EDICTO

Ciudad: VALLEGRANDE

Juzgado: TRIBUNAL DE SENTENCIA EN MATERIA PENAL; JUZGADO PUBLICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE


Ciudad: Vallegrande Juzgado: TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 1º; JUZGADO PUBLICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DE SENTENCIA Fecha publicación: 15/11/2021 EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE, COMPUESTO POR LOS JUECES TÉCNICOS, HUGO CELSO FERNÁNDEZ PEÑARANDA, MARY SEVERICH SILES Y APOLINAR FLORES PEÑAFIEL DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO DE SAMAIPATA A DENUNCIA DE CLEMENCIA VIDAL GONZALES CONTRA EL ACUSADO FRANCISCO COSSIO GONZALES por el supuesto delito de VIOLACION AGRAVADA, se notifica a la denunciante CLEMENCIA VIDAL GONZALES, con el presente edicto en cumplimiento del Art. 165 del C.P.P.- A CUYO EFECTO SE TRANSCRIBEN LOS SIGUIENTES ACTUADOS.- SENTENCIA 21/18 No. /21 de fecha 22 de Octubre del 2018.- Dra. Ana María Paz Irusta.- Juez Presidenta.- Dra. Mary Severich Siles Juez Técnico Dr. Hugo Celso Fernández Juez Técnico Dr. Roberto Peña Secretario Fiscal: Dr. Gustavo Bohorquez Trujillo del Ministerio Público Causa No. 707601201600017 de fecha 27/05/2.016 Pronunciada el día Lunes 22 de octubre del año dos mil dieciocho, en el Salón de Audiencias Remberto Prado Montaño del Tribunal Primero de Sentencia de la provincia de Vallegrande. IDENTIDAD DEL ACUSADO: FRANCISCO COSSIO GONZALES, no porta cedula de identidad, de nacionalidad Boliviana, hábil por ley natural de la ciudad de Cochabamba, nacido el 10 de Octubre de 1970, estado civil concubino, de ocupación Gomero, de 45 años de edad con domicilio antes de ser detenido en la comunidad de Bermejo de la provincia Florida Samaipata de condición humilde pero denota ser astuto, manipulador e inteligente, tal apreciación emerge de lo observado por este Tribunal y los antecedentes del cuaderno procesal y lo vertido por el propio imputado en su audiencia ACTUACIONES PROCESALES En fecha 28 de enero del 2016 radica en este Tribunal de Sentencia 1ro. de la provincia de Vallegrande, el proceso presentado por el Ministerio Público con Acusación contra FRANCISCO COSSIO GONZALES, por la presunta comisión del delito de VIOLACION DE INFANTE NIÑA , NIÑO ADOLESCENTE , previsto en el Art. 308 Bis. del Código Penal. Posteriormente en aplicación a lo previsto por la Ley 586, se señala audiencia para considerar la aplicación de una salida alternativa al juicio oral, audiencia de fecha 22 de Octubre del año en curso, en la que el acusado FRANCISCO COSSIO GONZALES, solicita someterse a la salida alternativa de Procedimiento Abreviado, admitiendo su participación en el hecho acusado, a cuyo efecto el señor representante del Ministerio Publico, presenta el correspondiente requerimiento solicitando se dé curso al mismo. Instalada la audiencia, el señor representante del Ministerio Público Dr. Gustavo Bohorquez, requiere porque se dé curso a la aplicación de la salida alternativa del Procedimiento Abreviado conforme lo previsto en los arts. 373 y 374 del CPP., alegando que se Habría llegado a un acuerdo con el acusado y su abogado defensor, aceptando el mismo su participación en el hecho que se le acusa, aceptando la imposición de una pena de 20 años de reclusión, por el delito de VIOLACION DE INFANTE NIÑA , NIÑO ADOLESCENTE a tal efecto y en cumplimiento a la Ley 586 requiere sea aceptada la misma. Que, Por su parte el abogado de la defensa del imputado FRANCISCO COSSIO GONZALES, refiere que, es evidente haber llegado a un acuerdo con el Ministerio Público, respecto a la aplicación de una salida alternativa de Procedimiento Abreviado, toda vez que su defendido reconoce la comisión del delito acusado renunciando a la realización del juicio oral y aceptando la imposición de una sentencia condenatoria de 20 años de reclusión, conforme lo establecido en el Art. 373 del CP Penal Que, A su turno la parte la representante de la Defensoría de la Niñez expresa que está de acuerdo con la pena impuesta de 2 años, habiendo firmado el acuerdo de salida alternativa de procedimiento abreviado, solicita que se dé curso En atención a lo escuchado y solicitado por los sujetos procesales, El representante del Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia , el imputado y su abogado de la defensa se resuelve: VISTOS: Lo manifestado por el Ministerio Público, solicitando la aplicación de la salida