EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: SALA PENAL TERCERA


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA SALA PENAL TERCERA EDICTO MSC. JESÚS VÍCTOR GONZALES MILÁN - VOCAL DE LA SALA PENAL TERCERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA. POR EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO Y SE NOTIFICA A LA SEÑORA IRMA GENOVEVA ROMERO DE JANCO (C.I. N° 3147935 CBBA.), CON EL AUTO DE VISTA N° 284/2023-RAR DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2023, PROVEÍDO DE 06 DE JUNIO DE 2024, DENTRO EL PROCESO PENAL SIGNADO CON EL CÓDIGO ÚNICO: 30154551, SEGUIDO POR ERNESTO MARÍN CÁCERES VILLARROEL CONTRA IRMA GENOVEVA ROMERO DE JANCO, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS PREVISTOS Y SANCIONADOS POR LOS ARTS. 351, 352 Y 353 DEL CÓDIGO PENAL, A CUYO FIN SE TRANSCRIBEN LOS SIGUIENTES ACTUADOS: AUTO DE VISTA N° 284/2023-RAR DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 VISTO, el recurso de apelación restringida interpuesto por Irma Genoveva Romero de Janco contra la Sentencia de N° 03/2018 de 19 de enero, el Juzgado de Partido de Sentencia Penal y Liquidador Nº 1 de Quillacollo, dentro el proceso penal seguido por Ernesto Marín Cáceres Villarroel contra Irma Genoveva Romero de Janco, por la presunta comisión del delito de despojo, alteración de linderos y perturbación de posesión, previsto y sancionado en el art. 351, 352 y 353 del CP. I. ACTUADOS PROCESALES CON RELEVANCIA: I.1. Resolución apelada: Mediante Sentencia N° 03/2018 de 19 enero el Juez de Partido de Sentencia Penal y Liquidador Nº 1 de Quillacollo, dictó Sentencia condenatoria contra Genoveva Irma Romero de Janco por la comisión del delito de despojo, imponiéndole la pena privativa de libertad de tres años y tres meses (3 años y 3 meses) a cumplir en el recinto penitenciario «San Pablo» de Quillacollo, con costas y resarcimiento de daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia, porque el 1 de junio de 2015, la procesada en conjunto con Marcos Quispe realizaron un levantamiento topográfico afectando la propiedad del querellante, así también alteraron los linderos al lado norte, destruyendo mojones y colocaron otros, ingresando el 10 de junio de 2015 a horas 09:30 a la propiedad de Ernesto Marín Cáceres Villarroel sin autorización y mediante violencia, amenazas y engaños procedieron a despojarlo del lote de 10.0000 m2, ubicado en la zona de Caramarca comprensión de Sipe Sipe, adquirido por compra según documento de compra y venta de 09 de febrero de 2012. I.2. Recurso de apelación restringida: Irma Genoveva Romero de Janco, mediante escrito presentado el 23 de marzo de 2018, interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia N° 03/2018 de 19 de enero de 2018, alegando la concurrencia de los defectos de sentencia establecidos por el art. 370 del CPP, en sus núms. 1), 5), 6) y 8), solicitando se anule la sentencia, bajo los siguientes argumentos: I.2.1.Que la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; art. 370 núm. 6) del CPP: Afirmó que el Juez a quo no ha tomado en cuenta de forma objetiva las respuestas de los testigos Mario Quiroz Nina y Efraín Quiroz Nina, quienes tienen interés en el juicio por encontrarse en algunos casos como demandantes por hechos similares, por lo que sus declaraciones no deberían ser tomadas en cuenta. Agregó que en la sentencia se encuentran tergiversadas las declaraciones de los testigos, tal es el caso de Jacinta Heredia Muñoz, pues en la Sentencia la Juez indicó que «se compró un lote de terreno de 977 m2 de Agustina Carrasco y que luego conoció a Irma Genoveva Romero de Janco» pese a que manifestó que no conoce a Agustín Carrasco, extremo que no fue tomado en cuenta; por otro lado, el testigo Emilio Gonzales Cáceres refirió que no conoce el terreno de Ernesto Marín, contradictoriamente en la Sentencia refiere que sí, este tipo de contradicciones ocurren con los otros testigos, por lo que el Juez no tomó en cuenta las afirmaciones importantes realizadas por los testigos que demostraron que el querellante nunca estuvo en posesión del inmueble, por lo que el Juez a quo incurrió en el defecto que prevé el núm. 6) del art. 370 del CPP. Señaló que el Juez a quo otorgó inusual valor a las pruebas documentales AP-AP3 (Sic), que son simples planos de referencia, la AP4 y AP5 no identifican cual es el terreno de propiedad del querellante, el Juez a quo forzó argumentos y valoró las literales de forma totalmente errónea y subjetiva, siendo que no existe prueba acerca de la posesión que el acusador particular debió acreditar y que en ningún momento se demostró que su persona hubiese invadido el terreno del querellante o que su persona transfirió terrenos de propiedad del acusador particular, por lo que el Juez a quo no explicó cuál es el razonamiento intelectivo que le hace llegar a esa conclusión, considerando