EDICTO

Ciudad: ORURO

Juzgado: JUZGADO PÚBLICO PRIMERO EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL DE LA CAPITAL


E D I C T O EL DR. MARCO ANTONIO GEMIO MURILLO, JUEZ DEL JUZGADO PÚBLICO CIVIL Y COMERCIAL NO.1 DE LA CAPITAL (ORURO – BOLIVIA), POR CUANTO LA LEY LE FACULTA. -------------------------------------------------------------------------------- Por el presente EDICTO se dispone la Notificación al ciudadano MARIO MIGUEL HUALLYAS ARONI dentro del proceso Voluntario-Incidental de “INVERSION DE APELLIDO” seguido por JESSICA ARACELI HUAYLLAS CRUZ en contra de MARIO MIGUEL HUAYLLAS ARONI Y ANTONIA CRUZ COLQUE. A cuyo efecto se transcriben los siguientes actuados de Ley.---AUTO DEFINITIVO QUE CURSA A FS. 56-62. DE OBRADOS--LUGAR Y FECHA Oruro, 23 de abril de 2024 PROCESO: Voluntario de “INVERSION DE APELLIDOS” NUREJ: 40133958-2 SOLICITANTE: JESSICA ARACELI HUAYLLAS CRUZ, mayor de edad, con Cedula de Identidad Nº 7408640 Or., Soltera, Estudiante, con domicilio ubicado en la calle Pisagua s/n Ayacucho y Av. del Ejercito de esta Ciudad de Oruro, hábil a los efectos de Ley. TERCEROS INTERESADOS: MARIO MIGUEL HUAYLLAS ARONI, mayor de edad, con Cedula de Identidad Nº 5541282, con domicilio ubicado en Villa Challacollo Calle Copacabana de ésta ciudad de Oruro, hábil a los efectos de ley. ANTONIA CRUZ COLQUE, mayor de edad, con Cedula de Identidad Nº 4034259, con domicilio ubicado en C/Tocopilla E/J. Bermúdez E/A. de la Alianza N° 421 Vinto de ésta ciudad de Oruro, hábil a los efectos de ley RESULTANDO Por memorial de demanda principal de fs. 12-13 de obrados, la impetrante con los fundamentos y derechos invocados en su causa, demanda en la vía voluntaria “INVERSION DE APELLIDO”, manifestando los siguientes extremos: DE LA DEMANDA.- Hechos que motivan la demanda.- La impetrante refiere que en la actualidad a los 22 años de edad habría llevado una vida con discriminación y menosprecio con sus diferentes círculos de amistad social y entornos estudiantiles así como laborales, todo ello debido a su apellido paterno “HUAYLLAS” precisamente manifestando que esta situación aparentemente se debería a la ignorancia y desprecio que todavía se encontraría enraizada en nuestra sociedad, también expresa que en la actualidad, producto de un acuerdo consensuado con su familia, se habría tomado la decisión de solicitar la inversión de sus apellidos, petición que en un inicio habría sido efectuada ante SERECI, vía rectificación o modificación, la cual sería rechazada, disponiendo que acuda a la vía judicial, por lo que de manera expresa solicita que figure como primer apellido en orden de prelación el de “CRUZ” correspondiente al de su progenitora y en segundo lugar el de “HUAYLLAS” relativo al de su progenitor. Adjuntando para el efecto fotocopia legalizada de la resolución jerárquica N°4/2023 de fecha 26 de julio de 2023 correspondiente a SERECI, rechazando la solicitud de cambio de apellido paterno materno, puntualizando principalmente que el interesado debe acudir a la vía judicial, adjuntando para el efecto certificado de nacimiento. Fundamentos de Derecho.- La parte actora funda su demanda baja los conocimientos de los juristas María Linacero de la Fuente y Adolfo Pliner Art. 9 del Código Civil, prevé que toda persona tiene derecho al nombre con arreglo de la ley. Art. 10 del citado código precisa que el hijo lleve el apellido o apellidos del progenitor o progenitores, respecto a los cuales se halle establecida su filiación. Petitorio. - Por todo lo expuesto solicita se disponga: el registro del primer apellido materno y luego el apellido paterno, así como el registro de los progenitores de la inscrita debiendo figurar como JESSICA ARACELY CRUZ HUAYLLAS.* DE LA CONTESTACIÓN.- Que, habiéndose admitido la presente causa voluntaria a través de la resolución de fecha 24 de agosto de 2023 y corrida en traslado a la contraparte constituida por ANTONIA CRUZ COLQUE, la misma no ha emitido pronunciamiento al respecto, pese a su legal citación en forma personal (véase diligencia de fs. 35), asimismo, a MARIO MIGUEL HUAYLLAS quien fue citado mediante edicto de ley siendo este medio de comunicación de ultima ratio (véase fs. 48-49).CONSIDERANDO I Atentos a la pretensión de la actora y las pruebas que se recibieron, se tienen los siguientes extremos: HECHOS PROBADOS: A OBJETO DE SUSTENTAR SU PETITORIO Y PROBAR CON DOCUMENTALES IDONEAS, LA PARTE ACTORA PRESENTA LAS SIGUIENTES LITERALES: I. CERTIFICADO DE NACIMIENTO CORRESPONDIENTE A JESSICA ARACELI HUAYLLAS CRUZ, CURSANTE A FS. 2 DE OBRADOS. Expedida