alternativa de Procedimiento Abreviado, con una pena de reclusión de veinte años en contra de FRANCISCO COSSIO GONZALES, dentro del proceso penal que le sigue por la presunta comisión del delito de VIOLACION DE INFANTE NIÑA , NIÑO ADOLESCENTE previsto y sancionado en el art. 308 Bis. del Código Penal CONSIDERANDO I: Que, de lo expuesto por el Ministerio Público y analizadas las pruebas de cargo presentadas, se ha podido corroborar la participación del acusado en el hecho, situación esta que se encuentra acreditada por las pruebas de cargo presentadas por el Ministerio Público, consistentes en la documental relativa a: *Denuncia formalizada por CLEMENCIA VIDAL GONZALES, CON SU RESPECTIVO INICIO DE INVESTIGACIÓN. *Papeleta de denuncias e informaciones, de fecha 7 de agosto de año 2014. Denuncia sentada por la Sra. Clemencia Vidal Gonzales. *Denuncia por el delito de violación, formulada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal deciente Mairana, en contra de Francisco Cossío Gonzales, de fecha 7 de agosto del 2014 *Requerimiento fiscal de fecha 7 de agosto del 2014, dirigido a la Directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Mairana, para que se realice la entrevista psicológica a la menor Madai Condori Vidal. 4. "Informe de entrevista psicológica efectuada a la víctima menor Madai Condori Vidal, de fecha; 7 de agosto del 2014. *Resolución de aprehensión de fecha 7 de agosto del año 2014. Informe de acción directa elaborado por el investigador asignado al presente caso Cbo. Freddy Chura *Certificado de nacimiento de la menor Madai Condori Chura. Requerimiento Fiscal, de fecha 7 de agosto del año 2014 dirigido al Director del Hospital Municipal de Mairana, para que realice una ecografía a la menor Madai Condori Vidal. *Informe ecográfico de fecha 7 de agosto del 2014. *Imputación formal en contra de Francisco Cossio Gonzales de fecha 8 de agosto del 2014 *Notificación al acusado Francisco Cossio Gonzales con el proveído de fecha 5 de enero del 2015 *Formulario de cadena de custodia *Requerimiento fiscal de fecha 18 de febrero del 2015 dirigido al Director de IDIF para que notifique con la designación de perito a la Dra. Elizabeth Alcalá y señale día y hora de juramento de perito *Notificación al imputado con el dictamen pericial *Declaración informativa policial del imputado Francisco Cossio Gonzales de fecha 7 de agosto del 2014. Que, de la revisión del cuaderno se puede establecer, que en el mes de abril del año 2014, en la localidad de Bermejo, en circunstancias en que la menor Madai Condori Gonzales de 11 años de edad, se quedó sola con su padrastro Francisco Cossio Gonzales, en su domicilio con el acusado FRANCISCO COSIO GONZALES abusó, sexualmente de la víctima menor, bajo amenaza de que si ella le contaba lo sucedido su madre, el mataría la señora Clemencia Vidal Gonzales. Que, de la entrevista psicológica efectuada a la víctima menor Madai Condori Vidal, de 11 años de edad; la misma manifiesta que 1 todo ocurrió en el mes de abril del año 2014, cuando se fueron a vivir a la comunidad de Bermejo, ella se quedo sola con su padrastro FRANCISCO COSIO GONZALES y éste abuso sexualmente de ella; desde ese momento refiere la menor que no le bajo su periodo, y constantemente el acusado le decía que si ella contaba lo sucedido, si le decía algo a su madre, mataría a la madre la menor; refiere la victima menor que después que tuvo las relaciones, el acusado leoral) compraba cosas a ella, a cambio de que ella callara, por lo que concluye recomendando terapia psicológica de fortalecimiento en el futuro. Que, del Informe médico de fecha 12 de diciembre del año 2014 emitido por el Dr. Jesus Urquizu Herrera, se tiene que a horas 05:20 a.m. del día 12 de diciembre del año 2014 la Madai horas 05:45 se efectuó la cesárea y se extrae feto sin signos vitales Condori Vidal, fue sometida a una cirugía cesárea de emergencia cubierto de meconio, se intentó reanimación fetal sin éxito. Que, de conformidad al acta de fecha 19 de diciembre del año 2014 se realiza la toma de muestra hisopado de carrillos dentarios del acusado FRANCISCO COSSIO GONZALES (mucosa Que, recepcionada la Declaración Informativa del acusado, previa las formalidades de ley, FRANCISCO COSSIO GONZALES; acompañado de su abogado defensor , se acoge a su derecho constitucional de guardar silencio Del análisis objetivo e imparcial que se hace y de las actuaciones procesales