EDICTO

Ciudad: EL ALTO

Juzgado: TRIBUNAL DE SENTENCIA PRIMERO EN MATERIA PENAL DE EL ALTO


EDICTO EL DR JUAN CARLOS FLORES CANGRI, JUEZ PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PRIMERO DE LA CIUDAD DE EL ALTO HACE SABER: Por el presente edicto se notifica y emplaza a JUAN CARLOS MENDOZA CORONEL, NELSON TOLA MACHACA, MAGDALENA JUSTINA LIMACHI PALLE, FRANCISCO LIMACHI PALLE, OLIVIO VELÁSQUEZ CHAMBI, MARTIN FELIPE TOLA RAMÍREZ, JUAN MAMANI MANCILLA, GUMERSINDO CALLE MITA, YOLA CONDORI CRESPO, para que comparezca ante este Órgano Jurisdiccional y asuma defensa en el proceso penal seguido por el MINISTERIO PUBLICO Y ACUSACION PARTICULAR contra INES MAYTA AGUEDA por el delito de ESTAFA Y OTROS, en la que se dispuesto lo que a continuación se transcribe:.------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SENTENCIA Nº 37/2020.- &&&&&&/&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA ORGANO JUDICIAL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TRIBUNAL DE SENTENCIA PRIMERO DE EL ALTO SENTENCIA Nº 37/2020 IANUS. Nº 201611335-E El Alto, 21 de octubre de 2020 El Tribunal de Sentencia Primero de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz conformado por: Miembros del Tribunal Presidente: Dr. DAEN Juan Carlos Flores Cangri Juez Técnico: Dra. Sandra Rojas Salinas Juez Técnico: Dr. David Gonzalo Conde Chima. Dentro del Procedo penal seguido por el Ministerio Público representado por: Fiscal: Dr. Luis Bernardo Mamani Suntura Acusadores Particulares: Grover Mamani Callisaya Néstor Velasquez Barreto Efraín Abel Llanque Cutipa Cupertino Silvestre Olivera Gregoria Limachi Mamani Angel Casiano Quijo Yujra Carlos Coronel Tula Edwin Demetrio Quispe Tucupa Daniel Calamani Sánchez Marcelo Cota Sánchez Reynaldo Llanqui Marca Abogados: Abog. German Ururi Osco Abog. Sandra Fernandez Abog. Monica Flores Abog. Sandra Fernandez Datos De Identificacion Del Imputado: 1º Acusado Nombre y Apellido: Jenny Jacqueline Mendoza Valenzuela Nacionalidad: Boliviana Estado Civil: Soltera Ocupación: Estudiante C.I.: 4766360 L.P. Domicilio Actual: C. Avenida República y Calle Murguia Nº 1501 de la Zona de Villa Victoria Abogada Defensora: Abog. Marco Mostajo 2º Acusado Nombre y Apellido: Soledad Meza Condori Nacionalidad: Boliviana Estado Civil: casada Ocupación: Estudiante C.I.: 6751218 L.P Domicilio Actual: Calle Cortez Nº1045, zona Charapaqui 2 de El Alto Abogada Defensora: Abog. Samuel Alvarado 3º Acusado Nombre y Apellido: Miguel Renato Hurtado Ferreira Nacionalidad: Boliviana Estado Civil: Soltera Ocupación: Estudiante C.I.: 5094145 L.P Domicilio Actual: Calle 24 de junio Nº819 de la Zona Valle de Las Flores Abogada Defensora: Abog. América Flores En nombre del Estado Plurinacional y en virtud de la jurisdicción que por ella ejerce, pronuncia la siguiente sentencia: RESULTANDO: En la sala de audiencias del Tribunal de Sentencia Primero de El Alto del Distrito Judicial de La Paz, se llevó a cabo el Juicio Oral y Público en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusadores particulares contra Jenny Jacqueline Mendoza Valenzuela, Soledad Meza Condori y Miguel Renato Hurtado Ferreira por la comisión de los delitos de estafa con agravación en caso de victimas múltiples, estelionato y asociación delictuosa previstos y sancionados en los art. 335 en relación al art. 346 bis 337 y 132 del C.P. I. LA ENUNCIACIÓN DEL HECHO Y CIRCUNSTANCIAS QUE HAYAN SIDO OBJETO DEL JUICIO. El pliego acusatorio del señor fiscal presentado en fecha 26 de abril de 2017, por la Dra. Paulina Fernández Patsi, Jose Omar Yujra Paucara y Dr. Luis Fernando Atanasio Fuentes, fiscales de la Unidad Corporativa Patrimoniales de la ciudad de El Alto acusan a la Sra. Águeda Inés Mayta Paricagua la comisión de los delitos de estafa con agravación en caso de victimas múltiples, estelionato y asociación delictuosa previstos y sancionados en los art. 335 en relación al art. 346 bis 337 y 132 del C.P., refiriendo en relación de hechos de que el informe de acción directa de fecha 6 de octubre de 2016 efectuado por los funcionarios policiales Milton Honorato Mamani Maydana, Sgto. Primero Roberto Guarachi Huanca, informan que a horas 11:00 a.m., por instrucciones de radio patrulla 110 de El Alto, en la Zona Jardín, Av. Juan de la cruz, altura Banco FIE, en el cual tomaron contacto con el Sr. Néstor Velásquez Berreto, donde en el interior de su domicilio se verifico la existencia de un vehículo tipo minibús, color verde marca JICHIN, con placa de control 3141 CSX, quien además manifiesta que habría sufrido una estafa, al realizar un préstamo de dinero cuya garantía era el precitado vehículo, con documento posiblemente falsificado, por los que posteriormente condujeron a la ciudadana Águeda Ines Mayta Paricagua, quien fue sindicada por los afectos asimismo, el denunciante señala haber dejado haber dejado otro motorizado con placa de control 2153 – ZZS a la misma sindicada también refiere que el ciudadano Dionicio Paty Quenta en su condición de administración de la comercial de préstamo de dinero CREDIMAS señalo que la imputada Águeda Ines Mayta Paricagua, mostrando documentos señalaba que era propietario del vehículo 3033- IFX y junto a otras personas le solicitaron diferentes prestamos de dinero, llegando a transferirle un motorizado mediante documento privado, el vehículo con placa de control procedente descrito, cancelado la suma de $us. 10.000.- así mismo el imputado Marco Antonio Ramírez López de igual forma le solicito un préstamo por el monto de $us. 6.000.- dejando en garantía un motorizado con placa de control 3066 – ALL, como también el imputado Luis Feliz Mayta Paricagua, acompañado de documentos originales del vehículo con placa de control 1768 – NTX a su vez solicito un préstamo de dinero para la suma de $us. 6.000.- así mismo se tiene que los imputados manifestaban ser propietarios de vehículos como ser, Marco Antonio Ramirez López del motorizado con placa de control 3822 – LAP como ser Soledad Mesa Condori del motorizado con placa de control 1933 – CUK y Jorge Luis Guzman Rada del motorizado con placa de control 2146 – LUI, quienes solicitaron préstamo de dinero de la comercial “prenda móvil” a cargo de Martin Felipe Tomas Ramírez y Gloria Pari Bautista, por la suma de Bs. 101.475.- asi mismo la ciudadana Justa Suñagua Suxo administradora de la “COMERCIAL ALVAREZ” señala que los imputados Marco Condori Ramírez López, Jehnny Jaquelin Mendoza Valenzuela y Soledad Mesa Condori le solicitaron préstamo de dinero manifestando ser propietarios del vehículo con placa de control 2327 – FIS, 1667 – HKM, 4276 – XZY, por la suma de Bs. 61.200.- la acusación refiere también que Jehnny Jhaquelin Mendoza Valenzuela, Marco Antonio Ramírez Lopez, Soledad Mesa Condori, Jorge Guzman Rada, Águeda Inés Mayta Paricagua y Miguel Hurtado Ferreira, recibieron los vehículos de Juan Carlos Mendoza Coronel, Carlos Coronel Tula, Efrain Abel Yanque Cutipa, Reynaldo Yanque Marca Gumercindo Calle Mita, Nelson Tola machaca, Gumercindo Calle Nina Mita, Nelson Tola Machaca, Cupetino Silvestre Olivera, Gregorio Limachi Mamani, Armando Angulo Moya, Justina Limachi Calle, Francisco Limachi Calle, Angel Casiano Yujra, Edwin Demetrio Quispe Cutipa, Clivio Velásquez Chambi, Daniel Calamani Sanches, en calidad de arrendamiento, los imputados se hicieron pasar por propietarios de los mismos sin seria y así comercializarlos a de esta manera de eta manera obtener ganancias ilegalmente causando un perjuicio legamente en el patrimonio de las víctimas. Asimismo, se apersona a este tribunal Grover Mamani Callisaya, Néstor Velásquez Barreto, Efraín Abel Llanque Cutipa, Cupertino Silvestre Olivera, Gregoria Limachi Mamani, Angel Casiano Quijo Yujra, Carlos Coronel Tula, Edwin Demetrio Quispe Tucupa Daniel Calamani Sánchez y Marcelo Cota Sánchez, así como Reynaldo Llanqui Marca y presentan acusación particular con similares fundamentos a los de la acusación fiscal y acusan indistintamente a Jehnny Jaqueline Mendoza Valenzuela, Marco Antonio Ramírez López, Soledad Mesa Condori, Águeda Ines Mayta Paricagua, Jorge Guzmán Rada y Miguel Hurtado Ferreira la supuesta comisión de los delitos de Estafa con agravación en caso de víctimas múltiples, Estelionato y Asociación Delictuosa, previsto y sancionado en los artículo 335 en relación al artículo 346 bis., 337 y 132 del Código Penal. II. PRUEBA PRODUCIDA II.1. PRUEBA TESTIFICAL II.1.1. Prueba Testifical Del Ministerio Público. Dentro de la prueba del pliego acusatorio presentada por el representante del Ministerio Publico ofrece en calidad de testigo de cargo y convoca para su declaración a los siguientes ciudadanos: 1.- Reynaldo Llanqui Marca, es víctima en la presente causa, reconoce a Soledad Mesa Condori, Jacqueline Mendoza Valenzuela y Renato Hurtado, refiere que los conoció por un compañero de sindicato, es chofer, lo encontró y le dijo que su asesora de crédito de la Cooperativa Sagrada Familia, estaba recibiendo movilidades para la cobra de moras, era para los que no querían pagar sacaban cosas de las casas hasta que paguen, por eso necesitaban movilidades, le convencieron, el 10 de junio de 2016, le presentan a la Sra. Soledad Alvarado Maldonado, y Jenny Jacqueline Mendoza, y le dicen que requieren movilidades, le iban a pagar 12 mil bolivianos mensual, después realizaron un contrato de arrendamiento de movilidad, lo arrendo por dos veces consecutivas, de 10 de junio hasta el 10 de junio, al 11 de julio al 11 de agosto de 2016, seguían en posesión de ellos, ya no hicieron contratos de arrendamiento, Miguel Calamani, era su conocido, y les decía que después van a hacer el contrato, estaba en posesión hasta octubre de 2016, la movilidad de su sobrino estaba en posesión de ellos, bajo la misma modalidad, le tenían que devolver en octubre, y no le devolvían, quisieron recoger y no entregaron las movilidades, y el 5 de octubre de 2016, la ubicaron, en el faro murillo, a la Sra. Soledad la agarraron, presionaron que se les devuelvan las movilidades, después llegó Gregorio Apaza, para presionar, después les dijeron que las movilidades estaban empeñadas por dinero, y es así que el 5 de octubre era de noche, toda la noche la tuvieron a la Sra. Soledad, la misma señora la citaron para el día siguiente a todos, y vinieron a todos, y al día siguiente le llevaron a la Sra. Soledad, vinieron harta gente eran 47 víctimas, muchas personas han tenido que pagar para recuperar sus vehículos, hasta la fecha no recupera su movilidad, lo habían vendido, falsificaron sus huellas y firmas. La oficina era para la Cooperativa la Sagrada Familia, y después se convirtió en Rent a Car, el 15 de agosto de 2016 conoce a Renato Hurtado, a Soledad Mesa Condori la ha presentado como chofer de la empresa, todos trabajaban en la misma oficina, Soledad Meza y Jenny Mendoza se hacían conocer como dueñas de la empresa, el primer contrato era en la Ceja, al lado del Multifuncional, le pidieron el RUAT, SOAT, y CI, el contrato de arrendamiento lo firma con Soledad Mesa, y Jenny Jacqueline Mendoza, y el segundo contrato solo firma con Soledad Mesa, esos contratos eran por un mes renovables, le han cancelado por los meses 10 mil bolivianos, Miguel Calamani Sánchez, se bajaba 2 mil bolivianos, por eso le daban 10 mil bolivianos, en el último contrato debían entregarle el 11 de agosto, Miguel Calamani le decía este mes más, con lo que le convenció, su vehículo cuesta 23.500 $us., han falsificado documentos y apareció otro dueño, presenta un poder y póliza, cuando en ningún momento había vendido su vehículo, habría otro caso donde hicieron peritaje, pero hasta ahora no puede recuperar su vehículo. Ve por última vez su movilidad el 24 de julio de 2016, a la altura de la UPEA, lo trae manejando Marco Antonio Ramírez, vino la Sra. Soledad Mesa, realizó el mantenimiento y después se fueron. 2.- Gregoria Limachi Mamani, es víctima en la presente casusa, declaró en fecha 21 de mayo de 2019, conoce a Jenny Jacqueline Mendoza Valenzuela, cuando le dijeron que Miguel Calamani le señaló que había una empresa que solicitaba vehículos y ahí la presentó, la empresa se encontraba en El Alto, después conoció a Soledad Mesa, quien realizaba los contratos, en la oficina hicieron un documento de diez mil bolivianos al mes, entregó el vehículo por tres meses, firmaron un contrato de alquiler de vehículo, entregó fotocopia del RUAT, para cobrar el sueldo de diez mil bolivianos por mes, era para un mes y cada mes hacían el contrato, la primera vez le pagó después no le pagó. El vehículo lo recupera de una señora que estaba prendado por cincuenta mil bolivianos, no sabia de donde conseguir dinero, pero consiguió y pagó le entregaron el vehículo, la había entregado la sra. Soledad mesa en empeño. Suscribe el documento solo con Soledad Mesa, no conoce a Ines Agueda y a Miguel Hurtado. 3.- Carlos Coronel Tola, es Chofer y víctima en la presente causa, conoce a Soledad Mesa y Jaqueline Mendoza, no conoce a Miguel Hurtado, los presentó Miguel Calamani, en septiembre de 2016 habían hablado con Miguel Calamani de un Contrato de arrendamieno de movilidad, de 10 mil bolivianos, se animó y en septiembre fueron a la Ceja de El Alto, donde conoce a Soledad y Jaqueline, le piden la fotocopia de Carnet, RUAT, y un documento de compra venta de un vehículo, deja sus documentos, van donde un abogado a la Ceja, al frente de la FELCC, está la firma y el sello del abogado, cuando hacen el contrato deja la movilidad, cada mes que cumpla al término, y les dejó con la movilidad, y se fue a píe, cuando tenían que cobrar nunca le ha pagado, y se cumplió el mes y no recibió el pago, Miguel Calamani era un compañero de un sindicato, le dijo que iba a ganar bien, que su vehículo iban a usar para el banco para cobros, con la Sra. Jaqueline conversó una sola vez, cuando entregó la movilidad, le dijo que le iba hacer sufrir porque ella era su agente de crédito en el banco y no pagaba puntual, suscribió un documento, establecía que la movilidad le entregaba a las personas, y se tenía que pagar los 10 mil bolivianos al mes, el mantenimiento de la movilidad lo tenían que hacer ellos. No conoce a Marco Antonio López, tampoco a Agueda Ines Mayta. Después se enteró que su vehículo estaba empeñado, por seis mil dólares americanos, en la Avenida Civica, calle 7 donde estaba empeñado el vehículo. Soledad Mesa refirió que su vehículo estaba viajando pero resulta que a los dos días habían empeñado el vehículo. Para recoger tuvo que pagar dos mil dólares americanos. 4.