EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA SEGUNDO EN MATERIA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL


PARA: MARIA FERNANDEZ VIDA EDICTO DRA.JHANNETH GUILLEN SENZANO, JUEZ DE SENTENCIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER Nº 2 DE LA CAPITAL MEDIANTE EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANA / VICTIMA : MARIA FERNANDEZ VIDA, LA SENTENCIA DE 23 DE ABRIL DE 2024, REPRESENTACION DE 28 DE MAYO DE 2024 Y DECRETO DE 06 DE JUNIO DE 2024; DENTRO LA CAUSA SIGNADA CON EL NUREJ:301102072302436 SEGUIDA POR EL MINISTERIO PUBLICO A DENUNCIA DE MARIA FERNANDEZ VIDA CONTRA FELICIANO WUALLPA MAMANI POR LA COMISION DEL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA TIPIFICADO EN EL ART. 272 BIS NUM.1) DEL CODIGO PENAL, A OBJETO DE QUE TOME CONOCIMIENTO DEL SIGUIENTE ACTUADO: --------------------------------------SENTENCIA DE 23 DE ABRIL DE 2024------------------------------------------------ SENTENCIA N° 29/2024 – PA Cochabamba, 23 de abril de 2024 PROCEDIMIENTO ABREVIADO JUEZ : Jhanneth Guillen Senzano ACUSADOR FISCAL : José Luis Solís Cadima VICTIMA : María Fernández Vida ABOG. DEFENSOR : Jorge Martínez Fuentes NUREJ:301102072302436 IMPUTADO(S) : FELICIANO WUALLPA MAMANI ABOG. DEFENSOR : Raúl Fernández Fernández DELITO(S) : Violencia Familiar o Doméstica ARTICULO(S) : Art. 272 bis núm. 1) del Código Penal SECRETARIA : Shirley Beatriz Aguilar Vargas VISTOS La modificación del requerimiento conclusivo de acusación formal, efectuada por el fiscal de materia, José Luis Solís Cadima, solicitando la aplicación de la salida alternativa de Procedimiento Abreviado, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Feliciano Wuallpa Mamani, por el delito de Violencia Familiar o Doméstica, tipificado en el art. 272 bis núm. 1) del Código Penal (CP), lo expuesto por las partes en audiencia, los antecedentes del caso, y; CONSIDERANDO I FUNDAMENTACION FACTICA DEL REQUERIMIENTO CONCLUSIVO DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO El representante del Ministerio Público como titular de la acción penal pública, a solicitud del acusado, promueve la aplicación de la salida alternativa de procedimiento abreviado, ratificando a ese fin los fundamentos fácticos de la acusación fiscal de 19 de marzo de 2024, como sigue a continuación: “… la Sr. María Fernández Vida y el Sr. Feliciano Wallpa Fernández son concubinos tiene 3 hijos en común, que conviven durante 14 años aproximadamente, que al inicio de su relación era todo tranquilo, pero cuando se embarazo de su segundo hijo el Sr. Feliciano empezó a cambiar, llegaba borracho a su casa y le agredía físicamente, le insultaba con palabras groseras, cuando se embarazo de su tercer hijo, el sindicado se fue a vivir con otra mujer, llegaba a su casa sano y nuevamente le agredía a María Fernández, le aportaba de los brazos le pellizcaba, no la dejaba salir de su casa, como último hecho de agresión se tiene que en fecha 17 de diciembre de 2023 a horas 6 de la mañana FELICIANO HUALLPA MAMANI llegó a su casa ubicado en la Zona Sud Higirani O.T.B. La Merced cuando MARIA FERNANDEZ VIDA dormía en su habitación junto con sus hijos, Feliciano estaba molesto porque habrían intentado golpearlo en la calle, antes de llegar a su casa, la boto a María junto a su hija de 11 años que se encontraba en la cama y directamente le comenzó a pegar, le agarro de las manos le boto a la cama encima de su hijo Josué de dos años, le dio puñetes en su cara, entro su mamá del denunciado diciendo que ya no haga así, pero el sindicado comenzó a decirle que es una basura, cualquiera, sonsa; le decía que se salga de la casa, volviendo a pegarle con puñetes y patadas en su cuerpo, le golpeo con su zapato en la cabeza, le arrastro de su mano le arrastro todo el cuarto en presencia de su madre del denunciado que no hizo nada, María se escapó al otro cuarto donde peor la golpeo pisándole los pies, su hijo de ocho años le quiso defender donde Feliciano le dio un golpe en la cabeza, llego el hermano de Feliciano quien le dijo que había visto a María con otro hombre, preguntándole porque él no se hace respetar, aprovechando María la conversación, se escapó de la casa hasta un rio cercano donde Feliciano le alcanzo y continuo dándole golpes de puñetes y patadas, apareciendo una señora quien le ayudo llevándola a los dirigentes de la zona quienes llamaron a la policía.”