EDICTO

Ciudad: SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL, ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER DÉCIMO SEXTO


EDICTO SE HACE CONOCER AL IMPUTADO: FRANCISCO JAVIER GUIPI URACOY LA DRA. ALBANIA CHANE CABALLERO SAAVEDRA, JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL, ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 16° DE LA CAPITAL, DENTRO DEL PROCESO PENAL CON CASO FELCV 774/2024 - CODIGO UNICO N° 701102012403722; QUE SIGUE EL MINISTERIO PUBLICO EN CONTRA DE FRANCISCO JAVIER GUIPI URACOY, POR INTERMEDIO DEL PRESENTE EDICTO DE PRENSA, SE HACE CONOCER AL IMPUTADO FRANCISCO JAVIER GUIPI URACOY, LOS SIGUIENTES ACTUADOS: IMPUTACION FORMAL Y PROVISIONAL DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2024;Y ACTA DE SUSPENSION DE AUDIENCIA DE FECHA 06/06/2024. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SEÑORA JUEZ 16 DE INSTRUCCIÓN PENAL, ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER, DE LA CAPITAL.- IMPUTACIÓN FORMAL CUD 701102012403722 FELCV – 774/2024 DELITO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DOMESTICA (Art. 272 bis núm. 1 C.P.) ABOG. EVELIN DOMINGUEZ BERNACHI , Fiscal de Materia, cumpliendo funciones en la Fiscalía en Razón de Género y Violencia Familiar y/o Domestica, con las atribuciones y funciones conferidas por la Ley 1970 y 260, de conformidad a los Arts. 297, 298 y 302, del Código de Procedimiento Penal, y en uso de las atribuciones conferidas por los arts. 3 y 40 Numeral 11) de la Ley Orgánica del Ministerio Público, de acuerdo a los datos del proceso por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR Y/O DOMESTICA, previsto y sancionado en el art. 272 Bis Núm. 1) y 2) del Código Penal, modificado por la Ley N°348, investigación que sigue el Ministerio Público a denuncia de BALVINA TAGUA en contra de FRANCISCO JAVIER GUIPI URACOY , siendo que existen los suficientes indicios presento IMPUTACIÓN FORMAL: I.- DATOS GENERALES DEL IMPUTADO: Nombre y apellido : FRANCISCO JAVIER GUIPI URACOY. Fecha de Nacimiento : 10/02/2001 Edad : 23 AÑOS DE EDAD. C.I. : 9643117. Estado Civil : CONCUBINO. Profesión u ocupación : COCINERO. Domicilio : AV. MUTUALISTA, 3ER. ANILLO, POLLOS CHINO MUTUALISTA NUMERO DE TELEFONO : 780-89877 Abogado Defensor : LEOCADIO QUELCA PERALTA Domicilio procesal : EDIF. FORONDA 1ER. PISO OF. 5 CELULAR : 726-95627 II.- DATOS DE LA DENUNCIANTE- VICTIMA.- Nombre y Apellido : BALVINA TAGUA Edad : 22 años. Fecha de Nacimiento : 13/12/2002 C.I. : 3924573. Domicilio real : AV. MUTUALISTA, 3ER. ANILLO, POLLOS CHINO MUTUALISTA TELF : 636-11159. III.- RELACIÓN DE LOS HECHOS.- Que, en fecha 16/05/2024 a horas 16;00 PM. aproximadamente, en el 3ER ANILLO INTERNO AV MUTUALISTA, en LOS POLLOS CHINOS “MUTUALISTA”, el SR. FRANCISCO JAVIER GUIPI URACOY, agredió físicamente a su concubina, a la SRA. BALVINA TAGUA , por instrucciones superiores de CADI a horas 20:05 PM nos constituimos al lugar para verificar un hecho AV. MUTUALISTA LOS POLLOS CHINOS, en el lugar se tomó contacto con la victima la SRA. BALVINA TAGUA, donde indica que fue agredida físicamente por su concubino el SR. FRANCISCO JAVIER GUIPI, donde se procedió a su arresto y fueron conducidos a las oficinas de la FELCV CENTRAL quedando a cargo del personal de servicio. .IV.-ELEMENTOS DE CONVICCION. - Durante las investigaciones, se ha procedido a recabar elementos de convicción que son los siguientes: 1. Acta de denuncia formulada por la ciudadana BALVINA TAGUA de fecha 16/05/2024. 2. Requerimiento de directrices funcionales de inicio de las investigaciones de fecha 16/05/2024. 3. Informe de Acción Directa de fecha 16 de Mayo de 2024. 4. Informe preliminar de fecha 16/05/2024 elaborado por el investigador asignado al caso. 5. Acta de declaración de la víctima BALVINA TAGUA de fecha 16/05/2024. 6. Requerimiento de Medidas de Protección. V.- VALORACION DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCION.- Durante las investigaciones, se ha procedido a recabar elementos de convicción que son los siguientes: Se tiene cursante en el cuaderno de investigación la declaración del denunciante ciudadana BALVINA TAGUA de fecha 16/05/2024 en la que la misma se tiene: “ Lo que pasa es que nosotros estábamos en la pensión de los pollos, en nuestro cuarto echados los dos en la cama junto a mi bebe y yo le dije que me preste su celular para Llamar a mi mama y ahí vi una foto de una mujer desnuda y le pregunte de quien era o porque tiene eso y el me respondió molesto me dijo ESO NO ES NADA me pregunto si yo estaba molesta y le dije que no después el me pregunto si iba a comer y le dije que no me dijo VAS A SEGUIR ASI VAS A SEGUIR CON ESA MIERDA NUNCA VAS A CAMBIAR y me dio un manaso en la cara yo le dije porque me dio si no le hice nada simplemente que no quería comer, entonces él se salió a almorzar y paso media hora y me dijo que ordene la ropa que estaba en la cama mientras mi bebe dormía yo me quede sentada y el me reclamo del porque continuaba sentada y me dio una patada en la pierna derecha me dijo SEGURO PENSAS IRTE yo le dije que SI PARA QUE ME VOY A QUEDAR SI ME ESTAS GOLPEANDO ME ESTAS MALTRATANDO él me dijo SI TE VAS NO TE LLEVAS A MI HIJO y me dio otro manaso ENTONCES COMO PUDE SALI DE AHI dejando a mi hijo con él, pase por la pensión para buscar a mi amiga y que me ayude mi pareja se quedó ahí; Llame a mi amiga Denisse Siani para que me ayude ella me contesto le conté lo que paso me dijo que llegaría en una hora y yo me quede por exteriores de la pensión esperando a mi amiga después se acercó un colega de mi trabajo para decirme que mi bebe estaba llorando entonces por mi bebe tuve que volver a entrar, tome a mi bebe y mi pareja me dijo que no me iba a llevar a mi hijo también me reclamo del porque llame a mi amiga si el problema es de los dos y que no me dejaría llevar a mi bebe a ningún lado, me dio otro manaso en la cara y es ahí que llame a la patrulla para que vengan. Llame a mi amiga de un punto de llamada, y a Radio Patrullas llame de un celular prestado por un señor que pasaba por la pensión. Esta es la tercera vez que me agrede, mientras estaba embarazada el me golpeaba, pero no le denuncie porque su mama decía que solo lo haría para sacarle pensión y que era igual que su anterior mujer Incluso su familia de él me dijo… Efectuada la valoración individual e integral de los elementos colectados, los mismos resultan suficientes para crear convicción de que el Sr. FRANCISCO JAVIER GUIPI URACOY es con probabilidad autor o participe del hecho denunciado, esto al haber ejercido actos de violencia psicológica en contra de la víctima BALVINA TAGUA, subsumiéndose su conducta al delito de VIOLENCIA FAMILIAR Y/O DOMESTICA, previsto y sancionado en el art. 272 Bis. Núm. 1) Y 2) del Código Penal, conducta ilícita endilgada en calidad de autoría conforme el Art. 20 de la norma sustantiva penal. VI.- FUNDAMENTACION DE LA IMPUTACION. - Que, con referencia al ilícito sujeto a investigación, la norma, doctrina y jurisprudencia han establecido diferentes parámetros y razonamientos aplicables, entre ellos se tiene: “Artículo 272 bis. (Violencia Familiar o Doméstica). Quien agrediere físicamente, psicológica o sexualmente dentro los casos comprendidos en el numeral 1 al 4 del presente Artículo incurrirá en pena de reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, siempre que no constituya otro delito. 1. El cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad o intimidad, aún sin convivencia. 2. La persona que haya procreado hijos o hijas con la víctima, aún sin convivencia. 3. Los ascendientes o descendientes, hermanos, hermanas, parientes consanguíneos o afines en línea directa y colateral hasta el cuarto grado. 4. La persona que estuviere encargada del cuidado o guarda de la víctima, o si ésta se encontrara en el hogar, bajo situación de dependencia o autoridad. En los demás casos la parte podrá hacer valer su pretensión por ante la vía correspondiente.” Por su parte, el Art. 7 de la Ley 348 establece: “1. Violencia Física. Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, interno, externo o ambos, temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo, empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio. 3. Violencia Psicológica. Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del comportamiento, y decisiones de las mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio.” Los razonamientos insertos en el artículo transcrito precedentemente, conllevan una naturaleza descriptiva y no limitativa o restrictiva, así lo ha determinado el Auto Supremo N° 275/2020-RRC de 18 de marzo: «el recurrente denuncia que no se hubieren cumplido con la adecuación a todos los verbos rectores que hacen al art. 7 num. 3) de la Ley 348, denunciando que: “…se incurre en errónea aplicación del numeral 3 del art. 7 de la Ley 348, devenido del art. 272 Bis num. 1) y 2) del CP, incorporado por el art. 84, ya que no existe una adecuada subsunción a todos y cada uno de los elementos constitutivos del tipo penal…”; empero, revisada la Ley 348, el art. 7, establece lo siguiente: “En el marco de las formas de violencia física, psicológica, sexual y económica, de forma enunciativa, no limitativa, se consideran formas de violencia: 3. Violencia psicológica…”. En este aspecto, es necesario considerar que, los numerales que componen el art. 7 de la Ley 348, no son tipos penales, sino más bien, son conceptualizaciones o definiciones, de diferentes tipos de violencia que son ejercidas hacia las mujeres principalmente; por lo que, el recurrente intenta hacer incurrir en error al denunciar que no se hubieren cumplido con todos los elementos constitutivos del tipo penal, haciendo entrever que, el concepto de violencia psicológica, es un delito, nada más alejado de la realidad, ya que, el mismo art. 7 de la referida ley expresa que, “de forma enunciativa y no limitativa”, se considera a una u otra forma de violencia; es por ello que, el Auto de Vista no solo recoge los entendimientos de la Ley 348, sino acude a otras fuentes como la doctrina, y en la misma línea, la presente resolución, tiene a bien acudir a, por ejemplo, Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o a conceptualizaciones que otorga ONU Mujeres, con el afán de comprender de una manera mucho más amplia el fenómeno de la violencia psicológica, como una manifestación de la violencia de género.» Sobre la violencia de género específicamente, se tienen los siguientes razonamientos inmersos en el Auto Supremo N° 308/2023-RRC de 27 de marzo: “IV.2. Sobre la violencia familiar o doméstica y la violencia de género. La CPE en el art. 15 establece que: “II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”, y “III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”. La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer - Convención de Belem Do Pará, fue suscrita en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1994, siendo ratificada por Bolivia el 18 de octubre de 1994 mediante la promulgación de la Ley N° 1599. Esta Convención es uno de los principales instrumentos de Derechos Humanos de las mujeres dirigido a aplicar acciones dirigidas a prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres, basadas en su género, al tiempo que condena todas las formas de violencia contra la mujer, perpetradas en el hogar, en la comunidad o por el Estado y/o sus agentes. El art. 1 establece que, “Para los efectos de esta Convención, debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Respecto a los deberes de los Estados, el art. 7 establece que, “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención”. Esta Convención fue ratificada por Bolivia mediante la Ley de 18 de agosto de 1994, que es de cumplimiento obligatorio y de primordial aplicación en este tipo de delitos contra las mujeres, gozando este artículo de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, al ser parte del bloque de Constitucionalidad; pues, tutela derechos reconocidos a este sector vulnerable por la propia CPE y por la normativa internacional en materia de Derechos Humanos; por lo que, es deber del Estado Plurinacional de Bolivia de garantizar la prioridad de condenar todo tipo de violencia contra la mujer. Respecto al bloque de constitucionalidad, resulta pertinente señalar que, mediante la SC N° 1662/2003-R de 17 de noviembre, el Tribunal Constitucional estableció lo siguiente: “… este Tribunal Constitucional, realizando la interpretación constitucional integradora, en el marco de la cláusula abierta prevista por el art. 35 de la Constitución, ha establecido que los tratados, las declaraciones y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, forman parte del orden jurídico del sistema constitucional boliviano como parte del bloque de constitucionalidad, de manera que dichos instrumentos internacionales tienen carácter normativo y son de aplicación directa, por lo mismo los derechos en ellos consagrados son invocables por las personas y tutelables a través de los recursos de hábeas corpus y amparo constitucional conforme corresponda”; criterio jurisprudencial que fue ratificado por las Sentencias Constitucionales 1420/2004-R y 45/2005 entre muchas otras. La Ley N° 348 del 9 de marzo de 2013 – Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, establece en el art. 1 que, “La ley se funda en el mandato constitucional y en los Instrumentos, Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, que garantizan a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad”. A su vez, el art. 2 establece que “tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para vivir bien”. Dicha normativa especial, incorpora al CP el delito de Violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado en el art. 272 Bis., que establece que: “Quien agrediere físicamente, psicológica o sexualmente dentro de los casos comprendidos en el numeral 1 al 4 del presente artículo, incurrirá en pena de reclusión de dos a cuatro años, siempre que no constituya otro delito: 1. El cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad o intimidad, aún sin convivencia. 2. La persona que haya procreado hijos o hijas con la víctima aún sin convivencia. 3. Los ascendientes o descendientes, hermanos o hermanas, parientes consanguíneos o afines en línea directa y colateral hasta el cuarto grado. 4. La persona que estuviere encargada del cuidado o guarda de la víctima, o si ésta se encontrara en el hogar, bajo situación de dependencia o autoridad”. Ahora bien, para comprender el tipo penal, es necesario realizar una identificación de sus elementos constitutivos, a saber: a) el sujeto pasivo, cualquier persona natural, b) el sujeto activo, cualquier persona natural, c) el bien jurídico protegido, la integridad corporal y la salud, d) la consumación, es un delito de resultado, pero admite la tentativa, e) el verbo rector, agrediere física, psicológica o sexualmente, f) la sanción, dos a cuatro años, y g) los sujetos activos calificados, que son: 1) El cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad o intimidad, aún sin convivencia, 2) La persona que haya procreado hijos o hijas con la víctima aún sin convivencia, 3) Los ascendientes o descendientes, hermanos o hermanas, parientes consanguíneos o afines en línea directa y colateral hasta el cuarto grado y 4) La persona que estuviere encargada del cuidado o guarda de la víctima, o si ésta se encontrara en el hogar, bajo situación de dependencia o autoridad. Con relación a los elementos constitutivos identificados, es necesario realizar las siguientes precisiones. El sujeto pasivo del delito, o la víctima, puede ser cualquier persona natural; sin embargo, se debe tener en cuenta lo señalado por el art. 5.IV de la Ley 348 que dice: “Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a toda persona que, por su situación de vulnerabilidad, sufra cualquier de las formas que esta ley sanciona, independientemente de su género”; es decir, la víctima no necesariamente será una mujer, pudiendo ser también, dependiendo de la situación de vulnerabilidad, un hombre. En ese mismo sentido, Mauricio Nava Morales señala lo siguiente: “Dentro del ámbito de aplicación del art. 5 de la ley 348, se tiene que, su alcance jurídico rige para todas las personas que se encuentren en una situación vulnerable, independientemente de su género, es decir, que también protege al varón. El Ministerio Público al momento de conocer la noticia criminosa, debe hacer un análisis objetivo para evaluar y determinar las circunstancias en que llegar a suceder los hechos, sin limitarse a considerar que la víctima solo puede ser mujer”. El sujeto activo del delito, será una persona natural, y que no necesariamente tendrá que ser un hombre, pudiendo ser también una mujer, esto al amparo de lo dispuesto por el art. 6 núm. 6) de la ley 348 que expresa: “Definiciones. Para efectos de la aplicación e interpretación de la presente ley, se adoptan las siguientes definiciones. Agresor o agresora. Quien comete una acción u omisión que implique cualquier forma de violencia hacia la mujer u otra persona”. Respecto al bien jurídico protegido, el delito de Violencia familiar o doméstica, incurso en el art. 272 bis, creado por el por el art. 84 de la Ley 348, incorpora tipo penal en el libro segundo – parte especial, título VIII – Delitos contra la vida, la integridad corporal y la dignidad del ser humano, capítulo III – Delitos contra la integridad corporal y la saludo del CP. Al respecto, se entiende por integridad corporal al: “Interés jurídico protegido por el delito de lesiones cuando su resultado perjudica a la salud por suponer la pérdida, la inutilidad o el