que está basada en una errónea aplicación de la prueba, no existe prueba alguna que demuestre que el querellante haya estado en posesión del terreno, que haya realizado trabajos y mucho menos que haya despojado al querellante, más aún si con la prueba D7 demostró ser legitima propietaria de la extensión de 31.140 m2 en la zona de Caramarca. Añadió que Oscar Omonte Serrano indicó que el Sr. Marín no puede llegar porque le dijeron que le harían desaparecer tronando petardos, asimismo el Sr. Emilio si bien indicó que no conoce al Sr. Marín entonces no debió haberse concluido que las declaraciones son uniformes y que incriminan a la procesada. Cuestionó la conclusión del Juez a quo de que exista algún cerco cuando ningún testigo de cargo declaró la existencia del mismo. La prueba AP8, consistente en una resolución de rechazo referente a un proceso con los mismos argumentos referidos en la acusación particular, pero con otra tipificación, concluyó que no se puede identificar el terreno del querellado, por lo que se le viene juzgando doblemente, transgrediendo el non bis in idem, previsto en el art. 117 inc. II de la CPE y art. 4 y 45 del CPP concordante con la SC 0506/2005R, incurriendo en defecto de sentencia contenido en el art. 169 inc. 3 de la CPP, correspondiendo la emisión de una nueva resolución. I.2.2.La inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva; art. 370 núm. 1) del CPP: Reclamó que el Juez quo tendría que haber analizado la concurrencia de todos los elementos configurativos del tipo penal de despojo, situación que no aconteció en el presente caso, siendo uno de los elementos que configura el tipo penal por el cual se le condena la tenencia, posesión o cuasi posesión, el querellante no demostró en juicio oral que haya estado en posesión o tenencia de los 10.000m2 que aduce que compró, situación evidenciada por las declaraciones testificales de Segundino Sánchez Ayni y Roberto Mamani Lujan, residentes de Otavi que solo vieron una vez al querellante; del mismo modo, ninguno de los testigos de cargo la acusó de haber ejercido violencia en contra del acusador particular y menos de haber ocupado su inmueble, así también que no tuvo ninguna relación con el querellante para que utilice la misma y lo despoje, entonces no se configuró los elementos del delito de despojo al no haberse demostrado que su conducta se adecue al delito referido. I.2.3.Que no exista fundamentación de la sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria; art. 370 núm. 5) del CPP: Refirió que en la sentencia no se realizó un análisis intelectivo de los hechos y de las pruebas en relación el delito y su actuar, realizando solo una transcripción del art. 351 del CP, atentando contra el derecho a la defensa y al debido proceso, no otorgando la valoración correspondiente a cada una de las pruebas y omitiendo contrastar unas con otras, vulnerando la seguridad jurídica. I.2.4.Que exista contradicción en su parte dispositiva o entre ésta y la parte considerativa; art. 370 núm. 8) del CPP: Señaló que el Juez a quo incurre en contradicciones al establecer en la parte considerativa sanciona con una pena de 3 años de reclusión y posteriormente en el «POR TANTO» de la resolución se le condena con un pena de tres años y tres meses. Añadió que, respecto a la fijación de la pena el A quo solo encuentra atenuantes como el hecho de ser una persona humilde, que no cuenta con antecedentes penales ni policiales, sin embargo se le condena con una sanción agravada ameritando la nulidad de la sentencia debido a que no existe fundamentación; asimismo, existe una serie de irregularidades debido a que en el acta no se hicieron constar muchos hechos de relevancia como lo referido por los testigos Mario Quiroz y Efrain Quiroz, la existencia de 2 personas que no fueron juzgadas y que pertenecen a otro proceso. Finalmente refirió la existencia de defectos absolutos inconvalidables que vulneran el debido proceso establecido en el art. 115 de la CPE y art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos e inobservancia del art. 124 del CPP. Como precedentes contradictorios identificó los Autos Supremos Nº 176/2010 de 26 de abril y Nº 418/2006 de 10 de octubre, así como la SC 0506/2005-R. I.3. Contestación: Corrido como fue en traslado, el recurso fue respondido por Ernesto Marín Cáceres Villarroel, mediante escrito presentado el 11 de abril de 2018, indicando que se demostró el actuar y la conducta de la acusada; que la apelante no hizo referencia con claridad a cuál es el agravio que le causa perjuicio, porque el Juez a quo realizó una valoración minuciosa de la prueba documental y testifical ofrecida conforme a la sana crítica. Respecto a la declaración efectuada por Mario Quiroz Nina, se demostró que la conducta desplazada por la acusada en el tipo penal de despojo, no solo se protagonizó contra Ernesto