. (SIC), calificando este hecho como el delito de Violencia Familiar o Doméstica, tipificado en el art. 272 bis núm. 1) del Código Penal. Con base a tales antecedentes, el representante fiscal promueve esta salida alternativa ante el acuerdo con el acusado de someterse al procedimiento abreviado, admitiendo para ello de forma libre y voluntaria la comisión del hecho y reconociendo su culpabilidad, además de renunciar al juicio oral ordinario, pidiendo se dicte Sentencia Condenatoria aceptando la pena de tres años de privación de libertad con ejecutoria de sentencia, conforme a los arts. 326, 373 y 374 del CPP. CONSIDERANDO II FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA El procedimiento abreviado, es una salida alternativa al juicio oral ordinario como una forma de conclusión anticipada del proceso con la emisión de una sentencia condenatoria, basada no solamente en la admisión del hecho y el reconocimiento de culpabilidad por parte del imputado sino también en la suficiente carga probatoria aportada por el Ministerio Público para la comprobación real de la confesión del acusado sobre el hecho que se le atribuye, no pudiendo primar simplemente una verdad pactada entre las partes, por cuanto el art. 374 del CPP, además de los requisitos formales establecidos en el art. 373 del mismo adjetivo, estipula de forma taxativa que: “en audiencia oral, el juez escuchará al fiscal, al imputado, a la víctima o al querellante, previa comprobación de: 1) La existencia del hecho y la participación del imputado; 2) Que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario; y, 3) Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario”. En ese sentido, la SC 1659/2004-R de 11 de octubre, señala que "… la solicitud de procedimiento abreviado, contiene implícitamente una acusación formal, en la que se solicita la pena requerida; por ello, es necesario presentar junto a la misma, todos los elementos probatorios, expresando lo que se pretende demostrar con cada uno de éstos; por lo que no es suficiente contar con el acuerdo del imputado y su defensor, fundado en la admisión del hecho y su participación en él a que hace referencia el art. 373 del CPP; en razón de que este procedimiento está sustentado en el principio de legalidad y de la verdad real, no pudiendo esta última ser reemplazada por la verdad consensuada entre las partes; consiguientemente, es imprescindible generar en el Juez la plena convicción de que los hechos se suscitaron tal y como presentó o relacionó el Fiscal encargado de la investigación y demostrados en audiencia…”, jurisprudencia de la que se extrae que la verdad material debe imponerse a la verdad formal; ello implica que el Ministerio Público debe aportar suficientes elementos de prueba que permitan al juzgador adquirir plena convicción acerca de la existencia del hecho y la responsabilidad penal del imputado, por cuanto el art. 7 núm. 2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece que "nadie puede privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas", es decir, que la condena de una persona, debe necesariamente estar enmarcada en las disposiciones legales y jurisprudenciales citadas previamente. Finalmente, se debe considerar que el art. 326 del CPP modificado por la Ley 586 y complementada por la Ley 1173, indica lo siguiente: “El imputado podrá acogerse al procedimiento abreviado, criterio de oportunidad, suspensión condicional del proceso o conciliación, en los términos de los artículos 21, 23, 24, 373 y 374 del Código de Procedimiento Penal, y los artículos 65 y 67 de la Ley Nº 025 de 24 de junio de 2010, del Órgano Judicial, siempre que no se prohíba expresamente por Ley, aun cuando la causa se encuentre con acusación o en audiencia de juicio oral, hasta antes de dictada la sentencia”. En ese marco, el art. 272 bis del Código Penal, describe el delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA de la siguiente forma: “Quien agrediere físicamente, psicológica o sexualmente dentro los casos comprendidos en el numeral 1 al 4 del presente Artículo incurrirá en pena de reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, siempre que no constituya otro delito. 