EDICTO

Ciudad: SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Juzgado: SALA PENAL SEGUNDA


EL PRESENTE EDICTO ES PARA EL ACUSADO ROLANDO HERRERA MAMANI TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA SALA PENAL SEGUNDA Santa Cruz, 27 de noviembre de 2020. INTEGRANTES: Dr. Mirael Salguero Palma- Vocal Dra. Arminda Mendez Terrazas- Vocal PROCESO PENAL: COD. FUD 201613778, Seguido por el Ministerio Público a denuncia de Nieves Flores Quino representada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Municipio de la Guardia contra Rolando Herrera Mamani, por el delito de Violencia Familiar o Domestica, previsto y sancionado por el Art. 272 bis del Código Penal con relación al Art. 7 núm. 3 de la Ley 348 APELACION RESTRINGIDA.- VISTOS.- La Sentencia Condenatoria N° 43/19 de fecha 15 de julio de 2019 saliente de fs. 336 a 342 y vta., dictado por el juzgado 9no. de Sentencia en lo Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de la Capital a cargo del Dr. Juan Coronado Camacho, mediante la cual de conformidad con el Art. 365 del Código de Procedimiento Penal declara al acusado Rolando Herrera Mamani, Autor y culpable del delito de Violencia Familiar o Domestica, previsto y sancionado por el Art. 272 bis del Código Penal con relación al Art. 7 numeral 3 de la Ley 348, condenando a la pena privativa de libertad de 02 años de reclusión a cumplirse en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz. Que, la sentencia antes mencionada fue objeto del recurso de apelación restringida, por parte del acusado Rolando Herrera Mamani tal como consta por el memorial de fs.345 a 347 y vta., siendo que dicho recurso se encuentra dentro de los alcances del Art.407 del Código de Procedimiento Penal y conforme al termino previsto por el Art. 408 del citado cuero de leyes, de lo que resulta admisible y se deben analizar sus argumentos expuestos a procedimiento. CONSIDERANDO: Que, el acusado Rolando Herrera Mamani ampara su apelación restringida en los supuestos defectos contenidos en la Sentencia Condenatoria establecidos en el Artículo 370 numerales 4) Que la sentencia se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas de este Título, 5) Que no exista fundamentación de la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, todos del C.P.P., manifestando el acusado recurrente de forma general y no individualizada en sus partes más sobresalientes de su memorial de apelación que: El Ministerio Público renuncio a sus pruebas testificales ofrecidas en su Acusación Formal, por lo cual en juicio oral no se llegó a producir ninguna declaración, incluso la víctima ni siquiera declaro ante la autoridad jurisdiccional, por lo tanto tampoco existe prueba testifical de la acusadora particular, además que tanto el Ministerio Público como la acusadora particular no ofrecieron ninguna prueba pericial en su contra. Que, de igual manera el acusado recurrente hace referencia y cuestiona las pruebas documentales indicando que la Prueba PD.1 “Acta de denuncia” el Juez simplemente hace una transcripción literal del acta de denuncia, la misma que a su entender no tiene ninguna valor probatorio, toda vez que simplemente es una declaración y que la victima jamás lego a declarar en juicio para poder ratificarse en su testimonio y así dicha prueba documental pueda ser sujeta al principio de inmediación y contradicción tal como lo establece el Art. 330 del C.P.P. Que, la prueba PD-6 consistente en un Informe de Entrevista Psicológica realizado a su hijo de nombre JOSE ROLANDO HERRERA FLORES, ni siquiera el Psicólogo se hizo presente en la audiencia para ratificarse en su informe, para que este sea sujeto a las reglas del juicio oral como la contradicción e inmediación de igual manera nótese que este informe que fue ofrecido como una prueba documental el cual no puede tener la misma validez que la un Informe Pericial que el juez de sentencia pretende darle, de igual manera nótese que si el Ministerio Público y la parte civil pretendían introducir dicha prueba documental de un informe pericial, realizado en la etapa preparatoria, mínimamente deberían por el derecho a la igualdad procesal, debería de corren es traslado y notificar al denunciado previo a la realización de dicha pericia tal como lo establecen los Arts. 205 y siguientes del C.P.P para que así de esta manera mi persona mínimamente pueda verificar si el psicólogo no esta comprendido en las causales de excusas, como así también mi persona puede ofrecer puntos de pericias o en su defectos impugnar en su momento los resultados de la pericia realizada, sin embargo jamás ocurrió aquello, pero mas al contrario el juez, al darle un valor de prueba pericial a la prueba documental estaría atentando contra mi derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación y seguridad jurídica. Que, en la misma entrevista psicológica también se tiene que se entrevistó a la denunciante NIEVES FLORES QUINO, quien hace una pequeña explicación de los hechos, del cual llega a la conclusión de que “EXTREMOS QUE CONCIDEN CON LAS DECLARACIONES, LO QUE IMPLICA QUE EL HECHO EXISTIO Y LA VICTIMA SUFRIO VIOLENCIA PSICOLOGICA”; esta conclusión a la que llega el juez, es totalmente fuera de lugar habida cuenta que en ninguna parte explica del porque llega a tal conclusión de que no dicho en una entrevista por la denunciante coinciden con otras declaraciones; ahora nótese que esta deducción es muy subjetiva por parte del juez de sentencia, peor aún si tomamos en cuenta que en el juicio no se ha llegado a realizar ninguna declaración a tal efecto al ser totalmente imaginaria la conclusión a la que arriba el juez de sentencia, esta situación afectaría a su derecho a la presunción de inocencia como componente del debido proceso, al margen de que da valor a unas simples declaraciones realizadas en la etapa preliminar por la denunciante. Que, la prueba PD-8 consistente en una declaración del testigo de cargo JUAN PABLO HERRERA FLORES, señores magistrados el juez de sentencia ha llegado a incluir e incluso esta declaración en su sentencia, fundándose en ella para emitir su sentencia condenatoria en mi contra, cuestión que afecta al