EDICTO

Ciudad: VILLAMONTES

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA ANTICORRUPCIÓN, VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUEZ TÉCNICO 1RO VILLAMONTES


EDICTO JUZGADO DE SENTENCIA, ANTICORRUPCION, VIOLENCIA CONTRA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE VILLA MONTES JUEZ: Dr. Jorge Adhemar Alcoba Ossio SECRETARIO: Aldo Yucra Reyna PROCESO: Violencia Familiar o Domestica SIGUE: Ministerio Público CONTRA: José Bismark Ortiz Herrera NUREJ: 6V081768 CUD: 603302042100350 OBJETO: Se Notifica al padre de la vÍctima de iniciales L.J.O.R. señor JOSE BISMARK ORTIZ HERRERA, con Sentencia N° 58/2024 de 26 de junio de 2024, por el presente edicto ante el desconocimiento de su domicilio real o procesal, dentro del Proceso Penal que sigue el MINISTERIO PÚBLICO en contra de GISELA RIVERA TORREZ por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA • lo pertinente a la Sentencia N° 58/2024 de 26/06/2024. ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA ORGANO JUDICIAL DEL ESTADO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA JUZGADO DE SENTENCIA ANTICORRUPCION, VIOLENCIA HACIA LA MUJER DE LA CIUDAD DE VILLA MONTES SENTENCIA Nº 58/2024 Villa Montes, 26 de junio de 2024, horas 09:00 am. Caso NUREJ: 6V081768 y CUD.: 603302042200619 Gisela Rivera Torrez con C.I. No10648306 Tja, nací el 02 de abril de 2000 en Villamontes-Departamento de Tarija, tengo 24 años, de estado civil concubina, mesera, estudio hasta Pre Promo, tiene un hijo menor de edad, con celular 75151292 (Wassaptt), con domicilio Barrio Ferroviario calle Eustaquio Méndez y Pasaje Oscar Alfaro (Villamontes), indica no tener antecedentes penales VISTOS: Los antecedentes del proceso, Acusación Fiscal, pruebas de cargo ofrecidas, solicitud de la parte, requerimiento del Ministerio Publico para la salida alternativa del procedimiento abreviado, pronunciamiento de las partes y del acusado, normativa legal aplicable, y CONSIDERANDO I: Que de la descripción sucinta de los hechos se tiene: “…se tiene que el menor víctima de iniciales L.J.O.T. habría referido: “¿Alguien te hizo daño? La Chili (según dato de la abuela seria la madre) ¿Porque quieres pedir ayuda Liam? Ayuda a Chili, ayayay ¿Quien es la Chili? Es mama ¿Donde te hizo chichio la Chili? No responde. evidenciándose como el infante fue agredido por su madre. Del Informe Médico Legal Forense elaborado por el Dr. Cruz Antonio Nina Vilte en su condición de Médico Forense, se tiene que luego de proceder a la valoración médico legal del menor L.J.O.T. ha consignado: “CONCLUSIONES: Menor de edad con lesiones antiguas y otra en resolución por maltrato físico. Agresión física... Por tanto se otorga 1 (un) día de incapacidad médico legal.....”, CONSIDERANDO II: Que bajo el relato factico de los hechos referidos precedentemente se presentó acusación Fiscal en contra de la imputada; Gisela Rivera Torrez, por el delito de Violencia Familiar, tipificado y sancionado en el Art. 272 Bis num. 3 del Código Penal, que el ministerio público no se opone a pena de dos años de presidio. CONSIDERANDO III: Que el legislador ha ampliado las competencias a los Tribunales de Sentencia Penales para atender considerar y resolver los requerimientos de las Salidas Alternativas , que conforme a ley son opciones que tiene el Ministerio Publico para evitar el juicio oral por motivos de utilidad social o por razones político criminales”, facultad exclusiva de requerimiento que le reconoce ley al ente persecutor, pudiendo este modificar el requerimiento conclusivo a efectos de la aplicación de salidas alternativas, conforme lo prescribe el Art. 326 modificado por la Ley 1173, que a la letra indican). El imputado podrá acogerse al procedimiento abreviado, criterio de oportunidad, suspensión condicional del proceso o conciliación, en los términos de los Artículos 21, 23, 24, 373 y 374 del Código de Procedimiento Penal, y los Artículos 65 y 67 de la Ley Nº 025 de 24 de junio de 2010, del Órgano Judicial, siempre que no se prohíba expresamente por Ley, aun cuando la causa se encuentre con acusación o en audiencia de juicio oral, hasta antes de dictar la sentencia. II.- “En estos casos, la o el imputado podrá efectuar su solicitud a la o el fiscal con conocimiento de la jueza, el juez o tribunal; esta solicitud no es vinculante a la decisión del Ministerio Público. La víctima o querellante podrá formular oposición fundada”. IV. Las solicitudes de conciliación y de otras salidas alternativas, deberán atenderse con prioridad y sin dilación, bajo responsabilidad de la jueza o el juez y la o el fiscal” Artículo 328 Modificado por la Ley 1173. Indica en parágrafo II. La aplicación de la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado o la conciliación, deberán resolverse en audiencia a llevarse a cabo dentro del plazo de diez (10) días siguientes de solicitadas. Cuando el imputado guarde detención preventiva, la audiencia deberá llevarse a cabo dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse horas y días inhábiles. La audiencia no podrá ser suspendida si la víctima o querellante no asistiere, siempre que haya sido notificada, en tal caso la resolución asumida deberá ser notificada a la víctima o querellante. IV. La solicitud de aplicación de salidas alternativas en juicio, será resuelta en audiencia sin dilación y bajo responsabilidad. El Artículo 373º.- (Procedencia). Concluida la investigación, el fiscal encargado podrá solicitar al juez de la instrucción, en su requerimiento conclusivo, que se aplique el procedimiento abreviado. Para que sea procedente deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, el que deberá estar fundado en la admisión del hecho y su participación en él. En caso de oposición fundada de la víctima o que el procedimiento común permita un mejor conocimiento de los hechos, el juez podrá negar la aplicación del procedimiento abreviado. La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no impedirá la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. El Artículo 374º.- (Trámite y resolución). En audiencia oral el juez escuchará al fiscal, al imputado, a la víctima o al querellante, previa comprobación de: 1). La existencia del hecho y la participación del imputado. 2) Que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario, y, 3). Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario. Aceptado el procedimiento la sentencia se fundará en el hecho admitido por el imputado pero la condena no podrá superar la pena requerida por el fiscal. En caso de improcedencia el requerimiento sobre la pena no vincula al fiscal durante el debate. El juez o tribunal no podrá fundar la condena en la admisión de los hechos por parte del imputado. Asimismo en observancia y enmarcados en lo preceptuado por la ley 025, en su Artículo 30. (PRINCIPIOS). Núm. 3) CELERIDAD. Comprende la agilidad de los procesos judiciales tramitados, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia Además de los principios esenciales y generales del Órgano Judicial, la jurisdicción ordinaria se sustenta en los siguientes: Núm. 6). LEGALIDAD. Con sujeción a la Constitución Política del Estado, constituye el hecho de que el administrador de justicia, esté sometido a la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Núm. 8) EFICIENCIA. Comprende la acción y promoción de una administración pronta, con respeto de las reglas y las garantías establecidas por la ley, evitando la demora procesal. Núm. 10) INMEDIATEZ. Promueve la solución oportuna y directa de la jurisdicción, en el conocimiento y resolución de los asuntos planteados ante las autoridades competentes. Núm. 11) VERDAD MATERIAL. Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, en estricto cumplimiento de las garantías procesales. Principios que se encuentran consagrados en el Art. 180 – I) de la Constitución Política del Estado. Ahora bien en base a la normativa y principios referidos corresponde analizar si lo requerido se ajusta a los presupuestos y se enmarca dentro de lo que señala la ley para su procedencia. CONSIDERANDO IV: Del caso en estudio en resumen tenemos, que instalada la audiencia de juicio y escuchado a las partes en audiencia, la solicitud del acusado con su abogado con el acuerdo realizado de sometimiento a procedimiento abreviado y el Ministerio Publico requeriré y solicita la aplicación de procedimiento abreviado para el acusado, pidiendo se le imponga la pena privativa de libertad de dos años, por el delito de Violencia Familiar., conforme a lo tipificado y sancionado por el Art. 272 Bis num. 3 del Código Penal. Ahora bien, en este caso más allá de la solicitud verbal y expresado atraves del cual el acusado y la defensa renuncian al proceso ordinario para someterse al procedimiento abreviado, se tiene el acuerdo, la decisión y la conformidad expresada mediante acuerdo escrito en audiencia por parte de la defensa del acusado y el propio acusado para someterse a la salida alternativa del procedimiento abreviado, por lo que cumplido con este requisito para el trámite de la salida alternativa requerida, corresponde analizar el fondo de la misma. Al efecto, analizada la relación circunstanciada del hecho acusado, antecedentes del proceso y la prueba de cargo ofrecida por el Ministerio Público y lo manifestado de viva voz en audiencia por parte de la acusada, el Juzgador llega a la convicción sobre la existencia cierta, real y material del hecho ilícito de Violencia Familiar., donde se tiene como víctima su hijo de iniciales L.J.O.R., y esto se tiene así establecido y corroborado atraves de los siguientes medios probatorios de cargo signados como: la prueba MP1.- Denuncia Formal presentada por la defensoría de la niñez y adolescencia, Entrevista Psicológica, fotocopia de cédula de la abuela materna., de este extremo se tiene establecido lo siguiente: La existencia del hecho ilícito de Violencia Familiar física, bajo el entendido que en circunstancias es la propia víctima quien es su hijo que se refiere a su madre como chilli conforme indica su abuela quien se encontraba presente al momento de la declaración del menor y que la misma seria quien le hizo daño, acreditándose que el menor se refiere a su madre como chille y que es la persona quien le hizo daño; al informar lo siguiente las literales “…Contenido De La Entrevista: El niño reconoce partes de su cuerpo, como ser cabeza, nariz, m ano, boca. Pregunta: ¿alguien te hizo daño? Respuesta: La Chili (según dato de la abuela seria la madre) Pregunta: ¿Por quieres pedir ayuda Liam? Respuesta: Ayuda a Chili, ayayay. Pregunta: ¿Quién es Chili? Respuesta: Es mamá. Pregunta: ¿Dónde te hizo chichio la Chili? Respuesta: No responde…”., MP2.- Certificado Médico Legal Forense emitido por el Dr. Cruz Antonio Nina Vilte en su condición de Médico Forense, evidenciándose la valoración médico legal que se efectuó en el menor víctima., de este extremo se tiene establecido lo siguiente: La existencia del hecho ilícito de Violencia Familiar física, bajo el entendido que en circunstancias que la denuncia y entrevista realizada a la víctima menor de edad prueba MP1, el menor que indica que su madre le hizo daño cuando se encontraba con su abuela y que la misma refiere que la agresión ocurrió un 12 de julio de 2021 cuando la acusada quien es su madre discutía con su pareja y fue cuando le maltrato y es cuando fue a al defensoría, hechos que están corroborado por el examen médico forense realizado por Dr. Cruz Antonio Nina medido forense de la fiscalía, que al momento de realizar la revisión médica a la víctima se tiene lesiones contusión traumática directa tangencial con objeto contundente, que en cuanto los hechos las consideraciones medico legales son claras al indicar que las lesiones son compatibles con contusión traumática directa tangencial con lesión en extremidades superiores en hombro y brazo; acreditando ello que el menor de edad fue agredido físicamente por su madre en fecha 12 de julio de 2021 en horas de la mañana donde se le otorga 1 día de incapacidad, al informar lo siguiente “…Antecedentes del Hecho Según manifiesta la abuela que su nieto examinado fue víctima de agresión física en fecha;... 12 de julio del 2021.... a horas:... 11.40 am........... Y lugar:...... via publica...Cuyo vínculo con el agresor es: ...MAMA refiere la abuela estaban peleando con su marido le dijo que su jefe que vuelva me jaloneaba discutían el chango llego primero que paso le maltrata mucho al niño quiero separarme de su hija, fui a la defensorio… Examen Físico Segmentario Cráneo. Sin huella de lesiones traumáticas al exterior.— Rostro, nariz dorso nasal con cicatriz antigua lineal de 2 cm aproximadamente Cuello. Sin huella de lesiones traumáticas al exterior.— Tórax anterior. Sin huella de lesiones traumáticas al exterior.— Tórax posterior. Sin huella de lesiones traumáticas al exterior.— Abdomen. Sin huella de lesiones traumáticas al exterior.— Extremidades superiores, hombro y brazo derecho cara anterior se observan tres manchas bianquesinas de 1 y de medio centímetro antiguas por quemadura agua….. Consideraciones Médico Legales Las lesiones al momento en el que se procede a realizar el presente reconocimiento y con los medios que se dispone en este examen son compatibles con; Contusión traumática directa o tangencial por objeto contundente o contusión traumática sobre superficie contusa, objeto contundente Sobre la data de las lesiones se encuentran en etapa de resolución, por lo que se informa que es de distinta data al antecedente del hecho. El patrón de las lesiones reproduce la forma aproximada del agente contundente. Conclusiones menor de edad con lesiones antiguas y otra en resolución por mal trato físico agresión física. … Días de Incapacidad Médico Legal Por tanto se otorga 1 (un) días de incapacidad médico legal…”., MP3.