EDICTO

Ciudad: SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Juzgado: SALA PENAL SEGUNDA


EL PRESENTE EDICTO ES PARA EL ACUSADO ALEX PAUL TEJERINA RAMOS TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA SALA PENAL SEGUNDA Santa Cruz, 14 de Diciembre de 2.020.- INTEGRANTES: Mirael Salguero Palma -Vocal. Arminda Méndez Terrazas -Vocal. PROCESO PENAL: N° 33/20, NUREJ 201208857, seguido por el Ministerio Público, Juan Alvarez Susuki y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra Alex Paúl Tejerina Ramos por el delito de violación a niño, niña o adolescente. FISCAL: Dra. Yovanna Rivas. DEFENSOR: Dr. Mario Villafán Machicado. VISTOS: Dentro del presente proceso penal de orden público, el Tribunal 3° de Sentencia en lo Penal de la Capital, pronunció la sentencia de fs. 220 a 225 vlta. declarando al imputado Alex Paúl Tejerina Ramos culpable de la acusación del delito de violación a niño, niña o adolescente, previsto en el Art. 308 Bis del Código Penal, en aplicación del Art. 365 del Código de Procedimiento Penal, en razón a que la prueba aportada ha sido suficiente para generar la convicción sobre la responsabilidad penal del acusado, condenándolo a cumplir la pena de DIECISEIS (16) años de presidio en la Cárcel Pública de Palmasola sin derecho a indulto, más al pago de la multa de 200 días a razón de Bs.- 2 por cada día, y costas a favor del Estado a calificarse en ejecución de sentencia. QUE, contra el referido fallo judicial, el acusado ALEX PAUL TEJERINA RAMOS interpone el recurso de apelación restringida, tal como consta por el memorial de fs. 241 a 262 de obrados; por lo que verificada la deliberación respectiva, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso conforme a las atribuciones otorgadas por el Art. 398 del Código de Procedimiento Penal, como sigue: CONSIDERANDO: Que, el recurso de apelación restringida interpuesto por acusado ALEX PAUL TEJERINA RAMOS se encuentra previsto y justificado en la forma exigida por los Arts. 407 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, se admite para su sustanciación. CONSIDERANDO: Que, una vez pronunciada la sentencia, ésta puede ser objeto de apelación restringida en los términos previstos por el Art. 407 del Código de Procedimiento Penal, en mérito a la inobservancia o errónea aplicación de la Ley, respecto a los cuales el Tribunal Constitucional en la S.C. N° 1075/2003 de fecha 24 de julio de 2.003 señaló: “conviene precisar qué alcances tienen, en el contexto del Código, las expresiones “inobservancia de la Ley” y “errónea aplicación de la Ley”. El Primer supuesto se presenta cuando la autoridad judicial no ha observado la norma o, lo que es lo mismo, ha creado cauces paralelos a los establecidos en la Ley (S.C. N° 1056/2003-R). En el segundo caso, si bien se observa la norma, la autoridad judicial la aplica en forma errónea. En este punto, corresponde puntualizar que la inobservancia de la Ley o su aplicación errónea, puede ser tanto de la Ley sustantiva como la Ley adjetiva. Así la norma sustantiva puede ser erróneamente aplicada por: 1) errónea calificación de los hechos (tipicidad), 2) errónea concreción del marco penal, o 3) errónea fijación judicial de la pena (S.C. N° 727/2003-R). Los supuestos de errónea aplicación de la Ley adjetiva son: 1) los defectos de procedimiento en general y 2) los expresamente establecidos en los Arts. 169 y 370 del CPP. Conforme a esto, los supuestos previstos en los dos preceptos referidos -excepto el inciso 1) del Art. 370, que alude a la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva- están referidos a: 1) inobservancia de la Ley adjetiva, 2) errónea aplicación de la Ley adjetiva, cuando no se comprueban los hechos acusados conforme a los parámetros exigidos por Ley (de modo integral, conforme a las reglas de la sana crítica). Esto significa que los hechos acusados deben ser probados y que solo es válida la comprobación realizada conforme a Ley. En este sentido, una acusación y/o querella, no estará comprobada conforme a Ley cuando: 1. El hecho no existió, 2. El hecho no se ha probado en forma suficiente (incs. 3 al 11 del Art. 370, Art. 169 y demás defectos