EDICTO

Ciudad: SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN SEXTO EN MATERIA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA EDICTO DE PRENSA EN NOMBRE DE LA LEY LA DRA. VIVIAN BALCAZAR MELGAR JUEZ DE INSTRUCCIÓNPENNAL, ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 21 ANTES JUZGADO DE INSTRUCCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 6TO DE LA CAPITAL SANTA CRUZ CITA LLAMA Y EMPLAZA: Al ciudadano, ANTHONY JIMENEZ CUARITA (PARTE VICTIMA) mayor de edad, hábil por ley, a objeto de que asuma su defensa dentro del proceso penal por el supuesto delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA que sigue EL MINISTERIO PÙBLICO contra GEORGINA MORA MILLARES.- se ha dispuesto en decreto de fecha 29 de abril del año 2024 la notificación mediante edicto, que a continuación se transcribe, los siguientes actuados: -------------------------------------------------------------- á, 05 de Abril del 2.024.- Por radicado el informe de inicio de investigación, Caso Único No. 701102012402616, por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA Art. 272 BIS del C.P, incluido por la Ley 348. Se tiene cumplidas las formalidades dispuestas en los Arts. 279 y 289 del CPP; a fines del control jurisdiccional de acuerdo al numeral 1 del artículo 54-1) del CPP y art. 94 de la ley 348, se advierte al Ministerio Publico que debe dar cumplimiento a los plazos procesales establecidos en los Arts. 134, 300, 301 y 302 del Código de Procedimiento Penal. Conforme lo establece el art. 56-1) de la ley 1173, por secretaria tómese lo indicado en el registro correspondiente y vencidos los plazos procesales, se dispone que la Srta. Secretaria emita oficio de conminatoria mediante el Señor Fiscal de Distrito, a objeto de que el/la fiscal asignado/a al presente Caso de Investigación, haga llegar su requerimiento conclusivo de la etapa inicial. De conformidad al Art. 6 y 16 del CPP y 225 de la Constitución Política del Estado se conmina al Ministerio Público a promover la presente acción penal. Al Otrosí.- Por señalado el domicilio procesal, debiendo además adjuntar su buzón de ciudadanía digital. Notifíquese.- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JUZGADO DE INSTRUCCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER Nº 6 DE LA CAPITAL SANTA CRUZ - BOLIVIA AUTO INTERLOCUTORIO Tipo de Resolución: Medidas de Protección Causa 701102012402616 Int. 14824 MP. Contra Georgina Mora Millares Delito: Violencia Familiar o Doméstica Fecha: 08 deabril de 2024 I. ANTECEDENTES Se tiene la solicitud de homologación de las medidas de protección otorgadas a la victima en fecha 14 de febrero de 2024. Realizadas, luego dela valoración de las actuaciones investigativas realizadas y recolectadas, con la finalidad de precautelar los derechos de la víctima, al amparo del art. 389 bis del Código de Procedimiento Penal mediante requerimiento fiscal que antecede a la presente resolución. II. FUNDAMENTOS II.1. Fundamento Normativo Partiendo de que la Constitución Política del Estado, en su Art. 15.II expresa que todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad y III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico”. Conforme a los arts. 1º y 2º de la Convención de “Belem Do Para” corresponde activar el deber del Estado, a través del órgano Judicial, de adoptar las medidas necesarias para garantizar la efectividad de los derechos Conforme al Código de Procedimiento Penal en el Art. 389 bis, el juez al tomar conocimiento de delitos previstos en el marco de la ley N° 348, de oficio o a pedido de parte, de la víctima o de su representante, podrá aplicar medidas de protección especial. II.2. FUNDAMENTO FÁCTICO En el presente caso analizado, el Ministerio Público, en cumplimiento de lo previsto por el Art. 61.1 de la Ley 348 ha resuelto otorgar Medidas de Protección a la parte víctima dentro del presente caso y cumplimiento por parte delospresuntos agresores Georgina Moraa Millares, con la finalidad de precautelar los derechos y el equilibrio emocional de la víctima de violencia familiar, habiendo requerido dichas medidas en fecha 04 de abril de 2024. Se tiene que atendiendo a los antecedentes proporcionados en esta etapa inicial, en el cual aún no se conocen a profundidad las características del hecho denunciado, toda vez que se ha iniciado la investigación estando en etapa inicial, se tiene que las medidas adoptadas por el Ministerio Público resultan ser idóneas, necesarias y proporcionales en virtud al delito que se investiga inmerso en la ley 348 concretamente la Violencia Familiar o Doméstica. Correspondiendo en esta instancia únicamente ratificar lo ya