- Requerimiento Fiscal de Directriz Inicial y Medidas de Protección, Informe Preliminar, elaborado por el funcionario policial asignado al caso Sgto. Elvis Ronaldo Cruz, adjuntando Acta de notificaciones, Certificado de Antecedentes Policiales. MP4.- Informe Social realizado al menor víctima por la trabajadora Social del SLIM Lie. Litzi Cintia Victoria Ugarte de fecha 03 de agosto de 2021., de este extremo se tiene establecido lo siguiente: La existencia del hecho ilícito de Violencia Familiar física, bajo el entendido que en circunstancias en la entrevista de la abuela del menor Rosa Torrez la misma acredita que la víctima es hijo de la acusada y las reiteradas ocasiones que fue agredida; al informar lo siguiente “…Historia Social del Caso. - En la entrevista con la señora Rosa Torres Coronado abuela materna de la menor Lían Javier Ortiz Rivera. - Ella estudiaba en al colorado no quería se hiso cambiar en el Bilbao con ella y la semana me llamaron que ella estaba borracha tomado fumando y así fue mi hija mala siempre no se la puede atajar ella peleaba igual con su hermanos, le hablaba siempre a mi hija a veces si le pegaba Juego se perdió un mes ya la hacia muerta mi hija después ya apareció en la vía ya ahí vivía con el chango el padre de su hijo que ahora no hice ya nada deje que siga con y al tiempo ya dijo que estaba embarazada no podíamos hacer nada con ella, seguían peleando él bebe nació prematuro el lo pega mucho a mi hija, y mi nieto es que esta viendo y creciendo en un mundo de violencia eso no quiero para mi nieto Mi hija siempre lo pegaba a el bebe decía por culpa de esta cría me abrieron mi panza estoy así y una vez me dijo mama te lo doy no me deja dormir yo o tome como broma, pero me arrepiento esa vez era chiquito el esa vez, le dije que te ayudo a cuidar al bebe ella se enoja conmigo de todo se enoja es muy mala mi hija a mi me preocupa el bebe mi nieto…. Situación Actual Un día llego José Ortiz a mi casa me dijo que estamos pelando mucho con su hija ella se enoja y se la desquita con él bebe le dije que denuncie el quiso venir pero ella lo pillo y lo agarró y se fueron y lo dejaron al bebe ese al niño tenia marcas en su espalda moretes de lo que ella le pega igual sabia ir quemado al mi nieto él dice que le pasa por ocioso así habla de eso yo lo traje al otro día a mi nieto y si así lo dejo posos cualquier rato aparece muerto mi nieto de eso vine o la defensorio a denunciar lo que estaba pasando solo, si ella siente que vive mal con su esposo que se separe o denunciar ya que ella sufre mucho la agrede, el chancho toma mucho trabaja de albañil cada 15 días cobra y mi hija solo se dedica las labores de casa, le hablo a mi hija que cambie que lo haga por su hijo ya no se que mas voy hacer con mi hija solo me da pena mi nieto. Haciendo mención que su nieto el pequeño Lían sabia alzar cuchillo yo estaba echada en el piso y me puso el cuchillo en el cuello me asuste él bebe decía que "mi mama hace así al choco refiriendo s u papa" cuando esta conmigo es bien mi esto como a horarios educado su mamá dice que no le hace caso de eso le pega. Ahora mi hija lo tiene a mi nieto desde el 23 de julio que no lo veo a mi nieto tampoco voy a verlo a mi nieto me da pena que el llore, por ahí ella me lo pega algún día volverá a mi casa mi nieto mi hija dijo que no iba a poner un pie en mi casa esta mala de lo que la denuncie solo pido que eduque a su hijo y no lo maltráteme da pena realmente mi nieto me preocupa por que el es muy apegado a mi persona….”., MP5.- Informe Psicológico realizado al menor víctima por la Psicóloga del SLIM Lie. Maider Toledo Cárdenas de fecha 27 de julio de 2021., sin embargo corresponde resaltar que más allá de los medios y elementos probatorios compulsados, también se tiene como un elemento sustancial que refuerza la autoría y la responsabilidad penal del acusado en el hecho ilícito, la manifestación de manera libre, voluntaria y de viva voz en audiencia por parte de la acusada; Gisela Rivera Torrez, quien al momento de pronunciarse ha sido clara y enfática en reconocer su participación, autoría y culpabilidad en el hecho ilícito de Violencia Familiar. Establecida la existencia del hecho ilícito de Violencia Familiar-Física en el cual se tiene como víctima su hijo de iniciales L.J.O.R., ahora establecida como se tiene de los medios probatorios resaltados la existencia real, y cierta del hecho ilícito de Violencia familiar en su vertiente física., ocurrido dentro de su relación de sentimental de pareja ocurrida en fecha 12 de julio del 2021 en horas de la mañana cuando su madre y padre estaba discutiendo y es agredido por la ahora acusada quien es su madre, y que dicha contusión traumática directa y tangencial y que con coincidentes con el hecho manifestado conformé refiriere médico forense quien otorga un día de impedimento por objeto tangencial teniéndose que el hecho son congruentes con lo relatado por la abuela de la víctima en cuanto es agredido por su madre y que no sería la primera vez., se tiene que este hecho ilícito al haber sido cometido por el agente con conocimiento y voluntad, en razón que el acusado aun sabiendo que con su conducta incurría en la esfera de lo prohíbo por la ley, procede a realizar atraves de su actuar reprochable la conducta prohibida por la norma sustantiva penal, que en este caso se constituye y viene a ser la agresión física en contra de su concubina pareja, hecho ilícito materializado por el agente atraves de la agresión física sobre la víctima, hecho ilícito de Violencia Familiar que de acuerdo a los elementos compulsados se encuentra en lo previsto y prohibido por el tipo penal del art. 272 Bis num.3 del Código Penal vigente. Ahora en cuanto a la participación y autoría de la acusada, el Juzgador llega a dicha convicción, en razón que se tiene establecida dicha circunstancia atraves de los siguientes medios probatorios de cargo signados como: que sea adjuntado a la acusación MP1.- Denuncia Formal presentada por la defensoría de la niñez y adolescencia, Entrevista Psicológica, fotocopia de cédula de la abuela materna. MP2.- Certificado Médico Legal Forense emitido por el Dr. Cruz Antonio Nina Vilte en su condición de Médico Forense, evidenciándose la valoración médico legal que se efectuó en el menor víctima. MP3.- Requerimiento Fiscal de Directriz Inicial y Medidas de Protección, Informe Preliminar, elaborado por el funcionario policial asignado al caso Sgto. Elvis Ronaldo Cruz, adjuntando Acta de notificaciones, Certificado de Antecedentes Policiales. MP4.- Informe Social realizado al menor víctima por la trabajadora Social del SLIM Lie. Litzi Cintia Victoria Ugarte de fecha 03 de agosto de 2021. MP5.