Marín Cáceres, sino también contra otra familia, por lo que no se podría considerar como una valoración defectuosa, cuando las pruebas de manera conjunta demostraron su actuar; conforme la prueba, ninguno de los testigos Segundino Sánchez Ayni, Roberto Mamani Lujan o Abrahan Sánchez Ayni, desvirtuaron la comisión del delito de despojo; que se hizo una minuciosa valoración de los antecedentes con la prueba generada que permitió se estime la participación de la acusada Irma Genoveva Romero de Janco como autora, por lo que la Sentencia cumple a cabalidad lo exigido por el art. 360 concordante con el art. 365 del CPP, solicitó se confirme la Sentencia. I.4. Audiencia de fundamentación: Al no haber sido solicitada, no fue programada. II. CONTROL DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: En observancia del principio de impugnación consagrado por el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (en adelante nominado simplemente: CPE), se pasa a examinar si el escrito recursivo presentado en 23 de marzo de 2018 cumple con los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva. II.1. Presupuesto de impugnabilidad objetiva: Por mandato contenido en los arts. 394 y 396 núm. 3) del CPP, las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por dicho código y en las condiciones de tiempo y forma también previstos por él. Concordante con lo anterior, el art. 408 del CPP, establece que el recurso será interpuesto por escrito, dentro el plazo de quince días de notificada la sentencia –forma y plazo–, y, asimismo, que deberá: i) citar concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas; y, ii) expresar cuál la aplicación que de ellas –de las normas identificadas como violadas o erróneamente aplicadas– se pretende. En el caso, la apelación restringida presentada en 23 de marzo de 2018, fue interpuesta de modo escritural dentro los quince (15) días siguientes a la notificación practicada en 05 de marzo de 2018, observando así las circunstancias de tiempo y modo determinados por el art. 408 del CPP, por lo que cabe concluir que el recurso cumple con el presupuesto de impugnabilidad objetiva. II.2. Presupuesto de impugnabilidad subjetiva: Por mandato contenido en el art. 394 del CPP, el derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima aún no se hubiere constituido en querellante; entonces, siendo que el escrito presentado en 23 de marzo de 2018, fue suscrito por la acusada Irma Genoveva Romero de Janco se tiene que el recurso cumple con el presupuesto de impugnabilidad subjetiva. II.3. Cumplidos los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, la SALA PENAL TERCERA declara: 1) ADMISIBLE la apelación restringida interpuesta por Irma Genoveva Romero de Janco; por consiguiente, 2) Ingresar al análisis del fondo del recurso. III. DOCTRINA INDICATIVA APLICABLE AL CASO: III.1 La fundamentación de la Sentencia y su control por el Tribunal de Apelación: Con relación a los elementos que debe contener la Sentencia a fin de considerarse debidamente fundamentada, el Auto Supremo N° 354/2014-RRC de 30 de julio, estableció el siguiente razonamiento: «… Respecto a la Sentencia, el sistema procesal penal, impone requisitos esenciales de forma y contenido, que se encuentran descritos en el art. 360 del CPP, concordante con los arts. 124 y 173 del mismo cuerpo legal; exigencias, de las que se establece la estructura básica de la Resolución de mérito, que debe encontrarse debidamente fundamentada y motivada. (…) De lo anterior se tiene que la Sentencia debe estar estructurada de la siguiente forma: a) Fundamentación fáctica; b) Fundamentación probatoria que debe ser descriptiva e intelectiva (la última implica valoración individual y conjunta de la prueba) y; c) Fundamentación jurídica. La ausencia de cualquiera de las formas de fundamentación en el fallo, importa falta de fundamentación de la Resolución en infracción con el art. 124 del CPP; sin embargo, no toda omisión o defecto en la fundamentación implica defecto absoluto, sino, únicamente aquellos vinculados con la inmediación de la prueba, pues, la indebida fundamentación jurídica o su ausencia, en cuanto a la imposición de la pena, al corresponder a un momento posterior a la valoración de la prueba, puede ser objeto de corrección o complementación en grado de apelación, conforme establece el art. 314 del CPP, sobre la base de las conclusiones a las que arribó el juez o Tribunal sentenciador, respecto a la existencia del hecho, la participación del encausado y su culpabilidad en el hecho juzgado». III.2 Labor, alcances y límites de los tribunales de alzada en apelación restringida: El Auto Supremo Nº 223/2018-RRC de 10 de abril (SP), sostuvo: «… El sistema procesal boliviano, obedece al modelo acusatorio y tiene en el juicio oral su eje central tal como lo establece el art. 329 del CPP, al señalar: El juicio es la fase