de procedimiento impugnados oportunamente) 3. el hecho existió pero no se puede individualizar al agente (inc. 2 del Art. 370)”. Ahora bien, precisada la facultad que tiene el Juez o Tribunal de Sentencia para dictar sentencia en base a las reglas de la sana crítica, se tiene que la valoración de los elementos de prueba incorporados por las partes en la actividad probatoria desarrollada en la audiencia de juicio oral, ciertamente es una labor exclusiva de ambos Tribunales de justicia, habida cuenta que el Tribunal competente para resolver la apelación restringida -Tribunal Departamental de Justicia conforme al Art. 51 inc. 2) del CPP- estará encargado únicamente de establecer la existencia de vicios de juicio o vicios de actividad, llamados también vicios o errores in indicando o vicios o errores in procedendo, que precisamente pueden surgir, entre otros motivos por la valoración defectuosa de la prueba, sin embargo no le está permitido revalorizar la prueba que ya fue analizada por el Juez o Tribunal de Sentencia en el juicio oral. SUBSUNCION DEL HECHO A LA NORMA JURIDICA PROHIBITIVA.- En el delito de Violación el autor del hecho quebranta la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo, ese es el bien jurídico protegido, una de sus características esenciales es la agresión y ataque violento a la libertad sexual utilizando varios modos de convencimiento; por esa razón consideramos que la libertad sexual está caracterizada por la existencia de una cierta capacidad biológica é intelectual que le permite a la persona menor o adolescente para comprender el alcance del acto sexual y la facultad volitiva para consentir en el mismo por el mismo hecho de su minoridad, pero si ésta libertad es inexistente o está completamente anulada por falta de capacidad del sujeto pasivo (víctima menor) para decidir libremente su comportamiento sexual y para oponer resistencia, se configura el delito de violación; la violación no produce siempre lesiones físicas graves; en cambio, se afirma que la vejación implícita en la sexualidad coercida comporta una ineludiblemente perturbación desestabilizadora en el plano emocional. Cuestión distinta serán las distintas maniobras de afrontamiento con que la víctima contrarreste su daño psíquico. Comete delito de violación sexual cualquier persona que tenga acceso carnal o se haga acceder con otra persona, por vía vaginal, anal o bucal, usando la fuerza física, la violencia, la intimidación o cualquier otro medio que prive a la víctima de voluntad, razón o sentido. No es necesario que haya penetración completa para que se subsuma al tipo penal. En este supuesto el sujeto activo o violador consuma el hecho de penetrar a su víctima por cualquiera de las vías referidas, aunque no concluya el acto sexual. La víctima puede oponer resistencia al ataque, si es que tuviere las fuerzas y/u oportunidad para ello; o bien puede adoptar una postura pasiva voluntaria como de resignación para evitar que el agresor, además de violarla, le ocasione un mal mayor, le cause lesiones o le quite la vida. Aunque esto podría suceder a voluntad del agresor. La violación sexual por ende requiere que la víctima participe al ser ella misma el objeto de la agresión. Es decir no puede haber delito de violación sexual sin que haya una víctima física pero sometida a los deseos del sujeto activo. El sometimiento se presenta al ejercerse sobre ella la fuerza, la violencia, la intimidación u otro medio. Al haber fuerza y/o violencia, pueden quedar vestigios en el cuerpo de la persona mancillada sexualmente; y si no hubo fuerza ni violencia, pero se hizo uso de la intimidación u otros medios, como podrían quedar huellas, podría que no, ya que dependerá del estado de sometimiento de la voluntad de la persona objeto de la acción delictiva. Una persona bajo los efectos de drogas o bebidas alcohólicas o de otra naturaleza, podría quedar dormida o somnolienta, y eso significa que su voluntad está privada. No puede decidir si acepta o no la relación sexual. Si en un caso concreto, la mujer accede inicialmente sostener relaciones sexuales con un hombre, independiente del estado de embriaguez que tenga la dama