EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA SEGUNDO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


EDICTO EL DR. LUIS FERNANDO BARRIOS QUEVEDO, JUEZ DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL Nº 2 DE LA CAPITAL.- MEDIANTE EL PRESENTE EDICTO SE NOTIFICA AL ACUSADO CRISTHIAN PELAEZ THAIME, CON EL AUTO DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2021, ORDENADO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO A INSTANCIA DE RONALD PETER ARANCIBIA ARGOTE CONTRA CRISTHIAN PELAEZ THAIME, POR LA PRESUNTA COMISION DEL DELITO HURTO AGRAVADO, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 326 NUM. 1) y 5) DEL CÓDIGO PENAL; A CUYO FIN SE TRANSCRIBE EL SIGUIENTE ACTUADO: VISTOS: El proceso seguido por el Ministerio Público contra Cristhian Pelaez Thaime por el delito de Hurto Agravado, previsto y sancionado por el Art. 326 Núm. 1) y 5) del Código Penal, el proveído de 28 de febrero de 2020, los antecedentes del caso; y: CONSIDERANDO I. (Antecedentes) Que, mediante proveído de 28 de febrero de 2020, se determinó que los sujetos procesales se pronuncien, dentro el plazo de tres (3) días, sobre el plazo máximo de duración del proceso, conforme el Art. 133 del Código de Procedimiento Penal. Con esa determinación el Ministerio Público, la víctima y el imputado fueron notificados legalmente como acreditan las diligencias. Que a pesar de esta legal notificación, hasta la fecha ninguno de los sujetos procesales emitieron pronunciamiento alguno. CONSIDERANDO II. (Fundamentos jurídicos) Que al respecto, el Art. 115-II de la Constitución Política del Estado prevé que “El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa, y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. El Art. 178-I de la misma Carta Fundamental establece que “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”. El Art. 180. I prevé: “la jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez” El art. 8-1) de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) prevé que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable…”. El Art. 14 – 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas”. En ese sentido, el legislador boliviano, ha previsto límites para el ejercicio del ius puniendi del Estado; es así que la Ley N° 1970 del Código de Procedimiento Penal en su Art. 133 ha establecido la duración máxima del proceso indicando: “Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía…Las causas de suspensión de la prescripción, suspenderán el plazo de duración del procedimiento. Cuando desaparezcan éstas, el plazo comenzará a correr nuevamente computándose el tiempo ya transcurrido… Vencido el plazo, el Juez o Tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal”. El Art. 130 del mismo procedimiento establece el cómputo de plazos y prevé: “Los plazos son improrrogables y perentorios, salvo disposición contraria de éste Código”. Por su parte el Art. 27 de igual norma procedimental establece los motivos de extinción y prevé: “La acción penal se extingue: num. 10) Por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso”. MARCO ESTABLECIDO POR LA JURISPRUDENCIA: En un Estado Constitucional de Derecho, el ejercicio de la acción penal se encuentra ineludiblemente limitado por principios constitucionales y normas legales imperativas.LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en la Sentencia de 29 de enero de 1997, dentro del Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, ha establecido: “El artículo 8 de la Convención que se refiere a las garantías judiciales consagra los lineamientos del llamado “debido proceso legal” o “derecho de defensa procesal”, que consisten en el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera.” De esta declaración se concluye que el “debido proceso legal” o “derecho de defensa procesal” tiene que ver con el tiempo de inicio y finalización de un proceso y que, en esa ineludible relación, media un plazo razonable el mismo que es la garantía para que se resuelva el conflicto dentro de ese límite y la persona no esté en una incertidumbre y zozobra indefinida.En otra sentencia, (12 de noviembre de 1997 Caso Suárez Rosero vs. Ecuador) la misma Corte refiriéndose al plazo razonable ha establecido: “el principio de 'plazo razonable' al que hacen