EDICTO

Ciudad: ORURO

Juzgado: SALA PENAL TERCERO


E D I C T O EL DOCTOR: DANIEL ROLANDO COPA ROQUE, PRESIDENTE DE SALA PENAL TERCERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE ORURO, EN ESTRICTA OBSERVANCIA DEL ARTÍCULO 165 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, POR CUANTO LA LEY LE FACULTA.- POR EL PRESENTE EDICTO DE LEY SE NOTIFICA A: MARÍA CRISTINA MONTOYA YUCRA, A OBJETO DE QUE TOME CONOCIMIENTO DE LOS ACTUADOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE EDICTO, DENTRO EL PROCESO PENAL QUE SIGUE SU PERSONA EN CONTRA DE CRISÓSTOMO CÁCERES VIRACOCHEA, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE “DESPOJO Y ABUSO DE CONFIANZA” A CUYO. FIN SE TRANSCRIBE, EL SIGUIENTE ACTUADO DE LEY: - AUTO DE VISTA Nº 011/2021 Oruro, 25 de enero de 2021 JUGADO DE ORIGEN: Juzgado de Sentencia Penal 2º de Challapata. NUREJ: 4075073 PARTE ACUSADORA: María Cristina Montoya Yucra PARTE IMPUTADA: Crisóstomo Cáceres Viracochea. DELITO: Despojo y Abuso de Confianza. VISTOS.- El recurso de apelación restringida interpuesto por Crisóstomo Cáceres Viracochea, contra la Sentencia Nº02/2019 de fecha 30 de julio de 2019, los antecedentes del cuaderno de apelación y todo lo inherente. CONSIDERANDO I. (Antecedentes) I.1.- El Juzgado de Sentencia Penal Nº2 de Challapata, emite la Sentencia Nº02/2019 de 30 de Julio de 2019, que en lo sustancial señala: “(…) dicta SENTENCIA CONDENATORIA contra Crisóstomo Cáceres Viracochea, declarándolo autor de la comisión del delito de Despojo y Abuso de Confianza, arts.351 y 346 en grado de autor…”, condenándole con la pena privativa de libertad de (3) años a cumplir en el Penal de “San Pedro” de nuestra ciudad. I.2.- Sentencia, que es recurrida de Apelación Restringida por Crisóstomo Cáceres Viracochea por escrito de fecha 21 de agosto de 2019 cursante a fs.106 a 115; y contestada por la parte victima por memorial cursante a fs.118 a 121 del testimonio, recurso que previas las formalidades de rigor fue remitido ante el Tribunal de alzada a los fines consiguientes. CONSIDERANDO II. (Argumentos del recurso de apelación) II.1.- Crisóstomo Cáceres Viracochea, denuncia que la Sentencia impugnada se basa en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, defecto de sentencia previsto en el Art. 370 numeral 1 del Código de Procedimiento Penal. a) Señala que la inobservancia y errónea aplicación de la Ley sustantiva Art. 370 numeral 1 del Código de Procedimiento Penal conllevaría dos componentes, el primero la inobservancia de la ley sustantiva y el segundo la errónea aplicación de la ley sustantiva, por lo que centraría su denuncia en la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva penal referente a los delitos de despojo y abuso de confianza previsto en los Arts.351y 346 del Código Penal señalando que, el proceso de subsunción consiste en probar la existencia de la tipicidad, haciendo una adecuación rigurosa del hecho de la vida real al tipo de la ley y establecer los indicios racionales de que una persona ha participado en los hechos y que por ello debe serle atribuido, y que la errónea calificación del hecho al tipo penal es un vicio en la sentencia producto de un proceso defectuoso de subsunción en cuanto al tipo penal calificado como el error de la conducta a la norma penal o tipo penal y su consecuencia en la culpabilidad y aplicación de la pena; con esa introducción señala el defecto denunciado, refiriendo así que en el Considerando V “apreciación de toda la prueba esencial producida…” donde el Juez de sentencia abarcaría 9 puntos dirigidos a fundamentar el proceso de subsunción con relación a los dos delitos que se le acusaría, llegando a concluir que tanto la prueba de cargo como de descargo evidenciarían lo manifestado por la parte acusadora, sin embargo no se observaría que se estaría demostrando con cada prueba, sino solo una referencia superficial del hecho, y que con eso se demostraría la participación en la comisión del delito de despojo y abuso de confianza, además que no existiría el desglose de los elementos constitutivos de los tipos penales acusados, más se haría énfasis en la descripción de las pruebas sin relacionarlo al hecho factico ni a los tipos penales, que en los nueve puntos mencionados no se encontraría la explicación de cómo se subsume los hechos denunciados en la acusación a cada uno de los elementos constitutivos de los delitos de Despojo y