1. El cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad o intimidad, aún sin convivencia. 2. La persona que haya procreado hijos o hijas con la víctima, aún sin convivencia. 3. Los ascendientes o descendientes, hermanos, hermanas, parientes consanguíneos o afines en línea directa y colateral hasta el cuarto grado. 4. La persona que estuviere encargada del cuidado o guarda de la víctima, o si ésta se encontrara en el hogar, bajo situación de dependencia o autoridad. En los demás casos la parte podrá hacer valer su pretensión por ante la vía correspondiente”. Por lo que al presente corresponde analizar si con la prueba aportada por el Ministerio Público, se corrobora o no la confesión y admisión de culpabilidad del acusado en el ilícito previamente descrito. CONSIDERANDO III FUNDAMENTOS PROBATORIOS Y MOTIVACIÓN FACTICA Durante la audiencia, se pudo verificar que en el caso concreto si fueron cumplidos todos los presupuestos jurídicos para la procedencia de esta salida alternativa, fundamentalmente la comprobación previa de la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, valorando las mismas conforme a las reglas de la sana crítica, como se pasa a detallar a continuación: 1) Sobre la existencia del hecho y la participación del imputado A los fines de acreditar la existencia del hecho y la autoría del acusado en la misma, el Ministerio Público presentó la prueba de cargo ofrecida en el pliego acusatorio fiscal, pidiendo que la misma sea incorporada en el requerimiento conclusivo bajo análisis, conforme al siguiente detalle: MP-1(Fs.2).- Informe policial de 17 de diciembre de 2023, emitido por el investigador asignado al caso, Sgto. Willy Sajama Mamani, sobre las actuaciones policiales realizadas. MP-2(Fs.1).- Informe de intervención policial preventiva de 17 de diciembre de 2023, realizado por el Sgto. Juan Carlos Guzmán Romero, en el que se informa los hechos que motivaron la intervención policial. MP-3(Fs.1).- Acta de denuncia verbal de 17de diciembre de 2023, formulada por la víctima en contra de Feliciano Wallpara Mamani, por el delito de violencia familiar o doméstica. MP-4(Fs.2).- Acta de entrevista policial de 17 de diciembre de 2023, prestada por la víctima, en el que relata la forma en que fue agredida físicamente por el acusado el 17 de diciembre de 2023, con su fotocopia de carnet. MP-5(Fs.2).- Informe psicológico preliminar de 17 de diciembre de 2023, emitido por la Lic. Norma Muriel Arze, psicóloga del SLIM, informando que la víctima presenta indicadores de violencia dando como resultado un puntaje alto de predicción de violencia. MP-6(Fs.1).- Certificado médico forense de 17 de diciembre de 2023, emitido por la Dra. Maria Luisa Calle Davila, médico forense del IDIF, sobre la valoración médica realizada a la víctima, otorgándole 4 días de incapacidad médico legal por policontusión. MP-7(Fs.1).- Acta de registro del lugar del hecho de 17 de diciembre de 2023, realizado por investigador asignado al caso, Sgto. Willy Sajama Mamani. MP-8(Fs.4).- Acta de registro del lugar del hecho de 17 de diciembre de 2023, realizado por investigador especial, Sgto. 2do. Herminio Aspeti, con su respectivo muestrario fotográfico. MP-9(Fs.4).- Acta de toma de placas fotográficas de 17 de diciembre de 2023, realizado por el investigador especial, Sgto. 2do. Herminio Aspeti Gutiérrez, en el que se observa las lesiones visibles en la víctima. MP-10(Fs.1).- Historial de denuncia del sistema JL2 del Ministerio Público, sobre los procesos penales registrados en contra del acusado. MP-11(Fs.6).- Requerimiento fiscal de 17 de diciembre de 2023. Certificación del SERECI de 22 de diciembre de 2023, sobre los datos de identidad del acusado. Certificación de verificación de datos SERECI de 22 de diciembre de 2023. Certificación de filiación de ascendencia del acusado, de 22 de diciembre de 2023. Certificación de filiación descendencia del acusado, de 22 de diciembre de 2023. Requerimiento fiscal de 20 de diciembre de 2023. MP-12(Fs.4).