de la investigación realizada en la etapa preliminar la dirección del representante del Ministerio Público se ha logrado establecer que el responsable jurídicamente del hecho de VIOLACION DE INFANTE NINA , NIÑO ADOLESCENTE, previsto y en el Art. 308 bis del Código penal es el hoy imputado FRANCISCO COSSIO GONZALES, Por lo anteriormente expuesto solicito se de curso a la salida alternativa de procedimiento abreviado imponiéndole una pena de VEINTE AÑOS DE RECLUSIÓN A CUMPLIR EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN SANTA CRUZ PALMASOLA. Bajo Sancionada CONSIDERANDO II: Que, las salidas alternativas son instituciones jurídicas que permiten flexibilizar, economizar y descongestionar el sistema penal, sin tener que ir a juicio oral Las salidas alternativas procuran dar vías de solución opcionales y distintas al juicio, cuando se reúnan determinados requisitos consignados en el Código de Procedimiento Penal. Teniendo ventajas las salidas alternativas para la victima ya que obtiene una oportuna reparación al daño causado, en un tiempo razonable, para el imputado ya que este no se ve sometido a un juicio público con el consiguiente daño moral para él y su familia, favoreciendo su reinserción social y para el Estado, ya que le ahorra recursos materiales y humanos que podría destinar a casos de mayor gravedad y brinda satisfacción al ciudadano al dar soluciones prontas a los conflictos. Que, en el presente caso, concurren los requisitos previstos en los Arts - 52, 326 numeral 1) en su última parte, 373 y 374 del CPP, es decir la existencia del hecho, la participación del acusado, la admisión de culpabilidad de este, su renuncia a juicio ordinario y el acuerdo del abogado defensor, sin que medie ningún tipo de coacción o amenaza, estando consiente y conociendo de manera clara las consecuencias de su renuncia. Aceptando su responsabilidad con arrepentimiento. Siendo esta una salida alternativa que permite la simplificación del proceso, de modo que con el consentimiento del imputado y su abogado defensor, se prescinde del juicio oral y público, dictándose una sentencia condenatoria sobre la base de la admisión de los hechos, la participación del imputado y el requerimiento de la pena por parte del Fiscal. CONSIDERANDO III: Que, en nuestro Sistema Procesal Penal corresponde al Ministerio Público dirigir la investigación de los delitos y promover la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales y es quien bajo las investigaciones realizadas por el personal Policial bajo su dirección, considera que los hechos acontecieron de la manera indicada, con la autoría y participación del acusado como autor del delito acusado de VIOLACION DE INFANTE NIÑA , NIÑO ADOLESCENTE previsto en el art. 308 bis del Código Penal, se tiene que el Sr. Representante del Ministerio Público ha solicitado la aplicación de esta salida alternativa y una sentencia condenatoria de VEINTE ANOS de reclusión, contándose con el consentimiento del acusado y su abogado defensor y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que estuvieron presentes en audiencia , habiendo tomado certeza el Tribunal en pleno de la participación del acusado como autor del hecho que se le atribuye, se puede establecer que de los antecedentes indicados, se hace viable la procedencia del requerimiento fiscal de Procedimiento Abreviado presentado en este juicio. Por lo que sobre la base de los fundamentos fácticos y jurídicos anotados, se resuelve, POR TANTO: El Tribunal 1ro de Sentencia en lo Penal de la provincia de Vallegrande, con la facultad y competencia que le reconocen los Arts. 115, 116, 178 al 180 de la Constitución Política del Estado, Arts. 42, 43 numeral 3), 52, 326 num. 1), 373 y 374 del Código de Procedimiento Penal y demás disposiciones legales conexas, en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, FALLA. 1.- Declarando al acusado FRANCISCO COSSIO GONZALES, de generales de Ley conocidas durante el proceso, culpable del delito de VIOLACION DE INFANTE NIÑA, NIÑO ADOLESCENTE, previsto en el Art. 308 BIS del Código Penal, condenándolo, a la pena de VEINTE AÑOS de reclusión a cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz, sección varones, debiendo el Juez de Ejecución Penal debe controlar el estricto cumplimiento de la condena. 2.