EDICTO

Ciudad: ORURO

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN EN MATERIA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL


EDICTO DE LEY EL DR. JOSE LUIS BARRIENTOS FLORES, JUEZ DE INSTRUCCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER No. 1 DE LA CAPITAL ORURO-BOLIVIA POR CUANTO LA LEY Y EL DERECHO LE FACULTAN: Nº 02/24 Por el presente Edicto se NOTIFICA, a la víctima Sofia Luisa Rueda Siles dentro el proceso penal seguido por el MINISTERIO PÚBLICO en contra de Rafael Rodrigo Colque Ventura, por el delito de VIOLACION, a cuyo efecto se transcriben los siguientes actuados de Ley; AUTO DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024. AUTO INTERLOCUTORIO N° 14 /2024. Oruro, 22 de enero de 2024. VISTOS: La imputación formal cursante en el cuaderno de control jurisdiccional, los argumentos expuestos en audiencia por el fiscal asignado al presente caso; lo manifestado por la defensa técnica de la parte imputada; todos los antecedentes que cursan en la presente causa penal y todo lo inherente: I. ANTECEDENTES DE LA RESOLUCIÓN. 1.1. Fundamentos de la Representación del Ministerio Público. El Ministerio Público, a través del Fiscal de Materia Dr. Ronald Martín Vargas Montaño, presenta a este despacho judicial imputación formal y solicitud de procedimiento inmediato, previniendo dentro sus fundamentos de su requerimiento, toda las relación circunstanciada del hecho y desarrollando toda la teoría probatoria, consistente en el formulario único de denuncia verbal, el acta de consignación de registro de persona aprehendida, informe de conocimiento con emitido por el investigador asignado Srgto. Marco Antonino Quiroga, el acta de entrevista policial informativa a la víctima, acta de entrevista informativa a los familiares, el certificado médico forense, bajo esa prueba documental determina la presunta comisión del delito de Violación con agravante prevista en el art. 308 y 310 inciso m) y art. 20 todos del Código Penal, en contra del señor Rafael Rodrigo Colque Ventura; además considerando la secuencia de los hechos, solicita se acepte el procedimiento inmediato; además, previniendo que existen riesgos procesales de fuga, específicamente el previsto en el art. 234 núm. 7), solicita se disponga la detención preventiva del imputado por un plazo de 30 días. 1.2. Fundamentos de la parte imputada. La defensa técnica del imputado con relación al presupuesto material, refiere que existe duda razonable sobre los hechos acontecidos y respecto al presupuesto procesal no hace mayor objeción alguna, ni tampoco presenta prueba para enervar la postulación del Ministerio Público; asimismo, con relación a la las diligencias investigativas que señala el Ministerio Público, determina que bajo un test de razonabilidad y proporcionalidad, estas no deberían ser tomadas en cuenta, por lo que viene en rechazar la solicitud de procedimiento inmediato y además previendo que existiría dudas razonables respecto a la presunta comisión del hecho de su defendido, solicita declarar improcedente la detención preventiva. II.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 1.1. Presupuestos legales para la procedencia del procedimiento inmediato. La legislación penal boliviana prevista en el Art. 393 bis) del Código de Procedimiento Penal ha determinado los requisitos que hacen viable este tipo de procedimientos especiales, previniendo que en la resolución de imputación formal, la o el fiscal deberá solicitar al juez de instrucción penal la aplicación del procedimiento inmediato para delitos flagrantes conforme a las normas del presente código, cuando el imputado sea sorprendido o aprehendido en la comisión de un delito en flagrancia, disposición legal que nos remite a lo que establece el Art. 230 de la misma normativa adjetiva penal donde se infiere que se considera en flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de intentarlo, de cometerlo o inmediatamente después mientras es perseguido por la fuerza pública el ofendido o los testigos presenciales del hecho. 1.1. Requisitos para determinar la detención preventiva. El art. 393 (ter) núm. 5) del Código de Procedimiento Penal previene que dentro el procedimiento inmediato se puede solicitar la detención preventiva del imputado, cuando concurra alguno de los requisitos establecidos en el art. 233 del presente Código, esto para garantizar su presencia en el juicio, presupuesto normativo que nos remite a lo dispuesto a la disposición legal señalada, donde se establece taxativamente tres requisitos que deben cumplirse para hacer viable esta medida cautelar de última ratio, determinando que quienes solicitan la detención preventiva deberán fundamentar y acreditar en audiencia pública los siguientes entremos: 1.