Abuso de Confianza. b) De la Inobservancia de los elementos constitutivos de los tipos penales de despojo y abuso de confianza previsto en los Arts. 351 y 346 del Código Penal. Con relación al despojo señala que este prevé como sujeto pasivo a cualquier persona, en la que este sujeto usa como medio para la comisión de este delito; la violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o cualquier otro medio, y de esa manera despojar de la posesión o tenencia de un inmueble. Con relación al abuso de confianza, según la norma penal este delito exige elementos como valerse de confianza dispensada por una persona, causar daño o perjuicio en sus bienes o retener como dueño los bienes que se hubiera recibido a título de posesión. Señala que para el proceso de subsunción se debe realizar lo que mencionaría el Auto Supremo N° 134/2013 “…la subsunción jurídica, exteriorizado por el razonamiento efectuado por el Juez o Tribunal de Sentencia, en su respectiva motivación de la sentencia, esta debe reflejar el razonamiento encaminado a la aplicación de la norma genérica que el legislador ha expresado en la norma general a un supuesto de hecho concreto…” precisando que de lo citado la subsunción necesariamente estaría ligada al encuadre del hecho factico al tipo penal acusado y que en el presente caso en la sentencia denunciada con relación a la subsunción no se advertiría en lo absoluto un razonamiento con relación a la tipicidad, y como es que su conducta se adecuaría a los elementos constitutivos de los dos tipos penales acusados, y que con relación al delito de despojo, si bien la sentencia recurrida menciona la prueba, empero no lo relacionaría a los elementos del tipo penal, es decir cómo se demostraría que el acusado habría despojado de la posesión o tenencia de un bien inmueble ya sea por medio de la violencia, amenaza, engaño, abuzo de confianza, no contendría una fundamentación que haga entrever dentro del marco de la razón que su conducta se adecue en el tipo penal de despojo. Haciendo también referencia al Auto Supremo N° 197/2013-RRC-L de 11 de julio de 2013. Con relación al delito de abuso de confianza cita como precedentes contradictorios el Auto Supremo N° 173 de 15 de mayo de 2006, Auto Supremo N° 206 de 9 de agosto de 2012, Auto Supremo N° 1 134/2013-RRC de 20 de mayo de 2013, Autos Supremos que llegarían a ser totalmente contradictorios a la Sentencia con relación a la subsunción. II. 2.- Fundamentación insuficiente de la Sentencia Art. 370 inc. 5 del Código de Procedimiento Penal, que provoca inobservancia en el Art. 124 del C.P.P. constituyéndose en defecto absoluto previsto en el Art. 163.3 de la Ley 1970 ( derecho a una resolución fundamentada, el derecho a la defensa, derecho a la seguridad jurídica, que deriva de una violación de la garantía del debido proceso Art. 115.II de la C.P.E.) Señala que la revisión de la Sentencia en el Considerando V se mencionarían 9 puntos que solo se describiría la prueba y no existiría una fundamentación con relación a la subsunción del hecho factico a los tipos penales de despojo y abuso de confianza y que no se haría cita alguna sobre los elementos constitutivos de los delitos penales lo que haría entrever una insuficiente fundamentación con relación a la adecuación del hecho al tipo penal, señalando para tal efecto como precedente contradictorio Auto Supremo N° 176/2010, así como el Auto Supremo 418/2006 de 10 de octubre de 2006, Auto Supremo N°5 de 21 de enero de 2007, indicando que esa doctrina se adecuaría a la denuncia con relación a vicio de sentencia consignada en el Art. 370 numeral 5 del Código de Procedimiento Penal, porque los tribunales no pueden omitir la fundamentación de sus fallos debiendo ser claras, sin contradicciones, y que la sentencia denunciada sería insuficiente de fundamentación con relación a la subsunción, con lo que se habría vulnerado el debido proceso en su vertiente a una debida fundamentación , Art. 115.II de la Constitución Política del Estado y el Art. 124 del Código de Procedimiento Penal. Petitorio.- Con esos argumentos pide se declare procedente el recurso de apelación restringida y se disponga la anulación de la sentencia y se ordene su reenvío por otro tribunal. II.3.