EDICTO

Ciudad: VALLEGRANDE

Juzgado: TRIBUNAL DE SENTENCIA EN MATERIA PENAL; JUZGADO PUBLICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE


Ciudad: Vallegrande Juzgado: TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 1º; JUZGADO PUBLICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DE SENTENCIA Fecha publicación: 15/11/2021 EL JUZGADO DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE, PRESIDIDO POR LA JUEZ TÉCNICO, MARY SEVERICH SILES DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO POR LA FISCALIA ANTICORROPCION A DENUNCIA DE ELVIA NERY DURAN VARGAS CONTRA EL ACUSADO JOSE ALEJANDRO VEGA por el supuesto delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, PECULADO, MALVERSACION, INCUMPLIMEINTO DE CONTRATOS Y CONDUCTA ANTIECONOMICA, se notifica al acusado JOSE ALEJANDRO VEGA, con el presente edicto en cumplimiento del Art. 165 del C.P.P.- A CUYO EFECTO SE TRANSCRIBEN LOS SIGUIENTES ACTUADOS.- ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA ORGANO JUDICIAL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL TERCERO DE VALLEGRANDE SANTA CRUZ – BOLIVIA S E N TE N C I A No. 09/ 21 de fecha 14 de septiembre del 2.021 JUEZA: MARY SEVERICH SILES Secretaria: JAIME GUTIEREZ FAREL. Fiscal: ROSE MARIA BARRIENTOS RUIZ DE UNIDAD ESPECIALIZADA EN PERSECUCION DE DELITOS DE CONTICORRUPCION SANTA CRUZ ACUSADO: REBELDE: JOSE ALEJANDRO VEGA DELITOS: INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, PECULADO MALVERSACION, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONDUCTA ANTIECONOMICA DEFENSOR DE OFICIO : IMBERT GARCIA JUSTINIANO Causa No. 05/2021 VISTOS: Los antecedentes procesales, Acusación Fiscal, Sin acusación particular del Municipio de Moro Moro en calidad de victima pruebas de cargo y todo lo que ver convino, y, CONSIDERANDO:. -LOS FUNDAMENTACION DE HECHO DEL MINISTERIO PUBLICO: De los elementos probatorios obtenidos durante la etapa preparatoria, se puede establecer lo siguiente: Que, mediante denuncia escrita la ciudadana ELVIA HERY DURAN VARGAS formaliza denuncia en contra de José Alejandro Vega, en fecha 12 de mayo de 2008, como Administrador y Responsable de Farmacia del Centro de Salud de Santiago de Moro Moro y del CENTRO DE salud ”La Laja“, para el efecto se le hace entrega de distintos cheques para que realice diferentes compras para dicho centro, e acuerdo a las necesidades básicas de la institución de los cuales a la fecha del inicio de la investigación, no ha rendido cuentas, tal cual se evidencia en la nota C.103/2009, de fecha 28 de enero de 2009, dirigida a la mancomunidad de Municipios de Vallegrande, por lo en base a los fundamentos expuestos formaliza denuncia en contra del ciudadano antes nombrado, por los delitos de Peculado, Malversación, incumplimiento de Deberes. Conducta Antieconómica e incumplimiento de Contratos. II.- RELACION CAUSAL ENTRE LOS HECHOS, PRUEBAS Y SUPUESTOS DE HECHO DE LOS TIPOS PENALES INVESTIGADOS.- A manera de Introducción resulta importante señalar el marco jurídico que regula las funciones de los servidores públicos al momento de administrar recursos económicos correspondientes a recaudaciones por concepto de bienes y servicios de las entidades públicas: a) Ley N°1178 de 20 de Julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales en los siguientes Artículos: El Artículo 14 de la Ley 1178 que señala: Los procedimientos de Control interno previo se aplicaran por todas las unidades de la Entidad antes de la ejecución de sus operaciones y actividades o de que sus actos causen efecto. Comprende de la verificación del cumplimiento de las normas que los regulan y los hechos que los respaldan, así como de su conveniencia y oportunidad en función de los fines y programas de la entidad…”. El Articulo 27 inciso c) que indica:”Toda entidad, funcionario o persona que recaude, pague o custodie fondos, valores o bienes del Estado, tiene la obligación de rendir cuenta de la administración a su cargo por intermedio del sistema contable especificando la documentación sustentatoria y las condiciones de su archivo“. Disposición legal que tiene estricta relación con lo previsto por el artículo 28, parágrafo primero dice: ” Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo“. El artículo 38 que preceptúa:” Los profesionales y demás servidores públicos son responsables por los informes y documentos que suscriban(…)“ LEGALIDAD SUSTANCIAL POR LOS DELITOS DE INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y PECULADO TIPIFICADO EN LOS ARTICULOS 154 Y 142 DEL CODIGO PENAL. El artículo 142 del Código Penal que se encuentra bajo el nomenjuris de PECULADO, establece: ”La servidora o el servidor público que aprovechándose del cargo que desempeña se apropiare de dinero, valores o bienes cuya administración, cobro o custodia se hallare encargado, será sancionado con Privación de libertad de cinco(5) a diez (10) años y multa de doscientos (200) a quinientos (500) días“. Que el delito de Peculado es la sustracción ilícita de valores o caudales del erario público, cometido por el funcionario a quien, por razón de su cargo, se le ha confiado la percepción, el cobro, la custodia o la administración de dichos bienes. Nos referimos al peculado como el hurto de bienes pertenecientes al Estado y a la comunidad, el propio realizado por el funcionario público que los administra. En rigor es una forma de malversación y se preserva la fe y confianza depositadas en el funcionario en razón de su cargo. Son varios los bienes jurídicos comprometidos (la propiedad, la seguridad de la preservación de los bienes públicos, el normal funcionamiento patrimonial de la Administración) aunque usualmente se consigna el correcto funcionamiento de la administración pública. Que, el sujeto activo es propio; un servidor público que tenga en custodia o se hallare encargado de administrar o cobrar dineros, valores o bienes del Estado. Que, el sujeto pasivo es el Estado, como titular del bien jurídico Administración Pública y el. El hecho se consuma el momento en que el infractor se apropia de los bienes, valores que tiene en su poder o custodia. El delito consumado no desaparece por la posterior restitución, aunque se haga de manera voluntaria. Se requiere en consecuencia el elemento subjetivo de sustraer del patrimonio del Estado los bienes o valores. La acción es apropiarse que significa, ejercer derecho de propiedad, disponer como cosa propia de dinero, valores que pueden ser documentos equivalentes a una suma de dinero o bienes como oro, joyas, todo lo que es susceptible de comerció que el Funcionario ha recibido, para: a) administrar, es decir ponerlos exclusivamente al servicio del Estado; b)cobrar, dinero que por sus funciones el sujeto a percibido de sumas adeudadas o debidas a la administración pública; c) custodia, la obligación del funcionario para cuidar y mantener los bienes públicos. El delito es instantáneo, se consuma en el momento de apropiarse y se selecciona con este acto, aunque no cause perjuicio. La consumación se realiza desde el momento en que el funcionario público que administra caudales o efectos de propiedad del estado o de la comunidad por razón de su cargo o empleo, se apropia de ellos. El verbo rector del tipo penal de PECULADO es ”APROPIARE” que es un comportamiento activo doloso desarrollado por el propio funcionario o servidor público, que aprovechándose de su cargo se apropia de dinero, valores o bienes de cuya administración se hallare encargado (). El Art.144 del Código Penal, bajo el monenjuris de ”Malversación“ señala expresamente en su tenor: ”La servidora o el servidor público que diere a los caudales que administra, percibe o custodia una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados, será sancionada con privación de Libertad de tres (3) a ocho (8) años y multa de cien (100) a doscientos cincuenta (250) días“. El comportamiento típico en el delito de malversación es la aplicación de modo distinto de las asignaciones de dinero y bienes, cambiando así el destino o empleo fijado oficialmente, pueden ser numerosos y variados dentro del mismo rubro presupuestario o asignado arbitrariamente a otro (Funcionario