menoscabo de una de las partes del cuerpo humano”, y por salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como: “La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Con relación al verbo rector, se refiere a la agresión, sea esta física, psicológica o sexual y debe ser cometida por el sujeto activo, en cualquiera de sus cuatro modalidades, descritas ut supra. Ahora bien, la Violencia familiar o doméstica, como tipo penal, es una parte de la violencia de género, y al respecto, la Organización de las Naciones Unidas, tiene entre una de sus agencias de trabajo a ONU Mujeres, que es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres; y, con relación a la violencia contra las mujeres y las niñas, señala: “… es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Se producen muchos casos cada día en todos los rincones del planeta. Este tipo de violencia tiene graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre las mujeres y las niñas, tanto a corto como a largo plazo, al impedirles participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad. La magnitud de este impacto, tanto en la vida de las personas y familias como de la sociedad en su conjunto, es inmensa. Las condiciones que ha creado la pandemia –confinamientos, restricciones a la movilidad, mayor aislamiento, estrés e incertidumbre económica– han provocado un incremento alarmante de la violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado y han expuesto todavía más a las mujeres y las niñas a otras formas de violencia, desde el matrimonio infantil hasta el acoso sexual en línea”. ONU Mujeres respecto a los tipos de violencia contra las mujeres, señala textualmente: “Violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado. Este tipo de violencia, también llamada maltrato en el hogar o violencia de pareja, es cualquier patrón de comportamiento que se utilice para adquirir o mantener el poder y el control sobre una pareja íntima. Abarca cualquier acto físico, sexual, emocional, económico y psicológico (incluidas las amenazas de tales actos) que influya en otra persona. Esta es una de las formas más comunes de violencia que sufren las mujeres a escala mundial. La violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado puede incluir: 1. Violencia psicológica. Consiste en provocar miedo a través de la intimidación; en amenazar con causar daño físico a una persona, su pareja o sus hijas o hijos, o con destruir sus mascotas y bienes; en someter a una persona a maltrato psicológico o en forzarla a aislarse de sus amistades, de su familia, de la escuela o del trabajo. 2. Violencia emocional. Consiste, por ejemplo, en minar la autoestima de una persona a través de críticas constantes, en infravalorar sus capacidades, insultarla o someterla a otros tipos de abuso verbal; en dañar la relación de una pareja con sus hijas o hijos; o en no permitir a la pareja ver a su familia ni a sus amistades”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia González y otras VS. México (Caso Campo Algodonero), establece que, “133. Distintos informes coinciden en que, aunque los motivos y los perpetradores de los homicidios en Ciudad Juárez son diversos, muchos casos tratan de violencia de género que ocurre en un contexto de discriminación sistemática contra la mujer. Según Amnistía Internacional, las características compartidas por muchos de los casos demuestran que el género de la víctima parece haber sido un factor significativo del crimen, influyendo tanto en el motivo y el contexto del crimen como en la forma de la violencia a la que fue sometida. El Informe de la Relatoría de la CIDH señala que la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, tiene sus raíces en conceptos referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres. A su vez, el CEDAW resalta que la violencia de género, incluyendo los asesinatos, secuestros, desapariciones y las situaciones de violencia doméstica e intrafamiliar no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades” y que estas situaciones de violencia están fundadas “en una cultura de violencia y discriminación basada en el género”. En el Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala, la Corte IDH expresa lo siguiente: “207. La Corte estima que, la violencia basada en el género, es decir, la violencia dirigida contra una mujer por ser mujer o la violencia que afecta a la mujer de manera desproporcionada, es