EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: SALA PENAL TERCERA


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA SALA PENAL TERCERA EDICTO MARIA GIOVANNA PIZO GUZMAN VOCAL – PRESIDENTE DE LA SALA PENAL TERCERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA POR EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO Y SE NOTIFICA A LA SEÑORA ANA BARBARA MAMANI BARRIENTOS (C.I. N° 13286125 CBBA.), CON EL AUTO DE VISTA N° 261/2023-RAR DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2023, PROVEÍDO DE 06 DE JUNIO DE 2024, DENTRO EL PROCESO PENAL SIGNADO CON EL CÓD. FUD.: 30250997, SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO A INSTANCIA DE ANA BARBARA MAMANI BARRIENTOS Y LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PUERTO VILLARROEL CONTRA MARIO HERRERA ROCHA, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ART. 308 BIS DEL CÓDIGO PENAL, A CUYO FIN SE TRANSCRIBEN LOS SIGUIENTES ACTUADOS: AUTO DE VISTA N° 261/2023-RAR DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 VISTO, el recurso de apelación restringida interpuesto por Mario Herrera Rocha contra la Sentencia N° 19/2021, leída íntegramente en 10 de agosto de 2021, pronunciada por los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal N° 1 de Ivirgarzama, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Publico a instancia de Ana Bárbara Mamani Barrientos contra el prenombrado recurrente, por la presunta comisión del delito violación de infante, niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del Código Penal. I. ACTOS PROCESALES RELEVANTES: Los siguientes. I.1. Resolución apelada: Los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal N° 1 de Ivirgarzama, mediante Sentencia N° 19/2021, leída íntegramente en 10 de agosto de 2021, declararon a Mario Herrera Rocha autor y culpable de la comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del Código Penal, imponiéndole en consecuencia pena privativa de libertad de veintitrés (23) años de presidio, sanción a ser cumplida en el recinto penitenciario «El Abra». Al efecto, el Tribunal de mérito sostuvo que: «… De la valoración de la declaración de la testigo ANA BARBARÁ MAMAN BARRIENTOS, y la prueba codificada como MP-16, se tiene que ante los constantes toques acosos de su inquilino Mario Herrera Rocha, la referida denunciante hermana de la menor víctima decide irse de su núcleo familiar a los 12 años de edad, pidiéndole a su madrina que le saque de su hogar habiendo vivido con su madrina en el Beni, retornando a su hogar después de 5 años, a los 17 años, encontrándose a los 10 días del fallecimiento de su madre, con su hermana menor Rosalinda Mamani Barrientos de 16 años, operada, caminando apenas quien le refirió que don Mario la embarazo, murió el bebe en su vientre a los 7 meses de gestación, por lo que la denunciante decide quedarse a vivir con sus hermanas menores un año para apoyarlas, observando en ese tiempo que el acusado todo el tiempo rondaba por su casa, pese a que su hermano Limber Mamani le había advertido que no se acercara a las niñas, a los 18 años la denunciante decide residir en Sacaba, visitando a sus hermana una sola vez al mes, es así que con el fin de festejar en 30 de abril de 2019 el cumpleaños de su hijito con sus hermanos menores llega a Ivirgarzama el 28 de abril de 2019, no encontrando en su casa a su hermana menor Ayde Mamani Barrientos quien había desaparecido hace una semana, informándole también su hermano Alex, que don Mario Herrera les llevaba a pasear a sus hermanitas menores todo el tiempo en su auto y les daba a Bs. 10, pero que más le llevaba a Ayde Mamani Barrientos, por lo que ante la desaparición de su hermana menor, el 29 de abril de 2019 denuncia a la FELCC de Ivirgarzama, recurre a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, habiéndose elaborado un folleto de desaparecida con el rostro de la menor en la referida institución, para luego dirigirse en búsqueda de su hermana al domicilio de su ex inquilino Mario Herrera Rocha, ubicado en la Calle Montero y Tarija habiendo tomado contacto con la dueña de casa del acusado preguntándole si Mario Herrera aún vivía en su casa y si vio en su cuarto a una menor, mostrándole la foto de la menor Ayde Mamani Barrientos como se tiene de la prueba MP-20, indicándole es mi hermanita, él se lo ha debido traer, contestando la dueña de casa que Mario Herrera vive en su casa, pero que no vio a la menor de la foto, habiéndose retirado Ana Barbará Mamani para posteriormente volver con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la Policía al domicilio del acusado, habiendo tomando contacto el policía con la dueña de casa quien autorizo el ingreso, ya en el interior del inmueble tomando contacto con Mario Herrera Rocha quien manifestó que vive solo, que no se encontraba nadie con él, autorizando el ingreso a su cuarto como se tiene de la prueba judicializada como MP-12, sin embargo ingresando al cuarto del acusado en la búsqueda encuentran a la menor Ayde Mamani Barrientos de 12 años de edad, oculta, cubierta con cartones y frazadas solo con ropa interior y con polera del acusado, como se tiene de la toma fotográfica No. 3, 4 y 5 de fs. 2, 3, de la prueba judicializada como MP-8, siendo posteriormente aprehendido y conducido a dependencias de la FELCC de Ivirgarzama. Esta búsqueda y hallazgo de la menor víctima en el cuarto del acusado Mario Herrera Rocha se halla respaldado con la denuncia, acta de intervención policial preventiva codificada como MP-16, MP-19 y corroborado con la declaración de la testigo SEBASTIANA FLORES VILLARROEL quien en una parte de su declaración manifestó: “... primero vino la señorita Ana Barbará, hermana de la niña, me dijo esta don Mario, si le dije, no sabía quién era ella, y me dijo por favor no ha visto en el cuarto de don Mario a una niña o meter a una niña, me mostro una foto, no le dije, yo sé que él se lo ha traído a mi hermanita me dijo, después se fue, no paso ni una hora y volvió con la Defensoría, Policía, Fiscalía y me dijeron que le llamara a don Mario, le llame él estaba afeitándose en la lavandería, pero no salió, entraron y se lo han llevado a don Mario, y la niña salió andando era flaquita y pequeña...”., confirmado con lo referido por la testigo ROSALINDA MAMANI BARRIENTOS quien en una parte de su declaración manifestó: “.., el 29 de abril de 2019, le encontraron a mi hermanita Aidé en su cuarto de don Mario Herrera...”. Esta búsqueda y hallazgo de la menor Ayde Mamani Barrientos en el cuarto del acusado nombrado se halla también ilustrado con el muestrario fotográfico, placa fotográfica 1, 2.- Donde se observa al acusado en su cuarto el momento de la intervención, por personal policial realizando la revisión, buscando a la menor. Placa fotográfica 3. Se observa a la menor ocultada en el cuarto del acusado. Placa fotográfica 4.- Se observa a la menor con una polera de varón y ropa interior en el cuarto del nombrado acusado, Placa fotográfica 5 Se observa a la menor junto a la hermana. Placa fotográfica 6.- Se observa la ropa interior de la menor. Valorada la entrevista preliminar psicológica de la menor codificada como MP-11, se tiene que el Psicólogo Franz Alexander Zelada, llega a la conclusión que la menor Ayde Mamani Barrientos ha decidido ocultar toda la información relacionada con este hecho, negando cualquier tipo de contacto sexual con su acompañante, mostrando un discurso incoherente y contradictorio, justificando conductas que no tiene tiempo o espacio, intentando de cualquier forma elaborar una historia donde pueda encajar todos los eventos, sin llegar a perjudicar a esta persona adulta de sexo masculino, por lo que valorada la referida prueba el tribunal establece que en primera instancia la menor victima ha decidido ocultar toda la información relacionada con este hecho de violación negando cualquier tipo de contacto sexual con el acusado Mario Herrera Rocha, con la finalidad de no perjudicarle, sin embargo valorada la entrevista informativa, el tribunal llega a la convicción que el acusado en reiteradas oportunidades agredido sexualmente a la menor, como se tiene plasmado en la prueba codificada como MP-10 la menor Ayde Mamani Barrientos en la parte más sobresaliente indica: “....don Mario me invitaba refresco en su auto, me daba sueño, cuando despertaba mi pantalón y mi calzón no estaba bien colocado, cuando me dejaba en mi casa, sentía dolor de cabeza, me giraba mi cabeza, mi vagina me dolía, eso ha pasado 8 veces o más, no le reclamaba nada porque salía como borracha...” Esta agresión sexual por el acusado a la menor AYDE MAMANI BARRIENTOS es ratificado por la referida menor quien en la partes más sobresaliente de su declaración en audiencia manifestó: “… salí del colegio Don Mario me invito a tomar refresco, tome el refresco, me dolía la cabeza, me desmaye, luego aparecí directamente en su cuarto, manchada de sangre, abuso de mí, (llora la menor en audiencia) continua, me ha violado en su cuarto, me dolía mi cuerpo...”, esta ratificación de la menor en audiencia de juicio oral en presencia del tribunal dan la certeza sobre las agresiones sexuales que ha sufrido la menor victima cuando solo contaba con 12 años de edad, pues como se demuestra con el certificado de preinscripción de nacimiento que ha sido judicializado como MP-1 tiene como fecha de nacimiento 30 de octubre de 2006, que a la fecha de los hechos 29 de abril de 2019, tenía 12 años de edad. Esta violación sexual a la menor Ayde Mamani Barrientos es respaldada con el certificado médico forense emitido por el Dr. Pedro Sejas Suarez codificado como MP-9 que certifica que examino a la menor de Aidé Mamani Barrientos de 12 años de edad, llegando a la conclusión de Himen con desgarro de data antigua indicando además que recolecto muestra de dos hisopos de la región perilabial, dos hisopos de la pared vaginal, dos hisopos del fondo de saco de Douglas, para enviar a laboratorio y determinar presencia de espermatozoide y antígeno prostático especifico PSA, reconociendo el referido galeno Dr. PEDRO SEJAS SUAREZ en audiencia de juicio oral la prueba judicializada como MP-9 indicando: examine a la menor de Aidé Mamani Barrientos, la ropa interior lo tenía puesto, en el momento del examen, la ropa interior tenía olor y color característico a semen, a restos de semen, se llegó a la conclusión de Himen con desgarro de data antigua indicando que obtuvo muestras de la menor Ayde Mamani Barrientos: dos hisopos de la región perilabial, dos hisopos de la pared vaginal, dos hisopos del fondo de saco para enviar a laboratorio, para su análisis, indicando que el medio probatorio para establecer con certeza, sin margen a error quien es el autor es a través de análisis los hisopos obtenidos, si esto es así conforme se tiene los resultados de genética forense el acusado Mario Herrera Rocha es el agresor sexual de la referida menor puesto que conforme el dictaminen pericial de genética forense codificado como MP-24 se tiene EN CONCLUSIONES: PRIMERA: A partir de la fracción femenina de la evidencia: IDIF-0871-19-CB-M1.1 (hisopado de la región perilabial) y las evidencias: IDIF-0871-19-CB-M1.2-FF (hisopado de la pared vaginal) e IDIF-0871-19-CB-M1.3 (hisopado de fondo de saco), se obtiene un perfil genético correspondiente a un individuo de sexo femenino, según el rotulo del sobre de las evidencias perteneciente a: Ayde Mamani Barrientos, SEGUNDA: A partir de la fracción masculina de la evidencia: IDIF-0871-19-CB-M1.2-FM (hisopado de la pared vaginal) se obtiene un perfil genético correspondiente a un individuo varón IDENTICO al perfil genético obtenido a partir de Mario Herrera Rocha (IDIF-0871-19-CB-M3).TERCERA: A partir de la evidencia: (IDIF-0871-19-CB-M2 (ropa interior), se obtiene un perfil genético correspondiente a dos individuos IDENTICO al perfil genético mencionado en la conclusión primera y al perfil genético obtenido a partir de Mario Herrera Rocha (IDIF-0871-19-CB-M3), por lo que el tribunal llega a la convicción de que los actos desplegados por el acusado se adecuan al tipo penal de violación de Infante Niña, Adolescente tipificado y sancionado por el Art. 308 bis. del Código Penal. Cabe aclarar que la valoración de la entrevista informativa de Ayde Mamani Barrientos codificado como MP-10 se halla sustentada en la previsión de los Arts. 193 inc. c) de la Ley 546 que hace referencia a la presunción de verdad. El Auto Supremo N.