EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: SALA PENAL TERCERA


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA SALA PENAL TERCERA EDICTO MSC. JESÚS VÍCTOR GONZALES MILÁN, VOCAL DE LA SALA PENAL TERCERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA. POR EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO Y SE NOTIFICA AL SEÑOR EDWIN BELMONTE VEGA (C.I. N° 4379071 LP.), CON EL AUTO DE VISTA N° 407/2023-RAR DE 11 DE DICIEMBRE DE 2023, PROVEÍDO DE 28 MAYO DE 2024, DENTRO EL PROCESO PENAL SIGNADO CON EL CODIGO ÚNICO: 201608557, SEGUIDO POR EDWIN BELMONTE VEGA CONTRA TEODORO GRANDI ALCAZAR, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ART. 351 DEL CÓDIGO PENAL, A CUYO FIN SE TRANSCRIBEN LOS SIGUIENTES ACTUADOS: AUTO DE VISTA N° 407/2023-RAR DE 11 DE DICIEMBRE DE 2023 VISTO, el recurso de apelación restringida interpuesto por Edwin Belmonte Vega contra la Sentencia Nº 11/2016 de 2 de marzo del Juzgado de Partido Penal, Liquidador y de Sentencia de Quillacollo; dentro el proceso penal seguido por el prenombrado recurrente contra Teodoro Grandi Alcazar, por la presunta comisión del delito de despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal. I. ACTUADOS PROCESALES CON RELEVANCIA: I.1. Sentencia apelada: El Juez de Partido Penal, Liquidador y de Sentencia de Quillacollo, mediante Sentencia Nº 11/2016 de 2 de marzo, en aplicación del art. 362 num. 2 del Código de Procedimiento Penal (en adelante nominado simplemente: CPP) declaró a Teodoro Grandi Alcazar absuelto de pena y culpa de la comisión del delito de despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal, al establecer que la prueba aportada por el acusador particular no fue suficiente para acreditar la participación del preindicado en el hecho acusado; inversamente, se corroboró que aquel se encuentra en posesión del bien inmueble a mérito de la existencia de un documento de compra. I.2. Recurso de apelación restringida: Edwin Belmonte Vega, mediante escrito presentado el 19 de mayo de 2016, planteó recurso de apelación restringida contra la Sentencia Nº 11/2016 de 2 de marzo, solicitando sea anulada con la consiguiente reposición del juicio por otro juzgado de sentencia, afirmando para tal, la concurrencia de los defectos de sentencia previstos por el art. 370 del CPP en sus nums. 1, 4, 5, 6 y 8. En desarrollo de tales agravios y bajo el siguiente rotulado, sostuvo: I.2.1. Inobservancia o errónea aplicación de la ley: Alegó que la Sentencia no cumple con los requisitos exigidos por el art. 360 del CPP, además de padecer de los defectos previstos por los nums. 1, 4, 6 y 8 del art. 370 del mismo código, por cuanto el inferior en grado omitió valorar la prueba documental y testifical presentada por la parte acusadora y observar los principios del debido proceso, seguridad jurídica, igualdad de la prueba, entre otros. Señaló que la resolución apelada se basó en medios y elementos probatorios incorporados a juicio por su lectura, empero violando la norma, por cuanto, en audiencia de juicio oral solicitó la exhibición de la minuta de transferencia realizada entre el procesado y Demetrio Pacheco Banque, empero el inferior en grado rechazó su pretensión debido a que aquella literal no fue ofrecida por la parte acusadora sino por el justiciable, por lo mismo, hizo reserva de su derecho de apelar, pues consideró que constituye un defecto de procedimiento que vicia de nulidad la Sentencia confutada. Refirió que, si bien la Sentencia enumera y describe los medios probatorios, empero los mismos no fueron valorados correctamente. Hizo alusión a las declaraciones de Mario Chungara Jiménez, Jaime Pacheco, Antonia Córdova, Macedonia Hidalgo Zurita e Isidoro Escobar, aseverando que las de cargo contrastan con las de descargo, empero tal extremo no fue considerado por el Juez de instancia, transgrediendo en tal sentido lo previsto por el art. 173 del CPP y motivando concurra el defecto previsto por el num. 1 del art. 370 del CPP. Aseveró que, la resolución confutada padece de deficiente e insuficiente fundamentación, concurriendo en tal mérito, el num. 5 del art. 370 del CPP, por cuanto la doctrina estableció el sistema de valoración libre de la prueba, basada en la sana crítica, que engloba una fundamentación fáctica, probatoria y jurídica; añadió que el A quo se limitó a copiar y enumerar la prueba sin realizar un análisis intelectivo y/o ponderación de los elementos probatorios que englobe precisiones como el qué, cuándo, cómo, dónde y por qué se otorgó determinado valor probatorio a cada uno de los medios de prueba; mucho menos estableció cuál la convicción del Juez de grado sobre la responsabilidad penal del procesado. Indicó que tampoco se realizó una contrastación y/o adecuación de