- Informe Psicológico realizado al menor víctima por la Psicóloga del SLIM Lie. Maider Toledo Cárdenas de fecha 27 de julio de 2021., sin embargo corresponde resaltar que más allá de los medios y elementos probatorios compulsados, también se tiene como un elemento sustancial que refuerza la autoría y la responsabilidad penal del acusado en el hecho ilícito, la manifestación de manera libre, voluntaria y de viva voz en audiencia por parte del acusado Gisela Rivera Torrez, quien al momento de pronunciarse ha sido claro y enfático en reconocer su participación, autoría y culpabilidad en el hecho ilícito de Violencia Familiar., Bajo esas circunstancias y elementos resaltados, se tiene que el acusado; conforme a la prueba recolectada, se tiene la certeza y convicción sobre la existencia del hecho y la autoría dolosa de Gisela Rivera Torrez en la comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA agrediendo de forma física a la víctima; ilícito establecido en el artículo 272 Bis.- (Violencia Familiar o Domestica). Quien agrediere físicamente, psicológicamente o sexualmente dentro los casos comprendidos en el numeral 1 al 4 del presente artículo incurrirá en pena de reclusión de dos años a cuatro, siempre no constituya otro delito., 1.- El conyugue o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la victima una relación análoga de afectividad o intimidad, aun son convivencia 2.- la persona que haya procreado hijos o hijas con la victima aun sin convivencia. 3.- Los ascendientes o descendientes, hermanos, hermanas, pariente consanguíneos o afines en línea directa o colateral hasta el cuarto grado. En los demás casos la parte podrá hacer valer su pretensión por ante la vía correspondiente. Infiriéndose que el encausado ha desplegado conducta antijurídica subsumiendo ese accionar ilícito a los presupuestos del delito atribuido, ya que la acusada madre de la víctima conforme la prueba MP1 (Denuncia, entrevista) que acreditan la agresión física por la madre de la victima, por el examen médico forense y evidencia de maltrato la víctima al referir que fue agredida por la acusada y que la misma ha sometido a la víctima a violencia física dentro de su relación de madre e hijo y no sería la primera vez, siendo la última agresión en fecha 12 de julio de 2021 en horas de la mañana asimismo la prueba MP4 acreditan la relación de madre e hijo que la discusión con entre sus padres dio lugar a las agresión a su hijo fueron porque la acusada discutía con el padre de la víctima, cumpliéndose así el primer requerimiento del tipo penal de análisis, en cuanto al sujeto activo del delito, enmarcándose dentro del numeral 3, así también se tiene que el procesado ha infringido Violencia Física, y es menester señalar que la Ley 348 ha definido diferentes tipos de violencia contra las Mujeres a efectos de su mayor comprensión para su correcta subsunción de la conducta considerada antijurídica, y así se estableció en el artículo 7 de la referida normativa, remitiéndonos concretamente al numeral 1, que guarda relación con el tipo de violencia por el cual se dio inicio a la persecución penal, el cual a la letra estableció: "Violencia Física, Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, interno, externo o ambos, temporal que permanente, que se manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo, empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio. De lo que se colige sin lugar a dudas que para que haya violencia física debe ocasionarse o provocarse un daño en la integridad física de la víctima o sujeto pasivo, agresión física que necesariamente debe ser acreditada por un informe médico que dé cuenta de dicha agresión precisando en que parte del cuerpo se ha producido, como asimismo cual la situación de dicha agresión es decir un diagnostico que permita identificar la conclusión a la cual ha arribado por un examen médico luego de proceder a la valoración médica de la víctima, para establecer los días de incapacidad u agresión física que hubiese provocado esta agresión en la humanidad de la víctima, ya que la violencia física es toda acción destinada a ocasionar una lesión mediante una serie de formas que pueden ir desde los golpes producto de la fuerza física mediante el uso de miembros del cuerpo, u ocasionadas por el uso de instrumentos multiformes, contundentes, o mediante armas, y cualquier otro con el cual se provoque una agresión, y asimismo la consecuencia de esta violencia física puede variar en intensidad por lo que se toma en cuenta la gradación de las lesiones externas o internas resultantes. De ahí se tiene la necesidad de poder contar con una valoración médica efectuada a la víctima, a efectos de establecer que lesiones presenta en su humanidad y/o los días de incapacidad a efectos de realizar la labor de subsunción; y conforme a los antecedentes del presente caso se tiene la Prueba MP2 (Certificado Médico Forense) que la víctima ha sido debidamente valorada por médico forense Dr. Cruz Antonio Nina médico forense de la Fiscalía quien en examen Médico ha consignado las lesiones que presentaba la victima., como consecuencia de la agresión física que le propicio la ahora acusada que es su madre indicando lesiones al momento de su revisión en la cual le otorga un día de incapacidad y son compatibles con objeto contundente tangencial; además de tener como antecedentes que la propia abuela de la víctima relata en la denuncia e informe social la agresión física y maltratos realizadas por la acusada ese día 12 de julio de 2021 en horas de la mañana., La prueba señalada precedentemente, valorada en su integridad de acuerdo a las máximas de experiencia, la lógica y psicología conocidas como reglas de la sana critica conforme establece el Art. 173 del Código de Procedimiento Penal, ha sido suficiente para generar convicción en el juzgador sobre la responsabilidad penal de la imputada en la comisión del hecho juzgado, en calidad de autora, ya que el Ministerio Público ha demostrado cumpliendo con el principio de verdad material que el mencionado encausado ha adecuado su conducta al ilícito descrito en el Art. 272 bis. inc. 3) que a la letra dispone “(VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA). Quien agrediere físicamente, psicológicamente o sexualmente dentro de los casos comprendidos en el numeral 1 al 4 del presente Artículo incurrirá en pena de reclusión de dos (2) años a cuatro (4) años, siempre que no constituya otro delito”, a su vez dicho artículo establece en su inciso 3 establece “.3.- Los ascendientes o descendientes, hermanos, hermanas, pariente consanguíneos o afines en línea directa o colateral hasta el cuarto grado”, en cuanto a la relación de afectiva con el imputado ha sido demostrado también por la prueba MP4 (informe social) que acreditan la agresión física la relación de madre e hijo y que no sería la primera vez que es agredido por la ahora acusada, también demuestra que Gisela Rivera Torrez es madre de víctima su hijo de iniciales L.J.O.R.