- 329/2010, señala que la declaración de un menor puede ser valorada en juicio oral, El Art. 4 núm. 11) de la ley 348 que nos habla del principio de informalidad. También cabe aclarar que la MP-10 y la declaración prestada de la menor Ayde Mamani Barrientos en audiencia de juicio oral se halla sustentada en el Art. 93 de esta misma ley 348 indica: Art. 93 medios alternativos. Para la presentación de la prueba, la mujer en situación de violencia podrá decidir si se acoge al procedimiento regular o a los medios optativos siguientes.- 1.- prestar declaración o presentar pruebas por medios alternativos sin que comparezca ante el juzgado.- 2.- Aportar pruebas en instancias judiciales sin verse obligada a encontrarse con el agresor. El Auto Supremo 892/2019 ha establecido que la declaración de la victima de agresión sexual constituye prueba fundamental, además se debe tener presente la CIDH en el caso Espinoza Gonzales Vs. Perú, sentencia de 20/11/2014 señalo en lo que respecta a los casos de violencia sexual indicando que las agresiones sexuales se caracterizan en general por producirse en ausencia de otras personas, más allá de la víctima y del agresor o los agresores, dada la naturaleza de estas formas de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas graficas o documentales y por ello la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho, La Corte igualmente ha indicado que las declaraciones brindadas por las víctimas de violencia sexual se refiere a un momento traumático pasado por ellas cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones al recordarlas, incluso por ello la corte ha advertido que las imprecisiones en las declaraciones relacionadas a violencia sexual no significa que sean falsas o que los hechos relatados carezcan de veracidad, criterio también asumido en el caso Fernando Ortega Vs. Méjico, sentencia de 30/08/2010 párrafo 100 y en el Caso J. Vs. Perú Párrafo 323, Por lo que conforme lo señalado precedentemente causa convencimiento en los miembros del Tribunal de ser evidente la agresión sexual sufrida de la menor Ayde Mamami Barrientos en reiteradas oportunidades, agresión sexual perpetrada por Mario Herrera Rocha, por ser persona identificada como responsable del acceso carnal por la propia víctima, como se tiene en las pruebas judicializadas como MP-10, MP-9 y MP-24. Mario Herrera Rocha, aprovecho que la menor víctima, se encontraba desamparada por sus progenitores y hermanos mayores porque su madre había fallecido, su padre alcohólico, desobligado, que constantemente los dejaba solas, que los hermanos mayores se fueron a vivir a otra parte quedando con el referido padre únicamente los menores ALEX, de 15 años, quien constantemente salía hacer sus trabajos del colegio quedando solas desprotegidas AYDE, YESICA, ARMINDA, MARIBEL MAMANI BARRIENTOS, de 12, 10, 8, 6, de años de edad, situación que aprovecho el acusado, para llevarla a la menor victima a su cuarto con el fin de satisfacer sus bajos instintos sexuales, la agrede sexualmente, la viola a la menor como se tiene de la MP-8, MP-10, MP-9, MP-24 y de la propia declaración de la víctima en audiencia de juicio oral. Por lo que el Ministerio Público ha probado el hecho acusado…». I.2. Recurso de apelación restringida de Mario Herrera Rocha: El prenombrado, mediante escrito presentado en 06 de diciembre de 2021, promovió la impugnación de la Sentencia N° 19/2021 solicitando se anule la misma y se celebre un nuevo juicio oral a cargo de otro Tribunal de Sentencia. En tal propósito, denuncio la configuración de los siguientes defectos. I.2.1. Inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, inc. 1) del art. 370 del CPP: Asevero el acusado que la decisión condenatoria se desentiende del art. 342 del CPP y las Sentencias Constitucionales Nº 0487/2004-R de 31 de marzo y 0366/2005-R de 14 de abril, toda vez que el adverso se veía obligado a probar su acusación -la cual glosa en su escrito impugnatorio-, debiendo esta subsumirse correctamente al tipo penal, cosa que estima no aconteció. Así, cuestiono la proposición integrada en el «CONSIDERANDO IV» al incorporarse el elemento «violencia» en función a la incapacidad de consentir, dubitando incluso de su fundamento doctrinal, toda vez que Carpzovio, autor citado en la resolución a efectos de motivar la conclusión reseñada, murió cuatro siglos atrás y no se encuentra de él bibliografía o literatura escrita. No obstante, reconoció que la presencia de la fuerza o intimidación es indistinta para consumar el delito que prevé el art. 308 Bis del Código Penal, resultando sin embargo imprescindible acreditar el acceso carnal -con miembro viril- vía vaginal. Prosiguiendo reclamo que el Ministerio Publico no identifico correctamente a la víctima, ni determino lo que hizo -el acusado- para tener acceso carnal el 29 de abril de 2019, sea con violencia y consentimiento o no, resaltando casos como los de estupro, en los que media la aquiescencia del sujeto pasivo. De igual forma, cuestiono la fundamentación del A quo de como su conducta se subsume en el tipo penal, al no particularizarse actos concretos que satisfagan los elementos constitutivos del tipo penal, y la atinente a la pena, por no aludirse ni emplearse expresamente en el «CONSIDERANDO V» los presupuestos que reseñan los arts. 37, 38, 39 y 40 del Código Penal, empleando la «gravedad del hecho» sin carga argumentativa relativa a la personalidad o las circunstancias que rodearon al hecho. Cito los arts. 115 y 180 de la CPE y los Autos Supremos Nº 199/2013 de 11 de julio, 038/2013-RRC de 18 de febrero, 353/2013-RRC de 27 de diciembre y 26/2014 de 17 de febrero, sobre el debido proceso y sus elementos, entre los que se ubican la fundamentación y motivación de las resoluciones, particularmente de la pena; 329/2006 de 29 de agosto, 431/2006 de 11 de octubre, 236 de 07 de marzo de 2007 y 287/2007 de 11 de octubre, relativos a la calificación del hecho y el delito, además de la diferencia entre tipo, tipicidad y tipificación; 146/2012 de 18 de junio y 024/2014-RRC de 18 de febrero, atinentes al carácter vinculante de la doctrina legal aplicable; todos tildados de omitidos en el fallo. I.2.2. Que falte la enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada, art. 370 inc. 3) del CPP: Afirmo el procesado que el Ministerio Publico incumplió la previsión contenida en el art. 341.I.2 del CPP, al no plasmar de manera precisa y circunstanciada la relación del hecho en su pliego acusatorio, misma que al ser rescatada en Sentencia arrastro idénticas falencias, resultando incompleta, imprecisa, contradictoria, oscura e incomprensible, no siendo necesaria para la configuración del defecto su ausencia total, condiciones que motivaron también falte la determinación circunstanciada, toda vez que jamás se explicitaron los actos que se subsumen al tipo penal, ni se identificó correctamente al sujeto pasivo del ilícito, ya que la aludieron como N.N. -aplicada sobre N.N. Mamani- lo que implica el desconocimiento total de la identidad. Cito las Sentencias Constitucionales Nº 0487/2004-R de 31 de marzo y 0366/2005-R de 14 de abril. I.2.3. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas de este Título, inc. 4) del art. 370 del CPP: Previa exposición del alegato, enuncio los arts. 8 y 15 de la Ley Nº 025 y arts. 115 y 118 de la CPE, incidiendo en que las autoridades jurisdiccionales se obligan a asumir sus determinaciones en conformidad con la CPE, acuerdos y tratados internacionales, además de la Ley (de orden público y cumplimiento obligatorio) y los principios de legalidad y seguridad jurídica, garantizando el debido proceso en todos sus elementos, vinculados a los principios de legalidad y seguridad jurídica, citando al efecto los Autos Supremos Nº 146/2012 de 18 de junio, 56/2013 de 05 de marzo, 199/2013 de 11 de julio, 213/2013-RRC de 27 de agosto y 024/2014-RRC de 18 de febrero. Bajo aquellas consideraciones, sostuvo que solo es prueba admisible la detallada en el Libro Cuarto, Títulos II, III, IV, y V de la Ley Nº 1970, normativa que por su taxatividad no permite interpretación de ningún tipo, incorporando el art. 333 del CPP prohibición expresa de incorporar otros medios no enunciados. Así, remitiéndose a la MP-1 (Pre - impresión de nacimiento), sostuvo que la propia literal informa que carece de valor para tramites externos al OEP, no siendo por ello útil o idónea para definir la edad de la víctima. En similar sentido, en relación a la MP-9 (Certificado médico forense), adujo que aquella no comunica su producción por requerimiento fiscal, ni cuenta con el consentimiento informado y firma de los padres/hermanos de la menor o de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ante su incapacidad para consentir tal práctica. En cuanto a la MP-10 (Declaraciones informativas de Ayde Mamani Barrientos), denuncio que esta no se encuentra comprendida dentro de las reconocidas por el art. 333 del CPP, oponiéndose incluso a los principios de oralidad, contradicción e inmediatez, de cumplimiento obligatorio (Auto Supremo Nº 57/2013 de 05 de marzo). De otra parte, en lo que atañe a la MP-11 (Entrevista psicológica preliminar), hizo hincapié en que no se halla prevista por el art. 333 del CPP y que los datos integrados no constan en el registro o archivo de la Defensoría, plasmando solo la información brindada por la menor, tratándose entonces de una entrevista o una declaración informativa, pudiendo integrarse únicamente esta de forma valida conforme al art. 307 del CPP, lo que no aconteció. Continuando, enuncio la MP-12 (Acta de ingreso voluntario) e incidió en que esta se aparta de las enunciadas en el art. 333 del CPP, aunado a que la ausencia de flagrancia hizo imperativo que el ingreso cuente con un mandamiento de allanamiento. Asimismo, sobre la MP-19 (Informe de intervención policial preventiva o acción directa), insistió en que esta no es reconocida por el, tantas veces citado, art. 333 del CPP, precepto que admite tan solo a la denuncia para judicialización, correspondiendo de contrario a los actos que reseña el art. 280 del compilado adjetivo penal, vulnerando su introducción los principios de oralidad, contradicción e inmediatez, de cumplimiento obligatorio (Auto Supremo Nº 57/2013 de 05 de marzo), tachando en general que la judicialización de la prueba enunciada supra, sobre la que se fundó la condena, transgredió el derecho al debido proceso, en sus vertientes derecho a la defensa e igualdad de partes al valorar, en el «CONSIDERANDO V», prueba que no debió introducirse. I.2.4. Que no exista fundamentación de la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria, inc. 5) del art. 370 del CPP: Tacho de contradictoria e insuficiente la fundamentación, pues el pliego acusatorio, de forma diferente a la asumida en el «CONSIDERANDO V» de la Sentencia, no integra que el ilícito se haya cometido con fuerza o intimidación, es más, tampoco manifiesta la conducta desplegada para su comisión ni alude si hubo o no consentimiento entre los sujetos involucrados, y si bien se concluye en la resolución confutada que operaron en el caso «medios violentos» no se precisa la conducta que la motiva. De igual forma, se remitió a los epígrafes nominados como «CONSIDERANDO III» y «CONSIDERANDO IV», cuestionando se describan las literales signadas como MP-23 y MP-24, empero solo la última merezca valor probatorio, ignorando su dependencia respecto a la primera, falencia replicada en relación a la MP-13, vinculada a la MP-8, MP-12, MP-19 y MP-24. En similar sentido, alego que, en el «CONSIDERANDO IV», se encuentran las deposiciones de Ana Barbara Mamani Barrientos, Rosalinda Mamani Barrientos, Pedro Sejas Suarez y Sebastiana Flores Villarroel, además de incorporarse en el mismo apartado las documentales codificadas como MP-1, MP-8 a la MP-13, MP-16, MP-19, MP-23 y MP-24, mismas que no merecieron ponderación alguna, al no emplearse términos como «ALTAMENTE RELEVANTE», «RELEVANTE», «POCO