EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: SALA PENAL TERCERA


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA SALA PENAL TERCERA EDICTO MARIA GIOVANNA PIZO GUZMAN VOCAL DE LA SALA PENAL TERCERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA. POR EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO Y SE NOTIFICA A LA SEÑORA PRIMITIVA RONDAL DELGADILLO (C.I. N° 2897717 CBBA.) Y LUCIA RONDAL DELGADILLO (C.I. N° 3578418 CBBA.), CON EL AUTO DE VISTA N° 393/2023-RAR DE 18 DE DICIEMBRE DE 2023, PROVEÍDO DE 27 MAYO DE 2024, DENTRO EL PROCESO PENAL SIGNADO CON EL CODIGO UNICO: 201609336, SEGUIDO POR PRIMITIVA RONDAL DELGADILLO CONTRA LUCIA RONDAL DELGADILLO, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS, PREVISTOS Y SANCIONADOS POR LOS ARTS. 351, 352 Y 353 DEL CÓDIGO PENAL, A CUYO FIN SE TRANSCRIBEN LOS SIGUIENTES ACTUADOS: AUTO DE VISTA N° 393/2023-RAR DE 18 DE DICIEMBRE DE 2023 VISTO, el recurso de apelación restringida interpuesto por Primitiva Rondal Delgadillo contra la Sentencia Nº 2/2016, leída íntegramente en 01 de julio de 2016, pronunciada por la Juez Publico de Familia y de Sentencia Penal Nº 1 de Cliza, dentro el proceso penal seguido por la prenombrada recurrente contra Lucia Rondal Delgadillo, por la presunta comisión de los delitos de despojo, alteración de linderos y perturbación de posesión, previstos y sancionados por los arts. 351, 352 y 353 del Código Penal. I. ACTOS PROCESALES RELEVANTES: Los siguientes. I.1. Resolución apelada: La Juez Publico de Familia y de Sentencia Penal Nº 1 de Cliza, mediante Sentencia Nº 2/2016, leída íntegramente en 01 de julio de 2016, declaro a Lucia Rondal Delgadillo absuelta de pena y culpa de la presunta comisión de los delitos de despojo, alteración de linderos y perturbación de posesión, previstos y sancionados por los arts. 351, 352 y 353 del Código Penal. Al efecto, sostuvo que: «… las conductas denunciadas que motivan la presente acusación, no se han configurado dentro los tipos penales acusados por cuanto las pruebas testificales y literales, presentadas no revelan nada en absoluto sobre los elementos constitutivos de los tipos penales acusados, así como la prueba desfilada en juicio no aportan elementos con claridad y sobre todo no establecen la responsabilidad penal de la sindicada, por cuanto ambas partes han acreditado tener la posesión del inmueble en su parte correspondiente y no se ha acreditado más allá de la duda razonable sobre los delitos acusados. En consecuencia no se ha demostrado la infracción del tipo penal de DESPOJO, ALTERACION DE LINDEROS Y PERTURBACION DE POSESION al no existir prueba alguna que refiera que la actividad de la acusada se haya subsumido en algunos de elementos objetivos del despojo, o que con el propósito de apoderarse de la propiedad de la acusadora haya suprimido o alterado sus linderos de manera ilegal, así como, no se cuenta con prueba suficiente que acredite que la acusada haya violentado la quieta pacifica posesión del inmueble o propiedad de la acusadora, toda vez de que según los testigos, el bien inmueble está constituido en dos partes, correspondiendo una parte a Primitiva Rondal, la misma que se mantiene intacta y que la otra parte donde vive doña Altagracia Delgadillo y que es el lado que le corresponde a Lucia Rondal, que sería el lugar donde se habría realizado los trabajos de la construcción de pilares y que al mismo tiempo se encuentra el material de construcción en el lado que le corresponde a la ahora querellada y que por el contrario la acusadora particular destruyo los pilares ya construidos por la acusada…» (Sic.). I.2. Recurso de apelación restringida de Primitiva Rondal Delgadillo: La prenombrada, mediante escrito presentado en 20 de julio de 2016, promovió la impugnación de la Sentencia Nº 2/2016, impetrando la reposición del juicio oral o, en su defecto, la emisión de una Sentencia condenatoria. En tal propósito, denuncio la concurrencia de los siguientes defectos: I.2.1. Inobservancia o errónea aplicación de la Ley: Reclamada en sus dos (2) vertientes, la adjetiva y la sustantiva; la primera vinculada al art. 111 del CPP, por la ausencia de intervención de interprete para la recepción de la declaración de «humildes campesinos» (Sic.); y, la segunda, por la nula consideración de los presupuestos contenidos en los arts. 37, 38, 39 y 40 del Código Penal. I.2.2. Que el imputado no esté suficientemente individualizado: No obstante su alusión en el recurso, el mismo no mereció desarrollo alguno. I.2.3. Que falte la enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada: No obstante su alusión en el recurso, el mismo no mereció desarrollo alguno. I.2.4. Que no exista fundamentación de la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria: Sostuvo que la Sentencia reemplazo la fundamentación con una relación de documentos, ignorando que debe expresar los motivos de hecho y derecho, además de la valoración integral de los medios de prueba, reseñando los motivos de su apreciación y explicando como llego a su conclusión. A mayor abundamiento, insistió en que una incorrecta descripción de los hechos inhibe una correcta fundamentación de derecho. I.2.5. Que la Sentencia se base en valoración defectuosa de la prueba: Previa cita del art. 173 del CPP, arguyo que la valoración no