EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: SALA PENAL TERCERA


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA SALA PENAL TERCERA EDICTO MSC. JESÚS VÍCTOR GONZALES MILÁN - VOCAL DE LA SALA PENAL TERCERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA. POR EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO Y SE NOTIFICA AL SEÑOR FRANZ RICHAR CONDE FERNANDEZ (C.I. N° 5064465 OR.), CON EL AUTO DE VISTA N° 432/2023-RAR DE 18 DE DICIEMBRE DE 2023, PROVEÍDO DE 05 DE JUNIO DE 2024, DENTRO EL PROCESO PENAL SIGNADO CON EL CÓD. FUD.: 3070956, SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO A INSTANCIA DE LA ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA - GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA CONTRA RAÚL RAMIRO ARUQUIPA CONDORI Y FRANZ RICHAR CONDE FERNÁNDEZ, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ART. 181 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO, A CUYO FIN SE TRANSCRIBEN LOS SIGUIENTES ACTUADOS: AUTO DE VISTA N° 432/2023-RAR DE 18 DE DICIEMBRE DE 2023 VISTO, el recurso de apelación restringida interpuesto por Raúl Ramiro Aruquipa Condori y Franz Richar Conde Fernández contra la Sentencia Nº 26/2019 de 30 de agosto, del Tribunal de Sentencia Penal Nº 1 de la capital; dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la Aduana Nacional de Bolivia – Gerencia Regional Cochabamba contra los prenombrados recurrentes y Gabriel Niel Fernández Viza, por la presunta comisión del delito de contrabando, previsto y sancionado por el art. 181 del Código Tributario. I. ACTUADOS PROCESALES CON RELEVANCIA: I.1. Resolución apelada: El Tribunal de Sentencia Penal Nº 1 de la capital, mediante Sentencia Nº 29/2019 de 30 de agosto, declaró a Raúl Ramiro Aruquipa Condori y Franz Richar Conde Fernández culpables de la comisión del delito de contrabando, previsto y sancionado por el art. 181 del Código Tributario, imponiéndoles la pena de cinco (5) años y seis (6) meses de privación de libertad, a cumplir en el recinto penitenciario «San Sebastián» varones, al establecer que el 10 de mayo de 2017 a horas 17:00 aproximadamente, Raúl Ramiro Aruquipa Condori y Franz Richar Conde Fernández fueron interceptados por funcionarios del COA, transportando mercadería de contrabando, el primero conduciendo el camión marca Volvo tipo F-12, con placa de circulación 1870-CLG, habiendo recogido la mercadería consistente en zapatillas, ropa y fardos de ropa usada de la localidad Cahuana; y, el segundo, conduciendo el camión marca Volvo, tipo F-12, con placa de circulación 1441-SHY, habiendo recogido la mercadería, igualmente de la localidad Cahuana. Aprehendidos que fueron los prenombrados, éstos se identificaron como responsables de la mercadería, constituyendo los tributos omitidos en Bs. 1.726.885,30. En tanto que, Gabriel Niel Fernández Viza, fue aprehendido el mismo día, conduciendo el vehículo Nissan, color negro, tratando de bloquear el camino y obstaculizar el trabajo de las patrullas que trasladaban los camiones con mercadería indocumentada. I.2. Recurso de apelación restringida: Raúl Ramiro Aruquipa Condori y Franz Richar Conde Fernández, mediante escrito presentado el 2 de diciembre de 2019, interpusieron recurso de apelación restringida contra la Sentencia Nº 26/2019 de 30 de agosto, solicitando sea anulada con la consiguiente determinación de la reposición del juicio por otro tribunal de sentencia; afirmando para tal, la concurrencia de los defectos de sentencia previstos por el art. 370. 1, 5 y 6 del Código de Procedimiento Penal (en adelante citado simplemente: CPP). En desarrollo de tales agravios y bajo los siguientes rotulados, sostuvieron: I.2.1.Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva; art. 370.1 del CPP: Alegaron que, la consignación del lugar de los hechos, en la Sentencia, resulta confusa, puesto que se omitió realizar la inspección del lugar del hecho, siendo la labor del Ministerio Público, respecto a la determinación de los hechos, atentatorio contra los principios de la investigación científica; sin embargo, tal extremo no fue considerado por el Tribunal de instancia, no obstante haberse objetado la pretensión de la entidad persecutora. Alegaron que, las pruebas colectadas durante la investigación no resultan suficientes para fundar una sentencia condenatoria como se estableció en el apartado «II CONSIDERANDO» de la resolución apelada, en el que únicamente se hizo una descripción de los elementos probatorios contaminados, señalando a mayor abundamiento que tales medios probatorios no fueron