dispuesto por el Ministerio Público, dejando claro que estas medidas son modificables en el tiempo y subsistente según la necesidad; a fin de interrumpir e impedir otros hechos de violencia contra la víctimaAnthony JimenezCuarita, garantizándose en caso de que éste se haya consumado conforme ha indicado la denunciante, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente para la agresora hasta su total reparación. Esto atendiendo al marco de la urgencia (art. 389 ter) CPP, habiéndose establecido la situación de riesgo en al que se encuentra la víctima, por parte del Ministerio Público, para garantizar la inmediata protección a su integridad III. PARTE RESOLUTIVA La suscrita Juez de Instrucción de Violencia Hacia La Mujer Nº 6 de la Capital, en base a la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, De conformidad a lo dispuesto por el Art. 54 inciso 1) CPP, 389 y 389 Ter del CPP y Art. 32, 35, de la Ley 348 y resuelve: RATIFICARlas medidas de protección dispuestas mediante resolución Fiscal de 04 de abril de 2024, que se encuentran detalladas en el requerimiento que antecede, y que forman parte indivisible de la presente resolución. Las presentes medidas de protección durarán en tanto subsistan los motivos que fundaron su aplicación, independientemente de la etapa del proceso (Art. 389 quater CPP) Debiendo cumplirse lo ordenado en la forma y plazos acordados y en caso de ser necesario, sea con la intervención y auxilio de la fuerza pública y/o el asignado al caso. En caso de incumplimiento de las medidas de protección especial, impuestas, a solicitud de la fiscal, victima, representante legal, querellante o la instancia de defensa de los derechos de la víctima, en audiencia se dispondrá la detención preventiva del infractos de un mínimo de tres (3) a un máximo de (6) días, según la gravedad conforme al art. 389 quinquies de CPP. Se recuerda al Ministerio Público que las Medidas de Protección para su homologación deben ser remitidas dentro de las 24 horas de su aplicación., no de forma tardía, bajo su exclusiva responsabilidad. Se comunica a las partes que las Medidas de Protección, con variables y modificables según su necesidad, esto conforme al art. 389 Quater del Código de Procedimiento Penal. REGISTRESE Y NOTIFIQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Santa Cruz, 09 de abril de 2024. En atención al Informe de Complementación de Diligencias investigativas preliminares de 60 días, se evidencia que el Ministerio Público, no ha podido cumplir con lo previsto en el art. 94 párrafo primero de la Ley 348, por lo cual solicita la ampliación. Respecto a la ampliación de la Etapa Preliminar, el Protocolo De Juzgamiento Penal con Enfoque de Derechos Humanos, del Tribunal Supremo de Justicia (2023) (pag. 179), expresa claramente que : “El control de la etapa preliminar también debe ser ejercido, de manera reforzada, en los casos de violencia en razón de género contra la mujer, en el marco del deber de la debida diligencia. Así, de acuerdo al art. 94 de la Ley 348, ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización. Es importante que las excepcionales ampliaciones de plazo sean razonables y sean fijadas en el marco del art. 94 de la Ley 348 que exige a la o el Fiscal acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo. La jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0084/2021-S1 de 24 de mayo, se cuestionó sobre la aplicación del art. 300 del CPP o art. 94 de la Ley 348, llegando a la conclusión que, en el marco del principio de especialidad, correspondía aplicar esta última norma y acortar todos los plazos durante la etapa preparatoria, y que la autoridad jurisdiccional debía ejercer el control de los plazos SCP 0084/2021-S1 de 24 de mayo:(...) en cuanto a la aplicación del art. 94 de la Ley 348 o del art. 300 del CPP, sobre el plazo de duración de la etapa preliminar de la investigación, en casos de delitos de violencia contra la mujer, debe tomarse en cuenta que el Estado, a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. Como se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1.2 del presenta fallo constitucional, la Convención Belém do Pará en su art. 7, establece como obligaciones de los Estados, que se debe actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, e incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En ese marco, se generaron normas de desarrollo internas, contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género. Precisamente el art. 86 de la precitada norma legal, señala los principios y garantías procesales especiales, a los que deben regir sus actuaciones en