EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: SALA PENAL TERCERA


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA SALA PENAL TERCERA EDICTO MARIA GIOVANNA PIZO GUZMAN VOCAL – PRESIDENTE DE LA SALA PENAL TERCERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA. POR EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO Y SE NOTIFICA A LA SEÑORA LUCIA OLIVERA QUISPE (C.I. Nº 4438556), CON EL AUTO DE VISTA N° 425/2023-RAR DE 26 DE DICIEMBRE DE 2023 Y PROVEÍDO DE 10 DE JUNIO DE 2024, DENTRO EL PROCESO PENAL SIGNADO CON EL CÓD. ÚNICO.:3087241, SEGUIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO A INSTANCIA DE LUCIA OLIVERA QUISPE CONTRA CRISTIAN VARGAS PANOZO Y RENÉ VARGAS PANOZO, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ART. 308 EN RELACIÓN AL ART. 310 DEL CODIGO PENAL, A CUYO FIN SE TRANSCRIBEN LOS SIGUIENTES ACTUADOS: AUTO DE VISTA N° 425/2023-RAR DE 26 DE DICIEMBRE DE 2023 VISTO, el recurso de apelación restringida interpuesto por Cristian Vargas Panozo y Rene Vargas Panozo contra la Sentencia N° 06/2022, leída íntegramente en 23 de marzo de 2022, pronunciada porlos Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal N° 1 de Villa Tunari, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Publico y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra los prenombrados recurrentes, por la presunta comisión del delito de violación agravada, previstoy sancionado por el art. 308 en relación al art. 310 del Código Penal. I.ACTOS PROCESALES RELEVANTES: Los siguientes. I.1.Resolución apelada: Los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal N° 1 de Villa Tunari, mediante Sentencia N° 06/2022, leída íntegramente en 23 de marzo de 2022, declararon a Cristian Vargas Panozoy Rene Vargas Panozo autores de la comisión del delito de violación agravada, previsto y sancionado por el art. 308 en relación al art. 310 inc. c) del Código Penal, imponiéndoles en consecuencia pena privativa de libertad de veinte (20) años de presidio, sanción a ser cumplida en el recinto penitenciario «El Abra». Al efecto, sostuvieron como probados los siguientes hechos: «…Primero.- Que en fecha 05 de junio de 2017 la adolescente Zulma F.O. salió con Gabriel Méndez Cabezas ex compañero de colegio a compartir bebidas alcohólicas en dos locales, el primero se cerró y posteriormente se dirigieron al local El Tío, donde bailó la adolescente con Gabriel y todos sus amigos que se encontraban en su mesa, posteriormente se acerca una persona de sexo femenino y le invita un vaso de cerveza a Zulma, posteriormente se acercó a la mesa de los DJ, pero uno de sus amigos de Zulma de nombre Edwin le reclamo por qué tenía que ir a otras mesas, la llevó a la mesa donde se encontraban sus amigos, al verla Gabriel muy mareada a la adolescente decidieron retirarse del local más o menos a horas 02:00 a 02:30,fuera del local no encontraron movilidad alguna, caminaron un trecho, y al poco rato apareció la movilidad que manejaba Cristian Vargas Panozo la hicieron entrar a dicho vehículo a la adolescente pero no a sus amigos, Gabriel pretendía entrar a la movilidad y el acompañante de Cristian se bajó del auto y le empujó a Gabriel propinándole una patada, Gabriel le dijo a Cristian que le conocía y le dijo que no se metan en problemas, sin embargo una vez que estaba dentro la movilidad Zulma, aseguraron las puertas del auto y se fueron, quedando en la calle su amigo Gabriel y Edwin. Éstos seguían caminando hasta que tomaron una movilidad con dirección a la casa de Zulma donde primeramente preguntaron si ella se encontraba en su casa, verificaron su cuarto sus familiares y se percataron que ella no se encontraba, momento donde contaron que Cristian y Rodrigo se la llevaron en una movilidad a la fuerza, inmediatamente procedieron a buscarla en moto y vehículo, en la avenida vieron pasar la movilidad donde se encontraba Zulma, donde vieron que la movilidad estaba siendo conducida por René Vargas Panozo, por lo que persiguen a la movilidad durante un largo tiempo (aprox. 40min.), posteriormente ubican de nuevo a la movilidad, al ver los hermanos Vargas Panozo que están siendo perseguidos por los familiares de la adolescente éstos se dirigen hacia una casa de Rodrigo, el auto ingresa a dicha casa, al ver los familiares este hecho llamaron a la policía y estando en el lugar los efectivos policiales ingresaron al domicilio y por detrás ingresan los familiares de la víctima acercándose a la movilidad para observar por las ventanas el interior de la movilidad, es así que la vieron a la adolescente en el asiento de atrás, ella se encontraba semidesnuda, inconsciente, también vieron una botella de ron. René y Cristian estaban en una habitación echados en una cama vestidos fingiendo dormir, en otra habitación se encontraba el dueño de la casa Rodrigo, los efectivos policiales trasladaron a tres individuos y a la víctima en la misma movilidad donde la encontraron a la adolescente, trasladándoles primeramente al módulo policial de Eterazama para luego dirigirse a la FELCC de Villa Tunari. Segundo.