los preceptos jurídicos aplicables al presente caso; asimismo, se estableció que su conducta se encuadró a la previsión legal contenida en el art. 252 num. 2 y 3 con relación al art. 23 del CP, empero sin establecer qué elementos probatorios fueron los que acreditaron su responsabilidad penal (Sic.), citando al efecto el AS Nº 314/2006 de 25 de agosto. I.3. Contestación: Corrido como fue en traslado, el recurso mereció la respuesta de Teodoro Grandi Alcázar, quien, en lo esencial refirió que, la Sentencia cumple con los parámetros y requisitos exigidos por ley, además de ser fiel expresión de la audiencia de juicio oral. Alegó que, si bien el recurrente individuó los defectos de sentencia previstos por los num. 1, 4, 6 y 8, no es menos evidente que omitió fundamentarlos. Manifestó que la prueba de inspección ocular acreditó que el inmueble reclamado por el querellante no es el mismo, por lo mismo, solicitó se rechace el recurso. I.4. Audiencia de fundamentación: Pese a su solicitud y señalamiento para el 17 de noviembre de 2023, la misma no fue celebrada debido a la inasistencia de Edwin Belmonte Vega -apelante- conforme acredita el acta de la audiencia de fundamentación, que corre a fs. 185 de antecedentes. II. CONTROL DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: En observancia del principio de impugnación consagrado por el art. 180.II de la Constitución Politica del Estado (en adelante citada simplemente: CPE), se pasa a examinar si el escrito recursivo presentado el 19 de mayo de 2016, cumple con los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva. II.1. Presupuesto de impugnabilidad objetiva: Por mandato contenido en los arts. 394 y 396.3 del CPP, las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por dicho código y en las condiciones de tiempo y forma también previstos por él. Respecto a los requisitos previstos por el art. 408 de la norma adjetiva penal, se tiene que el recurso de apelación restringida, además de ser interpuesto por escrito dentro el plazo de quince días de notificada la sentencia –forma y plazo–, debe: i) citar concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas; y, ii) expresar cuál la aplicación que de ellas (de las normas identificadas como violadas o erróneamente aplicadas) se pretende. En el caso, la apelación restringida presentada el 19 de mayo de 2016, fue interpuesta de modo escritural dentro los quince (15) días siguientes a la notificación practicada el 28 de abril de 2016. Así las cosas, las circunstancias de tiempo y modo determinados por el art. 408 del CPP, fue observada por Edwin Belmonte Vega, por lo que el recurso cumple con el presupuesto de impugnabilidad objetiva. II.2. Presupuesto de impugnabilidad subjetiva: Por mandato contenido en el art. 394 del CPP, el derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima, aunque no se hubiere constituido en querellante; entonces, habiendo sido el escrito presentado el 19 de mayo de 2016, suscrito por Edwin Belmonte Vega, se tiene que el recurso cumple con el presupuesto de impugnabilidad subjetiva. II.3. Cumplidos los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, la SALA PENAL TERCERA, declara: 1) ADMISIBLE la apelación restringida interpuesta por Edwin Belmonte Vega; y, determina, 2) Ingresar al análisis de fondo del recurso. III. DOCTRINA INDICATIVA APLICABLE AL CASO: III.1. Errónea aplicación de la Ley sustantiva: En el Auto Supremo Nº 495/2014-RRC de 23 de septiembre de 2014, se sostuvo: «… La errónea aplicación de la Ley sustantiva, de manera general, constituye un vicio de Sentencia, descrito en el art. 370 inc. 1) del CPP como norma habilitante, por lo que necesariamente debe estar vinculado a la infracción de algún artículo del Código Penal. Se puede incurrir en este vicio por tres razones: 1) Errónea calificación de los hechos (tipicidad); 2) Errónea concreción del marco penal o; 3) Errónea fijación judicial de la pena (Sentencia Constitucional 1075/2003-R de 24 de julio). En este caso, atañe hacer referencia a la errónea calificación de los hechos; al respecto, el Auto Supremo 329 de 29 de agosto de 2006, estableció que: "La calificación del delito en el Código de Procedimiento Penal, se entiende como la apreciación que cada una de las partes hace de los hechos, de las leyes aplicables y de la resultante relacionada al acusado, y, cuando no se la califica adecuadamente, se genera una errónea aplicación de la ley sustantiva, por la errónea calificación de los hechos (tipicidad), porque la adecuación de la conducta humana a la descripción objetiva del o de los delitos endilgados, debe ser correcta y exacta...". De la doctrina legal precitada, se establece que se incurre en errónea aplicación de la Ley sustantiva, por errónea calificación