RELEVANTE» o «IRRELEVANTE», y si bien se intentó una valoración conjunta de la prueba, se utilizan solamente algunas literales, como la MP-8, MP-10, MP-9 y MP-24, sin hacer partícipes a las codificadas como MP-1, MP- 11, MP-12, MP-13, MP-16, MP-19 y MP-23, sobre las que no existe fundamentación en torno a lo que acreditaron. Finalmente, arguyo resulta inexistente la fundamentación de la pena, al no atender el «CONSIDERANDO V» expresamente a los parámetros de los arts. 37, 38, 39 y 40 del Código Penal, inobservando el Auto Supremo Nº 038/2013-RRC de 18 de febrero. Cito los arts. 115 y 118 de la CPE, además de los Autos Supremos Nº 199/2013 de 11 de julio y 353/2013-RRC de 27 de diciembre, sobre el debido proceso y sus elementos, entre los que se ubica la motivación. I.2.5. Que la Sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, inc. 6) del art. 370 del CPP: Reclamo que la prueba testifical y documental, si bien descrita, no haya merecido calificación, sea rotulándola como «ALTAMENTE RELEVANTE», «RELEVANTE», «POCO RELEVANTE» o «IRRELEVANTE», apelativos de uso obligatorio, no permitiendo aquella ausencia reconocer la prueba que tuvo mayor incidencia en la decisión, haciendo defectuosa e incompleta la apreciación, vulnerando además el debido proceso. Prosiguiendo, relievo que la declaración de la víctima no tiene carácter absoluto, sino que debe reunir corroboraciones periféricas, materiales y objetivas, criterio que debió tenerse presente a tiempo de resolver el caso, razonamiento aquel al que agrego diversas consideraciones en torno a su participación y deposición sea en calidad de victima o querellante, citando al efecto los arts. 78, 82 y 290 del CPP. Así, cuestiono el testimonio de Ana Barbara Mamani Barrientos, al tratarse de una testigo referencial que proporciono información distinta, no necesariamente uniforme y conteste, a los actos de investigación, versando su deposición en torno a la acción directa y el allanamiento de domicilio, violentando el razonamiento del A quo los principios de la lógica, razón y sana critica, al pretender acreditar con ella la responsabilidad y autoría, valorando lo que convino, omitiendo indicar que adujo denunciar la desaparición de su hermana y que, por terceras personas, llego a su domicilio (del acusado). Los mismos principios estimo transgredidos en relación a la declaración de Sebastiana Flores Villarroel, quien adujo ser dueña del inmueble en el que residía el acusado; y Rosalinda Mamani Barrientos, aclarando que ambas resultan hermanas de la menor y testigos referenciales, quienes repitieron lo que escucharon sin que le conste, valorando solo lo favorable para la acusación. En relación a Pedro Sejas Suarez, la defensa rescato someramente la alusión que hizo el Tribunal de instancia, sobre el reconocimiento que hizo del Certificado médico forense. A mayor abundamiento, resalto que, si bien se intentó practicar una valoración conjunta de la prueba documental, esta solo abarco ciertas literales, como la MP-8, MP-10, MP-9 y MP-24, sin hacer partícipes las codificadas como MP-1, MP-11, MP-12, MP-13, MP-16, MP-19 y MP-23, sobre las que no existe fundamentación en torno a lo que acreditaron. Sin perjuicio de lo anterior, la parte aludió a la MP-1 y reitero los argumentos vertidos a tiempo de reclamar su incorporación ilícita, resaltando que su admisión sobrepone los principios de libertad probatoria y verdad material a los derechos y garantías de la defensa. Continuando, afirmo que la MP-8 (vinculada a la MP-12 y MP-13), emerge -junto a las enunciadas- de un supuesto «ingreso voluntario» el 30 de abril de 2019 al dormitorio del acusado, sin embargo, tal acto obedecería a un intento de subsanar los yerros producidos el día 29 de igual mes y año, fecha esta de la aprehensión (acorde a la MP-12), ya que en la referida fecha no se habría labrado el acta de registro del lugar del hecho y colección de evidencias, por lo que para el día siguiente no hubo cadena de custodia que resguarde los ambientes, siendo necesaria por el transcurso del tiempo una orden de allanamiento, pues el compilado adjetivo penal no reconoce ningún «acta de ingreso voluntario», siendo coercitiva «per se» la presencia de la policía y fiscalía al pretender elaborar el acta de registro del lugar del hecho (MP-13), incurriendo así en el delito de allanamiento, literal la faccionada que debería cumplir las formalidades que prevé el art. 120 del CPP, pues carece de firma de la fiscal y el asignado al caso, tornando su contenido nulo e invalorable. En cuanto a la MP-9, insistió en los argumentos empleados para reclamar su ilegal incorporación. De otra parte, en lo que atañe a la MP-10 (en cuyo alegato alude también a la MP-7, MP-10 y MP-17), relievo que las mismas no constituyen declaraciones anticipadas o por comisión, suponiendo su judicialización violación a los principios de oralidad, contradicción e inmediación, y si bien se invocó la Convención Belem Do Para para su introducción, no se realizó mayor carga argumentativa, contraviniendo el Auto Supremo Nº 56/2015, ya que la Ley tiene carácter general y es de cumplimiento obligatorio, en estrecho vínculo al derecho al debido proceso e igualad de partes. En relación a la MP-11, no obstante ratificar los argumentos empleados para su exclusión en alzada, agrego que la entrevista, pese a remitirse al fiscal, no informo su emisión bajo requerimiento, poniendo en tela de juicio su legalidad, no constituyéndose en abordaje psicológico o pericia, sino en una declaración no sometida al contradictorio, pese a que el art. 333 del CPP solo admite para lectura declaraciones anticipadas. Igualmente, motivo queja sobre la MP-12, literal que al momento de su fundamentación fue remitida por la parte a los alegatos vertidos para la MP-8; en tanto que la MP-16 fue criticada en función a que no puede asumirse defensa al versar en torno a la comisión del delito que prevé el art. 312 del Código penal, distinto al art. 308 de igual código cuya comisión le atribuye la acusación. En lo atinente a la MP-19, replico las razones expresadas para su exclusión en vía de apelación restringida, adicionando que la misma no identifica al funcionario que la labro ni la hora de conclusión del acto; reseñando también que la MP-20 no se encuentra prevista por el art. 333 del CPP, lesionando su judicialización el derecho al debido proceso, en sus vertientes derecho a la defensa e igualdad procesal, además de los principios de legalidad y seguridad jurídica, de la forma en la que lo respalda el Auto Supremo Nº 56/2013 de 05 de marzo. Especial mención mereció la MP-24, tildada de nula, toda vez que la MP-23, literal que sirvió de fundamento, refiere se practicó sobre Cristina Esquivel, generando la pericia elaborada por Orfa Reque un fraude procesal, haciendo que la Sentencia se base en hechos no acreditados al no demostrarse la compatibilidad de la prueba biológica de Mario Herrera Rocha con de la presunta víctima N.N. Mamani. Cito los arts. 115 y 118 de la CPE y los Autos Supremos Nº 504/2007 de 11 de octubre, 77/2013 de 04 de abril, 199/2013 de 11 de julio, 353/2013-RRC de 27 de diciembre, sobre el debido proceso, sus elementos y la valoración de la prueba conforme a la sana critica, así como la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0238/2018-S2 de 11 de junio, sobre los marcos de razonabilidad y equidad de la valoración de la prueba. I.3. Contestación del Ministerio Publico: Amanda Medrano Meneses, en su condición de fiscal de materia, mediante escrito presentado en 31 de enero de 2022, respondió a la apelación planteada por Mario Herrera Rocha, impetrando se declare improcedente el recurso y se confirme la Sentencia impugnada. Con tal objeto, sostuvo que el adverso no manifestó la forma en la que se violaron las disposiciones invocadas, ni la aplicación que de ellas pretende, acorde al art. 408 del CPP, desconociendo el acusado que el juicio oral se celebró respetando los derechos y garantías que lo asisten y que la Fiscalía probo la comisión del delito. De igual forma, arguyo que los reclamos inherentes a la inobservancia o errónea aplicación de la Ley, la fundamentación insuficiente o contradictoria y la valoración defectuosa de la prueba o hechos no probados e inexistentes carecen de asidero legal, apartándose de la verdad, habiendo dado el Tribunal cabal cumplimiento al Código Penal, Código de Procedimiento Penal y el Código Niño, Niña o Adolescente, sin trasgredir los principios reseñados, y si bien se enseñan reglas de fundamentación y valoración no se indica su fundamento legal. I.4. Audiencia de fundamentación oral del recurso: Celebrada de forma virtual en 24 de julio de 2023, bajo el siguiente detalle. I.4.1. Intervención de Mario Herrera Rocha: Asistido en el acto por Lilian Nogales, en su condición de abogada de confianza, la defensa se ratificó en términos generales en el contenido del escrito impugnatorio presentado en 06 de diciembre de 2021, agregando, sin embargo, para el inc. 1) del art. 370 del CPP, que el Ministerio Publico debió identificar correctamente a la víctima y acreditar la concurrencia de los elementos del tipo y que el Tribunal de mérito no particularizo a la víctima, no motivo los hechos ni los respaldo para la adecuación de la conducta al tipo penal. En cuanto al inc. 3) del mismo precepto legal, reclamo sucintamente la determinación del tiempo, lugar y espacio de comisión del ilícito. En relación al inc. 4), adiciono que no es suficiente para admitir la pericia -que identifica a otra víctima- el «error de taipeo» invocado, toda vez que la prueba debió ser especifica y dirigida exclusivamente a la causa. De otra parte, en lo atinente al inc. 5), insistió en la identificación de la víctima y su edad, dubitando además de un certificado médico que no establece desgarro y una declaración testifical -no identificada al intervenir-, incidiendo igualmente en que la MP-23 y la MP-24 indican el nombre de una tercera persona, justificando tal como un error de transcripción, fundando además la insuficiencia de la fundamentación en la producción de la prueba sin motivar su admisión, pese a la exclusión probatoria intentada. Finalmente, en cuanto al inc. 6), afirmo falta de fundamentación y falta de coherencia entre todos los elementos de prueba, siendo las pericias de 22 de mayo y 24 de julio de 2019 contradictorias en sus fechas y sujetos procesales. I.5. Remisión del cuaderno procesal: Mediante proveído de 03 de febrero de 2022, merced al recurso de apelación restringida en análisis, el Tribunal de Sentencia Penal N° 1 de Ivirgarzama, dispuso la remisión del cuaderno procesal de fs. 195 (un cuerpo), ante el Tribunal de Alzada, por lo que previa asignación automatizada, fue recepcionado por la Sala Penal Tercera en 04 de febrero de 2022. II. CONTROL DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: En observancia del principio de impugnación consagrado por el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (en adelante nominada simplemente CPE), se pasa a examinar si el escrito recursivo presentado en 06 de diciembre de 2021 cumple con los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva. II.1. Presupuesto de impugnabilidad objetiva: Por mandato contenido en los arts. 394 y 396.3 del CPP, las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por dicho código y en las condiciones de tiempo y forma también previstos por él. Respecto a los requisitos previstos por el art. 408 de la norma adjetiva penal, se tiene que el recurso de apelación restringida, además de ser interpuesto por escrito en el plazo de quince (15) días de notificada la Sentencia -forma y plazo-, debe: i) Citar concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas; y, ii) Expresar cuál la aplicación que de ellas (de las normas identificadas como violadas o erróneamente aplicadas) se pretende. En el caso, la apelación restringida presentada en 06 de diciembre de 2021, fue interpuesta de modo escritural dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación practicada en 15 de noviembre de 2021; así las cosas, las circunstancias de tiempo y modo determinados por el art. 408 del CPP, fueron observadas por el