esencial del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación; en forma contradictoria, oral, pública y continua, para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado, con plenitud de jurisdicción (…) Como quiera que el proceso penal gira en torno al juicio oral, resulta claro que su producto, la sentencia sea también el eje a partir del que el sistema de recursos vaya a girar; es decir, la decisión tomada en primera instancia es la determinante para etapas ulteriores; de ahí que, los principios que rigen la emisión de la sentencia sean los mismos que enmarquen la etapa de recursos subsiguientes, bien sea por congruencia en el tratamiento ofrecido en las distintas etapas del proceso, bien por seguridad jurídica de las decisiones judiciales. A partir de lo antes expresado, la Sala considera: a) El recurso de apelación restringida es por naturaleza una instancia de revisión de la sentencia, desde una perspectiva únicamente de derecho, reservada en mayor parte para revisión de la aplicación de la Ley sustantiva, tal cual lo dispone el primer párrafo del art. 407 del CPP. b) Los defectos de la Sentencia previstos en el art. 370 del CPP, son recurribles vía apelación restringida, a efectos de control de aplicación de la norma y control de logicidad del razonamiento de la Sentencia, esto es, la labor de verificación del cumplimiento de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, control sobre la determinación de los hechos probados, examen sobre la subsunción y adecuación jurídica de los hechos, control de determinación e imposición de la pena, control de la debida y suficiente motivación (determinación de los hechos) y fundamentación (aplicación de la específica de la norma) (...)». Concordante con lo anterior, el Auto Supremo Nº 228/2018-RRC de 10 de abril, sostuvo: «… A su turno en fase de recursos la regla procesal de competencia, es mucho más básica, pues el art. 398 del CPP, como norma general al sistema de recursos, estima que los Tribunales de alzada c sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada. El perímetro recursivo postulado por el citado artículo, en consideración de la Sala, no constituye un mero formulismo, sino en los hechos es la llave que procura una decisión imparcial dentro de un trámite esencialmente contencioso, como lo es el penal y cuya sensibilidad se amplifica al estar relacionado con el derecho a la libertad. Toda resolución judicial no puede ser considerada como debidamente fundamentada cuando rebasa el marco de su competencia que por efecto del principio dispositivo (que nutre la actividad procesal en general); por cuanto, no solo se generaría un desajuste de argumentos y criterios, sino ocasionaría una lesión directa a derechos de terceros y principios que ordenan la actividad jurisdiccional escritos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE)…». IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: Verificado en atención a los alcances y límites del Tribunal de alzada, que prevé el art. 398 del CPP, conforme fue desarrollado en los AASS Nº 223/2018-RRC de 10 de abril y N° 228/2018-RRC de 10 de abril; explicitando además, que el orden sistemático de los motivos del recurso de apelación es relevante, pues la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva exige el respeto a la intangibilidad de los hechos declarados probados, careciendo de lógica formular y/o resolver este motivo de recurso con anterioridad a otros en los que se cuestiona dicho relato fáctico. Si esto es así, alegando la apelante la concurrencia de vicios en la Sentencia, el defecto previsto por el art. 370 núm. 1) del CPP, será tratado luego del relativo al previsto por el art. 370 nums. 5), 6) y 8) del código preindicado. IV.1. Que no exista fundamentación de la sentencia o que esta sea insuficiente o contradictoria; art. 370 núm. 5 del CPP: a) Se ha repetido hasta lo extenuante que la fundamentación de las resoluciones judiciales forma parte del derecho al debido proceso, y que el Estado, desde el texto constitucional, lo reconoce y garantiza a través de sus arts. 115.II), 117.I) y 180.I). El Tribunal Supremo de Justicia, sin desconocer la afirmación anterior, clarificó el asunto a través del Auto Supremo Nº 77/2018-RRC de 23 de febrero, considerando -con manifiesto acierto- que la fundamentación de la sentencia penal –como instituto de orden procesal– no constituye un fin en sí misma. Concordante con lo anterior, en el Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio, se identificó los requisitos esenciales de forma y contenido, que descritos en el art. 360 del CPP, de manera concordante con los arts. 124 y 173 del mismo cuerpo legal, constituyen la estructura explicativa de forma y fondo básica de la Sentencia, a saber: i) fundamentación fáctica; ii) fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva; y, iii) fundamentación