por el Oficial de Registro Abg. Adhemar Zenón Alcalá Canaviri, Oficialía No. 49907, Libro No. 5-2001, Partida No. 30, Folio No. 30, del Departamento de Oruro, Provincia Cercado, Localidad Oruro, con fecha de partida 9 de julio de 2001, lugar y fecha de emisión: Oruro, 30 de junio de 2022. II. A fs. 3 de obrados, adjunta en original Carnet de atención de salud emitido por la Policía Bolivia correspondiente a JESSICA ARACELI HUAYLLAS CRUZ. III. A fs. 4 de obrados, adjunta en original certificado de Antecedentes Policiales emitido por la Dirección Departamental Interpol Oruro, División de Registros y Antecedentes el mismo que certifica que la ciudadana Jessica Araceli Huayllas Cruz “NO” registras ninguna notificación a nivel internacional, el mismo que fue emitido en fecha 05 de mayo de 2023. IV. A fs. 5-6 de obrados, adjunta en original certificado de Antecedentes policiales emitido por la Dirección Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares, Certificado Único Digital de Antecedentes Policiales, Sistema ED-1, N° 202304180092-EA, División de Certificación de Registro y Antecedentes Policiales Certifica que la ciudadana JESSICA ARACELI HUAYLLAS CRUZ “NO” REGISTRA ANTECEDENTES, emitido en fecha 18 de abril de 2023. V. A fs. 7 de obrados adjunta en original certificado de NO VIOLENCIA (CENVI) OJC-CM-4401099202228959 donde certifica que la ciudadana JESSICA ARACELI HUAYLLAS CRUZ “NO REGISTRA” antecedente de violencia contra la mujer y la familia, emitida en fecha 06 de octubre de 2022. VI. A fs. 8 de obrados adjunta en original certificado de antecedentes Penales OJC-CM-4401099202228958 donde certifica que la ciudadana JESSICA ARACELI HUAYLLAS CRUZ “NO REGISTRA” Antecedente Penal referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso, emitida en fecha 06 de octubre de 2022. VII. A fs. 9-11 vlta. de obrados, adosa Resolución Revocatoria SERECI-OR. Nº 4/2023 y Resolución Jerárquica Nº JSRC 04/2023, emitidas por el Servicio de Registro Cívico dependiente del Tribunal Supremo Electoral (SERECI), en fecha 19 de julio de 2023 y 26 de julio de 2023, respecto a la solicitud de INVERSION DE APELLIDO de la inscrita JESSICA ARACELI HUAYLLAS CRUZ, declarada RECHAZADA conforme la normativa legal descrita; documentales que hacen entrever que la hoy demandante hubo agotado la vía administrativa. VIII. A fs. 29, se apareja Certificación Central de Información Crediticia, emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, emitido en fecha 13 de noviembre 2023, de donde se establece que la actora no reporta deudas pendientes de honra. HECHOS NO PROBADOS: - De las pruebas ofrecidas por la impetrante las siguientes literales descritas no acredita ni señala la relación entre la pretensión ni el objeto de la litis por lo que resultan ser inconducentes (innecesarias) por no llevar a ningún extremo de conformidad al art. 142 de la Ley 439 inherente al rechazo de la prueba en forma taxativa. Ninguno. CONCLUSIONES - Por la Resolución Administrativa N° ZAOkrgWB/2023 de fecha 19 de julio de 2023, cursante a fs. 9-9 vlta., emitida el Servicio Registro por el Tribunal Supremo Electoral-Servicio de Registro Cívico (SERECI), se acredita el RECHAZO a la solicitud de JESSICA ARACELI HUAYLLAS CRUZ de cambio y/o inversión de apellidos de JESSICA ARACELI HUAYLLAS CRUZ, en la vía administrativa, motivo por el cual acudió a la vía judicial, estableciéndose agotado dicho mecanismo administrativo. -Por el Certificado de Nacimiento, cursante a fs. 2 de obrados, queda demostrada la inscripción de partida de nacimiento de JESSICA ARACELI HUAYLLAS CRUZ en la Oficialía N° 49907, Libro N° 5-2001, Partida N° 30, Folio N° 30, en el Departamento de Oruro, Provincia Cercado, Localidad Oruro, con fecha de Partida 9 de mayo de 2001, registrando como padre a MARIO MIGUEL HUAYLLAS ARONI y madre a ANTONIA CRUZ COLQUE. - Asimismo, se tiene de igual forma demostrada que la misma persona tiene como datos registrados JESSICA ARACELI HUAYLLAS CRUZ por el Carnet de Atención a la Salud cursante a fs. 3 de obrados. CONSIDERANDO II De los hechos probados y no probados anteriormente descritos, las pretensiones materiales de la parte actora, normas legales a aplicarse y en forma especial criterios jurídicos, se tienen las siguientes conclusiones, considerando la pretensión de la misma: Primero.- EL DEBIDO PROCESO EN EL NUEVO MODELO DE ESTADO.