EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL, ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER CUARTO DE LA CAPITAL


PARA: MARTHA CECILIA BARRON MARTINEZ C.I. 5921562 EDICTO EL SR JUEZ DR. ANDRES ARIAS PEREIRA-JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL, ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Nº 4 DE LA CAPITAL, DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA.POR EL PRESENTE EDICTO PONE EN CONOCIMIENTO Y NOTIFICA A MARTHA CECILIA BARRON MARTINEZ, CON LA IMPUTACION FORMAL, EL DECRETO DE 10/04/2024 Y EL DECRETO DE 03/05/2024, DICTADO DENTRO EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO y Vilma Sánchez Arispe (Paola Andrea López Veizaga-victima) CONTRA MARTHA CECILIA BARRON MARTINEZ, POR EL DELITO DE USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO, ART. 203 DEL CODIGO PENAL, A CUYO FIN SE TRANSCRIBE EL ACTUADO PERTINENTE Y NECESARIO: ----------------------------------------------------------------------------- JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL No. 4° DE LA CAPITAL CUD 301102012302120 PRESENTA RESOLUCION DE IMPUTACION FORMAL Otrosíes. - Su contenido Abg. Yesith Sergio Marin Mendoza, Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales; ante su autoridad con las debidas consideraciones, en atención del Art. 279, Art. 301 inc. 1) y 4) y Art. 302 del código de procedimiento penal presenta, presenta resolución de imputación formal bajo los siguientes argumentos: RESOLUCION DE IMPUTACIÓN FORMAL 1. DATOS GENERALES DE LAS PARTES 1.1 QUERELLANTE y/o DENUNCIANTE VILMA SANCHEZ ARISPE, boliviano, con CI Nº 3795787, con domicilio en Av. 9 de abril No. 944 zona Las Cuadras. PAOLA ANDREA LOPEZ VEIZAGA, boliviana, con C.I. 6470026, con domicilio calle Esteban Arce calle Honduras. 1.2 DATOS DEL IMPUTADO MARTHA CECILIA BARRON MARTINEZ, boliviana, con C.I. 5921562, con domicilio en Km 7 1/3 Lomas de Santa Barbara. Abogado Patrocinante: Lilian Arancibia Castro con comicilio procesal Edif. ALU piso 1 of. 10. 2. RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS De la Acción Directa realizado por el Sgto. 2do. Ivan Blanco Macuchapi dependiente de la F.E.L.C.C. se tiene que en fecha 07 de septiembre de 2023 a horas 18:00 aprox. en circunstancias que se encontraba de servicio se apersona la Sra. Vilma Sanchez Arispe (Notario de Fe Publico N 43) a objeto de poner en conocimiento que la Sra. Martha Cecilia Martha Cecilia Barron Martinez estaría utilizando documento Testimonio de Poder N 445/2023, en la Notaria de Fe Publico N 67 de, para garantizar un préstamo de dinero con la garanta de un inmueble, para verificar la veracidad del testimonio de poder en la Notara de Fe Publica N 67, quien pide a la denunciada retorne mientras mediante sistema y llamada telefónica verificaba la autenticidad del documento percatándose que el poder no era original en su firma ni sello, por lo que esperan que retorne la denunciada a la cual posterior la trasladan a estas oficinas, donde se procede al arresto de la Sra. Martha Cecilia Barron Martínez. 3. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN COLECTADOS EN LA FASE PRELIMINAR QUE MOTIVAN LA RESOLUCION Qué realizada la investigación preliminar, se procedió a recolectar los siguientes elementos de convicción: - Informe del asignado al caso de fecha 07 de septiembre de 2023 - Acta de entrega de un telefono celular. - Informe de intervención acción directa de 07 de septiembre de 2023. - Acta de declaración de Vilma Sanchez Arispe. - Acta de declaración de Paola Andrea Lopez Veizaga. - Acta de entrega del documento Poder No. 445/223, documento de préstamo y cedulas de identidad. - Citación para declaración. - Declaración informativa del sindicado. - Historial de denuncias del sindicado. 4. FUNDAMENTO Y BASES LEGALES DE LA RESOLUCIÓN La Constitución Política del Estado en su Art. 225.I) establece que el Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercerá la acción penal pública. Al referir constitucionalmente que ejercerá la acción penal pública, entendemos que es la institución llamada por ley y encargada de llevar adelante y de oficio la dirección de las investigaciones y representarla ante los órganos jurisdiccionales. La promoción de oficio de los delitos de acción penal pública a la que se debe el Ministerio Público, se encuentra sujeta a actuaciones circunscritas en requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica. Así el Art. 302 del Código de Procedimiento Penal establece que: “si el fiscal estima que existen suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, formalizará la imputación mediante resolución fundamentada…” El Tribunal Supremo de Justicia a través del A.S. Nº 431/2011 de 11 de octubre en su doctrina legal aplicable establece: “…que la calificación del hecho a un tipo penal determinado es en razón a describir primeramente el hecho para luego comparar las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito… en caso de que falte la adecuación de un elemento constitutivo del tipo penal, el hecho no constituye delito…” (subrayado propio). Art. 203 del C.P. (USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO). El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o adulterado, será sancionado como si fuere autor de la falsedad. Sobre el ilícito transcrito, el profesor Fernando Villamor Lucía al comentar el ilícito en cuestión afirma: “ya no se trata aquí del falsificador, sino de la persona que a sabiendas utiliza el documento falsificado. El Código Penal boliviano resuelve el problema dándole el mismo trato que al falsificador es decir considerándolo como autor del delito. En consecuencia, tienen que aplicársele las mismas condiciones que al falsificador, es decir que haga uso de dicho documento en perjuicio de terceras personas. Por su parte el Auto Supremo 55/2014-RRC de 24 de febrero, en coherencia con lo señalado precedentemente, asumió el siguiente entendimiento: “…respecto al tipo penal de Uso de Instrumento Falsificado; en principio, este precepto penal, incluido dentro de las normas penales que protegen el bien jurídico Fe Pública, tiene estrecha relación con los diferentes tipos penales de falsedad previstos en el capítulo relativo a la ‘Falsificación de Documentos en General´ del Código Penal, a saber: Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Falsificación de Documento Privado y Falsedad Ideológica en Certificado Médico, pues el verbo rector del tipo penal es hacer uso de un documento falso, lo que remite necesariamente a los delitos señalados. Sin embargo, esta remisión no importa, como condición o elemento configurativo del tipo penal, que previamente se acredite la autoría del documento falso en cuestión y menos que el autor del delito de Uso de Instrumento Falsificado sea condenado previamente o al mismo tiempo, como autor de la falsedad; es decir, del forjado del documento falso o adulterado, pues el referido precepto normativo penal, está dirigido a castigar precisamente la conducta de agentes que no han intervenido en la elaboración del documento falso, pero que hacen uso de él, de ahí que no puede existir, por ejemplo, concurso de los delitos de falsedad (sea material o ideológica) con el uso de dicho documento, porque a la conducta del agente que labró el documento, no le alcanza el tipo penal de Uso. Esto es, porque la condición configurativa del tipo penal de los delitos de falsedad es el perjuicio, por tanto, el mismo tipo penal ya encierra o cubre la conducta de utilización del documento falso; al contrario, el tipo penal de Uso de Instrumento Falsificado está dirigido exclusivamente a la conducta del tercero que no intervino en el forjado, pero que utilizó un documento falso, teniendo conocimiento que no era auténtico o verdadero”. En ese contexto normativo y bajo la doctrina glosada precedentemente corresponde ingresar en los elementos constitutivos del tipo penal, adecuando los elementos de convicción colectados y los presupuestos exigidos para la adecuación al tipo penal pues de antecedentes se tiene establecido que la denunciada para obtener un crédito de la victima la misma habría presentado un poder que a decir de la notaria el mismo seria falso por cuando al momento se pudo advertir por parte del notario que dicho documento es falso por aspectos que el mismo pudo constatar a través de las llamadas realizadas, motivo por el cual es remitida en calidad de arrestada, ya que estaría utilizando documentación falsa para presentar como garantía y obtener un crédito de la victima. El Tribunal Supremo de Justicia a través del A.S. Nº 431/2011 de 11 de octubre en su doctrina legal aplicable establece: “…que la calificación del hecho a un tipo penal determinado es en razón a describir primeramente el hecho para luego comparar las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito… en caso de que falte la adecuación de un elemento constitutivo del tipo penal, el hecho no constituye delito…” (subrayado propio) Por lo cual, realizada las consideraciones que acreditan la existencia del hecho y la participación del