o ambos, eso no significa que su aceptación autoriza al hombre a someterla de forma brutal. Tampoco es justificación el hecho mismo de que la dama ingrese al motel, hotel, apartamento u otro sitio, de manera voluntaria. Si la mujer revoca aquella aceptación inicial, está en su derecho, y el hombre debería respetarla. Sin embargo, la conducta del hombre es que “como viniste conmigo por tu gusto, ahora tienes que cumplir con lo acordado, a las buenas o a las malas”. También se comete el delito de violación sexual cuando el sujeto activo introduce en la vagina, en el ano o en la boca de la víctima, o la obliga a que se introduzca, el dedo, un objeto o cualquier otro instrumento, con fines sexuales. Es decir que la violación existe: Si el agresor le introduce su dedo, o el dedo de ella misma; si le introduce un objeto o instrumento cualquiera, o ella lo hiciere por órdenes del mismo agresor. Deben concurrir la fuerza, la violencia, la intimidación u otro medio, que prive a la víctima de voluntad, razón o sentido. Para este supuesto no es imprescindible que haya habido el acceso carnal conocido o la satisfacción sexual. CONSIDERANDO: QUE, luego de estudiar minuciosamente los datos del proceso elevados en originales, lo expuesto por el acusado recurrente ALEX PAUL TEJERINA RAMOS en su ampuloso memorial de apelación restringida, conforme a las exigencias del Art. 398 del Código de Procedimiento Penal, luego de hacer una serie de argumentaciones sobre la relación de los antecedentes procesales y de los hechos además de señalar el objeto y los requisitos de admisibilidad del recurso, fundamenta su recurso manifestando que ha planteado tres incidentes en el juicio oral: de falta de acción, extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y exclusión probatoria, y que en la misma audiencia de juicio oral fueron rechazados; por lo que ahora plantea apelación incidental contra los autos interlocutorios que fueron resueltos en la audiencia de juicio oral de fecha 21 de abril de 2.016 cursante a fs. 218 y vlta.; sin embargo previamente debemos tener en cuenta que conforme consta en el mismo acta, al final de cada auto interlocutorio el Tribunal de mérito advierte de forma expresa al acusado y su defensa técnica que si se creyere agraviado podrá hacer uso de su derecho de RESERVA DE APELACION; sin embargo en ninguna parte del cuaderno procesal consta la reserva de apelación que le correspondía hacer a la defensa, sin cuyo requisito no se puede ingresar a considerar la apelación incidental que pretende el acusado en su memorial de apelación porque no se abre la competencia de este Tribunal de alzada; al respecto corresponde aclarar que la tramitación de incidentes y excepciones se sujeta al Art. 314: “Las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes que, por su naturaleza o importancia, deban ser debatidas o requieran la producción de prueba, se tramitarán por la vía incidental, sin interrumpir la investigación y serán propuestas por escrito fundamentado en la etapa preparatoria y oralmente en el juicio, ofreciendo prueba y acompañando la documentación correspondiente”. Conforme al artículo de referencia, en el juicio oral y público la extinción de la acción penal, la falta de acción y exclusión probatoria deben ser formuladas conforme al procedimiento fijado por el art. 314 del CPP, siendo el momento procesal para hacerlo durante el juicio y hasta antes de dictarse sentencia, con el objeto que el juez o tribunal de instancia, -como ya se precisó en la SC 1716/2010-R- resuelva dichas excepciones, no sólo por ser el órgano que tiene competencia por ley para hacerlo, sino que dicha labor la realiza en virtud a todos los antecedentes y elementos de convicción que tiene a su disposición, facultándole determinar con precisión cuáles los hechos y actos dilatorios, atribuyéndoles la responsabilidad emergente de cada quien, para asumir la decisión que corresponda, factible de su posterior revisión en apelación incidental. Resuelta la extinción y demás incidentes, si las partes procesales, ya sea acusador -Ministerio Público o querellante- el imputado o la víctima, consideran que dicha resolución es