- El debido proceso se configura como una garantía constitucional, un derecho fundamental y un principio rector del orden constitucional, consagrado en las normas del bloque de constitucionalidad y en el art.115.2 de la Constitución Política del Estado, por lo que tiene una naturaleza jurídica progresiva, por cuanto, debe ser interpretado a la luz de una pauta hermenéutica evolutiva, por lo que no puede mantenerse estático en el tiempo con un reconocimiento formal o adjetiva, sino también ser interpretado a partir de su faceta sustantiva. Faceta sustantiva, que se configura como un estándar de justicia que resguardo el principio constitucional de prohibición de ejercicio Arbitrario de poder. En la emisión de las sentencias judiciales, el debido proceso sustantivo constituye una regla de equilibrio conveniente o de racionalidad de las relaciones sustanciales. De tal manera que asegura la prevalencia del principio de razonabilidad y los valores de justicia e igualdad, para consolidad así el vivir bien, conforme lo previsto en el art. 8 de la Constitución Política del Estado, debido proceso que en una expansión vertical implica otorgar mayores garantías aplicadas a grupos de personas en histórica desigualdad. Segundo.- SOBRE EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. - El derecho al libre desarrollo de la personalidad, constituye uno de los pilares del Estado constitucional y democrático de derecho, es el reconocimiento de la libertad como derecho, bajo la única exigencia de pertenecer al género humano, libertad que protege al individuo de toda forma de intromisión o intervención del Estado o de cualquier otro individuo. Nuestra Constitución Política del Estado, reconoce al individuo como dotado de un conjunto de libertades, como las reconocidas en el art. 21, libertad de conciencia, de religión, de pensamiento, de asociación, de expresión y de culto entre otras. Todas estas libertades pueden ser traducidas en el libre desarrollo de la personalidad, como libertad nodal “in nuce” porque todas se reducen a ella. El derecho al libre desarrollo de la personalidad ha sido definido como el derecho general de libertad o el derecho a la libertad general de actuación humana en el más amplio sentido, así plasmado en nuestra Constitución Política del Estado al establecer el art. 14. III, IV de la CPE. “III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que estas no prohíban. Este derecho es el núcleo de la libertad: la libertad de hacer y omitir lo que se quiera (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador. Parr.52), es decir, la libertad vista desde la forma más amplia posible, pues no opera respecto de una conducta determinada ni en un ámbito específico. El derecho al libre desarrollo de la personalidad ha sido entendido internamente como la prohibición de intromisión indebida en la libertad y autonomía de la persona; libertad que solo está limitada por el interés colectivo o los derechos de las demás personas, así lo ha definido el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP N° 206/2014, SCP N°260/2014 y SCP N° 1095/2014. Este derecho, según la doctrina (ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Traducido, por Carlos Bernal Pulido. Segunda Edición. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid – España. 2008. Pág. 299 y 301), contiene dos facultades: 1) la libertad de hacer y omitir lo que se quiera de acuerdo con la voluntad propia, siempre y cuando no existan restricciones, entendiéndose que lo restringido es únicamente aquello que se encuentra expresamente prohibido, pues todo lo que no está prohibido está permitido, por lo cual el ejercicio de este derecho faculta hacer aquello que está permitido y lo que no está prohibido; y 2) el derecho a que nadie (ni el Estado ni los particulares) impidan las acciones y omisiones del titular del derecho fundamental. Con ese reconocimiento de la autonomía de la persona, se constata que existe un ámbito que le corresponde exclusivamente al individuo como sujeto ético espiritual que aspira a desarrollarse y determinarse asimismo en libertad: la libre elección en los asuntos de su propia vida, lo bueno y lo malo de ella, y el sentido de su existencia. Encontrándose vedada cualquier injerencia del Estado y los particulares en esa esfera vital reservada para el individuo. Decidir por la persona en los asuntos que se refieren a esa esfera de la vida sobre la cual tiene autonomía, es “….arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a su condición de objeto, crucificarla, convertirla en medio para los fines que por fuera de ella se eligen”. Por ello la jurisprudencia constitucional internacional ha sostenido que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es una expresión de la dignidad humana, en tanto implica la posibilidad de autodeterminación que esta conlleva; y, este derecho no es más que la consecuencia necesaria de la concepción que postula al Estado como un instrumento al servicio del hombre, y no el hombre al servicio del Estado. Al respecto la jurisprudencia constitucional en la SCP N°006/2010-R y las SCP N° 198/2012 y 12/2018, entre otras, 2.1.- EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y EL PROYECTO DE VIDA.- La jurisprudencia constitucional en la SCP N° 260/2014, expresamente señalo que “ el derecho al libre desarrollo de la personalidad se constituye en una garantía constitucional respecto a la libertad, a la autonomía de la persona, en el marco del carácter comunitario del estado, toda vez que, en virtud a ese derecho, las personas desarrollan su proyecto de vida personal teniendo limites el respeto a los derechos de terceras personas, los valores y las normas constitucionales, así como la ley” y que la norma impugnada vulnera ese derecho. El proyecto de vida es un concepto que tiene que ver con la realización integral de la persona de acuerdo con sus vocaciones, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones personales, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas en su vida y acceder a ellas, concepto desarrollado por la jurisprudencia del sistema interamericano de Derechos Humanos, en el Voto razonado conjunto de los jueces A.A. CANDADO TRINDADE Y A. ABVREU BURELLI dentro el caso Loayza Tamayo vs. Perú, Sentencia de 27 de noviembre de 1998 (reparaciones y costas).- Cada sujeto, durante su existencia, se plantea su propio destino de acuerdo a sus opciones de vida. El proyecto de vida, de esta forma, es un resultado previsto y probable según las opciones de vida; y, ellas, a su vez, son la garantía de que el sujeto ejerza su libertad, pues “… difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre si carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación”. CID (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador Parr.52. 2.2.- EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y LA DIGNIDAD HUMANA.- El derecho a la dignidad de todo ser humano previsto en el art. 8.II de la Constitución Política del Estado, indica que, El Estado se sustenta entre otros valores en el de “dignidad”. Así establecida en armonía con lo previsto por el art. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala que: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. La dignidad humana es inherente a la condición misma del ser humano, lleva en si la obligatoriedad del respeto al ser humano como un ser pleno de derechos. La dignidad personal, implica reconocer al otro como otro yo, y al Estado, le corresponde reconocer, garantizar y promover la dignidad y los derechos humanos, desechando los obstáculos que se oponen a ello, su acatamiento es la base del Estado de Derecho. Definir la dignidad de la persona no es posible, solo podemos apreciar su vulneración, la que se concreta cuando su perturba, amenaza o priva de los derechos esenciales a la persona, o se denigra o humilla, cada vez que se discrimina. Finalmente, es importante hacer referencia a la SCP N° 0076/2017 que entendió que la dignidad de las personas se constituye en el fundamento del derecho al libre desarrollo de la personalidad. El derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuentra íntimamente relacionado con la dignidad humana, no solo por el hecho de ser una concreción de este principio, al igual que todos los demás derechos, sino por ser considerada una manifestación directa de él. La dignidad humana debe su existencia a la autonomía de la voluntad de las personas, y en ese sentido, se puede decir que el ser humano es digno ya que puede determinar su destino por sí mismo, a diferencia de los animales (KANT. Immanuel. Fundamentos de una metafísica de las costumbres. S/E Madrid-España. 1881. Pág. 821). El humano es digno pues “…existe como fin y no simplemente como medio arbitrario de tal o cual voluntad…”, ya que su voluntad es autónoma, pues tiene en sí misma la ley conforme la cual se determina. De tal manera que el reconocimiento de la dignidad humana implica la protección de la autonomía personal, pues la facultad de vivir como se quiere, implica el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues este derecho otorga al ser humano, la facultad de estructurar su proyecto de vida, de manera tal que “El libre desarrollo de la personalidad, es un derecho fundamental que deviene de la Cláusula General de Libertad, y cuyo ejercicio ratifica constantemente, en un Estado Constitucional y democrático, el principio de dignidad humana”. 