- María Cristina Montoya Yucra contesta al recurso con los siguientes fundamentos: en principio observa que en el memorial de apelación el recurrente se referiría al mismo que la presente causa estaría seguido Por el Ministerio Publico, lo cual no sería cierto y este vendría a seguirse por acusación particular; otra observación es que el memorial de recurso estaría dirigida a los señores Vocales y no así al Juez o Tribunal que pronuncio el fallo tal cual establece el Art. 404 del Código de Procedimiento Penal; y que en el memorial de apelación se denunciaría los defectos respectos a los numerales 1 y 5 del Art. 370 del Código de Procedimiento Penal y que en su petitorio contradictoriamente se acusaría la vulneración de los numerales 5 y 6 del Art. 124 del Código de Procedimiento Penal. En cuanto a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva Art. 370 numeral 1 del Código de Procedimiento Penal, señala que el recurrente confunde la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva que no llegarían a ser equivalentes o que signifiquen lo mismo y que planteando ambos supuestos se controvierte el planteamiento, y si se reclama la subsunción o la no adecuación de los hechos al tipo penal no correspondería a la inobservancia de la ley si no a la errónea aplicación lo que no hubiera sido debidamente invocada. En cuanto a los nueve puntos dirigidos a fundamentar el proceso de subsunción, no llegaría a ser evidente que el Juez de la causa en esa parte lo que haría es volver a relacionar los elementos de prueba más trascendentales que determinan la comisión de los ilícitos y doctrina aplicable, y que la sentencia cumpliría con exigencia extrañada de la subsunción. En cuanto a la fundamentación insuficiente e inobservancia del Art. 124 del Código de Procedimiento Penal señalando el Art. 370 numeral 5. Señala que el recurrente nuevamente se remite al considerando V, sin haber examinado lo que vendría a ser el epígrafe de fundamentos en la fijación de la pena. Con referencia a la vulneración del Art. 115.II de la Constitución Política del Estado, en su vertiente debida fundamentación señala que el recurrente no indica de qué manera el juez hubiera realizado interpretaciones paralelas o indebidas. Petitorio.- Solicita pronunciar Auto de Vista declarando la no admisibilidad, y en el caso de ingresar al análisis declarar su improcedencia y confirmar la Sentencia. CONSIDERANDO III. (Doctrina y jurisprudencia aplicable al caso) III. 1.-De la Subsunción del hecho a los tipos penales acusados El Auto Supremo 236 de 7 de marzo de 2007, que sentó doctrina legal al resolver un caso en el que se alegó inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, determinó el siguiente entendimiento doctrinal: “El debido proceso se manifiesta en que las partes procesales gocen de los derechos y garantías previstas para que la investigación y juzgamiento se desarrollen en el marco del respeto a los derechos fundamentales de la persona, sea aquella el acusador particular o público, y el acusado; precepto al que se suma el derecho a la seguridad jurídica, debiendo la actividad jurisdiccional esmerarse para brindar a los administrados la seguridad que las decisiones se enmarquen en los preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado, Los Tratados y Convenios Internacionales, y la Ley. Los delitos para ser considerados como tales, deben reunir todas las condiciones exigidas para cada tipo en el Código Penal y ser probado en juicio oral, público, contradictorio y continuo, y en la fase de subsunción legal los Tribunales y Jueces de Sentencia, y excepcionalmente los Tribunales de Apelación, deben tener el cuidado de observar que a la ausencia de alguno de los elementos configurativos del tipo penal, no existe delito”. De lo que se extrae que, concluida la etapa de valoración de la prueba, establecidos los hechos probados y no probados, el juzgador debe verificar la existencia y materialización del verbo rector en la conducta del imputado dentro del hecho debatido en juicio; es decir, realizar un enjuiciamiento jurídico del hecho, para después realizar el mismo trabajo de coincidencia para la restante estructura del tipo penal. De este modo la selección e interpretación del tipo penal y su adecuada subsunción no sólo supondrá una aplicación coherente y correcta de la norma sustantiva, si no que involucrará el cumplimiento del derecho a una tutela judicial efectiva (art. 115.I de la CPE), que contrariamente, tomar una decisión en base a una defectuosa subsunción, aplicando el tipo penal irrazonablemente, compromete la vulneración del principio de la legalidad penal, el que se encuentra relacionada al derecho a la libertad. III.2.