referencia los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente”.No obstante la claridad de las normas precitadas, en Bolivia, el Tribunal Constitucional ha abundado en el análisis y razonamiento acerca del instituto de la extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo, en concordancia con las normas establecidas en los Tratados y Convenios Internacionales que, siendo suscritos por Bolivia, también son leyes bolivianas de aplicación obligatoria.Sobre el plazo razonable la SC Nº 0948/2010-R de 17 de agosto de 2010 dice:III.3; “…En ese sentido, la SC 1042/2005-R de 5 de septiembre, al efecto señalo: “Es importante recordar que la extinción del proceso penal por mora judicial tiene su base de sustentación en el derecho que tiene toda persona procesada penalmente a un proceso sin dilaciones indebidas, un derecho que forma parte de las garantías mínimas del debido proceso, consagrado por el Art. 14.3.c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como un derecho a un proceso dentro de un plazo razonable, instrumentos normativos que forman parte del bloque de constitucionalidad, conforme ha determinado este Tribunal en su amplia jurisprudencia.” La SCP 1085/2013-L de 30 de agosto al respecto dice: III.2. La extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. En torno al tema el insigne penalista Mario Gonzales Durán, sostuvo: “La celeridad procesal, debe ser característica esencial del proceso penal puesto que de su dilucidación dependen varios bienes jurídicos de prioritaria importancia como: el honor, la dignidad, el patrimonio, la libertad de las personas etc. Por ese razonamiento no es justo menos correcto mantener latente el derecho de instar la acción penal, ya que el incriminado no tiene por qué estar sometido a zozobra alguna emergente de la instauración o no de un proceso penal en su contra, puesto que como todo ser humano tiene derecho a saber si ello ocurrirá o no y, de producirse, tiene derecho a la pronta solución del conflicto. Por otra parte el orden constituido tampoco puede estar sujeto a la voluntad del titular del derecho presuntamente vulnerado, ya que esa espera puede tornarse en inútil e innecesaria; por ello, el Tribunal Constitucional interpretando a cabalidad el espíritu de la ley adjetiva penal, hace alusión a la conclusión del proceso penal en tiempo razonable (tres años según la ley adjetiva). De igual manera es necesario precisar que la extinción de la acción penal por transcurso del tiempo opera si la dilación del proceso se debe a causas atribuibles a las autoridades del Ministerio Público o del Poder Judicial; pero si tales causas de retardo en el trámite de la causa se deben a factores que puedan endilgarse al incriminado, entonces no es factible la extinción de la acción penal”. Por su parte, la SCP 2492/2012 de 3 de diciembre, señaló: “La jurisprudencia constitucional en la SC 1684/2010-R de 25 de octubre, que a su vez cita la SC 1042/2005-R de 5 de septiembre, afirma: '…Es importante recordar que la extinción del proceso penal por mora judicial tiene su base de sustentación en el derecho que tiene toda persona procesada penalmente a un proceso sin dilaciones indebidas, un derecho que forma parte de las garantías mínimas del debido proceso, consagrado por el art. 14.3.c) del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y, art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como un derecho a un proceso dentro de un plazo razonable, instrumentos normativos que forman parte del bloque de constitucionalidad, conforme ha determinado este Tribunal en su amplia jurisprudencia'. En ese sentido, la SC 0551/2010-R de 12 de julio, haciendo alusión a los supuestos que deben ser considerados para resolver, definiendo: «Con relación a ello, vale dejar claramente establecido que el plazo fatal y fijo, no puede ser considerado como único criterio para extinguir una causa por duración máxima del proceso, sino que también debe ponderarse en forma concurrente los factores ya citados en la jurisprudencia constitucional glosada, efectuando un análisis para cada caso concreto, donde deberá analizarse si existen elementos suficientes que establezcan la extinción de la acción, como son la conducta de las partes que intervinieron en el proceso penal y de las autoridades