- Que en primer momento conducía la movilidad Cristian Vargas Panozo, posteriormente cuando fueron vistos en la avenida La Resistencia, la movilidad estaba siendo conducida por René Vargas Panozo y Cristian Vargas Panozo se encontraba en la parte trasera juntamente con la adolescente. Tercero.- Los amigos de la adolescente y ella se recogen del local el tío aproximadamente a horas 02:00 a 02:30 de la madrugada momento en el que le interceptan Cristian Vargas Panozo y Rodrigo Muiba, a horas 04:00 de la madrugada es detectada la movilidad por los familiares de la adolescente, lo que significa que en ese ínterin la adolescente fue vejada sexualmente por los dos hermanos Vargas Panozo, porque las circunstancias en la que la encontraron a la víctima dentro de la movilidad son signos de haberla agredido sexualmente, confirmado este hecho por el profesional Médico Forense, toda vez que al examen físico genital refiere: Membrana Himeneal: semilunar con desgarro de data antigua en horas 4 según manecillas del reloj, al examen anal: refiere: piel perianal; congestiva, con presencia de pequeños desgarros en horas 12, 1, 6 y 11 según las manecillas del reloj. Desgarros que se presentan por la introducción de un objeto tal como un pene en erección. Cuarto.- Al retornar la madre de la víctima a la FELCC con la valoración médico forense, la interceptaron familiares de los ahora acusados, quienes la convencieron arreglar la situación a cambio de dinero. Quinto.- Al ser la víctima adolescente de 16 años de edad, René y Cristian cometieron el delito de violación agravada, toda vez que víctima se encontraba en estado de ebriedad inconsciente y en total dominio de los agresores Cristian y René Vargas Panozo…»(Sic.). I.2.Recurso de apelación restringida de Cristian Vargas Panozo y Rene Vargas Panozo: Los prenombrados, mediante escrito presentado en 18 de abril de 2022, promovieron la impugnación de la Sentencia N° 06/2022, impetrando se declare admisible y procedente el recurso, sea anulando la Sentencia para la celebración de un nuevo juicio oral o emitiendo resolución absolutoria. En tal propósito, denunciaron la vulneración de los principios de verdad material, legalidad, debido proceso, igualdad procesal y seguridad jurídica, además de los derechos a la defensa y juez imparcial, sobre los que practicaron sendas citas normativas, doctrinales y jurisprudenciales -sin vincularlas particularmente con el caso-, transgresión que aducen configuro los siguientes defectos. I.2.1. La inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, inc. 1) del art. 370 del CPP: Denunciaron los acusados que no se acredito la acción desplegada para la comisión del delito, pese a las afirmaciones integradas en la Sentencia, resolución que -a tiempo de la subsunción- no indico la «acción» ejercitada, eventualidad aquella que inhibe la posibilidad de condena por el ilícito previsto y sancionado por el art. 308 en relación al art. 310 del Código Penal, normas erróneamente aplicadas; máxime si, la víctima, informo haber sostenido relaciones sexuales con otra persona una hora antes de los hechos. Contrario a lo asumido en la determinación impugnada, alegaron los recurrentes alcanzar a demostrar que no realizaron los actos atribuidos, correspondiéndole la agresión sexual al coprocesado Rodrigo Muiba. Citaron el Auto Supremo Nº 236 de 07 de marzo de 2007, relativo a la necesaria concurrencia de todos los elementos del tipo para su aplicación. I.2.2. Que la Sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, inc. 6) del art. 370 del CPP: Relievo la defensa que la prueba documental signada como MP-8, consistente en Certificado médico forense, así como la deposición de Pedro Sejas Suarez, médico forense, informan que la víctima sostuvo relaciones sexuales con Osmar N.N. una hora antes de salir de la fiesta, aspecto este omitido en la ponderación, justificando en todo caso los desgarros advertidos y la presencia de material genético. De igual forma, rescataron que el testimonio de Gabriel Méndez Cabezas hace patente que Rene Vargas Panozo -uno de los recurrentes- no se encontraba ni en el local ni en el vehículo y que quien lo agredió fue Rodrigo Muiba, coimputado. Citaron en calidad de precedentes contradictorios los Autos Supremos Nº005/07 de 26 de enero, 037/07 de 27 de enero, 617/2007 de 24 de noviembre, 272/2009 de 04 de mayo, 176/10 de 26 de abril, 345/2010 de 16 de octubre, 65/2012 de 19 de abril, 161/2012 de 17 de julio, 166/2012 de 20 de julio, 268/2012 de 24 de octubre, 038/2013-RRC de 18 de febrero, 192/2013 de 11 de julio, 418/2013 de 30 de agosto, 217/2014-RRC de 04 de junio, 084/2015, 181/2016, 237/2017 de 21 de marzo y 467/2017 de 27 de junio, así como las Sentencias Constitucionales Nº 0871/2010-R, 2227/2010-R de 19 de noviembre, 1662/2012 de 1 de octubre y 1167/2015-S3 de 16 de noviembre. I.2.3. Que no exista fundamentación de la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria, inc. 5) del art. 370 del CPP: Enunciado en la parte introductoria del recurso, sin merecer desarrollo alguno posterior. I.3.Contestación: Corrido como fue en traslado el recurso, el mismo no mereció pronunciamiento alguno. I.4.Audiencia de fundamentación oral: Al no ser solicitada