- Del debido proceso y el deber de fundamentación de las resoluciones Al respecto la Sentencia Constitucional N° 0072/2014 de 03 de enero de 2014 señala en su fundamentación: “La SC 1145/2010-R de 27 de agosto, ha indicado que el debido proceso consiste en "…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (…) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos (SSCC 0418/2000-R, 1276/2001-R y 0119/2003-R, entre otras)”.El deber de fundamentación y motivación de toda resolución judicial o administrativa, forma parte del derecho-garantía-principio del debido proceso, consagrado en el art. 115.I de la CPE; habiendo sido desarrollado por la reiterativa jurisprudencia constitucional, señalando que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. En ese sentido, la SCP 0387/2012 de 22 de junio, ha señalado al respecto lo siguiente: “'…cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas' (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio)”. CONSIDERANDO IV. (Análisis del caso en concreto) IV. 1. Sobre el recurso de apelación de Crisóstomo Cáceres Viracochea, denunciando que la Sentencia impugnada se basa en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, defecto de sentencia previsto en el Art. 370 numeral 1 del Código de Procedimiento Penal. Cuando en la Sentencia recurrida no se habría realizado la tarea más importante como es la ´subsunción´ entendida esta como la relación de un hecho al tipo penal en este caso a los delitos de despojo y abuso de confianza previstos en los Arts.351y 346 del Código Penal, y que si bien el Juez de sentencia abarcaría 9 puntos dirigidos a fundamentar el proceso de subsunción en ellos solo se limitaría a una descripción de los elementos de prueba tanto de cargo como de descargo indicando que con esas pruebas se estaría evidenciando lo manifestado por la parte acusadora, sin embargo no se observaría una descripción del hecho factico acusado, que se estaría demostrando con cada prueba. - Al respecto a efectos de ese control de logicidad y legalidad de la Sentencia hoy impugnada, corresponde conocer los hechos fácticos acusados teniendo de manera resumida que: ´el predio motivo de la acción, se denomina Allituma Norte, que de acuerdo a los datos del INRA, tiene una superficie de 3.988 mts.2 de propiedad de Cecilia Yucra de Montoya, y que a su fallecimiento la querellante y sus hermanos se declaran herederos forzosos ab intestado en fecha 17 de diciembre de 2012, habiendo continuado con la posesión y los trabajos de los predios de la sucesión. Sin embargo de una relación histórica de los hechos que anteceden a los actos propios del querellado, informa que Josefina Yucra Gonzales (con quien el querellante no tiene parentesco alguno) hija de Ricardo Yucra Calani, supuestamente habría transferido la propiedad que motiva la acción al querellado a Crisóstomo Cáceres Viracochea, además que Josefina Yucra Gonzales habría alegado algún derecho de propiedad, manifestando que su padre Ricardo Yucra Calani, hubiera comprado de la madre del querellante Cecilia Yucra de Montoya y de su hermano Filemón Yucra Alconcé, sin embargo esa supuesta transferencia jamás se consolidaría, conforme se establecería de documentales de fecha 2 de junio de 1980 y 30 de junio de 1980, además que en la gestión 2015 el querellado Crisóstomo Cáceres Viracochea habría reconocido que su asentamiento en el predio del querellante es en forma ilegal, prevalido de una irregular transferencia que le hubiera realizado Josefina Yucra y, atendiendo imposiciones de la directiva de Allituma Toro suscribiría documento de fecha 24 de abril, obligándose a abandonar y entregar dichas tierras hasta fines del mes de agosto, sin embargo se negaría a abandonar dichas tierras, cuando ni siquiera vive en el lugar y además construyo una vivienda precaria y reciente, declarada por el Municipio de Challapata como clandestina, no permitiendo a la querellante si quiera aproximarse al lugar´; calificando estos hechos en los delitos de ´despojo y abuso de confianza´, en consecuencia conocidos los hechos corresponde establecer si el juez a quo procedió con esa tarea de subsumir la conducta de Crisóstomo Cáceres Viracochea a los elementos constitutivos de los ilícitos penales acusados o no como denuncia el recurrente y, remitiéndonos a la