- Multa a calificarse en ejecución de sentencia, Sin lugar al Recurso de Apelación Restringida contra la presente Sentencia por parte del Ministerio Público y la defensa del imputado y la defensoría de la Niñez y Adolescencia al haberse arribado a un acuerdo verbal entre el señor Fiscal y el imputado en presencia de su Abogado Defensor y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia sobre el cuantun de la pena de VEINTE AÑOS, por lo que se hizo viable el Procedimiento Abreviado ; No estando presenten audiencia la parte civil. Por secretaria se ordena que se la notifique con la Sentencia, sea mediante exhorto Suplicatorio. Por Secretaria, líbrese mandamiento de condena y se ordena la remisión de los antecedentes al Juez de ejecución penal y el Registro de antecedentes penales (Rejap) Esta Sentencia de la que se tomará razón el libro correspondiente se llevó a cabo en audiencia pública a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil dieciocho años en el salón de audiencia de este Tribunal. En REGISTRESE Y ARCHIVESE COPIA FDO. ILEG. HUGO CELSO FERNANDEZ PEÑARANDA, JUEZ DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 1º JUZGADO PÚBLICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE.- FDO. ILEG. MARY SEVERICH SILES, JUEZ DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 1º JUZGADO PÚBLICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE.- FDO. ILEG. DRA. ANA MARIA PAZ IRUSTA, JUEZ DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 1º JUZGADO PÚBLICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE.- FDO. ILEG. ABOG. ROBERTO PEÑA RIVERA, SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 1º, JUZGADO PUBLICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE.- SEÑORES JUECES DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL Nº 1 JUZGADO PÚBLICO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA Y DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE.- 1.- FORMULA RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA.- OTROSÍ.- FRANCISCO COSSIO GONZALES, con CI N° 3948351 SC, mayor de edad y hábil por y dentro del ilegal e indebido proceso penal, que a denuncia de Clemencia Vidal Gonzalez, que sigue el Ministerio Público en contra de mi persona, por el supuesto delito de Violación; signado en la Fiscalia con el Caso FELCC Nº 151/14 y en el Tribunal, signado el Cuaderno Procesal con el N° 13/2016, ante vuestra autoridad con las consideraciones más distinguidas, expongo y pido.- I.-EXORDIO.- Sin consentir ni convalidar, en ninguna forma derecho las irregulares actuaciones consumadas dentro de este ilegal proceso penal, en tiempo y forma hábiles por ley, apoyado en lo previsto por los Artículos 407, 408, 409 y siguientes del Código de Procedimiento Penal; vengo a interponer el presente Recurso de Apelación Restringida en contra de la Sentencia Nº 21/2018 de fecha 22 de octubre del 2018, pronunciada dentro de un FALSO Y FRAUDOLENTO PROCEDIMIENTO ABREVIADO, en virtud del cual, los jueces miembros del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE; no solamente pronunciaron una Resolución manifiestamente contraria a la ley, sino también, mediante una serie de engaños y actuaciones totalmente sesgadas, violando groseramente el PRINCIPIO ACUSATORIO, me indujeron en error para que firmara el supuesto "Acuerdo Legal para el procedimiento abreviado", donde hacen constar de forma genérica que supuestamente el acusado admitía la comisión del delito de VIOLACIÓN previsto en el Art. 308, sin embargo, me condenaron a 20 años de privación de libertad por el delito previsto en el Art 308 bis. (VIOLACIÓN DE INFANTE, NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE) y la agravante prevista en el inciso k) del Art. 310 ambos del Código Penal. Es decir, por una conducta delictiva que mi persona como imputado, nunca jamás admitió su comisión y menos su participación De igual forma, en dicho acuerdo, falsamente hacen figurar la aceptación como si fuera mi abogado al Dr. Carlos Salazar Siles, sabiendo que nunca jamás mi Abogado Defensor y tampoco lo había conocido anteriormente, por el contrario, dicho profesional abogado simplemente firmo el documento por petición y la amistad con los miembros del Tribunal de Sentencia de Vallegrande y del Representante del Ministerio Público Dr. Gustavo Bohórquez Trujillo.- II.