debido proceso, toda vez que tal como se tiene en el acta de audiencia de juicio oral, el juez de sentencia, antes de ingresar a la etapa de producción de pruebas, de oficio llego a excluir la prueba documental PD-8 toda vez que esta persona que declaro ante la policía, no fue ofrecido como testigo de cargo y ni mucho menos se hizo presente en el juicio oral, para ser sujeto al principio de inmediación y contradicción por lo que mal el juez puede incluir una prueba que fue excluida de oficio por el mismo, peor aun faltando a la verdad al expresar en su sentencia que le llego a producir tal prueba documental en el juicio oral, cuando no fue así, estas cuestiones hacer ver la absoluta carencia de administración de justicia por parte de esta autoridad jurisdiccional que con estos actos arbitrarios pretende convalidar su sentencia que es violatoria del debido proceso en su vertiente de motivación y fundamentación por lo que esta prueba no merece se valorada. Que, la Prueba PD-9 tambien indica el acusado recurrente que no fue sujeta a contradicción, toda vez que el policía que realizo dicho informe policial, simplemente se limito a expresar lo señalado en la denuncia, por lo que mal podría darle valor probatorio la autoridad jurisdiccional, toda vez que la persona que realizo tal informe jamás fue sujeto de interrogación en el juicio oral. Que, la prueba PD-10, consistente en muestrario fotográfico, el juez inferior le da un valor probatorio señalando que con esto se demuestra que fue el acusado quien rompió las parabrisas y vidrios de los vehículos, no tomando en cuenta que en la prueba documental PD-8 que es en el cual mi hijo juan pablo herrera flores declara que fue el mismo quien en un momento que esta ebrio es quien rompió todos los vidrios y parabrisas, por lo que esta situación también me causa una vulneración a mi derecho al debido proceso en su vertiente de motivación y fundamentación . Que, bajo los preceptos señalados el acusador particular afirma que no se valoro ni fundamento la sentencia en base a las pruebas obtenidas de forma ilícita y en clara inobservancia de derechos y garantías previstas en la Constitución Politica del Estado, Convenciones, Tratados Internacionales y en el Código de Procedimiento Penal, puesto que han sido obtenidas vulnerando los siguientes preceptos legales: Art. 5, Art. 6 párrafo segundo, Art. 13. Art. 71. Art. 172 todos estos del Código de Procedimiento Penal; y Arts. 115- 1 y II ,117 -1, 119, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado; toda vez que la sentencia condenatoria objeto de la presente apelación no se enmarca en las disposiciones vigentes previstas en la C.P.E. vulnerando mi derecho constitucional del debido proceso y garantías constitucionales como ser el derecho a la seguridad jurídica, ya que están viciados por DEFECTOS ABSOLUTOS tal cual lo prescribe el Art.169 Inc.2 y 3 del C.P.P Y Art. 370 numerales 4) y 6), por lo cual solicita se anule totalmente la sentencia y que se dicte sentencia absolutoria. Que, de igual manera el acusado recurrente Rolando Herrera Mamani solicita que en la presente resolución se resuelva su reserva de apelación interpuesta en juicio oral, la misma que fue planteada contra el Rechazo de Excepción de Extinción de la Acción Penal por Duración Máxima del Proceso, indicando que la resolución de rechazo de su excepción de extinción de la acción penal ha sido rechazada por su con el motivo de que mi persona supuestamente no ha presentado el certificado del REJAP y ni del SIPPASE para demostrar que mi persona no ha sido declarado rebelde, y porque supuestamente mi persona no ha llegado a acreditar la mora procesal de manera idónea tal como lo estableció la Jurisprudencia Constitucional, no habiendo llegado a realizar una valoración total de la prueba ofrecida como es el propio expediente, tal como establecieron las S.C.P en las cuales se han llegado a establecer que el juez no puede solicitar mayor prueba mas que el expediente judicial cuando se presentan una excepción de la extinción penal por duración máxima del proceso según el Art. 27 inc 10 de la ley 1970, y toda vez que dicha resolución ha llegado a responder todos los puntos cuestionados en la excepción planteada es a tal efecto que esta situación llegaría a vulnerar su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación de las resoluciones establecidas en el Art. 115-11, 117-1 y 180-1 de la C.P.E y Art. 124 de la Ley 1970. Por todo lo expuesto señores magistrados es que pido a su digna autoridad, se dicte resolución admitiendo el presente recurso y en consecuencia se revoque la resolución de rechazo de excepción de la extinción de la acción penal y se declare probado la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. CONSIDERANDO: Que el auto supremo No. 317 de 13 de junio de 2003, señala que… “De acuerdo a la nueva concepción doctrinaria, la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento de aplicación de normas sustantivas, en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia; no siendo el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que hacen los jueces o tribunales inferiores en el juicio oral, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los tratados internacional, el debido proceso y la correcta aplicación de la ley. Por ello no existe doble instancia y el tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a los siguientes aspectos: declarar procedente o improcedente la apelación restringida o anular total o parcialmente la sentencia”. Que, en el proceso penal rige el principio de la libertad probatoria, la prueba lícitamente obtenida deberá versar sobre la existencia del hecho delictuoso y las circunstancias que lo califiquen, agraven o atenúen, justifiquen o influyan en la punibilidad y la extensión del daño causado por lo que todo elemento probatorio deberá relacionarse con los extremos: objetivo o sea la existencia del hecho y subjetivo que se dirija a relacionar al acusado (a) en la participación delictiva o con cualquier hecho o circunstancia jurídicamente relevante del proceso, la relación entre el hecho y subjetivo que se dirija a relacionar al