debería tener vacíos, errores o valoraciones contrarias a las reglas de la sana crítica. Así, afirmo que la Juez de instancia valoro defectuosamente la literal codificada como A-4, consistente en Certificación evacuada por la «Central Campesina - 2 de agosto», así como las deposiciones de Medardo Rondal Delgadillo, Damián Cruz Vicente, Eusebia Vicente García y Altagracia Delgadillo Rojas, ya que -recapitulando aspectos relevantes de su contenido- tales pusieron en evidencia como Lucia Rondal Delgadillo, domiciliada en Ayoma, ingreso al inmueble motivo del proceso para dividirlo, sin consentimiento (de la querellante), fracción, acción o derecho que la respalde, afectando su posesión actual, derrumbando a dicho fin seis (6) árboles frutales, configurando por ello los delitos que prevén los arts. 351 y 358.5 del Código Penal, agregando que la posesión, propiedad o derechos expectaticios de la acusada no destruyen los hechos demostrados en juicio. I.2.6. Inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia: No obstante su alusión en el recurso, el mismo no mereció desarrollo alguno. I.3. Contestación de Lucia Rondal de Veizaga: La prenombrada, mediante escrito presentado en 04 de agosto de 2016, respondió al recurso opuesto por Primitiva Rondal Delgadillo, impetrando se declare improcedente el mismo, sea confirmando la resolución confutada. Así, asevero que la apelación es admisible en los casos en los que la parte formulo reclamo oportuno e hizo reserva de recurrir, condiciones que estima ausentes, aunadas al incumplimiento que advierte de las exigencias que prevé el art. 408 del CPP, pues sostiene que la acusadora no expreso de forma clara y precisa las disposiciones violadas, la aplicación que de ellas pretende o, siquiera, la fundamentación separada de cada derecho y garantía invocado, limitándose a exponer pruebas o fundamentos en conclusiones, como si de la etapa de juicio oral se tratase. De igual forma, informo no comprender la relación que guarda el caso con los arts. 37 y ss. del Código Penal, citados por la recurrente, parte que -dice la querellada- incurre en ignorancia jurídica al reclamar al Tribunal ad quem la emisión de una Sentencia condenatoria. Concluyendo, asevero que, en sujeción al art. 119 de la CPE, hizo valer su garantía al debido proceso y los derechos a la defensa y seguridad jurídica, resaltando que el proceso se tramito sin defecto alguno, valorando la Juez de mérito correctamente la prueba aportada, acorde a los principios de imparcialidad, sana crítica y lógica jurídica. Cito la Sentencia Constitucional Nº 1365/2005-R de 31 de octubre, relativa a la motivación y fundamentación de las resoluciones. I.4. Audiencia de fundamentación oral: Al no ser solicitada expresamente por la recurrente, la misma no fue programada. II. CONTROL DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: En observancia del principio de impugnación consagrado por el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (en adelante nominada simplemente: CPE), se pasa a examinar si el escrito recursivo presentado en 20 de julio de 2016, cumple con los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva. II.1. Presupuesto de impugnabilidad objetiva: Por mandato contenido en los arts. 394 y 396.3 del CPP, las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por dicho código y en las condiciones de tiempo y forma también previstos por él. Respecto a los requisitos previstos por el art. 408 de la norma adjetiva penal, se tiene que el recurso de apelación restringida, además de ser interpuesto por escrito en el plazo de quince días de notificada la sentencia -forma y plazo-, se debe: i) Citar concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas; y, ii) Expresar cuál la aplicación que de ellas (de las normas identificadas como violadas o erróneamente aplicadas) se pretende. En el caso la apelación restringida presentada en 20 de julio de 2016, fue interpuesta de modo escritural dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación, practicada en 01 de julio de 2016. Si esto es así, las circunstancias de tiempo y modo determinados por el art. 408 del CPP, fueron observadas por la impugnante, por lo que el recurso cumple con el presupuesto de impugnabilidad objetiva. II.2. Presupuesto de impugnabilidad subjetiva: Por mandato contenido en el art. 394 del CPP, el derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima, aunque no se hubiere constituido en querellante; entonces, habiendo sido el escrito recursivo presentado en 20 de julio de 2016 suscrito por la querellante Primitiva Rondal Delgadillo, se tiene que el recurso cumple con el presupuesto de impugnabilidad subjetiva. II.3. Cumplidos los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, el Tribunal de alzada resuelve declarar ADMISIBLE el recurso de apelación restringida formulado y pasa a resolver el fondo de la cuestión planteada. III. DOCTRINA INDICATIVA APLICABLE AL CASO: La siguiente. III.1. Inobservancia o errónea aplicación de la Ley: Respecto al significado de la «inobservancia o errónea aplicación de la ley» determinada en el art. 407 CPP, la Sentencia Constitucional N° 1075/2003-R de 24 de julio, sostuvo: «… Conviene precisar qué alcances tienen, en el contexto del Código, las expresiones “inobservancia de la ley” y “errónea