EDICTO

Ciudad: ENTRE RÍOS

Juzgado: TRIBUNAL DE SENTENCIA EN MATERIA PENAL; JUZGADO PÚBLICO DE FAMILIA, DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DE SENTENCIA PENAL DE ENTRE RÍOS


EDICTO N°37/2021 Por el presente EDICTO SE NOTIFICA A: NATIVIDAD FLORES GARECA, OLVER SEGOVIA EGUEZ, con el Auto de Apertura .. Dentro del proceso penal que sigue el MINISTERIO PÚBLICO contra OLVER SEGOVIA EGUEZ por el presunto ilícito de ABANDONO DE FAMILIA ------------------------------------------------------------------: PARTE PERTINENTE DEL MEMORIAL DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 ABG. ALEJANDRA JHOSSELINNE GUZMAN BLANCO, Fiscal de Materia, dentro de las Investigaciones seguidas por el Ministerio Público a denuncia de NATIVIDAD FLORES GARECA en contra de OLVER SEGOVIA EGUEZ por la supuesta comisión del delito de ABANDONO DE FAMILIA previsto en el art. 248 del C.P., ante Ud. con las consideraciones de respeto me presento, expongo y pido: I.ANTECEDENTES FACTICOS.- En mi condición de representante del Ministerio Público y en estricto apego de los Principios de Legalidad y Objetividad contenidos en iel art. 225 de la CPE y art. 5 de la Ley N° 260, tengo a bien señalar que, conforme lo acredita el memorial de acusación formal que la Sra. Natividad Flores Gareca hace tiempo atrás contrajo matrimonio con el sr. Olver Segovia Eguez siendo que a raíz de dicha relación ambos procrearon dos hijos en común a la fecha de interpuesta la denuncia la victima se encontraba con un embarazo de 7 meses por lo que al encontrarse muy delicada de salud no podía trabajar ni realizar sus labores de casa ; es así que el acusado en fecha 22 de enero de 2017 aprovechando de la vulnerabilidad de la víctima y sin razón alguna procedió agredirla físicamente para luego salir de su hogar dejando abandonados tanto a su esposa e hijos para ya no regresar más y consecuentemente se olvidó de responder por sus obligaciones como padre de familia dejando a sus hijos a sus suerte, además que dejo de cancelar una deuda que contrajo junto a sus esposa para la compra de un motorizado que se llevó consigo el día del abandono; razón por la cual la victima al verse muy afectada por lo sucedido decidió interponer la denuncia. II.FUNDAMENTACION JURIDICA.- Que, el art. 8.1 de la CADH establece que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. En este entendido, la Corte IDH, dentro del Caso Vásquez Durand y otros Vs. Ecuador, ha establecido que el derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación de los hechos que se investigan en tiempo razonable. Este Tribunal ha señalado que el “plazo razonable" al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento que se desarrolla hasta que se dicta la sentencia definitiva. Asimismo, ha considerado que una demora prolongada constituye en principio, por sí misma, una violación a las garantías judiciales Al respecto, el art. 27 del CPP en su inciso 8, establece como una de las formas de extinción de la acción penal la prescripción, misma que puede ser entendida como un límite temporal al ejercicio del Poder Punitivo (Binder), bajo el entendido de que la actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida, ya que al hacerlo se quebrantaría el equilibrio que debe existir entre la función de defensa de la sociedad y la protección de derechos y garantías individuales. También se han aducido razones de política criminal, en sentido que el castigo impuesto mucho tiempo después de la comisión del hecho no alcanza los fines de la pena (prevención especial y prevención general, positiva y negativa), careciendo, en consecuencia, su imposición de razón de ser; así como razones jurídicas, que inciden en la necesidad de eliminar la incertidumbre en las relaciones jurídicas y la desaparición de la intranquilidad causada por el delito. En síntesis, el transcurso del tiempo incrementa el riesgo del error judicial, por encontrarse debilitadas las pruebas de la defensa. A su vez, el derecho a la defensa se encuentra conectado con la seguridad jurídica, derecho que se garantiza al evitar que se celebren procesos que no gozan de las mínimas garantías que permitan obtener una sentencia justa y que ocasionarían lesión a la garantía del debido proceso. (SC N° 0023/2007-R). Consecuentemente, la extinción de la acción penal por prescripción, conforme a la jurisprudencia glosada, tiene como fundamento -además de las razones de orden doctrinal y de política criminal-, a la propia Constitución Política del Estado, al consagrar ésta el derecho a la defensa (art. 119.II de la CPE), y por ende, la garantía del debido proceso (art. 117.I constitucional) y el principio de seguridad jurídica (178.I de la Ley Fundamental) (SCP N° 1935/2013). Por su parte, el art. 29 de la norma procesal, en relación al tiempo de la prescripción, indica que la acción penal prescribe: 3. En tres años para los demás delitos sancionados con penas no privativas de libertad; término que empieza a computarse desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación (art. 30). En el caso concreto, se tiene que el delito de Abandono de Familia previsto en el art. 248 del CP, está conminado a una pena de reclusión de uno (6) meses a dos (2) años, correspondiendo a los efectos del término de la prescripción la aplicación de la norma contenida en el art. 29.3 del CPP, OBSERVANDOSE QUE DESDE LA COMISION