2.3.- EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y EL DERECHO DE OPCION.- La libertad de opción que otorga a la persona la facultad de hacer y omitir lo que no está prohibido, se relaciona con un concepto recientemente incorporado a la jurisprudencia del Sistema Interamericanos de Derechos Humanos –el proyecto de vida- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la existencia de un derecho a un proyecto de vida y ahora se plantea la existencia de un derecho a un proyecto de vida post vida. Cfr. Voto concurrente del juez A.A. CANCADO TRINDADE en el caso de la Comunidad Moiwana vs. Suriname. Parr. 67, pues las decisiones amparadas en la garantía constitucional del libre desarrollo de la personalidad tiene que ver con la determinación autónoma y el derecho al libre desarrollo de la personalidad se vinculan durante toda la existencia, pues, tal y como ha considerado el juez Cangado Trindade, “…en el marco de la transitoriedad de la vida, a cada uno cabe proceder a las opciones que le parecen acertadas, en el ejercicio de plena libertad personal, para alcanzar la reali9zacion de sus ideales…” que se encuentran contenidos en su proyecto de vida. El libre desarrollo de la personalidad, “…como derecho de cada persona a elegir su propio destino…”, como derecho de toda persona a “…ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás”, permiten que las personas desarrollen su proyecto de vida con autonomía. Tercero.- SOBRE EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD QUE CONSTITUYE CLAUSULA ABIERTA QUE ACOGE EL DERECHO A LA OPCION EN EL ORDEN DE APELLIDOS DE LOS JOVENES.- El derecho a la identidad, proviene de los derechos a la vida y a la dignidad, reconocido en el Capítulo Quinto, Sección V, relativa a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, art. 59.IV de la Constitución Política del Estado considerando coexistente al nacimiento de todo ser humano, Este derecho se extiende a la vida adulta e incluso se extiende después de la muerte, para efectos de sucesión en el campo jurídico, de ahí que aun dejando de existir la persona no puede privársela de su identidad como derecho, porque este derecho se extiende a sus sucesores. El art. 9 Parágrafo I del Código Civil (DERECHO AL NOMBRE). En el art. 12 del mismo Código Civil (PROTECCION DEL NOMBRE). La Jurisprudencia Constitucional en la SCP N° 0379/2013 de 25 de marzo. El art. 9.1 del Código Civil, determina que toda persona tiene derecho al nombre que le corresponde con arreglo a la ley y comprende el nombre propio o individual y el apellido paterno y materno, por ello “el nombre y apellido” establecen la identidad de un sujeto determinado como tal, ya que de ellos depende su personalidad en concreto y el status correspondiente. Norma civil que no establece el orden de registro de los apellidos del inscrito. La Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente, señala en el art. 109 Parágrafo I (IDENTIDAD). Y el art.110 sobre la FILIACION. El contenido de la norma desarrollada otorga a los padres la posibilidad de elegir el orden de los apellidos con el que será inscrito el niño o niña, ya sea el materno primero o el paterno lo que no implica la posibilidad de cambiar el nombre de los datos de los padres en sus casilleros. En el caso presente lo que nos ocupa es el derecho que tiene los jóvenes, quienes a su vez adquirida la mayoría de edad, a elegir el orden de sus apellidos, o derecho de opción no se encuentra normado o no se encuentra materializada en el contenido de la normativa vigente, si bien como se ha desarrollado se le otorga este derecho en favor de los padres para el registro de los niños. No obstante, de ello el art. 59.V de la Constitución Política del Estado. Y en desarrollo a la orden constitucional se emite la Ley N° 342 Ley de 5 de febrero de 2013 –Ley de Juventud- en el art. 9 núm. 4) expresamente reconoce como derecho civil y político de los jóvenes al libre desarrollo de su personalidad al señalar “Al derecho de libre desarrollo integral y desenvolvimiento de su personalidad. Por otra parte, en el marco del art. 9 de la CPE, es deber del Estado crear las condiciones que garanticen a cada persona el desarrollo de una vida digna, con pleno respeto del orden público e institucional y pleno goce y ejercicio de los derechos esenciales. Para alcanzar el objetivo precedentemente desarrollado, el juez en su labor debe reconocer u resolver los factores