expresamente por los recurrentes, la misma no fue programada. II.CONTROL DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: En observancia del principio de impugnación consagrado por el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (en adelante nominada simplemente: CPE), se pasa a examinar si el escrito recursivo presentado en 18 de abril de 2022,cumple con los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva. II.1. Presupuesto de impugnabilidad objetiva: Por mandato contenido en los arts. 394 y 396.3 del CPP, las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por dicho código y en las condiciones de tiempo y forma también previstos por él. Respecto a los requisitos previstos por el art. 408 de la norma adjetiva penal, se tiene que el recurso de apelación restringida, además de ser interpuesto por escrito en el plazo de quince (15) días de notificada la Sentencia -forma y plazo-, debe: i) Citar concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas; y, ii) Expresar cuál la aplicación que de ellas (de las normas identificadas como violadas o erróneamente aplicadas) se pretende. En el caso la apelación restringida presentada en 18 de abril de 2022, fue interpuesta de modo escritural dentro de los quince (15) días siguientes a las notificaciones, practicadas en 25 de marzo de 2022, merced al feriado de 15 de abril de 2022. Si esto es así, las circunstancias de tiempo y modo determinados por el art. 408 del CPP, fueron observadas por los impugnantes, por lo que el recurso cumple con el presupuesto de impugnabilidad objetiva. II.2.Presupuesto de impugnabilidad subjetiva: Por mandato contenido en el art. 394 del CPP, el derecho de recurrir le corresponderá a quien le sea expresamente permitido por Ley, incluida la víctima, aunque no se hubiere constituido en querellante; entonces, habiendo sido el escrito recursivo, presentado en 18 de abril de 2022, suscrito por los acusados Cristian Vargas Panozo y Rene Vargas Panozo, se tiene que el recurso cumple con el presupuesto de impugnabilidad subjetiva. II.3.Cumplidos los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, el Tribunal de alzada resuelve declarar ADMISIBLE el recurso de apelación restringida y pasa a resolver el fondo de las cuestiones planteadas. III.DOCTRINA INDICATIVA APLICABLE AL CASO: La siguiente. III.1.Inobservancia o errónea aplicación de la Ley: Respecto al significado de la «inobservancia o errónea aplicación de la ley» determinada en el art. 407 CPP, la Sentencia Constitucional N° 1075/2003-Rde 24 de julio, sostuvo: «…Conviene precisar qué alcances tienen, en el contexto del Código, las expresiones “inobservancia de la ley” y “errónea aplicación de la ley”. El primer supuesto se presenta cuando la autoridad judicial no ha observado la norma o, lo que es lo mismo, ha creado cauces paralelos a los establecidos en la ley (así, SC 1056/2003-R). En el segundo caso, si bien se observa la norma, la autoridad judicial la aplica en forma errónea. En este punto, corresponde puntualizar que la inobservancia de la ley o su aplicación errónea, puede ser tanto de la ley sustantiva como la ley adjetiva. Así, la norma sustantiva puede ser erróneamente aplicada por: 1) errónea calificación de los hechos (tipicidad), 2) errónea concreción del marco penal o, 3) errónea fijación judicial de la pena (SC 727/2003-R). Los supuestos de errónea aplicación de la ley adjetiva son: 1) los defectos de procedimiento en general y 2) los expresamente establecidos en los arts. 169 y 370 CPP. Conforme a esto, los supuestos previstos en los dos preceptos referidos -excepto el inciso 1) del art. 370, que alude a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva- están referidos a: 1) inobservancia de la ley adjetiva, 2) errónea aplicación de la ley adjetiva, cuando no se comprueban los hechos acusados conforme a los parámetros exigidos por ley (de modo integral, conforme a las reglas de la sana crítica). Esto significa que los hechos acusados deben ser probados y que sólo es válida la comprobación realizada conforme a ley. En este sentido, una acusación y/o querella, no estará comprobada conforme a ley cuando: 1. El hecho no existió 2. El hecho no se ha probado en forma suficiente (inc. 3 al 11 del art. 370, art. 169 y demás defectos de procedimiento impugnados oportunamente) 3. El hecho existió pero no se puede individualizar al agente (inc. 2 del art. 370)…». Concordante con lo anterior, el Auto Supremo Nº 069/2015-RRC de 29 de enero razonó: «… es menester expresar que la doble enunciación resulta equívoca, en razón a que existe distinción entre la no aplicación de una disposición (inobservancia) y la aplicación errónea de una disposición (errónea aplicación), pues cuando se aduce inobservancia de la ley sustantiva, se debe hacer referencia a que el Tribunal de Sentencia no aplicó determinada disposición y, en el segundo, se alude cuando el Tribunal de Sentencia aplicó una disposición cuando correspondía aplicar otra o que la citada disposición fue mal aplicada. Dentro de ese entendimiento, se tiene que la inobservancia significa desconocimiento, desobediencia o falta de aplicación