jurídica. b) Respecto a la fundamentación intelectiva que reclama el apelante, de una revisión minuciosa de la Sentencia, en el «CONSIDERANDO V», concretamente a fs. 185 vta., el Juez a quo describió la documental de cargo judicializada durante el juicio oral AP1 (plano y minuta de compra y venta de 20 de agosto de 2012); AP2 (Plano de lote de David Manzanera); AP3 (plano de Ernesto Marín Villarroel); AP4 (minuta de compra y venta de terreno de Agustín Carrasco); AP5 (minuta de compra y venta de 9 de febrero de 2009); AP6 (testimonio de poder 847/2015); AP7 (resolución de rechazo de 6 de octubre de 2015), AP8 (resolución de rechazo de 6 de octubre de 2015), así como las declaraciones de la prueba testifical producida en juicio consistente en el testimonio de Ernesto Marín Cáceres Villarroel, Oscar Omonte Serrano, Maximiliano Quiroz Nina, Jacinta Heredia, Mario Quiroz Nina, Emilio Gonzales Cáceres y Efraín Quiroz Nina. Del mismo modo las pruebas de descargo, las documentales consistentes en: DP1 (testimonio 944/2007); DP2 (testimonio de derechos reales de 22 de junio de 2007); DP3 (comprobante de caja e información rápida); DP4 (formulario de pago de impuesto); DP5 (plano de lote); DP6 (muestrario fotográfico); DP7 (documento de transferencia y reconocimiento de firmas de 12 de octubre de 2012) y las declaraciones testificales de Abrahán Sánchez Aine, Segundino Sánchez Ayni, Roberto Mamani Lujan y Primo Nina Valencia, cumpliendo con la fundamentación descriptiva individualizada extrañada por la apelante. A continuación, en el intitulado «VB Apreciación conjunta de la prueba esencial producida» a fs. 188 de antecedentes, el Juez a quo, anotó la valoración intelectiva de todas las pruebas de forma conjunta armónica e integral, valorando con la inspección in visu efectuada dentro la causa. Seguidamente a fs.188 vta. bajo el intitulado «CONSIDERANDO VI» explana la fundamentación jurídica, concerniente al delito de despojo a fs. 191 de antecedentes, se advierte el análisis y fundamentación jurídica donde registró la subsunción del hecho probado a los elementos constitutivos de delito que se la endilga. En el apartado intitulado «IV. C FIJACION DE LA PENA», fundamentó la pena impuesta a la acusada, considerando las atenuantes existentes. En suma el Juez a quo realizó la apreciación de toda la prueba de forma tal que, el resultado valorativo, respalde las conclusiones de carácter fáctico sobre las que se asienta el decisorio arribado; por consiguiente, se tiene descartada la insuficiencia en la fundamentación denunciada por la apelante, consecuentemente no existe vulneración del art. 124 del CPP, pues no se advierte insanable contraste en la fundamentación intelectiva resultante de la compulsa de los elementos de prueba, basados en la sana crítica, mucho menos se advierte insanable ausencia de fundamentación intelectiva, aislada de las declaraciones testificales y los hechos fácticos probados, como reclama erróneamente la apelante, en consideración a su pretensión sostenida en la simple aseveración de que ninguno de los testigos la había identificado como la persona que ha despojado y que haya sostenido una relación de confianza con el querellante. c) Resulta necesario comprender que conforme a la doctrina desarrollada en el AS N° 354/2014-RRC de 30 de julio, los fallos jurisdiccionales deben contener la fundamentación necesaria que demuestre y exponga las razones suficientes para haber asumido alguna determinación, lo que no implica que la estructura de los mismos tenga encuadrado un esquema concreto determinado al punto que su inobservancia sea sancionada directamente con la anulación de la decisión del caso. d) La fundamentación de la Sentencia adolece del vicio de contradicción conforme al entendimiento inserto en el Auto Supremo Nº 151/2015-RRC de 27 de febrero, cuando los fundamentos de la decisión se destruyen unos a otros por contradicciones graves o inconciliables, generando así una situación equiparable a la falta de fundamentos, ocasionando un quiebre en el discurso lógico plasmado en la fundamentación de la sentencia, y que por ende, destruye la coherencia interna de ésta. En otros términos, la fundamentación contradictoria presupone la existencia de dos proposiciones de las cuales una afirma lo que la otra niega, de modo tal que analizados en el contexto en que se exponen, no puedan coexistir ambas de manera simultánea. Empero y tal como lo afirma Taruffo, citado por Colomer Hernández , en puridad sólo se producirá una motivación contradictoria cuando exista un contraste lógico radical entre las argumentaciones, de manera que éstas se anulen respectivamente y resulte en consecuencia imposible delimitar la ratio decidendi del juicio. Concordante con lo anterior, el Auto Supremo Nº 120/2019-RRC de 07 de marzo, sostiene que la falta de fundamentación producida por la contradicción