acusado (a) en la participación delictiva o con cualquier hecho o circunstancia jurídicamente relevante del proceso, la relación entre el hecho o circunstancia que se quiere acreditar con el elemento de prueba que se pretende utilizar para ello, se conoce como pertinencia de la prueba. Que, de acuerdo con la naturaleza jurídica del recurso de apelación restringida prevista en el Art. 407 del Código de Procedimiento Penal que dice “ El recurso de apelación restringida será interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la ley”. Esto significa que el tribunal de alzada está en el deber jurídico de revisar las sentencias en los aspectos de la aplicación de Derecho en el cual el tribunal o juez hubiese incurrido en defectos para su aplicación en el ámbito de protección o resguardo de los derechos se abre de manera amplia en todas las normas legales, constitucionales, principios del debido proceso, tratados internacionales y todo lo que implica la correcta aplicación del derecho en general; es si que de acuerdo al motivo del Recurso de Apelación Restringida formulado por el acusado, es pertinente en el presente caso, sintetizar y buscar de manera objetiva los agravios que implican violación de Derechos Fundamentales y que impliquen la dictación de una sentencia, debido a los defectos en la aplicación de la norma procesal ya que primeramente el tribunal de alzada debe de cuidar que el proceso se tramite sin vulnerar los derechos fundamentales, sin embargo la norma procedimental no le permite revalorizar las pruebas que ya fueron analizadas por el inferior, ya sean documentales, periciales o testificales. CONSIDERANDO: Que, la apelación restringida en nuestro sistema procesal, en ante todo un planteamiento ante el mismo juez pero está dirigida al tribunal superior, invocando o haciendo saber que en el procedimientos de aplicación de l sanción penal se ha inobservado o se ha aplicado en forma errónea la ley. Siendo que por imperativo del Art.408 del C.P.P la apelación restringida debe efectuarse de la siguiente forma 1) por escrito 2) citando por separado y en forma fundamentada las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y 3) expresando la aplicación que se pretende. Que, estas exigencias anteriormente remuneradas, tienen la finalidad de que el tribunal de Alzada que conozca el recurso no tenga que indagar que ha querido decir el recurrente, cual ha podido ser la forma procesal o sustantiva que el procesado entiende inobservada o violada. Pues, una tarea así para el tribunal que debe conocer el recurso, dada la recargada e intensa actividad judicial, podría determinar la mora judicial, imposibilitando el cumplimiento de las exigencias constitucionales de celeridad procesal. CONSIDERANDO: Que, la línea jurisprudencia trazada por el Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido que la sentencia debe contener un fundamentación fáctica, que consiste en establecer cuáles son los hechos acusados tanto por el Ministerio Público como por el acusador Particular según corresponda, para posteriormente se tenga que demostrar dichas acusaciones con los elementos probatorios que hayan sido incorporados legalmente en la audiencia de juicio oral, siendo esta fundamentación necesaria pues de ella se procederá a extraer las consecuencias jurídicas fundamentales y en su caso a establecer la responsabilidad penal del imputado o su absolución, siendo esencial que esta fundamentación sea efectuada mediante una descripción clara, precisa y circunstanciada de los hechos establecidos para ser considerados como hechos probados o no probados. Que, posteriormente la sentencia debe contener una correcta fundamentación probatoria descriptiva, que permita al Juez o Tribunal analizar uno a uno los medios probatorios incorporados en el juicio por las partes, para que en alzada se pueda controlar la valoración integral de la prueba efectuada con las reglas de la sana critica, de tal manera que en la sentencia se describa el contenido del medio probatorios, siendo que esta puede ser sin una inmediata valoración, debiendo existir una cita de los documentos y testigos incorporados al juicio, siendo que las pruebas es parte de los antecedentes testificales, se encuentra limitada por la ausencia de inmediación que es propia del juez que conoce la causa, por ello el tribunal de merito debe informar mediante el fallo la apreciación del testigo, para que de esta manera, el tribunal de alzada aprecia si se valoró o no correctamente esa prueba. Por ello aquella fundamentación del juez recibe el nombre de descriptiva, porque es una descripción de los medios de pruebas practicados e incorporados en el debate por las partes. Que, posteriormente a la fundamentación probatoria descriptiva, la sentencia tendrá que contener la fundamentación probatoria intelectiva, que consistente en la apreciación de los medios de prueba, momento en el cual el juez señala porque un medio de prueba merece crédito y como lo vincula a los elementos que obtiene de otros medios del elenco probatorio. Siendo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia también, estableció la existencia de diferencia entre medio probatorio y elemento probatorio, señalando que el primero puede ser un testigo o documentos, mientras que el segundo es lo que extrae el juzgador de dicho medio probatorio para llegar a una conclusión que le sirve como elemento de juicio, de modo que podrá haber medios de prueba que suministren elementos probatoria, en tanto que otro bien podrían no suministrarlos, valoración que debe ser expresa en la resolución por el juez o tribunal inferior. Que, finalmente la cuarta parte de la resolución o sentencia es la fundamentación jurídica es el momento en el cual el juez o Tribunal a partir de la identificación de los aspectos facticos atribuidos en la acusación y previo análisis de las distintas posibilidades argumentativas debatidas por las partes opta racionalmente por una de ella, precisando porque considera que los hechos deben ser subsumidos en tal o cual norma sustantiva; no siendo suficiente la mera enunciación del tipo o tipos penales atribuidos al imputado, sino a partir