EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: SALA PENAL TERCERA


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA SALA PENAL TERCERA EDICTO MSC. JESÚS VÍCTOR GONZALES MILÁN, VOCAL DE LA SALA PENAL TERCERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA. POR EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO Y SE NOTIFICA AL ACUSADO WILMER ROCHA RIOS ( 4536306), Y A LOS DENUNCIANTES: CANCIANO CLEMENTE CACILLA (C.I. N° 6468061 CBBA.) Y SABINA QUISPE MAMANI CON (C.I. 6469060 CBBA) CON EL AUTO DE VISTA N° 09/2023-RAR DE 22 DE FEBERO DE 2023 Y PROVEÍDO DE 20 DE MAYO DE 2024, DENTRO EL PROCESO PENAL SIGNADO CON EL CÓDIGO ÚNICO: 201313497, SEGUIDO POR CACIANO CLEMTE CACILLA Y SABINA QUISPE MAMANI CONTRA ALFREDO ROCHA RIOS, NORA CLAROS DE ROCHA Y WILMER ROCHA RIOS, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS PREVISTOS Y SANCIONADOS POR LOS ARTS. 351, 355 Y 357 DEL CÓDIGO PENAL, A CUYO FIN SE TRANSCRIBEN LOS SIGUIENTES ACTUADOS: AUTO DE VISTA N° 09/2023-RAR DE 22 DE FEBRERO DE 2023 VISTO, el recurso de apelación restringida, interpuesto por Caciano Clemente Casilla y Sabina Quispe Mamani contra la Sentencia de 09 de noviembre de 2012, pronunciado por la titular de la Juez de Partido Liquidador y de Sentencia N° 1 de Sacaba, dentro el proceso penal seguido por los prenombrados recurrentes contra Alfredo Rocha Ríos, Nora Claros de Rocha y Wilmer Rocha Ríos, por la presunta comisión de los delitos de despojo, usurpación y daño simple previstos y sancionados por los arts. 351, 355 y 357 del Código Penal. I. ACTUACIONES PROCESALES RELEVANTES: I.1. Sentencia apelada: La Juez de Partido Liquidador y de Sentencia N° 1 de Sacaba, mediante Sentencia de 3 de noviembre de 2012, declaró a Alfredo Rocha Ríos, Nora Claros de Rocha y Wilmer Rocha Ríos, absueltos de la comisión de los delitos de despojo, usurpación y daño simple, previstos y sancionados por los arts. 351, 355 y 357 del Código Penal, al considerar insuficiente la prueba aportada para generarle convicción sobre la responsabilidad penal de los prenombrados, por cuanto consideró que fue probado el derecho propietario de Nora Claros de Rocha sobre dos lotes de terreno, cada uno con una superficie de 437,50 m2., ubicados en la Urbanización «Villa Esmeralda» de la zona del Abra, que les otorgó la Cooperativa de Vivienda y Servicios «La Esmeralda Ltda.», a título de reconocimiento de mejor derecho. I.2. Recurso de apelación restringida de Caciano Clemente Casilla y Sabina Quispe Mamani: Mediante escrito de 27 de noviembre de 2012, interpusieron recurso de apelación restringida contra la Sentencia 09 de noviembre de 2012, solicitando la anulación total de la misma, con la consiguiente orden de reposición del juicio, argumentando en lo principal y luego de invocar la imperativa aplicación de la sana crítica en lugar de la íntima convicción, la existencia de: inobservancia y errónea aplicación de la ley; y, valoración incompleta de la prueba, porque la declaración de los testigos de cargo, entre estos el de Leonor Almendras, Gabina Mamani Arancibia, Vicente Quispe, Daniel Copa Fernández, Bautista Quispe Mamani y Mario Wilson Quispe, fue direccionado a sustentar la absolución por consignar solo una parte y no así la totalidad de sus atestaciones, que demostraban fehacientemente tanto la posesión como la eyección. Aseveraron que la prueba de descargo si bien demostró el derecho propietario de los querellados, lo hizo con relación a un tiempo posterior al hecho denunciado. Resaltaron que la posesión ha sido acreditada por el informe de inspección que da cuenta de la existencia del muro del lado este, construido con ladrillo “gambote” hasta una altura de un metro aproximadamente, que por lo demás demostraba también la mentira en que incurrió Alfredo Rocha Ríos. Cuestionó que no se haya valorado la contradicción de la declaración del acusado Wilmer Rocha Ríos con las de Alfredo Rocha Ríos y Norah Claros de Rocha, pues el primero dijo textualmente que en el lugar había cerros de arena en tanto que los últimos negaron siempre que hubiera construcción alguna. Aseguraron también que el derecho propietario no estuvo en discusión sino el despojo, que pese a ello se hizo valer como un elemento decisivo para la absolución. Alegaron