de los hechos, cuando el juzgador no realiza un correcto juicio de tipicidad, derivando en consecuencia en una errónea subsunción, pues conforme se expresó en III.1.1. de este fallo, para la existencia de un delito, es necesario que la conducta desplegada por el imputado se encuadre de forma exacta en el tipo penal acusado, que lógicamente debe estar descrito en el Código Penal; lo contrario implica atipicidad, circunstancia ante la cual, la conducta no es reprochable penalmente…». A su vez, el Auto Supremo Nº 654 de 15 de diciembre de 2007, señaló: «… Con respecto a la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva, se debe considerar que aparentemente es dependiente o emergente de otros defectos de la sentencia como el de defectuosa valoración de la prueba, empero se trata de un defecto totalmente independiente, puesto que el mismo se refiere al hecho de que consentidos y aceptados los elementos probatorios extraídos por el Juez de mérito de los diferentes medios de prueba puestos en su conocimiento, determinada la relación de hechos, la conducta de los procesados, su participación así como otras circunstancias concomitantes, el defecto se opera a tiempo de aplicar la norma sustantiva, de ahí que este defecto in iudicando es preciso, no cuestiona la prueba misma, ni los elementos que de ella se han obtenido sino más al contrario se encuadra en lo que se denomina la teoría general del delito, y se debe razonar sobre la premisa incuestionable que provee la sentencia a través de la fundamentación intelectiva. De ahí que el objeto de la denuncia de la errónea aplicación de la ley sustantiva, es precisamente la crítica al razonamiento desarrollado por el juzgador en el momento de la subsunción del hecho que se juzga en el tipo penal, señalando de manera concreta el razonamiento que se considera errado». III.2. La fundamentación de la Sentencia y su control por el Tribunal de Apelación: Con relación a los elementos que debe contener la Sentencia a fin de considerarse debidamente fundamentada, el Auto Supremo N° 354/2014-RRC de 30 de julio, estableció el siguiente razonamiento: «… Respecto a la Sentencia, el sistema procesal penal, impone requisitos esenciales de forma y contenido, que se encuentran descritos en el art. 360 del CPP, concordante con los arts. 124 y 173 del mismo cuerpo legal; exigencias, de las que se establece la estructura básica de la Resolución de mérito, que debe encontrarse debidamente fundamentada y motivada. (…) el inc. 2) del art. 360 del CPP, señala que la Sentencia debe contener la enunciación del hecho y circunstancias que hayan sido objeto del juicio; es decir, debe contener la relación de los hechos que dieron origen al proceso, además de todas las circunstancias que se consideran probadas (fundamentación fáctica), que inexcusablemente deben encontrarse apropiadamente sustentadas por los medios probatorios incorporados legalmente al juicio y que deben ser descritos de forma individual en la Sentencia (fundamentación probatoria descriptiva), cuya valoración requiere, conforme el art. 173 del CPP, que el Juez o Tribunal asigne el valor correspondiente, a cada uno de los medios de prueba, aplicando las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales otorga un determinado valor (positivo, negativo, relevante, irrelevante, útil, pertinente, etc.), para posteriormente, vincular cada medio de prueba y con base en la apreciación conjunta y armónica del elenco probatorio producido, emitir el fallo correspondiente (fundamentación probatoria intelectiva). En la parte dispositiva del fallo, conforme establece el art. 360 inc. 4) del CPP, el juzgador debe justificar normativamente la decisión; es decir, debe citar, las normas aplicables y en caso de emitirse Sentencia condenatoria de acuerdo al art. 365 del CPP, el juzgador debe fijar con precisión la sanción correspondiente, con base en los arts. 37, 38, 39, 40, 40 bis del CP -los últimos, cuando corresponda- tomando en cuenta las atenuantes y agravantes que concurran (fundamentación jurídica). De lo anterior se tiene que la Sentencia debe estar estructurada de la siguiente forma: a) Fundamentación fáctica; b) Fundamentación probatoria que debe ser descriptiva e intelectiva (la última implica valoración individual y conjunta de la prueba) y; c) Fundamentación jurídica. La ausencia de cualquiera de las formas de fundamentación en el fallo, importa falta de fundamentación de la Resolución en infracción con el art. 124 del CPP; sin embargo, no toda omisión o defecto en la fundamentación implica defecto absoluto, sino, únicamente aquellos vinculados con la inmediación de la prueba, pues, la indebida fundamentación jurídica o su ausencia, en cuanto a la imposición de la pena, al corresponder a un