de la cita de los preceptos legales a ser aplicados y en su caso de una somera indicación de los aspectos necesarios relativos a la teoría del delito que resulten aplicables; el juez o Tribunal deberá establecer por que estima que se está ante una acción típica, lo que importa la concurrencia de los elementos descriptivos y normativos del tipo penal en cuestión; además de antijuridica, culpable y finalmente sujeta a una sanción si así corresponde. CONSIDERANDO: Que, en el régimen procesal penal vigente, la valoración de la prueba está regida por el sistema de valoración de la sana critica, así el Art. 173 del C.P.P señala: “El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba con aplicación de las reglas de la sana critica justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencia producida”. Por lo que la sana critica, implica que, en la fundamentación de la Sentencia el juzgado debe observar las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia. Que, esta fundamentación o motivación sobre la base de la sana critica, consiste en la operación lógica fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos. Las leyes del pensamiento son leyes que se presentan en el raciocinio como necesarias, evidentes e indiscutibles al momento de analizar esas conclusiones. Leyes que como es conocido en la doctrina, están regidas por los principios lógicos de identidad, contradicción, exclusión y razón suficiente. CONSIDERANDO: Que estos criterios han sido asumidos de manera uniforme y reiterada por el Tribunal Supremo de Justicia, al señalar que la facultad de valorar la prueba introducida en el juicio oral es competencia exclusiva de los juez y tribunales de Sentencia, en resguardo y coherencia con los principios del juicio oral de inmediación, oralidad y contradicción; correspondiendo al Tribunal de alzada ejercer la labor de control sobre la valoración de la prueba realidad por el inferior; doctrina legal traducida en el Auto Supremo 438 de 15 de octubre de 2005 que estableció: “ la línea jurisprudencial sobre la valoración de la prueba y determinan los hechos poniendo en práctica los principios que rigen en el juicio oral y público; el análisis e interpretación del significado de las pruebas y de los hechos son plasmados en el fundamento de la sentencia, ahí es donde se expresa la compresión del juzgador con claridad, concreción, experiencia, conocimiento, legalidad y lógica; esa comprensión surge de una interacción contradictoria de las partes de esa pugna de validación de objetos , medios e instrumentos de prueba que se da dentro del contexto del juicio oral y público; la objetividad que transciende de la producción de la prueba no puede ser reemplazada por la subjetividad del Tribunal de Apelación; este se debe abocar a controlar que el fundamento sobre la valoración de la prueba y de los hechos tenga la coherencia, orden y razonamientos lógicos que manifiesten certidumbre”. Que, por su parte el auto supremo 504/2007 de 11 de octubre, al distinguir la labor de los Tribunales de Sentencia con la de los Tribunales de apelación, señalo que: “Para que la fundamentación de una sentencia sea valida, se requiere no solo que el tribunal de juicio funde sus conclusiones en pruebas de valor decisivo, sino también que estas no sean contradictorias entre si, ni ilegales y que en su valoración se observen las reglas fundamentales de la lógica no puede considerarse motivación legal ni aplicación integral de lsa reglas de la sana critica a una simple y llana referencia a una prueba por parte del juzgador y que se formula de un modo general y abstracto en el que se omite realizar una exposición razonada de los motivos en los que se funda”. CONSIDERANDO: Que, por su parte el Tribunal Supremo de Justicia estableció que al no tener la facultad el Tribunal Supremos de Justicia estableció que al no tener la facultad el Tribunal de alzada de modificar el hecho o hechos establecidos en sentencia (principio de intangibilidad), obviamente está impedido de cualquier posibilidad de mediante una nueva valoración probatoria y consiguiente modificación o alteración de los hechos establecidos por el Juez o Tribunal de Sentencia, cambiar la situación jurídica del imputado, ya sea de absuelto a condenado o viceversa. Este entendimiento se ha ratificado mediante diferentes fallos; así, en el Auto Supremo 200/20 12-RRC de 24 de agosto , este Tribunal señalo… “Es necesario precisar que el recurso de apelación restringida, constituye un medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o en la sentencia, no siendo el medio idóneo que faculte al Tribunal de alzada, para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho que es de potestad exclusiva de los jueces o Tribunales de sentencia; por ello si el ad quem, advierte que la sentencia no se ajusta a las normas procesales, con relación a la valoración de la prueba y la falta de fundamentación y motivación, que haya tenido incidencia en la parte resolutiva, le corresponde anular total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro tribunal”. CONSIDERANDO: Que, del estudio minucioso y análisis del presente caso, además de sus antecedentes probatorios este Tribunal de alzada llega a determinar Primero que el juez 9no de Sentencia en lo Penal, Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer de la Capital, en la redacción y fundamentación de la Sentencia No. 43/19 de fecha 15 de julio de 2019, ha sabido plasmar los hechos acusados por el Ministerio Público, los cuales son necesarios a fin de establecer la base del presente juicio oral y su correspondiente comprobación, por lo que existe una correcta y su correspondiente comprobación por lo que existe una correcta fundamentación Fáctica, establecida en la sentencia recurrida, toda vez que como antecedentes del juicio en base a la acusación fiscal, se tiene que el acusado Rolando Herrera Mamani, habría mantenido una relación conyugal y de convivencia desde hace varios años con la victima hoy Nieves Flores Quino, con quien además habrían procreado un hijo de nombre Juan Pablo Herrera Flores, que también es considerado como víctima de violencia Familiar o Domestica