en la motivación, debe ser de tal magnitud que los argumentos expuestos se devasten recíprocamente, no siendo suficiente que la misma sea imperfecta o defectuosa, o que corresponda a aspectos secundarios de la resolución que no afectan el resultado de la misma; por consiguiente, de acuerdo a lo explanado no se advierte la ausencia de fundamentación descriptiva, valorativa e intelectiva de la prueba, mucho menos contradicción absoluta que cause perjuicio insubsanable al respecto; en suma la contrastación global de todas las argumentaciones expuestas en la fundamentación de la Sentencia, esto es en la justificación del fallo, impide sea observable entre ellas la disonancia requerida para la configuración del vicio de la sentencia referida a la fundamentación contradictoria y la insuficiente fundamentación que de manera enunciativa señala el apelante. Si esto es así, no resulta palmario que inexista la suficiente fundamentación valorativa atingente a las pruebas judicializadas, por cuanto la Juez de Sentencia, no obstante, su descripción individual, igualmente arribó a conclusiones valorativas a partir de su apreciación conjunta y armónica, por lo que no resulta evidente lo alegado por la recurrente. IV.2. Que la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; art. 370 núm. 6) del CPP: a) Se advierte que la recurrente sustenta este defecto a partir de sus propias apreciaciones y valoraciones subjetivas, lo que no constituye un argumento válido para evidenciar la existencia de dicho vicio procesal, tomando en cuenta que los hechos sobre los que versa la decisión del Juez de mérito, se halla una etapa esencial: la prueba de los hechos relevantes para el caso; por lo mismo, cuando se pretende fundar un recurso en el defecto previsto por el art. 370 núm. 6) del CPP, la apelante, tal como se expone en los Autos Supremos N° 222/2017-RRC de 21 de marzo y Nº 271/2017-RRC de 17 de abril, además de individualizar la prueba que considera defectuosamente valorada, debe también identificar el error en el proceso intelectivo de apreciación realizado por el Tribunal a quo, expresando cuál es el valor otorgado por el inferior en grado a las pruebas particularizadas, a qué conclusión llegó con base a las mismas y por qué esa conclusión sería errónea al grado de transgredir las reglas de la sana crítica establecida por el art. 173 del CPP, aspecto que –en el caso examinado– no acontece, pues no obstante de establecerse de manera genérica una aparente vulneración del art. 173 procesal, de manera equívoca, la acusada pretende sostener el defecto en análisis, cuestionando las declaraciones testificales vertidas durante el juicio oral de Mario Quiroz Nina y Efrain Quiroz Nina, aseverando que al margen de tener interés en el proceso, se tergiversó las declaraciones de Jacinta Heredia Muñoz y Emilio Gonzales Cáceres. Concerniente a las documentales AP1, AP3, AP4, AP5 y AP8 expuso su propia apreciación y valoración, tildándolas de simples referencias, afirmando que la parte querellante jamás demostró la posesión de inmueble, pretendiendo de esta forma acreditar la inexistencia del delito de despojo y que se le juzgo doblemente transgrediendo el non bis in idem, porque ya existiría una resolución de rechazo; al respecto, es pertinente señalar que en el sistema penal boliviano rige el principio acusatorio que reconoce la libre valoración probatoria a través de los arts. 173 y 359 del CPP, basado únicamente en la sana crítica del juzgador, cuyos componentes configuradores son las reglas de la lógica, experiencia común y ciencia, asimismo que los Tribunales de alzada no están facultados para valorar la prueba, al corresponder esa labor a los Tribunales de instancia en virtud al principio de inmediación. Si esto es así, lo sostenido por la apelante, son aspectos que hacen a una revalorización de la prueba; no siendo viable ingresar en dicho campo, en razón a los postulados del proceso penal acusatorio y la doctrina legal establecida en el Auto Supremo Nº 008/2019-RRC de 23 de enero, referente a la prohibición de ingresar a una revalorización de la prueba judicializada en el acto de juicio, por lo que, el argumento de la recurrente no es atendible, consecuentemente resulta carente de certeza la argüida vulneración de la garantía del non bis in idem y los arts. 117 II de la CPE, 4 y 45 del CPP, mucho menos la existencia del defecto contenido en el art. 169 inc. 3 de la CPP. IV.3.Que exista contradicción en su parte dispositiva o entre ésta y la parte considerativa; art. 370 núm. 8) del CPP: La existencia de contradicción en la Sentencia en su parte dispositiva o entre ésta y la parte considerativa, se advierte no en función a las propias conclusiones valorativas que de la prueba expresa la recurrente, sino a partir del fallo mismo y la justificación que consigna como tal el Juez sentenciador. Si esto es así, la