momento posterior a la valoración de la prueba, puede ser objeto de corrección o complementación en grado de apelación, conforme establece el art. 314 del CPP, sobre la base de las conclusiones a las que arribó el juez o Tribunal sentenciador, respecto a la existencia del hecho, la participación del encausado y su culpabilidad en el hecho juzgado. En cuanto a la fundamentación probatoria, siendo el juzgador de mérito, el único facultado para valorar prueba, la ausencia de fundamentación, sea descriptiva o intelectiva, implica defecto absoluto inconvalidable, toda vez que, conforme el vigente sistema recursivo, el Tribunal de alzada no puede suplir la fundamentación probatoria, porque ello implica valoración de la prueba; pues, la falta de fundamentación descriptiva sobre alguna de las pruebas, impide el control sobre ella. De la misma forma, la ausencia de fundamentación intelectiva, imposibilita verificar, si la valoración de la prueba, sea individual o conjunta, se hizo en correcta aplicación de las reglas de la sana crítica…». III.3. Valoración probatoria defectuosa: En el Auto Supremo Nº 222/2017-RRC de 21 de marzo, respecto a la valoración defectuosa de la prueba, se afirmó: «… pues la parte recurrente debe tener presente que cuando se alega la defectuosa valoración probatoria, para que su recurso surta el efecto deseado debe expresar las reglas de la lógica, que hubieren sido inobservadas por el Tribunal juzgador, además de vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, debiendo considerarse que el recurso basado en errónea apreciación de la prueba tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano, resultando deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente tal cual sucedió en el caso presente, en el que la imputada se limitó a efectuar apreciaciones personales sobre las pruebas testificales producidas en juicio, cuando lo correcto, era que para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica se acredite que la motivación de la sentencia está fundada por un hecho no cierto, que se haya invocado afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, situación no acontecida en la apelación restringida resultando en consecuencia correcta la conclusión del Tribunal de alzada respecto a su imposibilidad de revalorizar la prueba. Consiguientemente, se concluye que no es evidente la contradicción alegada por la recurrente, ya que el Tribunal de alzada dentro del ámbito de su competencia efectuó el control legal sobre la sentencia impugnada prueba de ello es el haber identificado los acápites de la resolución apelada en los que supuestamente se encontraban los defectos denunciados para luego previo el análisis correspondiente concluir que no eran evidentes los defectos alegados; pero, también de forma adecuada y acorde a la jurisprudencia existente -sobre la revalorización probatoria- fue claro al establecer que los Tribunales de alzada están impedidos de dicha labor, por lo que debe tenerse presente que para exigir el cumplimiento de derechos, se debe previamente cumplir con la correcta formulación de su recurso en este caso el de apelación restringida, el no hacerlo conlleva a que el Tribunal de alzada de manera adecuada observe su imposibilidad de revalorizar prueba; en cuyo mérito, corresponde declarar infundado el presente motivo…». Coincidiendo con lo referido, en el Auto Supremo Nº 271/2017-RRC de 17 de abril, se afirmó: «…, cuando se denuncia defectuosa valoración probatoria, primero el recurrente debe proveer los suficientes elementos argumentativos que permitan establecer qué pruebas fueron defectuosamente valoradas, para luego establecer porqué se considera la concurrencia del citado defecto a partir de la identificación debida de cuál la regla de la sana crítica que fue inobservada, el no hacerlo genera la ineficacia del recurso de apelación restringida». III.4. Labor, alcances y límites de los Tribunales de Alzada en apelación restringida: El AS Nº 223/2018-RRC de 10 de abril, sostuvo: «Como quiera que el proceso penal gira en torno al juicio oral, resulta claro que su producto, la sentencia sea también el eje a partir del que el sistema de recursos vaya a girar; es decir, la decisión tomada en primera instancia es la determinante para etapas ulteriores; de ahí que, los principios que rigen la emisión de la sentencia sean los mismos que enmarquen la etapa de recursos subsiguientes, bien sea por congruencia en el tratamiento ofrecido en las distintas etapas del proceso, bien por seguridad jurídica de las decisiones judiciales. A partir de lo antes expresado, la Sala considera: a) El recurso de apelación restringida es por naturaleza una instancia de revisión de la sentencia, desde una perspectiva únicamente de derecho, reservada