dentro del presente caso, toda vez que se sindica al hoy acusado que desde hace tiempo venía ejerciendo maltratos y violencia física, psicológica y económica a la víctima Nieves Flores Quino y a su hijo que era menor de edad Juan Pablo Herrera Flores, siendo que la última vez que el acusado agredió, maltrato y amenazó de muerte a las victimas fue en fecha 11 de agosto de 2015 en circunstancias cuando el acusado Rolando Herrera Mamani, después de haber viajado por una semana a la ciudad de La Paz con la excusa de comprar un vehículo, procede a llamar a su hijo menor para decirle que su vehículo se encontraba con fallas mecánicas y que estaba en Yapacaní, por lo cual ambas víctimas Nieves Flores Quino y su hijo Juan Pablo Herrera Flores, fueron a su encuentro para ayudarlo, pero sin embargo se toparon con que el acusado estaba con el camión y con otra mujer de nombre Fabiana Choque, situación que posteriormente sus acompañante y trata de agredir a a su concubina y a su hijo, lo que derivó en el arresto del acusado, quien no conforme con haber sido arrestado y una vez que sale ese mismo día el acusado llega su casa y comienza a agredirá verbal y psicológicamente a la víctima, quien procedió a salirse de su casa e ir a dormir a otro domicilio por su seguridad, para posteriormente denunciar al acusado ante dependencias policiales. Que, asimismo la sentencia recurrida contiene una debida y correcta fundamentación descriptiva de los elementos probatorio judicializados e incorporados durante el juicio, toda vez que se evidencia un detalle ordenado de cada elemento probatorio útil producido en juicio, solo de las pruebas de cargo tal como se tiene demostrado en la parte de la sentencia de fs. 337 a 338, tomando en cuenta que el acusado Rolando Herrera Mamani no ofreció ni produjo ninguna clase de prueba de descargo mucho menos interpuso ninguna clase de incidentes de exclusiones probatorias. Sin embargo es importante hacer notar que el juez inferior de sentencia de manera correcta y acertada en aplicación de los Art. 171 y 172 del Código de Procedimiento Penal procedio a excluir las Pruebas de cargo PD2, 3,4,5,11,12,13,14,15 y 16 consistentes en informe de inicio de investigación, requerimiento fiscal, memorial de apersonamiento, resolución de aprehensión, orden de aprehensión, acta de lectura de derechos, memorial de ampliación de delitos, declaración del acusado e imputación formal, toda vez que la autoridad judicial considero que dichas pruebas ofrecidas eran impertinentes al ser consideradas solo actuaciones que el Ministerio Público debe necesariamente realizarlas en la etapa preparatoria, pero que no pueden ser consideradas pruebas de cargo ni mucho menos medios de defensa, por lo tanto fueron debidamente excluidas, no habiéndose constatado que dicha resolución de exclusiones probatorias fueran objeto de impugnación o apelación por ninguna de las partes. Que, asimismo se constata en la sentencia recurrida, que el juez de Sentencia en lo penal también realiza una correcta fundamentación doctrinal sobre la fundamentación de Derechos y el delito acusado de Violencia Familiar o Domestica, delito el cual sirvió como base del juicio oral, tal como lo establece el Art. 342 del C.P.P; por otra parte también en la sentencia recurrida existe una correcta fundamentación probatoria intelectiva, en la que se aprecian en conjunto las pruebas judicializadas, dejando constancia sobre los aspectos que le permitieron concluir por qué un medio de prueba documental de cargo merece total credibilidad y generó total convencimiento de que el acusado era el autor del delito antes mencionado es decir que del elemento probatorio documental el juez de sentencia ha sabido fundamentar de manera expresa y clara porque se llega a la conclusión de que la prueba de cargo resulta suficiente para condenar al acusado Rolando Herrera Mamani por el delito de Violencia Familiar o Domestica, lo que origino que el momento de dictarse sentencia, exista por ende una correcta Valoración de la Prueba que permitieron fundamentar los hechos probados; asimismo, se constata en la sentencia recurrida una acertada fundamentación jurídica, que nos permite comprender porque se encuadra la conducta del acusado al delito de Violencia Familiar o Domestica, toda vez que solamente durante doto el juicio se llegó a demostrar mediante prueba correcta y legal la conducta ilícita del acusado además de la violencia ejercida sobre su cónyuge y su hijo. CONSIDERANDO: que, una vez establecido y verificado que se han cumplido con los requisitos exigidos por ley, en cuanto a que la sentencia contiene una debida y correcta fundamentación fáctica, descriptiva, intelectiva, probatoria y jurídica corresponde posteriormente a este Tribunal de Alzada verificar en primera instancia la existencia o no de los defectos denunciados por el acusado recurrente en la Sentencia Condenatoria, por lo que con relación al Art. 370 numeral 5 del Código de Procedimiento Penal y denunciado por el acusado recurrente cono defecto de la sentencia, debemos mencionar que los supuestos defectos denunciados no han sido debidamente fundamentados ni mucho menos demostrados con ningún fundamento claro y conciso por el apelante, constándose en el Acta del Juicio Oral y los fundamentos de la Sentencia, que la sentencia tiene la debida motivación y fundamentación , además que la misma se ha llevado a cabo dentro de los parámetros legales y conforme a procedimiento; además de que en ningún momento se violaron derechos y garantías constitucionales; por lo que este tribunal se alzada considera que no es cierto ni evidente lo manifestado por el recurrente en cuanto a que el Ministerio Público renuncia a sus pruebas testificales ofrecidas en su Acusación Formal, por lo cual en el juicio oral no se llegó a producir ninguna declaración, incluso la victima ni siquiera declaro ante la autoridad jurisdiccional, por lo tanto tampoco existe prueba testifical de la acusadora particular, además que tanto el Ministerio Público como la acusadora particular no ofrecieron ni produjeron ninguna prueba pericial en su contra, más por el contrario el juez inferior ha