que conocieron el mismo, aspectos que constituyen una omisión indebida por parte de los codemandados, sin soslayar que la situación de los jueces y tribunales bolivianos, así como del Ministerio Público no se encuentra sujeta únicamente a su propia voluntad sino a aspectos ajenos al propio órgano, como la falta de nombramiento oportuno de dichas autoridades, las frecuentes e intempestivas renuncias de funcionarios de esas reparticiones, así como otras circunstancias que inciden negativamente en el propósito encomiable de una pronta y oportuna administración de justicia. En consecuencia, corresponderá efectuar un estudio integral de los elementos que incidieron en la mora procesal, sin atentar contra la eficacia de la coerción penal favoreciendo a la impunidad». En consecuencia, es el juez o tribunal el que determina si la retardación, se debió al encausado, al órgano judicial o al Ministerio Público, evaluando los antecedentes cursantes para disponer, si la situación lo amerita, la extinción de la acción penal, que supone para el Estado la pérdida del ius puniendi. Si bien la extinción de la acción penal, encuentra justificación en la conclusión del proceso en un plazo razonable, conforme lo anotado en la jurisprudencia: '…se vulnera el derecho a la celeridad procesal y, dentro de ello, a la conclusión del proceso en su plazo razonable, cuando los órganos competentes de la justicia penal del Estado omiten desplegar, injustificadamente, la actividad procesal dentro de los términos que el ordenamiento jurídico establece; por tanto, en sentido del orden constitucional, no habrá lesión a este derecho, si la dilación del proceso, en términos objetivos y verificables, es atribuible al imputado o procesado' (SC 0101/2004-R de 14 de septiembre, citada por la SC 0553/2011-R de 29 de abril)…”. La SC 2062/2010-R de 10 de noviembre sobre la extinción de la acción penal y los parámetros que deben observarse para determinar la existencia de mora procesal, ha establecido lo siguiente: III.6.Sobre el fundamento de la extinción de la acción penal y la jurisprudencia constitucional sobre el tema. La Constitución abrogada, no contemplaba de manera expresa el derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable; empero, como lo entendió la SC 101/2004, lo consagraba “de manera implícita al proclamar en forma genérica que la “celeridad” es una de las “…condiciones esenciales de la administración de justicia”, entendimiento que se extrae del contenido del art. 116.X Constitucional”. Dicha Sentencia, además, concluyó que este derecho se encuentra en las normas internacionales sobre derechos humanos, las cuales, de conformidad a la jurisprudencia constitucional (SSCC 1494/2003-R, 1662/2003-R, 69/2004, entre otras) forman parte del bloque de constitucionalidad. Así, el art. 8.1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos determina que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por ley…”, y el art. art. 14.3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sostiene que “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: c. A ser juzgada sin dilaciones indebidas”. Ahora bien, la actual Constitución Política del Estado prevé en el art. 115.II, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, dándole una dimensión plural. Así, en el primero parágrafo, al reconocer el derecho de acceso a la justicia, sostiene que “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos” y el segundo parágrafo señala que “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. En ese sentido, debe entenderse que la titularidad del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas o a un plazo razonable, recae tanto en el imputado como en la víctima, pues ambos pueden exigir la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable que en el caso boliviano está establecido en el art. 133 del CPP. Como anota San Martín Castro, la vulneración del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas “se produce siempre como consecuencia de una omisión que realiza un órgano jurisdiccional sobre aquella obligación constitucional de resolver dentro de los plazos previstos las pretensiones que se formulen” (SAN MARTÍN CASTRO, César, Derecho procesal penal, Editorial Grijley, Lima-Perú, pág. 97). Conforme a ello, la