colectados de un lugar específico, tal es el caso de la MP-P-2. Citaron el AS Nº 038/2013-RRC de 18 de febrero refiriendo que, si bien la pena está supeditada a la discrecionalidad del juez o tribunal, empero ésta no debe alejarse de los principios de razonabilidad y proporcionalidad atingentes a la determinación y finalidad constitucional de la misma. Añadieron que, no correspondía imponer una pena, puesto que el Ministerio Público no cuidó su labor de investigación, inexistiendo, en el caso, prueba o evidencia que importe la emisión de una sentencia condenatoria, máxime cuando la resolución de primera instancia carece de motivación y fundamentación. Invocaron el AS Nº 512/2007 de 11 de octubre, relativo al principio de congruencia, aseverando que el Tribunal de instancia actuó de forma ultra petita, pues emitió la Sentencia no obstante no cumplirse el objetivo de la investigación del proceso. Citaron los AASS Nº 335/2011 de 10 de junio y Nº 99/2011 de 25 de febrero, así como la SC 0207/2004-R de 9 de febrero, afirmando que la resolución confortada adolece de falta de fundamentación y motivación, transgrediendo así, la garantía fundamental del debido proceso. Anotaron las SSCC 727/2003-R de 3 de junio y 1075/2003 de 24 de julio, ambas inherentes a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva; asimismo, invocaron el defecto previsto por el art. 370.6 del CPP, infiriendo que el Tribunal de mérito no valoró correctamente la prueba, habiéndose limitado a valorar la prueba de la parte acusadora. I.2.2.Fundamentos jurídicos de aplicación obligatoria como precedentes contradictorios en la jurisdicción ordinaria: Citaron los AASS Nº 307/2003 de 11 de junio, Nº 320/2003 de 14 de junio, Nº 255/2011 de 6 de mayo y SC 0600/2003-R de 6 de mayo, afirmando que en la Sentencia no se aprecia la fecha de su emisión, sino aquellas relativas a la celebración del juicio oral y la lectura integra de la resolución confutada, constituyendo este extremo en un defecto absoluto no susceptible de convalidación al constituir un problema de fondo; asimismo, alegaron que el Tribunal de instancia incumplió con su obligación de verificar los actuados procesales. I.3. Contestación: Corrido como fue en traslado, el recurso no mereció pronunciamiento alguno. I.4. Audiencia de fundamentación: Al no haber sido solicitada, no fue programada. II. CONTROL DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: En observancia del principio de impugnación consagrado por el art. 180.II de la Constitución Politica del Estado (en adelante nominada simplemente: CPE), se pasa a examinar si el escrito recursivo presentado el 2 de diciembre de 2019, cumple con los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva. II.1. Presupuesto de impugnabilidad objetiva: Por mandato contenido en los arts. 394 y 396 num. 3 del CPP, las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por dicho código y en las condiciones de tiempo y forma también previstos por él. Concordante con lo anterior, el art. 408 del CPP, establece que el recurso será interpuesto por escrito, dentro el plazo de quince días de notificada la sentencia –forma y plazo–, y, asimismo, que deberá: i) citar concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas; y, ii) expresar cuál la aplicación que de ellas –de las normas identificadas como violadas o erróneamente aplicadas– se pretende. En el caso, la apelación restringida presentada el 2 de diciembre de 2019, fue interpuesta de modo escritural dentro los quince (15) días siguientes a las notificaciones practicadas el 27 de noviembre de 2019, observando así las circunstancias de tiempo y modo determinados por el art. 408 del CPP, por lo que cabe concluir que el recurso cumple con el presupuesto de impugnabilidad objetiva. II.2. Presupuesto de impugnabilidad subjetiva: Por mandato contenido en el art. 394 del CPP, el derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima aún no se hubiere constituido en querellante; entonces, siendo que el escrito presentado el 2 de diciembre de 2019, fue suscrito por Raúl Ramiro Aruquipa Condori y Franz Richar Conde Fernández, se tiene que el recurso cumple con el presupuesto de impugnabilidad subjetiva. II.3. Cumplidos los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, la SALA PENAL TERCERA, declara: 1) ADMISIBLE la apelación restringida interpuesta por Raúl Ramiro Aruquipa Condori y Franz Richar Conde Fernández; y, determina, 2) Ingresar al análisis de fondo del recurso. III. DOCTRINA INDICATIVA APLICABLE AL CASO: III.1. Errónea aplicación de la Ley