EDICTO

Ciudad: TARIJA

Juzgado: SALA MIXTA CIVIL Y COMERCIAL, DE FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR O DOMÉSTICA PÚBLICA PRIMERA


EDICTO VOCALES : MSC. YENNY CORTEZ BALDIVIEZO – DR. MARCOS RAMIRO MIRANDA GUERRERO (VOCAL CONVOCADO) SALA : CIVIL, COMERCIAL, DE FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PUBLICA PRIMERA PROCESO : ORDINARIO DE USUCAPIÓN DECENAL DEMANDANTE : CORSINO COPA REPRESENTADO POR LELIS CASTILLO BARRIOS DEMANDADOS : LEONARDA ROMERO TÁRRAGA, ROSSEMARY FERNÁNDEZ ROMERO, FISIHER ROMÁN FERNÁNDEZ ROMERO, RODOLFO FERNÁNDEZ ROMERO, BERCHI FERNÁNDEZ ROMERO, ISIDORA FERNÁNDEZ ROMERO, ROSMER FERNÁNDEZ ROMERO, NELIDA FERNÁNDEZ ROMERO (HEREDEROS LEGALES DE ROMÁN FERNÁNDEZ MIRANDA) OBJETO: POR EL PRESENTE EDICTO SE NOTIFICA A ROSMER FERNÁNDEZ ROMERO HEREDERO LEGAL DE ROMÁN FERNÁNDEZ MIRANDA, PARA QUE, EN EL PLAZO DE 30 DÍAS, COMPAREZCA AL PROCESO Y ASUMA DEFENSA, BAJO CONMINATORIA DE CONTINUARSE CON LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA, A CUYO FIN SE LES HACE SABER LO SIGUIENTE: AUTO DE VISTA Nº 59/2024 DE FS. 267 A 272.: TARIJA, 28 DE MARZO DE 2024: RESULTANDO: 1.- La apelación ha sido planteada según recurso de fs. 180 a 186, por el demandante Corsino Copa representado por Lelis Castillo Barrios, contra la sentencia de fs. 167 vta. a 169 vta. dictada en audiencia de fecha 11 de agosto de 2022 por el Juez Público Civil y Comercial Cuarto de la Capital y concedida en efecto suspensivo, según consta en auto de fs. 193 de obrados. 2.- Corsino Copa representado por Lelis Castillo Barrios, en su condición de demandante y dentro del término de ley, se alza contra la sentencia de fs. 167 vta. a 169 vta., a través de la cual el Juez A-quo declaró improbada la demanda de usucapión decenal de fs. 25 a 27 vta., aclarada a fs. 49 a 50 de obrados. 3.- Radicada la causa conforme lo previsto por el Art. 264 parágrafo I) del Código Procesal Civil y realizado el sorteo anticipado ordenado en auto de fs. 1106 a 1107, corresponde resolver la alzada. CONSIDERANDO I La apelación tiene por objeto verificar, sobre la base de la resolución impugnada, los aciertos o errores que se habrían producido en la instancia precedente, confrontando el contenido de la resolución con el material fáctico y jurídico ya incorporado, a fin de determinar si ha sido o no materialmente incorporado en la valoración. Bajo esas premisas y en aplicación a lo previsto por el Art. 265 del Código Procesal Civil, que establece, que el Auto de Vista debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación, se hace necesario identificar los puntos señalados como agravios por la parte apelante, a fin de cumplir con el principio dispositivo y de congruencia, de cuyo contenido se identifica el siguiente: 1.- Errónea valoración de la prueba, testifical, pericial e inspección judicial, por las que demuestra la posesión pública, pacífica, continua e ininterrumpida por más de 10 años y falta de valoración de la prueba documental consistente en el plano aprobado que data del año 2003 y el pago de impuestos anuales. 2.- Error al concluir que Corcino y Corsino no son la misma persona por la falta de coincidencia del nombre y número del documento de compraventa y el carnet de identidad, que fueron corregidos como demuestra el informe del SEGIP, la letra C por la S, otorgándole nueva cédula de identificación personal, con otro número, documento de compraventa que solo fue presentado para acreditar el inicio de la posesión. No existe contestación al Recurso por parte del abogado de oficio. CONSIDERANDO II Analizados los agravios del recurso en contraposición a los fundamentos de la resolución apelada, con relación a las normas legales que son aplicables al caso, surgen las siguientes consideraciones que hacen a la presente resolución: 1.