EDICTO

Ciudad: ORURO

Juzgado: JUZGADO PÚBLICO QUINTO EN MATERIA FAMILIAR DE LA CAPITAL


EDICTO LA DRA. ROSARIO SILVIA PASCUAL SAAVEDRA: JUEZA DEL JUZGADO PÚBLICO DE FAMILIA Nº 5 DE LA CAPITAL, (ORURO-BOLIVIA), POR CUANTO LA LEY LE FACULTA.-------------------------------------------------------- Por el presente EDICTO de ley se NOTIFICA al Sr. DAVID LEAÑO SAAVEDRA dentro del Proceso de ASISTENCIA FAMILIAR, seguido por la Sra. JEANETTE JUANIQUINA TITO en contra de DAVID LEAÑO SAAVEDRA, a cuyo efecto se transcriben los siguientes actuados de Ley.---SENTENCIA Nº 229/2021 QUE CURSA A FS. 56-57vlta. DE OBRADOS...— PROCESO: ASISTENCIA FAMILIAR, DEMANDANTE: JEANETTE JUANIQUINA TITO, mayor de edad, con C.I. N°4074445 Or., ocupación ingeniero industrial, con domicilio real en la calle Soria Galvarro Nº 5744Cochabamba y Ayacucho de la ciudad de Oruro, hábil a los efectos de ley. DEMANDADO: DAVID LEAÑO SAAVEDRA, mayor de edad, con C.I. 6566535Or. con domicilio real en la calle Ayacucho Nº 304 entre Pagador y Potosí de la ciudad de Oruro, hábil a los efectos de Ley. NUREJ: 40103335 LUGAR Y FECHA: 16 de septiembre de 2021 I.1. Antecedentes. 1. Mediante memorial de demanda de fs. 5 a 6 de obrados, JEANETTE JUANIQUINA TITO, manifiesta ser la madre y el padre DAVID LEAÑO SAAVEDRA de la menor ARIANA LEAÑO JUANIQUINA, de 7 años de edad, indica que el ahora demandado no asume la obligación como progenitor ya que la única que vela los derechos de salud, alimentación, y vestimenta es la madre. Por otro lado indica que por medio de un compromiso de pasar una asistencia familiar de Bs. 500 (QUINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS), empero en dicha cuenta que debería a ver los depósitos lo uso para pagar algunas deudas que tenía con la madre de la ahora demandante. Por lo que al amparo de lo establecido en los Arts. 58, 59 parágrafo III. de la Constitución Política del Estado, y los Arts. 8 inc. i), 109 parágrafos I, II., 112, parágrafo I numeral 2 y 116, de la Ley 603 pide que en Sentencia se fije una asistencia familiar en la suma de Bs. 550 (QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 BOLIVIANOS) que el obligado deba cancelar en forma mensual, a favor de su hija. 2. en ese merito, se admite la demanda por Auto fs. 10 del 26 de enero de 2021, disponiendo la citación y emplazamiento del demandado DAVID LEAÑO SAAVEDRA; quien, legalmente citado y emplazado, tal cual se evidencia en Edictos de Ley de fs. 38 a 41 de obrados. No habiendo contestado la demanda en el plazo establecido por ley, se lo ha venido a designar Defensor de Oficio por proveído de fecha 25 de Agosto de 2021 de fs. 47 de obrados. 3. habiéndose señalado audiencia para la fecha, la misma se celebró, donde no se llegó acuerdo conciliatorio, por las circunstancias en que el demandado se encuentra representado por Defensor de Oficio. I.2. Medios de Prueba. I.2.1. Pruebas literales.- 1.- Certificado de Nacimiento de la menor de edad ARIANA LEAÑO JUANIQUINA, cursantes a fojas 2 siendo sus progenitores: DAVID LEAÑO SAAVEDRA y JEANETTE JUANIQUINA TITO. II. CONSIDERANDO.- II.1. Fundamentos Normativos.- 1. La Constitución Política del Estado refiere que: “El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades” (art. 62), normativa concordante con el art. 64.I de la Constitución que establece: “Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad” Asimismo, el Art. 59 de la Constitución Política del Estado, contempla los derechos de las niñas, niños y adolescentes, estableciendo que, entre otros, tienen derecho: a su desarrollo integral; a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen, adoptiva o sustituta; que tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores y que tienen derecho a la identidad y filiación respecto de sus progenitores. En ese mismo sentido, el Artículo 60 del mismo cuerpo legal, establece que es deber del Estado, la Sociedad y la Familia, garantizar la prioridad del Interés Superior de la Niña, Niño y Adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, su protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con intervención de personal especializada para su atención; este criterio es compartido por la Convención Americana de los Derechos Humanos y Pacto de San José de Costa Rica, que, en su Artículo19, establece: ‘Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que en su condición de menores requieren por parte de la familia, de la sociedad y del Estado’. 2.- Ley 603 en su Art. 109 “La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes.” El Art. 116 señala: “I. La asistencia familiar se determina en proporción a las necesidades de la persona beneficiaria y a los recursos económicos y posibilidades de quien o quienes deban prestarla, y será ajustable según la variación de estas condiciones.” (…) III. La capacidad de otorgar la asistencia familiar será apreciada en forma integral de los medios que demuestren sus ingresos periódicos, salariales u otros, conforme a boletas de pago, declaraciones impositivas y otras acreditaciones. IV. En los casos en que exista un ingreso mensual igual o menor al salario mínimo nacional sea fijo o no, o en los casos en que el ingreso anual sea equivalente por mes al salario mínimo, el monto calificado no podrá ser menor al veinte por ciento (20%) del salario mínimo nacional, y se incrementará si