actuado y fundado su resolución de conformidad a las disposiciones legales en actual vigencia, demostrándose un debido proceso, resguardando los derechos y garantías de las partes conforme a los Arts. 115, 116 y 117 de la actual Constitución Política del Estado y Art. 6 del Procedimiento Penal , toda vez que para el juez inferior no fue necesario la producción de la prueba testifical ni el ofrecimiento o producción de alguna prueba pericial durante el juicio, tomando en cuenta que con las pruebas de cargo ofrecidas y producidas en juicio oral le fue suficiente para generar en su persona la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado, puesto que el hecho de haber El Ministerio Púbico renunciado a sus pruebas testificales y no haber producido pruebas periciales se ninguna manera le impide al juzgador otorgar el correspondiente valor probatorio a las demás pruebas ofrecidas y producidas en juicio. Que, asimismo este tribunal de alzada en la presente resolución, ha manifestado que el inferior procedió a realizar correctamente una Fundamentación Probatoria Descriptiva de los elementos probatorios judicializados e incorporados durante el juicio, para posteriormente proceder a fundamentar los hechos probados conforme lo establece la fundamentación fáctica, basándose en los elementos probatorios incorporados al juicio, habiéndose realizas también una fundamentación analítica a intelectiva en la que se aprecian en conjunto las pruebas judicializadas, donde el inferior deja constancia sobre los aspectos que le permitieron concluir el porqué las pruebas de cargo fueron suficientes para generar en su persona la convicción sobre la responsabilidad penal del acusado en el delito de Violencia Familiar o Domestica, lo que origino que al momento de dictarse sentencia condenatoria exista una correcta fundamentación jurídica que nos permite comprender de manera correcta porque dichas pruebas de cargo resultaron ser suficientes para condenar al acusado Rolando Herrera Mamani. Que, de igual manera el acusado recurrente mencionada que la sentencia contiene el defecto establecido en el numeral 6) del Art. 370 del C.P.P indicando que la sentencia se basa en hechos inexistentes o no acreditados o en la valoración defectuosa de la Prueba PD-1 “Acta de denuncia” en virtud a que supuestamente el juez simplemente hace una transcripción literal del acta de denuncia, la misma que a su entender no tiene ningún valor probatorio, toda vez que simplemente es una declaración, y que la victima jamás llego a declarar en juicio para poder ratificarse en su testimonio y asi dicha prueba documental pueda ser sujeta al principio de inmediación y contradicción tal como lo establece el Art. 330 del C.P.P:, Sin embargo del análisis y lectura de la sentencia recurrida se constata que este defecto denunciado por el recurrente no es cierto ni evidente, toda vez que si bien es cierto la denuncia realizada por la victima Nieves Flores Quino fue ofrecida y admitida como prueba de cargo PD-1 de forma correcta sin haber prestado su declaración la misma durante el juicio oral, pero se debe tener presente que dicha denuncia fue informada dentro del plazo legal al juez instructor jurisdiccional, por lo tanto dicha prueba de ninguna manera puede ser considerada ilegal, al haber sido incorporado al juicio oral de forma legal e introducida por el Aert.333 numeral 3 del C.P.P., el cual establece que se podrá incorporar por su lectura la denuncia, por lo tanto no es neceario ni obligatorio que la denunciante o victima deba comparecer al juicio a ratificar dicha denuncia, tal como erróneamente el acusado recurrente pretende hacer creer. Que, con relación al defecto denunciado por el recurrente el cual afirma que la sentencia se basa en medios probatorios no incorporados legalmente, conforme lo establece el numela 4) del Art. 370 del C.P.P., manifestando que la Prueba PD-6 consistente en un informe de Entrevista Psicológica realizado a su hijo de nombre José Rolando Herrera Flores y a la denunciante Nieves Flores Quino, afirma que ni siquiera el Psicólogo se hizo presente en la audiencia para ratificarse en su informe, para que este sea sujeto a las reglas del juicio oral como la contradicción e inmediación, de igual manera nótese que este informe que fue ofrecido como prueba documental el cual no puede tener la misma validez que un informe pericial que el juez de sentencia pretende darle , de igual manera nótese que si el ministerio público y la parte civil pretendían introducir dicha prueba documental de un informe pericial, realizado en la etapa preparatoria, mínimamente deberían por el derecho a la igualdad procesal, debería de correr en traslado y notificar al denunciado previo a la realización de dicha pericia tal como lo establecen los Art. 205 y siguientes del C.P.P. para que así de esta manera mi persona, mínimamente pueda verificar si el psicólogo no está comprendido en las causales de excusas, como así también mi persona pueda ofrecer punto de pericias o en su defecto impugnar en su momento los resultados de la pericia realizada, sin embargo jamás ocurrió aquello, pero más al contrario el juez, al darle un valor de prueba pericial a la prueba documental estaría atentando contra mi derecho al debido proceso, en su vertiente de fundamentación, motivación y seguridad jurídica,; sin embargo este tribunal de alzada considera que no es cierto ni evidente este defecto denunciado, toda vez que se considera como valido el hecho de que el Ministerio Público dentro de la etapa preliminar de investigaciones, hubiera requerido la realización de una entrevista psicológica a las víctimas, en este caso madre e hijo como víctimas de Violencia Familiar o Domestica, puesto que dicha entrevista era necesaria para proseguir con las investigaciones del hecho denunciado, no siendo obligatorios que durante esta etapa preliminar investigativa se hubiera notificado al acusado con el requerimiento fiscal donde se ordenaba dicha entrevista, puesto que estas son actuaciones investigativas preliminares que pueden realizarse de forma inmediata a la víctima sin necesidad de notificarse al acusado, situación muy diferente