apelante aseveró la existencia de contradicción relativa a la imposición de la pena; si bien dicha observación resulta ser evidente, a razón de que efectivamente en la parte resolutiva de la sentencia el Juez a quo sí consigna la pena de «3 años y 3 meses», empero en la parte considerativa se refiere que se impondrá una pena de «3 años». Al respecto, es importante aclarar que la congruencia es la que debe primar en toda Sentencia; en ese entendido siendo evidente que la pena de 3 años se encuentra fundamentada a razón de las atenuantes identificadas por el a quo como la condición de humildad, no contar con antecedentes judiciales ni policiales, es que la observación efectuada por la recurrente resulta ser válida, concurriendo el defecto de sentencia contenido en el núm. 8 del art. 370 del CPP, empero el grado de magnitud del motivo de la concurrencia del defecto señalado no es atingente a la calificación de los hechos probados, sino al quantum de la pena, en consecuencia su trascendencia no es suficiente para anular una sentencia, a razón de lo previsto por la parte in fine del art. 413 del CPP, porque las atenuantes identificadas por el Juez a quo tienen manifiesta incidencia en la fijación de la sanción y no se limitan a su simple enunciación sin aplicación alguna, por lo que velando por la reinserción social del imputado, conforme determinan los arts. 74 y 118.III de la CPE, corresponde determinar que resultan suficientes para mermar el efecto de las agravantes y justificar se mantenga indemne la pena media apreciada en la parte considerativa de la Sentencia de «3 años» de privación de libertad, corrigiendo la parte dispositiva de la Sentencia a fin de generar congruencia bajo el principio de legalidad y en observancia a lo establecido en el AS Nº 551/2022-RRC de 07 de junio. IV.4. Errónea aplicación de la ley sustantiva, art. 370 núm. 1) del CPP: a) En el sistema procesal vigente los hechos probados en juicio se hallan sujetos al principio de intangibilidad; por lo mismo, ante la formulación del recurso de apelación restringida en base al defecto que prevé el art. 370 núm. 1) del CPP, corresponde al Tribunal de apelación, en ejercicio de la competencia que la ley le asigna, ejercitar el control de la subsunción, empero, a partir de los hechos probados, a fin de advertir si el Tribunal a quo realizó una adecuada calificación de los mismos al tipo penal acusado. Si esto es así, el defecto de sentencia en análisis, no se constituye en el medio para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho reservada al Tribunal o Juez de Sentencia, pues no está orientado a cuestionar la prueba misma, ni los elementos que de ella se han obtenido; contrariamente, el defecto relativo a la errónea aplicación de la ley sustantiva, supone que consentidos y aceptados los elementos probatorios extraídos por el Tribunal de mérito de los diferentes medios de prueba puestos en su conocimiento, esto es, determinada la relación de hechos, la conducta del procesado, su participación, así como otras circunstancias concomitantes, el defecto opera a tiempo de aplicar la norma sustantiva a los hechos probados. De ahí que el art. 370 núm. 1 del CPP, autorice únicamente la revisión del juicio jurídico realizado al dictar sentencia, sin posibilidades de alterar los hechos probados sobre los que el Juzgador de instancia ha aplicado el derecho. b) Revisados los hechos probados anotados en la Sentencia a fs. 191 de antecedentes, se tiene que en criterio del Juez a quo, el 1 de junio de 2015, la procesada en conjunto con Marcos Quispe, realizaron un levantamiento topográfico afectando la propiedad del querellante, así también alteraron los linderos al lado norte, destruyendo mojones y colocaron otros, es así que el 10 de junio de 2015 a horas 09:30, ingresaron a la propiedad de Ernesto Marín Cáceres Villarroel sin autorización y mediante violencia, amenazas y engaños procedieron a despojarlo del lote de 10.0000 m2, ubicado en la zona de Caramarca comprensión de Sipe Sipe, adquirido por compra según documento de compra y venta de 09 de febrero de 2012. Entonces, partiendo de estos hechos probados, no resulta evidente lo expresado por la recurrente en sentido de no haberse demostrado la comisión del delito de despojo, al endilgar al acusador particular no haber demostrado la posesión real del inmueble. c) La labor del Ad quem con motivo del defecto en análisis, se limita al control jurídico en cuanto al encuadramiento de los hechos probados a un determinado tipo penal; por lo mismo, no resulta atendible pretender se examine la errónea aplicación del art. 351 del CP, es decir la subsunción del hecho al tipo penal, en base a un supuesto fáctico ajeno al hecho probado y solo sustentado en la particular apreciación valorativa que la recurrente tiene de la prueba judicializada o ante la simple aseveración de que ninguno