aplicación de la ley”. El primer supuesto se presenta cuando la autoridad judicial no ha observado la norma o, lo que es lo mismo, ha creado cauces paralelos a los establecidos en la ley (así, SC 1056/2003-R). En el segundo caso, si bien se observa la norma, la autoridad judicial la aplica en forma errónea. En este punto, corresponde puntualizar que la inobservancia de la ley o su aplicación errónea, puede ser tanto de la ley sustantiva como la ley adjetiva. Así, la norma sustantiva puede ser erróneamente aplicada por: 1) errónea calificación de los hechos (tipicidad), 2) errónea concreción del marco penal o, 3) errónea fijación judicial de la pena (SC 727/2003-R). Los supuestos de errónea aplicación de la ley adjetiva son: 1) los defectos de procedimiento en general y 2) los expresamente establecidos en los arts. 169 y 370 CPP. Conforme a esto, los supuestos previstos en los dos preceptos referidos -excepto el inciso 1) del art. 370, que alude a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva- están referidos a: 1) inobservancia de la ley adjetiva, 2) errónea aplicación de la ley adjetiva, cuando no se comprueban los hechos acusados conforme a los parámetros exigidos por ley (de modo integral, conforme a las reglas de la sana crítica). Esto significa que los hechos acusados deben ser probados y que sólo es válida la comprobación realizada conforme a ley. En este sentido, una acusación y/o querella, no estará comprobada conforme a ley cuando: 1. El hecho no existió 2. El hecho no se ha probado en forma suficiente (inc. 3 al 11 del art. 370, art. 169 y demás defectos de procedimiento impugnados oportunamente) 3. El hecho existió pero no se puede individualizar al agente (inc. 2 del art. 370) …». Concordante con lo anterior, el Auto Supremo Nº 069/2015-RRC de 29 de enero razonó: «… es menester expresar que la doble enunciación resulta equívoca, en razón a que existe distinción entre la no aplicación de una disposición (inobservancia) y la aplicación errónea de una disposición (errónea aplicación), pues cuando se aduce inobservancia de la ley sustantiva, se debe hacer referencia a que el Tribunal de Sentencia no aplicó determinada disposición y, en el segundo, se alude cuando el Tribunal de Sentencia aplicó una disposición cuando correspondía aplicar otra o que la citada disposición fue mal aplicada. Dentro de ese entendimiento, se tiene que la inobservancia significa desconocimiento, desobediencia o falta de aplicación de la norma jurídica, no tratándose de un error en el modo de aplicarla, sino de una omisión de cumplirla; mientras que la errónea aplicación, es la inadecuación o falta de correspondencia de la norma aplicada con el caso concreto; es decir, una norma es observada o cumplida, pero no es la que debía aplicarse, o es aplicada con una mala interpretación de su mandato…». En relación a la errónea aplicación de la ley sustantiva y su vinculación a los hechos probados, en el Auto Supremo N° 123/2017-RRC de 21 de febrero se afirmó: «… no siendo evidente la supuesta errónea aplicación de la norma sustantiva penal; sumado al hecho de que el fundamento del imputado a fin de probar el tiempo en que ocurrió la supuesta violación, es un objeto de prueba; empero, no puede sustentarse en este aspecto la presunta errónea aplicación de la norma sustantiva, pues para sustentar este defecto, debe partirse de los hechos establecidos como probados por el A quo; aspecto que, no acontece en el caso de autos, por lo que no es evidente la supuesta vulneración de derechos y normas procesales y constitucionales alegadas por el imputado, por cuanto existe un pronunciamiento expreso y debidamente fundamentado de parte del Tribunal de apelación…». Congruente con lo anterior, en el Auto Supremo N° 225/2018-RRC de 10 de abril se manifestó: «… al no tener la facultad el Tribunal de alzada de modificar el hecho o hechos establecidos en sentencia (principio de intangibilidad), obviamente está impedido de cualquier posibilidad de, mediante una nueva valoración probatoria y consiguiente modificación o alteración de los hechos establecidos por el Juez o Tribunal de Sentencia, cambiar la situación jurídica del imputado, ya sea de absuelto a condenado o viceversa y bajo la misma lógica el Tribunal de alzada no podrá de ningún modo resolver directamente una denuncia de errónea aplicación de la norma sustantiva a partir de la incorporación de hechos no establecidos en la sentencia como probados…». III.2. Sobre la individualización del acusado: En cuanto a este, el Auto Supremo Nº 267/2013-RRC 17 de octubre (SP2), sostuvo que: «…La subsunción supone la concreción de la norma esencialmente abstracta (tipo penal) y general al caso concreto y particular (hecho o hechos) que haya sido objeto del juicio. En primer término, y como labor inmediata, una vez concluida la valoración de la prueba y establecidos los hechos probados y no probados, el juzgador debe verificar la existencia y materialización del verbo rector en la conducta del imputado dentro de él o los hechos debatidos en juicio; es decir, realizar un enjuiciamiento jurídico del hecho, para después realizar el mismo trabajo de coincidencia para la restante estructura del tipo penal. De este modo la selección e interpretación del tipo penal y su adecuada subsunción no sólo supondrá una