- Edwin Demetrio Quispe Cutipa, es víctima en la presente causa, refiere que dado un vehículo bajo un contrato de arrendamiento pero nunca les dieron dinero, el vehículo lo habían empeñado, su vehículo lo dejaron en una tienda de empeño con documentos falsos por seis mil dólares, la Sra. Ines Agueda, Marco Antonio Ramírez, lo dejaron con documentos falsos a una casa de préstamos, reconoce a los acusados, como Soledad Mesa, Jenny Mendoza y Renato Hurtado, le dijeron que el vehículo iba a prestar un servicio a un banco para recojo de personal, suscribió un contrato con Soledad Mesa y Jenny Jaqueline Mendoza en fecha 1 de agosto de 2016, en la Ceja de El Alto, al Lado de un Centro Médico, firmaron en calidad de representantes de una empresa City Rent A Car, una era responsable de la empresa y el intermediario era Miguel Calamani, el objeto era el arrendamiento por cinco mil Bolivianos, por un mes que no pagaron, pasado una semana le dieron algo pero no recuerda, a mucha insistencia, el contrato era un mes, se devolvía el auto, es un Toyota Corolla modelo 97, la Sra. Soledad Mesa se opuso de devolver el vehículo porque refiere que los bancos no le pagaron, después no contestaban, al momento de recoger el vehículo, todos los afectos fueron a preguntar dónde están sus vehículos, después se enteraron que habían sido entregados a las casas de empeños, y a cada uno les dijo donde se encontraban empeñados, la Soledad Mesa refirió que Marco Antonio es quien había empeñado su vehículo por seis mil dólares, fue donde él y refiere que lo había empeñado en una tienda en el Cruce a Ventilla, busco por dos días y encontró el vehículo, antes del cruce de Ventilla, y esa señora le dijo que habían dejado un RUAT falso, habían falsificado documentos, cuando fue a recoger no quisieron soltar, refiere que tuvieron que pagar el monto del empeño, como dos mil, querían hacer desaparecer el auto, por eso tuvieron que pagar para recoger, y por último señala que ha sido una estafa. Refiere que Soledad Mesa y Jenny Jaqueline Mendoza eran las responsables de la empresa, con quien suscribió contrato de arrendamiento. Dejó fotocopia de CI y RUAT, y el día que recuperaron su vehículo había varias personas que reclamaban sus vehículos, eran más de 20 personas. 5.- Néstor Velásquez Barreto, es víctima en la presente casusa, declaró en fecha 21 de mayo de 2019, conoce a Jenny Mendoza y Soledad Mesa, las conoce cuando vinieron a prestarse dinero, por un minibús por treinta mil bolivianos, vinieron con ines mayta y Jose Luis Mayta, hicieron solo recibo, le entregó los documentos originales, los compradores eran Ines Mayta, le buscaron el 6 de octubre de 2016, la primera vez no les prestó, la segunda si, el vehículo se lo llevaron la policía, y varias personas, y ahí estaba Ines Mayta y otros, no pudo hacer nada. No conoce a Renato Hurtado. 6.- Marcelo Cota Sanchez, es víctima en la presente causa, conoce a Jenny Jacqueline Mendoza, y refiere que le habría entregado su vehículo en fecha 29 de agosto de 2016, porque iba a prestar servicios en el Banco y recibiría la suma de Cinco Mil Bolivianos, posteriormente halló su vehículo en una comercial que se encontraba en Cosmos 79, Jenny Jacqueline Mendoza había dejado el vehículo empeñado por Bs. 27.000. refiere que también conoce a Soledad Mesa, quien se encontraba al suscribir el contrato, también conoce a Miguel Hurtado, quien el día que entrego del vehículo, éste lo había recibido y conducido, también refiere que pudo recuperar su vehículo pagando el monto por el cual lo habrían empeñado, señala que con Jenny Jacqueline Mendoza y Soledad Mesa suscribieron un documento. 7.- Dionicio Patty Quenta, es víctima en la presente causa, conoce a Felix Mayta Paricagua, Ines Agueda Mayta y Soledad Mesa, conoce a Jenny mendoza Valenzuela, los conoce cuando vinieron a su taller a prestarse dinero, vino Ines Mayta, Felix Mayta y Soledad Mesa, el 13 de septiembre de 2016, vinieron a prestarse $us. 10.000.- sobre la garantía de un minibús, y tenían un documento de compra y venta a nombre de Félix Mayta que está prófugo ahora. Vinieron las tres personas, han pedido préstamo, se les aceptó y les entregó el dinero en sus manos y el que ha firmado es Felix Mayta, reconoce a Jenny Mendoza, la suma era de seis mil dólares americanos, por un mes, no cumplieron el documento, el vehículo lo tenía en su custodia, al momento de suscribir el préstamo se entregó el RUAT, POLIZA, impuestos pagados, no los conocía antes a los imputados, no reconoce a Renato Hurtado, lo conoce cuando lo detienen, es la única vez que se habían visto con los acusados. Posteriormente el dueño del vehículo vinieron unas 40 personas y destrozaron las cosas de su tienda, y a la fuerza sacaron el vehículo, señala que los acusados son los estafadores, querían entregar a la mala el minubus, pero no les entrego ese momento, manifestaban que había tres movilidades, el vehículo es un Nissan, un Toyota, y un Foton chino. El vehículo que estaba en su poder fue entregado a la fiscalía y ellos entregaron a los supuestos dueños. Primero presto a Felix Mayta, como propietario, esa vehículo vinieron a reclamar entre varias personas, un sindicato, reclamaron por varias movilidades, solamente de esa movilidad se dio seis mil dólares, el segundo vehículo Toyota se dio en compra venta, tiene un documento privado de compra venta realizado por un abogado, por diez mil dólares americanos, suscribió la Sra. Ines Mayta Paricagua, y el Foton fue dado en préstamo de seis mil dólares americanos, suscribió Marco Antonio Ramírez, hasta el día de hoy no le devolvieron el dinero que entregó. Después vinieron en otras fechas Marco Antonio Ramírez a prestarse dos mil dólares americanos, pero fueron otras personas. 8.- EFRAIN LLANQUE CUTIPA, conoce a los acusados, les presento Miguel Calamani, que les ofreció que pueden alguilar sus autos para trabajar. Ha conocido a Soledad Meza mediante Miguel Calamani, de igual manera a Jackeline Mendoza, y después al sr. Hurtado. Calamani era compañero del sindicato. Hurtado lo conoce cuando le hicieron firmar el segundo contrato, era en el pasaje Cardenas de El Alto, El segundo documento consistía en que su auto iba a trabajar para un banco, que se llama la “Sagrada Familia”, le iban a pagar 10 mil Bs. mensuales, cuando no le devolvieron el auto, le insistieron en firmar el segundo contrato y de esa manera le iban a cancelar lo que le debían, estaban Miguel Calamani, la abogada Maria Sincka, Soledad Meza. En el contrato firmaron Calamani, Soledad, el testigo y el abogado. Soledad figuraba como administrativa financiera de la empresa City Card, y Calamani estaba como coordinador de transporte, la cantidad de dinero, de 10 mil ha recibido solo el primer mes, fue entregado por Soledad Mesa, eso fue cuando firmo el segundo contrato. Soledad y Jackeline le dicen que va a recibir 10 mil bs., cuando firmaron el primer contrato los conoció. Su vehículo es marca Nissan, entrega a Jackelin y Soledad y Miguel Calamani. Reclamó de los 7000 bs., pero refieren que la empresa no les estaba cancelando, la empresa para la que estaba alquilado el auto no estaba cancelando. La movilidad, estaba en una casa de empeño, lo llevó el hermano de Ines Agueda. A tiempo de realizar el contrato ha presentado RUAT y carnet. Los documentos no le devolvieron, mediante la FELCC, cuando detuvieron a Soledad le indicaron que su auto estaba en esa comercial. El primer contrato era por un mes y el segundo por un mes. Se reunieron en su oficina y ahí entraron el dinero en soledad mesa. Físicamente a entregado las llaves a Soledad Mesa. Miguel Calamani es quien llevó del sindicato. El contrato que firmaron con ese sello de administración, administrador financiero. El 3 de agosto de 2016 a suscrito el primer documento, el 4 de septiembre de 2015 el segundo documento. El testigo recupero de la FELCC su movilidad. 9.- Daniel Calamani Sánchez, es chofer y víctima en la presente causa, conoce a los acusados, la Sra. Jenny le contactó mediante su hermano para hacer un contrato de su vehículo el cual iba ser utilizado en la Cooperativa Sagrada Familia, que iba ser usado para transportar a personal del banco para ir al domicilio de las personas que no pagaban, ahí conoció también a la Sra. Soledad, recupero su vehículo, de la fiscalía, presentó documentos que acreditaban que su vehículo era suyo, el vehículo estaba hipotecado en una casa comercial. Aclara que su vehículo entregó a la Sra. Soledad y Jenny, con un contrato de alquiler de vehículo por cinco mil bolivianos, la primera vez le canceló, después suscribió otro contrato donde no le pagaron nada. Cuando fue a la casa comercial, presentó el RUAT, falsificado con otra fotografía, y había un documento firmado que llevaba su nombre y firma pero no eran suyas, era un contrato por una suma de cincuenta mil bolivianos. Se entera que su vehículo estaba empeñado cuando los demás compañeros le llamaron y le dijeron que eran varios vehículos que no aparecían, las agarraron y les decían que los vehículos estaban de viaje pero con el transcurso de las horas confesaron que los vehículos estaban en comerciales. Refiere que eran varias personas las que sufrieron la estafa. 10.- Ángel Quispe Yujra, es víctima en la presente causa, conoce a los imputados cuando los han agarrado por la estafa de sus vehículos, eran varias personas, tiene una movilidad, que manejaba su chofer, Miguel calamani, el mes de mayo de 2016, le die que su asesora está haciendo una empresa, trabajaba en una Cooperativa, que se llamaba Soledad y Jaqueline, y que ellas están formando una empresa, a miguel calamani lo conoce mucho tiempo atrás, desde ayudantes, y de esa manera le confió su movilidad, él no tenía tiempo porque estaba en un cargo de la institución, solo le pidió el RUAT, esta bien esos meses, eran 4500.- bolivianos, después no les pagaba, paso el tiempo, y le insistió que quería ver el vehículo, solo le mostro en fotos, le reclamo el contrato, le daba largas hasta el mes de octubre, Miguel Calamani le dice que no hay los autos, en el Cementerio, parada de la F lo detuvieron a la Sra. Soledad, había mucha gente que recuperaban sus autos y se iban, les decían que estaban empeñados sus autos, buscaron a todos para agarrarlos, Soledad llama a Marcos. 11.- Carlos Coronel Tula, conoce a Soledad y Jackeline, refiere que suscribió un contrato de alquiler de movilidad, en el que entregó un compra venta de la movilidad que tenía de la misma, van donde un abogado de la ceja, en un edificio frente a la FELCC, en ese documento se encuentra la firma del abogado, van donde la movilidad, le pagan de la movilidad cada mes, y Miguel Calamani le deja la movilidad con Jackeline y Soledad, y Jackeline aparecía como su asesor de crédito de la Cooperativa “Sagrada Familia”, tenía que cobrar su sueldo, se ha cumplido el mes y no pagaron, siempre estaba apagado su celular, y la oficina cerrada. Recuerda que Miguel Calamani era un compañero del sindicado, un chofer asalariado, le dijo que van a ganar bien, y ganar mejor 10 mil bs. Por mes, solo era para hacer cobranzas, para trabajar con el banco, es seguro el pago, por eso le convenció. Firma un contrato por un tiempo de 3 meses, establecía que una vez que la movilidad se le entregaba se comprometían a pagar el monto de 10 mil Bolivianos, y podía ver la movilidad, se comprometen a realizar el mantenimiento, le iban a descontar, pero no realizaron mantenimiento, conoce a Ines Agueda, no conoce a Miguel Hurtado, a mediados del 2017 recobro su movilidad, que estaba empeñado donde un prestamista, lo había dejado Soledad Mesa, a un prestamista, era Rene Rojas, empeñado por 6 mil dólares, hicieron el peritaje y donde estaba la movilidad, estaban viajando a Oruro, tenía un poco de miedo porque estaba mal la corona, lo han empeñado, a los dos días ya estaba empeñado, con fotocopia de RUAT, y CI, entrega fotocopias, su vehículo aun lo tienen. En la firma del contrato le indicaron que le iban a pagar lo acordado en el contrato, se entera porque han hecho el peritaje, tuvo que ir al domicilio de donde estaba el carro, le dijo que no le iba a devolver solo a Soledad Meza, a cambio de los 10 mil dólares, ya sabían que estaba aprehendida, le pegó 2000 dólares, y recuperó el dinero, y Soledad Meza es quien se comprometió para pagar, el prestamista lo amenazó con hacer desaparecer su carro. Recupero en un mal estado el vehículo. 12.- Ángel Casiano Quijo Yujra, tenía una movilidad, su chofer era Miguel Calamani, el 2016 le dice que su asesora esta haciendo una empresa rent a car, y que trabajaba en la Cooperativa Santísima Trinidad, que se llaman Soledad y Jackeline, y que estaban formando una empresa, el sueldo iba a ser bueno, lo conocía mucho tiempo atrás, conocían desde ayudante con él, de esa manera le confió su movilidad, estaba en un cargo en el sindicato, no tenía para ir a algún lado, solamente necesitaba su RUAT, estaba bien ese mes le dieron 4500 bs., su jefa no puede conseguir, tu no lo puede garantizar, le preguntó porque necesitaba más capital para eso, y no quiso, como estaba en el cargo del sindicato San Juan, pasa el tiempo , y quiso ver el vehículo y le mostro fotos, y quería ver la movilidad, y le dio largas, hasta el mes de octubre le presiona, Sra. Soledad, habló por celular, y realmente estaba sorprendido, y Miguel Calamani le dijo que los autos no hay, le hizo subir a el alto, y le vuelve ha hacer bajar, al cementerio, y justamente soledad le habían retenido muchas personas como 40 personas, quienes iban garaje por garaje para recuperar sus autos, fueron después que estaban en otros lugares, y les decía que estaba en contrato o de viaje, un señor lo amenazaron fuerte, y de ahí comenzó ha hablar, y les dijo que los autos están empeñados en prestamistas, solamente la soledad estaba ahí, lo llamo a marcos, se vieron al día siguiente, en cada esquina, no sabía de donde vendría hasta que amaneció y justo le llaman, porque le presionaban y apareció marcos, con una mochila donde había fotocopias de documentos, un minisbus pequeño lo dejaron y de ahí lo agarraron a marcos, estaba a las casas comerciales, fueron a distintas casas comerciales, otra vinieron, se lo sacaban y se iban, había muchos bloqueos, estaban todo el día para buscar a las personas, el grupo la agarraron a la Sra. Jackeline, fueron a otras comerciales, no querían decir donde estaba la movilidad, tenía que ir con un abogado, hasta que al último la agarraron a la Sra. Agueda Ines y ahí vino la policía, su vehículo no aparecía, en villa Adela encontraron varios documentos, en la avenida costanera de rio seco encontró su vehículo, su auto estaba con carga, 487 IND, habían estado trayendo abono desde desaguadero, sacaron todos los asientos y estaba para carga, y el señor Marcos, que era poseedor del vehículo, le dieron como préstamo lo empeñaron por 10000 bs., el vehículo estaba a nombre del acusado, son muchas personas las que estaban estafadas, no quería entrar a problemas, era un lío, dentro de estas personas se encuentran: Cupertino Silvester, Nelson Tola, Carlos coronel, Daniel Calamani, Armando Agudo, Gregorio Apaza. II.1.2. Prueba Testifical De La Acusación Particular Por su parte, la acusación particular, en la fase de la producción de la prueba testifical presentó los siguientes testigos: 1.