que empleo el dinero destinado a ser depositado al día siguiente de s ingreso, lo destina para el agasajo por día de la Madre, Maestro, etc.) pueden presentarse situaciones de permanencia o de delito continuado. En la doctrina se sintetiza en cuatro conductas especificas la figura de malversación a) Dar aplicación oficial diferente conductas especificas la figura de malversación; b) invertir en forma no prevista; c)utilizar los fondos en formas no previstas; d) Comprometer sumas superiores a las fijadas. El delito se consuma haya o no perjuicio, pero si resultare daño o entorpecimiento se agrava la sanción. Es delito formal, pero se agrava cuando existe daño o entorpecimiento del servicio. No desaparece la agravante por el hecho de que el desvió haya producido beneficios en otras esferas de servicios administrativos. Lo que se sanciona es la inobservancia de la ley en orden al uso de los bienes y no la lesión patrimonial a la administración que es protegido por otros tipos penales. El artículo 154 del Código Penal que se encuentra bajo el momenjuris de ”INCUMPLIMIENTO DE DEBERES” señala expresamente en su tenor:”La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de Libertad de uno (1) a cuatro (4) años. La pena se agravará un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado. Este articulo tutela pura y simplemente, el desenvolvimiento normal y diligente de la administración, castigando la negligencia, el retardo en el cumplimiento de los actos de una autoridad. La fuente del deber de actuar, de realizar el acto proviene de la ley e incluso de Disposiciones reglamentarias. Omite el acto del oficio el funcionario que no lo lleva a cabo; rehúsa hacerlo quien; ante un pedido u orden legítimos, se niega a realizarlo; lo retarda el que no lo realiza en la oportunidad determinada por la ley. En el de retardar el acto se da un puro omitir, ya que, como hemos visto, ello importa que el acto se realice, pero no en la oportunidad en que debió realizarse. (Carlos Creus). Se requiere que la omisión, demora o rehusamiento de realizar el acto, sea ilegal. Se tiene que el autor debe omitir, rehusar o retardar, es un acto del oficio, o sea, un acto propio de sus funciones. Pero, a diferencia de lo que ocurre en otros delitos contra la Administración, la ley no contempla aquí los actos de autoridad, sino que comprende cualquier clase de tarea administrativa que integre el contenido de la función o de la prestación de servicios del agente, No hay tentativa. Puesto que es un delito doloso. Artículo 224 del Código Penal-(Conducta Antieconómica).” El funcionario público el que hallándose en el ejercicio de carpos directivos y otros de responsabilidad, en instituciones o expresas estatales, causare por mala administración o dirección técnica, o por cualquiera otra causa, daños al patrimonio de ellas o a los intereses del Estado, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a seis (6)años. Bien jurídico protegido la economía del Estado. Sujeto activo es el funcionario público. Se consuma el delito en el momento en que existe daño por el ejercicio de la función pública. Para que pueda ser tipificado como delito contra la economía nacional, deberá tenerse presente la actuación desleal, infidente y dolosa, en perjuicio de la economía nacional. La segunda parte del artículo prevé culpa, es decir el daño causado en el ejercicio de la Función pública por negligencia, falta del deber de precisión; se sanciona atenuada mente. En el presente caso el sujeto activo es, cuya calidad de ”intraeus” la tenía JOSE ALEJANDRO VEGA al momento de la conducta, al desempeñar funciones como Administrador y Responsable de Farmacia del Centro de Salud Santiago de Moro Moro y Centro de Salud La Laja. Que sufre el detrimento el bien jurídico protegido en la función Pública. De esta manera se tiene que el acusado JOSE ALEJANDRO VEGA, al desempeñarse como Administrador y Responsable de Farmacia del Centro de Salud Santiago de Moro Moro y Centro de Salud La Laja, tenía la obligación de administrar los recursos humanos y los recursos económicos y financieros de dichas instituciones, así se tiene establecida en la Cláusula Tercera, del Contrato Municipal Nº014/2008, de Prestación de Servicios, suscrito por el ahora acusado José Alejandro Vega y la Sra. Tania Gutiérrez Montaño, H. Alcaldesa del Municipio de Moro Moro. Que por los elementos cursantes en el cuaderno de investigación se llega a establecer que el imputado José Alejandro Vega, en su condición de Administrador y Responsable de Farmacia del Centro de Salud Santiago de Moro Moro y Centro de Salud ” La Laja”, percibía bienes económicos de dichos centro de Salud, los mismos que sin consentimiento alguno fue dándole uso distintos a los cuales estaban destinados, hecho que acredita con la propia declaración del imputado. Quien manifiesta que se gastó el dinero proveniente de dichos centro de Salud. Que, de todo lo manifestado se colige que los hechos existieron, constituyen delitos de MALVERSACION, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, PECULADO Y CONDUCTA ANTIECONOMICA previstos y sancionados en los artículos 142, 144, 154 y 224 del Código Penal, y que el acusado JOSE ALEJANDRO VEGA, es autor de ellos. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL TIPO PENAL El artículo 154 del Código Penal que se encuentra bajo el momenjuris de ”INCUMPLIMIENTO DE DEBERES” señala expresamente en su tenor:”La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de Libertad de uno (1) a cuatro (4) años. La pena se agravará un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado Artículo 224 del Código Penal-(Conducta Antieconómica).” El funcionario público el que hallándose en el ejercicio de carpos directivos y otros de responsabilidad, en instituciones o expresas estatales, causare por mala administración o dirección técnica, o por cualquiera otra causa, daños al patrimonio de ellas o a los intereses del Estado, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a seis (6)años. Artículo 224 del Código Penal-(Conducta Antieconómica).” El funcionario público el que hallándose en el ejercicio de carpos directivos y otros de responsabilidad, en instituciones o empresas estatales, causare por mala administración o dirección técnica, o por cualquiera otra causa, daños al patrimonio de ellas o a los intereses del Estado, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a seis (6)años El artículo 154 del Código Penal que se encuentra bajo el momenjuris de ”INCUMPLIMIENTO DE DEBERES” señala expresamente en su tenor:”La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de Libertad de uno (1) a cuatro (4) años. La pena se agravará un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado. El Art.144 del Código Penal, bajo el monenjuris de ”Malversación“ señala expresamente en su tenor: ”La servidora o el servidor público que diere a los caudales que administra, percibe o custodia una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados, será sancionada con privación de Libertad de tres (3) a ocho (8) años y multa de cien (100) a doscientos cincuenta (250) días CONSIDERANDO : Cumplidas las formalidades procésales previstas por los Art. 53 , 340 y 341 del Código de Procedimiento Penal, ante la existencia de una acusación penal formal, este juzgado Radicó la causa penal, mediante providencia de fecha 19 /02/ 2021procediéndose más propiamente en fecha 20 de abril 2021a disponer la apertura de juicio en contra del acusado por el cargo y acusación penal de incumplimiento de deberes, peculado Malversacion ,incumplimiento de contrato y conducta antieconómica prveisto y sancionados en los arts. 224, 154,144, 142 del Código Penal, y se señalo audiencia de juicio oral público y contradictorio para el día 20 de mayo 2021 a horas 8.30,de la mañana, audiencias que se suspendió por diferentes motivos como renuncia de abogado de oficio luego Inasistencia justificada del Ministerio Publico , iniciado y concluido el día 09 de septiembre 2021 SE PRESENTO INCIDENTES y EXCEPCIONES DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO: En esta fase del proceso, el abogado de oficio dedujo