en mayor parte para revisión de la aplicación de la Ley sustantiva, tal cual lo dispone el primer párrafo del art. 407 del CPP. b) Los defectos de la Sentencia previstos en el art. 370 del CPP, son recurribles vía apelación restringida, a efectos de control de aplicación de la norma y control de logicidad del razonamiento de la Sentencia, esto es, la labor de verificación del cumplimiento de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, control sobre la determinación de los hechos probados, examen sobre la subsunción y adecuación jurídica de los hechos, control de determinación e imposición de la pena, control de la debida y suficiente motivación (determinación de los hechos) y fundamentación (aplicación de la específica de la norma) (...)». Concordante con lo anterior, el AS Nº 228/2018-RRC de 10 de abril, sostuvo: «... A su turno en fase de recursos la regla procesal de competencia, es mucho más básica, pues el art. 398 del CPP, como norma general al sistema de recursos, estima que los Tribunales de alzada ceñirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada. El perímetro recursivo postulado por el citado artículo, en consideración de la Sala, no constituye un mero formulismo, sino en los hechos es la llave que procura una decisión imparcial dentro de un trámite esencialmente contencioso, como lo es el penal y cuya sensibilidad se amplifica al estar relacionado con el derecho a la libertad. Toda resolución judicial no puede ser considerada como debidamente fundamentada cuando rebasa el marco de su competencia que por efecto del principio dispositivo (que nutre la actividad procesal en general); por cuanto, no sólo se generaría un desajuste de argumentos y criterios, sino ocasionaría una lesión directa a derechos de terceros y principios que ordenan la actividad jurisdiccional escritos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado...». IV. ANÁLISIS DEL CASO: Verificado en atención a los alcances y límites del Tribunal de alzada, que prevé el art. 398 del CPP, conforme fue desarrollado en los AASS Nº 223/2018-RRC de 10 de abril y N° 228/2018-RRC de 10 de abril; explicitando además, que el orden sistemático de los motivos del recurso de apelación es relevante, pues la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva exige el respeto a la intangibilidad de los hechos declarados probados, careciendo de lógica formular y/o resolver este motivo de recurso con anterioridad a otros en los que se cuestiona dicho relato fáctico. Si esto es así, alegando el apelante la concurrencia de vicios en la Sentencia, el defecto previsto por el art. 370 num. 1 del CPP, será tratado luego del relativo al previsto por el art. 370 nums. 4 y 5 del código preindicado. IV.1. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a la norma, art. 370 núm. 4 del CPP: a) En apelación restringida y conforme se razonó en el AS N° 550/2014-RRC de 15 de octubre, corresponde al Tribunal de alzada, el control de la legalidad y logicidad de la Sentencia, siempre con base en lo alegado por el recurrente, puesto que cuando se alegue el vicio de la Sentencia descrito en el inc. 4) del CPP, el Tribunal de apelación debe tomar en cuenta, si con la incorporación y posterior valoración de un medio probatorio, que no cumpla con las formalidades legales, el Tribunal de mérito vulneró o no derechos y/o garantías constitucionales, y si con ese accionar, se dejó en estado de indefensión a quien denunció el defecto; pues no es posible anular un juicio, y con ello poner nuevamente en movimiento todo el aparato judicial, con el único fin de cumplir formalidades que en los hechos no afecten el fondo del proceso o su resultado final. b) Examinado el escrito recursivo, si bien el recurrente invocó el vicio procesal en análisis, no es menos evidente que lo hizo con total falencia de técnica recursiva, pues en esencia, no reclamó que la Sentencia esté asentada en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio o en incorporados por su lectura con violación de la norma, sino que el A quo rechazó su pretensión de judicializar prueba que no fue ofrecida por esta parte sino por el acusado; por lo mismo, la ausencia de aporte idóneo que sustente el defecto de sentencia previsto por el num. 4 del art. 370 del CPP, impide acoger la denuncia del recurrente, máxime cuando también resulta apreciable el patente y manifiesto error de procedimiento en el que incurrió el acusador particular quien, si acaso consideraba que la resolución del A quo, que rechazó su intención de que se exhiba la minuta de transferencia suscrita entre el justiciable y Demetrio Pacheco Banque, debió invocar el recurso llamado por ley pero a partir del Auto interlocutorio que -se reitera- rechazó su pretensión, sobre el cual