igualmente la existencia de contradicción y desconocimiento en la prueba documental de cargo por cuanto por una parte se les dice que el certificado médico de Caciano Clemente Casilla y las dos minutas de trasferencia no ha sido presentadas, empero después se les dice que se encuentran en el juzgado. I.3. Contestación: Mediante escrito de 11 de diciembre de 2012, Alfredo Rocha Ríos, Norah Claros de Rocha y Wilmer Rocha Ríos, respondieron el recurso de apelación de Caciano Clemente Casilla y Sabina Quispe Mamani, solicitando se lo declare inadmisible y se confirme la sentencia dictada, argumentando que resulta incoherente, incongruente y carente de fundamento, que más parecen alegatos presentados por escrito. I.4. Audiencia de fundamentación: Pese a su solicitud y señalamiento para el 14 de noviembre de 2022, la misma no fue celebrada debido a la inasistencia de Caciano Clemente Casilla y Sabina Quispe Mamani -apelantes- conforme acredita el acta de la audiencia de fundamentación, que corre a «fs. 363» de antecedentes. II. CONTROL DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.- En observancia del principio de impugnación consagrado por el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (en adelante nominado simplemente: CPE), se pasa a examinar si el escrito recursivo de 27 de noviembre de 2012 cumple con los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva. II.1. Presupuesto de impugnabilidad objetiva.- Por mandato contenido en los arts. 394 y 396.3 del CPP, las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por dicho código y en las condiciones de tiempo y forma también previstos por él. Respecto a los requisitos previstos por el art. 408 de la norma adjetiva penal, se tiene que el recurso de apelación restringida, además de ser interpuesto por escrito en el plazo de quince días de notificada la sentencia –forma y plazo-, se debe: i) Citar concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas; y, ii) Expresar cuál la aplicación que de ellas (de las normas identificadas como violadas o erróneamente aplicadas) se pretende. En el caso, la apelación restringida de 27 de noviembre de 2012, fue interpuesta de modo escritural dentro los quince (15) días siguientes a la notificación practicada en 09 de noviembre de 2012; así las cosas, las circunstancias de tiempo y modo determinados por el art. 408 del CPP, fue observada por los impugnantes, por lo que el recurso cumple con el presupuesto de impugnabilidad objetiva. II.2. Presupuesto de impugnabilidad subjetiva.- Por mandato contenido en el art. 394 del CPP, el derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la victima aunque no se hubiere constituido en querellante; entonces, habiendo sido el escrito recursivo de 27 de noviembre de 2012 suscrito por los querellantes Caciano Clemente Casilla y Sabina Quispe Mamani, se tiene que el recurso cumple con los presupuestos de impugnabilidad subjetiva. II.3. Cumplidos los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, la SALA PENAL TERCERA, declara: 1) ADMISIBLE la apelación restringida interpuesta por Caciano Clemente Casilla y Sabina Quispe Mamani; y, determina, 2) Ingresar al análisis de fondo del recurso. III. DOCTRINA INDICATIVA APLICABLE AL CASO: III.1. Inobservancia o errónea aplicación de la ley.- Respecto al significado de la expresión ‘inobservancia o errónea aplicación de la ley’ utilizada en el art. 407 CPP, la SC 1075/2003-R de 24 de julio, refirió: “Conviene precisar qué alcances tienen, en el contexto del Código, las expresiones “inobservancia de la ley” y “errónea aplicación de la ley”. El primer supuesto se presenta cuando la autoridad judicial no ha observado la norma o, lo que es lo mismo, ha creado cauces paralelos a los establecidos en la ley (así, SC 1056/2003-R). En el segundo caso, si bien se observa la norma, la autoridad judicial la aplica en forma errónea. En este punto, corresponde puntualizar que la inobservancia de la ley o su aplicación errónea, puede ser tanto de la ley sustantiva como la ley adjetiva. Así, la norma sustantiva puede ser erróneamente aplicada por: 1) errónea calificación de los hechos (tipicidad), 2) errónea concreción del marco penal o, 3) errónea fijación judicial de la pena (SC 727/2003-R). Los supuestos de errónea