- De lo que se tiene sin lugar a dudas que la acusada incurrió en la comisión del delito atribuido en cuanto a la violencia física, ya que considerando la conceptualización realizada por la ley 348, se tiene que con este accionar el encausado al agredirle físicamente a su hijo de iniciales L.J.O.R un 12 de julio de 2021 en horas de la mañana cuando se encontraba discutiendo con el padre de menor y agrede a su hijo, y realizada la valoración física de la víctima se llegó a establecer que la lesión que presenta la víctima en su cuerpo data de las lesiones son coincidentes con la data del hecho manifestado por la víctima., lo cual estaría ayudando a crear la sumisión, por ello se sostiene que la acusada Gisela Rivera Torrez con este accionar ilícito ha actuado como Autor del delito que se le atribuye y que motiva su procesamiento penal, y así se establecido en el artículo 20 del CP que establece: "(Autor). Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso. ", ya que ha actuado por si solo el día de los hechos, habiendo actuado de forma dolosa, ya que ha actuado a sabiendas que lo que hacía constituía un delito, sin embargo acepto la posibilidad de la ilicitud de su conducta y continuo, actuando en consecuencia conforme dispuso el artículo 14 del CP que señala: "(Dolo). Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad Para ello es suficiente que el autor considere seriamente su realización y acepte esta posibilidad con este accionar ilícito ha actuado como Autor del delito que se le atribuye y que motiva su procesamiento penal, y así se establecido en el artículo 20 del C.P. que establece: "(Autor). Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso.", ya que ha actuado por si solo el día de los hechos, habiendo actuado de forma dolosa, ya que ha actuado a sabiendas que lo que hacía constituía un delito, sin embargo acepto la posibilidad de la ilicitud de su conducta y continuo, actuando en consecuencia conforme dispuso el artículo 14 del CP que señala: "(Dolo). Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Para ello es suficiente que el autor considere seriamente su realización y acepte esta posibilidad. ". De lo expuesto se tiene que conforme a la Parte General del derecho penal es decir e la Teoría General del Delito, analizados los hechos del caso concreto, se establece que constituyen los elementos configurativos del delito atribuido a la acusada Gisela Rivera Torrez como es LA ACCIÓN al haber desplegado conducta de agresión física hacia la víctima durante el año de convivencia con ella. El segundo elemento consistente en la TIPICIDAD la cual también se configura al exteriorizar el acusado esa voluntad delictiva a través de una conducta y accionar que se subsume y encuadra en un hecho descrito por la Ley como es el delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA previsto en el artículo 272 bis numeral 3 del C.P., en cuanto a la agresión Física, estableciéndose plenamente la existencia de la ANTIJURICIDAD de este hecho contrario a derecho. Ahora bien con relación a la CULPABILIDAD, se tiene que el acusado al haber ideado, deliberado y resuelto la comisión del hecho, de manera absolutamente consciente y voluntaria con total libre albedrío; se concluye que concurre el presupuesto de la CULPABILIDAD, establecida en el artículo 13 del CP que dispone: "No se le podrá imponer pena al agente, si su actuar no le es reprochable penalmente. La culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena", coligiéndose que el acusado al haber deliberado previamente con intención, la comisión del delito, se configura de entre las clases de la culpabilidad; el dolo establecido en el artículo 14 del CP; conforme se refirió en el párrafo que antecede; consumando el procesado el ilícito acusado, tipo penal que impone como sanción de reclusión de dos (2) a cuatro (4) años. En conclusión de todo lo analizado y esgrimido se tiene, que tomando en cuenta los hechos y el tipo penal atribuido en el requerimiento Fiscal, para la aplicación de la salida alternativa (procedimiento abreviado), que analizando la ley sustantiva penal respecto al quantum de la pena prevista para el delitos de Violencia Familiar cuya sanción gravita dentro de 2 años a 4 años de privación de libertad, teniéndose así bajo la expresa previsión de la ley sustantiva penal, que lo requerido por el Ministerio Publico, se encuentra dentro del límite legal establecido y previsto para la imposición de la pena en el tipo penal del Art. 272 Bis num. 3 del Código Penal. Por lo que lo requerido por el Ministerio Publico al encontrarse ajustado a límites y presupuestos que señala la ley sustantiva y adjetiva penal. Por lo que bajo el marco de las Garantías Constitucionales, y los Principios de Legalidad, Verdad Material y Potestad Reglada, que subyacen en la previsibilidad y por ende en la procedencia para la aplicación de la salida alternativa “procedimiento abreviado” por el delito de Violencia Familiar y la pena requerida de dos años. Al efecto, habiéndose determinado y establecido la existencia del hecho ilícito acusado, la autoría y participación del imputado y subsumida como se tiene la conducta del agente en lo previsto y sancionado en el tipo penal del art. 272 Bis num. 3 del Código Penal. En consecuencia el imputado, al haber quebrantado con su conducta la norma prohibitiva penal, atraves de su actuar típico, antijurídico y culpable, y al ser este una persona mayor de 18 años de edad penalmente imputable, por cuanto ante la inexistencia de error de tipo o causa de justificación alguna sobre el actuar reprochable de la encausada, corresponde dictarse sentencia condenatoria en su contra y imponerse la sanción penal requerida conforme a ley. POR TANTO: El Juzgado de Sentencia Anticorrupción, Violencia Hacia la Mujer, Niñez y Adolescencia de la Ciudad de Villa Montes, en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, impartiendo justicia, FALLA en procedimiento abreviado: Declarando a la imputada Gisela Rivera Torrez con C.I. No10648306 Tja, AUTORA Y CULPABLE del delito de Violencia Familiar y Domestica, tipificado y sancionado por el Art. 272 Bis num. 3) del Código Penal modificado por la ley 348, y se le condena a cumplir la pena privativa de libertad de dos (2) Años, de presidio, pena que deberá cumplirse en el Centro Carcelario(Cárceleta Pública de la Ciudad de Villamontes), con costas a favor del Estado y al pago y la reparación de daños y perjuicios a la víctima, de conformidad con el Art. 365. VISTOS: La solicitud de la defensa técnica de la imputada, de imposición de Sanción Alternativa y; CONSIDERANDO.