- La existencia de elementos de convicción suficientes que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o participe de un hecho punible. 2.- La existencia de elementos de convicción suficientes que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, y; 3.- El plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que realizara en dicho termino, para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. Disposiciones legales que corresponden ser contrastadas con los fundamentos de ambos sujetos procesales, la prueba adjunta al presente caso y todos los antecedentes que cursan en la presente causa penal. III. MOTIVACIÓN Y ANALISIS DEL CASO CONCRETO. 3.1. Respecto al presupuesto material sobre la existencia del hecho y probable participación del imputado. Con relación a lo previsto en el art. 233 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal, esto es referido a que el señor Rafael Rodrigo Colque Ventura es con probabilidad autor del delito de violación con agravante cometido a la víctima Sofía Luis Rueda Siles, el Ministerio Publico dentro su imputación formal pone a conocimiento de este despacho judicial que en fecha 20 de enero del 2024, aprox, a horas 20:00 la victima decide salir a festejar sus cumpleaños junto a su enamorado, hermanastro y su pareja, donde se encuentran en una discoteca de nombre “SUY” ubicada en la plaza principal de la ciudad de Oruro, lugar donde habían consumido bebidas alcohólicas y como se encontraban mal deciden retirarse del lugar, la víctima y sus acompañantes se habrían subido a un taxi y como chofer se encontraba el ahora imputado señor Rafael Rodrigo Colque Ventura, la víctima señala que había perdido el conocimiento despertando en el asiento del pasajero y se percató que se encontraba dentro de un garaje ubicado en la Urbanización San Isidro, conforme se evidenciaría del acta de registro del lugar del hecho, es ahí donde el imputado había logrado abusar sexualmente con penetración vaginal, sin su consentimiento en una primera instancia y luego le había subido a su departamento donde nuevamente procedió con la agresión sexual, esta vez penetrándola vía anal, además indica que el imputado utilizó para dicha agresión sexual sus dedos, posteriormente la víctima logra convencer al imputado que la dirija a comprar la pastilla del día después, día “D”, indicándole de que no quería salir embarazada y que la lleve a su casa, es donde el imputado le presta un buzo, le sube a su vehículo y le lleva a comprar la pastilla del día después a la plaza principal, lugar donde se encuentra con el hermanastro y su pareja Leslie, donde logran aprehenderlo, para después conducirlo a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, posterior a eso efectúan la denuncia correspondiente; bajo esa teoría fáctica y todos los elementos probatorios descritos en su imputación formal, los mismos que fueron puestos a la vista de éste Despacho Judicial, la fiscalía concluye que se acredita el presupuesto material previsto en el art. 233 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal; por su parte, la defensa del imputado refiere dentro lo más relevante que dentro el caso concreto existe duda razonable de los delitos que se le atribuyen a su defendido. Bajo los fundamentos señalados por las partes, dentro la teoría fáctica de cómo hubiera sucedido la relación circunstanciada de los hechos, ciertamente para determinar la concurrencia de este presupuesto material, debemos en primera instancia recurrir a lo que nos ha determinado la propia jurisprudencia constitucional en este tipo de delitos donde la víctima es objeto de violencia sexual, así recurriendo a lo que establece la Sentencia Constitucional N° 353/2018 S2, establece los lineamientos para considerar este presupuesto material indicando que en casos donde se alegue agresiones sexuales la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta víctima, en tales casos, no necesariamente se verá reflejada la ocurrencia de violencia o violación sexual en un examen médico, ya que no todos los casos de violencia o violación sexual ocasionan lesiones físicas o enfermedades verificables a través de dichos exámenes, asimismo, este entendimiento jurisprudencial nos remite a lo que establece los Tratados y Convenios Internacionales, específicamente en el caso Fernández Ortega y otros vs. México y el caso Espinosa González vs. Perú en la Sentencia Constitucional de 20 de noviembre de 2014, en los cuales se determina que la declaración de la víctima en este tipo de delitos de orden sexual se constituye una prueba fundamental tratándose de violaciones sexuales y la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta víctima, entendimientos jurisprudenciales