de desigualdad real de quienes son, llevados ante la justicia, adoptando medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan, reduzcan o menoscaben los derechos humanos de las personas. Que en el análisis normativo desarrollado conlleva a la materialización del derecho al desarrollo integral y libre de la personalidad de los jóvenes, quienes, una vez alcanzada la mayoría de edad, en consideración y materialización del derecho al libre desarrollo de su personalidad previsto en el art. 14. III y IV de la CPE y art. 12.4 de la Ley N° 342 tiene el derecho de poder elegir el orden de sus apellidos, negativa administrativa que tiene matices de discriminación en razón de edad que se materializa en contra de una población calificada de vulnerable por la ley de la juventud N° 342 art. 11.8. En ese marco, y como se tiene desarrollado ejerciendo control de convencionalidad se tiene que la jurisprudencia emitida por el TCP en armonía con los instrumentos internacionales como la jurisprudencia emitida por la CIDH, que ha sido fundamental en el tema del derecho al nombre como un avance en el reconocimiento de derecho al libre desarrollo de la personalidad tenemos, la Opinión Consultiva 24 en el apartado 111 señala “Además de lo anterior, esta Corte sostiene que la fijación del nombre, como atributo de la personalidad, es determinante para el libre desarrollo de las opciones que le dan sentido a la existencia de cada persona, así como a la realización del derecho a la identidad. No se trata de un agente que tenga por finalidad la homologación de la persona humana, sino por el contrario es un factor de distinción. Es por ello que cada persona debe tener la posibilidad de elegir libremente y de cambiar su nombre como mejor le parezca. Es así como la falta de reconocimiento al cambio de nombre de conformidad con esta identidad auto-percibida, implica que la persona pierde total o parcialmente la titularidad de esos derechos y que, si bien existe y puede hallarse en un determinado contexto social dentro del Estado, su existencia misma no es jurídicamente reconocida de acuerdo a un componente esencial de su identidad. En tal circunstancia también se ve menoscabado el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y el derecho a la identidad de género”. Reconocimiento que, a partir del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y el principio de progresividad propio de los derechos humanos previsto por el art. 13 de la CPE no puede ser de ninguna manera limitativo a las personas de orientación distinta o a los niños. Sino a todo grupo en situación de vulnerabilidad, en armonía de lo previsto por el art. 29 de la Convención Americana y por lo tanto conforme dispone el Art.13. IV (cláusula de aplicación conforme, art. 109 (aplicación directa de la CPE y las normas del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos) y art. 256 de la CPE que establece la aplicación con preferencia de tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de manera preferente. De manera tal que el cambio en el orden de los apellidos del materno por el paterno – inversión de apellidos, no trata de corrección de ningún dato erróneo en el registro, sino al contrario, se trata de la presentación de cambiar el orden del registro de apellidos correctamente registrados, tratándose entonces estrictamente del ejercicio del derecho de opción del titular de la partida como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad y su consecuente materialización. De consiguiente se tiene reconstruida la premisa normativa por lo que corresponde al análisis del caso. Cuarta.- DE LA NATURALEZA JURIDICA DE LOS PROCESOS VOLUNTARIOS Y DE LA COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS CIVILES Y COMERCIALES PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PROCESO DE CAMBIO O RECTIFICACION DE NOMBRE. - Los procesos voluntarios, no son contenciosos, no implican una controversia, no hay litigio ni conflicto, sin embargo, la parte solicitante necesita la intervención del órgano jurisdiccional para dar legalizada una actuación o aclarar una situación de hecho o de derecho. El peticionante no pide nada contra nadie, porque frente a su petición no tiene ningún adversario, este surge cuando se opone a la pretensión del peticionante si se cree lesionado por esa pretensión y así el procedimiento de voluntario se transforma en contencioso. Las resoluciones dictadas en los procesos voluntarios, no revisten autoridad de cosa juzgada material, salvo disposición expresa de la ley, pueden ser impugnados a instancia