EDICTO

Ciudad: SUCRE

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA PRIMERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


JUZGADO DE SENTENCIA Nº 1 EN LO PENAL DE LA CAPITAL SUCRE-BOLIVIA Edicto Nº 283/2024 EL DOCTOR LUIS BENJAMIN ROJAS LATORRE JUEZ DE SENTENCIA Nº 1 EN LO PENAL DE LA CAPITAL Sucre – Bolivia MEDIANTE EL PRESENTE EDICTO HACE SABER: AL ACUSADO PEDRO MARTINEZ BELTRAN que dentro del proceso penal que sigue EL MINISTERIO PUBLICO A DENUNCIA DE ENRIQUE LEAÑO PALENQUE en contra LOURDES HAYDEE HEREDIA LOPEZ Y PEDRO MARTINEZ BELTRAN por la comisión del delito de FALSEDAD IDEOLOGICA previsto y sancionado por el Código Penal, signado con NUREJ: 101102012200750 en aplicación del Art.165 del C.P.P, se ha dispuesto que se notifique con ACTA Y AUTO DE FECHA DE 19 JUNIO DE 2024 a cuyo fin adjunto la siguiente pieza procesal cuyo contenido y tenor es el siguiente -------------------------------------------------------------------------------- ACTA Y AUTO DE FECHA DE 19 JUNIO DE 2024 JUZGADO DE SENTENCIA Nº 1 EN LO PENAL Sucre – Bolivia ACTA DE AUDIENCIA DE JUICIO NUREJ 101102012200750 JUEZ Dr. Luis Benjamín Rojas Latorre SECRETARIA-ABOGADA Lic. María Silvana Gorena Camacho ACUSACION FISCAL DANIEL CRUZ MONTIEL ACUSACION PARTICULAR GAMS ABOGADO APODERADO WILLY HINOJOSA JHOVANI QUIÑONES ACUSADO LOURDES HAYDEE HEREDIA LOPEZ ABOGADO LUIS MARCO LUJAN ACUSADO PEDRO MARTINEZ BELTRAN (RBD) DEFENSOR DE OFICIO BENITO HERRERA FLORES FECHA DE AUDIENCIA Sucre, 19 de junio de 2024 HORA DE INICIO Hrs. 09:15 OBJETO apertura de Juicio Oral (presencial) En la ciudad de Sucre, Capital del Estado Plurinacional de Bolivia, a horas nueve con quince del día diecinueve de junio del dos mil veinticuatro, el señor Juez de Sentencia N° 1 en lo Penal de la Capital, Dr. Luis Benjamín Rojas Latorre y la suscrita secretaria legal Lic. María Silvana Gorena Camacho, quedó instalada la presente audiencia de apertura de juicio oral dentro del proceso penal que sigue el MINISTERIO PUBLICO A DENUNCIA DE GAMS en contra de LOURDES HAYDEE HEREDIA LOPEZ Y PEDRO MARTINEZ BELTRAN, por la presunta comisión del delito de FALSEDAD IDEOLOGICA, por secretaría pido informar si las partes están legalmente notificadas y si acudieron a esta audiencia. SECRETARIA: Con la palabra señor Juez, informarle que las partes fueron legalmente notificadas, presente la fiscal, presente el abogado y apoderado de la parte acusadora particular Willy Hinojosa y Dr. Jhovani Quiñones, presente la acusada Lourdes Haydee Heredia asistida de su abogado Luis Marco Lujan y ausente el acusado Pedro Martínez Beltran declarado rebelde, ausente el defensor de oficio. JUEZ: Se tiene presente, habiendo acudido las partes de acuerdo al Art. 344 de Código de Procedimiento Penal se consulta a las mismas si tiene algún incidente o excepción de carácter sobreviniente. FISCAL: No. JUEZ: Se tiene presente, ¿el GAMS? GAMS: No. JUEZ: Se tiene presente, ¿la defensa de la señora Heredia? DEFENSA: (01:56) Formula excepción de extinción de la acción penal por prescripción, excepción que la sustenta en lo dispuesto en el Art. 308 numeral 4 y el Art. 278 así como las disposiciones contenidas en el Art. 31 y 32 todos del Código de Procedimiento Penal, invocando también lo dispuesto en el Art.7 numeral 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece el derecho de toda persona a ser procesado penalmente bajo el debido proceso y en un plazo razonable, indica que la relación circunstanciada de los hechos que contiene la acusación fiscal dan cuenta que se trataría de un hecho delictivo presuntamente de falsedad ideológica en que se hubiera producido el 10 de noviembre de 2014 cuando se habría registrado una superficie menor en un predio a objeto de que se fije el pago del impuesto a la propiedad del inmueble provocando que el usuario o el administrado proceda a un pago inferior respecto del inmueble del que debida tributar, en consecuencia a esa fecha al 10 de noviembre de 2014 habrían transcurrido 9 años 7 meses y 8 días tomando en cuenta que el delito de falsedad ideológica conlleva una pena máxima de 6 años este delito prescribe de acuerdo al Art. 29 del Código de Procedimiento Penal en el lapso de 8 años ya que este numeral establece un cómputo para delito igual o superiores a los 6 años en el tiempo