aplicación de la ley adjetiva son: 1) los defectos de procedimiento en general y 2) los expresamente establecidos en los arts. 169 y 370 CPP. Conforme a esto, los supuestos previstos en los dos preceptos referidos -excepto el inciso 1) del art. 370, que alude a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva- están referidos a: 1) inobservancia de la ley adjetiva, 2) errónea aplicación de la ley adjetiva, cuando no se comprueban los hechos acusados conforme a los parámetros exigidos por ley (de modo integral, conforme a las reglas de la sana crítica). Esto significa que los hechos acusados deben ser probados y que sólo es válida la comprobación realizada conforme a ley. En este sentido, una acusación y/o querella, no estará comprobada conforme a ley cuando: 1. El hecho no existió 2. El hecho no se ha probado en forma suficiente (inc. 3 al 11 del art. 370, art. 169 y demás defectos de procedimiento impugnados oportunamente) 3. El hecho existió pero no se puede individualizar al agente (inc. 2 del art. 370)”. Concordante con lo anterior, el AS Nº 069/2015-RRC de 29 de enero, refirió: “(…), es menester expresar que la doble enunciación resulta equívoca, en razón a que existe distinción entre la no aplicación de una disposición (inobservancia) y la aplicación errónea de una disposición (errónea aplicación), pues cuando se aduce inobservancia de la ley sustantiva, se debe hacer referencia a que el Tribunal de Sentencia no aplicó determinada disposición y, en el segundo, se alude cuando el Tribunal de Sentencia aplicó una disposición cuando correspondía aplicar otra o que la citada disposición fue mal aplicada. Dentro de ese entendimiento, se tiene que la inobservancia significa desconocimiento, desobediencia o falta de aplicación de la norma jurídica, no tratándose de un error en el modo de aplicarla, sino de una omisión de cumplirla; mientras que la errónea aplicación, es la inadecuación o falta de correspondencia de la norma aplicada con el caso concreto; es decir, una norma es observada o cumplida, pero no es la que debía aplicarse, o es aplicada con una mala interpretación de su mandato”. III.2. La fundamentación de la Sentencia y su control por el Tribunal de Apelación: Con relación a los elementos que debe contener la Sentencia a fin de considerarse debidamente fundamentada, el Auto Supremo N° 354/2014-RRC de 30 de julio, estableció el siguiente razonamiento: «… Respecto a la Sentencia, el sistema procesal penal, impone requisitos esenciales de forma y contenido, que se encuentran descritos en el art. 360 del CPP, concordante con los arts. 124 y 173 del mismo cuerpo legal; exigencias, de las que se establece la estructura básica de la Resolución de mérito, que debe encontrarse debidamente fundamentada y motivada. (…) el inc. 2) del art. 360 del CPP, señala que la Sentencia debe contener la enunciación del hecho y circunstancias que hayan sido objeto del juicio; es decir, debe contener la relación de los hechos que dieron origen al proceso, además de todas las circunstancias que se consideran probadas (fundamentación fáctica), que inexcusablemente deben encontrarse apropiadamente sustentadas por los medios probatorios incorporados legalmente al juicio y que deben ser descritos de forma individual en la Sentencia (fundamentación probatoria descriptiva), cuya valoración requiere, conforme el art. 173 del CPP, que el Juez o Tribunal asigne el valor correspondiente, a cada uno de los medios de prueba, aplicando las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales otorga un determinado valor (positivo, negativo, relevante, irrelevante, útil, pertinente, etc.), para posteriormente, vincular cada medio de prueba y con base en la apreciación conjunta y armónica del elenco probatorio producido, emitir el fallo correspondiente (fundamentación probatoria intelectiva). En la parte dispositiva del fallo, conforme establece el art. 360 inc. 4) del CPP, el juzgador debe justificar normativamente la decisión; es decir, debe citar, las normas aplicables y en caso de emitirse Sentencia condenatoria de acuerdo al art. 365 del CPP, el juzgador debe fijar con precisión la sanción correspondiente, con base en los arts. 37, 38, 39, 40, 40 bis del CP -los últimos, cuando corresponda- tomando en cuenta