de parte interesada, en proceso contencioso. En ese sentido el art. 448 del Código Procesal Civil, establece que “Solo se tramitaran en proceso voluntario, asuntos o cuestiones en los que no existe conflicto u ocupación de intereses”. Y no se encuentra regulado por ley específica. Asimismo, el art. 31 del Protocolo de aplicación del Código Procesal Civil, aprobado por acuerdo de Sala Plena N° 189/2017 de 13 de noviembre de 2017 en concordancia, con el núm. 9) del art. 69 de la Ley del Órgano Judicial, señala que “Los Jueces Públicos Civiles son competentes para conocer y decidir sobre procesos de rectificación o cambio de nombre siempre y cuando las solicitudes de los interesados no puedan ser atendidos en sede administrativa, salvo derechos de terceros”. En ese contexto normativo y factico desarrollado y así establecido la premisa normativa en cuanto al alcance del derecho al libre desarrollo de la personalidad de los jóvenes en aplicación directa de lo previsto por el art.14.III y IV de la Constitución Política del Estado y art. 9 núm. 4) de la Ley N° 342 y aplicación del art. 256 que determina la aplicación de los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos más favorable en materia de Derechos Humanos y la consecuente consideración y aplicación en cuanto al alcance del derecho al derecho al libre desarrollo de la personalidad en el componente derecho a la opción al cambio de nombre de las personas contenidas en la Opinión Consultiva 24/2017 de fecha 24 de noviembre de 2017, apartado 111, emitida por la CIDH en respuesta a la consulta formulada por la República de Costa Rica. Derechos que bajo ningún concepto pueden ser interpretados desde una perspectiva restringida, en virtud del principio de no regresividad de los Derechos Humanos, pues como se ha desarrollado en los fundamentos jurídicos, deben ser interpretados desde y conforme la Constitución Política del Estado y las normas del bloque de constitucionalidad. Consiguientemente, no puede entenderse una norma que sea excluyente y discriminadora por razón de edad, en el mismo sentido lo prevé el art. 13 de la Constitución Política del Estado, consecuentemente las normas bolivianas tienen que estar subordinados a la supremacía de la constitución conforme lo prevé el art. 410 de la CPE, siempre tomando en cuenta el principio de favorabilidad y pro actione, por el cual, los derechos deben ser siempre progresivos, cuando se trata de garantizar la materialización de los derechos humanos. Quinto.- Motivación fáctica (análisis de caso concreto). I. Conforme se tiene de antecedentes procedimentales y la demanda que promueve la ciudadana JESSICA ARACELI HUAYLLAS CRUZ, se ha acreditado que de manera previa ha agotado la vía administrativa, pues el Servicio de Registro Cívico SERECI, emite Resolución Administrativa N° ZAOkrgWB/2023 de fecha 03 de julio de 2023 cursante a fs. 9-9 vlta., donde RECHAZA la solicitud de la impetrante para el cambio o inversión de apellido; asimismo habiendo agotado la vía administrativa, vale decir, Revocatorio y Jerárquico, la solicitante puede acudir a la Vía Judicial. II. La demandante mediante certificado de nacimiento visible a fs. 2 de obrados, tiene demostrado que su persona: JESSICA ARACELI HUAYLLAS CRUZ, hubo nacido el 20 de mayo de 2001, en el Departamento de Oruro, Provincia Cercado, Localidad Oruro, Sexo: Femenino, registrado en la Oficialía N° 4997, Libro N° 5-2001, Partida N° 30, Folio N° 30, con fecha de partida 9 de julio de 2001, certificado en el que figuran como sus padres: MARIO MIGUEL HUAYLLAS ARONI y ANTONIA CRUZ COLQUE, partida vigente, documental con pleno valor probatorio al tenor de lo previsto por el art. 1296 del Código Civil, es decir que en la institución referida, se halla registrada con los apellidos HUAYLLAS CRUZ. III. Entonces como se dijo en forma antelada, estando acreditado que la hoy solicitante hubo agotado la vía administrativa, corresponde ingresar a dilucidar el problema jurídico el cual emerge de la pretensión de la hoy actora, en sentido de invertir los apellidos de la referida solicitante, pues la misma sufriría discriminación y menosprecio por parte de su entorno (social y profesional), todo ello debido a que llevaría el apellido de HUAYLLAS, este aspecto debe ser enervado por la hoy demandante valga la redundancia, es decir, por llevar en forma primigenia el apellido HUAYLLAS; para el cometido señalar que efectivamente este argumento unilateral de la demandante, si bien no cuenta contraste o sustento con prueba alguna, sin embargo, los terceros