encausado, se tiene que la conducta desplegada por la parte imputada se adecua y permite calificarlo provisionalmente por la probable comisión delictiva de Uso de Instrumento Falsificado, tipo penal previsto en el Art 203 del Código Penal. Por cuanto de obrados y los hechos que se investigan, vislumbran que el documento consistente en testimonio No. 445/2023 que serian cuestionados debido a las causas y elementos indiciarios colectados habrían sido fraguados y/o adulterado para su beneficio propio, tomando en cuenta que lo que se pretendía era suscribir un préstamo para obtener un crédito con una garantía, soslayando la fe publica. De allí que los elementos de convicción en su conjunto acreditan la posible existencia de un hecho con relevancia penal que se le atribuyen formalmente a la parte imputada no por la simple narración descriptiva del presente o por un proceso intelectivo; sino que es consecuencia del análisis y datos objetivos del cuaderno de investigaciones dentro la fase preliminar, surgiendo así la necesidad de llevar adelante formalmente un proceso y permitir una investigación objetiva, del hecho presuntamente penal en relación a la conducta del ahora imputado. 5. PARTE RESOLUTIVA Actuando en apego a los principios que rige la labor fiscal según lo establecido por la Constitución Política del Estado , ejerciendo además la acción penal pública con la finalidad de defender la legalidad en los intereses generales de la sociedad; y finalmente en aplicación al principio de objetividad previsto en Art. 5 de la Ley 260, y por otro lado dando cumplimiento efectivo a lo previsto por los Art. 301 y 302 del C.P.P., modificado por la ley Nº 1173 de 3 de mayo de 2019, y finalmente en virtud a las atribuciones conferidas, el suscrito Fiscal de Materia IMPUTA FORMAL Y PROVISIONALMENTE A: MARTHA CECILIA BARRON MARTINEZ, de generales de ley expresadas, por la probable comisión delictiva de USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO, previsto y sancionado en el Art. 203 en relación al Art. 20 del Código Penal. 6. SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER PERSONAL El Art. 23.I) de la Constitución Política del Estado establece que toda persona tiene derecho a la libertad ; sin embargo, implícitamente también da a conocer que este derecho no es absoluto y que puede ser restringido en los límites establecidos por la ley. De igual manera el Art. 109.II) de la Constitución Política del Estado prevé explícita y taxativamente que todos los derechos y garantías reconocidos, solo podrán ser regulados por ley . Preceptos constitucionales que en definitiva apuntan lo que en la doctrina se conoce como la “limitación a los derechos fundamentales”; donde si bien los derechos no deben ser condicionados en cuanto a su ejercicio, empero están sujetos a límites, explícitos o no. Citando a José Luis Cea, estos derechos se tratan "de atributos que jamás tienen alcance absoluto, pues si lo poseyeran se convertirían en prerrogativas típicas de un déspota que obra, con rasgos ilícitos o abusivos" Por lo tanto, la ley llamada a limitar el ejercicio de la libertad por mandato constitucional, encuentra sustento en el Código de Procedimiento Penal en su Art. 221 que a la letra refiere: “La libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y este Código, sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley” En consecuencia, la libertad personal y el límite en su ejercicio encuentra justificativo cuando es menester: 1) garantizar el desarrollo del proceso, 2) averiguar la verdad y 3) aplicar la ley; en esta última hace referencia a la ley sustantiva penal permitiendo que efectiva y materialmente se la cumpla. Por lo expresado y a los fines de garantizar no solo la averiguación de la verdad con los diferentes actos de investigación que se desarrollaran en la etapa preparatoria, sino también con la consigna de llevar adelante el proceso y que garantice la presencia de parte imputada en el mismo; surge la necesidad de aplicar medidas cautelares personales para asegurar el fin perseguido. Al respecto y citando a Silvia Barona Vilar, indica: “Así por un lado, la exigencia en el ejercicio de la acción penal del ius puniendi por parte del Estado, ante la existencia de un hecho criminal que se imputa a una o varias personas, lleva a configurar una clase de tutela cautelar que pretende asegurar las posibles responsabilidades penales que puedan derivarse de la consecución y finalización del proceso.” Por ello, el Ministerio Público actuando en base al principio de instrumentalidad que rige las medidas cautelares, y tomando consciencia de su carácter excepcional; advierte en el presente caso la necesidad de aplicarse las cautelas restrictivas contenidas en el Art. 231 bis de la ley 1173 porque concurre los supuestos materiales y procesales para su viabilidad; o dicho en otros términos, subyace la probabilidad de autoría y los riesgos procesales de fuga y obstaculización que no permitirán cumplir en el fin del proceso. 