lesiva de sus derechos, en aplicación del principio de impugnación garantizado por el art. 180.II de la CPE para todos los procesos judiciales, tienen la vía de la apelación para hacer valer sus pretensiones. Al respecto, es conveniente remarcar que la impugnación en juicio, contra la extinción de la acción penal y otros incidentes, como cualquier otra excepción o incidente, se la planteará con reserva de apelación restringida, conforme previene la segunda parte del Art. 407 del CPP, “… o ha efectuado reserva de recurrir…”. El citado razonamiento desarrollado por la jurisprudencia de este Tribunal, afirma: “…como todos los derechos, el de recurrir está sujeto a las normas generales que lo rigen, entre ellos la oportunidad o el plazo, el contenido o expresión de agravios y la forma en que deban formularse. En cuanto a la apelación incidental se la debe presentar y tramitar en sujeción a las previsiones de los arts. 404 a 406 del CPP, deduciéndose la imposibilidad de plantearla directamente dentro del juicio oral, cuyo objeto la averiguación de los hechos, no permite su sustanciación durante la celebración del mismo, correspondiendo en su caso hacer reserva de apelación restringida, conforme tiene anotada la jurisprudencia constitucional” (SC 2255/2010-R de 19 de noviembre) (lo resaltado nos pertenece). Desarrollando el citado criterio y asumiendo la posición expresada en anteriores fallos constitucionales, la citada Sentencia aludiendo a la SC 0421/2007-R de 22 de mayo, precisa: “…Conforme se ha anotado precedentemente, el juicio oral debe desarrollarse sin interrupción, lo que implica que los medios de impugnación deben ser racionalizados atendiendo a las características de continuidad, inmediación y oralidad del juicio; características que se desnaturalizarían si las resoluciones dentro del juicio oral fueran impugnadas en forma sistemática, provocando serias disfunciones procesales. Si se realizaría una lectura parcial de las normas contenidas en los arts. 403.2 y 396 del CPP, aceptando la posibilidad de que las resoluciones que rechacen excepciones é incidentes en el juicio sean apeladas incidentalmente en efecto suspensivo, el juicio tendría que suspenderse, en muchos casos por meses, desconociendo la previsión contenida en el art. 335 del CPP que establece en forma categórica los casos en los que el juicio puede suspenderse, entre los que no figura la apelación de las excepciones é incidentes planteadas durante esta etapa, atentando contra el propio sistema acusatorio oral. Consecuentemente, al momento de resolver en la audiencia de juicio las excepciones o incidentes, será suficiente que las mismas, sean resueltas en forma oral, debido a que, conforme lo determina el art. 371 del CPP en el acta del juicio oral quedan registradas, entre otros aspectos, las solicitudes y decisiones producidas en el curso del juicio, las objeciones de las partes y sus protestas de recurrir; lo que abre la posibilidad de que estos aspectos sean impugnados a través del recurso de apelación restringida, como lo establece expresamente el art, 407 del CPP´. De lo anotado se concluye que en el juicio oral no es posible interponer el recurso de apelación incidental para impugnar las resoluciones que rechacen excepciones, sino que las partes podrán reservarse el derecho de recurrir una vez pronunciada la sentencia cuando exista agravio. Razonamiento reiterado en la SC 0414/2011-R de 14 de abril de 2.011, que al respecto puntualiza: “De lo referido, se concluye que el derecho a recurrir, consagrado tanto en los instrumentos internacionales como en la Constitución Política del Estado, debe ser garantizado plenamente dentro de todo proceso, sea judicial o administrativo, en ese orden, las excepciones y los incidentes planteados dentro de los procesos penales, cuyo procedimiento se encuentra establecido en el art. 314 y ss. del CPP, (…) admite el recurso de apelación ya sea incidental o restringida, dependiendo del momento procesal de su presentación, en la etapa preparatoria será mediante apelación incidental ante el juez cautelar y en juicio oral, ante el juez o tribunal de sentencia a través del recurso de apelación