de los testigos había afirmado la existencia de violencia en contra el acusador particular como elemento del delito de despojo, sumado a ello, que los testigos Segundino Sánchez Ayni y Roberto Mamani Lujan, solo vieron al querellante una vez por lo que se no demostró la posesión del inmueble por el querellante y tampoco la existencia de una relación de confianza para despojarlo. La labor de valorar la prueba es tarea exclusiva del Tribunal de instancia, pues es quien recibe de forma directa la producción de la prueba y determina los hechos en completa sujeción a los principios que rigen al juicio oral, entre estos la inmediación. En consecuencia, al no ajustarse la petición de la recurrente a la intangibilidad de los hechos probados declarados como tales en Sentencia y, contrariamente, indicar que no existen los elementos constitutivos del delito de despojo bajo su propia apreciación, limitándose a argüir la no probanza del delito, no resulta evidente que la Sentencia haya incurrido en el defecto de sentencia establecido por el art. 370 núm. 1) del CPP, máxime si el Juez a quo, realizó el análisis y verificó la concurrencia de todos los elementos constitutivos del delito de despojo expresados en los hechos probados tornando el decisorio arribado en la Sentencia correcto en aplicación del art. 365 núm. I del CPP. IV.5. Precedentes Contradictorios: Finalmente en cuanto a los Autos Supremos invocados en calidad de precedentes contradictorios, el apelante indicó: los Autos Supremos Nº 176/2010 de 26 de abril y Nº 418/2006 de 10 de octubre, así como la SC 0506/2005-R; al respecto, no es menos evidente que para citar y emplear el razonamiento jurídico contenido en tales resoluciones a la solución de un caso posterior, deben considerarse no sólo sus fundamentos jurídicos, sino la existencia de analogía e identidad respecto a los supuestos fácticos o procesales –según sea el caso– que motivaron el decisorio con los hechos expresados con motivo de los agravios denunciados en apelación; entonces, al no apreciarse ni exponerse en el recurso la identidad exigible, no corresponde ingresar a mayores consideraciones para dar cuenta de su aplicabilidad para sustentar lo solicitado por el apelante. Por las razones anotadas, se concluye que la sentencia condenatoria pronunciada contra por Irma Genoveva Romero de Janco, carece de los vicios de sentencia establecidos por el art. 370 núm. 1), 5), 6) y 8) del CPP, por lo que, si bien la Sentencia se orienta a destruir el estado de inocencia en el que inicialmente se encontraba la acusada apelante, lo hace sin contravenir la presunción de inocencia o los postulados que rigen el CPP basado en principios y garantías constitucionales. POR TANTO: La SALA PENAL TERCERA del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, impartiendo justicia a nombre del pueblo boliviano conforme prevé el art. 178.I de la CPE, en ejercicio de la autoridad conferida por el art. 58.1 de la Ley 025, y en aplicación de los arts. 397 y 413, parte in fine, ambos del CPP, declara: 1) PROCEDENTE EN PARTE el recurso de apelación restringida por Irma Genoveva Romero de Janco; y, por consiguiente, 2) CONFIRMA la Sentencia de N° 03/2018 de 19 de enero, el Juzgado de Partido de Sentencia Penal y Liquidador Nº 1 de Quillacollo, modificando únicamente la pena impuesta por la comisión del delito de despojo, fijándola en tres (3) años de privación de libertad. La presente resolución es impugnable dentro de los cinco (5) días señalados por el art. 417 del CPP. Regístrese y comuníquese. Fdo.- MSc. Jesús Víctor Gonzales Milán – Vocal Presidente de la Sala Penal Tercera. Fdo. Dra. María Giovanna Pizo Guzmán – Vocal de la Sala Penal Tercera. Fdo. Carol Ivonne Vega Colque, Secretaria – Abogada de la Sala Penal Tercera. PROVEÍDO DE 06 DE JUNIO DE 2024 A mérito del cite de 05 de junio de 2024, evacuado por Manuel Alex Viscarra Via en su condición de Coordinador de Gestión de Audiencias de la Oficina Gestora de Procesos No. 3 del Tribunal Departamental de Justicia, por el que remite certificación extraída del Sistema de Convenio Institucional del Servicio General de Identificación Personal- Segip, al no identificarse información respecto al domicilio real de Irma Genoveva Romero de Janco y habiendo agotado esfuerzos este Tribunal a objeto de lograr la notificación de la prenombrada con el Auto de Vista No. 284/2023-RAR de fecha 07 de noviembre de 2023, en aplicación del art. 165 del CPP se dispone su notificación con el Auto de Vista indicado, mediante edictos a través del Servicio de Notificación Electrónica Judicial - Sistema Hermes. Notifique funcionaria. Fdo.- MSc. Jesús Víctor Gonzales Milán - vocal de la Sala Penal Tercera. Fdo. Carol Ivonne Vega Colque, Secretaria – Abogada de la Sala Penal Tercera. Cochabamba, 10 de junio de 2024 D.S.O.


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