- Conforme lo previsto por el Art. 110 del Código Civil entre los modos de adquirir la propiedad se encuentra la usucapión decenal o extraordinaria, regulada por el Art. 138 del citado cuerpo legal que dispone que la propiedad de un bien inmueble se adquiere también por solo la posesión continuada durante diez años. Constituye requisito indispensable para adquirir el derecho propietario por usucapión decenal o extraordinaria, la posesión que debe ser ejercida durante el tiempo y las condiciones previstas por ley, pues quien pretenda usucapir, debe cumplir con ciertos presupuestos necesarios para su procedencia. Así, la posesión es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real, conforme lo señala el parágrafo I del Art. 87 del Código Civil, siendo dos los elementos de la posesión: el corpus y el animus, entendiéndose al primero como el dominio físico de la cosa y el segundo como la actitud y el comportamiento que asume el poseedor frente al bien, como verdadero dueño. Establecidos los elementos de la posesión, cabe referirnos a los requisitos que se exigen para su procedencia, es decir que la misma sea pacífica, continua, ininterrumpida y pública; entendiéndose por pacífica, que el usucapiente debe ingresar y mantener la posesión del bien inmueble, sin violencia, presión ni coerción de ninguna naturaleza por el tiempo que exige la ley; pública, es decir no clandestina ya que el poseedor deberá demostrar que se ha comportado notoriamente como verdadero propietario, conocido y reconocido en esa dimensión tanto por terceros e incluso por la persona contra la cual se opone la usucapión, pues de estimarse que ha sido clandestina, la misma no produce ningún efecto para dar lugar a la usucapión. Respecto a la continuidad e ininterrupción, se las conciben como la posesión material, física permanente, es decir, que la posesión debe ser continuada e intacta desde su inicio y durante el transcurso del tiempo, en consecuencia, debe tener un momento de inicio a partir del cual se computará el periodo prescripcional, transcurrir y prolongarse por el tiempo que la ley dispone, sin interrupción. Estos requisitos se deben demostrar objetivamente y la autoridad jurisdiccional debe constatar a través de los medios de prueba producidos en el proceso, teniendo la obligación de considerar todas y cada una de las pruebas, individualizando cuales le ayudaron a formar convicción y cuales fueron desestimadas, fundamentando su criterio y que serán apreciadas en conjunto, tomando en cuenta la individualidad de cada una de las producidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica y prudente criterio, salvo que la ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta (Art. 145 de Código Procesal Civil). 2.- Dentro de este contexto normativo y doctrinal se analizan los agravios del recurso, que en primer término, acusa la errónea valoración de la prueba, testifical, pericial e inspección judicial, por las que demuestra la posesión pública, pacífica, continua e ininterrumpida por más de 10 años y la falta de valoración de la prueba documental consistente en el plano aprobado que data del año 2003 y el pago de impuestos anuales. En sentencia se ha dejado establecido que, “con la prueba documental cursante a fs. 7 consistente en Certificación U.A.F.T.M.-378/G.M.G.-060/2019 de fecha 27 de junio de 2019 emitida por la Dirección de Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, se ha demostrado que el bien inmueble es susceptible de usucapión, es decir que el mismo se encuentra dentro del comercio humano. En lo que respecta a lo demás requisitos de procedencia, como ser la posesión por el transcurso del tiempo de 10 años, sobre el bien inmueble objeto de la Litis, no fue acreditado de manera fehaciente, toda vez que la prueba aportada en la cual sostiene el cumplimiento de dichos requisitos como; documento de compra venta de fs. 2 y formularios de pago de impuestos de fs. 8 a 17, corresponden a CORCINO COPA con C.I 1617778, y no así a su persona CORSINO COPA C.I 7246052, como señala en su demanda, al referir que (…) ingresó al lote de terreno objeto de la presente demanda hace más de 10 años, más propiamente, cuando adquirió