únicamente -conforme se razonó en el AS Nº 005/2019-RRC de 23 de enero-, procede la apelación incidental de la que trata el art. 403 del CPP, claro está a interponerse conjuntamente a la apelación restringida, esto a fin de impugnar la decisión del Juzgado de instancia, sin recurso ulterior. IV.2. Que no exista fundamentación de la sentencia o que esta sea insuficiente o contradictoria, num. 5 del art. 370 del CPP: a) Se ha repetido hasta lo extenuante que la fundamentación de las resoluciones judiciales forma parte del derecho al debido proceso, y que el Estado, desde el texto constitucional, lo reconoce y garantiza a través de sus arts. 115.II, 117.I y 180.I. El Tribunal Supremo de Justicia, sin desconocer la afirmación anterior, clarificó el asunto a través del AS Nº 77/2018-RRC de 23 de febrero, considerando -con manifiesto acierto- que la fundamentación de la sentencia penal –como instituto de orden procesal– no constituye un fin en sí misma. Concordante con lo anterior, el AS Nº 354/2014-RRC de 30 de julio, identificó los requisitos esenciales de forma y contenido, que descritos en el art. 360 del CPP, de manera concordante con los arts. 124 y 173 del mismo cuerpo legal, constituyen la estructura justificativa básica de la Sentencia, a saber: i) fundamentación fáctica; ii) fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva; y, iii) fundamentación jurídica. b) En ese orden, el art. 370 num. 5 del CPP, acorde al análisis realizado en el AS Nº 123/2019-RRC de 07 de marzo, prevé como defecto de sentencia vinculado a la fundamentación: ? La inexistencia de fundamentación en cualquiera de sus modalidades, a saber: fáctica, probatoria –descriptiva e intelectiva– o jurídica; ? La existencia de fundamentación, pero insuficiente por no cumplir con los estándares o parámetros exigidos para su validez o contradictoria al contener una proposición que se opone a otra porque se afirma lo que la otra niega y viceversa, de manera que ambas no pueden ser a un mismo tiempo verdaderas ni a un mismo tiempo falsas. c) El examen del escrito recursivo, permite advertir que el acusador particular invocó el vicio procesal en análisis, alegando que la Sentencia inobservó los requisitos de forma y contenido establecidos por ley, enfatizando que el inferior en grado omitió realizar el análisis intelectivo o ponderación de los elementos de prueba. Al respecto, de una revisión exhaustiva de la resolución confutada, no se aprecia que incumpla los requisitos anotados en el inciso «a» del presente apartado, pues el Juzgado de instancia, para justificar la decisión sobre los hechos requerida por el art. 360 num. 3 del CPP, inició con la enunciación delimitativa del suceso motivo del juicio, así como su determinación circunstanciada, apuntándolos en su apartado «CONSIDERANDO III.- FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA.-» esto a partir de la acusación formulada por el querellante; para luego, en su acápite nominado «CONSIDERANDO VI: (MOTIVOS DE DERECHO QUE FUNDAMENTAN LA SENTENCIA)» que corre de fs. 150 vlta. a 153 de obrados, consignar los hechos probados anotados en el apartado «I.1» de la presente resolución; satisfaciendo de tal manera la fundamentación fáctica en atención a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que fueron objeto de juicio; claro está, resultante de la actividad probatoria desarrollada y no como sola consecuencia de la acusación particular. En el acápite rotulado «CONSIDERANDO V» cursante de fs. 148 vlta. a 150 de antecedentes, la Sentencia registró la fundamentación probatoria descriptiva, individuando y describiendo la prueba testifical, a saber: las declaraciones de Mario Chungaro Jiménez, Cristóbal Sejas Pizarro y Jaime Pacheco Hurtado, ofrecidas por el acusador particular; así como las atestaciones de Antonia Córdova de Grandi, Macedonia Hidalgo Zurita e Isidoro Escobar Coaquira, propuestas por el acusado. Igual ocurrió con la prueba documental, primero, la judicializada a petición del querellante, a saber: AP-1 (Testimonio Nº 4104 del registro de Derechos Reales), AP-2 (fotocopia legalizada de boleta de notificación y/o paralización), AP-3 (citación de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos), AP-4 (plano de referencia del bien inmueble) e inspección ocular; y, segundo, la incorporada a solicitud del procesado, esto es: las codificadas como DP-1 (Resolución Ejecutiva Nº 609), DP-2 (lista de aportes), DP-3 (Ordenanza Municipal Nº 1861), DP-4 (Ordenanza Municipal Nº 1678), DP-5 (minuta de transferencia de lote de terreno de 24.10.2011 y su reconocimiento), DP-6 (Testimonio de 9.10.1986), DP-7 (Testimonio Nº 789/2004), DP-8 (cuotas mensuales) y DP-9 (denuncia ante la fiscalía). Para a continuación, en el rotulado «APRECIACIÓN