impugnante, por lo que el recurso cumple con el presupuesto de impugnabilidad objetiva. II.2. Presupuesto de impugnabilidad subjetiva: Por mandato contenido en el art. 394 del CPP, el derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por Ley, incluida la victima, aunque no se hubiere constituido en querellante; entonces, habiendo sido el escrito recursivo presentado en 06 de diciembre de 2021, suscrito por el acusado Mario Herrera Rocha; se tiene que el recurso cumple con el presupuesto de impugnabilidad subjetiva. II.3. Cumplidos los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, el Tribunal de Alzada declara la ADMISIBILIDAD del recurso de apelación restringida y pasa a resolver el fondo de la cuestión planteada. III. DOCTRINA INDICATIVA APLICABLE AL CASO: La siguiente. III.1. Inobservancia o errónea aplicación de la Ley: Respecto al significado de la «inobservancia o errónea aplicación de la ley» determinada en el art. 407 CPP, la Sentencia Constitucional N° 1075/2003-R de 24 de julio, sostuvo: «… Conviene precisar qué alcances tienen, en el contexto del Código, las expresiones “inobservancia de la ley” y “errónea aplicación de la ley”. El primer supuesto se presenta cuando la autoridad judicial no ha observado la norma o, lo que es lo mismo, ha creado cauces paralelos a los establecidos en la ley (así, SC 1056/2003-R). En el segundo caso, si bien se observa la norma, la autoridad judicial la aplica en forma errónea. En este punto, corresponde puntualizar que la inobservancia de la ley o su aplicación errónea, puede ser tanto de la ley sustantiva como la ley adjetiva. Así, la norma sustantiva puede ser erróneamente aplicada por: 1) errónea calificación de los hechos (tipicidad), 2) errónea concreción del marco penal o, 3) errónea fijación judicial de la pena (SC 727/2003-R). Los supuestos de errónea aplicación de la ley adjetiva son: 1) los defectos de procedimiento en general y 2) los expresamente establecidos en los arts. 169 y 370 CPP. Conforme a esto, los supuestos previstos en los dos preceptos referidos -excepto el inciso 1) del art. 370, que alude a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva- están referidos a: 1) inobservancia de la ley adjetiva, 2) errónea aplicación de la ley adjetiva, cuando no se comprueban los hechos acusados conforme a los parámetros exigidos por ley (de modo integral, conforme a las reglas de la sana crítica). Esto significa que los hechos acusados deben ser probados y que sólo es válida la comprobación realizada conforme a ley. En este sentido, una acusación y/o querella, no estará comprobada conforme a ley cuando: 1. El hecho no existió 2. El hecho no se ha probado en forma suficiente (inc. 3 al 11 del art. 370, art. 169 y demás defectos de procedimiento impugnados oportunamente) 3. El hecho existió pero no se puede individualizar al agente (inc. 2 del art. 370)…». Concordante con lo anterior, el Auto Supremo Nº 069/2015-RRC de 29 de enero razonó: «… es menester expresar que la doble enunciación resulta equívoca, en razón a que existe distinción entre la no aplicación de una disposición (inobservancia) y la aplicación errónea de una disposición (errónea aplicación), pues cuando se aduce inobservancia de la ley sustantiva, se debe hacer referencia a que el Tribunal de Sentencia no aplicó determinada disposición y, en el segundo, se alude cuando el Tribunal de Sentencia aplicó una disposición cuando correspondía aplicar otra o que la citada disposición fue mal aplicada. Dentro de ese entendimiento, se tiene que la inobservancia significa desconocimiento, desobediencia o falta de aplicación de la norma jurídica, no tratándose de un error en el modo de aplicarla, sino de una omisión de cumplirla; mientras que la errónea aplicación, es la inadecuación o falta de correspondencia de la norma aplicada con el caso concreto; es decir, una norma es observada o cumplida, pero no es la que debía aplicarse, o es aplicada con una mala interpretación de su mandato…». En relación a la errónea aplicación de la Ley sustantiva y su vinculación a los hechos probados, en el Auto Supremo N° 123/2017-RRC de 21 de febrero se afirmó: «… no siendo evidente la supuesta errónea aplicación de la norma sustantiva penal; sumado al hecho de que el fundamento del imputado a fin de probar el tiempo en que ocurrió la supuesta violación, es un objeto de prueba; empero, no puede sustentarse en este aspecto la presunta errónea aplicación de la norma sustantiva, pues para sustentar este defecto, debe partirse de los hechos establecidos como probados por el A quo; aspecto que, no acontece en el caso de autos, por lo que no es evidente la supuesta vulneración de derechos y normas procesales y constitucionales alegadas por el imputado, por cuanto existe un pronunciamiento expreso y debidamente fundamentado de parte del Tribunal de apelación…». Congruente con lo anterior, en el Auto Supremo N° 225/2018-RRC de 10 de abril se manifestó: «… al no tener la facultad el Tribunal de alzada de modificar el hecho o hechos establecidos en sentencia (principio de intangibilidad), obviamente está impedido de cualquier posibilidad de, mediante una nueva valoración probatoria y consiguiente modificación o alteración de los hechos establecidos por el Juez o Tribunal de Sentencia, cambiar la situación jurídica del imputado, ya sea de absuelto a condenado o viceversa y bajo la misma lógica el Tribunal de alzada no podrá de ningún modo resolver directamente una denuncia de errónea aplicación de la norma sustantiva a partir de la incorporación de hechos no establecidos en la sentencia como probados…». III.2. De la incorporación de prueba al juicio oral: El Auto Supremo Nº 300/2016-RRC de 21 de abril, respecto de la incorporación de la prueba la juicio oral, refirió: «… A objeto de resolver el problema jurídico planteado, conviene recordar las garantías constitucionales durante la actividad probatoria está regida en primera oportunidad dentro del texto del Código de Procedimiento Penal en el art. 13, que al tenor indica: “Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y de este Código. No tendrá valor de prueba obtenida mediante torturas, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o violación de los derechos fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito”. Con referencia, a las pruebas audiovisuales y legalidad, el art. 355 del CPP, estableció: “Las pruebas literales serán leídas y exhibidas en la audiencia, con indicación de su origen. El Juez o el Presidente del Tribunal, en base al acuerdo de las partes, podrá ordenar la lectura parcial de éstas. Los objetos y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos para su reconocimiento por testigos, peritos o por el imputado. Las grabaciones y elementos de convicción de prueba audiovisuales serán reproducidos en la forma habitual. Se podrán efectuar careos, reconstrucciones, inspecciones judiciales y el reconocimiento del imputado”. (La negrilla es nuestro). En ese sentido, a efectos de establecer si la introducción al juicio oral de la prueba, fue de manera ilegal, es importante observar la previsión contenida en el art. 171 del CPP que señala: “El juez admitirá como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho de la responsabilidad y de la personalidad del imputado. Podrán utilizarse otros medios además de los previstos en este Libro. Su incorporación al proceso se sujetará a un medio análogo de prueba previsto. Un medio de prueba será admitido si se refiere, directa o indirectamente, al objeto de la investigación y sea útil para el descubrimiento de la verdad. El juez limitará los medios de prueba ofrecidos cuando ellos resulten manifiestamente excesivos o impertinentes”. La normativa glosada permite la libertad probatoria; es decir, el Juez o Tribunal de Sentencia durante el desarrollo del juicio oral, podrá admitir todos los medios de prueba lícitos que sirvan para esclarecer el hecho y la responsabilidad penal del imputado; sin embargo, la libertad probatoria tiene el límite establecido en el art. 172 del CPP, esto es, la posibilidad de excluir prueba cuando refiere: “Carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado, en las Convenciones y Tratados internacionales vigentes, este Código y otras leyes de la República, así como la prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito. Tampoco tendrán eficacia probatoria los medios de prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades previstas en este Código”. Lo anteriormente dicho, señala de manera clara los instrumentos y limitantes que el sistema procesal penal vigente posee con referencia a la introducción de pruebas en juicio oral; que se encuentran frontalmente referidos a los principios rectores de la prueba, tales como el de libertad probatoria y el de pertinencia (ambos recogidos en el texto del art. 171 del CPP); y a la plena actividad de acusación y defensa en el momento procesal pertinente a ser ejercida por las partes. Dentro de este marco, este Tribunal Supremo de Justicia, a través del Auto Supremo 14/2013 de 6 de febrero, respecto a la introducción de la prueba y su legalidad estableció: “Uno de los principios que sustentan la actividad probatoria en materia penal en la jurisdicción del Estado, es el de legitimidad, dónde un medio de prueba será legítimo si no está prohibido expresamente por el ordenamiento jurídico procesal penal vigente o por el ordenamiento jurídico en general; y extensivo a que la actividad de probanza no sea contraria a la ética, o la dignidad e integridad de las personas; por ello el respeto a las garantías constitucionales durante la actividad probatoria está regida en primera oportunidad dentro del texto del Código de Procedimiento Penal en el art. 13, que al tenor indica: ‘Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y de este Código. No tendrá valor de prueba obtenida mediante torturas, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o violación de los derechos fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito’. Aquella garantía procesal, delimita un contrapeso y escudo de protección para con el imputado, pues de manera taxativa se instruye la labor de los juzgadores de constatación de no vulneración de garantías tanto constitucionales como procesales, en el momento preciso del desfile probatorio, como en el trabajo de valoración de la prueba producida, quedando eximida de manera frontal la probabilidad de valoración de elementos o medios que contradigan la gama de garantías constitucionales previstas no solo en la Constitución Política del Estado, sino también en las Convenciones y Tratados internacionales suscritos y vigentes en el Estado conforme prevé el art. 172 del CPP. De igual manera el art. 71 del CPP, al señalar que los fiscales no podrán utilizar en contra del imputado pruebas obtenidas en violación a la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y las leyes, inclina de manera específica acciones de protección para con el imputado sobre el actuar del Ministerio Público como sujeto procesal, concepto que se halla estrechamente ligado al llamado principio de oficialidad de la prueba detentado por aquella Magistratura. Lo anteriormente dicho, señala de manera clara los instrumentos y limitantes que el sistema procesal penal vigente posee con referencia a la introducción de pruebas en juicio oral; que se encuentran frontalmente referidos a los principios rectores de la prueba, tales como el de libertad probatoria y el de pertinencia (ambos recogidos en el texto del art. 171 del CPP); y a la plena actividad de acusación y defensa en el momento procesal pertinente a ser ejercida por las partes”. De igual forma, es pertinente precisar que en la actividad probatoria, puede existir error de hecho o de derecho, la primera siempre será cometida por el Juez o Tribunal de mérito, a tiempo de apreciar la prueba una vez incorporada a la comunidad probatoria; la segunda, se da durante la obtención y/o durante la incorporación de la prueba para que forme parte de la comunidad probatoria; sin embargo, se debe tener presente, que ante la existencia de error de derecho, la exclusión probatoria no opera de puro derecho, pues la parte que considera