7. SUPUESTO MATERIAL El Art. 231 bis. I) de la ley 1173 establece que las medidas cautelares personales serán aplicables “cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible.” Al respecto para no ser reiterativos, los motivos y fundamentos expresados con precedencia justifican la probabilidad de autoría de la parte imputada en el hecho punible, cuya conducta mereció una calificación provisional conforme a la ley sustantiva penal . 8. SUPUESTOS PROCESALES Conocida también como riesgos de fuga y obstaculización. En cuyo lugar el Art. 231 bis. I) de la ley 1173 establece que al margen de la probabilidad de autoría, debe advertirse también en contra de la parte imputada “…suficientes elementos de convicción que no se someterá a proceso (peligro de fuga) u obstaculizara la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización) ” Al respecto, y tras el análisis de los datos del proceso, existen suficientes elementos que permiten corroborar la concurrencia de riesgos de fuga y obstaculización en las cuales incurren la parte imputada por los siguientes motivos. 9. PELIGRO DE FUGA (Art. 234 Cód. Proc. Penal) Inc. 6) La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior debidamente acreditada, conforme el historial de denuncias JL1 se establece que la imputada cuenta con procesos en su contra lo cual demuestra esta conducta delictiva. PELIGRO DE OBSTACULIZACION (Art. 235 Cod. Proc. Penal) Inc. 2) Que el imputado influya negativamente sobre participes para que informen falsamente o se comporten de manera reticente, tomando en consideración que aun queda pendiente actos de investigación y tomando en cuenta que aun se va requerir la presencia del denunciante y también de la victima la hoy imputada va influencias en los mismo a objeto de que se comporten de manera reticente en el presente caso y pueda obstaculizar la investigacion 10. PETITORIO Por lo que, a los fines de garantizar el desarrollo del proceso, la presencia de la parte imputada y la aplicabilidad de la ley, el suscrito ante su autoridad con el debido respeto impetra y pide: De conformidad al Art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal, incorporado por la ley Nº 1173, PIDO SE SEÑALE DIA Y HORA DE AUDIENCIA DE CONSIDARACION DE APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y EN LA MISMA SE APLIQUE LAS SIGUIENTES MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER PERSONAL: - Fianza juratoria de no obstaculización del proceso. - Arraigo por ante Dirección Nacional de Migración para todos los imputados. - Obligación de presentarse por ante el Ministerio Público una vez al mes. - Prohibición de acercarse a la notaria. Lo impetrado sea además con la finalidad de garantizar la presencia de la imputada durante las investigaciones, garantizar el desarrollo de las investigaciones y la aplicabilidad de la ley. Pidiendo en consecuencia se tenga presente y se inicie formalmente el proceso, previo cumplimiento de las formalidades de ley. OTROSI.- Anuncio ante su autoridad que me reservo del derecho de ampliar la fundamentación presentada a los efectos del principio de Oralidad e Inmediacion. OTROSI 1º.- A los fines del presente, en previsión del Art. 98 última parte del C.P.P., se adjunta declaración de la parte imputada y la prueba remitida a través de interoperabilidad. OTROSI 2º.- Domicilio Procesal en instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales. MINISTERIO PÚBLICO y Vilma Sánchez Arispe (Paola Andrea López Veizaga-victima). C/ MARTHA CECILIA BARRON MARTINEZ DELITO: Uso de Instrumento Falsificado, Art. 203 del C.P. PASADO A DESPACHO EN FECHA 09/04/2024 Cochabamba, 10 de abril de 2024 A lo PRINCIPAL.