aplicación coherente y correcta de la norma sustantiva, si no que involucrará el cumplimiento del derecho a una tutela judicial efectiva (art. 115.I de la CPE), un entender contrario; es decir, el tomar una decisión por parte del juzgador, en base a una deficiente y defectuosa subsunción de la conducta enjuiciada aplicando el tipo penal irrazonablemente, comprometerá la vulneración del principio de la legalidad penal, en íntima y directa conexión con el derecho a la libertad…». III.3. La fundamentación de la Sentencia y su control por el Tribunal de Apelación: Con relación a los elementos que debe contener la Sentencia a fin de considerarse debidamente fundamentada, el Auto Supremo N° 354/2014-RRC de 30 de julio, estableció el siguiente razonamiento: «… Respecto a la Sentencia, el sistema procesal penal, impone requisitos esenciales de forma y contenido, que se encuentran descritos en el art. 360 del CPP, concordante con los arts. 124 y 173 del mismo cuerpo legal; exigencias, de las que se establece la estructura básica de la Resolución de mérito, que debe encontrarse debidamente fundamentada y motivada. (…) el inc. 2) del art. 360 del CPP, señala que la Sentencia debe contener la enunciación del hecho y circunstancias que hayan sido objeto del juicio; es decir, debe contener la relación de los hechos que dieron origen al proceso, además de todas las circunstancias que se consideran probadas (fundamentación fáctica), que inexcusablemente deben encontrarse apropiadamente sustentadas por los medios probatorios incorporados legalmente al juicio y que deben ser descritos de forma individual en la Sentencia (fundamentación probatoria descriptiva), cuya valoración requiere, conforme el art. 173 del CPP, que el Juez o Tribunal asigne el valor correspondiente, a cada uno de los medios de prueba, aplicando las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales otorga un determinado valor (positivo, negativo, relevante, irrelevante, útil, pertinente, etc.), para posteriormente, vincular cada medio de prueba y con base en la apreciación conjunta y armónica del elenco probatorio producido, emitir el fallo correspondiente (fundamentación probatoria intelectiva). En la parte dispositiva del fallo, conforme establece el art. 360 inc. 4) del CPP, el juzgador debe justificar normativamente la decisión; es decir, debe citar, las normas aplicables y en caso de emitirse Sentencia condenatoria de acuerdo al art. 365 del CPP, el juzgador debe fijar con precisión la sanción correspondiente, con base en los arts. 37, 38, 39, 40, 40 bis del CP -los últimos, cuando corresponda- tomando en cuenta las atenuantes y agravantes que concurran (fundamentación jurídica). De lo anterior se tiene que la Sentencia debe estar estructurada de la siguiente forma: a) Fundamentación fáctica; b) Fundamentación probatoria que debe ser descriptiva e intelectiva (la última implica valoración individual y conjunta de la prueba) y; c) Fundamentación jurídica. La ausencia de cualquiera de las formas de fundamentación en el fallo, importa falta de fundamentación de la Resolución en infracción con el art. 124 del CPP; sin embargo, no toda omisión o defecto en la fundamentación implica defecto absoluto, sino, únicamente aquellos vinculados con la inmediación de la prueba, pues, la indebida fundamentación jurídica o su ausencia, en cuanto a la imposición de la pena, al corresponder a un momento posterior a la valoración de la prueba, puede ser objeto de corrección o complementación en grado de apelación, conforme establece el art. 314 del CPP, sobre la base de las conclusiones a las que arribó el juez o Tribunal sentenciador, respecto a la existencia del hecho, la participación del encausado y su culpabilidad en el hecho juzgado. En cuanto a la fundamentación probatoria, siendo el juzgador de mérito, el único facultado para valorar prueba, la ausencia de fundamentación, sea descriptiva o intelectiva, implica defecto absoluto inconvalidable, toda vez que, conforme el vigente sistema recursivo, el Tribunal de alzada no puede suplir la fundamentación probatoria, porque ello implica valoración de la prueba; pues, la falta de fundamentación descriptiva sobre alguna de las pruebas, impide el control sobre ella. De la misma forma, la ausencia de fundamentación intelectiva, imposibilita verificar, si la valoración de la prueba, sea individual o conjunta, se hizo en correcta aplicación de las reglas de la sana crítica…». III.4. La defectuosa valoración probatoria: Respecto a la valoración defectuosa de la prueba, el Auto Supremo Nº 222/2017-RRC de 21 de marzo (SP), refirió: «… pues la parte recurrente debe tener presente que cuando se alega la defectuosa valoración probatoria, para que su recurso surta el efecto deseado debe expresar las reglas de la lógica, que hubieren sido inobservadas por el Tribunal juzgador, además de vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, debiendo considerarse que el recurso basado en errónea apreciación de la prueba tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano, resultando deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente tal cual sucedió en el caso presente, en el que la imputada se limitó a efectuar apreciaciones personales sobre las pruebas testificales producidas en juicio, cuando lo correcto, era que