sus derechos lesionados por algún medio de prueba, ya sea porque la misma en su obtención o en su incorporación no observó los requisitos formales previstos por ley, debe reclamar oportunamente, haciendo uso de la facultad conferida por el art. 172 del CPP…». III.3. La fundamentación de la Sentencia y su control por el Tribunal de Apelación: Con relación a los elementos que debe contener la Sentencia a fin de considerarse debidamente fundamentada, el Auto Supremo N° 354/2014-RRC de 30 de julio, estableció el siguiente razonamiento: «… Respecto a la Sentencia, el sistema procesal penal, impone requisitos esenciales de forma y contenido, que se encuentran descritos en el art. 360 del CPP, concordante con los arts. 124 y 173 del mismo cuerpo legal; exigencias, de las que se establece la estructura básica de la Resolución de mérito, que debe encontrarse debidamente fundamentada y motivada. (…) el inc. 2) del art. 360 del CPP, señala que la Sentencia debe contener la enunciación del hecho y circunstancias que hayan sido objeto del juicio; es decir, debe contener la relación de los hechos que dieron origen al proceso, además de todas las circunstancias que se consideran probadas (fundamentación fáctica), que inexcusablemente deben encontrarse apropiadamente sustentadas por los medios probatorios incorporados legalmente al juicio y que deben ser descritos de forma individual en la Sentencia (fundamentación probatoria descriptiva), cuya valoración requiere, conforme el art. 173 del CPP, que el Juez o Tribunal asigne el valor correspondiente, a cada uno de los medios de prueba, aplicando las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales otorga un determinado valor (positivo, negativo, relevante, irrelevante, útil, pertinente, etc.), para posteriormente, vincular cada medio de prueba y con base en la apreciación conjunta y armónica del elenco probatorio producido, emitir el fallo correspondiente (fundamentación probatoria intelectiva). En la parte dispositiva del fallo, conforme establece el art. 360 inc. 4) del CPP, el juzgador debe justificar normativamente la decisión; es decir, debe citar, las normas aplicables y en caso de emitirse Sentencia condenatoria de acuerdo al art. 365 del CPP, el juzgador debe fijar con precisión la sanción correspondiente, con base en los arts. 37, 38, 39, 40, 40 bis del CP -los últimos, cuando corresponda- tomando en cuenta las atenuantes y agravantes que concurran (fundamentación jurídica). De lo anterior se tiene que la Sentencia debe estar estructurada de la siguiente forma: a) Fundamentación fáctica; b) Fundamentación probatoria que debe ser descriptiva e intelectiva (la última implica valoración individual y conjunta de la prueba) y; c) Fundamentación jurídica. La ausencia de cualquiera de las formas de fundamentación en el fallo, importa falta de fundamentación de la Resolución en infracción con el art. 124 del CPP; sin embargo, no toda omisión o defecto en la fundamentación implica defecto absoluto, sino, únicamente aquellos vinculados con la inmediación de la prueba, pues, la indebida fundamentación jurídica o su ausencia, en cuanto a la imposición de la pena, al corresponder a un momento posterior a la valoración de la prueba, puede ser objeto de corrección o complementación en grado de apelación, conforme establece el art. 314 del CPP, sobre la base de las conclusiones a las que arribó el juez o Tribunal sentenciador, respecto a la existencia del hecho, la participación del encausado y su culpabilidad en el hecho juzgado. En cuanto a la fundamentación probatoria, siendo el juzgador de mérito, el único facultado para valorar prueba, la ausencia de fundamentación, sea descriptiva o intelectiva, implica defecto absoluto inconvalidable, toda vez que, conforme el vigente sistema recursivo, el Tribunal de alzada no puede suplir la fundamentación probatoria, porque ello implica valoración de la prueba; pues, la falta de fundamentación descriptiva sobre alguna de las pruebas, impide el control sobre ella. De la misma forma, la ausencia de fundamentación intelectiva, imposibilita verificar, si la valoración de la prueba, sea individual o conjunta, se hizo en correcta aplicación de las reglas de la sana crítica…». III.4. La defectuosa valoración probatoria: Respecto a la valoración defectuosa de la prueba, el Auto Supremo Nº 222/2017-RRC de 21 de marzo (SP), refirió: «… pues la parte recurrente debe tener presente que cuando se alega la defectuosa valoración probatoria, para que su recurso surta el efecto deseado debe expresar las reglas de la lógica, que hubieren sido inobservadas por el Tribunal juzgador, además de vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, debiendo considerarse que el recurso basado en errónea apreciación de la prueba tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano, resultando deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente tal cual sucedió en el caso presente, en el que la imputada se limitó a efectuar apreciaciones personales sobre las pruebas testificales producidas en juicio, cuando lo correcto, era que para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica se acredite que la motivación de la sentencia está fundada por un hecho no cierto, que se haya invocado afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, situación no acontecida en la apelación restringida resultando en consecuencia correcta la conclusión del Tribunal de alzada respecto a su imposibilidad de revalorizar la prueba. Consiguientemente, se concluye que no es evidente la contradicción alegada por la recurrente, ya que el Tribunal de alzada dentro del ámbito de su competencia efectuó el control legal sobre la sentencia impugnada prueba de ello es el haber identificado los acápites de la resolución apelada en los que supuestamente se encontraban los defectos denunciados para luego previo el análisis correspondiente concluir que no eran evidentes los defectos alegados; pero, también de forma adecuada y acorde a la jurisprudencia existente -sobre la revalorización probatoria- fue claro al establecer que los Tribunales de alzada están impedidos de dicha labor, por lo que debe tenerse presente que para exigir el cumplimiento de derechos, se debe previamente cumplir con la correcta formulación de su recurso en este caso el de apelación restringida, el no hacerlo conlleva a que el Tribunal de alzada de manera adecuada observe su imposibilidad de revalorizar prueba; en cuyo mérito, corresponde declarar infundado el presente motivo…». III.5. Labor, alcances y límites de los Tribunales de Alzada en apelación restringida: El Auto Supremo Nº 223/2018-RRC de 10 de abril (SP), sostuvo: «… El sistema procesal boliviano, obedece al modelo acusatorio y tiene en el juicio oral su eje central tal como lo establece el art. 329 del CPP, al señalar: El juicio es la fase esencial del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación; en forma contradictoria, oral, pública y continua, para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado, con plenitud de jurisdicción (…) Como quiera que el proceso penal gira en torno al juicio oral, resulta claro que su producto, la sentencia sea también el eje a partir del que el sistema de recursos vaya a girar; es decir, la decisión tomada en primera instancia es la determinante para etapas ulteriores; de ahí que, los principios que rigen la emisión de la sentencia sean los mismos que enmarquen la etapa de recursos subsiguientes, bien sea por congruencia en el tratamiento ofrecido en las distintas etapas del proceso, bien por seguridad jurídica de las decisiones judiciales. A partir de lo antes expresado, la Sala considera: a) El recurso de apelación restringida es por naturaleza una instancia de revisión de la sentencia, desde una perspectiva únicamente de derecho, reservada en mayor parte para revisión de la aplicación de la Ley sustantiva, tal cual lo dispone el primer párrafo del art. 407 del CPP. b) Los defectos de la Sentencia previstos en el art. 370 del CPP, son recurribles vía apelación restringida, a efectos de control de aplicación de la norma y control de logicidad del razonamiento de la Sentencia, esto es, la labor de verificación del cumplimiento de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, control sobre la determinación de los hechos probados, examen sobre la subsunción y adecuación jurídica de los hechos, control de determinación e imposición de la pena, control de la debida y suficiente motivación (determinación de los hechos) y fundamentación (aplicación de la específica de la norma)…». Concordante con lo anterior, el Auto Supremo Nº 228/2018-RRC de 10 de abril (SP), sostuvo: «... A su turno en fase de recursos la regla procesal de competencia, es mucho más básica, pues el art. 398 del CPP, como norma general al sistema de recursos, estima que los Tribunales de alzada ceñirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada. El perímetro recursivo postulado por el citado artículo, en consideración de la Sala, no constituye un mero formulismo, sino en los hechos es la llave que procura una decisión imparcial dentro de un trámite esencialmente contencioso, como lo es el penal y cuya sensibilidad se amplifica al estar relacionado con el derecho a la libertad. Toda resolución judicial no puede ser considerada como debidamente fundamentada cuando rebasa el marco de su competencia que por efecto del principio dispositivo (que nutre la actividad procesal en general); por cuanto, no solo se generaría un desajuste de argumentos y criterios, sino ocasionaría una lesión directa a derechos de terceros y principios que ordenan la actividad jurisdiccional escritos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE)...». IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: Practicado en función de los siguientes apartados, dejando expresa constancia de que, al ser la judicialización y valoración de la prueba momentos anteriores a la determinación de los hechos, su calificación y fundamentación en Sentencia, el examen de los agravios atenderá a los incs. 4), 6), 3), 1) y 5) del art. 370 del CPP. IV.1. Respecto a que la Sentencia se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas de este Título, inc. 4) del art. 370 del CPP: Reclamo la defensa de la judicialización de la pruebas signadas como MP-1 (Pre - impresión de nacimiento), MP-9 (Certificado médico forense), MP-10 (Declaraciones informativas de Ayde Mamani Barrientos), MP-11 (Entrevista psicológica preliminar), MP-12 (Acta de ingreso voluntario) y MP-19 (Informe de intervención policial preventiva o acción directa), al no corresponderse con las reglas básicas para su incorporación, siendo muchas de ellas ajenas a las admitidas por el art. 333 del CPP o desentendidas de las formalidades para su libramiento y consideración (al no informar su faccionamiento por requerimiento fiscal, aludir su uso netamente institucional, cuestionando la capacidad de consentir del sujeto analizado y la constancia de firmas de funcionarios habilitados, entre otros). Al respecto, siendo aquel el sustento del agravio, debe tenerse presente que la obligación de la debida fundamentación es extensible no sólo al Tribunal a quo, sino también al apelante, quien tiene la carga argumentativa de exponer de forma clara, precisa y coherente los agravios que considera lesivos a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, y, a su vez, también de identificarlos en las resoluciones confutadas, en el caso, los Autos que resuelven las exclusiones probatorias promovidas contra la prueba de cargo, así por mandato del art. 396 núm. 3 del CPP. En ese orden de ideas, examinado el escrito recursivo presentado en 06 de diciembre de 2021, se advierte que el mismo carece en absoluto de la expresión de agravios indicativa de los aspectos cuestionados de las resoluciones, conforme dispone imperativamente el art. 396 núm. 3 del CPP; en otros términos, el recurso prescinde de una crítica razonada y concreta de las argumentaciones efectuadas por el Tribunal a quo a tiempo de admitir la judicialización de los medios reclamados, toda vez que no es suficiente a efectos recursivos la expresión de su disconformidad con lo resuelto por