las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policiales y demás operadores de justicia (además de los principios establecidos en el Código Penal). Entre tales principios se encuentra el de celeridad, en suyo mérito “Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento”. Consecuentemente, la actuación diligente, que entre otros comportamientos, implica el cumplimiento de los plazos procesales, compete a los fiscales a cumplir su obligación de realizar las investigaciones de los hechos de violencia contra las mujeres dentro del término previsto por la norma especial, puesto que ello resulta sustancial con las obligaciones de evitar la revictimización, ya que una prolongación indebida del plazo de la investigación preliminar, además de contribuir a la generación de las consecuencias negativas que conlleva la retardación de justicia, expone a la víctima a la repetición de hechos de violencia, particularmente en el ámbito familiar, puesto que obstaculiza la adopción de medidas cautelares contra el supuesto autor de los hechos de violencia, en los casos en los que concurren las condiciones materiales y formales para su imposición. En ese marco, la etapa preliminar del proceso penal, por mandato del art. 300 del CPP, deberá concluir -de manera general- en el plazo máximo de veinte días; empero, en casos de delitos de violencia contra la mujer debe tener una duración máxima de ocho días, conforme a lo previsto en el art. 94 de la Ley 348; puesto que, al tratarse de una norma especial, ésta tiene preferente aplicación respecto a la norma del citado art. 300 del CPP, que resulta ser la norma de carácter general. Consecuentemente, en casos de delitos de violencia contra la mujer, el plazo máximo de duración de la etapa preliminar del proceso penal, será de ocho días hábiles computables a partir de la comunicación del inicio de la investigación al Juez de Instrucción Penal.” Que si bien el Ministerio Público al margen de expresar qué tiene diligencias investigativas pendientes en el presente caso, no detalla en razón a qué diligencias tornaron que el caso se vuelva complejo y que amerita una AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL, la suscrita considera que al margen de lo establecido respecto al cómputo correcto de plazos procesales en cumplimiento de la normativa vigente en nuestro país, también debe tomarse en cuenta que las normas de la legislación boliviana – Código de Proceso Penal, artículos 301, no pueden servir de obstáculo a la investigación y persecución de graves violaciones de los derechos. Conforme ha expresado la Corte IDH. el cierre de una investigación inconclusa sobre una grave violación de los derechos humanos debido a la expiración de un plazo procesal, así como el rechazo de una denuncia con base en la necesidad estricta de observar plazos procesales, vulneran los derechos a la garantía judicial y a la protección judicial (CADH, arts. 8 y 25) …. De lo anotado, se constata que para el Ministerio Público la presente investigación expresa que existe necesidad de recabar mayores elementos que conduzcan al esclarecimiento de la verdad, considerando que se está abordando el tipo penal de Violencia Contra la Mujer , el cual merece la atención reforzada por parte del Estado, y que se recaben todos los elementos necesarios considerando el contexto en el cual se suscita la violencia. En virtud a lo anotado no es permisible convertir el presente proceso de especialidad a un proceso por delitos ordinarios, por lo cual únicamente se autoriza la ampliación adicional de 12 días. A partir de ello el cómputo debe realizarse sin interrupciones, con el fin de evitar la impunidad y se cumpla con el Deber de Investigar. CONCLUIDO ESTE PLAZO O INCLUSO ANTES EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE CONCLUIR SU INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Y EMITIR EL RESPECTIVO REQUERIMIENTO CONCLUSIVO. Notifíquese ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Santa Cruz, 29 de abril de 2024 Al no tener datos precisos, notifíquese pro EDICTO JUDICIAL, sin brindar mayores detalles del hecho. Con lo que concluyo el presente acto firmando en constancia la suscrita secretaria quienes firman y certifican --------------------------------------------------- Fdo. Abg. Laura Yamile Nina Suxo Secretaria Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres 21 de la Capital Santa Cruz – Bolivia.---- El presente edicto Judicial es librado por Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres 21 de la Capital, en fecha 03 de mayo del año 2024 a través del Sistema Hermes del Órgano Judicial.


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