sustantiva: En el Auto Supremo Nº 495/2014-RRC de 23 de septiembre de 2014, se sostuvo: «… La errónea aplicación de la Ley sustantiva, de manera general, constituye un vicio de Sentencia, descrito en el art. 370 inc. 1) del CPP como norma habilitante, por lo que necesariamente debe estar vinculado a la infracción de algún artículo del Código Penal. Se puede incurrir en este vicio por tres razones: 1) Errónea calificación de los hechos (tipicidad); 2) Errónea concreción del marco penal o; 3) Errónea fijación judicial de la pena (Sentencia Constitucional 1075/2003-R de 24 de julio). En este caso, atañe hacer referencia a la errónea calificación de los hechos; al respecto, el Auto Supremo 329 de 29 de agosto de 2006, estableció que: "La calificación del delito en el Código de Procedimiento Penal, se entiende como la apreciación que cada una de las partes hace de los hechos, de las leyes aplicables y de la resultante relacionada al acusado, y, cuando no se la califica adecuadamente, se genera una errónea aplicación de la ley sustantiva, por la errónea calificación de los hechos (tipicidad), porque la adecuación de la conducta humana a la descripción objetiva del o de los delitos endilgados, debe ser correcta y exacta...". De la doctrina legal precitada, se establece que se incurre en errónea aplicación de la Ley sustantiva, por errónea calificación de los hechos, cuando el juzgador no realiza un correcto juicio de tipicidad, derivando en consecuencia en una errónea subsunción, pues conforme se expresó en III.1.1. de este fallo, para la existencia de un delito, es necesario que la conducta desplegada por el imputado se encuadre de forma exacta en el tipo penal acusado, que lógicamente debe estar descrito en el Código Penal; lo contrario implica atipicidad, circunstancia ante la cual, la conducta no es reprochable penalmente…». A su vez, el Auto Supremo Nº 654 de 15 de diciembre de 2007, señaló: «… Con respecto a la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva, se debe considerar que aparentemente es dependiente o emergente de otros defectos de la sentencia como el de defectuosa valoración de la prueba, empero se trata de un defecto totalmente independiente, puesto que el mismo se refiere al hecho de que consentidos y aceptados los elementos probatorios extraídos por el Juez de mérito de los diferentes medios de prueba puestos en su conocimiento, determinada la relación de hechos, la conducta de los procesados, su participación así como otras circunstancias concomitantes, el defecto se opera a tiempo de aplicar la norma sustantiva, de ahí que este defecto in iudicando es preciso, no cuestiona la prueba misma, ni los elementos que de ella se han obtenido sino más al contrario se encuadra en lo que se denomina la teoría general del delito, y se debe razonar sobre la premisa incuestionable que provee la sentencia a través de la fundamentación intelectiva. De ahí que el objeto de la denuncia de la errónea aplicación de la ley sustantiva, es precisamente la crítica al razonamiento desarrollado por el juzgador en el momento de la subsunción del hecho que se juzga en el tipo penal, señalando de manera concreta el razonamiento que se considera errado». III.2. Labor, alcances y límites de los tribunales de alzada en apelación restringida: El Auto Supremo Nº 223/2018-RRC de 10 de abril (SP), sostuvo: «… Como quiera que el proceso penal gira en torno al juicio oral, resulta claro que su producto, la sentencia sea también el eje a partir del que el sistema de recursos vaya a girar; es decir, la decisión tomada en primera instancia es la determinante para etapas ulteriores; de ahí que, los principios que rigen la emisión de la sentencia sean los mismos que enmarquen la etapa de recursos subsiguientes, bien sea por congruencia en el tratamiento ofrecido en las distintas etapas del proceso, bien por seguridad jurídica de las decisiones judiciales. A partir de lo antes expresado, la Sala considera: a) El recurso de apelación restringida es por naturaleza una instancia de revisión de la sentencia, desde una perspectiva únicamente de derecho, reservada en mayor parte para revisión de la aplicación de la Ley sustantiva, tal cual lo dispone el primer párrafo del art. 407 del CPP. b) Los defectos de la Sentencia previstos en el art. 370 del CPP, son recurribles vía apelación restringida, a efectos de control de aplicación de la norma y control de logicidad del razonamiento de la Sentencia, esto es, la labor de verificación del cumplimiento de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, control