- MARCO TEÓRICO DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA Se denuncia ante sus probidades que el Tribunal A-QUO, al pronunciar la Sentencia N° 21/2018 de fecha 22 de octubre del 2018, no solamente quebrantaron las normas adjetivas y sustantivas de la materia, sino también al realizar una incorrecta interpretación de los hechos y una valoración defectuosa y parcializada de las pruebas, ha incurrido en los errores in procedendo in iudicando en la Sentencia N° 21/2018 de fecha 22 de octubre del 2018. Dichos defectos contenidos en la sentencia están previstos en el artículo 170 incisos 1. 5. 6, 8, 10 y 11, de la Ley N° 1970. La inobservancia de la Ley y su errónea aplicación en la Sentencia Nº 21/2018 de fecha 22 de octubre del 2018, legitimaran al tribunal A-QUEM, para que en usos de sus facultades jurisdiccionales revoquen la sentencia declaren mi absolución, o anulen totalmente la sentencia y ordenen la reposición de otro juicio por otro Tribunal.- Por tanto, se denuncia mediante el presente Recurso de Apelación Restringida que el Tribunal A-QUO, en la Sentencia Nº 21/2018 de fecha 22 de octubre del 2018, ha incurrido en los siguientes defectos absolutos.- a).- El Tribunal A-QUO, en la Sentencia Nº 21/2018 de fecha 22 de octubre del 2018, no solamente ha inobservado en ley sustantiva en sus artículos 15, 70, 308 bis del Codigo Penal, sino también los Arts. 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado, con relación a lo previsto por los artículos 1, 6, 363, 373 y 374 del Código Procedimiento Penal; lo que demuestra que ha aplicado erróneamente la ley sustantiva, (defecto previsto en el artículo 370 inciso 1).- b).- El Tribunal. A-QUO, en la Sentencia Nº 21/2018 de fecha 22 de octubre del 2018, ha realizado una insuficiente e irrisoria fundamentación, incurriendo en el defecto previsto en inciso 5 del artículo 370 de la ley Nº 1970. Por tanto, el Tribunal A-QUO, no aprecio ni valoro las pruebas con sana crítica y prudente arbitrio, de haberlo hecho no hubiera permitido que se consume una serie de disquisiciones indescifrables y tergiversadas sin ninguna fundamentación legal, en la Sentencia Nº 21/2018 de fecha 22 de octubre del 2018, dejando en evidencia la parcialidad en las actuaciones del Tribunal A-QUO.- c).- El Tribunal A-QUO, en la Sentencia Nº 21/2018 de fecha 22 de octubre del 2018, ha cometido errores de hecho como de derecho en la apreciación y valoración de las pruebas, cayendo en los defectos previstos por el artículo 370 inciso 6 de la Ley N° 1970, porque la sentencia se basó en hechos inexistentes y no acreditados, como también en una valoración defectuosa de la prueba d).- El Tribunal A - QUO, en la Sentencia Nº 21/2018 de fecha 22 de octubre del 2018 de forma indebida e ilegal ha plasmado flagrantes contradicciones en su parte dispositiva y entre estas y la parte considerativa, circunscribiendo su ilegal accionar en las previsiones contenidas en el inciso del Art 370 del Código de Procedimiento Penal.- e).- El Tribunal A-QUO, en la Sentencia Nº 21/2018 de fecha 22 de octubre del 2018, de forma indebida e ilegal, ha inobservado las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia, constituyendo defecto previsto en el inciso 10 del Art. 370 de la Ley N° 1970.- El Tribunal A-QUO, en la Sentencia Nº 21/2018 de fecha 22 de octubre del 2018, de forma deliberada omito observar las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la acusación.- defecto previsto en el inciso 11 del Art 370 de la ley N° 1970.- Así también, denuncio mediante este recurso de Apelación Restringida que el Tribunal A- QUO, ha realizado y valorado actos consumados con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y por su ley adjetiva N° 1970, todas estas actuaciones son ilegales y contrarias a Derecho, por lo que en aplicación a lo previsto por el artículo 17 y 30 de la Ley de Organización Judicial con relación al Art. 25 -1 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) de 22 de Noviembre de 1969, solicito al Tribunal de alzada que previa comprobación conforme a derecho sobre las ilegales actuaciones realizadas por el Tribunal A-QUO, revoque la irrita Sentencia Nº 21/2018 de fecha 22 de octubre del 2018, y pronunciandose en el fondo declare mi absolución o en su defecto anule obrados y ordene nuevo juicio.- PRIMER FUNDAMENTO.- (DEFECTOS ABSOLUTOS EN EL PROCEDIMIENTO Y EN LA SENTENCIA).