las atenuantes y agravantes que concurran (fundamentación jurídica). De lo anterior se tiene que la Sentencia debe estar estructurada de la siguiente forma: a) Fundamentación fáctica; b) Fundamentación probatoria que debe ser descriptiva e intelectiva (la última implica valoración individual y conjunta de la prueba) y; c) Fundamentación jurídica. La ausencia de cualquiera de las formas de fundamentación en el fallo, importa falta de fundamentación de la Resolución en infracción con el art. 124 del CPP; sin embargo, no toda omisión o defecto en la fundamentación implica defecto absoluto, sino, únicamente aquellos vinculados con la inmediación de la prueba, pues, la indebida fundamentación jurídica o su ausencia, en cuanto a la imposición de la pena, al corresponder a un momento posterior a la valoración de la prueba, puede ser objeto de corrección o complementación en grado de apelación, conforme establece el art. 314 del CPP, sobre la base de las conclusiones a las que arribó el juez o Tribunal sentenciador, respecto a la existencia del hecho, la participación del encausado y su culpabilidad en el hecho juzgado. En cuanto a la fundamentación probatoria, siendo el juzgador de mérito, el único facultado para valorar prueba, la ausencia de fundamentación, sea descriptiva o intelectiva, implica defecto absoluto inconvalidable, toda vez que, conforme el vigente sistema recursivo, el Tribunal de alzada no puede suplir la fundamentación probatoria, porque ello implica valoración de la prueba; pues, la falta de fundamentación descriptiva sobre alguna de las pruebas, impide el control sobre ella. De la misma forma, la ausencia de fundamentación intelectiva, imposibilita verificar, si la valoración de la prueba, sea individual o conjunta, se hizo en correcta aplicación de las reglas de la sana crítica…». III.3. Labor, alcances y límites de los Tribunales de Alzada en apelación restringida: El AS Nº 223/2018-RRC de 10 de abril, sostuvo: «Como quiera que el proceso penal gira en torno al juicio oral, resulta claro que su producto, la sentencia sea también el eje a partir del que el sistema de recursos vaya a girar; es decir, la decisión tomada en primera instancia es la determinante para etapas ulteriores; de ahí que, los principios que rigen la emisión de la sentencia sean los mismos que enmarquen la etapa de recursos subsiguientes, bien sea por congruencia en el tratamiento ofrecido en las distintas etapas del proceso, bien por seguridad jurídica de las decisiones judiciales. A partir de lo antes expresado, la Sala considera: a) El recurso de apelación restringida es por naturaleza una instancia de revisión de la sentencia, desde una perspectiva únicamente de derecho, reservada en mayor parte para revisión de la aplicación de la Ley sustantiva, tal cual lo dispone el primer párrafo del art. 407 del CPP. b) Los defectos de la Sentencia previstos en el art. 370 del CPP, son recurribles vía apelación restringida, a efectos de control de aplicación de la norma y control de logicidad del razonamiento de la Sentencia, esto es, la labor de verificación del cumplimiento de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, control sobre la determinación de los hechos probados, examen sobre la subsunción y adecuación jurídica de los hechos, control de determinación e imposición de la pena, control de la debida y suficiente motivación (determinación de los hechos) y fundamentación (aplicación de la específica de la norma) (...)». Concordante con lo anterior, el AS Nº 228/2018-RRC de 10 de abril, sostuvo: «... A su turno en fase de recursos la regla procesal de competencia, es mucho más básica, pues el art. 398 del CPP, como norma general al sistema de recursos, estima que los Tribunales de alzada ceñirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada. El perímetro recursivo postulado por el citado artículo, en consideración de la Sala, no constituye un mero formulismo, sino en los hechos es la llave que procura una decisión imparcial dentro de un trámite esencialmente contencioso, como lo es el penal y cuya sensibilidad se amplifica al estar relacionado con el derecho a la libertad. Toda resolución judicial no puede ser considerada como debidamente fundamentada cuando rebasa el marco de su competencia que por efecto del principio dispositivo (que nutre la actividad procesal en general); por cuanto, no sólo se generaría un desajuste de argumentos y criterios, sino ocasionaría una lesión directa a derechos de terceros y principios que ordenan la actividad jurisdiccional escritos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado...». IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.