DEL HECHO (22 DE ENERO DE 2017) HASTA LA DECLARATORIA DE REBELDIA DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020,HAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES (3) ANOS, debiendo interpretarse favorablemente las normas contenidas en los arts. 29 y 31 del CPP bajo el "Principio Pro Homine". Al respecto, la SCP 2246/2012 de 8 de noviembre, refiriéndose a este principio enfatizó: "..enseña que se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación mas extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria. Precisamente tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen en sus arts. 5 y 29, respectivamente, el principio pro homine como criterio de interpretación de las normas sobre Derechos Humanos. En virtud a este principio, el juzgador debe aplicar aquellas normas que resulten más favorables para la persona, para su libertad y sus derechos, cuando es el Estado, a través de sus autoridades o servidores públicos, quienes los lesionan. El alcance del principio orienta también a que las normas sobre Derechos Humanos deben ser interpretadas en el sentido que más favorezca a la persona, a su dignidad y derechos, principio que -conforme se tiene señalado- se encuentra reconocido en los arts. 13.IV, 22 y 256 de la CPE, normas que expresamente prevén que debe adoptarse la interpretación más favorable para los derechos humanos y, sobre todo, a la dignidad del ser humano. Lo señalado permite concluir que siempre debe buscarse el entendimiento o sentido interpretativo que más optimice un derecho fundamental, a contrario sensu, debe dejarse de lado aquellas interpretaciones que sean restrictivas y que se encuentren orientadas a negar su efectividad'. Así, se hace previsible que una eventual sanción a la acusada no cumpliría con los fines de prevención general y especial asignados a la pena, precisamente por tratarse de una manifestación tardía del poder punitivo, infiriéndose también que la víctima, tal y como lo demuestra su falta de seguimiento al proceso en los últimos años, ha perdido el interés en la tutela judicial. De igual manera, el transcurso del tiempo deja entrever que las pruebas ofrecidas en la acusación, particularmente las testificales, con alta probabilidad no van a ser producidas con la efectividad que se espera, restringiéndose además por el mismo motivo las posibilidades de defensa del encausado, con lo que quedaría seriamente comprometido el Debido Proceso. Finalmente, de los antecedentes NO SE EVIDENCIA LA CONCURRENCIA DE NINGUNA CAUSAL DE INTERRUPCIÓN O SUSPENSIÓN DEL TERMINO PARA LA PRESCRIPCIÓN. III.PETICIÓN.- En apego a lo fundamentado, y dentro del “Plan de Descongestionamiento” establecido mediante Instructivo FGE/JLP N° 258/2020, PREVIA NOTIFICACIÓN LEGAL A LA VÍCTIMA,RESPETUOSO SOLICITO SE DECLARE LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN, y sea sin determinación de responsabilidad considerando que no existe por parte de la representación del Ministerio Público ningún incumplimiento doloso de plazos procesales que hayan dado lugar a la demora en la sustanciación del juicio oral, tratándose en suma de una problemática estructural propia de la recarga del sistema de administración de justicia. Otrosí 1ro.- Señalo domicilio procesal, Fiscalía de la Localidad de Entre Rios calle alianza esq. Sucre 1er piso.. Otrosí 2do.- Adjunto antecedentes para su valoración. Tarija, 15 de noviembre de 2021 RESOLUCIÓN SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA CAUSA No. 43/2021 TAR-ER 1700061 PROCESO: ABANDONO DE FAMILIA ACUSADOR: MINISTERIO PÚBLICO VÍCTIMA: NATIVIDAD FLORES GARECA ACUSADO: OLVER SEGOVIA EGUEZ Entre Ríos, 19 de noviembre de 2021 -En mérito al memorial que antecede donde el ministerio público ha interpuesto la Excepción de Extinción de la acción penal por prescripción, tomando en cuenta lo previsto por el Art. 314 del CPP modificado por la Ley No. 1173 corresponde señalar audiencia para considerar la misma sin embargo bajo el principio de razonabilidad en consideración a que se desconoce el domicilio de ambas partes como consta a fs. 77, y además que el ministerio público debe presentar el REJAP del procesado por lo que se señala audiencia para el Viernes 03 de diciembre de 2021 a hrs. 14:00 p.m. de forma VIRTUAL, debiendo gestionarse a través de secretaría la creación de una sala virtual mediante la O.G.P., por lo que se dispone lo siguiente: - A través de secretaría procédase a la publicación de edictos para la notificación a la víctima NATIVIDAD FLORES GARECA y al acusado OLVER SEGOVIA EGUEZ en la Plataforma del TSJ de conformidad a lo dispuesto en el Art. 165 del CPP modificado por la Ley No. 1173, debiendo arrimarse a obrados una constancia de su difusión. - La representante del ministerio público deberá presentar el certificado del REJAP del acusado OLVER SEGOVIA EGUEZ hasta el día del señalamiento de audiencia. - Se designa como abogado defensor de oficio del acusado al Dr. Filemón Segovia debiendo notificarse al mismo a través de un medio electrónico o telemático. SE ENCOMIENDA A LA SRTA. OFICIAL DE DILIGENCIAS NOTIFICAR CON EL MEMORIAL DE FS. 83-84 Y CON LA PRESENTE RESOLUCIÓN DE FORMA ELECTRÓNICA O A TRAVÉS DE UN MEDIO TELEMÁTICO AL MINISTERIO PÚBLICO, AL ABOGADO DE LA VÍCTIMA DR. GUILLERMO ÁNGELO Y AL ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO DR. FILEMÓN SEGOVIA.


Volver |  Reporte