primera condición es que se incumplan los plazos previstos por ley y, la segunda, que la dilación sea indebida, apreciación que de acuerdo a la doctrina, y la jurisprudencia tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Genie Lacayo, de 29 de enero de 1997 y Suárez Roser de 12 de noviembre de 1997), debe realizarse en cada caso concreto, considerando tres elementos fundamentales: a) La complejidad del asunto o causa, lo que significa, que el asunto “no justifique un tratamiento más dilatado en el tiempo del objeto procesal” (BARCELÓ i SERRAMALERA, Mercé y DÍAZ MAROTO Y VILLAREJO, Julio Díaz, El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en Poder Judicial, 3ª época, número 46, 1997 (II), Consejo General del Poder Judicial, pág. 17). b) El comportamiento del imputado durante el proceso, en sentido de que la demora en el proceso no debe obedecer “…única y exclusivamente a la dolosa conducta de la parte recurrente, quien, mediante el planteamiento de improcedentes cuestiones incidentales, de recursos abusivos o provocando injustificadas suspensiones del juicio oral ocasiona el retraso anormal en la tramitación del procedimiento” (BARCELÓ i SERRAMALERA, Mercé y DÍAZ MAROTO Y VILLAREJO, Julio Díaz, op. cit.), y c) La actuación del órgano judicial para determinar si éste fue el causante de las dilaciones por su inactividad judicial. Tomando en cuenta los criterios señalados, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la SC 0101/2004 de 14 de septiembre, estableció que el derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable se vulnera, “…en el sentido de la Constitución…cuando los órganos competentes de la justicia penal del Estado omiten desplegar, injustificadamente, la actividad procesal dentro de los términos que el ordenamiento jurídico establece; por tanto, en sentido del orden constitucional, no habrá lesión a este derecho, si la dilación del proceso, en términos objetivos y verificables, es atribuible al imputado o procesado. Un entendimiento distinto no guardaría compatibilidad ni coherencia con las exigencias de seguridad jurídica que la Constitución proclama [art. 7 inc. a)] así como el deber del Estado de proteger de manera eficaz, toda lesión o puesta en peligro concreto, de los bienes jurídicos protegidos por el orden penal boliviano.” Con dichos argumentos, la SC 101/2004, interpretando los alcances del art. 133 concluyó que: “…las disposiciones legales objeto del presente juicio de constitucionalidad sólo pueden ser compatibles con los preceptos constitucionales referidos, en la medida que se entienda que, vencido el plazo…el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal, cuando la dilación del proceso más allá del plazo máximo establecido, sea atribuible al órgano judicial y/o, al Ministerio Público, bajo parámetros objetivos; no procediendo la extinción cuando la dilación del proceso sea atribuible a la conducta del imputado o procesado”. La SC 0023/2007-R de 16 de enero citando a la SC 101/2004 que a su vez cita a las SSCC 1494/2003-R, 1662/2003-R y 69/2004, proclama como jurisprudencia constitucional vinculante: “…de lo anterior se extrae que la finalidad que persigue el legislador constituyente boliviano al introducir, en concordancia con los preceptos internacionales aludidos, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, es que el imputado pueda definir su situación ante la ley y la sociedad dentro del tiempo más corto posible, desde un punto de vista razonable; poniendo fin a la situación de incertidumbre que genera todo juicio, y la amenaza siempre latente a su libertad que todo proceso penal representa. Con esto se persigue evitar que la dilación indebida del proceso, por omisión o la falta de diligencia debida de los órganos competentes del sistema penal, pueda acarrear al procesado lesión a otros derechos, entre ellos, el de la dignidad y la seguridad jurídica, que resulten irreparables.” NATURALEZA DE LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR EL VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE DURACIÓN DEL PROCESO. A diferencia de la prescripción, que es de naturaleza eminentemente sustantiva porque se funda en el tipo penal y la sanción que prevé, afectando la esfera de libertad del imputado; la extinción de la acción