el terreno en calidad de compra venta en el año 1987; no habiéndose acreditado con dicha documental la fecha de ingreso al inmueble de su persona toda vez que la misma corresponde a persona diferente a la demandante, por lo que no se puede determinar el cómputo de los 10 años requeridos por la norma procesal civil de la posesión pública ejercida por el demandante, pese a haber presentado facturas de servicios básicos de agua y luz de fs. 18, de los cuales se observa el pago de consumo únicamente por el mes de noviembre de la gestión 2019, y octubre de 2019 respectivamente, es decir, tiempo de un mes, tiempo que tampoco es suficiente para acreditar los diez años (…) no existiendo ninguna otra erogación a favor del inmueble que haya sido demostrada con prueba plena y fehaciente por el demandante que denote la intención de querer ser propietario, en conclusión se tiene que el demandante no demostró los requisitos intrínsecos de la Usucapión Extraordinaria, es decir, la posesión por el transcurso del tiempo requerido, comprendiendo que los medios probatorios desplegados por Corsino Copa con C.I 7246052, fueron insuficientes para generar convicción en el suscrito juez, quien no aportó prueba apta, idónea y contundente a dicho fin.” Así expuestas las conclusiones del fallo apelado, corresponde analizar el material probatorio, para determinar si este ha sido o no valorado en sentencia y si constituyen pruebas decisivas o no y cuales le llevaron al juzgador a desestimar la demanda de usucapión por falta de convicción. En este sentido, se tiene que el Juez de instancia valoró algunos medios probatorios como, el plano del lote de fs. 5 y el plano georreferenciado de fs. 6, concluyendo que el demandante ha probado la ubicación exacta del bien inmueble objeto del presente proceso, sito en la zona Lourdes, sobre la avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz entre calle San Alberto y Av. Itau de ésa ciudad, con una superficie de 262.19 mts2 con las siguientes colindancias; al norte con la Av. Marcelo Quiroga Santa Cruz con 09.31 ml; al sud con lote N° 49 con 9.88 ml.; al este con el lote N° 40 con 27.52 ml y al oeste con el lote N° 38 con 27.18ml., empero es evidente, que omitió algunos datos importantes que están registrados en la prueba valorada, entre éstos la fecha de aprobación del plano de fs. 5 a nombre de Corsino Copa de fecha julio del 2003, que indudablemente acredita la existencia de actos posesorios desde esa fecha, sobre todo en lo que se refiere al ánimus domini. Por otro lado, por los certificados de Derechos Reales de fs. 3 y fs. 155 a 159, la Juez tiene como hecho probado que el inmueble se encuentra debidamente inscrito a nombre del vendedor Fernández Miranda Román, ahora demandado, y por las facturas de COSAALT RL y SETAR de fs. 18 y la inspección judicial, tiene acreditado únicamente que el inmueble cuenta con éstos servicios básicos. Ponderados éstos elementos probatorios, la juez de instancia concluye que: el actor no ha podido probar la fecha exacta desde cuando ha ingresado a la posesión del bien inmueble y por lo cual tampoco ha probado que esa posesión hubiese sido pública, pacífica, continua, no interrumpida por más de 10 años. ¿Tan simple razonamiento es de equidad para desestimar la demanda? Entendida la equidad como la justicia del caso concreto, con ella se busca el equilibrio entre un extremo y otro llevado al ámbito probatorio, por ello es obligación del Juez valorar la prueba en su conjunto, integrando unos con otros, sin importar quien las aportó, extrayendo conclusiones para el proceso, porque la prueba no es de la parte, sino del proceso. Es deber de la autoridad jurisdiccional verificar a través de los diferentes medios de prueba aportados, de parte de quien está la razón, por lo que al momento de pronunciar la resolución, tendrá la obligación de considerar todas y cada una de las pruebas producidas, individualizando cuales le ayudaron a formar convicción y cuales fueron desestimadas, fundamentando