la autoridad inferior en grado, ni la reiteración de los alegatos expuestos inicialmente con motivo de los incidentes de exclusión probatoria intentados durante el tracto de la audiencia de juicio oral (Así consta a fs. 140 vta. y 143 y ss. del proceso), no resultando permisible atender la pretensión de la defensa de juzgarse nuevamente las cuestiones planteadas ante el Tribunal inferior en grado con prescindencia de las razones expresadas por el para sustentar la decisión relativa a la admisión de las pruebas dubitadas, de modo tal que en el nuevo examen, las partes se hallen en el mismo lugar que se encontraban antes de emitirse la resolución impugnada y el Tribunal ad quem en la misma situación y atribuciones del Tribunal a quo para decidir la cuestión incidental ex novo; más aún si, en torno al tópico planteado, el acusado pasa por alto la normativa especial vinculada al procesamiento y juzgamiento de violencia contra la mujer, encontrándose en la Ley Nº 348 principios que rigen la actividad jurisdiccional y probatoria, teniéndose, a guisa de ejemplo, la informalidad (art. 4 núm. 11) y legitimidad de la prueba (art. 86 núm. 4), hallándose las autoridades jurisdiccionales constreñidas a acoger, en base a aquellos parámetros, todos los elementos de convicción obtenidos, siempre que puedan conducir al conocimiento de los hechos denunciados (art. 92), admitiendo en tal propósito el legislador la judicialización de elementos distintos a los previstos en el art. 333 del CPP, sustento general del agravio, no otra cosa supone la aquiescencia expresa del art. 95 de la Ley Nº 348 al referir que, además de otras establecidas por Ley, se admitirá como prueba literal cualquier documento orientado al conocimiento de la verdad. Entonces, al ser meramente enunciativo y circunscribirse a reclamar de la judicialización de la prueba de cargo, omitiendo cualquier alusión a las razones empleadas por el Tribunal de mérito para su introducción, es imperioso desestimar el planteamiento recursivo. IV.2. Respecto a que la Sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, inc. 6) del art. 370 del CPP: Reclamo Mario Herrera Rocha que la prueba testifical y documental no haya merecido calificación alguna, impidiendo conozca la prueba que tuvo mayor incidencia en la decisión. Así, cuestiono igualmente el testimonio de Ana Barbara Mamani Barrientos, Sebastiana Flores Villarroel y Rosalinda Mamani Barrientos, además de Pedro Sejas Suarez, por ser testigos referenciales (de oídas), vulnerando el razonamiento vertido por el Tribunal a quo los principios de la lógica, razón y sana critica, omitiendo valorar, por ejemplo (sobre la primera nombrada), la denuncia de desaparición y la comunicación por la que llegaron a su domicilio. De igual forma, denuncio que la valoración conjunta de la prueba abarco solo ciertas literales, a saber, la MP-8, MP-10, MP-9 y MP-24 y no las codificadas como MP-1, MP-11, MP-12, MP-13, MP-16, MP-19 y MP-23, extrañando motivación en torno a lo que acreditaron. De otra parte, se remitió a las literales codificadas como MP-1, MP-8 (vinculada a la MP-12 y MP-13), MP-9, MP-10 (en relación a la MP-7, MP-10 y MP-17), MP-11, MP-12, MP-19 y MP-20, relievando sobre estas circunstancias que inhiben su introducción y ponderación, sea por formalidades, inconsistencias en su forma de obtención y su nula integración en el art. 333 del CPP. Particular atención mereció la MP-16, aduciendo el acusado no poder asumirse defensa sobre su contenido, al versar en torno a otro delito (art. 312 del Código Penal), así como la MP-24, misma que fue tildada de nula, al incurrir la MP-23 en fraude procesal, por practicarse la prueba pericial sobre «Cristina Esquivel», haciendo que la Sentencia se base en hechos no acreditados al no demostrarse la compatibilidad de la prueba biológica de Mario Herrera Rocha con la de N.N. Mamani. Siendo esto así, en sujeción al razonamiento contenido en los Autos Supremos N° 222/2017-RRC de 21 de marzo y 271/2017-RRC de 17 de abril, el recurrente además de individualizar la prueba que considera defectuosamente valorada, debe también identificar el error en el proceso intelectivo de apreciación realizado por el Tribunal de mérito, expresando cuál es el valor otorgado por el inferior en grado a las pruebas particularizadas, a qué conclusión llegó con base a las mismas y por qué esa conclusión sería errónea al grado de transgredir las reglas de la sana crítica establecida por el art. 173 del CPP. Bajo dichos presupuestos, no participan del análisis propio a la defectuosa valoración de la prueba las signadas bajo los códigos MP-1, MP-11, MP-12, MP-13, MP-16, MP-19 y MP-23, al extrañarse sobre aquellas «valoración», ausencia que -denunciada por la defensa, sobre estos y otros elementos- excluye la posibilidad de su defectuosa ponderación, ello sin perjuicio del examen a ser practicado a tiempo de evaluar la concurrencia del defecto previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP, al reclamar Mario Herrera Rocha la fundamentación probatoria intelectiva, replicando análogo argumento inherente a la ausencia de rotulo apreciativo. Tampoco son objeto de consideración las documentales identificadas como MP-1, MP-8 (vinculada a la MP-12 y MP-13), MP-9, MP-10 (en relación a la MP-7, MP-10 y MP-17), MP-11, MP-12, MP-19 y MP-20, al fundar enteramente el agravio la parte en la imposibilidad de su introducción al juicio oral, cuestión que fue abordada a tiempo de tratar el vicio de Sentencia establecido en el inc. 4) del art. 370 del CPP, analizada precedentemente, máxime si el alegato expresado es reiterativo del motivo de apelación referido. Entonces, perviven a objeto de consideración las deposiciones de Ana Barbara Mamani Barrientos, Sebastiana Flores Villarroel, Rosalinda Mamani Barrientos y Pedro Sejas Suarez, así como las documentales MP-16 y MP-24 (en relación a la MP-23). Ahora bien, debe indicarse que, no obstante particularizar la prueba, la defensa pasa por alto el deber que le atañe de recoger el razonamiento del Tribunal inferior en grado y criticarlo de forma tal que ponga en evidencia la transgresión de los principios de la lógica (de no contradicción, tercero excluido, razón suficiente y de identidad), la experiencia común y la psicología, cuya utilización exige imperativamente el Auto Supremo Nº 673/2016-RRC de 12 de septiembre, practica que pondría en evidencia que los testimonios recogidos en la Sentencia se refieren tan solo a circunstancias periféricas, a saber, las condiciones en las que fue habida la víctima en el domicilio de Mario Herrera Rocha (Así, las declaraciones de Ana Barbara Mamani Barrientos, Sebastiana Flores Villarroel, Rosalinda Mamani Barrientos, a fs. 160 vta. del proceso) y las evidencias de actividad sexual previa, informando, entre otras cosas, himen con desgarro antiguo (Así, la deposición de Pedro Sejas Suarez a fs. 161 del expediente), consideraciones que, expresadas por el Tribunal de Sentencia, no se ven afectadas por las observaciones realizadas por la defensa, relievando -sobre Ana Barbara Mamani Barrientos- la desaparición y comunicación de hallazgo de la menor, dado el carácter accesorio que guardan respecto a la agresión sexual en si misma considerada, mediando como sustento principal de la decisión la presunción de veracidad que atañe a la información proporcionada por Ayde Mamani Barrientos en diversos actuados, aunada al resto del acervo probatorio, particularmente con el Certificado medico forense y la prueba pericial genética, como elementos corroborativos de los hechos (Así consta expresamente a fs. 161 y 161 vta. del legajo), no siendo aquel iter intelectivo cuestionado idóneamente en el escrito recursivo, ciñendo Mario Herrera Rocha la prueba a su personal y subjetivo criterio valorativo, en el que las conclusiones no emergen de un análisis lógico explicito, al limitarse a invocar -sin desarrollo alguno- los principios de la lógica, la razón y la sana critica, aserción genérica en planteamiento y que no satisface la carga argumentativa propia al defecto. De otra parte, si bien el acusado invoca indefensión a partir de la ponderación de la MP-16, al referirse a otro delito, en los hechos -no obstante incumplir los parámetros citados supra- no explicita la parte como la calificación incorporada en el documento le genera indefensión, pues, a partir de su descripción y ponderación glosada en la resolución confutada, se advierte en esta un carácter accesorio, estableciéndose su utilidad y relevancia para acreditar la búsqueda y hallazgo de la menor (Así consta a fs. 160 vta. del cuaderno), eventualidad igualmente acreditada por otros medios probatorios; esto es, sin un vínculo particular con la violación, no mediando de parte de la defensa exposición relativa a como la literal MP-16 incorporo cuestiones que no hayan podido ser objeto de refutación a lo largo del procedimiento, no bastando para deferir lo solicitado la discrepancia que guarda su calificación con la adoptada posteriormente, dado que el objeto del proceso penal consiste en hechos y no tipos penales. Finalmente, en cuanto a la MP-24, por las falencias que afectan a la MP-23, nuevamente la parte prescinde del razonamiento expresado por el Tribunal a quo, ente que concluyo que «… No se le otorga valor a la pericia codificada como MP-23, por los siguientes aspectos, si bien antecedentes identifica el proceso penal seguido por Ministerio Publico a denuncia de Ana Barbara Mamani en contra del acusado Mario Herrera Rocha por presunta comisión del delito de violación) y en el acápite de descripción muestras y evidencias, describe la muestra indicando que sería de la menor AYDE MAMANI BARRIENTOS y luego del análisis seminológico determina de las muestras IDIF-0871-19:M-1.2:(FROTIS) y muestra IDIF-0871-19:M-1.4:(FROTIS) presencia de espermatozoides. Y en las muestras IDIF-871-19:M-1.1:HISOPOS PERILABIALES, IDIF-0871-19:M-1.2: HISOPOS DE PARED VAGINAL, IDIF-0871-19:M-1.3:HISOPOS DE FONDO DE SACO, e IDIF-0871-19:M-2:CALZON, detecta presencia de antígeno prostático especifico (PSA), sin embargo en las conclusiones hace referencia a otro número de caso y otra persona, estableciendo el tribunal en pleno en la indicada pericia realizada por la perito Dra. Orfa Reque Zurita poco profesionalismo, por la inadecuada identificación de la menor, por lo que no se le otorga valor…»; esto es, resaltando el Tribunal la persistencia en la identificación del sujeto del que fueron extraídas las muestras; en el caso, Ayde Mamani Barrientos, errando la perito tan solo a tiempo de nombrarla en las conclusiones, eventualidades que justifican la desvalorización de la prueba, pero que no solventa una mayor afectación al resto del acervo probatorio, máxime si, en materia de violencia contra la mujer, rige el principio de accesibilidad, por el que la falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables; máxime si, aun prescindiendo de la prueba pericial, la declaración de la víctima se constituye en una prueba fundamental y, tratándose de violaciones sexuales, la falta de evidencia medica no disminuye la veracidad de la declaración (Caso Espinoza Gonzales c/ Perú, Sentencia de 20 de noviembre de 2014; recogida a su vez en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 353/2018-S2 de 18 de julio), entendimiento expresamente recogido en la Sentencia (Así a fs. 161 vta. del proceso), sobre el que la parte recurrente omite cualquier consideracion o critica, sin aludir la relevancia de las fechas contradictorias -tampoco identificadas- de los trabajos periciales o explicar fundadamente la falta de coherencia en el razonamiento probatorio efectivamente desplegado. En suma, coligiéndose el incumplimiento de los parámetros inherentes al defecto invocado, además de la intrascendencia de la prueba respecto a la decisión condenatoria, es imperioso desestimar el agravio denunciado en apelación. IV.3. Respecto a que falte la enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada, inc. 3) del art. 370 del CPP: Tacho el acusado de deficiente el pliego acusatorio presentado por el Ministerio Publico y que, al ser reiterada en Sentencia hace a esta, también, incompleta, imprecisa, contradictoria, oscura