seria si la parte denunciante hubiera propuesto algún perito en especial durante la etapa preparatoria, sin embargo este informe psicológico fue ordenado por el fiscal encargado de las investigaciones de forma inmediata y en conocimiento del juez jurisdiccional, situación está que permite al juez inferior admitir, incorporar y valorar la prueba cuestionada de cargo, puesto que no es demostró que la misma fuera incorporada ilegalmente, Maxime si tomamos en cuenta que el acusado durante la etapa preparatoria o en la parte de incidentes y exclusiones probatorias no hizo referencia al ofrecimiento de dicha prueba, lo que constituye una tacita aceptación que no puede ser admitida por este tribunal de alzada cuando ni siquiera la defensa del acusado opuso alguna objeción o impugnación dentro de la etapa preparatoria o exclusiones probatorias, por lo tanto existe una correcta fundamentación de la sentencia en base a prueba suficiente y legal tasada y valorada de forma adecuada que demostró el delito de Violencia Familiar o Domestica por parte del acusado recurrente. Que, de igual manera está demostrado en la sentencia recurrida que el juez inferior de sentencia no solo realizo una valoración objetiva del informe psicológico, sino que además procedió a realizar una valoración conjunta y armónica de todas las demás pruebas de cargo producidas, por lo que el informe psicológico cuestionado fue correctamente ofrecido e introducido al juicio oral por su lectura, en toral concordancia y apego a lo previsto por el Art. 333 numeral 2) del C.P.P., el cual establece que se podrá incorporarse por su lectura, las declaraciones o dictámenes producidos por comisión o informe, cuando el acto se haya producido por escrito, conforme a lo previsto por ley, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la comparecencia del testigo o perito cuando sea posible; por lo que al ser el informe psicológico una prueba elaborada en la etapa preliminar por escrito e introducida al juicio por su lectura conforme a lo previsto en la ley, la misma es válida y legal, no siendo necesario que la misma tenga que ser ratificada por la persona que procedió a elaborar dicho informe, máxime si tomamos en cuenta que el juez inferior en la fundamentación de la sentencia, procedió acertadamente a valorar dicho informe, Maxime si tomamos en cuenta que el juez inferior en la fundamentación de la sentencia, procedió acertadamente a valorar este informe psicológico como una prueba documental de cargo y no como una prueba pericial, como pretende hacer creer el acusado recurrente, tal como se constata a fs. 337 y 338 de la sentencia recurrida, dejando constancia el juez inferior que durante el juicio oral no se produjo ninguna prueba pericial; de igual manera todas las demás pruebas cuestionadas fueron valoradas y resultaron suficientes para que en el juez inferior se genere el total convencimiento sobre la responsabilidad penal del acusado, por lo que no es cierto ni evidente que haya existido insuficiente fundamentación, contradicción en la sentencia ni mucho menos que se hubiera basado en medios probatorios no incorporados legalmente. Que, con relación al defecto denunciado por el acusado recurrente referido a la Prueba PD-8 consistente en una declaración prestada ante la policía por el ciudadano e hijo del acusado JUAN PABLO HERRERA FLORES, el cual indica que dicha prueba de oficio fue excluida por el juez de sentencia y no se debió valorar ni incluir dicha prueba en la fundamentación de la sentencia, puesto que además mucho menos se hizo presente en el juicio oral para su ratificación; sin embargo de la revisión y lectura de las actas de juicio oral, además de la fundamentación de la sentencia, este tribunal de alzada concluye que dicha prueba en ninguna momento fue excluida de oficio por el juez de sentencia, mucho menos el abogado del acusado tampoco solicito su exclusión en la etapa respectiva, tal como se tiene demostrado en parte del acta de juicio oral saliente a fs. 344 del cuaderno procesal, además de que esta situación de las pruebas excluidas el juez inferior las menciona en la sentencia fs.338 entre las cuales no menciona y posteriormente valora correctamente como prueba ofrecida y producida, esto al no haber solicitado su exclusión conforme a procedimiento y dentro de la etapa de juicio correspondiente. Que, el acusado recurrente manifiesta que la Prueba PD-9 no fue sujeta a contradicción, toda veque el policía que realizo dicho informe policial, simplemente se limitó a expresar lo señalado en la denuncia, por lo que mas podría darle valor probatorio la autoridad jurisdiccional, toda vez que la persona que realizo tal informe jamás fue sujeto de interrogación en el juicio oral; sin embargo, este tribunal de alzada considera que lo denunciado por el acusado no es evidente, toda vez que esta prueba de ninguna manera puede ser considerada ilegal, al haber sido conforme a procedimiento, en virtud a lo establecido por el Art. 333 numeral 3) del C.P.P., que permite incorporar informes por su lectura que hubieran sido practicadas conforme a lo previsto por el Código de Procedimiento Penal, por lo que al no haberse demostrado que este informe fuera realizado en virtud a una violación del procedimiento, el mismo no puede ser considerado ilegal. Que, de igual manera la Prueba PD-10 cuestionada de ilegal su valoración por el acusado recurrente, consistentes en muestrario fotográfico, de ninguna manera se ha demostrado que la misma hubiera vulnerado el derecho del acusado, al debido proceso en su vertiente de motivación y fundamentación toda vez que la misma fue correctamente admitida y valorada por el juez para establecer el grado de violencia existente el día de los hechos y también en el hogar de la víctima por parte del acusado, no siendo relevante para el juez establecer quien fue el autor de haber quebrado los vidrios del vehículo, sino el haberse probado el maltrato ejercido con otra mujer que no era su esposa, puesto que este hecho detuvo para que el acusado siga agrediendo verbal y psicológicamente a su víctima, razón por la cual este defecto sobre la prueba cuestionada no ha