incidente de excepción conforme lo establece el art,345 de la ley 1970. POR DURACION MAXIMA DEL PROCESO: conforme los arts. 133 y 308.4 del CPP con relación al art. 27.10 del mismo cuerpo legal. y las SS.CC. Nos. 1387/2005 y 033/2006 R. SSCC 101 /2004 de fecha 14 de sep.2004. Imbert García Justiniano ,abogado de oficio de esta ciudad de Vallegrande en representación del acusado rebelde que fui designado conforme a lo establecido en el art.89.5)del CPP dentro de la causa 05/2021 que sigue el ministerio publico la DRA ROSE MARIA BARRIENTOS RUIZ,FISCAL DE MATERIA DE UNIDAD ESPECIALIZADA EN PERSECUCION DE DELITOS DE ANTICORRUPCION DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA-BOLIVIA dentro del proceso penal contra el acusado REBELDE JOSE ALEJANDRO VEGA Por los supuestos delitos de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES,PECULADO, MALVERSACION, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONDUCTA ANTIECONOMICA. Hechos ocurrido supuestamente el 12 de mayo 2008. Para fines de extinción del presente proceso conforme a la norma establecida y las diferentes SS.CC paso hacer la respectiva AUDITORIA JURIDICA que es lo que corresponde establecer que la demora ´procesal en el presente proceso no fue ni puede ser atribuido al acusado rebelde JOSE ALEJANDRO VEGA Conforme a las SSCC 101 /2004 de fecha 14 de sep.2004 , SS.CC1387/2005 y SS.cc.033/2006 R para demostrar la procedencia de la extinción en ésta se debe hacer una auditoría jurídica a fin de determinar quien tiene la responsabilidad en la dilación del proceso. QUE NO DEBE SER ATRIBUIDA AL IMPUTADO para que proceda la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. Al respecto conforme cursa el cuadernillo de pruebas por la Sra. Fiscal PRUBAL DOCUMENTAL N°1 Denuncia ante el fiscal Jorge Rosado Quiroga de fecha 09 de febrero 2009 por la Sra Elvira Nery Duran Vargas que indica que en fecha 12 de mayo 2008 en su calidad de administrador y responsable de farmacia del centro de salud de Santiago de Moromoro se le entrego distintos cheques para realizar diferentes compras para dicho centro y que hasta la fecha no ha rendido cuentas indicando que estos hechos constituyen delitos de PECULADO,MALVERSACION, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES,CONDUCTA ANTIECONOMICA, INCUMPLIMENTO DE CONTRATOS. QUE MEDIANTE LA PRUEBA DOCUMENTAL N°6 ofrecida por el MINISTERIO PUBLICO se tiene la IMPUTACION FORMAL DE FECHA 27 DE FEBRERO 2009 ante el Señor Juez Alcides Sánchez Peña JUEZ INSTRUCCIÓN N°2 DE VALLEGRANDE SANTACRUZ –BOLIVIA. QUE MEDIANTE LA PRUEBAL DOCUMENTAL N°7.la fiscalía ofrece el acta de audiencia de fundamentación oral de medidas cautelares donde el señor juez ordena su detención preventiva del imputado JOSE ALEJANDRO VEGA el mismo día 27 de febrero 2009 años , con relación al cuaderno procesal cursante a fs. 20 a 22 se encuentra la imputación formal, a fs. 30 a 33 fundamentación oral de medidas cautelares donde el señor juez ordena su detención preventiva del imputado Conforme consta fs.34 el Mandamiento de detención preventiva de JOSE ALEJANDRO VEGA el mismo día 27 de febrero 2009 años Que con la imputación formal se da inicio al proceso penal para cuestión de computo de la duración máxima del proceso por duración máxima de tres años. QUE fs.49 del cuaderno procesal cursa acta de suspensión de audiencia de cesación a la detención preventiva de fecha 07 marzo 2009 por inasistencia de las partes y no así del acusado quien la solicitó Que a fs,42 de actuado en el cuaderno procesal consta el acta de cesación a la detención preventiva de fecha 13 de marzo 2009. Que fs.66 del cuaderno procesal consta el mandamiento de libertad de JOSE ALEJANDO VEGA de fecha 19 de marzo 2009 años Que fs.75 del cuaderno procesal el imputado solicita EXTIENCION DE ACCION PENAL ante el señor juez de instrucción indicando que la denunciante Tania Gutiérrez Montaño en representación del Centro de Salud Moromoro que mediante memorial de fecha 04 de mayo del mes corriente 2009 años ha DESISTIDO DE LA ACCION PENAL INCOADA en su contra, dándose por satisfecha, y al tratarse de delitos de contenido patrimonial y habiendo sido íntegramente reparado el daño particular y social causado solicita la extinción del proceso conforme lo establece el CPP en su art. 27 numeral 6 por reparación integral del daño particular o social, causado, realizada hasta la audiencia conclusiva, en delitos culposos que no tengan por resultado la muerte, siempre que admita la víctima, en el presente caso la victima presenta desistimiento por haberle satisfecho el daño ocasionado. Mismo que fue notificado el Ministerio Publico pero sin contestación. Que fs.77 del cuaderno procesal consta en actuados DESISTIMIENTO de la Sra. TANIA GUTIERREZ MONTAÑO Denunciante en calidad de afectada como Alcaldesa Municipal de MOROMORO, manifestando que desiste de la querella presentada con Alejandro Vega. Toda vez que ha logrado recuperar en su totalidad lo que se habría apropiado , adjuntado el depósito hecho por el imputado en el Banco Unión en la suma de bolivianos 21.400.- de fecha 04 de mayo 2009. QUE,fs.83 del cuaderno procesal, el imputado nuevamente insiste en que se dicte resolución de extinción ante el señor juez de Instrucción. Que según nuestra normativa nacional el art. 134 del CPP con relación a la SSCC1036/2008-R .- Extinción de la Etapa Preparatoria.,( La etapa preparatoria deberá finalizar en el plazo máximo de 6 meses) en relación al art. 115 de nuestra CPE .El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa, y A UNA JUSTICIA PRONTA ,OPORTUNA , TRANSPARENTE Y SIN DILACIONES. Sin embargo esta Etapa preparatoria que debería finalizar a los seis meses desde el 27 de febrero 2009 como consta de la imputación formal debería finalizar con un requerimiento conclusivo de extinción de la acción por haber reparado de forma integral el daño de forma particular y social, o por ultimo cualquier salida alternativa al juicio hasta el 27 de agosto 2009 años. Pero fuera de todo limite procedimental como constitucional en franca vulneraciones a la defensa y a los derechos humanos como a tener un juicio justo en plazo razonable ( de una forma Suy Yenery se dilató esta etapa preparatoria por casi 12 años hasta el 02 de febrero 2021 años donde la fiscal recién presente su acusación formal a fs.99 a 107 del cuaderno procesal, estando precluido la etapa preparatoria, la juez de garantías constitucionales Dra. Miriam Vargas Camacho del Juzgado Publico mixto de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Comarapa. Santa Cruz-Bolivia fuera de toda norma procedimental e inconstitucional en fecha 18 de enero 2021 a fs. 98 de obrado ,da por radicado el expediente evidenciándose que la imputación es de fecha 27/02/2009 y conforme a lo dispuesto en el art.301 del ,CPP y la SSCC N°1036/2008-R el plazo de los 6 meses de la etapa preparatoria, a la fecha se encuentra súper abundante vencido el termino. Hecha la auditoria jurídica se estable que esta demora procesal o la retardación de justicia en prolongar de forma negligente , irresponsable e inconstitucional la etapa Preparatoria por 11 años 11 meses y 2 días es del señor Juez Alcides Sánchez Peña juez de instrucción N°2 de la provincia de Vallegrande quien no vulneró derechos y garantías constitucionales conforme lo estable el art. 135 (RETARDACION DE JUSTICIA ) que establece el incumplimiento de los plazos de los plazos establecidos en este código dará lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente y 134 del CPP ultima parte que establece “ vencido el plazo de la Etapa preparatoria si el fiscal no acusa ni presenta otra solicitud conclusiva, EL JUEZ CONMINARÁ AL FISCAL DE DISTRITO para que lo haga dentro del plazo de los 5 días. TRANCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE SE PRESENTE SOLICITUD POR PARTE DE LA FISCALIA, EL JUEZ DECLARARÁ EXTINGUIDA LA ACCION PENAL, Salvo que el proceso pueda continuar sobre la base de la actuación del querellante ,sin perjuicio de la responsabilidad personal del Fiscal de Distrito ,también es atribuible al Ministerio Publico quien tiene el monopolio de la acusación quien durante 11 