una forma de discriminación en contra de la mujer, tal como han señalado otros organismos internacionales de protección de derechos humanos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el CEDAW. Tanto la Convención de Belém do Pará (preámbulo y art. 6) como el CEDAW (preámbulo) han reconocido el vínculo existente entre la violencia contra las mujeres y la discriminación. En el mismo sentido, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Estambul, 2011) afirma que, la violencia contra las mujeres es una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer por el hombre, privando así a la mujer de su plena emancipación, así como la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres está basada en el género”. Finalmente, la Corte IDH en la sentencia Fernández Ortega y otros VS. México, señala que: “118. Este Tribunal recuerda, como lo señala la Convención de Belém do Pará, que la violencia contra la mujer no sólo constituye una violación de los Derechos Humanos, sino que es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases”. Por último, se considera necesario hacer mención al principio favor debilis, sobre el cual, Mauricio Nava Morales expone lo siguiente: “El principio favor debilis, aplicable en virtud de lo previsto en los arts. 13.IV, 256 y 410.I de la CPE, obliga a considerar con especial atención a la parte que, en su relación con la otra, se halla situada en inferioridad de condiciones, o dicho de otro modo, no se encuentra en igualdad de condiciones con la otra, tales casos de los grupos de prioritaria atención como son los niños, las mujeres, las personas con capacidades especiales, comúnmente conocidas como personas con discapacidad, el adulto mayor, los pueblos indígenas, entre otros, que, por su carácter de desigualdad merecen un trato diferente, que permita nivel y atender sus condiciones entendiendo sus situaciones específicas y particulares que, por sus grados de vulnerabilidad manifiesta, merecen una protección diferenciada.» Con relación a la resolución de imputación formal, debemos considerar los parámetros establecidos en la Sentencia Constitucional 0010/2010-R de 06 de abril: “El principio de imputación deriva del derecho a la defensa, e implica que la imputación que realice el Estado contra una persona debe estar correctamente formulada, para que el derecho a la defensa pueda ser ejercido de manera adecuada. Para ello, de conformidad a la doctrina, la imputación debe ser precisa, sustentada en un relato ordenado de los hechos, con todas las circunstancias de modo tiempo y lugar, que le permitan al imputado afirmar o negar elementos concretos. En ese entendido, el art. 302 del CPP, determina que: “Si el fiscal estima que existen suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, formalizará imputación mediante resolución fundamentada que deberá contener: 1) Los datos de identificación del imputado y de la víctima o su individualización más precisa; 2) El nombre y domicilio procesal del defensor; 3) La descripción del hecho o los hechos que le imputan y su calificación provisional, y 4) La solicitud de medidas cautelares si procede”. VII.- ANALISIS Y SUBSUNCION DE LA CONDUCTA DEL IMPUTADO: AL TIPO PENAL ATRIBUIDO: Tal cual se ha colectado en las investigaciones los elementos de convicción han demostrado que el ciudadano: FRANCISCO JAVIER GUIPI URACOY , agredió psicológicamente y fiscalmente a BALVINA TAGUA . Esta conducta violenta asumida en contra de la víctima de manera permanente y secuencial, generó en ella sentimientos de inseguridad, inestabilidad emocional y por consiguiente, detrimento en sus mecanismos de defensa, adecuándose el accionar del imputado al delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA, establecido en el Art. 272 bis núm. 1) y 2) del Código Penal, modificado por la Ley N° 348 con relación al Art. 20 del Código Penal, debiendo considerarse además, que el espectro conceptual que hace al mencionado ilícito, ha sido ampliado jurisprudencialmente más allá de lo inmerso en el Art. 7 num. 3 de la Ley 348 (Auto Supremo N° 275/2020-RRC de 18 de marzo). VIII.