- Armando Agudo Moya, señala haber sido estafado por los acusados, ha sido el 26 de septiembre de 2016, viene a comentar a las paradas que están pagando por albergar movilidades, la suma de Bs.10.000.-, miguel Calamani, le hace comunicar con una persona, y le citan a la Ceja, y encuentra a todos los acusados, le presentaron, le llevaron al edificio Paris, para hacer un documento, que le iba a dar Bs.3000.- y los Bs.7000.- al finalizar el mes, reconoce a todos los acusados, firmaron un contrato de arrendamiento de Bs. 10.000.- firmaron el contrato por dos meses. La Dra. Lucy Sinka, le indicó que era todo legal, con Soledad y Jaqueline, le entregaron a la semana, fue uno de los últimos de caer en esta situación, recuperó su movilidad, le habían prendado su movilidad el 2 de octubre en una casa comercial, le avisaron algunos de sus amigos que llegaron a caer en la misma situación, se encontraron en el puente Bolivia, a una de las señora ya la habían detenido, había varios documentos, buscó los documentos, a la casa comercial lo habían prendado, pudo recuperar sus documentos, retuvieron a Jaqueline quien les mostró a diferentes casas comerciales donde habían prendado sus vehículos, quienes no quisieron devolver, porque le habían entregado Marco Antonio López, eran como siete víctimas, que lo único que quisieron es que se los devuelvan sus vehículos. Cuando entregó el vehículo, le pidieron el RUAT fotocopia, no le entregaron ni un centavo del arrendamiento, el vehículo lo entregó a las cuatro personas, incluso le entregó al Sr. Renato Hurtado las llaves del vehículo porque iba a ser él quien haría el mantenimiento, quien tomó fotografías. No pagó nada por recuperar su vehículo, no recuperó sus papeles. II.1.3. Prueba Testifical De La Parte Acusada La Parte Acusada no presentó testigos para su declaración. II.2. PRUEBAS DOCUMENTALES DE LAS PARTES PROCESALES II.2.1. Prueba Documental Del Ministerio Público De las pruebas ofrecidas por el órgano acusador, han sido introducidas o judicializadas al juicio oral los siguientes: La prueba documental signada con el código MP-D1 informe de acción directa de fecha 06 de octubre de 2016 por el cual se imputo a los sindicados. La prueba documental signada con el código MP-D2 informe de fecha 06 de octubre de 2016 en el cual el investigador asignado al caso señalo que varias víctimas se apersonaron manifestando que fueron afectados por la arrestada Agueda Ines Mayta Paricagua. La prueba documental signada con el código MP-D3 documento privado condicional con pacto de rescate de fecha 21 de septiembre de 2016 suscrito por Marco Antonio Ramírez López por un minibús FOTON. La prueba documental signada con el código MP-D4 documento privado de compra venta de vehículo suscrito por Clivio Velásquez Chambi (vendedor) y marco Antonio Ramírez López (comprador) sobre un minibús marca FOTON con placa de control 4257 – YCS. La prueba documental signada con el código MP-D5 copia simple de certificado CRPVA del vehículo con placa de control 4257 – YCS MINUBUS marca FOTON en el cual registra como propietario Clivio Velásquez Chambi como también el levante de la aduana nacional SOAT, RUAT. La prueba documental signada con el código MP-D6 copia simple de recibo 220403 de fecha 01 de noviembre de 2016, en el cual el imputado Jorge Guzmán Rada recibió la suma de $us.- 34.500.- por un minibús NISSAN con palca de control 2146 – LUI RUAT, a nombre de Nelly Lucrecia Limachi de Elías formulario de registro de vehículo emitido por la Aduana Nacional de Bolivia CANAL AMARILLO documento privado de compra venta de vehículo de fecha 18 de julio e 2015 suscrito por Nelly Lucrecia Limachi de Elías (vendedora) y Luis Jorge Guzmán Rada (comprador ). La prueba documental signada con el código MP-D7 copia de recibo de fecha 26 de octubre de 2016 en el cual la imputada Soledad Mesa Condori recibió la suma de $us. 28.750.- por un minibús con placa de control 1833 – CUK, RUAT a nombre de E. Hugo Nicolás Ramos, formulario de registro de vehículo, CANAL AMARILLO, documento de compra venta de vehículo de fecha 02 de febrero de 2016, formulario único de recaudaciones. La prueba documental signada con el código MP-D8 copia de recibo de fecha 26 de agosto de en el cual el imputado Marco Antonio Ramírez recibió la suma de $us. 38.225.- por un minibús TOYOTA con placa de control 3822 – ZAP RUAT a nombre de Windsor Daniel Ríos Aruquipa formulario de registro de vehículo CANAL AMARILLO documento de compra venta de vehículo de fecha 21 de julio de 2016 formulario único de recaudaciones. La prueba documental signada con el código MP-D9 copia de documento privado de fecha 27 de junio de 2015 suscrita por Elvira Quispe Zenteno (vendedor) y Marco Antonio Ramírez (comprador) por un minibús FOTON, RUAT, SOAT, formulario de registro de vehículo documento privado de compra venta de fecha 29 de julio de 2016 suscrito por el vendedor Richard Castillo Hilari a favor de Luis Félix Mayta Paricagua por el vehículo marca NISSAN con placa de control 1768 – NIX formulario de registro de vehículo RUAT formulario único de recaudaciones. La prueba documental signada con el código MP-D10 RUAT vehículo de minibús Toyota con placa de control 3033 – IFX formulario en que consigna como propietaria a Irene Lourdes Condori documento privado de fecha 16 de agosto de 2016, suscrito por Irene Lourdes Condori Condori a favor de imputada Águeda Inés Maydana Paricagua. La prueba documental signada con el código MP-D11 actas de requiza efectuadas a los imputados Marco Antonio Aries López, Jorge Guzman Rada Jehnny Jhaquelin Mendoza Valenzuela, Renato Hurtado Ferreira Agueda Inés Mayta Paricagua en el cual señala que no se encontró elemento alguno racionado al hecho certificado de antecedentes de los imputados quienes no registran antecedentes. La prueba documental signada con el código MP-D12 documentación presentada por Marcelo Cota Sánchez del vehículo TOWNACE con placa de control 1731 – YCE, otorgado por los señores Martin Flores Flores y Margarita Cruz de Flores mediante poder No. 215/2012 de fecha 24 de abril de 2012. La prueba documental signada con el código MP-D13 informe de fecha 10 de octubre de 2016emitido por Ana Isabel Tusco Calle – técnico administrativo de la unidad de asesoría jurídica y cobranza coactiva de Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, en que la imputada Agueda Ines Mayta tendría un bien inmueble en el distrito No. 8 urbanización villa mercedes de 300m2. La prueba documental signada con el código MP-D14 contrato de fecha 15 de agosto de 2016 firmado por Juan Carlos Mendoza Coronel (propietario) Miguel Calamani Sanchez (Intermediario) y Soledad Mesa de Alvarado (administradora city rent a car S.R.L.) respecto al vehículo 3033 – IFX. La prueba documental signada con el código MP-D15 el contrato de fecha 14 de septiembre de 2016 firmando por Carlos Coronel Tula (propietario) Miguel Calamani Sanchez (intermediario) y Soledad Mesa de Alvarado (administradora) city rent a car S.R.L. respecto al vehículo 1087 – PZB. La prueba documental signada con el código MP-D16 el contrato de fecha 03 de septiembre de 2016, firmado por Efrain Llanque Cutipa (propietario) J. Jacqueline Mendoza Valenzuela (administradora) y Soledad Mesa de Alvarado (administradora) City rent a car S.R.L. respecto al vehículo 1768 – NTX. la prueba documental signada con el código MP-D17el contrato de fecha 11 de julio de 2016 firmando por Reynaldo Llanque Marca (propietario) Soledad Alvarado Maldonado ( arrendataria intermediario) y Soledad Mesa de Alvarado (administradora city rent a cart S.R.L.) respecto al vehículo 3126 – GDF. La prueba documental signada con el código MP-D18 el contrato de fecha 05 de agosto de 2016 , firmado por Gumercindo Calle Mita (propietario) Miguel Calamani Sanchez (intermediario) y Soledad Mesa Alvarado (administradora city a car S.R.L.) respecto al vehículo 1045 – CNX. La prueba documental signada con el código MP-D19 el contrato de fecha 25 de agosto de 2016, firmado por Nelson Tola Machaca (propietario) Migel Calamani Sanchez (intermediario) y Soledad Mesa de Alvarado (administradora) city a car S.R.L. respecto al vehículo 1888 – NXR. La prueba documental signada con el código MP-D20 el contrato de fecha 26 de agosto de 2016, firmado por Cupercinto Silverio Olivera (propietario) Miguel Calamani Sanchez (intermediario) y Soledad Mesa de Alvarado (administradora) city a car S.R.L. respecto al vehículo 9971 – PN. La prueba documental signada con el código MP-D21 el contrato de fecha 16b de agosto de 2016, firmado por Gregoria Limachi Mamani (propietario) Miguel Calamani Sanchez ( intermediario) y Soledad Mesa de Alvarado (administradora) city a car S.R.L. respecto al vehículo 4231 – KHX. La prueba documental signada con el código MP-D22 El contrato de fecha 21 de septiembre de 2016, firmado por Armando Agudo Moya (propietario) J. Jacqueline Mendoza Valenzuela (administradora) y Soledad Mesa de Alvarado (administradora city a car S.R.L.) respecto al vehículo 3066 – ACL. La prueba documental signada con el código MP-D23 el contrato de fecha 17 de agosto de 2016, firmado por Víctor Sánchez Aliaga (propietario) Miguel Calamani Sanchez (intermediario) y J. Jacqueline Mendoza Valenzuela (administradora) y Soledad Mesa de Alvarado (administradora city a car S.R.L.) respecto al vehículo 4014 – CBI. La prueba documental signada con el código MP-D24 el contrato de fecha 29 de agosto de 2016, firmado por Francisco Limachi Paye (propietario) y Soledad Mesa de Alvarado (administradora city a car S.R.L.) respecto al vehículo 4039– PUC. La prueba documental signada con el código MP-D25 el contrato de fecha 01 de agosto de 2016, firmado por Edwin Demetrio Quispe Tucupa (propietario) Miguel Calamani Sanchez (intermediario) y J. Jaquelin Mendoza Valenzuela (administradora) y Soledad Mesa de Alvarado (administradora city a car S.R.L.) respecto al vehículo 2203– PUR. La prueba documental signada con el código MP-D26 el contrato de fecha 17 de septiembre de 2016, firmado por Clivio Velasquez Chambi (propietario) J. Jaquelin Mendoza Valenzuela (administradora) y Soledad Mesa de Alvarado (administradora city a car S.R.L.) respecto al vehículo 4257– YCS. La prueba documental signada con el código MP-D27 el contrato de fecha 31 de mayo de 2016, firmado por Daniel Calamani Sanchez (propietario) J. Jaquelin Mendoza Valenzuela (administradora) y Soledad Mesa de Alvarado (administradora city a car S.R.L.) respecto al vehículo 4049– TEU. La prueba documental signada con el código MP-D28 certificado motorizado por la policía boliviana de fecha 25 de octubre de 2015. La prueba documental signada con el código MP-D29 respuesta a requerimiento de fecha 28 de octubre de 2016 emitido por el Gobierno Autónomo Municipal. La prueba documental signada con el código MP-D30 RUAT ORIGINAL de vehículo 3822 – LAP resolución de inscripción de vehículo testimonio No. 162/2016 de fecha 10 de marzo de 2016, CRPVA del vehículo con placa de control 4257 – YCS resolución de inscripción de vehículo minuta y documento privado reconocimiento de firmas y de rubricas. La prueba documental signada con el código MP-D31 documentación prestada por Jose Cornejo Janco Mediante memorial de fecha 06 de diciembre de 2016. La prueba documental signada con el código MP-D32 Cite de fecha 25 de octubre de 2016 emitido por el gobierno autónomo municipal de La Paz. La prueba documental signada con el código MP-D33Cite de fecha 16 de diciembre de 2016 emitido por el BCP Banco los Andes de fecha 15 de diciembre de 2016. II.2.2. Prueba Documental De La Acusación Particular Los acusadores particulares se adhirieron a la prueba del fiscal y no produjeron prueba alguna. En relación a la Acusación Particular de Reylando Llanqui Marca presentó las siguientes literales: Prueba Signada con el código PQ-4, consistente en un Documento Privado de Compra Venta de Vehículo, suscrito entre Clivio Velásquez Chambi y Marco Antonio Ramírez Lopez de fecha 2 de septiembre de 2016. Prueba Signada con el código PQ-5, consistente en una Resolución Nº 402/2016 de fecha 7 de octubre de 2016, emitido por el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto. Prueba Signada con el código PQ-6, consistente en un mandamiento de Allanamiento ordenado por el Juez Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto. Prueba Signada con el código PQ-7, consistente en fotocopia de un recibo suscrito entre Marco Antonio Ramirez Lopez por la suma de Bs.33.000.