su criterio y que serán apreciadas en conjunto, tomando en cuenta la individualidad de cada una de las producidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica o prudente criterio, salvo que la ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta, tal como lo dispone el Art. 145 del Código Procesal Civil. En el presente caso, este deber ha sido incumplido por el Juez de instancia, pues no ha valorado e individualizado cada una de las pruebas aportadas al proceso. Así se evidencia que tanto la prueba testifical, la de inspección judicial ( que solo la cita para tener por demostrado que el bien inmueble cuenta con servicios básicos de agua y luz), la prueba documental consistente en los formularios de pago de impuestos y el informe pericial, no han sido objeto de valoración, positiva o negativa, ya que solo refiere que las pruebas han sido insuficientes para generarle convicción, sin embargo no fundamenta o explica el por qué las desestima o si las considera superfluas o inútiles. En este sentido, del análisis de la prueba testifical, producida en audiencia complementaria a fs. 144 a 148, se tiene la declaración del testigo Mirco Campos Reynaga quien manifiesta que, desde que se fue a vivir al barrio en el año 2010 ya había ese lote, que estaba vacío, pero después comenzaron a construir, quería comprar el lote, pero se enteró que tenía dueño y era de don Corsino, así que compró el lote del lado. El 2016 se prestó el lote para criar animalitos, porque estaba cerrado. La testigo Lucinda Yurquina Aguilera, refiere que conoce al Sr. Corsino desde pequeñita y luego desde el 2010 a 2011 debido a que su papá hizo algunos trabajitos de agricultura en el lote del actor, nunca vieron que otra persona haya reclamado o haya generado algún conflicto por la posesión del lote. Lo conoce como propietario a don Corsino. El testigo Ronald Yurquina Aguilera, conoce al Sr. Corsino desde el año 2010 o 2011, porque su papa realizaba trabajos en el lote, construyó un corral de ovejas, limpiaba, sembraba maíz. Nunca se enteró que el Sr. Corsino tenía algún problema o conflicto por el lote con otra persona. Estas declaraciones son claras, uniformes y concluyentes, en sentido que todos conocen al Sr. Corsino Copa como propietario del lote de terreno, donde realizaron algunos trabajos, pues refieren que en esa condición prestó el lote para la cría de animales y nunca vieron o se enteraron que el Sr. Copa tuviera algún problema con terceras personas por la posesión del lote. Asimismo, todos refieren que no conocen al Sr. Román Fernández Miranda, nunca lo vieron. En cuanto a la fecha de inicio de la posesión, lo vieron en posesión del inmueble, dicen todos, desde el año 2010 a 2011 más o menos, pero dicen que cuando fueron a vivir al lugar el Sr. Corsino ya estaba en posesión del lote, pero no pudieron precisar la fecha, dato que con el transcurso del tiempo puede ser impreciso, los testigos no tienen interés en guardar fechas de situaciones ajenas, por eso solo dan datos aproximados. Pero esa no es la única prueba a valorar. Por el Informe Técnico Pericial a fs. 106 a 117, se demuestra que existen construcciones con antigüedad de más de 6 años, el lote está cerrado, por las tomas satelitales se establece la existencia de un cerramiento circular que data del año 2011 al 2016. Por éste informe se puede establecer que hubo cambios en el lote de terreno y que fue utilizado para la crianza de animalitos y plantaciones. A través de la inspección judicial de fs. 105 a 105 vta. como señala el juez de instancia, se verificó que el inmueble tiene los servicios de agua y energía eléctrica, pero además y no lo consideró que, existen construcciones y material de construcción en el inmueble objeto de éste proceso. A fs. 9 a 17 y fs. 48 cursan los formularios de pago de impuestos desde la gestión 1996 hasta la gestión 2019, es otro hecho que denota la intención o el comportamiento del actor como propietario del bien inmueble con la intención de