existiere más de una beneficiaría o beneficiario de acuerdo a sus necesidades. V. Se presume que el padre o la madre tienen condiciones de salud física y mental para generar recursos económicos, para cubrir la asistencia familiar a las y los beneficiarios, mientras no demuestren lo contrario; en este caso, la autoridad judicial no podrá fijar como asistencia familiar un porcentaje menor a lo establecido en el Parágrafo precedente del presente Artículo.” En ese marco legal se tiene la Asistencia Familiar un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimento que surge ante la necesidad de los miembros de las familias y que se otorga hasta cumplida la mayoría de edad, pudiendo extenderse hasta que los beneficiarios cumplan veinticinco años, a fin de procurar su formación técnica o profesional o el aprendizaje de un arte u oficio, siempre y cuando la dedicación a su formación evidencie resultados efectivos y en ese contexto, la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1105/2015-S2 de 3 de noviembre, define a la asistencia familiar como el conjunto de recursos económicos o bienes en especie, que se deben proveer o suministrar periódicamente a favor de los parientes beneficiarios, expresamente señalados en la ley, que no se encuentren bajo la guarda o tutela del obligado, para cubrir las necesidades del sustento, habitación, vestido, educación y atención médica de estos; se trata de una obligación de carácter legal revestida de interés social, en atención a los fines que persigue, relativos a la manutención básica generalmente de las hijas e hijos menores de edad, con quien no se lleva vida en común.? II.2. Fundamentos Fácticos.- 1.- Conforme los antecedentes de la causa, se tiene que los progenitores han reconocido el derecho de filiación de su hijo y como consecuencia de ello, el derecho que le asiste a la misma, de percibir una Asistencia Familiar, conforme el Certificado de nacimiento de fs. 2 de obrados. 2.- Así mismo, conforme lo visto y oído en la Audiencia, se evidencia el derecho de la niña a ser asistida en la satisfacción de sus necesidades más básicas, parámetros que se toman en cuenta para establecer un monto, a través de los gastos que se realizan en favor de la misma, necesidades que deben ser cubiertas por ambos progenitores, pues la norma dispone que ambos tienen la capacidad física de generar ingresos, para poder cubrir dichas necesidades de sus hijos. 3.- De la valoración de la prueba, en este caso, del certificado de nacimiento de la menor beneficia, se establece su edad y de las necesidades primarias que la misma tiene, de acuerdo a la edad que cursa. Haciendo una valoración integral de la prueba aportada, si bien no es necesario que se pruebe el estado de necesidad de los beneficiarios, toda vez que; desde ya, por su edad no puede trabajar y proveerse por sí solos, lo más necesario para satisfacer sus necesidades primarias, y quienes están obligados a hacerlo son los progenitores. Y con forme a lo previsto en el Art.328 de la Ley 603, la parte demandante es a quien le corresponde probar la capacidad del obligado, por la carga de la prueba que le corresponde, en consonancia con el Art. 116. III. Rezando que la capacidad de otorgar la asistencia familiar será apreciada en forma integral de los medios que demuestren sus ingresos periódicos, salariales u otros, conforme a boletas de pago, declaraciones impositivas y otras acreditaciones del obligado y lo que no ha sido objetivizado por la demandante a lo largo de la tramitación de la presente pretensión; conforme al principio de verdad material previsto en el Art. 220 inc. c) de la Ley 603. 4.- Por lo que, en atención a la pretensión principal, corresponde que la suscrita autoridad jurisdiccional, haciendo uso de las atribuciones y que la Ley le confiere, asuma una decisión definitiva con relación al fondo de la causa, conforme las reglas de la sana crítica, de la valoración de la prueba y asumiendo criterios de equidad, igualdad y probidad. POR TANTO.- Con base en los fundamentos expresados, las citas de derecho invocadas y la motivación y fundamentación expuestas, la suscrita Juez Público de Familia No. 5 de la Capital, FALLA, declarando con lugar y PROBADA la pretensión contenida en la demanda de ASISTENCIA FAMILIAR de fs. 5 a 5 vlta., PROBADA con relación al derecho de petición y no así en cuanto al monto solicitado por: JEANETTE JUANIQUINA TITO, en ese mérito, se fija un monto de Asistencia Familiar a favor de ARIANA LEAÑO JUANIQUINA, en la suma de Bs. 450.- (CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 BOLIVIANOS), que deberá cancelar el obligado: DAVID LEAÑO SAAVEDRA, a partir de la citación con la demanda, en la cuenta bancaria que la demandante deberá abrir, MISMA QUE DEBERÁ SER USO EXCLUSIVO DE LA ASISTENCIA FAMILIAR. sin perjuicio de realizarlo a través de Depósitos Judiciales (sistema Salomón Pro) - REGÍSTRESE. Quedando notificada la demandante, la Defensora de Oficio, D.N.A. en audiencia; debiendo notificarse al demandado conforme a sido citado. .---------Fdo. Dra. Rosario Silvia Pascual Saavedra.-------Juez.-------Fdo. Dra. O. Mónica Ríos Copa.----------Secretaria.-----Corre Diligencia---EL PRESENTE EDICTO DE LEY ES LIBRADO EN LA CIUDAD DE ORURO A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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