- IMPUTACION FORMAL Y CALIFICACION PROVISIONAL DE DELITO: Que Por los hechos referidos y pruebas presentadas durante la etapa de la investigación y en aplicación del Art. 301 Inc. 1) y Art. 302 del Código de Procedimiento Penal, el MINISTERIO PÚBLICO imputa formalmente a: FRANCISCO JAVIER GUIPI URACOY por la calificación provisional, del delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA, previsto y sancionado en el Art. 272 bis núm. 1) y 2) del Código Penal, modificado por la Ley N°348. En el caso que nos ocupa se tiene que, la víctima: BALVINA TAGUA , se constituye en ex conviviente del sindicado FRANCISCO JAVIER GUIPI URACOY , por ende, existe entre ellos uno de los vínculos requeridos para la configuración del ilícito imputado. IX.- CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL ART. 231 BIS. DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y FUNDAMENTACIÓN DE RIESGOS PROCESALES: La teoría fáctica en contraste con la suficiencia probatoria, permite afirmar que en contra del imputado existen suficientes elementos de convicción para sostener que es con probabilidad autor del delito atribuido al mismo, teniéndose cumplido el primer requisito para la imposición de medidas cautelares de carácter personal. En cuanto a los riesgos procesales, a los que refiere el romano I. del Art. 231 Bis. del Código de Procedimiento Penal, se puede advertir concurrentes los riesgos procesales inmersos en el 234 numeral 7) y 235 numeral 2) del mismo cuerpo legal, esto en base a los argumentos que paso a detallar: PELIGRO DE FUGA: Con relacion al Numeral 7.- Peligro efectivo para la víctima, por cuanto de la información cursante en el acta de declaración de 16/05/2024, la víctima refiere que, en fecha 16/05/2024 a horas 16;00 PM. aproximadamente, en el 3ER ANILLO INTERNO AV MUTUALISTA, en LOS POLLOS CHINOS “MUTUALISTA”, el SR. FRANCISCO JAVIER GUIPI URACOY, agredió físicamente a su concubina, a la SRA. BALVINA TAGUA , por instrucciones superiores de CADI a horas 20:05 PM nos constituimos al lugar para verificar un hecho AV. MUTUALISTA LOS POLLOS CHINOS, en el lugar se tomó contacto con la victima la SRA. BALVINA TAGUA, donde indica que fue agredida físicamente por su concubino el SR. FRANCISCO JAVIER GUIPI, donde se procedió a su arresto y fueron conducidos a las oficinas de la FELCV CENTRAL quedando a cargo del personal de servicio Ante tales circunstancias, se puede advertir que el imputado se constituye en un peligro efectivo para la víctima, pues ha asumido un patrón de comportamiento violento que fácilmente puede replicarse a futuro, por ende, deverá elavuarse la incapacidad que ha tenido la víctima de repeler dichas agresiones por si misma, habiendo sido auxiliada por terceras personas y posteriormente, acudido a instancias judiciales para que cese el ciclo de violencia instaurado en su contra, circunstancia que acreditan la asimetría de poder y la desventaja existente entre víctima y agresor, teniéndose cumplido lo prescrito por la Sentencia Constitucional Plurinacional 0353/2018-S2 de 18 de julio: “el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas. Así, tratándose de casos de violencia contra las mujeres, desde una perspectiva de género, se entiende que para evaluar dicho riesgo, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante.” . PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN: Con relación al art. 235 Núm. 2. Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente. En el presente caso, existen elementos objetivos para establecer que el imputado FRANCISCO JAVIER GUIPI URACAY va a influir negativamente en la víctima a fin que esta desista del proceso o se comporte de manera reticente, teniéndose plenamente cumplidos los razonamientos inmersos en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0683/2021-S4 de 12 de octubre para la construcción de dicho riesgo procesal. Por lo anteriormente expuesto, en aplicación del Art. 231 Bis., Art. 221 y Art. 7 del Código de procedimiento penal, a fin de asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley, así como garantizar la protección y seguridad de la víctima (Art. 86 numeral 13 de la Ley 348), solicito se apliquen las siguientes medidas cautelares personales en contra del imputado: FRANCISCO JAVIER GUIPI URACAY 1.- Obligación de presentarse cada 7 días ante el Ministerio Público (los días viernes de cada semana). 2.- Prohibición de concurrir al domicilio y lugar de trabajo de la víctima. 3.- Prohibición de comunicarse con la víctima de manera personal o a través de terceras personas. 4.- Prohibición de salir del país. Numerales 2, 4, 5 y 8 Art. 231 Bis. Del Código de Procedimiento Penal. X.- SOLICITUD DE AUDIENCIA.