sobre la determinación de los hechos probados, examen sobre la subsunción y adecuación jurídica de los hechos, control de determinación e imposición de la pena, control de la debida y suficiente motivación (determinación de los hechos) y fundamentación (aplicación de la específica de la norma) (...)». Concordante con lo anterior, el Auto Supremo Nº 228/2018-RRC de 10 de abril, sostuvo: «… A su turno en fase de recursos la regla procesal de competencia, es mucho más básica, pues el art. 398 del CPP, como norma general al sistema de recursos, estima que los Tribunales de alzada c sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada. El perímetro recursivo postulado por el citado artículo, en consideración de la Sala, no constituye un mero formulismo, sino en los hechos es la llave que procura una decisión imparcial dentro de un trámite esencialmente contencioso, como lo es el penal y cuya sensibilidad se amplifica al estar relacionado con el derecho a la libertad. Toda resolución judicial no puede ser considerada como debidamente fundamentada cuando rebasa el marco de su competencia que por efecto del principio dispositivo (que nutre la actividad procesal en general); por cuanto, no sólo se generaría un desajuste de argumentos y criterios, sino ocasionaría una lesión directa a derechos de terceros y principios que ordenan la actividad jurisdiccional escritos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE)…». IV. ANÁLISIS DEL CASO: Realizado en atención a los alcances y límites del Tribunal de alzada, que prevé el art. 398 del CPP, conforme fue desarrollado en los AASS Nº 223/2018-RRC de 10 de abril y N° 228/2018-RRC de 10 de abril. IV.1. Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva; art. 370.1 del CPP: a) En el sistema procesal vigente los hechos probados en juicio se hallan sujetos al principio de intangibilidad; por lo mismo, ante la formulación del recurso de apelación restringida con base en el defecto que prevé el art. 370.1 del CPP, corresponde al Tribunal de apelación, en ejercicio de la competencia que la ley le asigna, ejercitar el control de la subsunción, empero, a partir de los hechos probados conforme estableció el AS Nº 123/2017-RRC de 21 de febrero, a fin de advertir si el Tribunal a quo realizó una adecuada calificación de los mismos al tipo penal acusado. Si esto es así, en atención a lo reseñado en el AS Nº 045/2021-RRC de 04 de marzo, toca precisar que la errónea aplicación de la ley, está dirigida a determinar la inadecuada valoración jurídica del hecho, sea por impropiedad en la definición de la norma aplicable o, por defecto que pudiera derivarse en la interpretación de la misma, quedando así descartado que el defecto de sentencia en análisis, sea el medio para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho reservada al Tribunal de Sentencia, pues no está orientado a cuestionar la prueba misma, ni los elementos que de ella se han obtenido; contrariamente, el defecto relativo a la errónea aplicación de la ley sustantiva, supone que consentidos y aceptados los elementos probatorios extraídos por el Tribunal de mérito de los diferentes medios de prueba puestos en su conocimiento, determinada la relación de hechos, la conducta de los procesados, su participación, así como otras circunstancias concomitantes, el defecto opera a tiempo de aplicar la norma sustantiva a los hechos probados; de ahí que el art. 370.1 del CPP, autorice únicamente la revisión del juicio jurídico realizado al dictar sentencia, sin posibilidad de alterar los hechos probados sobre los que el inferior en grado aplicó el derecho. Consonante con lo anterior, el AS Nº 270/2017-RRC de 17 de abril, estableció que en el vicio procesal en análisis, concurrente por: i) errónea calificación de los hechos (tipicidad); ii) errónea concreción del marco penal o; iii) errónea fijación judicial de la pena; lo que se observa es la errónea calificación o concreción de los hechos establecidos como probados, a un tipo penal especifico; por lo mismo, no puede sostenerse la confluencia del defecto de errónea aplicación de la norma sustantiva, basado en la inexistencia de prueba para demostrar la responsabilidad penal del acusado. b) En el caso, el examen del escrito recursivo, no permite advertir que los recurrentes hayan reclamado por la errónea calificación de los hechos o la errónea concreción del marco penal, sino más bien, por la errónea fijación de la pena, pero no por la errónea aplicación de los 37, 38, 39 y 40 del CP, sino por la imposibilidad de aplicarse una pena, debido