de la norma jurídica, no tratándose de un error en el modo de aplicarla, sino de una omisión de cumplirla; mientras que la errónea aplicación, es la inadecuación o falta de correspondencia de la norma aplicada con el caso concreto; es decir, una norma es observada o cumplida, pero no es la que debía aplicarse, o es aplicada con una mala interpretación de su mandato…». En relación a la errónea aplicación de la Ley sustantiva y su vinculación a los hechos probados, en el Auto Supremo N° 123/2017-RRCde 21 de febrero se afirmó: «…no siendo evidente la supuesta errónea aplicación de la norma sustantiva penal; sumado al hecho de que el fundamento del imputado a fin de probar el tiempo en que ocurrió la supuesta violación, es un objeto de prueba; empero, no puede sustentarse en este aspecto la presunta errónea aplicación de la norma sustantiva, pues para sustentar este defecto, debe partirse de los hechos establecidos como probados por el A quo; aspecto que, no acontece en el caso de autos, por lo que no es evidente la supuesta vulneración de derechos y normas procesales y constitucionales alegadas por el imputado, por cuanto existe un pronunciamiento expreso y debidamente fundamentado de parte del Tribunal de apelación…». Congruente con lo anterior, en el Auto Supremo N° 225/2018-RRCde 10 de abril se manifestó: «…al no tener la facultad el Tribunal de alzada de modificar el hecho o hechos establecidos en sentencia (principio de intangibilidad), obviamente está impedido de cualquier posibilidad de, mediante una nueva valoración probatoria y consiguiente modificación o alteración de los hechos establecidos por el Juez o Tribunal de Sentencia, cambiar la situación jurídica del imputado, ya sea de absuelto a condenado o viceversa y bajo la misma lógica el Tribunal de alzada no podrá de ningún modo resolver directamente una denuncia de errónea aplicación de la norma sustantiva a partir de la incorporación de hechos no establecidos en la sentencia como probados…». III.2.La defectuosa valoración probatoria: Respecto a la valoración defectuosa de la prueba, el Auto Supremo Nº 222/2017-RRC de 21 de marzo (SP), refirió: «…pues la parte recurrente debe tener presente que cuando se alega la defectuosa valoración probatoria, para que su recurso surta el efecto deseado debe expresar las reglas de la lógica, que hubieren sido inobservadas por el Tribunal juzgador, además de vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, debiendo considerarse que el recurso basado en errónea apreciación de la prueba tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano, resultando deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente tal cual sucedió en el caso presente, en el que la imputada se limitó a efectuar apreciaciones personales sobre las pruebas testificales producidas en juicio, cuando lo correcto, era que para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica se acredite que la motivación de la sentencia está fundada por un hecho no cierto, que se haya invocado afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, situación no acontecida en la apelación restringida resultando en consecuencia correcta la conclusión del Tribunal de alzada respecto a su imposibilidad de revalorizar la prueba. Consiguientemente, se concluye que no es evidente la contradicción alegada por la recurrente, ya que el Tribunal de alzada dentro del ámbito de su competencia efectuó el control legal sobre la sentencia impugnada prueba de ello es el haber identificado los acápites de la resolución apelada en los que supuestamente se encontraban los defectos denunciados para luego previo el análisis correspondiente concluir que no eran evidentes los defectos alegados; pero, también de forma adecuada y acorde a la jurisprudencia existente -sobre la revalorización probatoria- fue claro al establecer que los Tribunales de alzada están impedidos de dicha labor, por lo que debe tenerse presente que para exigir el cumplimiento de derechos, se debe previamente cumplir con la correcta formulación de su recurso en este caso el de apelación restringida, el no hacerlo conlleva a que el Tribunal de alzada de manera adecuada observe su imposibilidad de revalorizar prueba; en cuyo mérito, corresponde declarar infundado el presente motivo…». III.3.Labor, alcances y límites de los Tribunales de Alzada en apelación restringida: El Auto Supremo Nº 223/2018-RRC de 10 de abril (SP), sostuvo:«… El sistema procesal boliviano, obedece al modelo acusatorio y tiene en el juicio oral su eje central tal como lo establece el art. 329 del CPP, al señalar: El juicio es la fase esencial del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación; en forma contradictoria, oral, pública y continua, para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado, con plenitud de jurisdicción (…) Como quiera que el proceso penal gira en torno al juicio oral, resulta claro que su producto, la sentencia sea también el eje a partir del que el sistema de recursos vaya a girar; es decir, la decisión tomada en primera instancia es la determinante para etapas ulteriores; de ahí que, los principios que rigen la emisión de la