- A los fines de control jurisdiccional, se tiene presente la imputación formal formulada por el Fiscal de Materia Dr. Yesith Sergio Marín Mendoza de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de la EPI SUR, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Vilma Sánchez Arispe (Paola Andrea López Veizaga-victima) contra MARTHA CECILIA BARRON MARTINEZ, calificando provisionalmente la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado previsto en el 203 del Código Penal. Se advierte a la autoridad fiscal, que deberá observar el plazo establecido por el Art. 134 del Código de Procedimiento Penal y arribar a uno de los presupuestos establecidos por el Art. 323 del CPP, bajo su exclusiva responsabilidad, plazo que se computa desde la notificación personal a la imputada con la Resolución de Imputación Formal, conforme al lineamiento jurisprudencial establecido en la Sentencia Constitucional 1780/2011-R de 07 de noviembre de 2011, por lo que se dispone la notificación personal con la Resolución de Imputación Formal y la presente resolución a MARTHA CECILIA BARRON MARTINEZ. A objeto de considerar la solicitud de aplicación de medidas cautelares personales de la imputada MARTHA CECILIA BARRON MARTINEZ, se señala audiencia virtual para el día JUEVES 09 DE MAYO DE 2024 A HORAS 11:15 a.m., señalamiento que se realiza en mérito a la excesiva carga procesal que soporta este juzgado y señalamientos de audiencia realizados con anterioridad, siendo humanamente imposible señalar audiencias en los plazos establecidos por Ley, siendo estas circunstancias de fuerza mayor, en conformidad al Art. 130 última parte del CPP, se declara expresamente la suspensión de plazos procesales. Asimismo, se advierte a la imputada que debe estar acompañado de su abogado (a) particular de confianza, caso contrario se les asignara un abogado defensor de oficio. Por otra parte, se advierte a todas las partes que la conectividad a la audiencia virtual es de su exclusiva responsabilidad debiendo conectarse 15 minutos antes de la celebración de la audiencia, en caso de presentar pruebas deberán realizarlo mediante memorial en la oficina gestora hasta 30 minutos antes de la celebración de la audiencia, bajo alternativa de no ser consideradas.- Al OTROSI.- Se tiene presente.- Al OTROSI 1º.- Por acompañado.- Al OTROSI 2º.- Señale ciudadanía digital conforme el Art. 162 del CPP.- Notifique oficina gestora. Link de audiencia: https://ojpenalcbba.webex.com/ojpenalcbba/j.php?MTID=m4a6c488ee9a510f3c62f8e0171eef473 MINISTERIO PÚBLICO y Vilma Sánchez Arispe (Paola Andrea López Veizaga-victima). C/ MARTHA CECILIA BARRON MARTINEZ DELITO: Uso de Instrumento Falsificado, Art. 203 del C.P. PASADO A DESPACHO EN LA FECHA Cochabamba, 03 de mayo de 2024 En mérito al informe de fecha 29 de abril de 2024 emitida por la funcionaria de la oficina gestora de procesos Alina Soraya Gonzales Olivera, quien señala que no pudo notificar personalmente a la imputada MARTHA CECILIA BARRON MARTINEZ, pese a que se hubiese dirigido al lugar que cursa en la diligencia, sin embargo no hubiese podido individualizar el domicilio toda vez que la zona seria extensa y la dirección proporcionada seria genérica, y preguntando a los vecinos no dieron referencia alguna, además que se hubiese comunicado al número de celular 69555158 comunicándose con la imputada MARTHA CECILIA BARRON MARTINEZ, quien refirió que se separó de su esposo y por motivo de trabajo se trasladó a Potosí y que retronaría en dos semanas, en ese entendido, desconociéndose el domicilio y paradero de la referida imputada, en conformidad al Art. 165 del CPP se dispone la notificación mediante edictos a MARTHA CECILIA BARRON MARTINEZ, con la Resolución de Imputación formal, decreto de 10/04/2024 y la presente resolución, a objeto de que en el plazo de DIEZ (10) DIAS asuma defensa y asista a la audiencia programada, bajo alternativa de ser declarada Rebelde en el momento procesal oportuno, la publicación deberá realizarse por el secretario abogado en el portal de notificaciones del Tribunal Supremo de Justicia (HERMES) y permanecer en la misma hasta que la interesada solicite su baja.- Notifique oficina gestora. FDO.- DR. ANDRÉS ARIAS PEREIRA JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL N° 4 DE LA CAPITAL..- ANTE MI.- LIC.- IVER APAZA TOLA A.- SECRETARIO- ABOGADO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL N° 4 DE LA CAPITAL. ES CONFORME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ES CUANTO SE TIENE ORDENADO, PARA QUE DANDOSE FIEL Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 03 DE MAYO DE 2024, QUEDANDO PUBLICADO MEDIANTE ESTE MEDIO Y DEBIDAMENTE NOTIFICADO. FDO.- DR. ANDRÉS ARIAS PEREIRA JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL N° 4 DE LA CAPITAL..- ANTE MI.- LIC.- IVER APAZA TOLA A.- SECRETARIO- ABOGADO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL N° 4 DE LA CAPITAL. ES CONFORME.


Volver |  Reporte