anteriormente señalado y como se ha manifestado en este caso ya habrían transcurrido más de 9 años tratándose además de un delito de carácter instantáneo que debe motivar el cómputo del plazo prescriptivo a partir de la media noche en que el hecho se hubiese cometido, así lo entiende también la jurisprudencia constitucional invocando al efecto las sentencias constitucionales 546/2018-S2 y la sentencia constitucional 2869/2010; de ningún modo además señala la defensa que se trataría de un delito continuado que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional fijada en el fallo 283/2013 el delito continuado no estaría reconocido en el ordenamiento jurídico penal boliviano, en consecuencia, habiéndose acreditado los aspectos de fondo relativos a una excepción de esta naturaleza hace mención a aquellas circunstancias que eventualmente podría haber provocado la suspensión o la interrupción del computo prescriptivo que de acuerdo a los datos anteriormente citados, debe iniciarse el 10 de noviembre de 2014 a este fin e inicialmente de acuerdo a los señalado en el Art. 31 del Código de Procedimiento Penal acredita que la señora Lourdes Aydee Heredia no hubiese sido objeto de declaratoria de rebeldía así lo demuestra a través del registro de antecedentes penales que ha sido ofrecido como elemento de prueba y una certificación emitida por este despacho judicial, certificación del REJAP que corresponde al 2 de abril de 2024 en el que se deja constancia que la señora Lourdes Heredia no fue objeto de declaratoria de rebeldía y respecto de las causales de suspensión da por acreditada la inexistencia de estas causales a partir de la certificación que ha emitido este despacho judicial a través de secretaria en el que ninguna de las causales contenidas en el Art. 32 del Código de Procedimiento Penal han concurrido en la tramitación de este proceso por lo que entendiendo que no se trata de una excepción que diga relación con duración máxima del proceso no deben tomarse en cuenta otro tipo de factores para deducir el computo prescriptivo el tiempo en que un delito efectivamente se tiene por extinguido por el transcurso del tiempo así lo ha señalado la sentencia constitucional 563/2018 emitida en su sala primera por lo que habiéndose acreditado los aspectos de fondo y forma solicita se declare fundado este incidente y en el fondo extinguida la acción penal que ha incoado el ministerio fiscal y el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre en contra de la señora Lourdes Heredia López. JUEZ: Se tiene presente, se corre en traslado la excepción de extinción de la acción penal por prescripción formulada por la defensa al fiscal. FISCAL: (23:59) Señala que de acuerdo al Art. 29 Bis del Código de Procedimiento Penal los delitos considerados de corrupción están sujetos a un régimen de imprescriptibilidad y en este caso se trata de un hecho que se habría cometido en el ejercicio de la función pública y consecuentemente debe considerarse los alcances de esta disposición procesal no obstante los aspectos también ya tratados en la Ley 1390, señala también que de acuerdo al Art. 314 del Código de Procedimiento Penal excepciones esta naturaleza deben estar sustentadas en prueba idónea y pertinente más aún si se trata de una excepción formulada en la fase de juicio, al efecto indica que la Ley 1173 ha incorporado modificaciones a distintas normativas del Código de Procedimiento Penal que han incrementado las causales de suspensión e interrupción de computo prescriptivo así se advierte en los dispuesto por el Art. 315 parágrafo tercero, el Art. 327.4 y 321 parágrafo cuarto, todos del Código de Procedimiento Penal que establecen que dichas causales de interrupción por casos de incidentes o recusaciones que hubiesen sido declarados maliciosos o temerarios, y en relación al Art. 3274 cuando se hubiese dispuesto la suspensión del plazo de una conciliación sujeta a plazo o condición, aspectos que nos han sido acreditados por ninguno de los elementos de prueba que están sustentando esta excepción por lo que al no estar debidamente sustentada en el ámbito de la fundamentación probatoria, solicita esa representación que esta excepción sea declarada infundada. JUEZ: Se tiene presente, ¿el GAMS? GAMS: (40:40) Señala que los alcances de lo dispuesto en