- Memorial de 07 de febrero de 2024 presentado por la Sra. María Fernanda Vida, solicitando la homologación del acuerdo conciliatorio. Fotocopia de cédula de identidad de la víctima. Acuerdo conciliatorio de 31 de enero de 2024. Formulario de reconocimiento de firmas. MP-13(Fs.1).- Nota informe de 01 de marzo de 2024, emitido por la Lic. Alejandra Sánchez Cáceres, psicóloga del SLIM y la Lic. Norka Noemi Pinola Morales, trabajadora social del SLIM sobre los intentos de comunicación con la víctima. MP-14(Fs.8).- Sentencia N° 20/2024 de 7 de febrero de 2024, por el que se condena al acusado a 3 años de privación de libertad. Acta de audiencia de consideración de salida alternativa. MP-15(Fs.1).- Mandamiento de Condena de 7 de febrero de 2024, en contra del acusado. Las literales MP-6 y 9 resultan muy relevantes para acreditar la existencia del hecho con relación a la agresión física ejercida en contra de la víctima; las literales relevantes MP-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14 y 15 resultan relevantes para acreditar la autoría del acusado en el hecho ilícito que se le atribuye, su personalidad y el peligro que el mismo representa para la víctima; y las literales MP-1, 11, 12 y 13 resultan irrelevantes porque carecen de valor probatorio por previsión expresa de los arts. 280 y 333 del CPP así como la SCP 1430/2015-S2 de 23 de diciembre, por cuanto su utilidad simplemente se circunscribe a la etapa preparatoria para la directrices de la investigación por el Ministerio Público, por lo que valorados en su integridad de forma individual y conjunta bajo el principio de la sana crítica y la libre convicción, no solamente corroboran la verosimilitud de la admisión del hecho por el acusado, FELICIANO WUALLPA MAMANI, sino que fundamentalmente demuestran su autoría y responsabilidad penal en el delito que se le atribuye, dado que son suficientes para demostrar que el acusado ciertamente cometió el ilícito que se le atribuye, por cuanto el 17 de diciembre de 2023, le agredió físicamente a la víctima agarrándole de las manos la botó a la cama, dándoles puñetes en la cara y patadas en el cuerpo, ocasionándole dolor y sufrimiento físico por las lesiones corporales causada con 4 días de impedimento médico legal, adecuando así su conducta al delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA, tipificado en el art. 272 bis núm. 1) del Código Penal, toda vez que ha mantenido una relación de afectividad con la víctima, y es en tal condición que ejerció violencia física en su contra, por lo que al estar la confesión del acusado corroborada con la prueba de cargo presentada por el Ministerio Público, conforme a las exigencias de las SSCC 1659/2004-R de 11 de octubre y 1691/2014 de 29 de agosto, este tribunal unipersonal, asume la convicción plena sobre la autoría del acusado en el ilícito que se le atribuye, ya que la confesión del mismo no responde a una verdad consensuada sino a la verdad material. 2) Sobre los datos de identidad y la renuncia voluntaria del acusado al juicio oral ordinario Previa explicación de los alcances y la diferencia entre el juicio ordinario y el procedimiento abreviado, así como las consecuencias de ambos, consultado que fue el acusado FELICIANO WUALLPA MAMANI, con C.I. 12551221 CB, de 30 años de edad, nacido el 08 de marzo de 1994 en Potosí – Gral. Bilbao Villque, con estado civil soltero (concubino), de ocupación albañil, con domicilio en la C/Innominada s/n de Higuerani - Barrio La Merced – zona sur, con antecedentes penales, de forma libre y voluntaria, optó por someterse a la referida salida alternativa, expresando a viva voz en audiencia que su renuncia al juicio oral es totalmente voluntaria. 