- En el caso de autos se emitió Sentencia Nº 58/2024 de 26 de junio de 2024, declarando a la acusada Gisela Rivera Torrez con C.I. No10648306 Tja, Culpable del delito de Violencia Familiar previsto y sancionado por el art. 272 Bis del Código Penal (CP), condenándole a cumplir una pena de reclusión de DOS (2) años a cumplir en la Cárcel Publica de la Ciudad de Villamontes, con costas y costas y reparación de daños a la víctima. En ese marco la acusada Gisela Rivera Torrez con C.I. No10648306 Tja solicita se le otorgue sanción alternativa al amparo del art. 76 y siguientes de la Ley 348, a cuyo objeto adjunta Informe de Antecedentes Penales emitido por el REJAP mediante el cual se constata que la encausada registra antecedente penal referido a suspensión condicional del proceso, y siendo que dicha salida alternativa no son un impedimento como requisito legal, puesto que la presunción de inocencia es un postulado básico de todo ordenamiento jurídico procesal, instituido como garantía constitucional en nuestro país en el art. 116.I de la CPE, que establece la presunción de inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad. No solo la norma fundamental es la que garantiza la presunción de inocencia, sino también la norma procesal penal en su art. 6 que señala: “Presunción de Inocencia”. Todo imputado será considerado inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada; como tampoco que se tenga una salida alternativa de Suspensión Condicional del Proceso, y solo la obligación de imponer sanción alternativa en alusión a la Ley 348 sin bien la misma hace mención a lo reincidencia la misma debe ser entendida en el marco de favorabilidad en relación al art. 76 de la Ley 348 en ese contexto, corresponde enfatizar que de acuerdo con el art. 178 de la Constitución Política del Estado, la potestad de impartir justicia se sustenta, entre otros principios, en el d respecto a los derechos. Estos deben ser interpretados en el marco de los criterios hermenéuticos constitucionalizados, previstos, entre otros, en los arts. 13, 1 16 11 y 256 de la CPE., éstos se refieren al principio pro persona de interpretación conforme a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos; específicamente, al principio de favorabilidad con respecto a la norma aplicable en procesos penales, de conformidad a lo establecido, además por el art. 1 1 6.1 de la CPE, que determina que "regirá la más favorable al imputado o procesado". Por su parte, y en un sentido similar la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó en el caso Cabrera y Montiel vs. México que el principio de presunción de inocencia “se vulnera si antes de que el acusado sea encontrado culpable, una decisión judicial relacionada con él refleja la opinión de que es culpable.” Agregó, siguiendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dicho principio “implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa (…)” . Además, en los casos Loazya Tamayo y Cantoral Benavides vs. Perú, la Corte Interamericana destacó que la presunción de inocencia impone al Estado la obligación de no condenar informalmente a un individuo o emitir un juicio ante la sociedad que contribuya a formar una opinión pública, mientras no se acredite judicialmente su responsabilidad penal. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable regirá la más favorable al imputado o procesado, y es el principio de inocencia en cuanto que la condenado no haya sido objeto de condena anterior por delitos doloso en lo últimos cinco años, máxime siendo que en el caso de autos de trata de una mujer y merece una interpretación flexibilizada.- I. FUNDAMENTO JURÍDICO En mérito a que el problema jurídico planteado en la presente causa, está referido a la solicitud de Sanción Alternativa efectuada por el impetrante, que fue sancionado a dos años de reclusión por el delito de violencia familiar; corresponde analizar, antes de resolver el caso, qué norma resulta aplicable; es decir, si el Código de Procedimiento Penal, que prevé la aplicación de Perdón Judicial, en los supuestos en los que se hubiere impuesto una sanción que no exceda de dos años de duración y que el condenado no hubiera sido objeto de condena anterior por delito doloso en los últimos cinco años; o, la Ley 348, que para los supuestos en los que la pena aplicada no exceda los tres años de privación de libertad, determina que se aplicarán sanciones alternativas. Ahora bien, una de las pautas que guían al juez es el principio de interpretación conforme a los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos; es decir, que su función interpretativa no solo se circunscribe a las disposiciones del texto constitucional, sino, que su campo de acción se extiende a la normativa consignada en los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto en los arts. 13 y 256 de la CPE; y, a la aplicación preferente de los mismos, en caso que el reconocimiento o interpretación que derive de estos, contenga un estándar de protección más favorable al derecho en cuestión. Entre los estándares jurídicos internacionales vinculados a la violencia de género, cabe mencionar a la Recomendación General 19 sobre la Violencia contra la Mujer de 29 de enero de 1992, pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)15; al ser una de las más relevantes en estos temas; afirmando que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ella goce de derechos y libertades en igualdad con el varón. La referida Recomendación General 19, también señala que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino, por particulares, cuando el Estado no implemente los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres de este tipo de violencia; cuando no adopta medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. En la misma Recomendación, el CEDAW señala que con la finalidad de combatir la violencia en la familia, los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de agresiones contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad; proporcionando resguardo y apoyo a las víctimas; y, capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos, para que apliquen la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer Lo que significa, que la violencia no solo es un asunto de Estado, que identifica una clara responsabilidad en llevar adelante diferentes acciones -legislativas, administrativas y judiciales- para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar la violencia en el seno de las familias, sino de la propia familia y la sociedad. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal. Conforme al desarrollo anterior, se evidencia la existencia de una antinomia entre el Código de Procedimiento Penal y la Ley 348, en cuanto se refiere al cumplimiento de la sanción; así, el Código de Procedimiento Penal establece la posibilidad de suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena, si se presentan los requisitos previstos en el art. 366 de la misma norma procesal, cuyo contenido y alcance de ese instituto fue desarrollado en fallo constitucional. En cambio la Ley 348, adopta medidas específicas para la prevención y la sanción de los delitos de violencia contra las mujeres, introduciendo regulaciones especiales con impacto directo en la protección especial a la mujer agredida, tendientes a evitar los altos niveles de impunidad y el mantenimiento de conductas discriminatorias hacia las mujeres, en aras de una igualdad procesal realmente efectiva. En ese entendido, en ningún caso los derechos del agresor pueden ser valorados judicialmente por encima de los derechos humanos de la mujer; es decir, a su integridad física y mental; y, a vivir libre de cualquier tipo de violencia. Conforme a lo anotado, la Ley 348, en el marco de las normas internacionales sobre Derechos Humanos, hace especial énfasis en la persecución y sanción de los agresores, no previendo, por lo mismo, la posibilidad de otorgar al agresor la suspensión condicional de la pena; más bien, establece la posibilidad de la aplicación de sanciones alternativas a la privación de libertad, entre otros casos, cuando la pena impuesta no sea mayor a tres años, en cuyo caso, el juez podrá aplicar las sanciones alternativas descritas en los arts. 77 al 82 de la 20 referida Ley; debiendo la autoridad judicial, aplicar un plan de conducta al condenado, de conformidad a lo previsto por el art. 82 de la misma norma. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO Del análisis de los antecedentes del proceso, se evidencia que Gisela Rivera Torrez con C.I. No10648306 Tja fue condenada por Sentencia Nº 58/2024 de 26 de junio de 2024 de reclusión en la Cárceleta Publica de la Ciudad de Villamontes. Asimismo por Informe del REJAP se constata que no tiene antecedentes penales (sentencia condenatoria), por lo que en el caso de autos se bien se cumplen las prerrogativas legales dispuestas en el art. 368 del CPP, sin embargo la Ley 348, al prever de manera expresa, en el Título V, Capítulo I, las sanciones alternativas a aplicarse en los casos en los que la privación de libertad no sobrepase los tres años, se constituye en una norma especial que debe ser aplicada de manera preferente como lo dispone su art. 5.III, al señalar que la referida Ley: “No reconoce fuero ni privilegio de ninguna clase, su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma para los delitos establecidos en la presente Ley”; con la aclaración, que ello no significa que en todos los casos se deba disponer la privación de libertad del condenado, sino por el contrario, la aplicación de las sanciones alternativas previstas en la Ley 348. POR TANTO: Sin ser necesarias mayores argumentaciones de carácter legal, en mérito al certificado de Rejap adjunto y la pena impuesta SE CONCEDE a la imputada Gisela Rivera Torrez con C.I. No10648306 Tja., Sanción Alternativa por el tiempo de UN AÑO consistente en: En cuanto a las medidas de a la sanción alternativa se tiene que el art. 76 de la Ley 348 indica “En delitos de Violencia Familiar hacia las mujeres. Siempre que el autor no sea reincidente, se podrán aplicar sanciones alternativas a la privación de libertad cuando: 1.- La pena impuesta no sea mayor a tres años, en cuyo caso será reemplazada por una sanción alternativa a la privación de libertad Por lo anteriormente se ordena las siguientes sanciones alternativas establecidas en el art. 76 parágrafos II de la Ley 348 se dispone lo siguiente: a).- Se ordena a Gisela Rivera Torrez con C.I. No10648306 Tja., la imposición de una multa como sanción alternativa o accesoria no sustituye la reparación a la mujer por el daño causado como efecto de la violencia; no podrá ser mayor de trescientos sesenta y cinco días ni comprender para el cálculo más del cincuenta por ciento (50%) del salario del sancionado y cuando el salario es indeterminado, se calculará sobre el cincuenta por ciento (50%) del salario mínimo nacional. El día de privación equivale a un día multa y es revocable ante el incumplimiento.- -----Las multas serán destinadas a los Servicios de Atención Integral a cargo de los Gobiernos Autónomos Municipales, quienes constituirán un fondo' y abrirán una cuenta fiscal exclusiva para este propósito, debiendo asignar los recursos con carácter preferente a las Casas de Acogida y Refugio Temporal y costo por servicios de salud. Los fondos no podrán ser destinados a otro fin.- ……En cuanto el monto de la multa se tiene que al no poder determinarse un salario; el mismo opera sobre el salario mínimo nacional; que de acuerdo al Decreto Supremo N° 5154, en el cual se determina que el salario mínimo nacional para la gestión 2024 es de Bs. 2.500,00 (Dos mil Quinientos 00/100 bolivianos). Este monto representa un aumento del 3% en comparación con el salario mínimo nacional establecido para la gestión 2024, y su aplicación es de carácter obligatorio., por lo cual se dispone que la acusada Gisela Rivera Torrez con C.I. No10648306 Tja, en el lapso de UN año calendario tiene la obligación de cancelar el monto de 1250 Bolivianos en cuotas o en un solo monto la cuenta N° 1-11123481 del Banco Unión proporcionada por el representante del SLIM del Municipio de Villamontes hasta antes de cumplir un año, depósitos que deberá poner en conocimiento del Juzgado de Ejecución de Penas de la Ciudad de Villamontes, bajo su responsabilidad.- ---El Gobierno Autónomo Municipal de Villamontes deberá supervisar y reportar el cumplimiento de la sanción al juzgado Juez de Ejecución de Penas de la Ciudad Villamontes y al Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género – SIPPASE, bajo su responsabilidad.- -------En consecuencia se advierte a la imputada Gisela Rivera Torrez con C.I. No10648306 Tja que al vencimiento y cumplimiento de las sanciones alternativas dentro del plazo de prueba establecido se declarará extinguida la acción penal, pero en caso de no cumplir las sanción establecida, dará lugar al cumplimiento de la pena de DOS años impuesta de privación de libertad -----------Asimismo en cuanto a las medidas de protección accesorias establecidas en la Ley 1173, y Ley 348 que responden al principio de interés de una vida sin violencia, se tiene que La Convención Belem do Pará, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 del 18 de octubre de 1994, reconoce en su art. 3 el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, e incluye en su art. 2 como formas de violencia contra la mujer, la violencia física, sexual y psicológica y la afirmación sin restricciones que este derecho incluye el no ser valoradas a partir de patrones estereotipados de comportamiento basados en conceptos de inferioridad o subordinación. Este derecho se encuentra también reconocido en la CPE al efectuar una mención especial a las mujeres, al disponer en el art. 15.II que “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”. El mismo artículo 15, en armonía con las normas internacionales establece que “El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolo y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”. El desarrollo de este derecho y las correspondientes obligaciones del Estado, ha sido desarrollada por la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que redimensiona el problema de la violencia contra la mujer, superando la limitación de entenderla solo como violencia doméstica, tratándola más bien como violencia en razón de género que expresa un modo social con raíces históricas, culturales, económicas y una forma de comprender y asumir los roles del hombre y de la mujer en la organización social, un hombre donde el hombre es más y la mujer menos, donde está subordinada al otro, una realidad que está siendo y debe ser transformada. .,se ordenan las siguientes medidas de protección y rehabilitación especial estipuladas en el art. 35 de la Ley 348: 1) Se Ordena a la acusada Gisela Rivera Torrez con C.I. No10648306 Tja, la prohibición de intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de violencia a la victima (menor de iniciales L.J.O.R), así como a cualquier integrante de su familia, sin embargo la victima podrá tener comunicación sea virtual, video llamada o presencial con sus hijos las veces que lo requiera incluso por el celular del acusado.