por duración excesiva del proceso, es de naturaleza eminentemente procesal, porque se funda en el término de duración máxima del proceso, en la conducta procesal de los sujetos y en la complejidad del objeto del proceso; afectando el derecho de toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable. Como se ve, en esta categoría no tiene relevancia el delito que se juzga ni la pena prevista para ese delito. El Estado, como titular del ius puniendi tiene el deber de perseguir y sancionar las conductas que lesionan la pacífica convivencia de la comunidad; sin embargo, ese derecho-deber del Estado no es ilimitado en el tiempo, puesto que no le es permitido por razón de justicia, una actividad negligente y dilatoria que redunde en el alargamiento injusto de esa situación incierta del imputado. Por esta razón, es el propio Estado quién por medio del Órgano Legislativo ha puesto límites al ius puniendi instituyendo la extinción de la acción, que no es otra cosa que la pérdida del ius puniendi, la pérdida de su potestad punitiva debido a omisiones o, a la falta de diligencia en la actividad procesal que le corresponde. Considerando que el cómputo de los términos para la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso tiene como punto de partida el primer acto del proceso, tal como lo preceptúa el artículo 133 del CPP., que en su primera parte dice: “Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía.” Y el art. 5 del mismo cuerpo legal, que en su segundo parágrafo, define: “Se entenderá como primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito.” La jurisprudencia constitucional ha establecido: “Por su parte el art. 5 del CPP, párrafo segundo, dispone que: “Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito.”; por consiguiente, considerando dicha normativa, el cómputo de los tres años de duración del proceso penal previsto en el art. 133 del CPP, se computa a partir de la primera sindicación efectuada en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; en consecuencia, para computar la extinción de la acción penal por el transcurso máximo del tiempo previsto en el referido art. 133 del CPP, es necesario considerar lo manifestado.” (el subrayado es propio) (SC Nº 0033/2006-R. de 11 de enero de 2006) Sujeto a estas normas y a la jurisprudencia vinculante; y, a efectos del cómputo del término para la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, es imperativo establecer: A).- el término de duración máxima del proceso, B).- la conducta procesal de los sujetos y C).- la complejidad del proceso. CONSIDERANDO III. (Análisis del caso en concreto) Que tomando en cuenta todo lo expuesto precedentemente, en el sub lite, revisados los datos del proceso, se tiene que la causa, de acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio Público, se ha iniciado a denuncia de Ronald Peter Arancibia Argote; asimismo, por escrito de 20 de febrero de 2014, el representante del Ministerio Público ha presentado Acusación Formal contra Cristhian Pelaez Thaime por el delito de Hurto Agravado, previsto y sancionado por el Art. 326 Núm. 1) y 5) del Código Penal; en virtud a esa acusación, por resolución de 05 de marzo de 2014, el Juzgado de Instrucción Cautelar N° 6, ordena al representante del Ministerio Público informar los domicilios reales de las partes en el plazo de 72 horas; en fecha 15 de mayo de 2014, mediante Auto, señala audiencia conclusiva para el 24 de septiembre de 2014 a horas 17:00; el 12 de diciembre de 2014 se realizó la audiencia conclusiva de acusación y a pesar de la ausencia de los sujetos procesales, así como el Ministerio Público, debiendo continuar con la tramitación del mismo, se declara precluida la Etapa Preparatoria, disponiendo la remisión de los antecedentes al Tribunal de Sentencia de Turno; en fecha 16 de enero de 2015, con carácter previo el Tribunal de Sentencia N° 4, notifica al representante del Ministerio Público, para que en el término de 24 horas, presente la Declaración Informativa del Imputado con el respectivo croquis de domicilio o la constancia de incomparecencia, debiendo acompañar las publicaciones de edictos; el 11 de mayo de 2015, el Tribunal de Sentencia N° 4, solicita el Certificado Médico Forense; así mismo, el médico forense informa, que no recuerda