CONJUNTA DE LA PRUEBA ESENCIAL PRODUCIDA» cursante a fs. 150 y vlta. de los antecedentes, proceder a la fundamentación probatoria intelectiva individual y colectiva de la prueba con la pretensión de respaldar las conclusiones de carácter fáctico sobre las que se asienta la fallida subsunción ulterior. Así las cosas, se tiene patente la existencia de una estructura explicativa de forma y de fondo respecto a la determinación de los hechos, que descarta la falta e insuficiente fundamentación probatoria. En el rotulado «CONSIDERANDO VI (MOTIVOS DE DERECHO QUE FUNDAMENTAN LA SENTENCIA)» que cursa de fs. 150 vlta. a 153 de obrados, el Juez sentenciador, con inserción de consideraciones normativas y doctrinales, procedió a la fundamentación jurídica estableciendo por qué en el caso no se configuró el delito previsto por el art. 351 del CP, a saber: la prueba aportada por el acusador particular no fue suficiente para acreditar la participación del preindicado en el hecho acusado; inversamente, se corroboró que aquel se encuentra en posesión del bien inmueble a mérito de la existencia de un documento de compra. Por lo reseñado, no resulta patente que la Sentencia adolezca del defecto previsto por el art. 370 num. 5 del CPP; inversamente -se reitera- se tiene manifiesto que, en resguardo del deber de fundamentación establecido por el art. 124 del CPP, guarda la estructura explicativa de forma y de fondo desarrollada en el AS Nº 354/2014-RRC de 30 de julio. d) En cuanto al AS Nº 314/2006 de 25 de agosto, invocada como precedente vinculante, es menester referir que para citar y emplear el razonamiento jurídico contenido en tal resolución a la solución de un caso posterior, deben considerarse no sólo sus fundamentos jurídicos, sino la existencia de analogía e identidad respecto a los supuestos fácticos o procesales –según sea el caso– que motivaron el decisorio, con los hechos expresados con motivo del agravio denunciado en apelación; entonces, al no apreciarse ni exponerse en el recurso los razonamientos jurídicos del auto supremo con la identidad exigible, no corresponde ingresar a mayores consideraciones para dar cuenta de su inaplicabilidad para sustentar la concurrencia del vicio procesal en análisis. IV.3. Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, num. 1 del art. 370 del CPP: a) En el sistema procesal vigente los hechos probados en juicio se hallan sujetos al principio de intangibilidad; por lo mismo, ante la formulación del recurso de apelación restringida con base en el defecto que prevé el art. 370 num. 1 del CPP, corresponde al Tribunal de apelación, en ejercicio de la competencia que la ley le asigna, ejercitar el control de la subsunción, empero, a partir de los hechos probados conforme estableció el AS Nº 123/2017-RRC de 21 de febrero, a fin de advertir si el Juzgado a quo realizó una adecuada calificación de los mismos al tipo penal acusado. Si esto es así, en atención a lo reseñado en el AS Nº 045/2021-RRC de 04 de marzo, toca precisar que la errónea aplicación de la ley, está dirigida a determinar la inadecuada valoración jurídica del hecho, sea por impropiedad en la definición de la norma aplicable o, por defecto que pudiera derivarse en la interpretación de la misma, quedando así descartado que el defecto de sentencia en análisis, sea el medio para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho reservadas al Juzgado de instancia, pues no está orientado a cuestionar la prueba misma, ni los elementos que de ella se han obtenido; contrariamente, el defecto relativo a la errónea aplicación de la ley sustantiva, supone que consentidos y aceptados los elementos probatorios extraídos por el Juzgado de mérito de los diferentes medios de prueba puestos en su conocimiento, determinada la relación de hechos, la conducta del procesado, su participación, así como otras circunstancias concomitantes, el defecto opera a tiempo de aplicar la norma sustantiva a los hechos probados; de ahí que el art. 370 num. 1 del CPP, autorice únicamente la revisión del juicio jurídico realizado al dictar sentencia, sin posibilidad de alterar los hechos probados sobre los que el inferior en grado aplicó el derecho. Asimismo, si se tiene presente los presupuestos por los que la norma sustantiva puede ser erróneamente aplicada, a saber: i) errónea calificación de los hechos (tipicidad); ii) errónea concreción del marco penal o; iii) errónea fijación judicial de la pena (SC 727/2003-R), entre estos inexiste la falta de prueba para establecer algún elemento del delito, pues en el vicio procesal en análisis lo que se observa es la errónea calificación o concreción de los hechos establecidos como probados, a un tipo penal especifico; por lo mismo, no puede sostenerse la existencia del