a que el Ministerio Público incumplió con su labor de investigación y colección de medios probatorios de un lugar especificó, cuestionando inclusive los recurrentes, que el Tribunal de instancia omitió considerar la ausencia de actos investigativos del Ministerio Público que permitan precisar el lugar de la comisión del hecho ilícito; relievando así, la clara falta de técnica recursiva de los apelantes, quienes de modo manifiesto omitieron señalar, de manera concreta, el razonamiento inserto en la fundamentación jurídica, inherente a la fijación de la pena, que consideran errado, pretendiendo incluso que la Sala dirima asuntos precedentes a la Sentencia -labor investigativa del Ministerio Público-, cuando los apelantes han tenido los mecanismos llamadas por ley para hacer valer tales, no pudiendo ahora introducir en el recurso cuestiones cuyo tratamiento y resolución debió dilucidarse por los mecanismos llamados por ley. Entonces, considerando que la pretensión de los impugnantes supone transmutar la previsión contendida en el art. 407 parte in fine del CPP y la doctrina legal establecida por el AS Nº 191/2019-RRC de 29 de marzo, relativa a la imposibilidad de que el recurso en cuestión esté asentado en defectos de actos precedentes a la Sentencia, no resulta plausible acoger los alegatos anotados en el escrito recursivo. c) Sin perjuicio de lo anterior, el análisis de la fundamentación jurídica inmanente a la fijación de la pena, tampoco permite constatar yerro alguno, ello por los siguientes aspectos: ? Para la determinación de la sanción, corresponde partir de la media del quantum de la pena indeterminada aplicable al delito por el que fueron condenados los ahora apelantes, para a continuación considerar de manera aditiva la existencia de agravantes, así como de forma sustractiva la presencia de atenuantes. ? En el caso, el A quo reconoció, la concurrencia de atenuantes, tales como la edad, la educación, la ausencia de antecedentes penales y la tenencia de una hija en lo que respecta a Raúl Ramiro Aruquipa Condori; en tanto que, con relación a Franz Richar Conde Fernández, igualmente consideró su edad, educación y la inexistencia de antecedentes penales. Al respecto, no resulta patente la errónea aplicación del art. 37 de CP, por cuanto el Tribunal de instancia ha sido consecuente con las circunstancias compatibles con lo previsto por el art. 38.1 del CP, pues ha considerado la confluencia de atenuantes emergentes de la personalidad de los procesados, para decantarse en la imposición de una pena inferior a la media -cercana a la mínima-, esto es, cinco (5) años y seis (6) meses de privación de libertad. Los extremos reseñados supra, no permiten advertir que el inferior en grado haya aplicado erróneamente la ley sustantiva de la que trata el art. 370.1 del CPP, particularmente de los arts. 37 y 38 del CPP, en su vertiente errónea fijación de la pena. d) En cierre del asunto, entre los alegatos de los recurrentes, se tiene que éstos han reclamado por la falta de fundamentación de la Sentencia y por la errónea valoración de la prueba; sin embargo, tales supuestos, responden a una simple mención genérica o enunciación, carente de toda exposición de argumentos tendientes a sustentar y demostrar la existencia de tales vicios; por lo mismo, la ausencia absoluta y patente de sustento fáctico y jurídico inherente a aquellos defectos postulados por el art. 370.5 y 6 del CPP, deviene en su manifiesta inconcurrencia, puesto que considerando lo razonado en el AS Nº 051/2021-RRC de 04 de marzo, dentro el sistema jurídico vigente no existe norma alguna que faculte a los apelantes a exponer «nuevos hechos» no argumentados de forma oportuna dentro el plazo previsto para la interposición del recurso de apelación restringida. Por lo mismo, los defectos de sentencia invocados empero carente de fundamento, no son susceptibles de subsanación en razón de la garantía constitucional de igualdad de las partes, prevista por los arts. 119.I y 180.I de la CPE. e) En cuanto a los AASS N° 038/2013-RRC, Nº 512/2007 de 11 de octubre, Nº 335/2011 de 10 de junio, Nº 99/2011 de 25 de febrero, así como la SC 0207/2004-R de 9 de febrero, todos invocados como precedentes vinculantes, es menester referir que para citar y emplear el razonamiento jurídico contenido en tales resoluciones a la solución de un caso posterior, deben considerarse no sólo sus fundamentos jurídicos, sino la existencia de analogía e identidad respecto a los supuestos fácticos o procesales –según sea el caso– que motivaron el decisorio, con