- Verificado en atención a los alcances y límites del Tribunal de alzada, que prevé el art. 398 del CPP, conforme fue desarrollado en los AASS Nº 223/2018-RRC de 10 de abril y N° 228/2018-RRC de 10 de abril; explicitando además, que el orden sistemático de los motivos del recurso de apelación es relevante, pues la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva exige el respeto a la intangibilidad de los hechos declarados probados, careciendo de lógica formular y/o resolver este motivo de recurso con anterioridad a otros en los que se cuestiona dicho relato fáctico. Si esto es así, alegando el apelante la concurrencia de vicios en la Sentencia, el defecto previsto por el art. 370 num. 1 del CPP, será tratado luego del relativo al previsto por el art. 370 num. 5) del código preindicado. IV.1. Que no exista fundamentación de la sentencia o que esta sea insuficiente o contradictoria; art. 370.5 del CPP: a) Si bien resulta válido el establecimiento de ciertas formalidades y requisitos procesales para la interposición ergo admisión de un determinado recurso, al momento de verificar su cumplimiento, las autoridades judiciales, en aplicación del principio pro actione deberán extremar las posibilidades de interpretación hacia aquello que resulte más favorable al acceso a la jurisdicción, evitando que la observancia de ritualismos extremos torne que el acceso a la justicia sea degradado o imposible de ejercer para el justiciable, sin que ello implique, subsanar la negligencia del actor en la formulación del recurso u omitir la verificación de un núcleo argumentativo básico y preciso tendiente a la pretendida tutela (SCP 1618/2022-S4 de 6 de diciembre). Así las cosas, si bien los recurrentes omitieron considerar que los defectos de sentencia invocados, a saber: nums. 1 y 5 del art. 370 del CPP son autónomos y por lo mismo debieron ser planteados de forma independiente, tal cual estableció el AS Nº 456/2015-RRC-L de 04 de agosto, no es menos evidente que los escasos fundamentos registrados en el escrito recursivo permiten apreciar el núcleo argumentativo básico y preciso que objetiva la reclamación de la falta de fundamentación de la Sentencia, correspondiendo en consecuencia, ingresar a dirimir si tal denuncia resulta evidente o no. b) Se ha repetido hasta lo extenuante que la fundamentación de las resoluciones judiciales forma parte del derecho al debido proceso, y que el Estado, desde el texto constitucional, lo reconoce y garantiza a través de sus arts. 115.II, 117.I y 180.I. El Tribunal Supremo de Justicia, sin desconocer la afirmación anterior, clarificó el asunto a través del AS Nº 77/2018-RRC de 23 de febrero, considerando -con manifiesto acierto- que la fundamentación de la sentencia penal –como instituto de orden procesal– no constituye un fin en sí misma. Concordante con lo anterior, el AS Nº 354/2014-RRC de 30 de julio, identificó los requisitos esenciales de forma y contenido, que descritos en el art. 360 del CPP, de manera concordante con los arts. 124 y 173 del mismo cuerpo legal, constituyen la estructura justificativa básica de la Sentencia, a saber: i) fundamentación fáctica; ii) fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva; y, iii) fundamentación jurídica. En ese orden, el art. 370 num. 5 del CPP, acorde al análisis realizado en el AS Nº 123/2019-RRC de 07 de marzo, prevé como defecto de sentencia vinculado a la fundamentación: La inexistencia de fundamentación en cualquiera de sus modalidades, a saber: fáctica, probatoria –descriptiva e intelectiva– o jurídica; y, la existencia de fundamentación, pero insuficiente por no cumplir con los estándares o parámetros exigidos para su validez o contradictoria al contener una proposición que se opone a otra porque se afirma lo que la otra niega y viceversa, de manera que ambas no pueden ser a un mismo tiempo verdaderas ni a un mismo