defecto de errónea aplicación de la norma sustantiva, basado en la inexistencia de prueba para demostrar la responsabilidad penal del acusado, así lo entendió el AS Nº 270/2017-RRC de 17 de abril. b) En el caso, siendo que el impugnante invocó el defecto de sentencia en análisis, era obligación de aquel, señalar, de manera concreta, el razonamiento inserto en la fundamentación jurídica que consideraba errado; sin embargo, revisado el escrito recursivo, se tiene patente que incurrió en grave error de procedimiento, pues pretende que bajo el vicio procesal en análisis sean examinados supuestos incardinados a la trasgresión del art. 173 del CPP. Así las cosas, siendo palmario que el acusador particular no está consintiendo ni aceptando los elementos probatorios extraídos por el Juzgado de mérito de los diferentes medios de prueba, claramente ha incurrido en una equívoca concepción de la norma procedimental, que amerita no sea posible advertir, en la justificación y decisorio de la Sentencia absolutoria, la inobservancia del art. 351 del Código Penal. En otros términos, la falta de técnica recursiva de parte del recurrente no permite concluir que el A quo haya inobservado el artículo glosado, por cuanto al Ad quem no le es permisible determinar la configuración del tipo penal por el que fue absuelto el procesado, a partir de las propias apreciaciones valorativas de la prueba efectuada por el impugnante, con clara abstracción de los hechos probados, lo que supone inexistencia de aporte idóneo en el recurso que ponga en evidencia el defecto alegado. Bajo estas premisas, el agravio formulado en razón de la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva que prescribe el art. 370 num. 1 del CPP, al ser meramente enunciativo y limitarse a reclamar por el resultado que debiera darse a la prueba, carece de asidero y motiva deba declararse sin lugar. IV.4. Que la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; y, que exista contradicción en su parte resolutiva o entre ésta y la parte considerativa, nums. 6 y 8 del art. 370 del CPP: Examinado el escrito recursivo, si bien es cierto que el apelante también invocó como defectos de la Sentencia los consignados en los nums. 6 y 8 del art. 370 del CPP, no es menos evidente que lo hizo con base en una simple mención genérica, carente de toda exposición de argumentos tendientes a sustentar y demostrar la existencia de tales vicios de sentencia. En ese contexto, la ausencia absoluta y patente de sustento fáctico y jurídico inherente a los vicios de sentencia aludidos, deviene en su manifiesta inconcurrencia, puesto que considerando lo razonado en el AS Nº 051/2021-RRC de 04 de marzo, dentro el sistema jurídico vigente no existe norma alguna que faculte al apelante a exponer «nuevos hechos» no argumentados de forma oportuna dentro el plazo previsto para la interposición del recurso de apelación restringida. En otros términos, los defectos de sentencia invocados empero carentes de fundamento, no son susceptibles de subsanación debido a la garantía constitucional de igualdad de las partes, prevista por los arts. 119.I y 180.I de la CPE. POR TANTO: La SALA PENAL TERCERA del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, impartiendo justicia a nombre del pueblo boliviano conforme prevé el art. 178.I de la CPE, en ejercicio de la autoridad conferida por el art. 58.1 de la Ley 025, declara: 1) IMPROCEDENTE el recurso de apelación restringida interpuesto por el Edwin Belmonte Vega; por consiguiente, 2) CONFIRMA la Sentencia Nº 11/2016 de 2 de marzo del Juzgado de Partido Penal, Liquidador y de Sentencia de Quillacollo. La presente resolución es impugnable dentro de los cinco (5) días señalados por el art. 417 del CPP. Regístrese y comuníquese. Fdo.- MSc. Jesús Víctor Gonzales Milán – Vocal Presidente de la Sala Penal Tercera. Fdo. Dra. María Giovanna Pizo Guzmán – Vocal de la Sala Penal Tercera.–Ante mí Secretaria de Sala. ES CONFORME. PROVEÍDO 28 DE MAYO DE 2024 A mérito del informe evacuado por Rayner Chuquimia Zerrillo en su condición de Oficial de Diligencias de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y habiéndose agotado esfuerzos este tribunal a objeto de lograr la notificación de Edwin Belmonte Vega con el Auto de Vista No. 407/2023-RAR de 11 de diciembre de 2023, en aplicación del art. 165 del CPP se dispone su notificación con el Auto de Vista indicado, mediante edictos a través del Servicio de Notificación Electrónica Judicial - Sistema Hermes. Notifique funcionaria. Fdo.- MSc. Jesús Víctor Gonzales Milán – Vocal de la Sala Penal Tercera. Fdo. Carol Ivonne Vega Colque, Secretaria – Abogada de la Sala Penal Tercera. Cochabamba, 03 de junio de 2024 D. S.O.


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