restringida.” Como se tiene dicho, la resolución que resuelve la excepción de extinción o incidente planteado en juicio oral, sólo es impugnable mediante reserva de apelación restringida, que habilita cuestionarla ante el superior en grado sobre las supuestas irregularidades en la que hubiera incurrido el juez o tribunal de primera instancia respecto a la excepción planteada. De lo anotado precedentemente, se ha modulado la SC 1716/2010-R de 25 de octubre de 2.010, en cuanto a la oportunidad de plantear la excepción de la extinción de la acción penal, en estricta observancia de la previsión legal, en los siguientes términos: Corresponde en forma exclusiva a los jueces y tribunales de primera instancia conocer la excepción de extinción de la acción penal, que podrá formularse únicamente en la etapa preparatoria así como en el transcurso del juicio oral hasta antes de dictarse sentencia. Ante el rechazo de la excepción planteada en el juicio oral, el agraviado podrá reservarse el derecho de impugnarla como agravio de apelación restringida. Consecuentemente, al momento de resolver en la audiencia de juicio las excepciones o incidentes,será suficiente que las mismas, sean resueltas en forma oral, debido a que, conforme lo determina el art. 371 del CPP en el acta del juicio oral quedan registradas, entre otros aspectos, las solicitudes y decisiones producidas en el curso del juicio, las objeciones de las partes y sus protestas de recurrir; lo que abre la posibilidad de que estos aspectos sean impugnados a través del recurso de apelación restringida, como lo establece expresamente el art. 407 del CPP. De lo anotado se concluye que en el juicio oral no es posible interponer el recurso de apelación incidental para impugnar las resoluciones que rechacen excepciones, sino que las partes podrán reservarse el derecho de recurrir una vez pronunciada la sentencia cuando exista agravio. CONSIDERANDO: Que, respecto a la apelación restringida de fondo, interpuesta por el acusado ALEX PAUL TEJERINA RAMOS, argumenta é invoca los defectos de sentencia previstos en el Art. 370 incs. 1), 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal, que se refieren a la inobservancia y errónea aplicación de la Ley adjetiva, valoración defectuosa de la prueba y a la falta de fundamentación de la sentencia; en cuanto al primera agravio o defecto el acusado no hace ninguna fundamentación de hecho ni de derecho; en cuanto al agravio sobre la valoración defectuosa de la prueba, el recurrente hace una transcripción y copia integral de la sentencia condenatoria, a continuación transcribe las declaraciones de los testigos Juan Alvarez Susuki, Alison Jennifer Alvarez Aguilera, sin embargo no dice de qué manera le causa agravios dichos testimonios; asimismo el recurrente hace cita de la prueba pericial elaborada por la Médico Forense Dra. Ana Verónica Justiniano en el cual se admite y confirma que la menor presenta un himen con desgarro y con sangrado, laceración reciente, lo que implica una desfloración reciente; el recurrente continúa detallando y transcribiendo partes de la sentencia, sin embargo en la escasa fundamentación pretende que se lo absuelva por el simple hecho de que la menor habría ingresado en una supuesta contradicción al decir que solo conocía al imputado de pasada, y que en otra declaración diga que lo conocía desde hace varios meses; por lo que en este acápite de la apelación restringida y respecto a la supuesta valoración defectuosa de la prueba, el acusado no ha cumplido con las exigencias del Art. 408 del Código de Procedimiento Penal, pese a que en este Tribunal de alzada se señaló audiencia de fundamentación y ampliación de la apelación restringida para el día 30 de octubre de 2.020, sin embargo el acusado ni su abogado se presentaron a dicha audiencia. Sin embargo de ello, debemos aclarar que la jurisprudencia constitucional establecida en la S.C. N° 1480/2005-R de 22 de noviembre de 2.005, se refirió a los tres sistemas de valoración de la prueba en materia penal -íntima convicción, pruebas legales y sana crítica-, estableciendo que en nuestro ordenamiento jurídico rige el sistema de la sana crítica, puntualizando