el Art. 29 bis del Código de Procedimiento Penal en los mismos términos expresados por la autoridad fiscal y en definitiva se ha allanado a lo expresado por esa representación solicitando en el fondo porque se declare infundada esta excepción. JUEZ: Se tiene presente se pasa a dictar la siguiente resolución: A, 19 de junio de 2024 VISTOS Y CONSIDERANDO: Que en la etapa prevista en el Art. 344 del CCP la defensa viene a formular una excepción de extinción de la acción penal por prescripción, excepción que la sustenta en lo dispuesto en el Art. 308 numeral 4 y el Art. 278 así como las disposiciones contenidas en el Art. 31 y 32 todos del Código de Procedimiento Penal, invocando también lo dispuesto en el Art.7 numeral 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece el derecho de toda persona a ser procesado penalmente bajo el debido proceso y en un plazo razonable, indica que la relación circunstanciada de los hechos que contiene la acusación fiscal dan cuenta que se trataría de un hecho delictivo presuntamente de falsedad ideológica en que se hubiera producido el 10 de noviembre de 2014 cuando se habría registrado una superficie menor en un predio a objeto de que se fije el pago del impuesto a la propiedad del inmueble provocando que el usuario o el administrado proceda a un pago inferior respecto del inmueble del que debida tributar, en consecuencia a esa fecha al 10 de noviembre de 2014 habrían transcurrido 9 años 7 meses y 8 días tomando en cuenta que el delito de falsedad ideológica conlleva una pena máxima de 6 años este delito prescribe de acuerdo al Art. 29 del Código de Procedimiento Penal en el lapso de 8 años ya que este numeral establece un cómputo para delito igual o superiores a los 6 años en el tiempo anteriormente señalado y como se ha manifestado en este caso ya habrían transcurrido más de 9 años tratándose además de un delito de carácter instantáneo que debe motivar el cómputo del plazo prescriptivo a partir de la media noche en que el hecho se hubiese cometido, así lo entiende también la jurisprudencia constitucional invocando al efecto las sentencias constitucionales 546/2018-S2 y la sentencia constitucional 2869/2010; de ningún modo además señala la defensa que se trataría de un delito continuado que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional fijada en el fallo 283/2013 el delito continuado no estaría reconocido en el ordenamiento jurídico penal boliviano, en consecuencia, habiéndose acreditado los aspectos de fondo relativos a una excepción de esta naturaleza hace mención a aquellas circunstancias que eventualmente podría haber provocado la suspensión o la interrupción del cómputo prescriptivo que de acuerdo a los datos anteriormente citados, debe iniciarse el 10 de noviembre de 2014 a este fin e inicialmente de acuerdo a los señalado en el Art. 31 del Código de Procedimiento Penal acredita que la señora Lourdes Aydee Heredia no hubiese sido objeto de declaratoria de rebeldía así lo demuestra a través del registro de antecedentes penales que ha sido ofrecido como elemento de prueba y una certificación emitida por este despacho judicial, certificación del REJAP que corresponde al 2 de abril de 2024 en el que se deja constancia que la señora Lourdes Heredia no fue objeto de declaratoria de rebeldía y respecto de las causales de suspensión da por acreditada la inexistencia de estas causales a partir de la certificación que ha emitido este despacho judicial a través de secretaria en el que ninguna de las causales contenidas en el Art. 32 del Código de Procedimiento Penal han concurrido en la tramitación de este proceso por lo que entendiendo que no se trata de una excepción que diga relación con duración máxima del proceso no deben tomarse en cuenta otro tipo de factores para deducir el computo prescriptivo el tiempo en que un delito efectivamente se tiene por extinguido por el transcurso del tiempo así lo ha señalado la sentencia constitucional 563/2018 emitida en su sala primera por lo que habiéndose acreditado los aspectos de fondo y forma solicita se declare fundado este incidente y en el fondo extinguida la acción penal que ha incoado el ministerio fiscal y el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre en contra de la señora Lourdes Heredia López. Corrido en traslado esta