- DENUNCIA DEFECTOS ABSOLUTOS POR NO REALIZAR LA AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO PARA PRONUNCIAR LA SENTENCIA N°21/2018 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018, EN VIRTUD DE LA CUAL, SIN QUE EXISTA EL ENTE ACUSADOR ME CONDFNAN POR EL DELITO VIOLACIÓN PREVISTO EN EL ART. 308 BIS. (VIOLACIÓN DE INFANTE, NINA, NIÑO O ADOLESCENTE), Y LA AGRAVANTE PREVISTA EN EL INCISO K) DEL ART 310 AMBOS DEL CÓDIGO PENAL, INFRINGIENDO LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 4, 13 y 70 DEL CODIGO PENAL, CONSECUENTEMENIE HAN QUEBRANTADO EL ARTÍCULO 115, 116 y 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO CON RELACIÓN A LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 1,6 y 363 DE LA LEY 1970, POR APLICAR ERRÓNEAMENTE EL ARTÍCULO 308 bis DEL CÓDIGO PENAL (Defecto previsto en el artículo 370 inciso 1.-) Pido que considere el Tribunal de Apelaciones, que los miembros del Tribunal A-QUO, han incurrido en los siguientes errores IN IUDICANDO IN IURE la pronunciar la SENTENCIA N° 21/2018 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018, como se demuestran por las siguientes consideraciones de orden legal.- PRIMERO- CON RELACIÓN A LA ACUSACIÓN FORMAL.- 1) - A fs. 43, cursa el Oficio N° 96/2016 de fecha 24 de mayo del 2016, en virtud del cual el Juez Cautelar de la Provincia Florida, remitió a fojas 42, la Acusación Formal en contra de Francisco Cossio Gonzales, al Tribunal de Sentencia de la Provincia de Vallegrande, (adjuntando pruebas a fojas 33).- 2).- En la parte inferior de la misma foja, cursa el cargo de recepción del Tribunal de Sentencia de Vallegrande, dejándose constancia a fs 42 que a horas: 18:30 del 24 de mayo del 2016, se recibió la acusación formal en contra de Francisco Cossio Gonzales, ya is 33 se adjuntó las pruebas 3).- A fojas 44, cursa el Acta de Constitución de Presidente del Tribunal de Sentencia de Vallegrande, donde se hace constar que a horas 15:30 del miércoles 25 de mayo del 2016, se reunieron los miembros del Tribunal de Sentencia de la Provincia Vallegrande, para dar cumplimiento al Art. 5 numeral II de la Ley N° 386 de fecha 30/10/2014. Ley de Descongestionamiento y Efectivización de Sistema Procesal Penal, quedando designado como Presidente el Juez Técnico Dr. Apolinar Flores Peñafiel, también se hace constar que la presente causa es designada por Secretaria del Tribunal Sentencia de la Provincia Vallegrande, como causa penal N° 12/2016.- 4).- A fofas 45, cursa la aclaración del Juez Publico de Familia e Instrucción Penal 1° de Samaipata de fecha 25 de mayo del 2016, pretendiendo aclarar que el 27/01/2016, es la fecha de presentación de la Acusación Formal por el Ministerio Publico, y que por un error involuntario de la Oficial de Diligencias, se realizó la corrección identificando el mes de presentación de la acusación formal por parte del Ministerio Publico (Extremo completamente falso).- 5).- A fojas 46 cursa el Auto de Radicatoria de la Causa Nº 12/2016, de fecha 25 de mayo del 2016, donde se hace constar a los fines de posteriores responsabilidades, que el Tribunal de Sentencia de la Provincia Vallegrande, deja constancia que la Acusación Fiscal es de fecha 10 de julio de 2015 pero el cargo de recibido en el Juzgado de Instrucción, se encuentra adulterada la fecha, y figura e 16 de enero de 2015. Y por Resolución de fecha 28 de enero del 2016, se ordenó la remisión de la acusación al Tribunal, sin embargo, recién fue remitida en fecha 24 de mayo de 2016 Aclarando que desde la fecha de la acusación hasta la remisión física al Tribunal, han transcurrido más de 10 meses Así también, en la última parte de la Resolución, conmina al Fiscal de Samaipata a investigar la adulteración de la fecha que consta en el cargo de la acusación y la retardación en la remisión de la acusación al Tribunal, a los fines de establecer responsabilidades 6).- A fojas 47 consta que en Vallegrande, en fecha 25 de mayo del 2016, fue notificado el Fiscal de Samaipata, Dr Walter Paredes Villarroel, con el Auto de Radicatona Sin embargo, el referido Representante del Ministerio Público, no realiza ninguna investigación SEGUNDO - INEXISTENCIAS DE ACTUACIONES REALIZADAS EN EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE.- 7).- En la gestión del año 2016, solamente se realizaron dos actuaciones o intentos de notificación con la Acusación a la supuesta Victima, conforme se demuestra por las siguientes actuaciones.- a).