años 11 mes y dos días no presento ningún requerimiento conclusivo en el presente proceso, por lo que la persecución penal no puede eterna para eso tiene plazos conforme a las disposiciones nacionales y los pactos y tratados internacionales . Como se puede establecer de los actuados que cursa en el cuaderno procesal la demora procesal atribuible al juez de instrucción 2 de la provincia de Vallegrande (órgano judicial) es de 11 años y 11 meses y 2 días Por incumplir con los arts.134 y 135 del CPP ,también dicha demora procesal es atribuible al el Ministerio Publico por no presentar un requerimiento conclusivo conforme lo establece el art. 134 y 135 teniendo el monopolio de la acusación y teniendo por finalidad promover la acción de la justicia, defender la legalidad, los intereses del estado y la sociedad, representándolos conforme lo establecido en la Constitución Política del Estado y las leyes de la república Que instalado el juicio en rebeldía contra el acusado JOSE ALEJANDRO VEGA La señora fiscal en dos audiencias no estuvo presente por diferentes motivos de fecha 19 de julio 2021 hasta la presente audiencia señalada 9 de agosto 2021 (una demora procesal de 15 días hábiles atribuibles al Ministerio Publico) luego la audiencia de juicio se señaló para el 9 de agosto2021también se suspendió por ausencia del Ministerio Publico para el día lunes 30 de agosto 2021 demora procesal atribuida al Ministerio Publico de 14 días hábiles., demora procesal de 29 días más atribuibles al Ministerio Publico, que sumados estos 29 días a los 11 años 11 meses y 6 días, hacen un TOTAL 12 AÑOS Y 4 DIAS . Que según sentencia constitucionales la extinción de la acción penal por el transcurso de los 3 años de duración máxima de un proceso, no opera de izo pacto , si no que se tiene que demostrar que la demora procesal NO ES ATRIBUIBLE AL IMPUTADO y que también a esta demora procesal se debe descontar los días feriados, los días sábado y domingos como también las vacaciones judiciales de cada año, que en presente caso se tiene que restar las vacaciones judiciales que son de 25 días en tres años son 75 días, los días sábados y domingo son 120 días al año, durante 3 años son 360 días para descontar, y los días feriados son 12 días al año en 3 años son 36 dias:1.-año nuevo 1 día ,22 de enero día del Estado Plurinacional 1dia,carnaval 2 días, semana santa, 1 día y corpus Cristi 1 día , primero de mayo, 1 día ,21 de junio año aimara 1 día, 6 de agosto día de la Patria 1 día, 24 de septiembre 1 día , 2 de noviembre día de los difuntos, 1 día, 25 de diciembre navidad 1 día. Vacaciones judiciales de 25 días de 3 años = 75 días para descontar a la demora procesal Días sábados y domingos no hábiles en un año son 120 días. En 3 años son= 360 días a descontar Feriados al año son 12 día en 3 años son 36 día para descontar haciendo un total de 491 días para descontar, que estos días traducido a años y meses y días hacen , es igual a 1 año 6 mese y 11 días para descontar a los 12 años y 4 días de demora procesal no atribuible al imputado ,si no al órgano judicial en la etapa de la instrucción juez instructor Alcides Sánchez Peña y al Ministerio Publico. Que descontando 1 año 6 meses 11 días a los 12 años y 4 días a la demora procesal es igual a 10 AÑOS 6 MESES Y 7 DIAS EN LA DEMORA PROCESAL. Por lo que en merito expuesto y evidenciado mediante la auditoria jurídica que la DEMORA PROCESAL NO ES ATRIBUIBLE AL IMPUTADO es que solicito se declare fundado y procedente el incidente de la excepción de extinción del proceso por duración máxima de tres años de conformidad a lo establecido en art.308.4. Extinción de la acción penal según lo establecido en el art.27 motivos de la extinción en su numeral 10 por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso (3 años) FISCAL.- Gracias señora juez, escuchado atentamente la lectura del incidente planteado de extinción penal el cual me corresponde responder de la siguiente manera, es innegable el transcurso del tiempo eso no lo puedo negar este caso se ha iniciado en el año 2.009 en enero del año 2009, pero también es indubitable de que existen ciertas condiciones para que proceda una extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, considera el ministerio público mi criterio jurídico muy respetuoso a vuestra autoridad y al señor abogado es que desde el momento en qué se lo declaro rebelde y contumaz a la ley al señor acusado José Alejandro Vega limita ciertos derechos que la misma norma le otorga a las personas que se encuentran en calidad de imputado o acusado, señala la defensa en que existe una reparación del daño, que existe en el transcurso de la investigación en la etapa preliminar que existe un desistimiento y que más bien le procedería ciertos beneficios, el Art. 366 y 368 en donde se estipula la suspensión condicional de la pena y el perdón judicial limita de manera indubitable y irrefutable que los delitos de corrupción no procede ninguna salida alternativa que no sea el procedimiento abreviado, esto va de la mano de lo que establece la ley 004 cuándo señala que los mismos delitos de corrupción incluso los delitos vinculados a la corrupción no procede ninguna salida alternativa, esto que nos hace ver, que por mucho que el señor acusado hubiera resarcido el daño civil, que por mucho que exista un desistimiento y que ya quién sabe no le importe al municipio de Moro Moro el destino de este proceso, es obligación del ministerio público conforme al artículo 15 y siguientes de nuestra norma procesal penal seguir de oficio este tipo de delitos, es más el proceder a una extinción de la acción penal de un acusado que se encuentra rebelde estaríamos renunciando a esa obligación o quién sabe incumpliendo esa obligación que el Estado nos otorga como operadores de justicia el seguir y cumplir con el poder punitivo del Estado y dejar sin cumplir con las formalidades legales establecidas incumpliendo nuestro propio deber, está petición de la defensa estaría muy bien fundamentada y estaría legalmente hasta quién sabe procedente si el señor acusado estuviera aquí presente, pero no puede él desde la clandestinidad venir y pedir una extinción de la acción penal cuando él debe de cumplir con lo que manda la normativa, nuestro Estado Plurinacional de Bolivia está regido principalmente por la Constitución Política del Estado y las demás normas que regulan nuestra convivencia desde el momento en que el señor acusado optó por adecuar su conducta estos tipos penales qué fueron investigados y acusados es su deber no dejar en la impunidad estos hechos, sí bien es cierto de que ha hecho una relación relativa a todos los actuados existentes en el cuaderno procesal y en el cuaderno de investigación, no es menos cierto que está auditoría realizada no se encuentra completa porque en los últimos años han habido situaciones políticas que han forzado a todos los bolivianos a paralizar desde la misma pandemia hasta los 21 días que paramos no se encuentran registrados y cumplidos en esta auditoría; las Sentencias Constitucionales 101/2004-R, 430/2010-R, 636-2010 establecen de manera clara lo que acabo de manifestar de que no opera ipsofacto la extinción de la acción penal por mucho que exista el desistimiento la reparación del daño y la demora procesal no está claramente establecida, es por eso que el Ministerio Público solicita de manera respetuosa tenga bien rechazar el incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso CONSIDERANDO: Qué, habiéndose planteado las excepciones dentro del juicio oral y conforme al Art. 345 y Sgtes de la Ley 1970 con las modificaciones de la ley 1173, corresponde tratarlos las mismas en un solo acto, por lo que en base a los argumentos antes expuestos por las partes; la suscrita juez de sentencia 3 de Vallegrande pasa a considerar y resolver las mismas: III.- Que, en cuanto a la excepción de EXTINCION DE LA ACCION POR EL TRANSCURSO DEL TIEMPO la suscrita juez ha, tomando en cuenta los fundamentos expuestos por las partes, principalmente de la excepción planteada por la defensa del acusado, considerando los preceptos jurídicos citados por ella, considera que la excepción o incidente planteado de EXTINCIÓN DE LA ACCION, por DURACION MAXIMA DE,L PROCESO conforme a los Arts.. 308 inc. 4 del C. Pdto. Penal. Que dice extinción de la acción penal según lo establecido 27 ( motivos de extinción) Inc. 10 .