y lineamientos de los tratados y convenios internacionales que dentro del caso concreto deben tenerse presente considerando cómo hubieran sucedido los hechos de la presunta violación con agravante, previniendo que, según los entendimiento señalados se tiene que en asuntos de presuntos delitos de violación sexual, debe considerarse que la declaración de la víctima Sofía Luisa Rueda Siles, resulta una prueba fundamental y en caso de las medidas cautelares, se constituye una prueba indiciaria esencial para la acreditación del art. 233 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal, por cuanto se prueba la existencia de elementos de convicción suficientes para acreditar y sostener que el ahora imputado Rafael Rodríguez Colque Ventura es con probabilidad autor y partícipe de la presunta comisión del delito de Violación con agravante, hecho que se encuentra refrendado por toda la teoría probatoria descrita en la imputación formal del Ministerio Público como ser la entrevista policial informativa a la víctima y familiares de ésta, certificado médico forense, acta de registro del lugar del hecho y otros elementos probatorios que habiendo sido puestos a la vista de este despacho judicial generan un mínimo de credibilidad para concluir que el imputado es con probabilidad autos del hecho que ahora se le atribuye, por lo cual vamos a determinar la concurrencia de este primer requisito material previsto en el art. 233 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal. 3.1.1. Con relación a la procedencia del procedimiento inmediato. Respecto a la solicitud del procedimiento inmediato, debemos remitirnos a la relación circunstanciada del hecho y a la relación fáctica que el Ministerio Público nos pone en conocimiento mediante la imputación formal presentada a este despacho judicial, previniendo que este hecho se hubiera acontecido en fecha 20 de enero del 2024 aprox. a horas 20.00 p.m. donde la víctima sale a festejar sus cumpleaños con su enamorado y posterior a ello se encuentran con su hermanastro y su pareja, quienes luego de consumir bebidas alcohólicas toman un radio taxi que el señor Rafael Rodríguez Colque Ventura (imputado) venia conduciendo, donde la victima refiere que perdió el conocimiento, despertando en el asiento del pasajero en un garaje ubicado en el domicilio del imputado en la Urbanización San Isidro, lugar donde hubiera sido en primera instancia presuntamente abusada sexualmente y posteriormente la subieron a su dormitorio para proceder con una segunda agresión sexual, posterior a esto refiere que con el imputado fueron al centro de la ciudad para comprar la pastilla del día después, lugar donde es aprehendido el señor Rafael Rodrigo Colque Ventura por los familiares de la víctima, según la relación de los sucesos y de los actos que le hubieran acontecido, se tiene el acta de consignación de persona aprehendida, en la que el imputado hubiera sido en primera instancia aprehendido de manera particular por los señores Rosalín Barrientos, Leslie Liliana Eugenio Zurita y Kevin Fernández Siles a horas 4:20 a.m. del día domingo 21 de enero del 2024, sucesos que a criterio de este despacho judicial resultan ser subsecuentes con la fecha en que hubieran acontecido la presunta comisión del delito de violación, considerando que son hechos ininterrumpidos que hubieran transcurrido desde las relaciones circunstancias del hecho que la fiscalía nos pone a conocimiento, previniendo que desde fecha 20 de enero del 2024 horas 20:00 p.m. aprox. hacia adelante hubieran ocurrido hechos ininterrumpidos y subsecuentes, presupuesto que determinan la aplicación y viabilidad del Procedimiento Inmediato conforme previene el art. 230, 393 bis) del Código de Procedimiento Penal, determinando que concurre la procedencia para hacer viable la aceptación de este Procedimiento especial. 3.2. Con relación al presupuesto procesal sobre los riesgos de fuga. Ingresando al presupuesto procesal para hacer viable la detención preventiva el Ministerio Público hace referencia a solo un riesgo procesal, este es el previsto en el art. 234 núm. 7) del Código de Procedimiento Penal, previniendo que el imputado sería un peligro efectivo para la víctima, siendo que debe considerarse este riesgo procesal desde la perspectiva de cómo hubieran sucedido los hechos en fecha 20 de enero del 2024, señalando que existen dos momentos en el que se hubiera consumado la agresión sexual y determinando que la víctima se encontraba en una situación vulnerable, considerando que estaba en desventaja respecto al agresor en razón a su género y por el estado de ebriedad en el que se encontraba, refiere que este hecho se encontraría acreditado por el certificado médico forense y el acta