para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica se acredite que la motivación de la sentencia está fundada por un hecho no cierto, que se haya invocado afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, situación no acontecida en la apelación restringida resultando en consecuencia correcta la conclusión del Tribunal de alzada respecto a su imposibilidad de revalorizar la prueba. Consiguientemente, se concluye que no es evidente la contradicción alegada por la recurrente, ya que el Tribunal de alzada dentro del ámbito de su competencia efectuó el control legal sobre la sentencia impugnada prueba de ello es el haber identificado los acápites de la resolución apelada en los que supuestamente se encontraban los defectos denunciados para luego previo el análisis correspondiente concluir que no eran evidentes los defectos alegados; pero, también de forma adecuada y acorde a la jurisprudencia existente -sobre la revalorización probatoria- fue claro al establecer que los Tribunales de alzada están impedidos de dicha labor, por lo que debe tenerse presente que para exigir el cumplimiento de derechos, se debe previamente cumplir con la correcta formulación de su recurso en este caso el de apelación restringida, el no hacerlo conlleva a que el Tribunal de alzada de manera adecuada observe su imposibilidad de revalorizar prueba; en cuyo mérito, corresponde declarar infundado el presente motivo…». III.5. Labor, alcances y límites de los Tribunales de Alzada en apelación restringida: El Auto Supremo Nº 223/2018-RRC de 10 de abril (SP), sostuvo: «… El sistema procesal boliviano, obedece al modelo acusatorio y tiene en el juicio oral su eje central tal como lo establece el art. 329 del CPP, al señalar: El juicio es la fase esencial del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación; en forma contradictoria, oral, pública y continua, para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado, con plenitud de jurisdicción (…) Como quiera que el proceso penal gira en torno al juicio oral, resulta claro que su producto, la sentencia sea también el eje a partir del que el sistema de recursos vaya a girar; es decir, la decisión tomada en primera instancia es la determinante para etapas ulteriores; de ahí que, los principios que rigen la emisión de la sentencia sean los mismos que enmarquen la etapa de recursos subsiguientes, bien sea por congruencia en el tratamiento ofrecido en las distintas etapas del proceso, bien por seguridad jurídica de las decisiones judiciales. A partir de lo antes expresado, la Sala considera: a) El recurso de apelación restringida es por naturaleza una instancia de revisión de la sentencia, desde una perspectiva únicamente de derecho, reservada en mayor parte para revisión de la aplicación de la Ley sustantiva, tal cual lo dispone el primer párrafo del art. 407 del CPP. b) Los defectos de la Sentencia previstos en el art. 370 del CPP, son recurribles vía apelación restringida, a efectos de control de aplicación de la norma y control de logicidad del razonamiento de la Sentencia, esto es, la labor de verificación del cumplimiento de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, control sobre la determinación de los hechos probados, examen sobre la subsunción y adecuación jurídica de los hechos, control de determinación e imposición de la pena, control de la debida y suficiente motivación (determinación de los hechos) y fundamentación (aplicación de la específica de la norma)…». Concordante con lo anterior, el Auto Supremo Nº 228/2018-RRC de 10 de abril (SP), sostuvo: «... A su turno en fase de recursos la regla procesal de competencia, es mucho más básica, pues el art. 398 del CPP, como norma general al sistema de recursos, estima que los Tribunales de alzada ceñirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada. El perímetro recursivo postulado por el citado artículo, en consideración de la Sala, no constituye un mero formulismo, sino en los hechos es la llave que procura una decisión imparcial dentro de un trámite esencialmente contencioso, como lo es el penal y cuya sensibilidad se amplifica al estar relacionado con el derecho a la libertad. Toda resolución judicial no puede ser considerada como debidamente fundamentada cuando rebasa el marco de su competencia que por efecto del principio dispositivo (que nutre la actividad procesal en general); por cuanto, no solo se generaría un desajuste de argumentos y criterios, sino ocasionaría una lesión directa a derechos de terceros y principios que ordenan la actividad jurisdiccional escritos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE)...». IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: Resuelto en función a los siguientes apartados. IV.1. Que la Sentencia se base en valoración defectuosa de la prueba: Tildo la apelante de defectuosa la valoración ejercitada sobre la literal codificada como A-4 (Certificación evacuada por la Central Campesina «2 de agosto») y las deposiciones de Medardo Rondal Delgadillo, Damián Cruz Vicente, Eusebia Vicente García y Altagracia Delgadillo Rojas, ya que dichas pruebas -de las que rescata cierto contenido- pondrían en evidencia como la querellada, domiciliada en Ayoma, ingreso al inmueble para dividirlo, sin que medie consentimiento (de la ahora recurrente), fracción, acción o