haber valorado a dicho paciente, solicitando que el Imputado se haga presente en el IDIF, para que se realice una valoración de su estado mental; mediante resolución de fecha 09 de diciembre de 2015, se pone en conocimiento del Abogado Defensor Público, para que el Imputado se apersona al IDIF, el cual presenta el certificado médico forense de 12 de abril de 2013, indicando que hace mucho tiempo el Imputado, no se apersona en oficinas de Densa Pública; mediante resolución del 05 de abril de 2016, se pone en conocimiento de las partes, sin embargo a pesar de diversas notificaciones efectuadas por el Tribunal al fiscal a cargo para que tenga conocimiento y se dé continuidad a dicho proceso, hasta la fecha no se ha pronunciado el Ministerio Público y simplemente realiza un apersonamiento, no habiendo dicho tribunal radicado la causa. También consta que en fecha 18 de noviembre de 2019, el proceso fue remitido a éste despacho judicial en cumplimiento a la Ley 1173 e Instructivos 04/2019 y 39/2019, radicando la causa en éste despacho por resolución de 21 de noviembre de 2019, disponiendo la notificación de los sujetos procesales. Por los extremos indicados, y ante la emisión de la resolución de 28 de febrero de 2020 para que las partes se pronuncien sobre el plazo que estipula el Art. 133 del Código de Procedimiento Penal y, notificados el Ministerio Público, la víctima y el imputado, no se han pronunciado en el plazo concedido, ni hasta la fecha de emisión de esta resolución. Según todo lo anotado, se concluye que el constituyente y el legislador Boliviano, al introducir en la norma Suprema, los tratados internacionales ratificados con rango constitucional y las leyes citadas, como principio rector la celeridad en la administración de justicia y, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, en el que no solo el imputado pueda definir su situación legal y social, sino que el trámite se desarrolle cumpliendo los plazos establecidos, poniendo fin a la situación de incertidumbre que implica todo juicio penal y con la amenaza latente a la libertad del imputado, ha previsto límites a la dilación indebida del proceso por omisiones o falta de diligencia debida de los órganos competentes del sistema penal. En ese sentido, en aplicación de las normas citadas ut supra, y del análisis cuidadoso del trámite de la causa, se concluye que la dilación en la tramitación de la causa es atribuible al Acusador Público, como titular de la acción penal pública y la víctima, pues el ente acusador no ha cumplido con las disposiciones legales citadas, las determinaciones jurisdiccionales y conminatorias efectuadas, haciendo un virtual abandono de la causa, lo que ha implicado que transcurran más de los 3 años de duración del proceso, computables desde la Declaración Informativa del Acusado, prestada en fecha 09 de enero de 2013 a raíz de la denuncia presentada en su contra, no contando en el legajo con otros actuados anteriores. Conforme a la jurisprudencia establecida en la SCP 0255/2014 no son computables los días feriados, inhábiles, ni las vacaciones judiciales y cuarentenas dispuestas a consecuencia del COVID-19, en donde también el Órgano Judicial dispuso la suspensión de plazos. Estos días inhábiles por año resultan de: Vacaciones judiciales. 25 días calendario por año. Feriados. 1.-Año Nuevo; 2.- Fundación del Estado Plurinacional; 3.- Lunes de Carnaval; 4.- Martes de Carnaval; 5.- Viernes Santo; 6.- Día del Trabajador; 7.- Corpus Cristi; 8.- Año Nuevo Aymara; 9.- Día de la Independencia; 10.- Día de Todos los Difuntos; 11.- Navidad; y 12.- el feriado regional del 14 de septiembre. Total: 12 días por año. Sábados. 48 por año. Domingos. 