3) Sobre el reconocimiento de culpabilidad libre y voluntario del acusado El acusado FELICIANO WUALLPA MAMANI, en sus propios términos y sin que esta autoridad pueda advertir algún tipo de presión sobre él, reconoce haber desplegado las acciones detalladas en la acusación fiscal y ratificadas en audiencia por la autoridad fiscal, confesando que ciertamente ejerció violencia física en contra de la víctima, en las circunstancias temporales, espaciales y modales detalladas en el pliego acusatorio fiscal, lo que también determina la concurrencia del tercer presupuesto material que hace a la salida alternativa de procedimiento abreviado. En el presente caso, de la valoración integral de la prueba de cargo presentada por la parte acusadora, conforme a las reglas de la sana crítica prevista en el art. 359 del CPP y corroborada la confesión del acusado sobre su admisión del hecho y su participación en el mismo, la suscrita juez adquiere plena convicción de que efectivamente el 17 de diciembre de 2023 en circunstancias en que la víctima se encontraba durmiendo con sus hijos, el acusado ingresó a su habitación y agarrándole de las manos le botó a la cama encima de su hijo Josué, donde procedió a darle puñetes en la cara además de puñetes y patadas en su cuerpo y su cabeza, arrastrándola en todo el cuerpo y pisándole en los pies, por lo que habiéndose comprobado la existencia del hecho bajo el principio de verdad material, se concluye que el accionar del acusado es reprochable penalmente, por cuanto su conducta se adecúa al delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA, tipificado en el art. 272 bis núm. 1) del Código Penal, al haberse demostrado con prueba objetiva de que el acusado (sujeto activo) si ejerció agresión física (acción) en contra de la víctima (sujeto pasivo), con quien el acusado tuvo una relación de afectividad, vulnerando así el derecho a la integridad física (bien jurídico protegido) de la víctima, adecuando así su comportamiento al injusto penal señalado (tipicidad), mismo que resulta contrario a la indicada norma penal, que prohíbe la violencia física, psicológica o sexual en contra de cualquier persona con quien se tenga o hubiera tenido una relación de parentesco consanguíneo, de afinidad o afectividad, con o sin convivencia (antijuridicidad), y dado que el mismo tenía la capacidad de comprender las consecuencias de su accionar, por cuanto no se ha probado ninguna causa de inimputabilidad o semi-imputabilidad que derive de la falta de su capacidad de comprensión del carácter prohibido de su accionar y conducirse de acuerdo a dicha comprensión, debido a alguna enfermedad mental, grave perturbación de la conciencia o grave insuficiencia de la inteligencia, o en su caso, que dicha capacidad de comprensión haya disminuido notablemente sus facultades mentales, por lo que es exigible un comportamiento diferente a la conducta desplegada (culpabilidad); por lo que habiéndose demostrado con los elementos probatorios descritos y valorados en su integridad, que el acusado ha adecuado su conducta en grado de autor al injusto penal que se le atribuye, se concluye que la confesión del acusado responde a la verdad material del injusto penal que se le atribuye y no así a una verdad formal o consensuada. CONSIDERANDO IV DE LA PENA REQUERIDA EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO A partir de la vigencia del nuevo modelo de Estado Constitucional de Derecho, el juez tiene el deber inexcusable de aplicar las normas contenidas en la ley penal (sustantiva y/o adjetiva), a partir de la interpretación que debe realizarse desde y conforme a la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; precisamente tomando en cuenta tales extremos es que la juez que integra este Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer N° 2, considera que en apego al art. 