de declaración de la víctima donde se determina la agresiones físicas en la víctima, por lo que concluye determinando que se encuentra debidamente acreditado este riesgo procesal. Por su parte, la defensa técnica de la parte imputada no refiere mayor argumento sobre este riesgo procesal para enervar la postulación del Ministerio Público, indicando que su defendido no se constituiría en un peligro efectivo para la víctima, esto en relación a cómo hubieran sucedido los hechos y que existiría una duda razonable en la comisión del presunto delito que se le atribuye al imputado. Para considerar este presupuesto procesal, la Sentencia Constitucional N° 394/2018 - S2 de 3 de agosto, determinó como debe analizarse y considerarse este riesgo procesal en este tipo de delitos de violencia sexual, estableciendo que las autoridades judiciales en los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234 numeral 10) del Código de Procedimiento Penal, ahora núm. 7) conforme a las modificaciones de la Ley 1173, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado, así como las características del delito cuya autoría se atribuye al mismo. entendimiento jurisprudencial que debe ser considerado en el presente caso, y teniendo presente un enfoque interseccional para acreditar y determinar la vulnerabilidad y desventaja en la que se encontraba la víctima, se tiene una mujer objeto de agresiones físicas y también es una víctima de agresión sexual, ciertamente según la teoría probatoria que desarrolla el Ministerio Público en la imputación formal y que ha sido puesta a la vista de este despacho judicial mediante el cuaderno de investigaciones, conforme a las relación circunstanciada del hecho y como hubiera acontecido el suceso, se tiene que la presunta violación a la víctima Sofía Luisa Ruelas Siles, fue consumada cuando la misma se encontraba en un estado de plena vulnerabilidad y desventaja por estar en estado de ebriedad que le impidió defenderse, además de su estado de mujer vulnerable y en plena desventaja física respecto al ahora imputado que presuntamente hubiera utilizado la fuerza para cometer la agresión sexual, hecho que se evidenciaría por el certificado médico forense que determina 6 días de incapacidad médico legal a la víctima, además que se tiene la declaración de la víctima que relata los hechos acontecidos, atestiguación que conforme se señaló anteriormente resulta una prueba fundamental y que tiene plena credibilidad probatoria; por lo cual, este hecho también se encontraría plenamente acreditado en razón a los antecedentes que informa la presente causa penal y toda la prueba documental adjunta. 3.2. Con relación al tiempo de detención preventiva. Conforme a la solicitud del procedimiento inmediato, la fiscalía solicitaría el plazo de 30 días de detención preventiva del imputado, señalando que este plazo es razonable, porque existen actos de investigación como la pericia psicológica a la víctima, pericia en Biología y Genética Forense y una práctica de Inspección Ocular en el lugar de los hechos. Por su parte, la defensa técnica de la parte imputada, según refiere dentro sus argumentos sobre este tema, previene que según la práctica y la experiencia que se tuviera en este tipo de actos investigativos, estos durarían tres a cuatro meses y que la solicitud que hace el representante del Ministerio Público no sería razonable, considerando que el desarrollo de estos actos investigativos demoraría más tiempo, por lo que viene en solicitar que se rechace el procedimiento inmediato y al existir también dudas razonables en los hechos acontecidos a favor de su defendido, solicita también se declare improcedente la detención preventiva. Bajo los argumentos señalados, se tiene que el plazo que solicita la Fiscalía para la recuperación de evidencia de actos complementarios de 30 días a objeto de efectivizar la pericia Psicológica de la víctima, Pericia en Biología y Genética Forense y la Práctica de inspección ocular en el lugar de los hechos, a criterio de este despacho judicial, bajo el principio de la debida diligencia, se considera razonable el plazo que estuviera solicitando el Ministerio Público, considerando que bajo el principio de razonabilidad y objetividad, es un plazo que se adecua al plazo solicitado en la aceptación del procedimiento inmediato, cumpliéndose así la finalidad que persigue la detención preventiva que es determinar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley y sobre todo se tiene la necesidad de garantizar la presencia del ahora imputado en etapa que será el juicio oral, por lo que también se hubiera acreditado y estuviera concurrente este requisito del plazo para la Detención Preventiva del imputado. POR TANTO: En atención a los argumentos señalados precedentemente, el suscrito Juez de Instrucción contra la Violencia Hacia la Mujer N° 1 de la capital (Oruro – Bolivia), asume las siguientes disposiciones: 1. Se ACEPTA la aplicación de procedimiento inmediato para delitos en flagrancia, y se dispone que el Ministerio Público deberá complementar sus diligencias de investigación en un plazo máximo de 30 días, plazo en el cual deberá emitir una resolución conclusiva de la investigación en una de las formas previstas en el art. 323 del Código de Procedimiento Penal. 