48 por año. PANDEMIA 2020 (Cuarentena rígida): Del 23/03/2020 al 14/06/2020 (82 días) y 27/06/2020 al 20/07/2020 (23 días) Total: 105 días, año 2020. Total de días inhábiles por año: 133 De los 365 días calendario que tiene un año, restando los 133 días inhábiles, quedan 232 días hábiles. (365-133 = 232) Para que una causa se extinga por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, deben transcurrir TRES AÑOS HABILES. TRES AÑOS HÁBILES SUMAN 1095 DÍAS HÁBILES. (365 días hábiles multiplicados por 3 años dan =1095 días hábiles) En el sub lite, desde el 09 de enero de 2013 (fecha de Declaración Informativa ante el Ministerio Público de Cristhian Pelaez Thaime) hasta el 23 de agosto de 2021 (fecha actual), han transcurrido 8 años, 07 meses, con 14 días calendario TOTAL: 3144 días calendario, de los cuales corresponde restar los 133 días inhábiles por año: dando un resultado sólo por los 8 años, 2080 días hábiles, que ya superaron los 1.095 días hábiles, que serían los 3 años hábiles previstos por el Art. 133 del CPP, como término de duración máxima del proceso, sin que el mismo haya concluido; con lo que queda absolutamente acreditado el cumplimiento del primer requisito para la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso. Por otra parte, corresponde también tomar en cuenta LA CONDUCTA PROCESAL DE LOS SUJETOS: MINISTERIO PÚBLICO. La auditoría procesal muestra que el Min. Público no ha observado el cumplimiento de la Ley en cuanto a los plazos de duración máxima del proceso, pues no se ha realizado el correspondiente seguimiento para dar continuidad al proceso, con total abandono de la causa, tal cual lo demuestra la presentación del penúltimo memorial del 31 de marzo de 2016 y posteriormente existiendo un memorial de apersonamiento de fecha 19 de febrero de 2019, omitiendo de esa manera el cumplimiento de la Ley y el seguimiento responsable del proceso, como era su obligación. ÓRGANO JURISDICCIONAL. La dilación no es atribuible al órgano jurisdiccional siendo que este ha cumplido con las correspondientes notificaciones para dar continuidad al proceso. SUJETOS PROCESALES: Se evidencia que la presunta víctima ha realizado el abandono de la causa no existiendo ningún actuado que haya sido promovido por el mismo. Respecto al Acusado no se evidencia ningún acto dilatorio que pueda atribuírsele respecto a la dilación del presente proceso. COMPLEJIDAD DEL PROCESO: En el caso de autos, tal cual se tiene descrito en los antecedentes que nacen de la causa, no puede considerarse que el proceso sea complejo, tomando en cuenta la naturaleza de los delitos que dieron lugar al inicio del proceso y la posterior presentación de la acusación formal, de donde se extrae que no nos encontramos ante un número demasiado amplio de sujetos procesales o ante la comisión de varios y distintos delitos, como elementos objetivos que podrían dar lugar a que el presente proceso se considere complejo. Por todos los fundamentos expuestos, las normas legales citadas, los precedentes obligatorios emanados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Constitucional Plurinacional, corresponde declarar la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. POR TANTO: El Juez de Sentencia Penal Nº 2 del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en función de los Art.115-II, 178-I, 180-I de la Constitución Política del Estado; art. 8-1) de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica); Art. 14 – 3, c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Art. 27 num. 10), 130, 133 del Código de Procedimiento Penal, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL POR DURACIÓN MÁXIMA del proceso seguido por el Ministerio Público contra Cristhian Pelaez Thaime por el delito de Hurto Agravado, previsto y sancionado por el Art. 326 Núm. 1) y 5) del Código Penal; en consecuencia, ordena el archivo de obrados. Se pone en conocimiento de las partes que la resolución pronunciada es recurrible mediante apelación incidental dentro de los tres días de notificada la resolución conforme lo previsto por los Arts. 403 y siguientes del CPP modificado por la Ley N° 1173 Ley de abreviación procesal penal. Conforme el Art. 77 del Código de Procedimiento Penal, notifíquese con ésta resolución a la víctima, mediante edictos a ser publicados en el sistema Hermes del Tribunal Supremo de Justicia, conforme el Art. 165 del Código de Procedimiento Penal, modificado-. REGISTRESE. Notifique funcionario.- FDO.- DR. LUIS FERNANDO BARRIOS QUEVEDO- JUEZ DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL NO. 2 DE LA CAPITAL.- FDO.- DRA. CINDY A. CAMACHO GONZALES, SECRETARIA- ABOGADA DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL NO. 2 DE LA CAPITAL.- ES LO QUE SE TRANSCRIBE PARA FINES CONSIGUIENTES DE LEY.- DOY FE.- Cochabamba, 24 de Noviembre de 2021


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