sentencia sean los mismos que enmarquen la etapa de recursos subsiguientes, bien sea por congruencia en el tratamiento ofrecido en las distintas etapas del proceso, bien por seguridad jurídica de las decisiones judiciales. A partir de lo antes expresado, la Sala considera: a) El recurso de apelación restringida es por naturaleza una instancia de revisión de la sentencia, desde una perspectiva únicamente de derecho, reservada en mayor parte para revisión de la aplicación de la Ley sustantiva, tal cual lo dispone el primer párrafo del art. 407 del CPP. b) Los defectos de la Sentencia previstos en el art. 370 del CPP, son recurribles vía apelación restringida, a efectos de control de aplicación de la norma y control de logicidad del razonamiento de la Sentencia, esto es, la labor de verificación del cumplimiento de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, control sobre la determinación de los hechos probados, examen sobre la subsunción y adecuación jurídica de los hechos, control de determinación e imposición de la pena, control de la debida y suficiente motivación (determinación de los hechos) y fundamentación (aplicación de la específica de la norma)…». Concordante con lo anterior, el Auto Supremo Nº 228/2018-RRC de 10 de abril (SP), sostuvo: «... A su turno en fase de recursos la regla procesal de competencia, es mucho más básica, pues el art. 398 del CPP, como norma general al sistema de recursos, estima que los Tribunales de alzada ceñirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada. El perímetro recursivo postulado por el citado artículo, en consideración de la Sala, no constituye un mero formulismo, sino en los hechos es la llave que procura una decisión imparcial dentro de un trámite esencialmente contencioso, como lo es el penal y cuya sensibilidad se amplifica al estar relacionado con el derecho a la libertad. Toda resolución judicial no puede ser considerada como debidamente fundamentada cuando rebasa el marco de su competencia que por efecto del principio dispositivo (que nutre la actividad procesal en general); por cuanto, no solo se generaría un desajuste de argumentos y criterios, sino ocasionaría una lesión directa a derechos de terceros y principios que ordenan la actividad jurisdiccional escritos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE)...». IV.ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: Practicado en atención a los siguientes apartados, dejando expresa constancia de que, al ser la valoración de la prueba un momento anterior a la determinación de los hechos y su calificación, el examen de los agravios atenderá a los incs. 6), 1) y 5) del art. 370 del CPP, en ese orden. IV.1. Respecto a que la Sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, inc. 6) del art. 370 del CPP: Reclamaron, en esencia, la ponderación en el decisorio de la literal MP-8y el testimonio de Pedro Sejas Suarez, al referir uniformemente que la víctima sostuvo relaciones sexuales, con Osmar N.N., una hora antes de salir de la fiesta, justificando ello los desgarros y el material genético. Asimismo, resaltaron que la deposición de Gabriel Méndez Cabezas excluyo la presencia de Rene Vargas Panozo en el local y el vehículo, dejando constancia además de que quien lo agredió fue Rodrigo Muiba. Siendo aquel el sustento del agravio, debe tenerse presente que, cuando se reclama la defectuosa valoración de la prueba, conforme al razonamiento contenido en los Autos Supremos N° 222/2017-RRC de 21 de marzo y Nº 271/2017-RRC de 17 de abril, los interesados deben individualizar la prueba que consideran defectuosamente valorada, identificar el error en el proceso intelectivo de apreciación realizado por el Tribunal de mérito, expresar cuál es el valor otorgado por el inferior en grado a las pruebas particularizadas, a qué conclusión llegó con base a las mismas y por qué esa conclusión sería errónea al grado de transgredir las reglas de la sana crítica establecida por el art. 173 del CPP, aspectos que en el caso examinado no concurren, pues si bien particularizan ciertos elementos probatorios, no se indica ni el peso probatorio, ni las razones que los configuran, redundando las observaciones practicadas, en torno a la literal y testimonios aludidos, en apreciaciones parciales, subjetivas y personales de la defensa, tendientes en todo caso a excluir la participación y responsabilidad de los acusados, conclusión que, sin embargo, no emerge de un análisis lógico explicito vinculado a los principios de la lógica (de no contradicción, tercero excluido, razón suficiente y de identidad), la experiencia común y la psicología, cuya utilización exige imperativamente el Auto Supremo Nº 673/2016-RRC de 12 de septiembre, elementos pasados por alto en el escrito impugnatorio, ignorando, por ejemplo, que las situaciones argüidas fueron expresamente demeritadas a través del acervo probatorio, rescatando el Tribunal de mérito que, no obstante reseñarse evidentemente la ausencia de Rene Vargas Panozo en el local y en el vehículo en un primer momento, su presencia fue advertida durante la búsqueda de la menor, conduciendo el mismo automóvil a altas