tiempo falsas. Examinado el escrito recursivo y considerando las causales por las que los sujetos procesales pueden impugnar la Sentencia con base en el defecto previsto por el art. 370 num. 5 del CPP, se tiene que los recurrentes denunciaron la falta de fundamentación probatoria -descriptiva e intelectiva-, sosteniendo además: i) valoración incompleta de la prueba; ii) consignar solo parte de declaraciones y no la totalidad de estas; iii) no haber valorado la contradicción de las declaraciones; y, iv) existencia de contradicción y desconocimiento de la prueba documental de descargo. Al respecto, una revisión integral de la Sentencia confutada permite advertir que cumple con aquel requisito que ahora reclaman los recurrentes, pues en su apartado nominado «CONSIDERANDO PRIMERO», que cursa de «fs. 329 a 330 vta.» de los antecedentes remitidos, registró la fundamentación probatoria descriptiva, individuando y describiendo la prueba testifical, a saber: las declaraciones de Gabina Mamani, Vicente Quispe, Leonor Almendras Zambrana, David Copa Fernandez, Bautista Quispe y Mario Wilson Quispe, ofrecidas por la acusación particular, asi como las atestaciones de: Eustaquia Aguilar Sejas de Pilco, Raul Cartagena Zambrana, Fortunato Choque Colque, Juan Luna Flores y Marcelina Pereira Ramirez. Igual ocurrió con la prueba documental, primero, la judicializada a petición de los acusadores particulares, consistente en la literal codificada como: Q-1 (informe de inspección de 20.12.2012 y muestrario fotográfico); y, segundo, la judicializada a solicitud del acusado, a saber: D-1 (folio real del inmueble con matricula computarizada N° 3.10.1.01.0036315 de 18.10.2011; testimonio N° 901/2012 de escritura pública de transferencia de lote a titulo reconocimiento de mejor derecho propietario de 10.11.2010; testimonio N° 902/2010 de escritura de transferencia de lote de lote de terreno a titulo reconocimiento de mejor derecho de 10 de noviembre de 2010, en originales), D-2 (dos planos de certificación de lote a nombre de Nora Claros de Rocha), D-3 (certificado de la Cooperativa de Vivienda y Servicios la Esmeralda Ltda. De 04.05.2012), D-4 (veinticuatro facturas de energía eléctrica a nombre de Nora Claros de Rocha), D-5 (tres recibos de consumo de agua a nombre de Nora Claros de Rocha de 25.10.2012, 30.05.2012 y 02.12.2011), D-6 (querella de 09.19.04.2010; y requerimiento de rechazo de 04.04.2010), D-7 (acta de declaraciones testificales, acta de inspección y sentencia del Juzgado de Instrucción en lo Civil de Sacaba; y certificación N° 20 expedida el 03.02.2001). Para a continuación, en el intitulado «CONSIDERANDO CUARTO VALORACION DE LA PRUEBA» proceder a la fundamentación probatoria intelectiva individual y armónica de toda la prueba judicializada, con la pretensión de respaldar las conclusiones de carácter fáctico sobre las que se asienta la fallida subsunción ulterior respecto a los procesados. Así las cosas, se tiene patente la existencia de una estructura justificativa de forma y contenido respecto a la determinación de los hechos, que descarta la falta e insuficiente fundamentación probatoria. A mayor abundamiento, en el apartado «FUNDAMENTACION JURIDICA» cursante de «fs. 333» de obrados, la Juez sentenciadora, con inserción de consideraciones normativas, doctrinales y jurisprudenciales, procedió a la fundamentación jurídica estableciendo por qué en el caso no se configuraron los delitos previstos por los arts. 351, 355 y 357 del CP, a saber: por cuanto la Juez de mérito consideró que fue probado el derecho propietario de Nora Claros de Rocha sobre dos lotes de terreno, cada uno con una superficie de 437,50 m2., ubicados en la Urbanización «Villa Esmeralda» de la zona del Abra, que les otorgó la Cooperativa de Vivienda y Servicios «La Esmeralda Ltda.», a título de reconocimiento de mejor derecho. En cierre del asunto, si bien la víctima alegó que la Juez de instancia soslayó e incurrió, a decir del apelante, en una valoración incompleta de la prueba, consignar solo parte de las declaraciones y no su totalidad, no haber valorado la contradicción de las declaraciones o el desconocimiento de la prueba documental de cargo, no es menos evidente que incurrió en grave error de procedimiento, pues tales supuestos nada tienen que ver con la naturaleza del vicio procesal en análisis, incardinada únicamente a escudriñar si la Sentencia padece de falta, insuficiente y contradictoria fundamentación. IV. 2. Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva; art. 370.1 del CPP: a) En el sistema procesal vigente los hechos probados en juicio se hallan sujetos al principio de intangibilidad; por lo mismo, ante la formulación del recurso de apelación restringida con base en el defecto que prevé el art. 370 num. 1 del CPP, corresponde al Tribunal de apelación, en ejercicio de la competencia que la ley le asigna, ejercitar el control de la subsunción, empero, a partir de los hechos probados conforme estableció el AS Nº 123/2017-RRC de 21 de febrero, a fin de advertir si el Juzgado a quo realizó una adecuada calificación de los mismos al tipo penal acusado. Si esto es así, en atención a lo reseñado en el AS Nº 045/2021-RRC de 04 de marzo, toca precisar que la errónea aplicación de la ley, está dirigida a determinar la inadecuada valoración jurídica del hecho, sea por impropiedad en la definición de la norma aplicable o, por defecto que pudiera derivarse en la interpretación de la misma, quedando así descartado que el defecto de sentencia en análisis, sea el medio para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho reservadas al Juzgado de instancia, pues no está orientado a cuestionar la prueba misma, ni los elementos que de ella se han obtenido; contrariamente, el defecto relativo a la errónea aplicación de la ley sustantiva, supone que consentidos y aceptados los elementos probatorios extraídos por el Juzgado de mérito de los diferentes medios de prueba puestos en su conocimiento, determinada la relación de hechos, la conducta del procesado, su participación, así como otras circunstancias concomitantes, el defecto opera a tiempo de aplicar la norma sustantiva a los hechos probados; de ahí que el art. 370 num. 1 del CPP, autorice únicamente la revisión del juicio jurídico realizado al dictar sentencia, sin posibilidad de alterar los hechos probados sobre los que el inferior en grado aplicó el derecho. Asimismo, si se tiene presente los presupuestos por los que la norma sustantiva puede ser erróneamente aplicada, a saber: i) errónea calificación de los hechos (tipicidad); ii) errónea concreción del marco penal o; iii) errónea fijación judicial de la pena (SC 727/2003-R), entre estos inexiste la falta de prueba para establecer algún elemento del delito, pues en el vicio procesal en análisis lo que se observa es la errónea calificación o concreción de los hechos establecidos como probados, a un tipo penal específico; por lo mismo, no puede sostenerse la existencia del defecto de errónea aplicación de la norma sustantiva, basado en la inexistencia de prueba para demostrar la responsabilidad penal del acusado, así lo entendió el AS Nº 270/2017-RRC de 17 de abril. b) En el caso, siendo que los impugnantes invocaron el defecto de sentencia en análisis, era obligación de aquellos, señalar, de manera concreta, el razonamiento inserto en la fundamentación jurídica que consideraban errado; sin embargo, revisado el escrito recursivo, se tiene patente que incurrió en grave error de procedimiento, pues pretenden que bajo el vicio procesal en análisis sean examinados supuestos incardinados a la trasgresión del art. 173 del CPP. Así las cosas, siendo palmario que los acusadores particulares no están consintiendo ni aceptando los elementos probatorios extraídos por el Juzgado de mérito de los diferentes medios de prueba, claramente han incurrido en una equívoca concepción de la norma procedimental, que amerita no sea posible advertir, en la justificación y decisorio de la Sentencia absolutoria, la inobservancia de los arts. 351, 355 y 357 del Código Penal. En otros términos, la falta de técnica recursiva de parte de los recurrentes no permite concluir que la Juez de mérito haya inobservado los artículos glosados, por cuanto al Ad quem no le es permisible determinar la configuración de los tipos penales por el que fueron absueltos los procesados, a partir de las propias apreciaciones valorativas de la prueba efectuada por los impugnantes, con clara abstracción de los hechos probados, lo que supone inexistencia de