- 2) Se Ordena a la acusada Gisela Rivera Torrez con C.I. No10648306 Tja, la prohibición de realizar acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia, como a la mujer víctima(menor de iniciales L.J.O.R) ------En cuanto a las medidas de protección estipulada en la Ley 389 de la Ley 1173 de conformidad al numeral 13 se dispone: ----------La fijación provisional de la guarda del menor de iniciales L.J.O.R., en la abuela Rosa Torrez Coranado la misma que se mantendrá hasta tanto el juez de la niñez y adolescencia resuelva., debiendo por secretaria ponerse a conocimiento del Juzgado de la Niñez y Adolescencia distinto y más cercano del asiento Judicial de la Ciudad de Villamontes y de igual forma a conocimiento de la Defensoría de la niñez y adolescencia de la Ciudad de Villamontes.- a).- Como medida de no repetición; La obligación de la acusada Gisela Rivera Torrez con C.I. No10648306 Tja, someterse a programas de tratamientos reflexivos, educativos o psicológicos tendientes a la modificación de conductas violentas mismas que deberá realizar en el SEREGES dependiente de la Sub Gobernación de la Ciudad de Villamontes para la reconducción de sus actos. Por lo que concluido dicho tratamiento y/o concientización, deberá certificarse a través del informe positivo de la nombrada institución por secretaria faccionese oficio para su cumplimiento debiendo informar a este Juzgado especializado de la Ciudad de Villamontes del cumplimiento de lo ordenado al ser competente, bajo su responsabilidad caso contrario.- Como medida de reparación inmediata a favor de la víctima; la acusada deberá correr con los gastos cubran una terapia psicológica a la víctima, respecto al daño y el trauma psicológico que presenta la misma. Medidas de satisfacción; La acusada deberá reparar y reponer todos los gastos generados a la víctima a consecuencia de los hechos de violencia, ejercidos en contra de la víctima; entre ellos implica que deberá cubrir los costos que tengan que ver con los proyectos de vida y superación truncados al adolescente, a consecuencia de los hechos de violencia, los mismos deberán abarcar y cubrir todo los daños materiales e inmateriales inclusive. ------------Siendo que las medidas de protección a la víctima de no repetición no deben quedar en un postulado si no que deben materializarse conforme el art 180 de la C.P.E., para el cumplimiento de las medidas dispuestas en los numerales y incisos 1), 2) y 3) ofíciese al SLIM dependiente del Municipio de Villamontes para que junto con su equipo multidisciplinario verifique que la víctima se encuentre recibiendo una calidad de vida diga sin violencia física o psicológica u otra cualquiera debiendo realizar visitas periódicas hasta que considere necesario; que en caso de evidenciar el no cumplimiento de las medidas de protección debe procede conforme a derecho ante este Juzgado de la Ciudad de Villamontes al ser la autoridad competente, por secretaria ofíciese bajo su responsabilidad en caso de proceder, en cuanto al inciso a) por secretaria faccionese SEREGES dependiente de la Sub Gobernación de la Ciudad de Villamontes para la reconducción de sus actos para que realice las terapias psicológicas debiendo informar ante este Juzgado al ser la autoridad competente, bajo su responsabilidad.- b).- Medida de reparación psicológica a la víctima (de iniciales L.J.O.R) la misma deberá realizar tratamiento psicológico por la D.N.A., dependiente del Municipio de VIllamontes hasta que se recupere su autoestima debiendo oficiarse a dicha entidad; para que junto con su equipo multidisciplinario realicen las terapias psicológica a la víctima debiendo informar a esta autoridad sobre las mismas de manera periódica bajo su responsabilidad, por secretaria ofíciese al ESLIM. En consecuencia se advierte al imputado Gisela Rivera Torrez con C.I. No10648306 Tja, que en caso de no cumplir las medidas de protección establecidas, se procederá conforme el art. 389 quinquies de la Ley 1173. (INCUMPLIMIENTO). “En caso de incumplimiento de las medidas de protección especial, impuestas por la jueza o el juez, a efecto de hacer efectivo el resguardo de los derechos de la vida, integridad física o psicológica de las víctimas, de oficio o a solicitud del fiscal, la víctima, representante legal, querellante o la instancia de defensa de los derechos de la niñez y adolescencia o de las mujeres, en audiencia, la autoridad jurisdiccional dispondrá detención preventiva del infractor de un mínimo de tres (3) a un máximo de seis (6) días, según la gravedad” En conformidad al art. 80 de la Ley 348 La autoridad judicial en ejecución de sentencia, cuando se hayan dispuesto sanciones alternativas, aplicará las medidas de seguridad necesarias para proteger a la mujer que se encuentra en situación de violencia, y a sus hijas e hijos o su núcleo familiar De conformidad con el art. 123 del Código de Procedimiento Penal se advierte a las partes que pueden hacer uso del recurso de apelación restringida en el término de quince días a partir de la notificación con la presente sentencia.- NORMAS APLICADAS: Constitución Política Art. 13 – I), II), III), 15, 60, 61, 115, 116, 117, 119,121, 123, 180, 256 y 410. Código Penal Art. 13, 20, 37, 38, 87 al 93, 272 Bis. Código de Procedimiento Penal Arts. 1, 11, 13, 16, 36, 37, 39, 70, 109, 124, 127, 129 – 4), 171 al 173, 216, 264, 276, 346, 373. Ley 348 art. 4, 6, 7, 31, 32, 35, 76, 77, 89, 92, 95 Ley del Órgano Judicial Art. 30 núm. 6), 11), 12). La ley especial N° 348, en relación a los Instrumentos como la Convención de Belén Do Pará, las recomendaciones de la CEDAW, el MECECVI y el protocolo para juzgar con perspectiva de género. – Regístrese.- FIRMADO Y SELLADO POR EL DR. JORGE ADHEMAR ALCOBA OSSIO, JUEZ DE SENTENCIA, ANTICORRUPCION, VIOLENCIA CONTRA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE VILLA MONTES, ANTE MI ALDO YUCRA REYNA SECRETARIO DEL JUZGADO DE SENTENCIA, ANTICORRUPCION, VIOLENCIA CONTRA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE VILLA MONTES, EL PRESENTE EDICTO ES FRACCIONADO A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VENTE Y CUATRO.


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