-(por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso), 130 (computo de plazos)y 133 del C. Pdto. Penal.(duración máxima del proceso En ésos términos, se pasa a considerar: El Art. 308 inc. 4 del C. Pdto. Penal, indica que la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso conforme al Art. 27 del C. Pdto. Penal, es una excepción. El Art. 314 del c. Pdto. Penal, establece que las excepciones o planteamientos de las partes que, por su naturaleza o importancia, deban ser debatidas, se tramitarán pór la vía incidental y se deben ofrecer conjuntamente su pretensión, las pruebas y acompañando la documentación correspondiente o mencionando a que fs se encuentra en el cuaderno procesal. En el presente caso, al haberse planteado la excepción en el momento procesal de los incidentes, conforme a procedimiento en forma oral en pleno desarrollo del juicio oral el abogado de oficio en representación del acusado, ha ofrecido prueba que respalde su pedido de extinción de la acción por duración máxima del proceso,. Al respecto las diversas Sentencias Constitucionales han establecido que quien solicite la extinción de la acción penal debe fundamentar y probar que la mora procesal, más allá del plazo máximo establecido por ley es de responsabilidad del órgano Judicial o del Ministerio Publico. Debe precisar de manera puntual en que parte del expediente se encuentran los actuados procesales que provocaron la demora o dilación invocada. Ese es un requisito de forma que debe ser cumplido ineludiblemente. En el presente caso, se ha ofrecido prueba que respaldan la excepción planteada.- se ha individualizado las fojas y fechas de la respectiva demora procesal atribuible espaciadamente a quienes corresponde no siendo atribuible al mencionado acusado que determina la dilación del proceso y a quién es atribuible; y se ha señalado exactamente en qué parte del expediente cursan los actuados con los que se prueba la mora procesal. Así la SC. 101/2004 del 14/09/04 y el A.C. 0079/2004 ECA del 29/09/04 y SSCC 033/2006R del 11/01/06, establecieron que la carga procesal consiste en señalar expresamente las fojas en las que cursan los actuados procesales y está a cargo de quién solicita la extinción de la acción. Por consiguiente, al haber obrado de ése modo, se ha demostrado adecuadamente y precisamente a quien es atribuible , la mora procesal, lo que hace que la suscrita juez a valorado dicha pruebas ofrecidas en actuados. Esta exigencia resulta necesaria tomando en cuenta que quien exige el restablecimiento de sus derechos, debe probar fehacientemente que los mismos fueron vulnerados, señalando el modo y aportando la prueba que demuestre ese extremo. Que en base a la Jurisprudencia constitucional la suscrita juez de sentencia 3 ero en lo penal tiene la obligación de realizar una auditoría jurídica para verificar si la dilación se debe al Ministerio Publico o al órgano jurisdiccional que No observaron los plazos y leyes que norman para su tramitación Al respecto conforme cursa el cuadernillo de pruebas por la Sra. Fiscal la PD N°1 Denuncia ante el fiscal Jorge Rosado Quiroga de fecha 09 de febrero 2009 por la Sra Elvira Nery Duran Vargas que indica que en fecha 12 de mayo 2008 en su calidad de administrador y responsable de farmacia del centro de salud de Santiago de Moromoro se le entrego distintos cheques para realizar diferentes compras para dicho centro y que hasta la fecha no ha rendido cuentas indicando que estos hechos constituyen delitos de PECUALDO,MALVERSACION, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES,CONDUCTA ANTIECONOMICA, INCUMPLIMENTO DE CONTRATOS. QUE, mediante la PD N°6 ofrecida por el Ministerio Publico se tiene la IMPUTACION FORMAL DE FECHA 27 DE FEBRERO 2009 ante el Señor Juez Alcides Sánchez Peña JUEZ INSTRUCCIÓN N°2 DE VALLEGRANDE SANTACRUZ –BOLIVIA. QUE, re visados los actuados del cuaderno procesal de manera somera, no queda duda que el proceso se inicio con la denuncia en fecha 2 de febrero del año 2009 e imputación formal de fecha 27 de febrero 2009 y que hasta la fecha no ha concluido dicho proceso habiendo transcurrido 10 año 6 mese y 7 días. Que la suscrita juez de sentencia también tiene la obligación de interpretar lo establecido por la jurisprudencia constitucional que son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio. Así la SS.CC 551/2010 R del 12 de julio Establece.” Que todo proceso tendrá una duración máxima de tres años contados desde el primer acto procesal.(ya sea con la denuncia o querella sobre la comisión de un delito.) La extinción de la acción penal no puede determinarse únicamente por el transcurso del tiempo, sino debe ponderarse en forma concurrente a quien es atribuible la demora procesal y no así al acusado, si fuese el transcurso del tiempo el único parámetro que viabilice la extinción de acción penal, se atentaría contra el derecho de la tutela judicial efectiva, es decir, de acceso a la justicia de la víctima y al principio de igualdad de oportunidades de ambas partes, ,razones por las cuales en franca observancia al equilibrio que en justicia debe existir entre los derechos del imputado y de la víctima , se impulsa vía jurisprudencia, realizar un análisis integral de los elementos que provocaron la RETARDACION DE JUSTICIA aspectos que deben ser analizados dentro de cada caso en particular conforme las actuaciones dadas en el mismo. Que en conforme a la auditoria jurídica realizada, teniendo en cuenta que hasta la presente fecha en la duración del presente proceso penal transcurre 10 años 6 meses y 7 dias Sin embargo la suscrita juez tiene la obligación de contratar al análisis jurídico en base a la jurisprudencia glosada, en ese entendidos Se ha verificado la siguiente Moral procesal atribuibles Hecha la auditoria jurídica se estable que esta demora procesal o la retardación de justicia en prolongar de forma negligente , irresponsable e inconstitucional la etapa Preparatoria por 11 años 11 meses y 2 días es del señor Juez Alcides Sánchez Peña juez de instrucción N°2 de la provincia de Vallegrande quien no vulneró derechos y garantías constitucionales conforme lo estable el art. 135 (RETARDACION DE JUSTICIA ) que establece el incumplimiento de los plazos de los plazos establecidos en este código dará lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente y 134 del CPP ultima parte que establece “ vencido el plazo de la Etapa preparatoria si el fiscal no acusa ni presenta otra solicitud conclusiva, EL JUEZ CONMINARÁ AL FISCAL DE DISTRITO para que lo haga dentro del plazo de los 5 días. TRANCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE SE PRESENTE SOLICITUD POR PARTE DE LA FISCALIA, EL JUEZ DECLARARÁ EXTINGUIDA LA ACCION PENAL, Salvo que el proceso pueda continuar sobre la base de la actuación del querellante ,sin perjuicio de la responsabilidad personal del Fiscal de Distrito ,también es atribuible al Ministerio Publico quien tiene el monopolio de la acusación quien durante 11 años 11 mes y dos días no presento ningún requerimiento conclusivo en el presente proceso, por lo que la persecución penal no puede eterna para eso tiene plazos conforme a las disposiciones nacionales y los pactos y tratados internacionales . Como se puede establecer de los actuados que cursa en el cuaderno procesal la demora procesal atribuible al juez de instrucción 2 de la provincia de Vallegrande es de 11 años y 11 meses y 2 días Por incumplir con los arts.134 y 135 del CPP también dicha demora procesal es atribuible al el ministerio Publico por no presentar un requerimiento conclusivo conforme lo establece el art. 134 y 135 teniendo el monopolio de la acusación y teniendo por finalidad promover la acción de la justicia, defender la legalidad, los intereses del estado y la sociedad, representándolos conforme lo establecido en la Constitución Política del Estado y las leyes de la república Que instalado el juicio en rebeldía contra el