aporte idóneo en el recurso que ponga en evidencia el defecto alegado. Bajo estas premisas, el agravio formulado en razón de la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva que prescribe el art. 370 num. 1 del CPP, al ser meramente enunciativo y limitarse a reclamar por el resultado que debiera darse a la prueba, carece de asidero y motiva deba declararse sin lugar. IV.3. Otras consideraciones: Con relación a la aseveración de los apelantes respecto al supuesto desconocimiento de prueba de cargo por parte de la Juzgadora, del Acta de Juicio Oral cursante a «fs. 301 vta., 302 y 307» resulta evidente que, los apelantes en 2 oportunidades reclamaron haber presentado en calidad de prueba las literales preindicadas, solicitando su reposición, empero por informe del Secretario de esa instancia se objetivó que, a la querella presentada el 08 de enero de 2011, se adjuntó prueba solo a «fs. 7», por lo que la Juez de instancia judicializó únicamente esas literales, sin haber realizado, los apelantes, reclamo ulterior hasta la fase de conclusiones, momento procesal en el que su derecho a introducir prueba ya había precluido. De la revisión de antecedentes, específicamente de «fs. 1 a 10», se comprueba que, la cantidad de documentales acompañadas a dicho escrito, oscilaban en las mismas 7 literales que se encuentran consignadas en la nota de cargo cursante a «fs.9 vta.»; pues si bien en dicho escrito en su «Quinto Otrosí» dio a conocer que acompañaba prueba, mediante decreto de 28 de febrero de 2011 la Juzgadora declaró, sin lugar a lo solicitado por no haberse acompañado dicha documentación; por lo mismo, los extremos referidos por los recurrentes no son atendibles, al no evidenciar la existencia de algún reclamo posterior realizado hasta la celebración del Juicio Oral, vale decir, hasta un (1) año después, cuando era obligación de la parte acusadora, la presentación física de sus medios probatorios, atingentes a la acreditación de su teoría fáctica dentro de plazo previsto para aquello, no siendo permisible dar lugar a la pretensión anulatoria, por cuanto la ausencia de reclamación oportuna sobre algún defecto procedimental, ha motivado que, por previsión del art. 16.II de la Ley 025, el derecho de reclamar haya precluido. POR TANTO: La SALA PENAL TERCERA del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, impartiendo justicia a nombre del pueblo boliviano conforme prevé el art. 178.I de la Constitución Política del Estado y en ejercicio de la autoridad conferida por el art. 58.I.1 de la Ley No. 025, declara: 1) IMPROCEDENTE el recurso de apelación restringida interpuesto por Caciano Clemente Casilla y Sabina Quispe Mamani; por consiguiente, 2) CONFIRMA la Sentencia de 09 de noviembre de 2012, del Juzgado de Partido, Liquidador y de Sentencia N° 1 de Sacaba. La presente resolución es impugnable dentro de los cinco (5) días señalados por el art. 417 del CPP. Regístrese y comuníquese. Fdo.- MSc. Jesús Víctor Gonzales Milán – Vocal Presidente de la Sala Penal Tercera. Fdo. Dra. María Giovanna Pizo Guzmán – Vocal de la Sala Penal Tercera. – Ante mí Secretaria de Sala. ES CONFORME. PROVEÍDO DE 20 DE MAYO DE 2024 A mérito del cite de 17 de mayo de 2024, evacuado por Manuel Alex Viscarra Vía en su condición de Coordinador de Gestión de Audiencias de la Oficina Gestora de Procesos No. 3 del Tribunal Departamental de Justicia, por el que remite certificación extraída del Sistema de Convenio Institucional del Servicio General de Identificación Personal -Segip, al identificarse información genérica respecto al domicilio real de Wilmer Rocha Rios, Caciano Clemente Casilla y Sabina Quispe Mamani, y habiendo agotado esfuerzos este Tribunal a objeto de lograr la notificación de los prenombrados con el Auto de Vista No. 09/2023-RAR de 22 de febrero de 2023, en aplicación del art. 165 del CPP se dispone su notificación con el Auto de Vista indicado, mediante edictos a través del Servicio de Notificación Electrónica Judicial - Sistema Hermes. Notifique funcionaria. Fdo.- MSc. Jesús Víctor Gonzales Milán – Vocal de la Sala Penal Tercera. Fdo. Carol Ivonne Vega Colque, Secretaria – Abogada de la Sala Penal Tercera. Cochabamba, 04 de junio de 2024 D.S.O.


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