velocidades en horas de la madrugada (Así a fs. 308 del proceso, aunque en otros términos); encontrando igualmente la hipótesis defensiva, relativa a la actividad sexual previa, explicita desestimación al concluir el A quo en que las muestras biológicas recabadas corresponden a, por lo menos, dos individuos varones (Así a fs. 309 vta. del proceso, refiriéndose particularmente a la MP-25), eventualidades que son omitidas sibilinamente por los acusados, sesgando el contenido del acervo probatorio y el razonamiento del propio Tribunal de Sentencia, prescindiendo adrede de considerar que la decisión condenatoria es producto de la ponderación integral de la prueba y no de algún medio en particular, consideraciones estas que no suponen revalorización de la prueba, sino solo la contextualización del razonamiento efectuado por el Tribunal de mérito en torno a ella, todo a objeto de dilucidar la pretensión. En suma, limitándose el alegato a reclamar de las inferencias de la prueba, prescindiendo de la crítica razonada al iter intelectivo desplegado por el Tribunal inferior en grado en función a los principios que rigen la sana critica como parámetro valorativo, es menester desestimar la configuración del vicio invocado. IV.2. Respecto a la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, inc. 1) del art. 370 del CPP: Cuestionaron la acreditación de la acción desplegada para la comisión del delito de violación agravada, pues estiman la labor de subsunción desarrollada por el Tribunal no integro tal concepto, excluyendo tal falencia la posibilidad de condena, máxime si la victima informo haber sostenido relaciones sexuales antes de los hechos, habiendo demostrado la defensa que no cometieron los hechos atribuidos, siendo estos cometidos por el coprocesado Rodrigo Muiba. Siendo aquellos los aspectos reclamados, en concordancia con el contenido del Auto Supremo Nº 495/2014-RRC de 23 de septiembre, es menester reseñar que este no es el medio para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho reservadas al Tribunal de Sentencia, toda vez que no está orientado a cuestionar la prueba misma, ni los elementos que de ella se han obtenido; contrariamente, el defecto relativo a la errónea aplicación de la Ley sustantiva, supone que consentidos y aceptados los elementos probatorios extraídos por el Tribunal de mérito de los diferentes medios de prueba puestos en su conocimiento, esto es, determinada la relación de hechos, la conducta del procesado, su participación, así como otras circunstancias concomitantes, el defecto opera a tiempo de aplicar la norma sustantiva a los hechos probados; de ahí que el art. 370 inc. 1) del CPP, autorice únicamente la revisión del juicio jurídico practicado al dictar Sentencia, sin posibilidad de alterar los hechos probados sobre los que el Tribunal de instancia hubo aplicado el derecho. En el caso, la absolución y/o anulación pretendida por este medio deviene en impropia para el defecto invocado, ya que reclaman los apelantes la acreditación de la acción como elemento del delito en la labor de subsunción, alegato que se aparta sustancialmente de los hechos probados, persistiendo inversamente en la hipótesis defensiva, inherente a la práctica de relaciones sexuales entre la víctima y Osmar N.N. en horas previas a los hechos, así como la ausencia de participación en los acontecimientos germen de la causa, endilgándolos al coprocesado Rodrigo Muiba, no siendo estas aseveraciones útiles a dicho propósito recursivo, pues estriba su promoción en cuestiones probatorias; siendo imperioso referir que, conforme se aludió previamente, se halla vedada al Tribunal de Alzada la posibilidad de revalorar la prueba y reconstruir la premisa fáctica del proceso, de la que se distancia el argumento impugnatorio, desconociendo que su elaboración es facultad privativa de los Jueces de instancia, quienes al participar de la audiencia de juicio oral, bajo los principios de oralidad, inmediación y contradicción, guardan especial relación con la prueba recepcionada y producida, erigiéndose como soberanos sobre la prueba, habiendo concluido por dicha actividad, de forma unánime, que: La noche del 05 de junio de 2017, Zulma F.O. compartió bebidas alcohólicas con Gabriel Méndez en dos locaciones, siendo que en la última -denominada «El tío»-otro amigo, Edwin, le reclamo por dirigirse a otras mesas. Así, advirtiendo el estado inconveniente de la menor, en virtud al consumo practicado, optaron por retirarse conjuntamente del lugar a hrs. 02:00 - 02:30 a.m. aprox., sin encontrar transporte en las inmediaciones, por lo que caminaron, llegando a ser interceptados por un vehículo conducido por Cristian Vargas Panozo y, en calidad de pasajero, Rodrigo Muiba, sujetos que hicieron pasar por la fuerza a la víctima al interior del automóvil, negándoles el ingreso a sus acompañantes, llegando a bajar el ultimo nombrado para agredir a Gabriel Méndez cuando intento subir, indicándole este al chofer que lo conocía, intimándolo a que no se meta en problemas. Aseguradas las puertas, el motorizado abandono a Gabriel y Edwin, quienes, caminando un trecho, tomaron otro auto y se