que las reglas de la experiencia, son aquellas que conoce el hombre común; las reglas de la psicología referidas no a las normas elaboradas por ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos; además de las reglas de la lógica, vale decir, las reglas de la identidad, de contradicción, de tercero excluido o de razón suficiente; entendimiento que fue reiterado en la S.C. N° 0115/2007-R de 7 de marzo de 2.007. Consiguientemente, en materia penal rige el sistema de valoración de la prueba de la libre convicción o sana crítica; en virtud de la cual, el juez o tribunal en la apreciación de todos los medios de prueba, tiene libertad de convencimiento, empero, limitado por las reglas de la lógica psicológica y experiencia común, así como la obligación de motivar las razones de su convencimiento, además, y esto es fundamental, es indispensable que las autoridades judiciales presten atención a los principios constitucionales que sustentan la prueba, como es el principio de verdad material, que se encuentra previsto en el art. 180 de la CPE; en virtud al cual, la o el juzgador debe encontrar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, buscando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales, con la finalidad que las partes accedan a una justicia material, eficaz y eficiente, procurando que el derecho sustantivo prevalezca sobre el formal, así lo establece la SCP N° 1662/2012 de 1 de octubre de 2.012.- El Auto Supremo N° 214 de 28 de marzo de 2.007, referente a la valoración de la prueba y su control por el Tribunal de alzada, estableció que los tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde a las reglas del recto entendimiento humano, analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio; resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieron infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia. QUE, en cuanto al agravio de la supuesta falta de fundamentación de la sentencia, diremos que no es cierto ni evidente lo afirmado por el recurrente, ya que de la lectura de la sentencia condenatoria de fecha 22 de abril de 2.016, se evidencia que la misma cumple con las formalidades y exigencias del Art. 124 y 360 incs. 1, 2 y 3 del Código de Procedimiento Penal, ya que el Tribunal de mérito ha dado razones jurídicas y fácticas del porqué está condenando al imputado por el delito de violación a niño, niña o adolescente, previsto en el Art. 308 Bis del Código Penal; la sentencia condenatoria es amplia y explicativa; es decir la exigencia de motivación constituye una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen Plurinacional de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias y Autos, permiten el control del pueblo sobre su conducta, resguardando a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede, al mismo tiempo brinda al Juez el material necesario para ejercer su control y sirve para crear la Jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales. En virtud de estas razones, la ley procesal penal consagra en su Art. 124, la exigencia de la motivación en la sentencia o Auto, amenazando la infracción a la regla con la nulidad conforme reza el Art. 370-5) y 169 Código de Procedimiento Penal. La motivación, a la vez que un requisito formal que en la sentencia o Auto no puede omitir, constituye el elemento eminentemente intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico. Es el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el Juez o Tribunal apoya su decisión y que se consigna habitualmente en los "considerandos" de la Sentencia o Auto Interlocutorio. Motivar es fundamentar, exponer los argumentos fácticos y jurídicos que justifican la resolución. La motivación debe ser expresa, clara, legítima y lógica, conforme a lo previsto en la S.C. Nº 0147/2010-R de fecha 17 de mayo de 2.010, por esa razón se evidencia que en este caso, la sentencia condenatoria guarda coherencia entre la parte considerativa y la dispositiva, esto es sin incurrir en contradicciones, en desorden de ideas, yuxtaposición numerativa de folios o de afirmaciones formuladas mecánicamente, o en una frondosa, enrevesada y superficial acumulación