e incomprensible, extrañando determinación circunstanciada de los actos que, desplegados por él, se subsumen al tipo penal, más aún si la fiscalía no identificó correctamente al sujeto pasivo del ilícito. Respecto a la importancia de aquellos presupuestos el Auto Supremo N° 306/2016-RRC de 21 de abril sostuvo que: i) Radica en la congruencia que debe existir entre la acusación y la Sentencia; es decir, la correspondencia entre los hechos acusados tenidos como probados y su posterior calificación jurídica; ii) Garantiza el derecho a la defensa del imputado, pues ésta parte estructural de la Sentencia, impide que el imputado pueda ser condenado por hechos distintos a los atribuidos en la acusación, o que se debatan igualmente hechos diferentes a los acusados, y, iii) Sirve para dar claridad a las partes y para un posterior control de legalidad de la Sentencia. También la resolución preindicada del Tribunal de cierre de la jurisdicción ordinaria, sostuvo que, a partir de lo anterior, un simple error en la enunciación del hecho no constituye causal de nulidad. Así también, debe entenderse el tiempo de la comisión de los hechos, no solo como la fijación del día y hora, sino también -dependiendo a las características especiales de los delitos- al periodo aproximado en el que se suscitó el hecho acusado. Entonces, el elemento de tiempo que hace a la imputación objetiva, debe ser entendido, conforme se hizo en el Auto Supremo Nº 393/2018-RRC de 11 de junio, como la magnitud de carácter físico que se emplea para realizar la medición de lo que dura algo; es decir, al lapso o periodo en el cual se ha suscitado un hecho delictivo. En ese orden de ideas, la lectura minuciosa de la Sentencia apelada permite advertir a esta Sala Penal la integración de ambos presupuestos extrañados, pues los hechos acusados, hoy motivo de procesamiento, se encuentran insertos en el apartado nominado «VISTOS Y CONSIDERANDO I», replicando la hipótesis fáctica contenida en el pliego acusatorio librado otrora por el Ministerio Publico, satisfaciendo el requisito contenido en el núm. 2 del art. 360 del CPP, no siendo este el medio idóneo para cuestionar la completitud de la hipótesis fáctica del acusador fiscal, teniendo esta que integrarse en Sentencia de la forma en la que fue presentada por la Fiscalía, erigiéndose como «tema probadum»; en tanto que, la determinación circunstanciada de los hechos efectivamente corroborados se ve integrada en el «CONSIDERANDO IV», concretamente a fs. 160 vta. del proceso, compartiendo elementos comunes en su formulación, pues tanto los hechos acusados como los hechos probados ubican a Mario Herrera Rocha como el sujeto (quien) que el 29 de abril de 2019 (cuando), en su domicilio ubicado en la calle Montero y Tarija (donde), fue habido escondiendo (modo) a la menor Ayde Mamani Barrientos, vestida con ropa del acusado, entre cartones y frazadas (como), informando la victima que el encausado, en varias oportunidades, solía invitarle un refresco que provocaba sueño, despertando con el pantalón y ropa interior mal acomodados, sintiendo dolor en su cabeza y vagina, refiriendo así también “…salí del colegio Don Mario me invitó tomar refresco, tome el refresco, me dolía mi cabeza, me desmayé, luego aparecí directamente en su cuarto, manchada de sangre, abuso de mi (llora la menor en audiencia) continúa, me ha violado en su cuarto, me dolía mi cuerpo…”; (ratificado en audiencia de juicio oral ), declaración que analizada en el contexto integral del acervo probatorio, en la especie con el certificado médico forense, que reporta en concusiones himen con desgarro de data antigua, motivaron convicción en el A quo, relativo a haberse producido el acceso carnal, presupuestos en el caso omitidos por el recurrente. Así las cosas, teniéndose presente el lineamiento jurisprudencial indicativo propio al Auto Supremo N° 393/2018 - RRC de 11 de junio, las alocuciones contenidas en la Sentencia resultan suficientes para cumplir con la determinación circunstanciada del tiempo de la comisión del hecho delictivo, por cuanto configura la indicación de una fecha en concreto (del hallazgo de la menor) y particularidades claramente definidas, en las circunstancias propias al proceso, en el que media la inconciencia de la víctima y la reiteración de la agresión sexual, guardando en todo caso el respeto necesario del principio de congruencia entre la acusación y el hecho motivo de la condena, mas aun si la CIDH estableció que posibles inconsistencias internas en la información proporcionada por menores víctimas de violación -como la precisión de fechas que reclama la defensa- no resultan sustanciales, por cuanto no es infrecuente que en este tipo de hechos, en el que no se producen frente a terceros, sino en su generalidad en un ámbito donde solo concurren el agresor y la víctima, siendo aplicables en el caso criterios interseccionales de protección reforzada, en atención al deber de debida diligencia. Sin perjuicio de lo anterior, habiendo reclamado la defensa la incorrección que afecta al pliego acusatorio al identificar a la víctima, no consistiendo la acusación formal en el objeto de análisis inherente a la apelación restringida, no es necesario ingresar en mayores consideraciones para poner en evidencia lo retorico del planteamiento, más aún si la circunstancia reclamada ha sido idóneamente solventada en el texto de la Sentencia Nº 19/2021, identificando plenamente a la víctima como Ayde Mamani Barrientos (Así consta, por ejemplo, en todo el «CONSIDERANDO IV»), información omitida sibilinamente por el recurrente. Entonces, advirtiéndose la suficiencia de la determinación asumida por el Tribunal a quo y la satisfacción de los aspectos extrañados, entre estos la identificación de la víctima, no resulta patente la configuración del defecto de Sentencia invocado, máxime si el recurrente no precisa fundadamente los aspectos que considera incompletos, imprecisos, contradictorios, oscuros o incomprensibles, formulando sus reclamos con carácter general. IV.4. Respecto a la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, inc. 1) del art. 370 del CPP: Reclamo el acusado, en esencia, la insuficiente acreditación del hecho y la idoneidad de la subsunción y dosificación de la pena, cuestionando enfáticamente la «violencia» determinada en el caso por el Tribunal de mérito -en función a la incapacidad de consentir-, así como su fundamento doctrinal (Cita de «Carpzovio»), aduciendo no fueron particularizados actos concretos que satisfagan los elementos constitutivos del tipo penal sancionado, siendo imprescindible corroborar el acceso carnal para imponer una sanción penal, misma que no fue motivada acorde a los arts. 37 y ss. del Código Penal, empleando la «gravedad del hecho» sin carga argumentativa que la respalde. A mayor abundamiento, denuncio que el Ministerio Publico no identifico correctamente a la víctima, ni determino lo que hizo para tener el acceso carnal. Ahora bien, siendo aquel el sustento del agravio, en concordancia con el contenido del Auto Supremo Nº 495/2014-RRC de 23 de septiembre, es menester reseñar que este no es el medio para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho reservadas al Tribunal de Sentencia, pues no está orientado a cuestionar la prueba misma, ni los elementos que de ella se han obtenido; contrariamente, el defecto relativo a la errónea aplicación de la Ley sustantiva, supone que consentidos y aceptados los elementos probatorios extraídos por el Tribunal de mérito de los diferentes medios de prueba puestos en su conocimiento, esto es, determinada la relación de hechos, la conducta del procesado, su participación, así como otras circunstancias concomitantes, el defecto opera a tiempo de aplicar la norma sustantiva a los hechos probados; de ahí que el art. 370 inc. 1) del CPP, autorice únicamente la revisión del juicio jurídico practicado al dictar Sentencia, sin posibilidad de alterar los hechos probados sobre los que el Tribunal de instancia hubo aplicado el derecho. En el caso, al sustentarse la pretensión anulatoria en la insuficiente acreditación del hecho o la negación de la «violencia» determinada por el Tribunal, el alegato expresado por la defensa se aparta sustancialmente de los hechos probados, persistiendo inversamente en la capacidad de la prueba aportada para corroborar el hecho acusado, no siendo útil a dicho propósito recursivo la promoción de las cuestiones reseñadas, toda vez que, conforme se aludió inicialmente, se halla vedada al Tribunal de Alzada la posibilidad de reconstruir la premisa fáctica del proceso, de la que se distancia el alegato impugnatorio, desconociendo que su elaboración es facultad privativa de los Jueces de instancia, quienes al participar de la audiencia de juicio oral, bajo los principios de oralidad, inmediación y contradicción, guardan especial relación con la prueba recepcionada y producida, erigiéndose como soberanos sobre la prueba, habiendo concluido por dicha actividad que: Encontrada en el domicilio del acusado, Ayde Mamani Barrientos informo las agresiones sexuales propiciadas por Mario Herrera Rocha, quien -en diversas ocasiones- le invitaba un refresco que le provocaba sueño, despertando con el pantalón y el calzón mal colocados, con dolor en la cabeza y en la región vaginal, situaciones replicadas por ocho (8) o más veces, apareciendo en una de ellas en el cuarto del procesado, con dolor en el cuerpo y manchada de sangre (Así consta a fs. 161 del proceso, aunque en otros términos); actividad sexual que -al margen de la deposición de la víctima- según el Tribunal de mérito conto con el respaldo probatorio suficiente, relievando particularmente la presunción de veracidad que atañe a la declaración de la víctima, el Certificado médico forense (que informa himen con desgarros de data antiguos). Así las cosas, la premisa fáctica construida por el Tribunal de instancia, respaldada además probatoriamente en Sentencia, resulta suficiente a objeto de poner en evidencia la producción del acceso carnal, vía vaginal, propiciado por Mario Herrera Rocha -ahora recurrente- respecto a la menor Ayde Mamani Barrientos, de doce (12) años de edad a tiempo de la intervención, satisfaciendo los elementos objetivos del delito, siendo indiferente, de la forma en la que lo reconoce el acusado en su recurso (Así consta a fs. 171 del legajo), si este se produjo con fuerza o intimidación (violencia física o psicológica) o sin ella, dado que la minoridad que afecta al sujeto pasivo del ilícito excluye cualquier aquiescencia valida, no resultando por ello trascedente el reclamo vinculado a la cita doctrinal practicada por los Jueces de mérito, pues, aun asumiéndose cierta, esta no guarda relevancia alguna en el decisorio, dado que no excluye la aplicabilidad del tipo penal previsto en el art. 308 Bis del Código Penal, máxime si la violencia a la que alude el Tribunal de Sentencia -aunque con cierta impericia- se remite a la agresión sufrida por el bien jurídico objeto de tutela, en el caso, la indemnidad sexual de la niña, y no a la manifestación física de esta. De otra parte, en cuanto al elemento subjetivo, debe referirse que el «dolo» proverbialmente ha sido entendido como «conocimiento y voluntad de la realización del tipo penal», estando constituido por dos elementos: el cognitivo y el volitivo; en tal sentido, cabe recordar que el art. 14 del Código Penal contiene una definición directa del dolo, al afirmar que actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. No obstante, la jurisprudencia última de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia permite advertir el desplazamiento del dolo desde el concepto de dolo clásico, como conocimiento y voluntad de la realización del tipo, hacia una concepción del dolo que pone el acento en el peligro para bienes jurídicamente protegidos que son puestos en riesgo por el autor de la acción, quien consciente del riesgo creado, continúa con su acción siéndole indiferente el resultado, así los Autos Supremos Nº 322/2014-RRC de 15 de julio y 022/2019-RRC de 30 enero, siendo razonablemente adoptado a partir del conocimiento que se infiere tuvo el apelante