dirigieron a la vivienda de Zulma F.O. para corroborar su llegada, advirtiendo -junto a los familiares- su ausencia en el domicilio, motivando esto su búsqueda en los alrededores, llegando a divisar el auto en el que subieron a la menor a hrs. 04:00 a.m. en la Av. La resistencia, conducido a altas velocidades por Rene Vargas Panozo, ubicándose a Cristian junto a la menor en el asiento trasero, propiciando ello una persecución de 40 min. aprox., dirigiéndose posteriormente los hermanos Vargas Panozo a la casa de Rodrigo Muiba, circunstancia que, advertida por los familiares, derivo en un llamado a la policía, ingresando ulteriormente y de forma conjunta efectivos policiales y familiares de la menor, hallando en la vivienda el vehículo con Zulma F.O. semidesnuda e inconsciente en su interior, además de bebidas alcohólicas; en tanto que, Rene y Cristian fueron habidos en una habitación, vestidos y fingiendo dormir, mientras que Rodrigo fue encontrado en otra pieza, circunstancias por las que fueron trasladados al módulo policial de Eterazama y luego a la FELCC de Villa Tunari, convenciendo a la madre de la menor -cuando llego con la evaluación médica- para «arreglar» la situación a cambio de dinero, llegando a corroborarse desgarros en región anal, producidos -en términos del médico forense- por la introducción de un objeto, tal como un pene en erección, infiriéndose de aquel contexto la agresión sexual entre hrs. 02:00 y 04:00 a.m. aprox. (Acontecimientos asumidos como «Hechos probados» por el Tribunal a quo a fs. 305 vta. del expediente, aunque en otros términos), conclusión que, sujeta a un mayor desarrollo probatorio y argumentativo, resulta suficiente a objeto de corroborar los elementos objetivos del delito, a saber, el acto sexual constitutivo de penetración no consentido, merced a los desgarros anales -producidos por introducción de objetos tales como un pene en erección- aprovechando Cristian y Rene Vargas Panozo la inconciencia que afectaba a Zulma F.O. por el consumo de bebidas alcohólicas, inhibiendo la posibilidad de cualquier consentimiento, siendo los imputados divisados en distintos momentos, trasladándose con la menor inconsciente, escapando incluso al ser sorprendidos, no siendo óbice para la decisión de condena el mayor desarrollo que reclaman en torno a los actos ejecutivos desplegados, por cuanto, conforme enseña senda jurisprudencia, este tipo de hechos no se producen frente a terceros, sino en su generalidad en un ámbito donde solo concurren el agresor y la víctima(Caso Fernández Ortega y otros vs. México, Sentencia de 30 de agosto de 2010; recogida en la Sentencia Constitucional Nº 0353/2018-S2 de 02 de marzo), sin que tal falencia suponga la inexistencia del hecho o la nula participación de los encausados, pudiendo esta ser determinada indiciariamente y de forma valida, como lo hizo el Tribunal a quo en el caso de autos, agravándose incluso la sanción -acorde al art. 310 inc. c) del Código Penal- por la intervención de dos (2) sujetos, a saber, Cristian Vargas Panozo y Rene Vargas Panozo. De otra parte, en cuanto al elemento subjetivo, debe referirse que el «dolo» proverbialmente ha sido entendido como «conocimiento y voluntad de la realización del tipo penal», estando constituido por dos elementos: el cognitivo y el volitivo; en tal sentido, cabe recordar que el art. 14 del Código Penal contiene una definición directa del dolo, al afirmar que actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. No obstante, la jurisprudencia última de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia permite advertir el desplazamiento del dolo desde el concepto de dolo clásico, como conocimiento y voluntad de la realización del tipo, hacia una concepción del dolo que pone el acento en el peligro para bienes jurídicamente protegidos que son puestos en riesgo por el autor de la acción, quien consciente del riesgo creado, continúa con su acción siéndole indiferente el resultado, así los Autos Supremos Nº 322/2014-RRC de 15 de julio y 022/2019-RRC de 30 enero. Entonces, hoy en día, desde la teoría de la imputación objetiva, se va consolidando una concepción del dolo en la que ya no se trata de comprobar si el agente tuvo voluntad de realizar y asumir las consecuencias de su acción, sino más en concreto si tuvo conocimiento del peligro que suponía para la realización del tipo la continuación de su acción, y si efectivamente continuó, en cuyo caso le es atribuible a título de dolo el resultado, siendo adoptado en el caso el elemento subjetivo a partir de la fuerza empleada para subir a la víctima al vehículo y repeler el ingreso de sus amigos, el aseguramiento de las puertas del auto, así como el transporte que ejercitaban a su turno Cristian Vargas Panozo y Rene Vargas Panozo de la menor Zulma F.O. en estado inconsciente, aunado al contexto de la persecución, acomodando su obrar a circunstancias propicias para la comisión del delito de violación agravada. A mayor abundamiento, no obstante aludirse precedentemente la imposibilidad de evaluar hipótesis fácticas ajenas a los hechos probados, es menester relievar que la relación sexual previa, alegada