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, misma que al ser ratificada por Bolivia mediante Ley 1430 de 11 de febrero de 1993, forma parte del referido bloque de constitucionalidad, e igualmente conforme a lo expresamente determinado en el art. 374 del CPP, no es posible imponer al acusado una pena más grave que la solicitada por la autoridad fiscal a tiempo de requerir la aplicación de procedimiento abreviado, empero, tampoco se puede fundar la condena en la admisión del hecho; en consecuencia, de conformidad al art. 37 del Código Penal, corresponde únicamente a la autoridad jurisdiccional determinar la pena a imponerse, con el único límite legal de que éste no supere a la requerida por la autoridad fiscal, debiendo en consecuencia verificarse que tal petición se encuentre dentro los parámetros legales establecidos para cada delito. Es así que realizada dicha labor, se advierte que el delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA, tiene una pena privativa que oscila de DOS (2) A CUATRO (4) AÑOS de privación de libertad, por lo que siendo la pena requerida por la autoridad Fiscal, de TRES AÑOS, es evidente que la misma se encuentra enmarcada en la pena fijada para el delito de referencia, pues no obstante de que el acusado es una persona adulta con capacidad de comprensión y producto del hecho se ha ocasionado 4 días de incapacidad médico legal a la víctima, no es menos cierto que el mismo decidió someterse voluntariamente al procedimiento abreviado aceptando su responsabilidad penal y la pena requerida por la autoridad fiscal como sanción por su conducta, lo que constituye un acto de arrepentimiento por el ilícito cometido y conlleva a la concurrencia de la atenuante general prevista en el art. 40 núm. 3) del CP, lo que permite atenuar la pena mínima, empero, tomando en cuenta las circunstancias de la agresión y su reincidencia, corresponde incrementar la pena, de tal forma que se retorna a la pena promedio, de modo que la pena solicitada por el Ministerio Público resulta proporcional a las circunstancias previamente detalladas, correspondiendo en consecuencia, fijar la condena solicitada por la autoridad fiscal, por cuanto no es posible imponer una condena superior a la requerida en procedimiento abreviado por previsión expresa del art. 374 del CPP. POR TANTO La Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer N° 2 de la Capital, administrando justicia en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud de la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, en procedimiento abreviado, RESUELVE: 1° DECLARAR al acusado FELICIANO WUALLPA MAMANI, con C.I. 12551221 CB, de 30 años de edad y demás generales de ley ya conocidas, con antecedentes penales, AUTOR de la comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA, tipificado en el art. 272 bis núm. 1) del Código Penal, por estar su admisión corroborada con la prueba de cargo presentada por el Ministerio Público, y ello generar en esta autoridad la convicción plena sobre la responsabilidad penal del prenombrado acusado, consecuentemente, se dicta SENTENCIA CONDENATORIA en su contra, imponiéndosele la pena privativa de libertad de TRES AÑOS de RECLUSION, a ser cumplidos en el Centro Penitenciario de "San Antonio" de esta ciudad. 2º Se le condena también al prenombrado acusado, al pago de costas y el resarcimiento de daños civiles ocasionados al Estado y a la víctima, a ser determinados en ejecución de sentencia por la autoridad llamada por ley. 3° Se deja establecido que el cómputo final de la pena corresponde sea efectuado por el Juzgado de Ejecución Penal de Turno, debiendo a ese fin notificársele con esta resolución una vez ejecutoriada la misma, aclarándose que al presente el acusado se encuentra con detención preventiva en el centro penitenciario de “San Antonio” de esta ciudad, desde el 20 de marzo de 2024 tiempo de su detención preventiva deberá que ser considerado como parte del cumplimiento de su condena. Esta sentencia se halla sustentada en las previsiones contenidas en los arts. 109, 115 al 123, 178 al 180 de la CPE, arts. 1, 4, 5, 13, 14, 20 y 272 bis núm. 1) del CP, así como en los arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 42, 44, 52, 124, 171 al 173, 326, 329 al 362, 365, 373 y 374 del CPP y los arts. 5, 7, 31, 32, 35, 45, 47 y 68 Ley 348. Las partes presentes, quedan legalmente notificadas con esta sentencia por su sola emisión oral en audiencia, advirtiéndoseles que la misma es susceptible de apelación restringida en el plazo de 15 días a partir de su notificación, conforme a los arts. 407 y 408 de la Ley 1970 y la SC 0100/2004-R de 21 de enero. REGISTRESE.