- Prueba Signada con el código PQ-8, consistente en fotocopia de un recibo suscrito por Soledad Mesa Condori por la suma de Bs.33.000, que consigna una fotografía de Soledad Mesa con el vehículo con placa de control 2504DYH. Prueba Signada con el código PQ-9, consistente en la Resolución Nº 408/2016 de fecha 12 de octubre de 2016. Prueba Signada con el código PQ-11, consistente en una declaración informativa de Martin Felipe Tola Ramirez. Prueba Signada con el código PQ-18, consistente en un Informe del Investigador Sof. 2do. Willy rolando Yujra Quispe, de fecha 26 de octubre de 2016. Prueba Signada con el código PQ-19, consistente en un Acta de colección de Indicios Materiales, en el que se puede colegir que en fecha 26 de octubre de 2016, se colecto de Ines Agueda Mayta una bolsa de color legro conteniendo documentación referente al caso, una bolsa con sellos, una bolsa con guantes más tarjetas de un estudio jurídico. Prueba Signada con el código PQ-20, consistente en un Acta de Allanamiento de fecha 26 de octubre de 2016. Prueba Signada con el código PQ-21, consistente en un Mandamiento de Allanamiento de fecha 20 de octubre de 2016. Prueba Signada con el código PQ-22, consistente en un Oficio suscrito por el Gobierno autónomo Municipal de El Alto, de respuesta a Requerimiento fiscal. Prueba Signada con el código PQ-23, consistente en un Informe de fecha 28 de octubre de 2018. Prueba Signada con el código PQ-24, consistente en un Oficio suscrito por el Gobierno autónomo Municipal de El Alto, de respuesta a Requerimiento fiscal. scrito por el Gobierno autónomo Municipal de El Alto, de respuesta a Requerimiento fiscal. Prueba Signada con el código PQ-26, consistente en una Hoja de Ruta Nº 016633/2016 de la División Registro de Vehículos que refiere el estado de los vehículos 4257-TCS, 2146-LUI, 1833CUK, 3822LAP, 3066ACL, 1768NTX, 3033IFX, 1087PZB, 3126GDF, 4064CNX, 997IPN, 4231KHX, 4014CBI, 4039PUC, 2203PUR, 4049TFU, 1667KXN, 2153ZZS, 3141CSX, 3149BPK, 2504DYH, 1209EUI, 4232XST, 4153HXX, 381BYL, 487IND. Prueba Signada con el código PQ-27, consistente en un Certificado de Motorizado del vehículo con placa de control 3126-GDF. Prueba Signada con el código PQ-28, consistente en una escritura pública Nª 538/2016 de fecha 17 de junio de 2016. Prueba Signada con el código PQ-29, consistente en un Documento Privado de Compra y Venta de Vehículo, suscrito entre Reynaldo Llanqui Marca y Marco Antonio Ramírez Lopez. Prueba Signada con el código PQ-31, consistente en un Memorial suscrito por Leandro Cornejo Quispe. Prueba Signada con el código PQ-32, consistente en un Acta de Declaración Informativa de José Cornejo Anco. Prueba Signada con el código PQ-34, consistente en un memorial de José Cornejo Anco. Prueba Signada con el código PQ-35, consistente en un Memorial de José Cornejo Anco. Prueba Signada con el código PQ-40, consistente en fotocopia a color de un RUAT del vehículo con placa de control 3126GDF. Prueba Signada con el código PQ-41, consistente en un RUAT del vehículo con placa de control 3126GDF. Prueba Signada con el código PQ-42, consistente en una Resolución de Inscripción de Vehículos Nª21684/2013 de 22 de agosto de 2013, del vehículo a nombre de REylando Llanqui Marca. Prueba Signada con el código PQ-43, consistente en una Póliza de Importación. Prueba Signada con el código PQ-44, consistente en una Inspección Previa detalle de Ingreso de Vehículo para Reacondicionamiento Nº61759. Prueba Signada con el código PQ-45, consistente en un Certificado del Seguro Obligatorio de accidentes de Transito Nº2682863. Prueba Signada con el código PQ-46, consistente en un Certificado de Inspección Técnica Vehicular Nº 382376. Prueba Signada con el código PQ-47, consistente en un Formulario Único de Recaudaciones, Nº20828261. Prueba Signada con el código PQ-49, consistente en una Nota de Debito Nº024945. Prueba Signada con el código PQ-50, consistente en una Nota de Venta de fecha 31 de julio de 2013. Prueba Signada con el código PQ-51, consistente en una Factura Nº 2102. Prueba Signada con el código PQ-52, consistente en una Factura Nº24945. Prueba Signada con el código PQ-53, consistente en un Recibo Nº000369. Prueba Signada con el código PQ-57, consistente en una proforma resumida de Vehículos Reemplacado Nº3016099. Prueba Signada con el código PQ-59, consistente en un Contrato de Arrendamiento de un Vehículo suscrito entre Reynaldo Llanqui Marca y Soledad Alvarado Maldonado y Jacqueline Mendoza Valenzuela. Prueba Signada con el código PQ-60, consistente en un Contrato de Arrendamiento de un Automóvil, suscrito entre Reynaldo Llanqui Marca y Soledad Alvarado Maldonado y Jacqueline Mendoza Valenzuela de fecha 11 de julio de 2016. En relación a la Acusación Particular de Marcelo Cota Sánchez presentó las siguientes literales: Prueba Signada con el código AP-1, consistente en un Contrato de Arrendamiento de Vehículo Automotor suscrito entre Marcelo Cota Sánchez y Jenny Jacqueline Mendoza Valenzuela y Soledad Meza de Alvarado de fecha 29 de agosto de 2016, de un vehículo con placa de circulación Nª 1731YCE. Prueba Signada con el código AP-2, consistente en un Documento Privado de Préstamo de Dinero suscrito entre Marcelo Cota Sánchez y Jenny Jacqueline Mendoza Valenzuela de fecha 29 de agosto de 2016, de un monto total de Bs.7000.- Prueba Signada con el código AP-3, consistente en una Resolución Nº 837/2017 de fecha 18 de octubre de 2017 emitido por el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de La Paz. Prueba Signada con el código AP-4, consistente en un Contrato de Arrendamiento de Vehículo Automotor suscrito entre Marcelo Cota Sánchez y Jenny Jacqueline Mendoza Valenzuela y Soledad Meza de Alvarado de fecha 29 de agosto de 2016, de un vehículo con placa de circulación Nª 1731YCE. Prueba Signada con el código AP-4, consistente en un Contrato de Reconocimiento de Deuda de fecha 17 de noviembre de 2016, suscrito entre Marcelo Cota Sánchez y Soledad Meza Condori, por la suma de Bs.7000.- II.2.3. Prueba Documental De La Parte Acusada Los acusados no ofrecieron o presentaron prueba de descargo. II.2.3. Prueba Estraordinaria. La defensa técnica del Acusado Renato Hurtado presentó las siguientes literales en calidad de prueba extraordinaria, que previos los trámites de ley fueron judicializados en el siguiente detalle: Una Certificación de fecha 22 de agosto de 2019, respecto a un Flujo Migratorio de Miguel Renato Hurtado Fereira, que registra que en fecha 15 de abril de 2015 retornó de Argentina, y en fecha 27 de agosto de 2016, retorno del mismo país. Un Certificado de Permanencia y Conducta Nº 11961/2020 de Hurtado Ferreira Miguel Renato, de fecha 22 de septiembre de 2020, que certifica que el imputado se encuentra detenido por tres años, once meses y doce días. Un Certificado de Antecedentes Penales Nª 79253 de fecha 24 de octubre de 2019, que certifica que Miguel Renato Hurtado Ferreira no registra antecedente penal referido a Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, Declaratoria de Rebeldía o Suspención Condicional del Proceso. Un Certificado de Permanencia y Conducta Nº 35736/2019 de Hurtado Ferreira Miguel Renato, de fecha 12 de diciembre de 2019, que certifica que el imputado se encuentra detenido por tres años, dos meses y dos días. Un Certificado de Permanencia y Conducta Nº 7939/2020 de Hurtado Ferreira Miguel Renato, de fecha 12 de junio de 2020, que certifica que el imputado se encuentra detenido por tres años, ocho meses y dos días. Un Certificado del Centro de Educación Alternativa Mcal. Antonio José de Sucre “B” Nª 1383 a nombre de Hurtado Ferreira Miguel Renato de fecha 31 de agosto de 2020. Un Certificado de Recinto Penitenciario de San Pedro, Sección Cancha, de fecha 21 de septiembre de 2020 que certifica que Miguel Hurtado es interno de la Sección “Cancha”. Un Certificado de Recinto Penitenciario de San Pedro, Sección Cancha, de fecha 21 de septiembre de 2020 que certifica que Miguel Hurtado cumplió los puestos de Vigilancia, Disciplina, Cabo Policia y Asistente. Un Certificado de la Nómina de la Asociación de Peluqueria de San Pedro, de fecha 21 de septiembre de 2020 que certifica que Miguel Hurtado desempeñó la labor de Peluquería como maestro. Dos Certificados del Centro de Educación Alternativa Mcal. Antonio José de Sucre “B” Nª 1831 y 703 a nombre de Hurtado Ferreira Miguel Renato de fecha 29 de junio de 2018 y 8 de diciembre de 2017 respectivamente. Cinco Certificados de Participación de Miguel Renato Hurtado Ferreira a diferentes actividades, como Campeonato Oficial 2018 Seminario Taller de Éxito Financiero, Taller de Dactilografía, Curso Microsoft Windows, Microsoft Excel, asi como cuatro certificados de trabajo destacado en el rubro de Peluquería, Certificado al Mérito Anual en el rubro de Peluquería, Certificado de Estudios en el Seminario Taller Relaciones Humanas y Relaciones Públicas y Certificado al Esfuerzo y Trabajo Proactivo. III. FUNDAMENTOS PROBATORIOS – HECHOS PROBADOS CONSIDERANDO: De los medios de prueba introducidos a juicio oral y previa valoración de los mismos conforme a las reglas de la sana crítica, se llega a las siguientes conclusiones: De la pruebas literales adjuntas en calidad de prueba así como las declaraciones testificales que son creíbles para el tribunal, se ha llegado a la convicción más allá de la duda razonable que a horas 11:00 a.m. del día 6 de octubre de 2016, efectivos policiales se constituyeron a la Zona Jardín, Av. Juan de la Cruz, altura Banco FIE, donde tomaron contacto con Néstor Velásquez Barreto, y en el interior de su domicilio que lleva el número 1515, verificaron un vehículo tipo Minibus, Color Verde, Marca Jinchin, con placa de control 3141CSX, refiriendo haber sufrido una supuesta estafa al realizar un préstamo de dinero, quedando como garantía del préstamo el mismo vehículo, con documentos posiblemente falsificados, posteriormente se condujo a la Sra. Agueda Ines Mayta Paricagua quien fue sindicada por los afectados o denunciantes, que posteriormente es arrestada. De la prueba MP-7, el tribunal también pudo constatar y establecer que la Sra. Soledad Meza Condori, suscribe un documento privado de Compra y Venta de vehículo en calidad de compradora, con al Sr. Hugo Nicolás Gutierrez Ramos, en calidad de vendedor, y que este transfiere un minibús, con placa de circulación Nª1833CUK, por la suma de $us. 7.000.-, habiéndose suscrito también un recibo por la suma de Bs.28.750.- entregados por la Sra. Soledad Meza Condori, recibo de la Comercial de Prestamos de Dinero, asimismo, bajo las mismas características y modalidades el Sr. Marco Antonio Ramirez López, Feliz Mayta Paricagua e Agueda Ines Mayta Paricagua, también suscribe documentos privados de compra de vehículos así como recibos de dinero, también de una comercial de préstamos de dinero, esto según las pruebas signadas con los códigos MP-8, MP-9 y MP-10. La pruebas signadas con los códigos MP-12, MP-14, MP-15, MP-16, MP-17, MP-18, MP-19, MP-20, MP-21, MP-22, MP-223, MP-24, MP-25, MP-26, MP-27, el tribunal a podido constatar que la Sra. Soledad Mesa de Alvarado y Jenny Jacqueline Mendoza Valenzuela en calidad de representantes de la Financiera Ahorro y Crédito Cooperativa “La Sagrada Familia”, suscriben con Juan Carlos Mendoza Coronel , Carlos Coronel Tula, Efraín Abel Llanque Cutipa, Eynaldo Llanque Marca, Gumercindo Calle Mita, Nelson Tola Machaca, Cupertino Silvestre Olivera, Gregoria Limachi Mamani, Armando Agudo Moya, Víctor Sánchez Aliaga, Francisco Limachi Palle, Edwin Demetrio Quispe Tucupa, Clivio Velasquez Chambi y Daniel Calamani Sanchez, varios documentos de Contrato de Arrendamiento de vehículos, donde las precitadas personas entregan sus vehículos en calidad de arrendamiento, por distintas sumas de dinero y tiempo de duración, que según la declaración testifical de los testigos de cargo, se tiene que estos hubieran sido cumplidos los primero días o meses, sin embargo posteriormente los representantes no otorgaron ningún pago, tampoco los datos de ubicación de sus vehículos. De la prueba MP-1, el tribunal también ha podido constatar que a horas 11:00 a.m. del día 6 de octubre de 2016, efectivos policiales se constituyeron a la Zona Jardín, Av. Juan de la Cruz, altura Banco FIE, donde tomaron contacto con Néstor Velásquez Barreto, y en el interior de su domicilio que lleva el número 1515, verificaron un vehículo tipo Minibús, Color Verde, Marca Jinchin, con placa de control 3141CSX, refiriendo haber sufrido una supuesta estafa al realizar un préstamo de dinero, quedando como garantía del préstamo el mismo vehículo, con documentos posiblemente falsificados, posteriormente se condujo a la Sra. Agueda Ines Mayta Paricagua quien fue sindicada por los afectos o denunciantes, que posteriormente es arrestada. IV. HECHOS NO PROBADOS Durante el desarrollo del juicio oral, no se ha probado: V. FUNDAMENTACIÓN JURIDICA La afirmación de que un hecho constituye en ilícito penal (la violación del orden jurídico penal) requiere, la comprobación de que el hecho importa, en primer término, la infracción de una norma, y en segundo lugar, la verificación de que ésa infracción no está autorizada. La primera comprobación es la materia propia de la tipicidad, es decir, de la coincidencia del hecho cometido con la descripción abstracta, que es presupuesto de la pena, contenida en la ley. Si un comportamiento es “típico” (ha violado la norma, coincide con el supuesto de hecho del delito) entonces surge el problema de su “antijuricidad”, es decir, de su eventual justificación. Se tratará de saber si el autor realizó el hecho típico autorizado por la ley o no. Si careció de tal autorización el hecho típico será, además, antijurídico. La comprobación de la realización de una acción típica, antijurídica en la que no se renuncia a la punibilidad por la irrelevancia del contenido de ilicitud, no es suficiente para responsabilizar penalmente a su autor. La responsabilidad penal o responsabilidad criminal depende de que aquél haya obrado culpablemente. La culpabilidad, por tanto, constituye el conjunto de condiciones que determinan que el autor de una acción típica y antijurídica sea criminalmente responsable de la misma. En el presente caso, el Ministerio Público y acusadores particulares acusan a Jenny Jacqueline Mendoza Valenzuela, Soledad Meza Condori y Miguel Renato Hurtado Ferreira la comisión de los delitos de estafa con agravación en caso de victimas múltiples, estelionato y asociación delictuosa previstos y sancionados en los art. 335 en relación al art. 346 bis 337 y 132 del C.P. El tipo penal enmarcado en el artículo 335 refiere en su contenido que “el que con la intención de obtener para si o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de uno (1) a cinco (5) años y con multa de sesenta (60) a doscientos (200) días, al respecto es necesario referirse al entendimiento sentado por el Tribunal Supremo de Justicia en el Auto de Supremo Nº 241/2005 del 01 de Agosto de 2005, el mismo que refiere que “. La estafa -al sentir del Tratadista de Derecho Penal, Gastón Rios Anaya- es: "El típico delito fraudulento contra el patrimonio, ya que el sujeto activo, mediante artificios y engaños, sonsaca dineros y otras ventajas económicas a la víctima", de donde resulta que, imperiosamente, debe comprobarse la doble relación causal que debe existir para que se configure el delito de estafa: el ardid o engaño como causa del error y el error como causa de la disposición patrimonial, sólo ante la comprobación incontrovertible de la existencia de estos elementos podrá establecerse la presencia del dolo, pues en el delito de estafa no puede aducirse culpa, toda vez que el tipo penal previsto en el artículo 335 de la norma sustantiva se constituye en un delito eminentemente doloso. Conforme refiere Benjamín Migue H. en su libro "Derecho Penal, Parte Especial", nuestra legislación sintetiza los elementos de la estafa en los siguientes elementos: a) existencia del engaño o artificios; b) relación de causalidad entre conducta activa y resultado; c) el elemento psíquico, o sea la voluntad de engañar; y d) el enriquecimiento del sujeto activo y la disminución del patrimonio de la víctima. A su vez, el Auto Supremo Nº 137/12 de 10 de julio de 2012, estableció que “… el dolo debe preceder en todo caso de los demás elementos del tipo de la Estafa, pues una característica importante ante la línea del incumplimiento de obligación y la Estafa está en que el sujeto activo sabe desde el momento de la concreción contractual que no querrá o no podrá cumplir la contraprestación que le incumbe, estableciéndose ello con actos manifiestos e inequívocos, siendo entonces que los negocios civiles y mercantiles criminalizados, se producen cuando el propósito defraudatorio se genera antes o al momento de la celebración del contrato y es capaz de mover la voluntad de la otra parte, a diferencia del mero incumplimiento contractual”. “En