excepción la autoridad fiscal parte por mencionar que, de acuerdo al Art. 29 Bis del Código de Procedimiento Penal los delitos considerados de corrupción están sujetos a un régimen de imprescriptibilidad y en este caso se trata de un hecho que se habría cometido en el ejercicio de la función pública y consecuentemente debe considerarse los alcances de esta disposición procesal no obstante los aspectos también ya tratados en la Ley 1390, señala también que de acuerdo al Art. 314 del Código de Procedimiento Penal excepciones esta naturaleza deben estar sustentadas en prueba idónea y pertinente más aún si se trata de una excepción formulada en la fase de juicio, al efecto indica que la Ley 1173 ha incorporado modificaciones a distintas normativas del Código de Procedimiento Penal que han incrementado las causales de suspensión e interrupción de computo prescriptivo así se advierte en los dispuesto por el Art. 315 parágrafo tercero, el Art. 327.4 y 321 parágrafo cuarto, todos del Código de Procedimiento Penal que establecen que dichas causales de interrupción por casos de incidentes o recusaciones que hubiesen sido declarados maliciosos o temerarios, y en relación al Art. 3274 cuando se hubiese dispuesto la suspensión del plazo de una conciliación sujeta a plazo o condición, aspectos que nos han sido acreditados por ninguno de los elementos de prueba que están sustentando esta excepción por lo que al no estar debidamente sustentada en el ámbito de la fundamentación probatoria, solicita esa representación que esta excepción sea declarada infundada. A su turno la parte acusadora particular ha hecho hincapié en los alcances de lo dispuesto en el Art. 29 bis del Código de Procedimiento Penal en los mismo términos expresados por la autoridad fiscal y en definitiva se ha allanado a lo expresado por esa representación solicitando en el fondo porque se declare infundada esta excepción. Al respecto corresponde indicar podríamos señalar a manera de obiter dicta dos aspectos que han sido mencionados por las partes en primer lugar en cuanto al delito continuado vale la pena considerar que la sentencia que efectivamente ha considerado que este tipo de delitos no están reconocidos en el ordenamiento jurídico penal boliviano, es una sentencia que termina por indicar que este tipo de delitos no están reconocidos pero carece de fundamento jurídico que sustente la decisión a la que ha arribado el Tribunal Constitucional Plurinacional y en este caso debe más bien tomarse en cuenta lo dispuesto en el Art. 13, 256 y 410 de la CPE toda autoridad que tenga a su cargo la decisión de un caso no solamente en el ámbito jurisdiccional ordinario sino también en el ámbito administrativo debe ejercer un control de convencionalidad, y ejerciendo este control de convencionalidad ciertamente hay fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ejemplo el fallo pronunciando en el caso de Yogging Vs. Guatemala en que dicha sentencia reconoce y trata lo que son los delitos de carácter continuado en consecuencia en el marco de este control de convencionalidad debe entenderse que este tipo de delitos también forman parte del ordenamiento jurídico penal boliviano por un lado, por otro lado se ha hecho mención también a que la conducta que ha desplegado la señora Lourdes Heredia López correspondería a una tarea actividad en el ejercicio de la función publica como dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre insinuando que se trataría en todo caso de un hecho vinculado a aquellos delitos considerados como de corrupción o vinculados a estos que están descritos en la Ley 004 de 31 de marzo de 2010; ciertamente esta afirmación que ha manifestado la parte acusadora fiscal y particular está apuntando a que posiblemente este despacho judicial tenga que aplicar el principio de iura novit curia y en su caso considerar que el hecho podría esta circunscrito a los alcances de la Ley 004, sin embargo la aplicación de este principio ciertamente está condicionado de acuerdo a la jurisprudencia sobre todo del Tribunal Supremo de Justicia a que se trate de delitos de la misma familia y claro la calificación que provisionalmente ha efectuado el ministerio fiscal y que secunda la parte acusadora particular dice relación con un delito que está afectado ciertamente a la fe