- Solicito a su autoridad se sirva señalar Audiencia de Consideración de Imposición de Medidas Cautelares, previa notificación a las partes a efectos de la defensa material que prevé el Art. 8 del Código de Procedimiento Penal. Otrosí I.- Protestando fundamentar en audiencia cautelar de presentar los elementos de convicción antes señalados. Otrosí II.- (Del domicilio procesal).- Señalamos como Domicilio Procesal, las oficinas de la Fiscalía Especializada en Razón de Género y Violencia Familiar o Domestica, ubicadas en la calle Prolongación Campero N° 55. Otrosi III.- (De la ciudanía digital).- Ante su honorable despacho a efectos de aplicar una mayor celeridad a futuros actuados, señalo la ciudadania digital de la suscrita fiscal de materia – EVELIN DOMINGUEZ BERNACHI – C.I 4652397. Santa Cruz de la Sierra, 31 de Mayo del año 2024. FDO. LEGIBLE. – EVELIN DOMINGUEZ BERNACHI. - CARGO DE RECEPCION DEL JUZGADO – ORGANO JUDICIAL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL, ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 16° DE LA CAPITAL; 03 DE JUNIO 2024 RECIBIDO A HORAS 13:35----------------------------------------------FDO. LEGIBLE: INGRID F. ARANCIBIA GARCIA---------------------------------------------------- ------------------------------------------ ACTA DE AUDIENCIA DE IMPOSICION DE MEDIDAS CAUTELARES DEL IMPUTADO FRANCISCO JAVIER GUIPI URACOY CASO FELCV 774/2024 NUREJ 701102012403722 En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a horas 09:00 A.M., del día JUEVES 06 de JUNIO del año dos mil veinticuatro se reunió el Tribunal de Justicia del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres N°16, presidido por la señora Juez Dra. ALBANIA CH. CABALLERO SAAVEDRA, y la suscrita Secretaria Abog. AYLIN DANIELA ANGULO VILLARROEL, a objeto de realizar en acto público la Audiencia para considerar las Medidas Cautelares, dentro de la etapa preparatoria por el presunto delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA que sigue el MINISTERIO PUBLICO en contra de FRANCISCO JAVIER GUIPI URACOY. JUEZ. - Informe por Secretaría si todas las partes se encuentran legalmente notificadas y presentes para este acto. - SECRETARIA. - Informo a su autoridad que se encuentran notificados todos los sujetos procesales, sin embargo, llego con informe de Gestoría la notificación de la parte imputada así también la notificación de la parte civil, el cual se señala en la imputación formal, encontrándose presente la representante del Ministerio Publico, mas no se encuentra presente la parte civil, ni la parte imputada, es cuanto informo a su autoridad. JUEZ. - Se tiene presente lo informado por la Srta. Secretaria, toda vez que las notificaciones con la imputación formal y la presente audiencia al imputado y a la parte civil llegó con informes, y así también se encuentra la Sra. representante del Ministerio Publico hace llegar por secretaria el SEGIP del imputado, pero sin embargo de la revisión del SEGIP, se tiene como domicilio : B. Santa Rosa, por lo que se puede verificar que la dirección del SEGIP proporcionado por la representante del Ministerio Publico es impreciso y genérico, por lo que por secretaria notifíquese a la parte imputada por EDICTO JUDICIAL, por tanto se suspende la presente audiencia y bajo el principio de celeridad se señala una nueva fecha de audiencia para el día VIERNES 28 DE JUNIO del 2024, a Horas 09:00 A.M, notifíquese al imputado mediante EDICTO JUDICIAL, y notifiquese al SLIM en representación de la victima, quedan legalmente notificados los presentes en sala. Con lo que se dio por concluido el presente acto firmando en constancia la Sra. Juez, junto a la Secretaria que Certifica. FDO. LEGIBLE. - DRA. ALBANIA CH. CABALLERO SAAVEDRA – JUEZ JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL, ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 16°- SANTA CRUZ. ------------------------------------------------------------------------------------------------ FDO. LEGIBLE. - DRA. AYLIN DANIELA ANGULO VILLARROEL – SECRETARIA JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL,ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 16°- SANTA CRUZ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&EL PRESENTE EDICTO ES LIBRADO EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA EN FECHA 10 DE JUNIO DE 2024.---------------------------------------------------------- D. S. O.


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