síntesis el sonsacamiento (disposición patrimonial) traducido en el engaño consiste en afirmar como verdadero algo que no lo es o en ocultar circunstancias relevantes para la decisión del sujeto pasivo. En muchos casos la conducta se traduce por el engaño típico afirmando cumplir obligaciones que se asumen, cuando el autor sabe desde el primer momento que eso no será posible, conducta que se debe considerar como "negocio criminalizado", terminología no usual, todo vez que un negocio o contrato jurídico en el que se logra mediante engaño una disposición patrimonial del sujeto pasivo es constitutivo del delito de Estafa, pues debe quedar claramente establecido que la Ley no criminaliza en el tipo penal de la Estafa ningún negocio jurídico, sino que esta actitud constituye un elemento más para considerar por parte del juzgador la existencia de un delito, de manera que el contrato es sólo una apariencia puesta al servicio del delito de Estafa”. Bajo estos lineamientos jurisprudenciales, traducidos en los hechos probados en la presente causa, detallados en el punto III.1. de la presente sentencia, se tiene que Jenny Jacqueline Mendoza Valenzuela, Soledad Meza Condori y Miguel Renato Hurtado Ferreira, montaron una institución denominada Financiera Ahorro y Crédito Cooperativa “La Sagrada Familia”, del cual fungía como representante Jenny Jacqueline Mendoza Valenzuela y Soledad Meza Condori, supuesta institución financiera que realizaba préstamos de dinero a personas particulares, y a efectos del traslado de los funcionarios de la precitada institución financiera para realizar el cobro a sus supuestos prestatarios, Soledad Mesa de Alvarado y Jenny Jacqueline Mendoza Valenzuela en calidad de representantes de la Financiera Ahorro y Crédito Cooperativa “La Sagrada Familia”, suscriben con Juan Carlos Mendoza Coronel , Carlos Coronel Tula, Efraín Abel Llanque Cutipa, Reynaldo Llanque Marca, Gumercindo Calle Mita, Nelson Tola Machaca, Cupertino Silvestre Olivera, Gregoria Limachi Mamani, Armando Agudo Moya, Victor Sanchez Aliaga, Francisco Limachi Palle, Edwin Demetrio Quispe Tucupa, Clivio Velásquez Chambi y Daniel Calamani Sánchez, varios documentos de Contrato de Arrendamiento de vehículos, donde las precitadas personas entregan sus vehículos en calidad de arrendamiento, por distintas sumas de dinero y tiempo de duración, pero en si, el propósito era despojarlos de la posesión de sus vehículos, los mismos que eran entregados a Miguel Renato Hurtado Ferreira, para que éstos sean posteriormente dispuestos a través de contratos de préstamos suscritos por Jenny Jacqueline Mendoza Valenzuela y Soledad Meza Condori con prestamistas particulares distribuidos en distintos lugares de El Alto, otorgando los precitados vehículos en calidad de Garantía, prestamos de los cuales se beneficiaban los acusados, puesto que los mismos no se hicieron responsables de los montos de los precitados contratos de préstamo, sino las víctimas, quienes para recuperar sus vehículos tenían que pagar el monto del préstamo que figuraban en los contratos suscritos por las acusadas Jenny Jacqueline Mendoza Valenzuela y Soledad Meza Condori, provocando que las precitadas víctimas hayan sido engañadas dos veces, primero al momento de la disposición de sus vehículos con la promesa de una gran remuneración económica, y la segunda, al erogar los montos económicos de los contratos de préstamo con garantía de los mismos vehículos, para poder recuperar los mismos. Ahora bien, el tribunal contrastar el ilícito penal de Estafa a los supuestos fácticos mencionados precedentemente se tiene que su accionar encuadra en la hipótesis del precitado delito por lo que es culpable y sancionable penalmente, concurriendo también la agravante establecida en el artículo 346 bis del Código Penal. En relación al Imputado Miguel Hurtado Ferreira, éste conocía El tipo penal enmarcado en el artículo 337 del Código Penal, vale decir Estelionato, señala que “El que vendiere o gravare como bienes libres los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados y el que vendiere, gravare o arrendare, como propios, bienes ajenos, será sancionado con privación de libertad de uno a cinco años. De la doctrina penal referente al delito acusado, se tiene que el tratadista ETKIN hace una descripción de lo que compete a la ley penal respecto al delito mencionando y lo desarrolla de la siguiente manera: “a) la ley penal reprime únicamente la “venta” o “gravamen” como libres de bienes litigiosos, embargados o gravados y la “venta”, “gravamen” o “arrendamiento” como propios de bienes ajenos. Por lo tanto cualquier otro contrato como por ejemplo, el comodato, mutuo, depósito, dación en pago, donación, legado, no sería delito por la razón de que en materia penal no puede haber una interpretación analógica; b) El gravamen al que se refiere la ley penal es el “gravamen” real, o sea, derecho reales de garantías o servidumbres – reales o personales ya que estas últimas importan siempre gravamen real a favor de una persona– por lo que toda otra afectación de la cosa no constituye delito: la promesa de venta – aunque esto como se verá ut - retro es discutible –, la promesa de prenda o hipoteca, los actos accesorios a la compraventa, el contrato de mutuo, etc. ; c) Debe tratarse de una venta o gravamen válido, tanto del ya constituido o del que constituya el imputado; el constituido no debe haber caducado antes de la nueva venta o gravamen ya que podría estarse ante un delito imposible. Las acciones típicas consisten en dos supuestos: “vender” o “gravar” como bienes libres los que fueren litigiosos o ya estuvieran embargados o gravados y las dos primeras acciones, más la de “arrendar” como bienes propios, los ajenos. Es preciso aclarar que el sujeto pasivo resulta ser el comprador, acreedor o el arrendatario y haber obrado de buena fe…”. En el presente caso, la prueba presentada y judicializada no conduce al tribunal a formar convicción mas allá de la duda razonable que los acusados Jenny Jacqueline Mendoza Valenzuela, Soledad Meza Condori y Miguel Renato Hurtado Ferreira hubieran vendido, gravado o arrendado bienes que no sean de su propiedad, puesto que el mismo no consta documentalmente, tampoco consta que los acusados hubieran suscrito documento públicos con el fin de gravar los vehículos que les hubiera sido entregados, por lo tanto, el tribunal considera que la acusada no tiene responsabilidad penal, en relación a este delito. En relación al tipo penal descrito en el artículo 132 del Código Penal, vale decir Asociación Delictuosa, refiere que “el que formare parte de una asociación de cuatro o mas personas, destinada a cometer delitos, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años o prestación de trabajo de un mes a un año. Igual pena se aplicará a los que formaren parte de bandas juveniles con objeto de provocar desórdenes, ultrajes, injurias”, la doctrina refiere que se trata de un delito propio, que se consuma por el solo hecho de formar parte de la asociación, es un delito permanente porque se está en conducta antijurídica mientras se pertenezca a la asociación aunque no se cometan delitos, es siempre un delito doloso, si una persona ignora que es una asociación para lo ilícito no tiene culpabilidad, si no llega a la comisión del delito y su en el momento de conocer la situación se separa del grupo denunciando su existencia, en el presente caso, el tribunal considera que entre el órgano acusador ha demostrado que las acusados Jenny Jacqueline Mendoza Valenzuela, Soledad Meza Condori, con complicidad de Miguel Renato Hurtado Ferreira, fungieron como representantes de la Financiera Ahorro y Crédito Cooperativa “La Sagrada Familia”, posteriormente un Rent A Car, supuestas instituciones que no existen o existieron, con la participación de otras personas que al momento de la presente disposición ya contaban con sentencia, vale decir Marco Antonio Ramírez Lopez, Jorge Guzman Rada e Águeda Inés Mayta Paricagua, por lo que el tribunal considera que la concurrencia de estas personas se encontraba destinada a cometer hechos delictivos de manera dolosa, que es la captación de sus víctimas con el fin de despojarlos de sus vehículos, y disponer de estos con garantías de prestamos en casas de crédito, por lo que la conducta de los acusados se adecua a la hipótesis del ilícito penal y en consecuencia son sancionables penalmente. Sin embargo, en relación al acsuado Miguel Hurtado Ferreira, la prueba producida demuestra que si bien es cierto que el imputado no participo activamente en la asociación delictiva, éste coadyuvó a la misma, por lo que el tribunal considera que el mismo fue cómplice en el ilícito penal. VI. EN CUANTO A LA FIJACIÓN DE LA PENA En principio es necesario establecer que el delito de Estafa, con la agravación del victimas múltiples previstos y sancionados en el art. 335 con relación al art 342 bis del Código Penal, señala que: “el que con la intención de obtener para si o un tercero un beneficio económico mediante engaños y artificios provoque y fortalezca error en otro que motive la disposición en el patrimonio de otro, en error o de un tercero será sancionado con reclusión de 1 año y multa de 60 a 200 días”, este aspecto hubiera sido agravado con relación al art. 342 bis. del mismo cuerpo legal, bis refiere que la “agravación en caso de victimas múltiples tipificados en el art. 335, 337 y 344, 345, 346, 363 bis, de este código cuando se realice en caso de víctimas múltiples será sancionado con reclusión de 3 a 10 años y con multa de 100 a 500 días”. Asimismo, el artículo 37 del código penal, establece que, compete al juez, atender la personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias del delito y tomar conocimiento directo del sujeto de la víctima y de las circunstancias del hecho. Asimismo, el artículo 38 del citado código sustantivo penal prevé que, para apreciar la personalidad del autor, se debe tomar principalmente en cuenta, la edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente y posterior del sujeto, las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la ejecución del delito y demás antecedentes y condiciones personales, entre otras. En base a lo establecido precedentemente, y para la fijación de la pena es necesario realizar el siguiente análisis: En relación a Jenny Jacqueline Mendoza Valenzuela, es una persona de 37 años de edad, con grado de instrucción básico, no se ha acreditado que la precitada imputada tenga antecedentes penales, sin embargo, el tribunal considera que conforme se ha establecido en los hechos probados, la imputada participó activamente en la comisión del delito de Estafa con la agravación del victimas múltiples previstos y sancionados en el art. 335 con relación al art 342 bis del Código Penal, y fue ella quien hubiera sido en primera instancia detenida por las mismas víctimas hasta que señale el paradero de los vehículos de propiedad de las víctimas, aspecto que demuestra que la imputada no prestó su colaboración de manera inmediata, pretendió ocultar información respecto al hecho denunciado y manipuló y fomentó los mecanismos de engaño usados para posibilitar que las víctimas realicen disposición de sus vehículos, por lo que corresponde la imposición de una pena privativa de libertad de seis (6) años de reclusión que deberá cumplir en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz. En relación a Soledad Mesa Condori, la misma es una persona de 33 años de edad, con grado de instrucción básico, no se ha acreditado que la precitada imputada tenga antecedentes penales, y el tribunal considera al igual que la Sra. Jenny Jacqueline Mendoza Valenzuela, la acusada participó activamente en la comisión del delito de Estafa con la agravación del victimas múltiples previstos y sancionados en el art. 335 con relación al art 342 bis del Código Penal, con la participación además de los otros acusados, Marco Antonio Ramírez López, Soledad Mesa Condori, Águeda Ines Mayta Paricagua, Jorge Guzmán Rada y Miguel Hurtado Ferreira, manipuló y fomentó los mecanismos de engaño usados para posibilitar que las víctimas realicen disposición de sus vehículos, por lo que corresponde la imposición de una pena privativa de libertad de seis (6) años de reclusión que deberá cumplir en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz. En relación a Miguel Hurtado Ferreira, es una persona de 36 años de edad, con grado de instrucción básica, no se ha acreditado que la precitada imputada tenga antecedentes penales, y el tribunal considera que de la relación de hechos, éste cooperó a la comisión de los delitos de Estafa con la agravación del victimas múltiples previstos y sancionados en el art. 335 con relación al art 342 bis del Código Penal, puesto que si bien es cierto que no suscribió documentos como lo hicieron las demás imputadas, conocía de los mecanismos usados por las mismas para obtener ventajas económicos indebidas, por lo que el tribunal considera que este imputado participó en calidad de cómplice por lo que corresponde la aplicación de una pena privativa de libertad de TRES (3) años de reclusión que deberá cumplir en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, asimismo, es necesario también establecer que el imputado se encuentra actualmente recluido en el precitado recinto penitenciario, un tiempo equivalente a la pena otorgada, según el certificado de permanencia y conducta emitido por el recinto penitenciario en calidad de prueba extraordinaria, por lo que además debe emitirse el mandamiento de libertad correspondiente. VII. VOTO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL Conforme lo prevé el artículo 358 del código de procedimiento penal, el Tribunal de Sentencia conformado por el Dr. DAEN Juan Carlos Flores Cangri, - Juez Presidente, Dra. Sandra Rojas Salinas y Dr. David Conde, Jueces Técnicos, previa deliberación y fundamentación de cada uno de sus miembros, convencidos de que la prueba producida por el órgano acusador fue suficiente para generar convicción y sostener la culpabilidad Jenny Jacqueline Mendoza Valenzuela y Soledad Meza Condori, y su autoría respecto a los delitos de estafa con agravación en caso de victimas múltiples y asociación delictuosa previstos y sancionados en los art. 335 en relación al art. 346 bis del Código Penal, y en relación a Miguel Renato Hurtado Ferreira, la complicidad en la comisión de los delitos de estafa con agravación en caso de victimas múltiples y asociación delictuosa previstos y sancionados en los art. 335 en relación al art. 346 bis del Código Penal por unanimidad emiten el presente fallo por la Sentencia Condenatoria. VIII. PARTE DISPOSITIVA POR TANTO.- El Tribunal de Sentencia Primero de la ciudad de El Alto, a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, administrando justicia y la ley en primea instancia, por el voto unánime de sus miembros, DICTA contra: 1.