de la ventaja que tenía en razón de la situación de vulnerabilidad que afectaba a la víctima -por la ausencia de sus padres y hermanos, así a fs. 162 del proceso-, aunado al empleo que hizo de bebidas somníferas y la reiteración de la agresión sexual, desconociendo incluso las advertencias proferidas por Limber Mamani -Así a fs. 160 vta. y ss. del expediente-, eventualidades inferidas por el Tribunal de Sentencia del acervo probatorio producido, no siendo óbice para la decisión condenatoria el requerimiento que hace la defensa de actos y fechas precisas, o la identificación de la víctima en el pliego acusatorio y en la Sentencia, cuestiones que han sido examinadas a tiempo de considerar la concurrencia del defecto inherente al inc. 3) del art. 370 del CPP. De otra parte, en cuanto a la pena determinada, cuestionada a razón de la nula consideración de los presupuestos insertos en los arts. 37 y ss. del Código Penal, es imperioso remitirnos al razonamiento desplegado por la autoridad a quo, habiendo concluido en que «… el marco penal del delito previsto por el Art. 308 bis tiene una pena determinada de 20 a 25 años de presidio, sobre cuyo marco penal, el juzgador debe imponer la sanción bajo el principio de la proporcionalidad de la pena a momento de dosificar la misma, debiendo el Tribunal considerar las agravantes y atenuantes MARIO HERRERA ROCHA no tiene antecedentes penales ni policiales, inexistencia de antecedentes que se asume al no existir prueba judicializada en contrario, extremo que constituye atenuante; y como agravante, la gravedad del hecho sujeto a juicio, el daño producido en la victima y la falta de arrepentimiento; bajo esos argumentos, el Tribunal determina imponerle la pena de 23 años de presidio, pena que tiene como finalidad la prevención general y especial, asimismo la enmienda y readaptación social del imputado al tenor del Art. 25 del Código Penal…» (El resaltado nos corresponde); texto que pone en evidencia, aun sin nominación expresa de los arts. 37, 38, 39 y 40 del código Penal, la labor apreciativa ejercitada en relación a la personalidad del autor, la gravedad del hecho, las circunstancias y consecuencias del delito, relievando como atenuante la ausencia de antecedentes y como agravantes la gravedad del hecho, el daño producido a la víctima y la falta de arrepentimiento, motivando una condena de veintitrés (23) años de presidio, pena que además atiende -aunque sin citarlos- al razonamiento expresado en los Autos Supremos Nº 294/2015-RRC-L de 17 de junio y 850/2019-RRC de 17 de septiembre, al aplicar sobre la promedio imponible, en el caso veintidós (22) años y seis (6) meses, las circunstancias que disminuyen o incrementan la pena, optando, por la prevalencia de agravantes, por una superior a la promedio, empero próxima a esta. Sin perjuicio de lo anterior, al reclamar la defensa la consideración expresa de los arts. 37 y 38 del Código Penal, con incidencia en el grado de instrucción, la edad, la conducta precedente y el móvil del delito, es menester relievar que, en el caso, la primera circunstancia reseñada ciertamente opera como atenuante, al truncarse su formación en 4to básico; sin embargo, de contrario, la edad, la conducta precedente y el móvil del delito, llegan a configurar agravantes en el caso de autos, dado que -pese a su escasa educación- el acusado goza de cincuenta (50) años, proporcionándole ellos de la experiencia necesaria para comprender la ilicitud de los actos desplegados, llegando a reiterarlo en varias oportunidades previas al hallazgo de la menor, a quien retenía -negando incluso su presencia- con fines lascivos; no llegando a inferirse la concurrencia de elemento alguno que justifique la aplicación de los presupuestos insertos en los arts. 39 y 40 del Código Penal, no siendo estos tampoco identificados plenamente por el acusado, en el entendido de que le corresponde a la parte interesada motivar y acreditar suficientemente las circunstancias con las que pretende beneficiarse. Entonces, advirtiéndose como atenuantes la ausencia de antecedentes y el grado de instrucción, sopesadas con las agravantes propias a la gravedad del hecho, el daño producido en la víctima, la falta de arrepentimiento, la edad, el actuar precedente y el móvil lascivo, ciertamente corresponde una pena superior a la promedio, en el caso establecida por el Tribunal de mérito en veintitrés (23) años de presidio, quantum que, por imperio del art. 400 del Código Penal, no puede modificarse en perjuicio del recurrente, por lo que carece de relevancia en la decisión la gravedad del hecho y su fundamentación, pues aun prescindiéndose de su empleo en el razonamiento, las agravantes particularizadas -emergentes del análisis imparcial del agravio comunicado por el acusado- superan a las atenuantes establecidas, hallándose razonablemente justificada la pena determinada en Sentencia. Así las cosas, el agravio formulado en razón a la errónea aplicación de la Ley sustantiva, carece de mérito y motiva deba declararse sin lugar. IV.5. Respecto a que no exista fundamentación de la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria, inc. 5) del art. 370 del CPP: Denuncio Mario Herrera Rocha, en esencia, la incompletitud de la fundamentación probatoria intelectiva, dado que, no obstante la descripción de los elementos (testificales y documentales) que conforman el acervo probatorio de cargo, estos no merecieron rótulos como «ALTAMENTE RELEVANTE», «RELEVANTE», «POCO RELEVANTE» o «IRRELEVANTE», rescatando que si se intentó una valoración conjunta de la prueba, esta solo abarco las signadas como MP-8, MP-10, MP-9 y MP-24, sin hacer partícipes a las codificadas como MP-1, MP-11, MP-12, MP-13, MP-16, MP-19 y MP-23, sobre las que no existe fundamentación en torno a lo que acreditaron. De igual forma, cuestiono que la MP-24 merezca valor probatorio y no la MP-23, pese al vinculo y dependencia que las une, falencia replicada en torno a la MP-13, vinculada a la MP-8, MP-12, MP-19 y MP-24. Al respecto, debe tenerse presente el Auto Supremo Nº 70 de 10 de marzo de 2010, pronunciamiento que enseña que la fundamentación probatoria intelectiva consiste «… en la apreciación de los medios de prueba, momento en el cual, el Juez señala por qué un medio de prueba merece crédito y cómo lo vincula a los elementos que obtiene de otros medios del elenco probatorio…», razonamiento que, complementado por el Auto Supremo Nº 354/2014-RRC de 30 de julio, refiere que la otorgación del valor cedido a la prueba puede atender a diversos apelativos, citando, por ejemplo, los siguientes: positivo, negativo, relevante, irrelevante, útil, pertinente, entre otros. Si esto es así, ciertamente la exigencia que hace la defensa, respecto al uso y empleo de términos como «ALTAMENTE RELEVANTE», «RELEVANTE», «POCO RELEVANTE» o «IRRELEVANTE», resulta excesiva, pues aún sin emplear términos convenciones -como los requeridos por el recurrente- ciertamente el Tribunal de mérito fundamento probatoriamente la resolución, empleando diversos elementos de prueba y haciéndolos funcionales a los hechos que estimo probados por su contenido común, empleando en el caso diversas proposiciones como «SE TIENE», «SE HALLA RESPALDADO», «SE HALLA TAMBIÉN ILUSTRADO», «SE TIENE PLASMADO», entre otros equivalentes, resaltando del acervo probatorio la información proporcionada personalmente por la víctima, Ayde Mamani Barrientos y la pericia genética labrada en la causa, participando efectivamente en el proceso apreciativo las codificadas como MP-1, MP-11, MP-12, MP-16, MP-19, MP-13 y MP-23, extrañadas por Mario Herrera Rocha, todos en el «CONSIDERANDO IV», justificando simultáneamente su utilidad a propositos corroborativos de los hechos acusados, rescatando sobre las dos (2) últimas enunciadas, las razones por las que no merecieron valor probatorio, argumento que, glosado expresamente en la Sentencia, es prescindido en absoluto por el apelante. A mayor abundamiento, siendo objeto de reclamo la fuerza o intimidación, la conducta desplegada, el consentimiento entre los involucrados y la fundamentación de la pena, al ser dichos temas evaluados precedentemente en ocasión del examen del vicio inherente al inc. 1) del art. 370 del CPP, la parte deberá estarse a lo expuesto en el epígrafe pertinente. IV.6. Otras consideraciones: En cuanto a los Autos Supremos Nº 329/2006 de 29 de agosto, 431/2006 de 11 de octubre, 236 de 07 de marzo de 2007, 287/2007 de 11 de octubre, 329/2006 de 29 de agosto, 431/2006 de 11 de octubre, 236 de 07 de marzo de 2007 y 287/2007 de 11 de octubre, 504/2007 de 11 de octubre, 146/2012 de 18 de junio, 038/2013-RRC de 18 de febrero, 56/2013 de 05 de marzo, 57/2013 de 05 de marzo, 77/2013 de 04 de abril, 199/2013 de 11 de julio, 213/2013-RRC de 27 de agosto, 353/2013-RRC de 27 de diciembre, 024/2014-RRC de 18 de febrero, 26/2014 de 17 de febrero y 56/2015, así como las Sentencias Constitucionales Nº 0487/2004-R de 31 de marzo, 0366/2005-R de 14 de abril y 0238/2018-S2 de 11 de junio, aludidas por el recurrente, no es menos evidente que para citar y emplear el razonamiento jurídico contenido en tales resoluciones a la solución de un caso posterior, deben considerarse no sólo sus fundamentos jurídicos, sino la existencia de analogía e identidad respecto a los supuestos fácticos o procesales -según sea el caso- que motivaron el decisorio con los hechos expresados con motivo de los agravios denunciados en apelación; entonces, al no apreciarse ni exponerse en el recurso la identidad exigible, no corresponde ingresar a mayores consideraciones para dar cuenta de su inaplicabilidad para deferir la anulación solicitada en apelación. Por las razones anotadas, al pronunciar Sentencia condenatoria el Tribunal de origen no incurrió en los defectos invocados, ni lesiono derecho, garantía o principio alguno atinente al juzgamiento del acusado. POR TANTO: La SALA PENAL TERCERA del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, administrando justicia a nombre del pueblo boliviano conforme prevé el art. 178.I de la CPE y en ejercicio de la autoridad conferida por el art. 58.I.1 de la Ley Nº 025, del Órgano Judicial, resuelve: declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación restringida interpuesto por Mario Herrera Rocha; y, consiguientemente, confirma la Sentencia N° 19/2021, leída íntegramente en 10 de agosto de 2021, pronunciada por los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal N° 1 de Ivirgarzama. Al amparo del art. 269 del CPP, se condena en costas al recurrente, debiendo el Tribunal del proceso proceder a su liquidación y ejecución conforme prevé el art. 272 del compilado preindicado. La presente resolución es impugnable dentro de los cinco (5) días señalados por el art. 417 del CPP; empero con exclusión del efecto suspensivo conforme prevé la segunda parte del inc. 1) del art. 396 del CPP. Regístrese y comuníquese. Fdo.- Dra. Ma. Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera. Fdo.- MSc. Jesús Víctor Gonzales Milán, Vocal – Presidente de la Sala Penal Tercera. Ante mí, Secretaria – abogada de la Sala Penal Tercera. ES CONFORME. PROVEÍDO DE 06 DE JUNIO DE 2024 A mérito del cite de 05 de junio de 2014, evacuado por Manuel Alex Viscarra Vía en su condición de Coordinador de Gestión de Audiencias de la Oficina Gestora de Procesos No. 3 del Tribunal Departamental de Justicia, por el que se remite la certificación extraída del Sistema de Convenio Institucional del Servicio General de Identificación Personal- Segip, al no identificarse información respecto al domicilio real de Ana Bárbara Mamani Barrientos y habiendo agotado esfuerzos este Tribunal a objeto de lograr la notificación de la prenombrada con el Auto de Vista No. 261/2029-RAR de 14 de noviembre de 2023, en aplicación del art. 165 del CPP se dispone su notificación con el Auto de Vista indicado, mediante edictos a través del Servicio de Notificación Electrónica Judicial - Sistema Hermes. Notifique funcionaria. Fdo.- Dra. Ma. Giovanna Pizo Guzmán – Vocal presidente de la Sala Penal Tercera. Fdo. Carol Ivonne Vega Colque, Secretaria – Abogada de la Sala Penal Tercera. Cochabamba, 07 de junio de 2024 D. S.O.


Volver |  Reporte