- El primer intento de notificación se realizó mediante la remisión del Exhorto suplicatorio de fecha 30 de mayo del 2016, al Dr. Juan Carlos Barrientos Castro, Juez Público en lo Civil Comercial de la Niñez y Adolescencia Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal 1 Sin embargo, mediante el Informe de fecha 14 de junio del 2016, el Oficial de Diligencia del Juzgado, algo que no pudo realizar la notificación por no tener el dinero para pagar el transporte de ida y vuela hasta la localidad de Mairana, que se encuentra a una distancia de 20 km, aproximadamente de Samaipata es decir, sabiendo que el costo del trasporte hasta Mairana era de Bs 7. se puede concluir que por falta de Bs 14 no se realizó la referida notificación.- b) - El segundo intento de notificación se realizó en fecha 30 de junio de 2016, mediante la entrega de una comisión Instruida, al Dr. Jorge Ricardo Rodríguez Vargas, Fiscal de Materia de la Provincia Florida, solicitando la COOPERACION para que se realice la notificación por intermedio de cualquier autoridad sea policial administrativa o judicial Sin embargo, esta actuación nunca fue devuelta al Tribunal, es decir, desapareció del cuaderno procesal y se desconoce su paradero TERCERO.- PARALIZACIÓN DEL TRAMITE Y EL PROCEDIMIENTO DE LA CAUSA EN EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE - (INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y RETARDACIÓN DE JUSTICIA).- 8).- Desde la última actuación, que sería el 30 de junio del 2016, sin que exista razón o motivo alguno, se paralizó el trámite del proceso penal durante todos los meses posteriores, es decir, no se realizaron ninguna actuación durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2016.- 9) - De igual forma, sin que exista razón o motivo alguno, se paralizo el trámite del proceso penal durante todos los meses del año 2017, es decir, no se realizaron ninguna actuación durante los 12 meses del año 2017 10).- De igual forma, sin que exista razón o motivo alguno, se paralizó el trámite del proceso penal durante los primeros 8 meses de la gestión 2018, es decir, no se realizaron ninguna actuación durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 2018. Por tanto, sin que exista razón o motivo alguno y sobre todo, a vista y paciencia de los miembros del Tribunal de Sentencia de Vallegrande, la causa permaneció inactiva y sin movimiento, desde el mes de julio del 2016 hasta el mes de septiembre del 2018, es decir durante dos (2) años y dos (2) meses aproximadamente, consumándose con este accionar delictivo, un manifiesto incumplimiento de sus deberes y una flagrante retardación de justicia, dos conductas delictivas que los miembros del Tribunal de Sentencia de Vallegrande, pretendieron ocultar y dejar en la impunidad al someterme al procedimiento abreviado. Sin embargo, al pronunciar la IRRITA SENTENCIA N° 21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018, los miembros del Tribunal de Sentencia de Vallegrande consumaron también el delito de prevaricato, porque pronunciaron una resolución manifiestamente contraria a la Ley y violando el principio acusatorio.- CUARTO.- DEFECTOS ABSOLUTOS DENUNCIADOS Y CONSUMADOS POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE 11).- A fojas 68, cursa una resolución de fecha 19 de septiembre del 2018, mediante la cual los miembros del Tribunal de Sentencia de Vallegrande, alegando que la Circular TDJ N° 13/2018 pronunciada por el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, supuestamente la facultaban señalar audiencias de salidas alternativas para aplicar el procedimiento abreviado, sin que sea real el requerimiento del Representante del Ministerio Público, solicitando la aplicación del procedimiento abreviado por esa razón, sin que nadie se lo pidiera, señalan audiencia para el día martes 16 de octubre del 2018, a horas 8.30, para aplicar el procedimiento abreviado 12).- Semejante aberración jurídica, no puede nacer de jueces que se consideren como tales, es deber, jueces íntegros, probos e imparciales, por el contrario, apoyarse en un argumento tan anodino y pretender alegar que una Circular puede cambiar una ley, u otorgarle a los jueces facultades no previstas en la ley y peor aún, si vulneran el principio Acusatorio, es una actitud premeditadamente dolosa que demuestra que los jueces no solamente pretenden ejecutar una conducta delictiva, sino también, haciéndose los desentendidos, pretenden dejar en la impunidad las conductas delictivas de retardación de justicia e incumplimiento de sus deberes consumadas por ellos mismos en el presente proceso 13).