apoderarse del lote de terreno objeto de éste proceso, los pagos tienen una larga data y resultan suficientes para demostrar el ánimus domini. Asimismo, a fs. 8 cursa el pago al impuesto a la transacción donde figura como vendedor y propietario Román Fernández Miranda ahora demandado y como comprador Corsino Copa demandante y concuerda con el documento de compra venta a fs. 2 a 2 vta. de obrados, ya que se evidencia el sello de transferencia de la Dirección de Desarrollo Urbano de fecha 22 de julio de 2003. Todos los medios probatorios valorados en su conjunto demuestran que la posesión que ejerce y ejerció el actor sobre el bien inmueble es exclusiva, continua, libre e ininterrumpida, por más de 10 años, si bien no se tiene la fecha exacta del inicio de la posesión del terreno, pero se puede establecer que desde el año 2003 ha realizado diferentes actos que solo pueden ser realizados por quien se siente propietario, actúa y se desenvuelve como tal. A fs. 8 el pago del impuesto a la transferencia, tiene establecido código catastral a su nombre como propietario y desde esa fecha comenzó a pagar gestión a gestión los impuestos a la propiedad inmueble. Luego cuenta con plano aprobado también desde la gestión 2003. La prueba testifical también evidencia que el actor ha realizado diferentes actos en el lote de terreno hasta su cerramiento. Consiguientemente, los actos ejercidos por el actor que durante todo este tiempo se ha venido comportando como propietario del inmueble, lo hace acreedor para adquirir válidamente este derecho por usucapión, al haberse acreditado que viene ejerciendo como titular del derecho de que se trata y ese derecho, que realmente no le pertenecía, se convierte en suyo, en virtud de que ha venido visualizándose como si le correspondiese, toda vez que el estado de hecho que se prolonga en el tiempo, se convierte en estado de derecho, porque de ser un poseedor sin título de propiedad, por efecto de la usucapión, en este caso decenal, pasa a ser dueño con título de propiedad que merece ser respetado y consolidado, y por no tenerse acreditado de ningún modo, algún acto de perturbación u ocupación que desplace la posesión que ha venido ejerciendo el demandante por el prolongado tiempo de 10 años. Es así que éste Tribunal encuentra fundado el agravio que acusa el apelante, pues la valoración de la prueba respecto al cumplimiento de los requisitos de la usucapión decenal, es errónea y no obedece a las reglas de valoración probatoria establecidas en el Art. 1283 parágrafo I, 1296, 1286 y 1330 del Código Civil y 145 y 202 del Código Procesal Civil. 2.- Por otro lado, acusa el apelante que el Juez de instancia incurrió en error al concluir que Corcino y Corsino no son la misma persona por la falta de coincidencia del nombre y del numero del documento de compraventa y el carnet de identidad, los que fueron corregidos como demuestra el informe del SEGIP, la letra C por la S, otorgándole nueva cédula de identificación personal, con otro número, documento de compraventa que solo fue presentado para acreditar el inicio de la posesión. Es evidente que al interponer la demanda de usucapión decenal, el demandante se presenta como Corsino Copa con C.I 7246052 (Ver demanda y poder Nº 451/2019 de fs. 25 a 27 vta. y 22 a 23 vta.) y en la Escritura Pública de compra venta del lote de terreno de fecha 11 de mayo de 1987, el demandante se identifica como Corcino Copa con C.I. Nº 1617778, es decir no coincide el número de la cédula de identidad y el nombre, que si bien es el mismo pero difiere en escritura, varía la c y s de Corsino. En este sentido, falló el control de la demanda, pues era deber del juez de instancia observar ésta imprecisión al momento de admitir la demanda de usucapión. Es en esta primera etapa donde el juez debe examinar cuidadosamente los documentos presentamos y más si esos documentos son relevantes para demostrar la pretensión, en este caso si bien se observó la demanda de manera previa a su admisión tal como