- JENNY JACQUELINE MENDOZA VALENZUELA, de nacionalidad boliviana, con C.I. 4766360 L.P, estado civil soltera, ocupación estudiante, con fecha de nacimiento 25 de noviembre de 1983, con domicilio la Avenida República y Calle Murguia Nº 1501 de la Zona de Villa Victoria, SENTENCIA CONDENATORIA y se la declara AUTORA de la comisión de los delitos de Estafa con agravación en caso de victimas múltiples y Asociación Delictuosa, previstos y sancionados en los Art. 335, en relación al art. 346 bis y 132 del Código Penal, respectivamente, por existir prueba suficiente que ha generado al tribunal la responsabilidad de la precitada imputada y se la CONDENA a la pena privativa de libertad de seis (6) años de reclusión que deberá cumplir en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, computables desde el 16 de octubre de 2020 hasta al 16 de octubre de 2026, debiendo descontarse los días que haya guardado la detención preventiva en ejecución de sentencia, más la imposición de costas y reparación del daño civil a la víctima la misma que será establecido en ejecución de sentencia y costas al Estado. 2.- SOLEDAD MEZA CONDORI, de nacionalidad boliviano, con C.I. 6751218 L.P, estado civil casada, ocupación estudiante, con fecha de nacimiento 13 de enero de 1987 con domicilio Calle Cortez Nº1045, zona Charapaqui 2 de El Alto, SENTENCIA CONDENATORIA y se la declara AUTORA de la comisión de los delitos de Estafa con agravación en caso de victimas múltiples y Asociación Delictuosa, previstos y sancionados en los Art. 335, en relación al art. 346 bis y 132 del Código Penal, respectivamente, por existir prueba suficiente que ha generado al tribunal la responsabilidad de la precitada imputada y se la CONDENA a la pena privativa de libertad de seis (6) años de reclusión que deberá cumplir en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, computables desde el 16 de octubre de 2020 hasta al 16 de octubre de 2026, debiendo descontarse los días que haya guardado la detención preventiva en ejecución de sentencia, más la imposición de costas y reparación del daño civil a la víctima la misma que será establecido en ejecución de sentencia y costas al Estado. 3.- MIGUEL RENATO HURTADO FERREIRA, de nacionalidad boliviano, con C.I. 5094145 L.P, estado civil soltero, ocupación estudiante, con fecha de nacimiento 30 de septiembre de 1984, con domicilio Calle 24 de junio Nº819 de la Zona Valle de Las Flores, SENTENCIA CONDENATORIA y se la declara COMPLICE de la comisión de los delitos de Estafa con agravación en caso de victimas múltiples y Asociación Delictuosa, previstos y sancionados en los Art. 335, en relación al art. 346 bis y 132 del Código Penal, respectivamente, por existir prueba suficiente que ha generado al tribunal la responsabilidad del precitado imputado y se la CONDENA a la pena privativa de libertad de TRES (3) años de reclusión que deberá cumplir en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, computables desde el 16 de octubre de 2020 hasta al 16 de octubre de 2023, debiendo descontarse los días que haya guardado la detención preventiva en ejecución de sentencia, más la imposición de costas y reparación del daño civil a la víctima la misma que será establecido en ejecución de sentencia y costas al Estado, asimismo, habiendo el imputado cumplido la condena en detención preventiva, líbrese el mandamiento de libertad en el día. La presente disposición, se basa en las siguientes normas Jurídicas: Artículos 116, 117, 118, 122, 410 de la Constitución Política del Estado. Artículo 23, 335, 346 bis, 337 y 132 del Código Penal. Artículos 373, 374 del Código Procedimiento Penal. Artículo 8 de la Ley 586 del 30 de octubre del 2016. Con la facultad conferida por el art. 361 párrafo segundo del citado Código de Procedimiento Penal, se señala audiencia pública para la lectura integra de la sentencia para el día 21 de octubre de 2020 a horas 16:20 p.m. Esta sentencia de la que se tomará razón donde corresponda es dictada en el Salón de audiencias del Tribunal de Sentencia Primero de El Alto, el día 16 de octubre de 2020 a horas 16:00 p.m.. la misma que es recurrible en apelación restringida conforme el art. 408 del C.P.P. en el plazo de 15 días de su notificación personal. REGISTRESE Y TOMESE RAZON. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MEMORIAL DE FECHA 24/03/2021.- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TRIBUNAL 1ro DE SENTENCIA EN LO PENAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO Presidente. Dr. Juan Carlos Flores INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN SENTENCIA No. 86/2019 IANUS No. 201611335 E OTROSI. - JENNY JAQUELINE MENDOZA VALENZUELA, con Cedula de Identidad No. 4766360 LP, y demás generales de ley ya conocidas dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico en contra de Agueda Ines Mayta y otros, por la supuesta comisión del delito de estafa, expone y solicita: Señor Presidente del Tribunal 1ro de Sentencia de la ciudad de El Alto, SU TRIBUNAL emite la Sentencia No 37/2021 de fecha 21 de octubre de 2021, donde se ha sido aplicada la ley sustantiva erróneamente, violando la norma procesal penal con respecto a la valoración de las pruebas para respaldar y probar que no tuve participación por el hecho delictivo que se me acuso inicialmente, en consecuencia, voy a describir la aplicación errónea de la ley sustantiva y procesal: I. AGRAVIOS SUFRIDOS Y FUNDAMENTACIÓN DE DERECHO En el desarrollo del Juicio, vulnerando Derechos y Garantías constitucionales de la acusada, por lo como la persona directamente afectada por la decisión, presento Apelación Restringida conforme al Código de Procedimiento Penal en su Artículo 370. (Defectos de la sentencia). Los defectos de la sentencia que habilitan la apelación restringida, serán los siguientes: 1) La inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva; y 5) Que no exista fundamentación de la sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria; 6) Que la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; I.1 PRIMER AGRAVIO: ESTABLECIDO EN EL CPP EN SU art. 370 inc. 3) QUE FALTE LA ENUNCIACIÓN DEL HECHO OBJETO DEL JUICIO O SU DETERMINACIÓN CIRCUNSTANCIADA; La sentencia No 37/2021 de fecha 21 de octubre de 2021, emitido por Tribunal 1ro de Sentencia de la ciudad de El Alto emite la Sentencia, en el punto I. LA ENUNCIACIÓN DEL HECHO Y CIRCUNSTANCIA QUE HAYAN SIDO OBJETO DEL JUICIO enuncia que el juicio se realizó conforme la acusación fiscal todo conforme el CPP en su ¨...Artículo 342°- (Base del juicio). - El juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o la del querellante, indistintamente. En ningún caso el juez o tribunal podrá incluir hechos no contemplados en alguna de las acusaciones, producir prueba de oficio ni podrá abrir el juicio si no existe, al menos, una acusación..." en el presente caso la acusación fiscal solo en su descripción II. RELACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DEL HECHO, indica que la señora INES AGUEDA MAYTA PARICAGUA fue detenida en acción directa en fecha 06 de octubre de 2016, a denuncia de Néstor Barreto quien indica que fue víctima de una estafa, en este relato la acusación fiscal no describe como mi persona participe en el supuesto hecho ilícito, como mi persona estafo a las supuestas víctimas, donde se realizó el hecho ilícito en qué lugar, cuando se realizó el hecho ilícito en qué fecha, la acusación solo menciona que en fecha 06 de octubre 2016 en acción directa se detuvo a INES AGUEDA MAYTA, nada referente a lo anteriormente descrito, pero aun así el Tribunal, aunque se hizo conocer estas observación decidió seguir con el juicio oral y contradictorio. Por todo lo expuesto también cabe señalar que el CPP en su: "Artículo 360°. (Requisitos de la sentencia). La sentencia se pronunciará en nombre de la República y contendrá. 2. LA ENUNCIACION DEL HECHO Y CIRCUNSTANCIAS QUE HAYAN SIDO OBJETO DEL JUICIO…¨. La sentencia carece de esta enunciación del hecho que hechos ilícitos se va a debatir en juicio, y estos hechos deben estar descritos en la acusación fiscal o en la acusación particular, y porque es importante conocer estos hechos, para ejercer mi derecho a la defensa pueda ser presentada con relación a los hechos del juicio, sin embargo el Tribunal a que introduce otros hechos al juicio, situación que va en contra del CPP en su "...Artículo 342°- (Base del juicio).- El juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o la del querellante, indistintamente. En ningún caso el juez o tribunal podrá incluir hechos no contemplados en alguna de las acusaciones, producir prueba de oficio ni podrá abrir el juicio si no existe, al menos, una acusación… ,prueba clara la sentencia apelada, en su punto I. LA ENUNCIACIÓN DEL HECHO Y CIRCUNSTANCIA QUE HAYAN SIDO OBJETO DEL JUICIO, donde introduce hechos que no están mencionados en ninguna de la acusación fiscal o particular, por lo tanto el tribunal a que obra en contra de la ley, y de forma utra petita al introducir nuevos hechos en el juicio oral. 1.2 SEGUNDO AGRAVIO: ESTABLECIDO EN EL CPP EN SU art. 370 inc. 5) QUE NO EXISTA FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA O QUE ÉSTA SEA INSUFICIENTE O CONTRADICTORIA; Con relación al núm. 5 del Art. 370 de la Ley Adjetiva, se debe entender que la finalidad de este precepto es que exista motivación o fundamentación, que es deber del órgano Jurisdiccional y un derecho de los justiciables y su importancia es de tal magnitud que se la considera como un elemento del Debido Proceso, al respecto, el A.S. N° 073/2013-RRC de 19 de marzo de la Sala Penal Segunda ha dejado establecido lo siguiente: (...) Como se tiene desarrollado ampliamente por este Tribunal, entre las vertientes de trascendencia de la garantía constitucional al debido proceso, se encuentra la exigencia de que toda resolución judicial debe ser debidamente fundamentada o motivada (...) la fundamentación descriptiva, la fundamentación fáctica, la fundamentación analítica o intelectiva y la fundamentación jurídica..... El Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006, señalo como doctrina legal aplicable: "que la calificación del hecho a un tipo penal determinado es en razón a describir primeramente el hecho para luego comparar las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito; es necesario tomar en cuenta que la conducta general descrita por el tipo Penal se encuentra en la norma, mientras que la conducta particular se identifica por la descripción son de sus peculiaridades, si estas se subsumen a todos los elementos constitutivos de un tipo penal, recién podrá calificarse el hecho como delito incurso en la normativa; en caso de que falte la adecuación de un elemento constitutivo del tipo penal, el hecho no constituye delito o en su caso se adecua a tentativa u otra figura delictiva¨. El Auto Supremo 236 de 7 de marzo de 2007, determinó como doctrina legal aplicable la siguiente: "El debido proceso se manifiesta en que las partes procesales gocen de los derechos y garantías previstas para que la investigación y juzgamiento se desarrollen en el marco del respeto a los derechos fundamentales de la persona, sea aquella el acusador particular o público, y el acusado; precepto al que se suma el derecho a la seguridad jurídica, debiendo la actividad jurisdiccional esmerarse para brindar a los administrados la seguridad que las decisiones se enmarquen en los preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado, Los Tratados y Convenios Internacionales, y la Ley. Los delitos para ser considerados como tales, deben reunir todas las condiciones exigidas para cada tipo en el Código Penal y ser probado en juicio oral, público, contradictorio y continuo, y en la fase de subsunción legal los Tribunales y Jueces de Sentencia, y excepcionalmente los Tribunales de Apelación, deben tener el cuidado de observar que, a la ausencia de alguno de los elementos configurativos del tipo penal, no existe delito". Obligación de los Tribunales de emitir resoluciones fundadas en derecho y motivadas adecuadamente. Las resoluciones, para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, como la observancia al deber de fundamentar y motivar adecuadamente las mismas; debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación, el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: "Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación Motivación como argumentación jurídica especial", señala: 'El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la a comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica. En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria, (injusta)." LA SENTENCIA ES INSUFICIENTE AL NO SEÑALAR QUE ACCIONES REALIZO PARA PERPETRAR EL ILICITO, Señor Vocal, en el presente caso se acusó a 6 personas y solo en la acusación fiscal se describe el actuar de una persona INES AGUEDA MAYTA, la única persona que fue detenía en acción directa en fecha 06 de octubre 2021, quien fue denunciada por la victima Néstor Barreto por prestarse un monto de dinero y dar en garantía un vehículo, pero la acusación no describe como fue mi participación en este ilícito cuando fue mi participación, en qué fecha fue realizada este ilicito, solo menciona el 06 de octubre 2021 fecha que fue detenida INES AGUEDA MAYTA, tampoco detalla en qué lugar fue realizado el hecho ilícito, solo el tribunal menciona que mi persona firmo contratos de arrendamiento de vehículos con las víctimas, prometiéndoles pagarles sumas de Bs.- 10.000; Bs.- 12.000, por mes, montos que declaran haber recibido en parte y otras víctimas declaran haber recibido de forma total y haber suscrito otro documento posterior, entonces no se o realizo este hecho el 6 de octubre como dice la sentencia condenatoria, se realizó meses antes, por lo que la sentencia al no mencionar la fecha el lugar y como participe en este hecho es insuficiente. Solo en la sentencia se indica que firme varios documentos de arredramiento, mencionando las pruebas MP12, MP14, MP15, MP16, MP17, MP18, MP19, MP20, MP21, MP22, MP23, MP24, MP25, MP26 y MP27, pero adjunto los mismos documentos que no constan mi firma en estos documentos MP12, MP14, MP15, MP17, MP18, MP19, MP20, MP21, MP24, pero si existen documento con supuestamente mi firma en estos documentos MP16, MP22, MP23, MP25, MP26 y MP27, documentos que solo son fotocopias simples negándose las victimas a presentar los originales, y tampoco mencionan donde se encuentran los documentos originales para realizar el pericia grafológico, y las victimas obviamente aseguran que fue firmado por mi persona y yo como acusada no reconocí ninguna firma en ningún documento, por lo que para salir de esta duda solicite el peritaje grafológico, que el tribunal a que no dio curso, por lo que el tribunal al no tener la seguridad de que esa firma fuera de la acusada no puede asegurar que esos documentos fueran suscritos por mi persona. 