derecho que la respalde, derrumbando en tal propósito seis (6) árboles frutales, configurando por ello los delitos que prevén los arts. 351 y 358.5 del Código Penal. Siendo aquel el sustento del agravio, en sujeción al razonamiento contenido en los Autos Supremos N° 222/2017-RRC de 21 de marzo y 271/2017-RRC de 17 de abril, es necesario señalar que, además de individualizar la prueba que considera defectuosamente valorada, la parte interesada debe identificar el error en el proceso intelectivo de apreciación realizado por la Juez de mérito, expresando cuál es el valor otorgado por la inferior en grado a las pruebas particularizadas, a qué conclusión llegó con base a las mismas y por qué esa conclusión sería errónea al grado de transgredir las reglas de la sana crítica establecida por el art. 173 del CPP, aspectos que en el caso examinado no concurren, pues de manera equívoca la querellante pretende sostener el defecto en su personal y subjetivo juicio valorativo, persistiendo en la suficiencia e idoneidad del acervo probatorio para motivar la condena de Lucia Rondal Delgadillo, pues si bien particulariza la impugnante prueba documental (A-4) y testifical (Medardo Rondal Delgadillo, Damián Cruz Vicente, Eusebia Vicente García y Altagracia Delgadillo), la crítica desarrollada en el escrito desconoce integralmente el razonamiento desplegado por la Juez de instancia, insistiendo arbitrariamente la acusadora en la contundencia de los medios aportados para acreditar la comisión de los ilícitos contenidos en los arts. 351 y 358.5 del Código Penal, ilícito este último además no endilgado, empero ignorando adrede que el cumulo probatorio alcanzo a acreditar también la posesión de la que goza la procesada, ejerciendo actos de dominio dentro de su parte del bien inmueble, condición que fuere reconocida por diversos testigos, entre estos los propios Medardo Rondal Delgadillo y Altagracia Delgadillo Rojas (Así concluyo la Juez a quo a fs. 68 del proceso), citados por la querellante, infiriéndose por lo mismo la selección arbitraria del contenido de los elementos dubitados, excluyendo aquellos que -recogidos por la Juez a quo- sirvieron para motivar la decisión absolutoria. Entonces, coligiéndose que las conclusiones expuestas por la apelante no emergen de un análisis lógico explicito, actividad además vinculada a los principios de la lógica (de no contradicción, tercero excluido, razón suficiente y de identidad), la experiencia común y la psicología -cuya utilización exige el Auto Supremo Nº 673/2016-RRC de 12 de septiembre-, cuyo empleo no llega a satisfacerse con la somera alusión de la sana critica o la experiencia como parámetros de valoración transgredidos, al apartarse el alegato de la crítica a la logicidad de las conclusiones a las que arribo la Juez de Sentencia, limitándose a expresar su disconformidad con lo resuelto, no es evidente la defectuosa valoración que arguye la recurrente, no siendo óbice para la determinación las consideraciones vertidas en torno al delito de despojo y su ámbito de aplicación, sobre el que ejercita disquisiciones en torno a la posesión, propiedad o derechos expectaticios de la acusada, al apartarse aquella observación de los hechos probados, entre los que se ubica la nula afectación de los predios que efectivamente posee la querellante. IV.2. Inobservancia o errónea aplicación de la Ley: Reclamada en sus dos (2) vertientes, la adjetiva y la sustantiva; la primera vinculada al art. 111 del CPP, por la ausencia de intervención de interprete para la recepción de la declaración de «humildes campesinos» (Sic.); y, la segunda, por la nula consideración de los presupuestos contenidos en los arts. 37, 38, 39 y 40 del Código Penal. Al respecto, debe tener presente la parte que, al poseer la primera cuestión una de naturaleza estrictamente procesal, esta ciñe su tratamiento recursivo a las reglas impuestas por el art. 407 del CPP, precepto que compele a la parte interesada a promover: 1) El reclamo oportuno; y, en caso de rechazo inicial, 2) La reserva del derecho de recurrir tal determinación, circunstancias cuyo acatamiento se extraña en el caso de autos, pues la necesaria intervención de interprete durante la producción de la prueba testifical en audiencia de juicio -extrañada en el recurso al amparo del art. 111 del CPP- no fue motivo de queja, solicitud o requerimiento de Primitiva Rondal Delgadillo; es más, tampoco se infiere tal participación fuera impetrada por la querellada o los propios testigos a tiempo de su declaración, habiendo consentido todos los sujetos procesales el desarrollo del acto, pues, se insiste, no consta reclamo vinculado a dicha eventualidad en el acta de audiencia de juicio oral, literal que, por imperio de los arts. 120 y 372, ambos del CPP, detenta el valor probatorio suficiente para demostrar la forma de realización del juicio oral a los efectos de los recursos que correspondan, entre ellos el de apelación restringida, no siendo admisible en Alzada la incorporación de asuntos que no fueron controvertidos ante la autoridad a quo, privándole a esta ultima de emitir pronunciamiento y, si corresponde, enmendar los yerros producidos. De otra parte, en cuanto a la consideración de los presupuestos contenidos en los arts. 37 y ss. del Código Penal, es imperioso relievar el craso