integrados a la Litis, a decir de sus progenitores, no manifestaron postura en contrario, o sea, no se opusieron a esta pretensión, se entiende que avalan lo argumentado por su hija; por ende y considerando además que esta declaración efectuada por la demandante, acarrearía consecuencias única y exclusivamente en contra de ella, a más de concebir que las resoluciones pronunciadas en procesos voluntarios no causan estado, corresponde deferir lo solicitado, es decir, tutelar la pretensión de la hoy demandante. III. Es prudente referir además que, se concibe que en forma aparente no existe temeridad o mala fe en la pretensión de la demandante, pues la misma por ejemplo hubo aparejados Certificaciones que hacen entrever que la misma no cuenta con antecedentes policiales, ni penales, como tampoco tiene adeudos con entidades financieras, por ende se concibe y ratifica la conclusión anterior, de tutelar lo pretendido por Jessica Araceli Huayllas Cruz. IV. No está demás poner en relieve y reiterar que la presente demanda fue puesta en conocimiento de sus progenitores, ciudadanos MARIO MIGUEL HUAYLLAS ARONI y ANTONIA CRUZ COLQUE, quienes no formularon oposición alguna a la demanda intentada por la ciudadana (hija) JESSICA ARACELI HUAYLLAS CRUZ, respecto a invertirse los apellidos, por ende y al no existir oposición se entiende que los referidos ciudadanos no muestran postura en contrario a lo pretendido por la hoy demandante, aspecto que también hacen la tutela solicitada. V. Para finalizar, este Auto Definitivo se emite en orientación sentada a través del Auto de Vista No. 202/2023 de fecha 22 de mayo de 2023, emitido por la Sala Civil Primera Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. POR TANTO Sin entrar en mayores consideraciones de orden legal, se declara PROBADA la pretensión principal contenida en la demanda incoada a fs. 12-13 de obrados, por JESSICA ARACELI HUAYLLAS CRUZ. Como emergencia de lo resuelto se dispone se cumpla con lo siguiente: I. Notificación al DIRECTOR DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVICO-SERECI ORURO, dependiente del Tribunal Supremo Electoral, a objeto de que: - Proceda a la MODIFICACION DEL ORDEN DE APELLIDOS PATERNO Y MATERNO “INVERSION DE APELLIDOS” invirtiendo el materno con el paterno y viceversa, es decir, de HUAYLLAS CRUZ a CRUZ HUALLAS, en la partida de nacimiento registrado en la Oficialía No. 4997, Libro No. 5-2001, Partida No. 30, Folio No. 30, del Departamento de Oruro, Provincia Cercado, Localidad Oruro, con fecha de partida 9 de julio de 2001, debiendo figurar en adelante la inscrita como: JESSICA ARACELI CRUZ HUAYLLAS, nacida el 20 de mayo de 2001, manteniéndose incólume su filiación materna y paterna, así como los demás datos inscritos en la certificación de nacimiento sin ninguna modificación. II. Para hacer efectivo lo dispuesto, por secretaria al amparo del art. 88 parf. II de la Ley N° 439, expida oficio o provisión ejecutoria (Ejecutorial de Ley), sea previa las formalidades de ley. III. Por otro lado, y para la modificación en los Registros Públicos y Privados donde haya realizado sus actividades la hoy actora y otras que se requiera, se dispone que, por Secretaría de este Órgano Jurisdiccional, se emitan copias autenticadas de la presente resolución, debiendo la misma acudir a las respectivas entidades y hacer prevalecer sus derechos; seas previa las formalidades de suyo inherentes. IV. Por secretaria procédase al desglose de la prueba documental adjuntada, debiéndose quedar en su lugar fotocopias simples, previa constancia en obrados. La presente resolución es impugnable mediante el Recurso de Reposición con Alternativa de Apelación, conforme prevé el art. 451 parf. III de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil, de fecha 19 de noviembre de 2013. ESTA RESOLUCIÓN DE LA QUE SU COPIA SERA ARCHIVADA DONDE CORRESPONDA, SE FUNDA EN LAS DISPOSICIONES LEGALES SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS SEÑALADAS A LO LARGO DEL CONTEXTO. REGÍSTRESE.---Fdo. Dr. Marco Antonio Gemio Murillo Juez ----Fdo. Fdo. Ante Mí: Dra. Pamela Andrea Delgado Montero Secretaria Abogada, Juzgado Público Civil y Comercial 1º Oruro-Bolivia.------Regístrese y comuníquese.-------------------------------------------------------------- PRESENTE EDICTO ES LIBRADO EN ESTA CIUDAD DE ORURO A LOS TRES DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO AÑOS.----------------------------------------------------------------------------------------------------C1.34


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