1.3 TERCER AGRAVIO: ESTABLECIDO EN EL CPP EN SU art. 370 inc. 6) Que la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; El tribunal a que baso su sentencia, y condena a la imputada JENNY JAQUELINE VALENZUELA con HECHOS INEXISTENTE, en su punto III. FUNDAMENTOS PROBATORIOS - HECHOS PROBADOS; "las pruebas signadas con códigos MP12, MP14, MP15, MP16, MP17, MP18, MP19, MP20, MP21, MP22, MP23, su punto III. MP24, MP25, MP26 y MP27 el tribunal ha podido constatar que la señora Soledad Meza de Alvarado y JENNY JAQUELINE MENDOZA VALENZUELA en calidad de representante de la financiera ahorro y crédito cooperativo la sagrada familia, suscribieron contratos con las víctimas, documentos de contratado de arrendamiento de vehículos, se tiene que el contrato fue cumplido los primeros días o meses sin embargo posteriormente los representantes no otorgaron ningún pago...", el tribunal a quo desconoce las mismas pruebas q menciona si bien se presentó en copias simples estos documentos, y en estos documentos consta mis generales de ley no existe mi firma, en las pruebas MP12, MP14, MP15, MP17, MP18, MP19, MP20, MP21, MP24, estos documentos no consta mi firma, y como el tribunal a que, indica que mi persona es autora del delito de estafa, si mi persona nunca dio su consentimiento para suscribir estos contratos, las pruebas MP16, MP22, MP23, MP25, MP26 y MP27 existen una firma que no es la mía como acusada, como son estos documentos fotocopias simples no se puede realizar el peritaje de firmas y rubricas, y como el tribunal a quo tiene la certeza que esa firma de los documentos mencionados es mi firma sin conocer un peritaje grafológico, se pidió que se realice el peritaje pero las supuestas víctimas no presentaron los documentos originales, y tampoco indicaron donde se encuentra los mismos, entonces no es un hecho probado. Asimismo el tribunal a que, desconoce que es documento criminalizada, así lo establece la jurisprudencia establecida el Auto Supremo 188/2013 de 11 de julio, dictado dentro del proceso penal seguido por el MP y otra contra MCB, por la presunta comisión del delito de Estafa, en el que fue declarada absuelta de pena y culpa la parte imputada, siendo anulada la sentencia por el Tribunal de alzada que dispuso la reposición de juicio ante el Tribunal de Sentencia llamado por ley; es así, que en casación se asumió el siguiente entendimiento: "En cuanto a las denuncias de omisión de pronunciamiento sobre el documento que al ser un contrato civil, debió activarse la instancia civil y no la penal, lo que vulneró el art. 117.III de la CPE, por penalizar un contrato civil; y, de la falta de motivación debida de la existencia del documento que desecharía el artificio o engaño...", asimismo la jurisprudencia establecida en el AUTO SUPREMO N° 297/2016-RRC Sucre, 21 de abril de 2016 ...el dolo debe preceder en todo caso a los demás elementos del tipo de la Estafa, pues una característica importante ante la línea del incumplimiento de obligación y la Estafa, está en que el sujeto activo sabe desde el momento de la concreción contractual que no querrá o no podrá cumplir la contraprestación que le incumbe, estableciéndose ello con actos manifiestos e inequívocos, siendo entonces que los negocios civiles y mercantiles criminalizados, se producen cuando el propósito defraudatorio se genera antes o al momento de la celebración del contrato y es capaz de mover la voluntad de la otra parte, a diferencia del mero incumplimiento contractual;... "cómo es posible que se me condene como autora del delito de estafa si las mismas victimas indican que se cumplió parte del contrato y otras víctimas suscribieron más de un contrato, siendo lo que se debería juzgar en el área civil incumplimiento de contrato y no así una estafa. También la jurisprudencia, ha dispuesto través del Auto Supremo 134 de 11 de junio de 2012, sobre el delito de estafa ¨… El supuesto de este tipo de estafa consiste en simular un contrato o un negocio jurídico cuyo incumplimiento determina que se produzca un perjuicio directo en el patrimonio ajeno como consecuencia del acto de disposición patrimonial del contratante que ha sido engañado. Este supuesto es denominado como negocio jurídico criminalizado" o "contrato criminalizado, que se configura a través de la celebración de un contrato o negocio jurídico con la cara y absoluta intención de incumplirlo...¨¨ En el presente caso las mismas victimas dicen que se cumplió parte del contrato y otros suscribieron 2 contratos, denotando que se cumplió con documento, Además la jurisprudencia en Auto Supremo 67 de 27 de enero de 2006, que resolvió la denuncia efectuada por el imputado, referida a la violación del principio de igualdad y constató, que en la fundamentación de la Sentencia del A quo, en forma unánime y conjunta habría llegado a la conclusión de que el imputado sería el autor de la comisión del delito de Homicidio por emoción violenta, previsto por el artículo 254 primera parte del CP; sin embargo, en la parte resolutiva se habría declarado su culpabilidad por el mismo delito en su segunda parte, resultando la sentencia contradictoria entre sus partes considerativa y resolutiva, aspecto que no habría sido observado por el Auto de Vista recurrido, estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: "El principio de tipicidad" se establece en materia penal a favor de todos los ciudadanos y se aplica como una obligación a efectos de que los jueces y Tribunales apliquen la ley penal sustantiva debidamente, enmarcando la conducta del imputado exactamente en el marco descriptivo de la ley penal a efectos de no incurrir en violación de la garantía constitucional del "debido proceso", la calificación errónea del marco descriptivo de la ley penal deviene en defecto absoluto insubsanable, tal como sucede en el caso de autos en que los Tribunales de sentencia y apelación subsumieron la conducta del procesado en el tipo penal de homicidio en emoción violenta párrafo segundo cuando debió ser el mismo artículo en su párrafo primero. Evidenciándose violación al principio de "legalidad" que además se complementa con los principios de "taxatividad", "tipicidad". "lex escripta" y "especificidad". Violando además la "galanía constitucional del debido proceso" por su errónea aplicación de la Ley sustantiva" (el resaltado es nuestro). Cuando los arts. 124 y 173 del Código de Procedimiento Penal, exigen la fundamentación y valoración de las pruebas, en los fallos, no es suficiente concluir con la imposición de la pena, sino que se debe individualizar y explicar claramente qué pruebas lo llevaron al juzgador a esa convicción, puesto que la fundamentación, surge en cada caso del análisis y valoración personal a la que llega el juzgador, sobre las pruebas judicializadas, bajo los parámetros de la sana crítica. La fundamentación motivada, como producto final es el razonamiento al que debe llegar el juzgador para imponer finalmente la pena, que es la convicción plena para sancionar el ilícito o absolverlo, estableciendo claramente el grado de participación o no del imputado, así como la graduación o quantum de la pena en su caso, con invocación de las normas al respecto. II. PETITORIO En estricto apego al Código de Procedimiento Penal en sus articulos 408 y stgs, interpongo APELACIÓN RESTRINGIDA en contra de la sentencia No. estricto 37/2020 de fecha 21 de octubre 2020, siendo que la misma violo derechos Y garantías establecidas en la Constitución Política del Estado en sus Art. 113 num. 1, 15 num. I, y del CPP en su art. 11, vulnerando de esta manera el derecho al debido el proceso a una tutela efectiva, además de no existir fundamentación y motivación en la sentencia señalada, por tales motivo es injusta, por lo que SOLICITO AL AMPARO DE CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL en su art. 413 la ANULACION TOTAL de la Sentencia No. 37/2020 de fecha 21 de octubre 2020, EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA PRIMERO DE LA CIUDAD DE EL ALTO. OTROSI 1ro. - En calidad de prueba señalo, las audiencias de juicio oral, la sentencia mencionada, la acusación fiscal y la acusación particular y las pruebas de cargo presentadas por los acusadores. OTROSI 2do.- Conforme el art. 411 del código de procediendo penal, solicito señale día y hora de audiencia para fundamentar con más amplitud el recurso. OTROSI 3ro. - Asume nuevo patrocinio el abogado suscribiente y se atiene al arancel mínimo del colegio de abogados y señala domicilio procesal en la Av. Franco Valle No. 111 Edif. España Piso 2 of. 36, al frente del Palacio de Justicia de la Ciudad de El Alto, cel.: 78873505, correo electrónico holles.alvarado86@gmail.com Una ley no es justa por el simple hecho de ser, debe ser ley porque es justa... La Paz, marzo 2021 Puesto a despacho a la fecha A, 25 de marzo de 2021 TENGASE por presentada la apelación restringida presentada por Jenny Jaqueline Mendoza Valenzuela, en los términos del memorial por que antecede y en aplicación a lo establecido en el artículo 409 del CPP, póngase en conocimiento de las otras partes para dentro del término de diez (10) días lo contesten fundamentada mente. Al Otrosí 1º. - Téngase presente. Al Otrosí 2º.- Téngase presente. Al Otrosí 3º.- Por señalado. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MEMORIAL DE 14/04/2021 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TRIBUNAL 1° DE SENTENCIA EN LO PENAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN Presidente. Dr. Juan Carlos Flores Cangri. IANUSNo. 201611335E INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA EN CONTRA DE LA RESOLUCION SENTECIA No. 37/2020 OTROSI. SOLEDAD MEZA CONDORI, con Cedula de Identidad No. 6751218 LP, y demás generales de ley ya conocidas dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico en contra de Agueda Ines Mayta y otros habiendo sido notificada y en tiempo hábil y oportuna, por la supuesta comisión del delito de estafa, expone y solicita: Señor Presidente del Tribunal 1ro de Sentencia No 37/2021 dictada por su Autoridad de fecha 21 de octubre de 2020, ha sido aplicada la ley sustantiva erróneamente, violando la norma procesal penal con respecto a la valoración de las pruebas para respaldar y probar que no tuve participación por el hecho delictivo que se me acuso inicialmente, en consecuencia, voy a describir la aplicación errónea de la ley sustantiva y procesal: I.AGRAVIOS SUFRIDOS Y FUNDAMENTACIÓN DE DERECHO En el desarrollo del Juicio, vulnerando Derechos y Garantías constitucionales de la acusada, por lo como la persona directamente afectada por la decisión, presento Apelación Restringida conforme al Código de Procedimiento Penal en su Artículo 370. (Defectos de la sentencia). Los defectos de la sentencia que habilitan la apelación restringida, serán los siguientes: 3) Que falte la enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada; y 5) Que no exista fundamentación de la sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria; 6) Que la sentencia se base en con hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; 1.1 PRIMER AGRAVIO: ESTABLECIDO EN EL CPP EN SU art. 370 inc. 3) QUE FALTE LA ENUNCIACIÓN DEL HECHO OBJETO DEL JUICIO O SU DETERMINACIÓN CIRCUNSTANCIADA; La sentencia No 37/2021 de fecha 21 de octubre de 2021, emitido por Tribunal 1ro de Sentencia de la ciudad de El Alto emite la Sentencia, en el punto I. LA ENUNCIACIÓN DEL HECHO Y CIRCUNSTANCIA QUE HAYAN SIDO OBJETO DEL JUICIO enuncia que el juicio se realizó conforme la acusación fiscal todo conforme el CPP en su "....Artículo 342°- (Base del juicio).- El juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o la del querellante, indistintamente. En ningún caso el juez o tribunal podrá incluir hechos no contemplados en alguna de las acusaciones, producir prueba de oficio ni podrá abrir el juicio si no existe, al menos, una acusación..." en el presente caso la acusación fiscal solo en su descripción II. RELACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DEL HECHO, indica que la señora INES AGUEDA MAYTA PARICAGUA fue detenida en acción directa en fecha 06 de octubre de 2016, a denuncia de Néstor Barreto quien indica que fue víctima de una estafa; en este relato la acusación fiscal no describe como mi Persona participe en el supuesto hecho ilícito, como mi persona estafo a las supuestas T victimas, donde se realizó el hecho ilícito en qué lugar, cuando se realizó el hecho ilícito en que fecha, la acusación solo menciona que en fecha 06 de octubre 2016 en acción directa se detuvo a INES AGUEDA MAYTA, nada referente a lo anteriormente descrito, pero aun asi el Tribunal a quo, aunque se hizo conocer esta observación decidió seguir con el juicio oral y contradictorio. Por todo lo expuesto también cabe señalar que el CPP en su: “…Artículo 360°. - (Requisitos de la sentencia). La sentencia se pronunciará en nombre de la República y contendrá. 2. LA ENUNCIACIÓN DEL HECHO Y CIRCUNSTANCIAS QUE HAYAN SIDO OBJETO DEL JUICIO…” La sentencia carece de esta enunciación del hecho que hechos ilícitos se va a debatir en juicio, y estos hechos deben estar descritos en la acusación fiscal o en la acusación particular, y porque es importante conocer estos hechos, para ejercer mi derecho a la defensa pueda ser presentada con relación a los hechos del juicio, sin embargo el Tribunal a quo introduce otros hechos al juicio, situación que va en contra del CPP en su “… Artículo 342º.- (Base del juicio).