Sentencia cuestionada, si bien ésta en su contenido pareciera contar con todo el análisis, consideración y fundamentación, que corresponde a una Sentencia, empero remitiéndonos al “Considerando V” de la misma en el punto titulado APRECIACION DE TODA LA PRUEBA ESENCIAL PRODUCIDA – MOTIVOS DE DERECHO QUE FUNDAMENTAN LA SENTENCIA (Subsunción), efectivamente tal cual denuncia el recurrente se establece 9 numerales en los que el Juez a quo solo se limita a describir nuevamente la prueba, sin existir la mínima intención de subsumir los hechos a los delitos acusados, es más remitiéndonos al numeral 3, el juez a quo refiere textual que: “(…) la prueba más relevante que encamina a este Juzgado de Sentencia Penal 2de Challapata a deducir en forma clara y acertada en cuanto a la participación del acusado Crisóstomo Cáceres Viracochea, resulta ser la propia víctima María Cristina Montoya Yucra quien al momento de emitir su declaración en el presente juicio oral, identifica al acusado en forma precisa, de la cual pasamos a detallar: que conoce a Crisóstomo Cáceres Viracochea, desde el año 2013 cuando realizo la construcción de una vivienda clandestina en la propiedad, de mis abuelos, madre y ahora nosotros sus hijos, no se le pudo ubicar, ya que nunca vivía en esa construcción clandestina que realizo, tuvimos que ir a buscarlo y no le pudimos ubicar, por eso tuvimos que ir a la alcaldía de Challapata e hicimos conocer la construcción clandestina de nuestros terrenos, y por eso se puso el anuncio de construcción clandestina, y recién el año 2015, se le pudo ubicar a este señor, nos ubicamos en la plaza de Challapata, estaba con su hijo que decía ser profesor, nos preguntó porque habíamos puesto el anuncio de construcción clandestina, le explicamos que nosotros somos los legítimos propietarios, le mostramos toda nuestra documentación, a lo que él respondió que ese terreno había adquirido de la señora Josefina Yucra, tenía un documento de compra y venta y que no lo había convertido en minuta de transferencia, luego decidimos arreglar y don Crisóstomo señalo, yo voy a devolver el terreno, me han engañado, hasta mi corregidor me ha incluido en la lista de los comunarios y luego fuimos juntamente su hijo de nombre Freddy Cáceres, ante un abogado y realizamos un documento que participo el Notario, signado como la prueba PD-3 en este documento don Crisóstomo Cáceres, se compromete a devolver el terreno hasta agosto, el documento lo hicimos en marzo, él dijo que devolvería en agosto, pero este señor volvió a desaparecer y fue difícil encontrarlo, el documento lo ha firmado en forma voluntaria, sin ninguna presión, dijo que no quería tener problemas y que no le gustaba engañar a la gente, ellos me llevaron ante el abogado y ellos pagaron en la elaboración del documento, y luego fuimos ante la notaria en forma voluntaria, donde Crisóstomo reconoció que fue estafado por esta persona Josefina, Sin embargo hasta la fecha no ha cumplido don Crisóstomo con el compromiso, no ha devuelto el terreno…”, el juez a quo se limita a transcribir la declaración de la querellante que se constituye en el hecho factico de la acusación, no encontrándose a lo largo de dicho considerando y de toda la Sentencia razonamiento alguno encaminado a la aplicación de la norma arts. 351 y 346 ambos del Código Penal a los hechos acusados, no se tiene explicación alguna sobre la existencia y materialización de los verbos rectores de los ilícitos endilgados en la conducta del ahora sentenciado, cuando la subsunción no sólo importa una aplicación coherente y correcta de la norma sustantiva, si no que involucrará el cumplimiento del derecho a una tutela judicial, que explique cómo la conducta del ahora sentenciado Crisóstomo Cáceres Viracocha condice, se subsume a los delitos de ´despojo´ y ´abuso de confianza´, constituyéndose fundado este agravio. IV. 2.