los hechos expresados con motivo del agravio denunciado en apelación; entonces, al no apreciarse ni exponerse en el recurso los razonamientos jurídicos de aquellas resoluciones con la identidad exigible, no corresponde ingresar a mayores consideraciones para dar cuenta de su inaplicabilidad para sustentar la concurrencia del vicio procesal en análisis. Respecto a las SSCC 727/2003-R de 3 de junio y 1075/2003 de 24 de julio, es importante referir que la doctrina indicativa relativa a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, consignadas en aquellas, coinciden con los citados por la Sala; por lo mismo, no resulta plausible ingresar a mayores consideraciones, al ser perceptible su vinculación al vicio procesal en análisis. IV.2. Que no conste la fecha y no sea posible determinarla; art. 370. 9 del CPP: a) Revisado el escrito recursivo, se desprende que los apelantes pretenden la concurrencia del defecto en análisis, por carecer, la Sentencia, de la fecha de emisión; al respecto, resulta contradictorio e inexplicable para la Sala que los recurrentes invoquen la concurrencia del vicio procesal postulado por el art. 370.9 del CPP, cuando éstos, reconocen que en la resolución apelada, consta la fecha de su lectura íntegra, que en sí, viene a constituir la fecha de su emisión, a saber: 30 de agosto de 2019, tal cual prevé el art. 361 del CPP, que permite al Tribunal de instancia, emitir la parte resolutiva de la Sentencia al término del juicio oral, cuando la complejidad del proceso así lo amerite, pudiendo diferir el pronunciamiento de los fundamentos de aquella resolución, señalando audiencia de lectura íntegra dentro el plazo de los tres (3) días siguientes. En consecuencia, no resulta patente que la Sentencia incurra en el vicio procesal instituido por el art. 370.9 del CPP, mucho menos en defectos procesales absolutos no susceptibles de convalidación. b) En cuanto a los AASS Nº 307/2003 de 11 de junio, Nº 320/2003 de 14 de junio y Nº 255/2011 de 6 de mayo, así como la SC 0600/2003-R de 6 de mayo, invocados como precedentes vinculantes, los recurrente igualmente omitieron identificar los razonamientos jurídicos propios a tales resoluciones que determine su aplicación, a partir de la analogía e identidad de supuestos requeridos con motivo del agravio denunciado en apelación; por lo mismo, al no ser perceptible para el Ad quem tales circunstancias, no corresponde ingresar a mayores consideraciones para dar cuenta de su irrelevancia para sustentar el vicio procesal en análisis. POR TANTO: La SALA PENAL TERCERA del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, impartiendo justicia a nombre del pueblo boliviano conforme prevé el art. 178.I de la CPE, en ejercicio de la autoridad conferida por el art. 58.1 de la Ley 025, declara: 1) IMPROCEDENTE el recurso de apelación restringida interpuesto por Raúl Ramiro Aruquipa Condori y Franz Richar Conde Fernández; por consiguiente, 2) CONFIRMA la Sentencia Nº 26/2019 de 30 de agosto, del Tribunal de Sentencia Penal Nº 1 de la capital. La presente resolución es impugnable dentro de los cinco (5) días señalados por el art. 417 del CPP; empero con exclusión del efecto suspensivo conforme prevé la segunda parte del núm. 1 del art. 396 del CPP. Regístrese y comuníquese. Fdo.- MSc. Jesús Víctor Gonzales Milán – Vocal Presidente de la Sala Penal Tercera. Fdo. Dra. María Giovanna Pizo Guzmán – Vocal de la Sala Penal Tercera. Fdo. Carol Ivonne Vega Colque, Secretaria – Abogada de la Sala Penal Tercera. PROVEÍDO DE 05 DE JUNIO DE 2024 Téngase presente la notificación mediante Exhorto Suplicatorio del acusado Raul Ramiro Aaruquipá Condori con el Auto de Vista No. 432/2023-RAR de 18 de diciembre de 2023 y arrímese a sus antecedentes. Así también, a mérito de la representación efectuada por Sonia Aguayo Ledezma en su condición de Oficial de Diligencias de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, y habiendo agotado esfuerzos este Tribunal a objeto de lograr la notificación del acusado Franz Richar Conde Fernández con el Auto de Vista No. 432/2023-RAR de fecha 18 de diciembre de 2023, en aplicación del art. 165 del CPP se dispone su notificación con el indicado Auto de Vista, mediante edictos a través del Servicio de Notificación Electrónica Judicial - Sistema Hermes. Notifique funcionaria. Fdo.- MSc. Jesús Víctor Gonzales Milán - Vocal de la Sala Penal Tercera. Fdo. Carol Ivonne Vega Colque, Secretaria – Abogada de la Sala Penal Tercera. Cochabamba, 10 de junio de 2024 D.S.O.


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