- El juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o la del querellante, indistintamente. En ningún caso el juez o tribunal podrá incluir hechos contemplados en alguna de las acusaciones, producir prueba de oficio ni podrá abrir el juicio si no existe, al menos, una acusación…”, prueba clara la sentencia apelada, en su punto I. LA ENUNCIACIÓN DEL HECHO Y CIRCUNSTANCIA QUE HAYAN SIDO OBJETO DEL JUICIO, donde introduce hechos que no están mencionados en ninguna de la acusación fiscal o particular, por lo tanto el tribunal a quo obra en contra de la ley, y de forma utrapetita al introducir nuevos hechos en el juicio oral. I.2 SEGUNDO AGRAVIO: ESTABLECIDO EN EL CPP EN SU art. 370 inc 5) QUE NO EXISTA FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA O QUE ÉSTA SEA INSUFICIENTE O CONTRADICTORIA; Con relación al núm. 5 del Art. 370 de la Ley Adjetiva, se debe entender que la finalidad de este precepto es que exista motivación o fundamentación, que es deber del órgano Jurisdiccional y un derecho de los justiciables y su importancia es de tal magnitud que se la considera como un elemento del Debido Proceso, al respecto, el I A.S. N° 073/2013-RRC de 19 de marzo de la Sala Penal Segunda ha dejado establecido lo siguiente: “(…) Como se tiene desarrollado ampliamente por este a Tribunal, entre las vertientes de trascendencia de la garantía constitucional al debido proceso, se encuentra la exigencia de que toda resolución judicial debe ser debidamente fundamentada o motivada (…) la fundamentación descriptiva, la 2 fundamentación fáctica, la fundamentación analítica o intelectiva y la fundamentación jurídica… El Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006, señalo como doctrina legal aplicable: “que la calificación del hecho a un tipo penal determinado es en razón a describir primeramente el hecho para luego comparar las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito;es necesario tomar en cuenta que la conducta general descrita por el tipo 130 penal se encuentra en la norma, mientras que la conducta particular se identifica por la descripción de sus peculiaridades, si estas se subsumen a todos los elementos constitutivos de un tipo penal, recién podrá calificarse el hecho como delito incurso en tal normativa en caso de que falte la adecuación de un elemento constitutivo del tipo penal el hecho no constituye delito o en su caso se adecua a tentativa u otra figura delictiva”. Auto Supremo 236 de 7 de marzo de 2007, determinó como doctrina legal aplicablea la siguiente: "El debido proceso se manifiesta en que las partes procesales gocen de los derechos y garantías previstas para que la investigación y juzgamiento se desarrollen en el marco del respeto a los derechos fundamentales de la persona, sea aquella el acusador particular o público, y el acusado; precepto al que se suma el derecho a la seguridad jurídica, debiendo la actividad jurisdiccional esmerarse para brindar a los administrados la seguridad que las decisiones se enmarquen en los preceptos establecidos en la Constitución Politica del Estado, Los Tratados y Convenios Internacionales, y la Ley. Los delitos para ser considerados como tales, deben reunir todas las condiciones exigidas para cada tipo en el Código Penal y ser probado en juicio oral, público, contradictorio y continuo, y en la fase de subsunción legal los Tribunales y Jueces de Sentencia, y excepcionalmente los Tribunales de Apelación, deben tener el cuidado de observar que, a la ausencia de alguno de los elementos configurativos del tipo penal, no existe delito" Obligación de los Tribunales de emitir resoluciones fundadas en derecho y motivadas adecuadamente. Las resoluciones, para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, como la observancia al deber de fundamentar y motivar adecuadamente las mismas; debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación, el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: "Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación Motivación como argumentación jurídica especial, señala: 'El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y analogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica. En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria, (injusta)." LA SENTENCIA ES INSUFICIENTE AL NO SEÑALAR QUE ACCIONES REALIZO PARA PERPETRAR EL ILICITO, Señor Vocal, en el presente caso se acuso a 6 personas y solo en la acusación fiscal se describe el actuar de una persona INES AGUEDA MAYTA, la única persona que fue detenía en acción directa en fecha 06 de octubre 2021, quien fue denuncia por la victima Néstor Barreto por prestarse un monto de dinero y dar en garantía un vehículo, pero la acusación no describe como fue mi participación en este ilícito cuando fue mi participación, en que fecha fue realizada este ilicito, solo menciona el 06 de octubre 2021 fecha que fue detenida INES AGUEDA MAYTA, tampoco detalla en que lugar fue realizado el hecho ilícito, solo el tribunal menciona que mi persona firmo contratos de arrendamiento de vehículos con las victimas, prometiéndoles pagarles sumas de Bs.- 10000; Bs.-12.000, por mes, montos que declaran haver recibidos en parte y otras víctimasdeclaran haber recibido de forma total y haber suscrito otro documento posterior, entonces no se realizo este hecho el 6 de octubre como dice la sentencia condenatoria, se realizó meses antes, por lo que la sentencia al no mencionar la fecha el lugar y como participe en este hecho es insuficiente. Solo en la sentencia se indica que firme varios documentos de arredramiento, mencionando las pruebas MP12, MP14, MP15, MP16, MP17, MP18, MP19, MP20, MP21, MP22, MP23, MP24, MP25, MP26 y MP27, pero adjunto los mismos documentos que no constan mi firma en estos documentos MP12, MP14, MP15, MP17, MP18, MP19, MP20, MP21, MP24, pero si existen documento con supuestamente mi firma en estos documentos MP16, MP22, MP23, MP25, MP26 y MP27, documentos que solo son fotocopias simples negándose las victimas a presentar los originales, y tampoco mencionan donde se encuentran los documentos originales para realizar el perita grafológico, y las victimas obviamente aseguran que fue firmado por mi persona y yo como acusada no reconoci ninguna firma en ningún documento, por lo que para salir de esta duda solicite el peritaje grafológico, que el tribunal a quo no dio curso, por lo que el tribunal al no tener la seguridad de que esa firma fuera de la acusada no puede asegurar que esos documentos fueran suscritos por mi persona. I.3 TERCER AGRAVIO: ESTABLECIDO EN EL CPP EN SU art. 370 inc. 6) Que la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; El tribunal ad quo baso su sentencia, y condena a la imputada SOLEDAD MEZA CONDORI con HECHOS INEXISTENTE,en su punto III. FUNDAMENTOS PROBATORIOS-HECHOS PROBADOS;”…las pruebas siginadas con los códigos MP12,MP14, MP15, MP16, MP17, MP18, MP19, MP20, MP21, MP22, MP23, MP24, MP25, MP26 y MP27 el tribunal a podido constatar que la señora Soledad Meza de Alvarado y Jenny Jaqueline Mendoza Valenzuela en calidad de representante de la financiera ahorro y crédito cooperativo la sagrada familia, suscribieron contratos con las víctimas, documentos de contrato de arrendamiento de vehículos, se tiene que el contrato fue cumplido los primeros días o meses sin embargo posteriormente los representantes no otorgaron ningún pago...", el tribunal a quo desconoce las mismas pruebas que menciona si bien se presentó en copias simples estos documentos el tribunal desconoce si se realizaron o no pagos, en las declaraciones testificales la mayoría de las víctimas señalan que recibieron pagos incluso renovaron contratos si no tuvieran los pagos al día no se hubiera realizado renovaciones de contratos ,ahora los contratos que cursan en el expediente no son originales y si bien existen firmas, que no son las mías como acusada, como son estos documentos fotocopias simples no se puede realizar el peritaje de firmas y rubricas, y como el tribunal que no tiene la certeza que esa firma de los documentos mencionados en mi firma sin conocer un peritaje grafológico, se pidió que se realice el peritaje pero las supuestas víctimas no presentaron los documentos originales, y tampoco indicaron donde se encuentra cuando ellos saquearon una mochila café donde se encontraban los contratos originales y verdaderos más los recibos de pago esto lo hicieron el día que me secuestraron los mismos y esto se corrobora en una de las declaraciones testificales de una de las supuestas víctimas, entonces no es un hecho probado. Asimismo el tribunal a quo, desconoce que es documento criminalizada, así lo establece la jurisprudencia establecida el “…Auto Supremo 188/2013 de 11 de julio, dictado dentro del proceso penal seguido por el MP y otra contra MCB, por la presunta comisión del delito de Estafa, en el que fue declarada absuelta de pena y culpa la parte imputada, siendo anulada la sentencia por el Tribunal de alzada que dispuso la reposición de juicio ante el Tribunal de Sentencia llamado por ley; es así, que en casación se asumió el siguiente entendimiento: "En cuanto a las denuncias de omisión de pronunciamiento sobre el documento que al ser un contrato civil, debió activarse la instancia civil y no la penal, lo que vulneró el art. 117.III de la CPE, por penalizar un contrato civil; y, de la falta de motivación debida de la existencia del documento que desecharía el artificio o engaño...", asimismo la jurisprudencia establecida en el AUTO SUPREMO N° 297/2016-RRC Sucre, 21 de abril de 2016 “...el dolo debe preceder en todo caso a los demás elementos del tipo de la Estafa, pues una característica Importante ante la línea del incumplimiento de obligación y la Estafa, está en que el sujeto activo sabe desde el momento de la concreción contractual que no querrá o no podrá cumplir la contraprestación que le Incumbe, estableciéndose ello con actos manifiestos e inequívocos, siendo entonces que los negocios civiles y mercantiles criminalizados, se producen cuando el propósito defraudatorio se genera antes o al momento de la celebración del contratoy es capaz de mover la voluntad de la otra parte, a diferencia del mero incumplimiento contractual;... "cómo es posible que se me condene como autora del delito de estafa si las mismas victimas indican que se cumplió parte del contrato y otras víctimas suscribieron más de un contrato, siendo lo que se debería juzgar en el área civil incumplimiento de contrato y no así una estafa. También la jurisprudencia, ha dispuesto través del Auto Supremo 134 de 11 de junio de 2012 sobre el delito de estafa "...El supuesto de este tipo de estafa consiste en simular un contrato o un negocio Jurídico cuyo incumplimiento determina que se produzca un perjuicio, directo en el patrimonio ajeno como consecuencia del acto de disposición patrimonial del contratante que ha sido engañado. Este supuesto es denominado como "negocio jurídico criminalizado" o "contrato criminalizado", que se configura a través de la celebración de un contrato o negocio jurídico con la absoluta intención de incumplirlo. En el presente caso las mismas victimas dicen que se cumplió parte del contrato y otros suscribieron 2 contratos, denotando que se cumplió con documento. Además la jurisprudencia en Auto Supremo 67 de 27 de enero de 2006, que resolvió la denuncia efectuada por el imputado, referida a la violación del principio de igualdad y constató, que en la fundamentación de la Sentencia del A quo, en forma unánime y conjunta habría llegado a la conclusión de que el imputado sería el autor de la comisión del delito de Homicidio por emoción violenta, previsto por el artículo 254 primera parte del CP; sin embargo, en la parte resolutiva se habría declarado su culpabilidad por el mismo delito en su segunda parte, resultando la sentencia contradictoria entre sus partes considerativa y resolutiva, aspecto que no habría sido observado por el Auto de Vista recurrido, estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: "El "principio de tipicidad" se establece en materia penal a favor de todos los ciudadanos y se aplica como una obligación a efectos de que los jueces y Tribunales apliquen la ley penal sustantiva debidamente, enmarcando la conducta del imputado exactamente en el marco descriptivo de la ley penal a efectos de no incurrir en violación de la garantía constitucional del "debido proceso", la calificación errónea del marco descriptivo de la ley penal deviene en defecto absoluto insubsanable, tal como sucede en el caso de autos en que los Tribunales de sentencia y apelación subsumieron la conducta del procesado en el tipo penal de homicidio en emoción violenta párrafo segundo cuando debió ser el mismo artículo en su párrafo primero. Evidenciándose violación al principio de "legalidad" que además se complementa con los principios de "taxatividad", "tipicidad", "lexescripta" y "especificidad". Violando además la "galanía constitucional del debido proceso" por su errónea aplicación de la Ley sustantiva” (el resaltado es nuestro). Cuando los arts. 124 y 173 del Código de Procedimiento Penal, exigen la fundamentación y valoración de las pruebas, en los fallos, no es suficiente concluir cons la imposición de la pena, sino que se debe individualizar y explicar claramente qué pruebas lo llevaron al juzgador a esa convicción, puesto que la fundamentación, surge en cada caso del análisis y valoración personal a la que llega el juzgador, sobre las pruebas judicializadas, bajo los parámetros de la sana crítica. La fundamentación motivada, como producto final es el razonamiento al que debe llegar el juzgador para imponer finalmente la pena, que es la convicción plena para sancionar el ilícito o absolverlo, estableciendo claramente el grado de participación o no del imputado, así como la graduación o quantum de la pena en su caso, con invocación de las normas al respecto. II.PETITORIO En estricto apego al Código de Procedimiento Penal en sus artículos 408 y stgs, interpongo APELACIÓN RESTRINGIDA en contra de la Sentencia No. 37/2020 de fecha 21 de octubre 2020, siendo que la misma violo derechos y garantías establecidas en la Constitución Política del Estado en sus Art. 113 num. I, 115 num. I, y del CPP en su art. 11, vulnerando de esta manera proceso, el derecho a una tutela efectiva, además de no existir fundamentación y motivación en la sentencia señalada, por tales motivo es injusta, por lo que SOLICITO AL AMPARO DE CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL en su art. 413 la ANULACIÓN TOTAL de la Sentencia No. 37/2020 de fecha 21 de octubre 2020, EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA PRIMERO DE LA CIUDAD DE EL ALTO. OTROSI 1ro.- En calidad de prueba señalo, las audiencias de juicio oral, la sentencia mencionada, la acusación fiscal y la acusación particular y las pruebas de cargo presentadas por los acusadores. OTROSI 2do.- Conforme el art. 411 del código de procediendo penal, solicito señale día y hora de audiencia para fundamentar con más amplitud el recurso. OTROSI 3ro.- Asume patrocinio el abogado suscribiente y se atiene al arancelmínimo del colegio de abogados y señala domicilio procesal en la Av. Franco Valle No.111 Edif/España Piso 2 of. 36, al frente del Palacio de Justicia de la Ciudad de El Alto,cal: 78873505, correo electrónico holles.alvarado86@gmail.com &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 15 de abril de 2021 TENGASE por presentada la apelación restringida de SOLEDAD MEZA CONDORI, en los términos del memorial que antecede y en aplicación a lo establecido en el artículo 409 del CPP, póngase en conocimiento de las otras partes para que dentro del término de diez (10) días lo contesten fundamentada mente y sea con las formalidades de ley Al Otrosí 1º.- Por señalado. Al Otrosí 20º.- Téngase presente. Otrosí 3º.- Téngase presente y por señalado. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


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