de disgresiones sin mayor relación con el caso a resolver; en la sentencia no se han encontrado argumentos contradictorios antagónicamente, no se detectan vicios de razonamiento o de demostración (falacias o paralogismos), en todo caso la redacción guarda claridad explicativa, no siendo una exigencia que la sentencia sea extensa o ampulosa como pretende el recurrente. La sentencia condenatoria se sustenta en una correcta valoración de la prueba en la audiencia del juicio oral, no incurre en lo previsto por el Art. 370 inc. 5) y 6) de la citada Ley como alega el acusado recurrente; es decir el Tribunal 3° de Sentencia Penal de la Capital realizó la fundamentación descriptiva consignando cada elemento probatorio útil, con referencia explícita a los aspectos más sobresalientes de su contenido, ha dejado constancia de la prueba documental y testifical, así como la prueba pericial y técnica. En cuanto a la fundamentación fáctica el Tribunal ha establecido cuáles son los hechos que se consideran como probados é improbados, en base a los elementos de prueba insertados al juicio oral por su lectura conforme al Art. 333 del CPP; también podemos apreciar que la sentencia contiene una fundamentación analítica o intelectiva en la que inicialmente el Tribunal de Sentencia aprecia cada elemento de juicio en su individualidad, aplicando conclusiones obtenidas de un elemento a otro, apreciando en su conjunto cada prueba presentada al juicio oral, ha dejado constancia de los aspectos que le permitieron al Tribunal concluir que las declaraciones testificales porqué las consideró coherentes, incoherentes, consistentes o inconsistentes, veraz o falsas, ha expresado las razones por las cuales dichas pruebas le genera en el Tribunal convicción sobre la responsabilidad penal del acusado Alex Paúl Tejerina Ramos, es decir la uniforme jurisprudencia establece que en la sentencia no es necesario transcribir en su integridad las declaraciones de los testigos, ya que ese aspecto ya está inserto en los actas de juicio oral, por lo tanto la sentencia cumple con las exigencias del Art. 124 y 360 del CPP; ya que las pruebas recolectadas en las etapas preliminar y preparatoria de la investigación fueron insertadas, judicializadas por su lectura al juicio oral conforme lo manda el Art. 333 del CPP, en especial la prueba testifical de cargo, la prueba pericial médica que fue ratificada en audiencia de juicio oral por la médico forense Dra. Ana Verónica Justiniano, pruebas documentales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 las mismas que cumplen con las exigencias de los Arts. 116, 193, 194, 200, 203, 330, 333 inc. 3), 350, 351, 352 y 353 del Código de Procedimiento Penal, a las cuales el Tribunal se ha referido y valorado conforme a las atribuciones que establecen los Arts. 171 y 173 del Código de Procedimiento Penal. En ese contexto, en la misma sentencia y el acta de juicio oral se insertó claramente todos los aspectos observados por el acusado en cuanto a las pruebas que fueron valoradas por el Tribunal a quo; asimismo corresponde señalar que la víctima tiene el pleno derecho de apersonarse y acudir ante el Tribunal de Sentencia para participar del procedimiento o juicio oral, ese es un derecho constitucional que no se puede impedir. POR TANTO: La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, administrando justicia a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, y en virtud a la jurisdicción y competencia que por Ley ejerce, en atención a los fundamentos legales expuestos, en aplicación del Art. 413 del Código de Procedimiento Penal declara ADMISIBLE é IMPROCEDENTE la apelación restringida interpuesta a fs. 241 a 262 por el acusado Alex Paúl Tejerina Ramos contra la sentencia condenatoria de fs. 220 a 225 vlta. dictada por el Tribunal 3° de Sentencia en lo Penal de la Capital. Se advierte a las partes que tienen el término de cinco días para interponer el recurso de casación contra el presente fallo judicial como lo establece el Art. 417 del Código de Procedimiento Penal. Vocal Relator: Msc. Mirael Salguero Palma. Regístrese y notifíquese.-


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