error en el que incurre la recurrente, pues dichos preceptos, acorde al capitulo al que pertenecen -incluso a partir del nomen iuris y contenido asignado por el legislador- atienden a la aplicación de la pena, sanción que en el caso ha sido prescindida, a razón de asumirse como hecho probado el respeto de los predios que posee Primitiva Rondal Delgadillo, inhibiendo la ausencia de lesión al bien jurídico protegido cualquier consideración punitiva ulterior. Entonces, advirtiéndose el carácter retorico del planteamiento y la evidente improcedencia del defecto, es menester desestimar su configuración. IV.3. Que no exista fundamentación de la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria: Sostuvo, aunque en otros términos, que la Sentencia carece de fundamentación fáctica (motivos de hecho), fundamentación probatoria (indicación de los motivos de su apreciación) y fundamentación jurídica (motivos de derecho), afirmando que la resolución apelada se limito a practicar una relación de documentos, sin explicar cómo llego a su conclusión. Al respecto, debe tenerse presente que se ha repetido hasta lo extenuante que la fundamentación de las resoluciones judiciales forma parte del derecho al debido proceso, y que el Estado, desde el texto constitucional, lo reconoce y garantiza a través de sus arts. 115.II, 117.I y 180.I. El Tribunal Supremo de Justicia, sin desconocer la afirmación anterior, clarificó el asunto a través del Auto Supremo Nº 77/2018-RRC de 23 de febrero, considerando -con manifiesto acierto- que la fundamentación de la sentencia penal -como instituto de orden procesal- no constituye un fin en sí mismo. Concordante con lo anterior, en el Auto Supremo Nº 354/2014-RRC de 30 de julio, se identificó los requisitos esenciales de forma y contenido, que descritos en el art. 360 del CPP, de manera concordante con los arts. 124 y 173 del mismo cuerpo legal, constituyen la estructura explicativa de forma y fondo básica de la Sentencia, a saber: i) fundamentación fáctica; ii) fundamentación probatoria, descriptiva e intelectiva; y, iii) fundamentación jurídica. En ese orden de ideas, revisada la Sentencia apelada, se advierte que esta incorpora a lo largo de su desarrollo los siguientes acápites que denotan la completitud de la resolución impugnada. Así, en el apartado «I. CONSIDERANDO: RELACION DE LOS HECHOS» exteriorizo el acontecimiento motivo del proceso, extraído de la querella presentada en 23 de febrero de 2016, para posteriormente, en el epígrafe denominado «HECHOS PROBADOS», señalar las máximas deducidas a partir de la actividad probatoria desplegada (vinculada al pliego acusatorio y el ofrecimiento de prueba de descargo), pruebas descritas, detalladas y valoradas individualmente acorde a su utilidad en el punto «V. CONSIDERANDO: ACTIVIDAD PROBATORIA», reservándose el Juez a quo su apreciación conjunta al título «VI. CONSIDERANDO: FUNDAMENTOS JURIDICOS», de modo que sirvan de respaldo a las conclusiones adoptadas como «HECHOS PROBADOS», ejercitando simultáneamente, valga la redundancia, la fundamentación jurídica debida a todo proceso, excluyendo la aplicación de los tipos penales atribuidos por no apreciar afectados los predios correspondientes a Primitiva Rondal Delgadillo, consideración que impidió cualquier ejercicio normativo de subsunción ulterior, en virtud a la nula afectación del bien jurídico protegido. Sin perjuicio de lo anterior, siendo especial motivo de queja la descripción de los hechos, tachados de incorrectos, debe resaltarse que el carácter genérico de su formulación inhibe cualquier análisis en derredor a dicho tópico, más aún al ser la carga argumentativa un deber atinente a la parte apelante, acorde al art. 396 inc. 3) del CPP, precepto que enseña que quien pretenda ampararse en el sistema recursivo debe especificar los aspectos cuestionados de la resolución, no pudiendo el Tribunal de Alzada deducir especulativamente lo que quiso decir la parte, supliendo oficiosamente las falencias de su impugnación, proceder aquel contrario a los principios de imparcialidad e igualdad de partes que prevé el art. 119.I de la CPE. En consecuencia, al verificarse la integración de las circunstancias objeto del juicio y su determinación circunstanciada, no mediando razón válida para su cuestionamiento, debe asumirse la idoneidad de tales y la satisfacción del requisito que prevé el núm. 2 del art. 360 del CPP y, en esencia, la fundamentación fáctica de la resolución. Si esto es así, tales consideraciones objetivan que la Sentencia apelada se ajusta en definitiva a la exigencia de motivación del fallo que se halla referida en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0326/2019-S1 de 6 de junio, no debiendo esta ser exhaustiva y ampulosa o regida por una particular estructura, bastando para su satisfacción que, aun sea de manera breve, pero concisa y razonable, permita justificar la decisión de condena, conforme a la Sentencia Constitucional N° 0012/2006-R de 4 de enero. Consecuentemente, no resulta evidente que la Sentencia carezca de fundamentación; contrariamente, en resguardo del deber de fundamentación establecido por el art. 124 del CPP, guarda la estructura explicativa de forma y de fondo desarrollada en el Auto Supremo Nº 354/2014-RRC de 30 de julio, por cuanto deviene en expresa al