- Con relación a la fundamentación insuficiente de la Sentencia Art. 370 inc. 5 del Código de Procedimiento Penal, que provoca inobservancia en el Art. 124 del C.P.P. constituyéndose en defecto absoluto previsto en el Art. 163.3 de la Ley 1970 ( derecho a una resolución fundamentada, el derecho a la defensa, derecho a la seguridad jurídica, que deriva de una violación de la garantía del debido proceso Art. 115.II de la C.P.E.) Respecto a esta denuncia corresponde señalar que toda decisión emitida dentro de un proceso penal que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, ello sin duda no implica solo circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas para luego realizar el contraste y valoración que se hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables y resolver en uno u otro sentido, de ahí que de la revisión de la Sentencia, en el Considerando V, el Juez a quo expone a título de subsunción titulada “APRECIACION DE TODA LA PRUEBA ESENCIAL PRODUCIDA – MOTIVOS DE DERECHO QUE FUNDAMENTAN LA SENTENCIA” (subsunción) pese a previamente describir toda la prueba de cargo y descargo, tanto documentales como testificales, volver en dicho tópico a describir la prueba que considera esencial, omitiendo expresar el valor de cada una de ellas, determinando si son válidas, legales y/o pertinentes, así como incurrir en omisión de ejercitar una valoración integral de la prueba, es decir la contrastación de la prueba producida por ambas partes, para fundar debidamente una sentencia condenatoria como la dispuesta a Crisóstomo Cáceres Viracochea, vale decir, en la Sentencia recurrida se puede establecer la falta de explicación, del como toda la prueba desfilada en juicio oral permitió al juez a quo subsumir la conducta del acusado a los ilícitos atribuidos, e incluso se omite establecer los elementos constitutivos de cada uno de los ilícitos endilgados, cuando simplemente menciona, describe la prueba, encontrándose así una insuficiente fundamentación y motivación, quedando evidencia de los defectos de la sentencia denunciados por el recurrente, resultando también este agravio fundado. Concluyendo que los extremos denunciados por la parte recurrente resultan fundados, constituyéndose en defectos absolutos que conllevan a anular la sentencia impugnada disponiendo la realización de un nuevo juicio, pues los defectos impetrados no pueden ser asumidos y superados por este Tribunal de Alzada, correspondiendo el reenvío de la causa con la reposición del Juicio oral ante el Juez de Sentencia siguiente en número. POR TANTO: La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a mérito de la fundamentación expuesta declara: 1.- PROCEDENTE el recurso de apelación restringida interpuesto por Crisóstomo Cáceres Viracochea por escrito de fecha 21 de agosto de 2019 cursante a fs. 106 a 115 del cuaderno de apelaciones; 2.- Consecuentemente se ANULA TOTALMENTE la Sentencia Nº 02/2019 de 30 de julio de 2019, emitida por el Juzgado de Sentencia Penal Nº2 con asiento judicial en Challapata (Oruro-Bolivia), ordenándose el reenvío con reposición del Juicio oral, por ante el juzgado de sentencia siguiente en número, como así lo establece la normativa procesal penal. Por último se advierte a las partes que esta resolución puede ser objeto del recurso de casación en el plazo previsto por el Art.417 del Código de Procedimiento Penal. Regístrese y notifíquese. VOCAL RELATOR: Dr. Rocío C. Manuel Choque, PRESIDENTE DE SALA PENAL TERCERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE ORURO. Fdo. Dra. ROCÍO CELIA MANUEL CHOQUE Presidente de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Fdo. Dr. REYNALDO FREDDY SANGUEZA ORTUÑO, Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro Fdo. Dr. MARCO ANTONIO GEMIO MURILLO, Secretario de Cámara de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. - DECRETO DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 Se tiene presente y en merito a la representación emitida por el oficial de Diligencias de este Despacho Judicial, los informes emitidos por el Servicio de Registro Civil y Servicio General de Identificación Personal, así como la representación emitida por la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en estricta aplicación del Art. 165 del Código de Procedimiento Penal, se dispone la notificación de María Cristina Montoya Yucra con el Auto de Vista Nº 011/2021 de fecha 25 de enero de 2021 mediante Edicto de Ley, el mismo a ser público por el Sistema Hermes, conforme la normativa sustantiva penal, sea previas las formalidades de ley. Fdo. Dr. DANIEL ROLANDO COPA ROQUE Presidente de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Fdo. Dr. SERGIO ÁNGEL ARIAS SANTALLA, Secretario de Cámara de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. EL PRESENTE EDICTO ES FRANQUEADO EN LA CIUDAD DE ORURO A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIÚN AÑOS.-


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