acusado JOSE ALEJANDRO VEGA La señora fiscal en dos audiencias no estuvo presente por diferentes motivos de fecha 19 de julio 2021 hasta la presente audiencia señalada 9 de agosto 2021 (una demora procesal de 15 días hábiles atribuibles al Ministerio Publico) luego la audiencia de juicio se señaló para el 9 de agosto2021 también se suspendió por ausencia del Ministerio Publico para el día lunes 30 de agosto 2021 demora procesal atribuida al Ministerio Publico de 14 días hábiles., demora procesal de 29 días más atribuibles al Ministerio Publico, que sumados estos 29 días a los 11 años 11 meses y 6 días, hacen un TOTAL 12 AÑOS Y 4 DIAS . Que según sentencia constitucionales la extinción de la acción penal por el transcurso de los 3 años de duración máxima de un proceso, no opera de izo pacto , si no que se tiene que demostrar que la demora procesal NO ES ATRIBUIBLE AL IMPUTADO y que también a esta demora procesal se debe descontar los días feriados, los días sábado y domingos como también las vacaciones judiciales de cada año, que en presente caso se tiene que restar las vacaciones judiciales que son de 25 días en tres años son 75 días, los días sábados y domingo son 120 días al año, durante 3 años son 360 días para descontar, y los días feriados son 12 días al año en 3 años son 36 dias:1.-año nuevo 1 día ,22 de enero día del Estado Plurinacional 1dia,carnaval 2 días, semana santa, 1 día y corpus Cristi 1 día , primero de mayo, 1 día ,21 de junio año aimara 1 día, 6 de agosto día de la Patria 1 día, 24 de septiembre 1 día , 2 de noviembre día de los difuntos, 1 día, 25 de diciembre navidad 1 día. Vacaciones judiciales de 25 días de 3 años = 75 días para descontar a la demora procesal Días sábados y domingos no hábiles en un año son 120 días. En 3 años son= 360 días a descontar Feriados al año son 12 día en 3 años son 36 día para descontar haciendo un total de 491 días para descontar, que estos días traducido a años y meses y días hacen , es igual a 1 año 6 mese y 11 días para descontar a los 12 años y 4 días de demora procesal no atribuible al imputado ,si no al órgano judicial en la etapa de la instrucción juez instructor Alcides Sánchez Peña y al Ministerio Publico. Que descontando 1 año 6 meses 11 días a los 12 años y 4 días a la demora procesal es igual a 10 AÑOS 6 MESES Y 7 DIAS EN LA DEMORA PROCESAL DEMORA PROCESAL NO ATRIBUIBLE AL IMPUTADO los días de vacaciones judiciales feriados y días inhales como los sábados. y domingos Que , conforme la auditoria jurídica realizada, teniendo en cuenta que hasta la presente fecha la duración del proceso penal transcurren DOCE AÑOS Y 4 DIAS DIAS.DESCONTANDO UN AÑO Y SEIS MESES Y SIETE POR LAS VACACIONES JUDICIALES DIAS SABADOS Y DOMINGOS Y FERIADOS,SE TIENE QUE EL PROCESO HASTA LA PRESENTE FECHA HA TRANSCURRIDO 10 AÑOS 6 MESES y 7 DIAS SIN TENER UNA SENTENCIA EN PRIMERA INSTACIA DEMORA PROCESAL NO ATRIBUIDA AL ACUSADO. Finalmente la SSCC 0255/2014 del 12 febrero 2014 expresa con respecto a la excepcecion extinción de la acción por duración máxima del proceso ,de acuerdo al sistema procesal penal boliviano en el art. 133 del CPP, establece un plazo de tres años ,mismo que ha sido reglado por la jurisprudencia constitucional a partir de situaciones ajenas al órgano judicial- denominadas como mora estructural- como ejemplo la falta de nombramientos de autoridades, las crisis institucionales, cambio de sistema normativo, ectc. No siendo en consecuencia suficiente establecer llanamente el transcurso de los tres años a efectos que opere la extinción de la acción por duración máxima del proceso, sino que debe demostrarse que no fue el PROCESADO QUIEN GENERO AQUELLA RETARDACION SI NO LAS AUTORIDADES JUDICIALES sin que concurra la mora judicial u otros impedimentos que paralicen el normal desarrollo del proceso es decir, que DEBE DEMOSTRARSE QUE LOS PERIODOS QUE GENERAN DILACION NO SON IMPUTABLES AL RECURRENTE, DEBIENDO TAMBIEN TOMARSE EN CUENTA LOS PLAZOS RELATIVOS A VACACIONES Y OTROS DIAS INHABILES Y FERIDOS A EFECTOS DE LA PONDERACION DE UNA DEMORA REAL E INJUSTIFCADA Qué, por mandato del Art. 314.1) del C. Pdto. Penal, las excepciones deben ser presentadas ofreciendo la prueba idónea y pertinente, las mismas que deben respaldar la excepción planteada y que se pretende hacer valer. Norma jurídica de orden público y de cumplimiento obligatoria que el excepcioncita ha observado al momento del plantear la excepción de EXTINCION DE LA ACCION POR DURACION MAXIMA DEL PROCESO; es decir, acompañó prueba idónea mencionando a que fs. exactamente se encuentran en el cuaderno procesal y del cuadernillo de pruebas ofrecidos por el Ministerio Publico A lo anteriormente anotado, debemos acotar que el Art. 133 a la letra dice “ DURACION MAXIMA DEL PROCESO). Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, Tomando en cuentas las diversas sentencias constitucionales arriba mencionadas que determinaron que la DEMORA PROCESAL NO FUE ATRIBUIBLE Al imputado QUE, la suscrita juez de Sentencia 3ero. En lo Penal de Vallegrande, con los fundamentos expuestos ut- supra DECLARA IM PROBADA LA EXCEPCION EXTINCION DE LA ACCION POR DURACION MAXIMA DEL PROCESO planteado por la defensa del l acusado JOSE ALEJANDRO VEGA . .por los supuesto delitos de Peculado ,Malversación, incumplimiento de deberes, incumplimiento de contrato y conducta antieconómica. Por no cumplir con el requisito principal que preveé el art.133 del C.P que el acusado no hubiera sido DECLARADO REBELDE, como en el presente proceso. Ordenando en consecuencia PROCEGUIR CON EL JUICIO ORAL HASTA SU CONCLUISION. FUNDAMENTO DE LA ACUSACION, es importante especificar de manera clara de que nosotros los bolivianos los estantes y habitantes nacionales y extranjeros nos encontramos regidos por normas que son de carácter general y de cumplimiento obligatorio, el quebrantamiento de una de esas normas hace que se active el poder punitivo del Estado Boliviano, en ese sentido el Ministerio Público luego de realizar una investigación prolija en cuanto a la conducta optada por él acusado José Alejandro Vega, ha concluido en que con los elementos acumulados en el cuaderno de investigación la conducta que optó este señor se ha adecuado plenamente a los delitos de corrupción establecidos en el Incumplimiento de Deberes, Peculado, Malversación, Incumplimiento de Contratos y Conducta Antieconómica, unos de los motivos fundamentales del espíritu de la promulgación de la Ley 004 fue precisamente ponerle un punto final a los actos de corrupción de los funcionarios y servidores públicos y ex funcionarios y ex servidores públicos; durante la celebración de este juicio oral el Ministerio Público presentará todos los elementos convincentes obtenidos de manera lícita a fin de demostrar la concurrencia de cada uno de los ilícitos en el hecho cometido por José Alejandro Vega.. ABOGADO DE OFICIO DEL ACUSADO.- El Ministerio público no podrá desvirtuar el principio constitucional que goza todo ciudadano acusado que es LA PRESUNCION DE INOCENCIA y nosotros , vamos a demostrar en el transcurso de este juicio que el señor José Alejandro Vega es inocente de los de los delitos que hoy se le acusan y en su momento se dicte sentencia absolutoria conforme lo establece el art. 365.2 del CPP B - Como PRUEBAS DOCUMENTALES DE CARGO, fue incorporada al juicio por su lectura, de conformidad a lo previsto por el Art. 333 del Código de Procedimiento Penal. PD1.- Denuncia presentada por Elvira Nery Duran Vargas de fecha 06 de febrero 2009 año en calidad de Directora del Centro de salud Santiago de Moro moro de la provincia de Vallegrande Dpto. de Santa Cruz indicando que en fecha 12 de mayo 2008 le entregó a JOSE ALEJANDRO VEGA distintos cheques para realizar diferentes compras para dicho Centro manifestando que a la fecha no ha rendido cuenta, como se evidencia en la Nota C.I.N°03/2009 de fecha 28 de enero 2009 cuya conducta se adecua a los delitos de Peculado, incumplimiento de deberes, incumpliendo de contrato, Malversación y conducta anti económica arts. 142,144, 154 y 224 del CP PD3.