consignar las razones propias que sirven de soporte a los hechos declarados probados y los motivos que excluyen su subsunción a los delitos atribuidos, esto mediante el desarrollo exhaustivo de la fundamentación sin remisión a otros actos procesales. Asimismo, también es clara, al ser la fundamentación aprehensible, comprensible y examinable, mediante el uso de un lenguaje que no deja lugar a dudas sobre las ideas que expresa; y, completa por alcanzar a todas las cuestiones planteadas por las partes en juicio, mediante la inserción de la fundamentación fáctica, probatoria descriptiva e intelectiva, además de la posterior fundamentación jurídica, excluyendo la correspondencia de los hechos corroborados con las normas correspondientes a los arts. 351, 352 y 353 del Código Penal. Asimismo, es legítima, porque se basa en pruebas de cargo y descargo incorporadas al juicio conforme a las reglas establecidas al efecto; y también lógica porque por una parte se aprecia coherente al guardar sus afirmaciones una correlación adecuada e inequívoca, que no da lugar a dudas sobre las conclusiones a las que llega; y por otra derivada a causa de la concordancia de sus conclusiones fácticas con la prueba que se enuncia para sustentarla y de aquellas con decisión jurídica adoptada en el caso de autos. En suma, no resultando veraz la denuncia de falta de fundamentación, es menester demeritar el planteamiento recursivo y la configuración del vicio invocado en apelación. IV.4. Otras consideraciones: Si bien la victima invoco como defectos de Sentencia aquellos contenidos en los incs. 2), 3) y 10) del art. 370 del CPP, verificado el tenor íntegro del escrito recursivo presentado en 20 de julio de 2016, se advierte que éste, al margen de su alusión, carece en absoluto de razonamiento alguno que los sustente, extrañándose en consecuencia la expresión de agravios sufridos y cómo estos incidieron en el resultado, y siendo que tales faltas no pueden ser subsidiadas por el Tribunal de alzada, merced del principio de imparcialidad e igualdad de partes que prevé el art. 119.I de la CPE, se concluye que no se configuran los mismos. Finalmente, en relación a los Autos Supremos Nº 326 de 09 de septiembre de 1994, 200 de 06 de mayo de 2003 y 393 de 25 de noviembre de 2008 (SP1), así como la Sentencia Constitucional Nº 789/2002-R, aludidos por la recurrente, no es menos evidente que para citar y emplear el razonamiento jurídico contenido en tales resoluciones a la solución de un caso posterior, deben considerarse no sólo sus fundamentos jurídicos, sino también la existencia de analogía e identidad respecto a los supuestos fácticos o procesales -según sea el caso- que motivaron el decisorio con los hechos expresados con motivo de los agravios denunciados en apelación; entonces, al no apreciarse ni exponerse en el recurso la identidad exigible, no corresponde ingresar a mayores consideraciones para dar cuenta de su inaplicabilidad. Por las razones anotadas, al dictar Sentencia absolutoria la Juez de mérito no incurrió en los defectos denunciados. POR TANTO: La SALA PENAL TERCERA del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, impartiendo justicia a nombre del pueblo boliviano conforme prevé el art. 178.I de la CPE, y en ejercicio de la autoridad conferida por el art. 58.1 de la Ley N° 025, del Órgano Judicial, resuelve: declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación restringida interpuesto por Primitiva Rondal Delgadillo; y, consiguientemente, confirma la Sentencia Nº 2/2016, leída íntegramente en 01 de julio de 2016, pronunciada por la Juez Publico de Familia y de Sentencia Penal Nº 1 de Cliza. Al amparo del art. 269 del CPP, se condena en costas a la recurrente, debiendo la Juez del proceso proceder a su liquidación y ejecución conforme prevé el art. 272 del compilado preindicado. La presente resolución es impugnable dentro de los cinco (5) días señalados por el art. 417 del CPP. Regístrese y comuníquese. Fdo. Dra. María Giovanna Pizo Guzmán – Vocal de la Sala Penal Tercera. Fdo.- MSc. Jesús Víctor Gonzales Milán – Vocal Presidente de la Sala Penal Tercera. Fdo. Carol Ivonne Vega Colque, Secretaria – Abogada de la Sala Penal Tercera. PROVEÍDO 27 DE MAYO DE 2024 A mérito del cite de 22 de mayo de 2024, evacuado por Manuel Alex Viscarra Via en su condición de Coordinador de Gestión de Audiencias de la Oficina Gestora de Procesos No. 3 del Tribunal Departamental de Justicia, por el que remite la certificación extraída del Sistema de Convenio Institucional del Servicio General de Identificación Personal -Segip, al identificarse información genérica respecto al domicilio real de Primitiva Rondal Delgadillo y Lucia Rondal Delgadillo, y habiendo agotado esfuerzos este Tribunal a objeto de lograr la notificación de las prenombradas con el Auto de Vista No. 393/2023-RAR de 18 de diciembre de 2023, en aplicación del art. 165 del CPP se dispone su notificación con el Auto de Vista indicado, mediante edictos a través del Servicio de Notificación Electrónica Judicial - Sistema Hermes. Notifique funcionaria. Fdo. Dra. María Giovanna Pizo Guzmán – Vocal de la Sala Penal Tercera. Fdo. Carol Ivonne Vega Colque, Secretaria – Abogada de la Sala Penal Tercera. Cochabamba, 03 de junio de 2024 D.S.O.


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