2. Se dispone la DETENCIÓN PREVENTIVA del Señor Rafael Rodrigo Colque Ventura por un plazo de 30 (treinta) días computables a partir de la presente fecha, que deberá cumplirse en el recinto penitenciario de “San Pedro” de la ciudad de Oruro, para ese efecto por secretaría de este despacho líbrese el correspondiente mandamiento de detención preventiva; asimismo, para la consideración de la situación jurídica del ahora cautelado, se señala audiencia para el día martes 20 de febrero de 2024 a horas 11:00 a.m. y sgtes., actuado procesal a desarrollarse en éste Despacho Judicial. 3. Se ratifican las medidas de protección solicitadas por el representante del Ministerio Público, esto referidas a los numerales 4), 5), 6) y 14) del parágrafo II del art, 389 bis) del Código de Procedimiento Penal, determinando que en caso de incumplimiento deberá aplicarse la sanción prevista en el art. 389 (quinquies) de la señalada norma procesal penal, bajo alternativa de Ley. 4. Con relación a la solitud de allanamiento, bajo la previsión del art. 113 del Código de Procedimiento Penal, considerando que el objeto y finalidad de la presente audiencia es la consideración de medidas cautelares de carácter personal y la solitud del procedimiento inmediato, este requerimiento deberá formalizarse y solicitarse conforme a procedimiento. Conforme previene el art. 123 del Código de Procedimiento Penal, se advierte a los sujetos procesales que la resolución que acaba de pronunciarse es susceptible de recurso de apelación incidental en el plazo de 72 (setenta y dos) horas computables a partir de su legal notificación, esto solo referente a la aplicación de medidas cautelares y no con relación a la aceptación del procedimiento inmediato por delito flagrante, previniendo que ese pronunciamiento no reconoce un recurso ordinario de apelación; para ese efecto, quedan notificados el Ministerio Público, la parte imputada; y, conforme se tiene de la representación de la Oficina Gestora de Procesos N° 2 respecto a la imposibilidad material de notificación a la víctima tras no haberse encontrado su domicilio, conforme previene el art. 165 del Código de Procedimiento Penal, notifíquese a la víctima mediante Edictos de Ley, sea previas las formalidades de rigor y constancia donde corresponda. Para fines de registro, la presente resolución judicial es pronunciada el día lunes 22 de enero de 2024 a horas 12:30 a.m. DEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO (ABG. ROGER CASTRO): La palabra señor Juez, de conformidad con el art. 125 en vía de aclaración su autoridad ha emitido una sola resolución o ha emitido dos resoluciones, uno respecto a la solicitud de medidas cautelares y del proceso inmediato, por favor, esa aclaración. JUEZ: Bajo el principio de concentración de los actos procesales, se ha emitido solo una resolución resolviendo las dos postulaciones que ha solicitado el Ministerio Público, esto referente a la detención preventiva y la solicitud de procedimiento inmediato, ambas pretensiones han sido debidamente fundamentadas y motivadas en la presente resolución. DEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO (ABG. ROGER CASTRO): La palabra señor Juez, de conformidad con el art. 251 del Código Procesal Penal, vamos a venir en plantear el recurso de apelación incidental, rogando a su autoridad que antecedente se remita al tribunal de alzada dentro del plazo establecido conforme a norma, asumiendo esencialmente que de por medio exista una persona privada de la libertad. JUEZ: Se tiene presente el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de la parte imputada, se dispone que por secretaría se remita los antecedentes a la sala penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, sea en el plazo previsto en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal, debiendo la parte imputada proveer los recaudos necesario para hacer efectiva su apelación interpuesta. Habiéndose cumplido con la presente audiencia, ha concluido la misma. REGISTRESE. EL PRESENTE EDICTO DE LEY ES LIBRADO EN LA CIUDAD DE ORURO, A LOS VEINTRES DIAS DEL MES DE ENERO DE 2024 AÑOS.


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