- Oficio C.IN°03/2009 de fecha 19 de enero 2009 es una Nota Interna que realiza la Sra. Alcaldesa Tania Gutiérrez Montaño al Dr. Joel Quintín Toledo asesor legal del Municipio de Moro Moro haciéndole conocer el correspondiente incumplimiento de contrato por parte del consultor José Alejandro Vega, contrato que fue excluido del proceso por no tener las respectivas firmas de las partes interviniente en dicho contrato, para que tenga fuerza de ley entre partes y a los fines de hacer prevalecer derecho vulnerados por lo que de conformidad a lo establecido en art.171 del CPP para la suscrita juez no tiene valor alguno no siendo conducente al conocimiento de verdad histórica de los hechos , ni de la responsabilidad , ni de la personalidad del acusado PD4.-InformeN°3 de fecha 19 de enero 2009 Si bien es un Informe que realiza el Oficial Mayor ADM Héctor Montoya Robles a la Sra. Tania Gutiérrez Montaño Alcaldesa del Municipio de Moro haciéndole conocer que en fecha 28/11/2008 29/11/2008 desembolsó dos cheques a nombre de José Alejandro Vega por un total de 23.800 bs.la cual no consta por ningún medio legal que el acusado hubiese recibido ese monto de dinero, o los mencionados cheques por que no se los ha presentado dichos cheques o fotocopias legalizadas por lo que la suscrita juez no le acredita valor alguno. C - Como prueba material y Pericial no recepcionó ningún elemento probatorio de esta calidad. Exclusión Probatorias conf el art.172 del CPP de la PD2.-Fotocopias del contrato de trabajo suscrito entre Tania Gutiérrez Montaño en su condición de Alcaldesa y José Alejandro Vega Por ser una simple fotocopias y no consta las firmas de las partes contractuales intervinientes. Por ser una simple fotocopias y no consta las PD5.- Informe en fotocopias simples N° 007/2009 realizado por el asesor legal por Joel Quintín Cabrera Toledo a la Alcadeza del Municipio de Moromoro de fecha 06 de abril 2009 . se la excluye del proceso por ser de carácter solo administrativo y no es una prueba pertinente conducente a la verdad histórica de los hechos , ni a la personalidad o responsabilidad del acusado confórmelo estable el art. 171 del CPP PRUEBAS RETIRADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO: PD6. Resolución de Imputación formal de José Alejandro Vega de fecha 27 de febrero 2009 PD7.- Acta de fundamentación de Medidas Cautelares del imputado de fecha 27 de febrero 2009 EL MINISTERIO PUBLICO. RENUNCIA A TODAS SUS PRUEBAS TESTIFICALES 1.-ELVIA NERY DURAN VARGAS 2.-TANIA GUTIERREZ MONTAÑO 3.-HECTOR MONTAÑO ROBLES 4.-GOBER TORRICO CUCHALLO 5.-WILBER VEIZAGA 6.- HECTOR MONTAÑO ROBLES 7.- DOLORES TAPIA SEVRICHE 8.-PAMIRA ESCOBAR 9.- RENE PAMTOJA 10.- JAVIER CAMPO CONSIDERANDO: Que, en atención a la relación fáctica que antecede, Por la Sra. Fiscal DRA.,ROSE MARIA BARRIENTOS RUIZ DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN PERSECUSION DE DELITOS DE ANTICORRUPCION del MINISTERIO PUBLICO SANTA CRUZ- y Sin constituirse en acusadora particular la denunciante Elvira Nery Duran Vargas ni Alcaldesa del Municipio de MoroMoro Tania Montaño, ni el actual Alcalde de Municipio de Moro Moro pese a estar legalmente notificados con la radicatoria del presente proceso, auto de apertura de juicio y con el señalamiento de juicio oral en calidad de victima( como persona jurídica del Gobierno autónomo de Moromoro) , Concluida la recepción de los elementos probatorios de cargo propuesta y producida por el Ministerio Público, la suscrita juez, ha podido constatar lo siguiente: Los hechos relatados son la base de la acusación Fiscal y Objeto del juicio. CONSIDERANDO: Que en atención a relación fáctica que antecede la Sra. FISCAL. en representación del Ministerio Publico, contra JOSE ALEJANDRO VEGA por la supuesta Comisiones de los delitos incumplimiento de deberes, peculado Malversación ,incumplimiento de contrato y conducta antieconómica previsto y sancionados en los arts. 224, 154,144, 142 del Código Penal. HECHOS NO PROBADOS Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA.- Que, en aplicación a lo preceptuado por el Art. 173 del nuevo Código de Procedimiento Penal, la suscrita juez de este juzgado ha valorado y desarrollado una actividad u operación intelectual de forma conjunta y armónica de exclusividad jurisdiccional, con el fin de determinar, si los datos fácticos obtenidos en la producción de la prueba desfilada en la audiencia del juicio oral, publico, continuado y contradictorio, poseía la entidad y cualidad suficiente y requerida para destruir la presunción de inocencia y permitir la certeza plena (objetiva) e incontrastable sobre la pretensión punitiva del acusado en el proceso, mediante el método de libre valoración racional y científica de acuerdo a las reglas de la sana crítica, la lógica y el sentido común, uniendo en este trabajo global e intelectivo aspectos y elementos como la ciencia, conciencia y experiencia, resultando como hechos NO PROBADOS El Ministerio Púbico: no ha probado con prueba ideo y legalmente obtenida ninguno de los delitos atribuidos al acusado el de incumplimiento de deberes, peculado Malversación ,incumplimiento de contrato y conducta antieconómica previsto y sancionados en los arts. 224, 154,144, 142 del Código Penal. UNICO HECHO PROBADO. Que este hecho se inicio con la denuncia de la Sra. Elvira Nery Duran Vargas en fecha 05 de febrero 2009.y que el Ministerio Publico no realizo un requerimiento conclusivo conforme a procedimiento, y a un debido proceso hasta recién el 02 de febrero 2021 después de 12 años del primer acto procesal, presento un requerimiento conclusivo de acusación formal, esto queda demostrado con la PD1.- y con la acusación formal de fecha 02 de febrero 2021 a fs. 107 del cuaderno procesal. Dicha prueba fueron producidas e incorporada al juicio oral cumpliendo con las formalidades legales previstas en los Arts. 330 y 333.3), del nuevo Código de Procedimiento Penal. Con ninguna prueba documental se ha demostrado que el acusado hubiera subsumido su conducta o actuar al tipo penal atribuido LAS Pruebas documentales de cargo incorporada al juicio oral, es insuficiente para acreditar la responsabilidad penal del imputado, no permitiendo fundar válidamente su condena; por lo que la relación fáctica de Sra. Fiscal carece de sustentación probatoria legal, ya que la base y fundamentos de las conclusiones de la acusación se sustentan en simples presunciones conjeturales que no constituyen prueba en el actual y vigente sistema acusatorio penal. FUNDAMENTACION DE DERECHO: Concluido el debate, y realizada la valoración conjunta y armónica de las prueba de cargo producida e incorporada al juicio oral, cumpliendo con todas las formalidades legales, la misma ha generado duda razonable en la suscrita juez sobre la culpabilidad del imputado en el hecho sometido a juzgamiento. La Sra. Fiscal, formalizo su acusación en contra del imputado, por la presunta comisión de los delito adecuando su conducta a lo previsto en el art. INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, PECULADO MALVERSACION, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONDUCTA ANTIECONOMICA durante el juicio oral publico y contradictorio no ha demostrado la existencia del delito más allá de toda duda razonable y más allá de la presencia de simples indicios. Si bien es cierto que por mandato expreso de los Arts. 5.3), de la Ley del Ministerio Público y 16, y 72 del nuevo Código de Procedimiento Penal, el Ministerio Público ejerce la titularidad y monopolio de la acusación en los delitos de acción pública perseguidles de oficio y continúa en los de acción pública a instancia de parte como en el caso de autos, una vez promovida la instancia; pero también es cierto que por imperio de las mismas leyes el acusador fiscal debió actuar con “objetividad” y “probidad”, así le imponen los Arts. 5.3 y 7 de la Ley del Ministerio Público y 72 del. CPP En el caso de autos, las probanzas aportadas por el Ministerio Público y las acusaciones particulares no han sido suficientes para demostrar que el imputado, de manera cierta e indubitable hubiera incurrido en el hecho sometido a juzgamiento, toda vez que los acusadores no probaron de manera cierta, indubitable e incontrastable, con prueba idónea e