también como sustento del defecto, ya fue objeto de análisis a tiempo del examen inherente al defecto que prevé el inc. 6) del art. 370 del CPP, debiendo atenerse la defensa al razonamiento vertido para aquel epígrafe. Así el estado de cosas, el agravio formulado en razón a la errónea aplicación de la Ley sustantiva que prescribe el art. 370 inc. 1) del CPP, al ser meramente enunciativo y limitarse a reivindicar la hipótesis defensiva, por entero ajena a los hechos probados, carece de asidero y motiva deba declararse sin lugar. IV.3.Otras consideraciones: Si bien los apelantes, invocaron como defecto de Sentencia aquel establecido por el art. 370 inc. 5) del CPP, verificado el tenor íntegro del escrito recursivo, se advierte que éste, al margen de su enunciación, carece en absoluto de razonamiento alguno que sustente el vicio aludido, extrañándose en consecuencia la expresión de agravios sufridos y cómo estos incidieron en el resultado, y siendo que tales omisiones no pueden ser subsidiadas por el Tribunal de alzada, merced del principio de imparcialidad e igualdad de partes que prevé el art. 119.I de la CPE, se concluye que en este punto no se configura el defecto alegado. Finalmente, en cuanto a losAutos Supremos N°005/07 de 26 de enero, 037/07 de 27 de enero, 236 de 07 de marzo de 2007, 617/2007 de 24 de noviembre, 272/2009 de 04 de mayo, 176/10 de 26 de abril, 345/2010 de 16 de octubre, 65/2012 de 19 de abril, 161/2012 de 17 de julio, 166/2012 de 20 de julio, 268/2012 de 24 de octubre, 038/2013-RRC de 18 de febrero, 192/2013 de 11 de julio, 418/2013 de 30 de agosto, 217/2014-RRC de 04 de junio, 084/2015, 181/2016, 237/2017 de 21 de marzo y 467/2017 de 27 de junio, así como las Sentencias Constitucionales Nº 0871/2010-R, 2227/2010-R de 19 de noviembre, 1662/2012 de 1 de octubre y 1167/2015-S3 de 16 de noviembre, aludidas por los recurrentes, no es menos evidente que para citar y emplear el razonamiento jurídico contenido en tales resoluciones a la solución de un caso posterior, deben considerarse no sólo sus fundamentos jurídicos, sino la existencia de analogía e identidad respecto a los supuestos fácticos o procesales -según sea el caso- que motivaron el decisorio con los hechos expresados con motivo de los agravios denunciados en apelación; entonces, al no apreciarse ni exponerse en el recurso la identidad exigible, no corresponde ingresar a mayores consideraciones para dar cuenta de su inaplicabilidad para deferir la anulación y/o absolución solicitada. Por las razones anotadas, al emitir Sentencia condenatoria el Tribunal de origen no incurrió en los defectos denunciados, ni transgredió los principios de verdad material, legalidad, debido proceso, igualdad procesal y seguridad jurídica o los derechos a la defensa y juez imparcial. POR TANTO: La SALA PENAL TERCERA del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, impartiendo justicia a nombre del pueblo boliviano conforme prevé el art. 178.I de la CPE, y en ejercicio dela autoridad conferida por el art. 58.1 de la Ley N° 025, del Órgano Judicial, resuelve: declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación restringida interpuesto por Cristian Vargas Panozo y Rene Vargas Panozo; y, consiguientemente, confirma la Sentencia N° 06/2022, leída íntegramente en 23 de marzo de 2022, pronunciada por los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal N° 1 de Villa Tunari. Al amparo del art. 269 del CPP, se condena en costas a los recurrentes, debiendo el Tribunal del proceso proceder a su liquidación y ejecución conforme prevé el art. 272 del compilado preindicado. La presente resolución es impugnable dentro de los cinco (5) días señalados por el art. 417 del CPP; empero con exclusión del efecto suspensivo conforme prevé la segunda parte del núm. 1) del art. 396 del CPP. Regístrese y comuníquese. Fdo.- Dra. Maria Giovanna Pizo Guzmán – Vocal Presidente de la Sala Penal Tercera. Fdo. MSc. Jesus Victor Gonzales Milan – Vocal de la Sala Penal Tercera.– Ante mí Secretaria de Sala. ES CONFORME. PROVEÍDO DE 10 DE JUNIO DE 2024 A mérito del cite de 07 de junio de 2024, evacuado por Manuel Alex Viscarra Via en su condición de Coordinador de Gestión de Audiencias de la Oficina Gestora de Procesos No. 3 del Tribunal Departamental de Justicia, por el que remite la certificación extraída del Sistema de Convenio institucional del Servicio General de Identificación Personal – Segip, al identificarse información genérica respecto al domicilio real de Lucia Olivera Quispe, y habiendo agotado esfuerzos este Tribunal a objeto de lograr la notificación de la prenombrada con el Auto de Vista No. 425/2023-RAR de 26 de diciembre de 2023, en aplicación del art. 165 del CPP se dispone su notificación con el Auto de Vista indicado, mediante edictos a través del Servicio de Notificación Electrónica Judicial - Sistema Hermes. Notifique funcionaria. Fdo. Dra. María Giovanna Pizo Guzmán – Vocal Presidente de la Sala Penal Tercera. – Fdo. Carol Ivonne Vega Colque, Secretaria – Abogada de la Sala Penal Tercera. Cochabamba, 12 de abril de 2024 D.S.O.


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