sido demostrado. Que, en el presente caso se puede verificar que en la sentencia venida en apelación, el juez inferior ejerció las reglas de la sana critica a tiempo de valorar las pruebas de cargo, aplicando también los Arts. 171 y 173 del Código de Procedimiento Penal, habiéndose fundamentado líneas arriba que la sentencia recurrida se basó en la valoración individual y conjunta de la prueba de cargo, no siento cierto que se haya violentado los principios de fundamentación, ni de motivación, puesto que existe valoración de la prueba en forma conjunta y armónica, las mismas que se judicializaron correctamente, siendo que la fundamentación, motivación y valoración de la prueba por parte del inferior es totalmente convincente en todo sentido, consecuentemente, siendo que la fundamentación, motivación y valoración de la prueba por parte del inferior es totalmente convincente en todo sentido, consecuentemente la sentencia se basa en hechos existentes y acreditados por la pruebas de cargo, toda vez que no es cierto ni evidente que la sentencia se haya basado en hechos existentes y acreditados por las pruebas de cargo, toda vez que no es cierto ni evidente que la sentencia se haya basado en ninguna prueba contundente, puesto que el inferior ha valorado todas las pruebas de cargo producidas en juicio, las cuales tienen toda la eficacia legal para haber generado la convicción sobre la responsabilidad penal del acusado, Rolando Herrera Mamani, en el delito de Violencia Familiar o Domestica, no siendo cierto ni evidente lo manifestado por el acusado en lo que se refiere a que debió aplicar el principio de In Dubio Pro Reo, puesto que el juez no estableció ninguna duda al momento de fundamentar su sentencia por lo tanto es correcto el fundamento y criterio aplicado en base a todas las pruebas de cargo producidas. Que, con relación a la reserva de apelación realizado por el abogado del acusado, referente a la resolución de fecha 10 de julio de 2019, la misma que fue planteada contra el Rechazo a su Excepción de Extinción de la Acción Penal ha sido rechazada por el motivo de que su persona supuestamente no ha presentado el certificado de REJAP y ni del SIPPASE, para demostrar que mi persona no ha sido declarado rebelde y porque supuestamente mi persona no ha llegado a acreditar la mora procesal de manera idónea tal como lo estableció la jurisprudencia constitucional, no habiendo llegado a realizar una valoración total de la prueba ofrecida como es el propio expediente, tal como establecieron las S.C.P. en las cuales se han llegado a establecer que el juez no puede solicitar mayor prueba mas que el expediente judicial cuando se presentan una excepción de la extinción penal por duración máxima del proceso según el Art.27 inc. 10) de la ley 1970, sin embargo este tribunal de alzada después de la lectura y análisis del fundamento utilizado en fallo recurrido, considera legal y acertado dichos fundamentos y la motivación utilizada por el juez inferior al momento de rechazar esta excepción de extinción por duración máxima del proceso, toda vez que efectivamente la jurisprudencia constitucional ha sentado la línea jurisprudencias en el sentido de que el impetrante al momento de interponer la excepción de extinción de la acción penal, deberá realizar una auditoria jurídica del expediente, con la finalidad de poder demostrar a quien es atribuible la demora judicial o dilación del proceso, en que fojas se encuentran los actos dilatorios y si los mismos son considerados actos dilatorios, puesto se tiene que tomar en cuenta que no todo proceso que exceda el plazo de duración máxima previsto por Ley, vulnera la garantía de juzgamiento en plazo razonable, sino únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la causa, por ello se entiende que el plazo de duración máxima del proceso previsto por el Código de Procedimiento Penal, constituye un parámetro objetivo a partir del cual corresponde analizar en cada caso concreto la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso. Sin embargo es evidente que la defensa del acusado al momento de interponer y fundamentar esta excepción no ha cumplido con estos lineamientos o requisitos esenciales establecidos en diferentes líneas jurisprudenciales a fin de demostrar cuales son los actos considerados dilatorios y cuales de las partes son responsables de esta supuesta mora procesal, debiendo además haber realizado una auditoria jurídica donde menciones fechas, fojas y que el tiempo de esta supuesta mora procesal no sea atribuible al acusado sino a los acusadores o a la autoridad jurisdiccional, siendo necesario efectivamente haber demostrado documentalmente mediante un REJAP que el acusado durante el desarrollo del proceso no hubiera sido declarado rebelde, por lo tanto el fundamento utilizado por el juez inferior fue acertado al momento de rechazar la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso interpuesto por la defensa del acusado Rolando Herrera Mamani, razón por la cual corresponde confirmas el fallo recurrido mediante reserva de apelación y también la sentencia recurrida. POR TANTO: La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, administrando justicia a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia y en virtud a la jurisdicción y competencia que por ley se ejerce, en atención a los fundamentos legales expuestos, en aplicación del Art.413 del Código de Procedimiento Penal, declara ADMISIBLE E IMPROCEDENTE el recurso de apelación restringida y la reserva de apelación interpuestos por el acusado Rolando Herrera Mamani mediante memorial de fs. 345 a 347 y vta., contra la Sentencia No. 43/19 de fecha 15 de julio de 2019 saliente de fs. 352. Vta a 353 y vta., ambos dictados por el Juez de Sentencia Penal 9no., Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer de la Capital. Se advierte a las partes que tienen el plazo de cinco dias para interponer el recurso de casación contra el presente fallo judicial, conforme lo manda el Art. 417 del Código de Procedimiento Penal.- Vocal Relatos: Dr. Mirael Salguero Palma.- REGISTRESE Y NOTIFIQUESE


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