se evidencia a fs. 40, no se observó este aspecto que luego el Juez de grado lo dimensiona en sentencia, cuando ya no es posible para la parte aclararlo o subsanarlo, y de ser una simple observación, se lo considera un aspecto relevante para decidir sobre la no procedencia de la pretensión. En el recurso de apelación se aclara este aspecto, toda vez que a fs. 177 se tiene el informe SEGIP TJ/INF y CERT Nº 391/2022 emitido por el responsable legal de la Dirección Departamental del Servicio General de Identificación Personal, que señala: Corsino Copa, con Cédula de Identidad Número 7246052, con fecha de nacimiento del 13 de febrero de 1946, no se encontró Resolución Administrativa de cambio de número de cédula de identidad. Sin embargo, en la Tarjeta Prontuario emitida por la anterior administración Policía Nacional, en fecha 21 de noviembre de 2007 establece lo siguiente: DE ACUERDO A RESOLUCIÓN AD. Nº 595/07 SE ASIGNA NUEVO NUMERO PORQUE EL ANTERIOR NO LE CORRESPONDE (1617778). Se adjunta la mencionada resolución administrativa a fs. 178. Con ésta aclaración no queda duda que el documento de compra venta fue suscrito por el demandante, en el que se consignó erróneamente su nombre como Corsino Copa con C.I Nº 1617778, siendo lo correcto Corcino Copa, que se encuentra actualmente identificado con el número de carnet de identidad 7246052, tratándose de la misma persona. Este documento, es otro medio de prueba que demuestra que el actor se encontraba en posesión de inmueble por más de 10 años. Por los fundamentos fácticos y jurídicos anotados precedentemente, este Tribunal concluye que son evidentes los agravios expuestos en el recurso de apelación, correspondiendo resolver en la forma prevista por el parágrafo II, numeral 3, del Art. 218 del Código Procesal Civil. POR TANTO. La Sala Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, conformada por las Vocales Msc. Yenny Cortez Baldiviezo y Dr. Marcos Miranda Guerrero (vocal convocado), REVOCA la Sentencia de fs. 167 vta. a 169 vta. de obrados, pronunciada por el Juez Publico Civil y Comercial Cuarto de la Capital, y como consecuencia se declara probada la demanda de fs. 25 a 27 vta. y sus complementaciones a fs. 49 a 50 y 58 de obrados, consiguientemente adquirido por usucapión decenal el inmueble situado en la zona Lourdes de la ciudad de Tarija, sobre la Av. Marcelo Quiroga Santa Cruz entre calles San Alberto y Av. Itaú, con una superficie de 262,19 mts2 con los siguientes límites y colindancias: al norte con la Av. Marcelo Quiroga Santa Cruz con 9,31ml, al sud con el lote N° 49 con 9,88ml, al este con el lote N° 40 con 27,52 ml, y al oeste con el lote N° 38 con 27,18 ml. Por parte del demandante Corcino Copa. En ejecución de sentencia se expedirá la ejecutorial correspondiente para su registro en DD.RR. Sin costas por la revocatoria. Regístrese. - VOCAL RELATOR: Msc. Yenny Cortez Baldiviezo RESOLUCIÓN DE FS. 108 DE OBRADOS. -Tarija, 06 de junio de 2024.- En mérito a la solicitud que antecede, procédase a la notificación con el Auto de Vista Nº 59/2024 de fs. 267 a 272, a Leonarda Romero Tárraga, Rossemary Fernández Romero, Fisiher Román Fernández Romero, Rodolfo Fernández Romero, Berchi Fernández Romero, Isidora Fernández Romero y Nelida Fernández Romero en los domicilios informados por el SERECI. En cuanto a Rosmer Fernández Romero, procédase a la notificación por edictos, para que en el plazo de 30 días comparezca y asuma defensa en este estado del proceso, bajo conminatoria de continuarse con la tramitación de la causa. A tal efecto, por secretaria de cámara líbrese el formato de edicto para su publicación por una sola vez en el Portal Web del Servicio de Notificaciones Electrónicas Judiciales “HERMES” del Tribunal Supremo de Justicia. Tarija, 24 de junio de 2.024 DRA. BRIMER MANRRIQUE ORTEGA SECRETARIA DE CÁMARA Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Publica Primera TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA Tarija - Bolivia


Volver |  Reporte