pública y consecuentemente no podría darse aplicación al principio mencionado porque los delitos contenidos en la Ley 004 están directamente relacionados con la afectación del patrimonio del Estado, esto ante la posibilidad de que más adelante la parte acusadora fiscal o particular pretenda recalificar el tipo penal por el que ha acusado originalmente esto como les decía a manera de obiter dicta, aspectos que son colaterales y que no son sustanciales a esta resolución, pero que vale la pena mencionarlo al momento de resolver esta excepción. En este caso lo manifestado por la autoridad fiscal es ciertamente correcto la ley 1173 ha incrementado las causales que provoca la interrupción y la suspensión del cómputo prescriptivo es evidente que cuando se han suscitado incidentes o excepciones que hayan sido declaradas de manera expresa como temerarias o dilatorias entonces la sanción a incidentes de esta naturaleza es la interrupción del cómputo prescriptivo sucede lo mismo con recusaciones que hubieran sido declaradas en las mismas condiciones producen la interrupción de este cómputo y finalmente el Art. 327 es un aspecto que estaba ciertamente contenido antes de la vigencia de la ley 1173 pero que con esta ley se consigna de manera expresa el hecho de que conciliaciones que hayan estado sujetas a condición o plazo indudablemente van a suspender este plazo prescriptivo; la certificación emitida por secretaria se circunscribe a los aspectos solicitados por la defensa y en esta solicitud ciertamente no se ha solicitado que este despacho judicial se manifieste sobre los incidentes recusaciones o suspensiones del cómputo por conciliación que podrían haberse suscitado en la tramitación de este proceso penal a la fecha, al respecto debe considerarse lo dispuesto por el auto supremo 001/2017 del 3 de enero que condiciona el tratamiento de una excepción de extinción de la acción penal por prescripción al ofrecimiento de prueba pertinente y ciertamente idónea y en este caso los elementos de prueba presentados por la defensa tal como ha señalado de manera correcta la autoridad fiscal implica una insuficiencia probatoria en relación a estas modificaciones establecida en la ley 1173 lo que motiva que esta petición efectuada por la defensa deba ser rechazada in limine. POR TANTO: El suscrito juez de sentencia penal 1 de la capital en el marco de lo expresado precedentemente, rechaza la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, determinación que conforme a los Art. 314, 315 del Código de Procedimiento Penal es sin recurso ulterior, no obstante, de ello las partes tienen el derecho de efectuar sobre esta determinación reserva de apelación restringida. REGÍSTRESE.- JUEZ: Se va consultar inicialmente al ministerio público si va efectuar reserva de dicha apelación FISCAL: No señor juez. JUEZ: ¿La parte acusadora particular? AP: No señor juez. JUEZ: ¿La defensa? DEFENSA: Sí señor juez vamos a hacer uso de la reserva del recurso de apelación. JUEZ: Está bien se tiene presente, por secretaria me comunica que tengo otra audiencia que involucra a las mismas partes entonces vamos a señalar una nueva audiencia para la tramitación de este proceso. La siguiente audiencia se va verificar a partir de horas 9:00 am del día martes 13 agosto del año en curso de manera presencial con suspensión de plazos procesales de acuerdo al artículo 130 del código de procedimiento penal debiendo librarse nuevos mandamientos de comparendo para que se presenten testigos y peritos ofrecidos por las partes, quedando debidamente notificados los que se encuentran en esta audiencia al acto anteriormente señalado que continuara con la formulación de los alegatos iniciales por la parte acusadora fiscal y particular. No habiendo nada más que tratar vamos a dar por concluida esta audiencia. Con lo que concluyó la presente audiencia, firmando en constancia el señor Juez y la suscrita Secretaria, que certifican. FDO. JUEZ LUIS BENJAMÍN ROJAS LATORRE……………………..……... FDO. SECRETARIA - ABOGADA – MARIA S. GORENA CAMACHO…...… EL PRESENTE EDICTO ES LIBRADO EN LA CIUDAD DE SUCRE, CAPITAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LOS 24 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO…………………………………………………………………………… D. S. O.


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