víctima protegido por la maleza, arbustos y arboles que impiden la visibilidad según se tiene del muestrario fotográfico signado como F-9, lugar conocido por los vecinos como el hoyo o hueco por ser parte de una torrentera que tiene una profundidad de 5 a 6 metros y que los vecinos, en específico Marcelina Ruíz alertó a la vecindad que Virginia Vilca estaba siendo violeada por un apersona a la que vio desnuda de la cintura para abajo y a Virginia con la ropa en los tobillos ante lo cual le arrojó una piedra tratando el nombrado de darse a la fuga empero fue alcanzado por un vecino que lo entregó al padre de la víctima.---- Ahora bien, respecto a las observaciones hechas en torno a la valoracion de las pruebas en sentido de que en el caso la denuncia inicial fue por el presunto ilícito de abuso sexual y no así de violación, aspecto que no hubiera sido considerado por el Tribunal, corresponde precisar que si bien no existe pronunciamiento expreso al respecto esta situacion de modo alguno justifica la nulidad del juicio, como se pretende, porque tal argumento no hace a la inexistencia del hecho ilícito o a la falta de los elementos configuradores del tipo de violacion, ya que, como se tiene establecido,el certificado médico forense refrenda el acceso carnal requisito para la configuracion del aludido tipo penal, de acuerdo a los hechos determinados y probados en Sentencia.----- Asimismo respecto al certificado médico forense donde se diagnostica a la víctima con desgarres múltiples antiguos de himen, tampoco se advierte una errónea valoración u omisión de pronunciamiento toda vez que el tribunal valoró adecuadamente dicha documental puesto que el respectivo certificado médico, además de los desgarros antiguos diagnostica “acceso carnal reciente”, de donde se colige que la conclusión a la que arribo el Tribunal A quo resulta correcta y de modo alguno vulnera las reglas de la sana crítica.---- Igualmente, en lo que hace a la observaciones referentes a que la víctima se hubiera extraviado en ocasiones anteriores este aspecto también fue considerado en sentencia, habiéndose indicado de manera textual: “…mucho menos pretender utilizar en su defensa supuestas inconductas de la víctima porque justamente su incapacidad la pone en situaciones impredecibles que pudieron en sumomento provocar otro acceso carnal pero el mismo no excluye que el imputado fue sorprendido en flagrancia cometiendo el ilícito que se juzga…”---- Asimismo en cuanto a las observaciones de que ninguno de los testigos vio lo ocurrido y que la testigo Marcelina Ruiz no prestó su declaración en el juicio, corresponde señalar que dicha reclamación igualmente resulta intrascendente puesto que el certificado médico acredita el acceso carnal reciente y el procesado fue aprehendido por particulares al haber sido visto por la nombrada testigo Marcelina Ruíz, cuya declaración aun conste en un informe policial debe ser valorada y considerada en función de los lineamientos de la perspectiva de género y la naturaleza de este tipo de hechos en lo que justamente no suelen existir testigos oculares o presenciales.---- En suma este Tribunal de apelación, considera que los reclamos realizados no tienen una relevancia que justifique la nulidad del juicio, porque como se dijo, la decisión asumida en la sentencia guarda coherencia con el hecho acusado en el requerimiento conclusivo, la prueba producida en el juicio y el iter lógico seguido por el Tribunal no vulnera las reglas de la sana crítica pues la sentencia no se fundó en un hecho no cierto y las afirmaciones realizadas en ella no son contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o la experiencia común, menos se analizó arbitrariamente algún elemento de juico y por ello el resultado no sería diferente en caso de anularse la sentencia y subsanarse esta falencia.--- En consecuencia, el reclamo planteado respecto a una falta de motivación y fundamentación en la sentencia impugnada, es infundado toda vez que, las razones por las que se determinó la condena del acusado son claras y comprensibles.---- Por todo lo señalado, en criterio de este Tribunal de Alzada debe avalarse la decisión asumida.-------------- POR TANTO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, con la facultad conferida por el Art. 58-1) de la Ley N° 025 del Órgano Judicial, en aplicación de lo previsto en los Art. 407 y sgts. del Código de Procedimiento Penal declara IMPROCEDENTE el recurso de apelación restringida interpuesto por MELINTON CHOQUE COTA y en consecuencia CONFIRMA la sentencia apelada, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal N°2 de la Capital del departamento de Cochabamba, con la imposición de costas conforme dispone el Art. 269 del CPP.---- En cumplimiento a la previsión contenida en el Art. 123 del CPP, se advierte a las partes que la presente resolución es susceptible de recurso de casación, conforme el contenido del Art. 416 del CPP.---- REGISTRESE Y NOTIFÍQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fdo. Dra. Delina Irma Zurita Herbas – Vocal de la Sala Penal Cuarta – Tribunal Departamental de Justicia. Fdo.- Dr. Pablo Antezana Vargas - Vocal - Presidente de la Sala Penal Cuarta – Tribunal Departamental de Justicia. - Ante mí. - E. Alejandra Bernal Colque-Secretaria de Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia. - Cochabamba - Bolivia-. Doy Fe.---- ****************************************************************************************** --------------------------------------------------------------------DECRETO-------------------------------------------------------------- APELACION RESTRINGIDA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso Nº 58/19--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ministerio Público--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C/ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Melinton Choque Cota---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cod. Fud.: 200824604----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------Cochabamba, 24 de junio de 2024--------------------------------------------------- Téngase por adjuntada la Comisión Instruida que antecede y arrímese a los antecedentes del proceso.---- Ahora bien, a merito de la representación efectuada por e Auxiliar del Juzgado publico Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal N° 2 de Corque del Tribunal Departamental de Oruro y habiéndose agotado todos los medios legales a fin de dar con el domicilio del acusado, se dispone la NOTIFICACIÓN POR EDICTOS a MELITON CHOQUE COTA con el Auto de Vista de 05 de diciembre de 2022 y el presente decreto a publicarse en el portal electrónico de notificaciones del Tribunal Supremo de Justicia.- Notifíquese.---- Fdo.- E Alejandra Bernal Colque. - Secretaria de la Sala Penal Cuarta – Tribunal Departamental de Justicia- Cochabamba- Bolivia. ---- ES CUANTO DE TIENE ORDENADO, PARA QUE DANDOSE FIEL Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO SE ARRIME A SUS ANTECEDENTES DEBIDAMENTE DILIGENCIADO---- ------------------------------------------COCHABAMBA, 26 DE JUNIO DE 2024----------------------------------------------------


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