inobjetable, cuáles fueron las acciones que hubiera realizado el imputado en el “Iter Criminis” o camino hacia el delito, en sus fases interna y externa. En consecuencia, la acusacion en contra del imputado, en base a presunciones conjeturales, viola los principios de “Objetividad” y “Probidad”, que son los pilares fundamentales en que se sustenta la actuación del Ministerio Público En el caso de autos, la acusación no ha sido probada con prueba idónea, indubitable e inobjetable., Consecuentemente la suscrita juez han concluido que el Ministerio Público no ha actuado con objetividad y probidad como lo mandan los Arts. 5 y 7 de la Ley del Ministerio Público y 72 del nuevo Código de Procedimiento Penal, ya que ha acusado al imputado por la comisión de los delitos de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, PECULADO MALVERSACION, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONDUCTA ANTIECONOMICA, en base a presunciones conjeturales e inconsistentes que no constituyen prueba. La culpabilidad se entiende como un “juicio de valor, de reproche, por la realización de un hecho antijurídico cuando se podía haber obrado conforme a derecho”. La culpabilidad es de naturaleza predominantemente subjetiva y no se la presume, es necesario probarla siguiendo las reglas de un debido proceso donde prevalezca el respeto a los derechos y garantías constitucionales asegurándose la igualdad procesal de las partes y se presuma la INOCENCIA del imputado, así lo mandan expresamente los Arts. 6 y 12 del CPP y, 16 de la Constitución Política del Estado, art.11.1 de la declaración de DD.HH. y 7 del Pacto de San José de costa Rica. En mérito a los fundamentos legales precedentemente examinados, la suscrita juez no tiene duda alguna de la INOCENCIA del imputado, en la comisión de los delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, PECULADO MALVERSACION, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONDUCTA ANTIECONOMICA: toda vez que la suscrita juez resolvió adjudicar credibilidad:, así como valor legal a las pruebas documentales de cargo , incorporadas al juicio oral, porque no tienen aptitud y suficiencia probatoria para enervar el principio constitucional de presunción de inocencia por no existir razones objetivas que las invaliden o provoquen dudas que impidan formar la convicción en el tribunal toda vez que dichas pruebas de cargo fueron recibidas bajo la garantía de oralidad, contradicción e inmediación, como pregonan los Arts. 329, 330 y 333 del nuevo Código de Procedimiento Penal. En definitiva lo fundamental es que no se ha constatado la real existencia de los hechos sometidos a juzgamiento y la Autoría del imputado JOSE ALEJANDRO VEGA Consecuentemente, de la valoración de las pruebas de cargo examinadas, está plenamente demostrada la existencia de una relación y coincidencia en tiempo, lugar, hechos y personas, elementos armonizan tés y componentes, que hacen firme la decisión de la suscrita juez de este juzgado para ABSOLVER DE PENA Y CULPA al nombrado imputado por los supuestos delitos atribuidos INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, PECULADO MALVERSACION, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONDUCTA ANTIECONOMICA: Por lo que el Ministerio Publico no ha logrado DESVIRTUAR LA PRESUNCION DE INOCENCIA establecida y garantizada en el art. 6 del Código de Proc. Penal y art. 116 de la Constitución Política del Estado y por bloque de constitucionalidad en los tratados internacionales art.11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos art. 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos art. 6.2 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, art.. 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica .Significa que la carga de la actividad probatoria pesa sobre los acusadores y que no existe nunca carga del acusado sobre la prueba de su inocencia o no participación en los hechos, en consecuencia, la presunción de inocencia, en su vertiente de regla de juicio opera en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, como el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable, en virtud de pruebas que puedan considerarse de cargo y obtenidas con todas las garantías, el derecho fundamental a la presunción de inocencia no precisa de un comportamiento activo por parte de su titular. El acusado no necesita demostrar su inocencia, por lo que puede permanecer pasivo, sin proponer la práctica de pruebas que acrediten su inocencia, ya que nada, tiene que probar en cuanto a su inocencia.. LA PRESUNCION DE INOCENCIA ES UNA VERDAD INTERINA DE INCULPABILIDAD. Que debe ser enervada cuando consta en el proceso prueba de cargo suficiente. En consecuencia, ante la duda razonable generada en el tribunal al no existir prueba suficiente para demostrar de manera cierta, inobjetable e indubitable que el imputado JOSE ALEJANDRO VEGA, hubiera incurrido en el hecho sometido a juzgamiento, es de aplicación ineludible el principio central del derecho probatorio que es el “in dubio pro reo” que significa aplicar lo más favorable al acusado. Determinación de la responsabilidad penal: La insuficiente e inconsistente pruebas válida producida e incorporada al juicio oral ha generado duda razonable en el tribunal sobre la culpabilidad del imputado JOSE ALEJANDRO VEGA en los hecho delictivo sometido a juzgamiento; por lo que atenta a la personalidad del mismo, teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 363, Inc. 2), del nuevo Código de Procedimiento Penal, la suscrita juez considera que corresponde su Absolución en los delitos acusados. POR TANTO: El juzgado Tercero de Sentencia en lo Penal de Vallegrande, Distrito Judicial de Santa Cruz, compuesto por la suscrita juez MARY SEVERICH SILES, en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, administrando justicia, en virtud de la jurisdicción y competencia que por ley ejerzo, y de conformidad a lo previsto y establecido por el artículo 179 – I. de la Constitución Política del Estado y el artículo 53 y 344, 344 bis 357 y 363 Inc. 2) del Código de Procedimiento Penal, en conjunto y por unanimidad de sus miembros, en juicio penal ordinario: FALLA: PRIMERO.- Declarando al acusado JOSE ALEJANDRO VEGA, Nacido11 de enero 1988, de 33 años de edad, en Vallegrande del Departamento de Santa Cruz de la Sierra-Bolivia con C.I.N° 6354641 SC., soltero, estudiante, y demás generales de ley conocidas en el juicio, de conformidad al artículo 363 .2 del Código de Procedimiento Penal: ABSUELTO de la comisión de los delitos acusados atribuidos INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, PECULADO MALVERSACION, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONDUCTA ANTIECONOMICA: previsto y sancionado por los Art154, 142, 144, 222,224 del Código. Penal, debido a que las prueba aportada por el Ministerio Público no han sido suficientes para generar en la suscrita juez la convicción más allá de toda duda razonable sobre la comisión de los delitos atribuidos y sobre la responsabilidad penal del acusado. JOSE ALEJANDRO VEGA SEGUNDO: Conforme se suspende desde este momento y desde éste mismo salón de audiencias, todas las medidas cautelares de carácter reales y personales que fueron fijadas por el señor juez De Instrucción N°2 de la provincia de Vallegrande. Se advierte a las partes que tiene el término de 15 días para interponer el recurso de Apelación Restringida contra la presente sentencia absolutoria conforme el art.180 II y 407 y siguientes del CPP. Por su pronunciamiento, quedan debidamente notificadas todas las partes presentes.- Cúmplase, Regístrese, Archívese FDO ILEG. MARY SEVERICH SILES, JUEZ DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 1RO. JUZGADO PÚBLICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE. FDO. ILEG. ABG. JAIME GUTIERREZ FAREL, SECRETARIO TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 1RO. JUZGADO PÚBLICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE.- ES CUANTO SE HACE SABER AL ACUSADO JOSE ALEJANDRO VEGA PARA FINES CONSIGUIENTES DE LEY.-VALLEGRANDE, 15 de Noviembre de 2.021.----------


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