- ---------------------------REPRESENTACION DE 28 DE MAYO DE 2024------------------------------------------ JUZGADO DE SENTENCIA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER NO. 2. INFORME: NUREJ: 301102072302436-87 El suscrito Funcionario Gestor dependiente de la Oficina Gestora de Procesos tiene a bien informar lo siguiente: Con la finalidad de notificar personalmente a: MARIA FERNANDEZ VIDA, con SENTENCIA de fecha 23/04/2024 dentro el proceso penal seguido el MINISTERIO PUBLICO a denuncia de MARIA FERNANDEZ VIDA contra FELICIANO WUALLPA MAMANI, según datos proporcionados por su digno juzgado consignados en la cartilla de notificación se tiene como dirección ZONA SUD O.T.B. LA MERCED HIGUERANI CEL. 72293800. Con el objeto de cumplir lo ordenado me constituí en dicha dirección, después de un recorrido extenso de la zona no pude individualizar el domicilio, puesto que la dirección indicada es demasiado genérica, al no contar con datos precisos, como color de puerta, color de pared, numero de domicilio, etc., No se pudo encontrar ningún inmueble. Asimismo habiendo preguntado a diferentes vecinos y a una tienda de barrio (quienes se rehusaron a identificarse), me indicaron que no conocen a la señora Marian Fernández. Al mismo tiempo de la revisión en el sistema Sirej no se cuenta con mayores datos de referencia que ayuden a la individualización del inmueble de la prenombrada. En la cartilla de notificación consigna un numero de Cel. 72293800, al cual después de realizar varias llamadas me contesta la prenombrada la cual me indica que vendría a dependencias de la OGP para que le pueda notificar, la misma después de varios días de espera no se hizo presente, después de varios mensajes de insistencia por mensajes de whatsapp me logra contestar indicándome que actualmente ella vive en el trópico que se fue por motivos de trabajo, puesto que tiene 3 hijos que mantener y que ya no vive en Cochabamba cercado. Por consiguiente la prenombrada hasta la fecha no pudo ser habida. Motivos por los cuales no pude dar cumplimiento a lo ordenado por su autoridad. Es cuanto informo a su autoridad para fines legales Cochabamba, de 28 Mayo de 2024 --------------------------DECRETO DE 06 DE JUNIO DE 2024------------------------------------------- Cochabamba, 06 de junio de 2024 A mérito del informe de Ronald Álvaro Jaldin Herbas, de la Oficina Gestora de Procesos (OGP), se advierte que no existe datos precisos sobre la dirección exacta del domicilio de la víctima María Fernández Vida, toda vez que del croquis por la autoridad fiscal, no se logra advertir ningún punto de referencia que permita individualizar el domicilio de la prenombrada victima (datos específicos y fotografías del frontis del inmueble), por lo que se dispone su notificación personal mediante EDICTO publicado en el Sistema HERMES –sea conforme a lo previsto en el art. 165 del Código de Procedimiento Penal- misma que a su vez deberá enviársele al número de celular 72293800 (whatsapp) para asegurar su recepción, toda vez que de conformidad al art. 160 del CPP, “cualquier cambio de domicilio, obligatoriamente, deberá ser comunicado a la Oficina Gestora de Procesos, al Ministerio Público y a la jueza, juez o tribunal, según corresponda, dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, no pudiendo alegar a su favor la falta de notificación” e igualmente en su domicilio procesal, con los actuados ordenados en la sentencia de 23 de abril de 2024, sin perjuicio de que la misma pueda apersonarse a secretaría de este despacho judicial a efectos de que ser notificado.-Notifique funcionario. Fdo.-JHANNETH GUILLEN SENZANO - Juez de Sentencia Contra La Violencia Hacia La Mujer Nº2.- Fdo. Dra. SHIRLEY BEATRIZ AGUILAR VARGAS, Secretaria - Abogada del juzgado de Sentencia Contra La Violencia Hacia La Mujer Nº2. ES CUANTO SE TIENE ORDENADO POR DECRETO DE 06 DE JUNIO DE 2024, PARA QUE DÁNDOSE CUMPLIMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE. DOY FE. COCHABAMBA, 25 DE JUNIO DE 2024


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