- Por esa razón, sin que nadie se lo pidiera y sin importarles el perjuicio que causaran al imputado, deciden ejecutar su estrategia, conforme consta por el Acta de Suspensión de audiencia de aplicación del procedimiento abreviado, de fecha de 16 de octubre del 2018, es decir, sabiendo que la referida audiencia no podría realizarse porque el Representante del Ministerio Público de Samaipata, no fue notificado para que asista a dicha audiencia; sin embargo, manipulando las actuaciones realizadas en dicha audiencia, consideran conforme a derecho lo ocurrido. y para consumar sus dolosos propósitos, sin que nadie se lo pida, señalan una nueva audiencia de aplicación del procedimiento abreviado para el día 22 de octubre del 2018, demostrándose que todas estas actuaciones se realizaron sin la presencia del Representante del Ministerio Público 14).- Sin embargo, no cursa ningún Acta de Audiencia que se hubiere realizado en fecha 22 de octubre del 2018, por el contrario, solamente cursa la IRRITA SENTENCIA N°21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018: que se pide que se deje sin efecto legal, no solamente por haber sido pronunciada manifiestamente en contra de la ley, por los jueces miembros del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE; sino también, porque en el ejercicio de sus funciones, mediante una serie de engaños y actuaciones totalmente sesgadas. violaron groseramente el PRINCIPIO ACUSATORIO al inducirme en error para que firmara a horas 8:30 del dia 22 de octubre (sin año) en el salón de juicio del Tribunal de Sentencia de Vallegrande, el supuesto "Acuerdo Legal para procedimiento abreviado", haciendo figurar falsamente la aceptación como mi abogado al Dr. Carlos Salazar Siles, sabiendo que nunca jamás fue mi Abogado Defensor y tampoco lo había conocido anteriormente por el contrario, dicho profesional simplemente acepto firmar el documento por petición y la amistad con los miembros del Tribunal de Sentencia de Vallegrande y del Representante del Ministerio Público Dr. Gustavo Bohorquez Trujillo, quien luego de entregar el supuesto Acuerdo para el procedimiento abreviado", a los miembros del Tribunal de Sentencia de Vallegrande, se retiró rápidamente del lugar alegando que tenía que retornar a Samaipata, porque tenía que cumplir un compromiso muy importante, comprometiendo su presencia a la audiencia de aplicación del procedimiento abreviado que próximamente debía celebrarse. 15).- Sin embargo, los miembros del Tribunal de Sentencia de Vallegrande actuando manifiestamente en contra de lo establecido por el Art. 374 del CPP; pronunciaron la SENTENCIA No. 21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018; SIN HABER REALIZADO LA AUDIENCIA PUBLICA PARA APLICAR EL PROCEDIMENTO ABREVIADO pretendiendo de esta manera armar un apócrifo y embustero procedimiento abreviado actuando en contra de lo que establece la ley y sobre todo a espaldas de imputado es decir al no realizar la audiencia pobre conforme lo ordena imperativamente el At 374 del CPP no solamente cumplir con el tramite previsto por ley, si no también su obligación de comprobar que mi persona, como imputado hubiera admitido el hecho y mi participación en el delito y que hubiera renunciado al juicio oral y aceptado la sanción acordada. 16).- De igual forma, los miembros del Tribunal de Sentencia de Vallerande al pronunciar la irrita SENTENCIA N° 21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2018, violaron el PRINCIPIO ACUSATORIO, porque no consideraron que tratándose de la solicitud de aplicación del procedimiento abreviado, la ley le otorga esa facultad soberana al Representante del Ministerio Publico para adoptar tal decisión, en función a los resultados obtenidos en el curso de la investigación en consecuencia debido a que el procedimiento abreviado contiene implícitamente una acusación, este na puede efectuarse válidamente, sin que el Representante del Ministerio Publica, en una audiencia pública hubiera fundamentado la necesidad de aplicar el procedimiento abreviado ofreciendo todos los medios probatorios y solicitando se pronuncie la sentencia condenatoria sobre la base del acuerdo firmado con el imputado y su abogado defensor 17).- en el caso de Autos, sin realizar ninguna audiencia, los miembros del Tribunal de Sentencia de Vallegrande, fueron quienes tomaron la decisión de aplicar el procedimiento abreviado al pronunciar la irrita SENTENCIA N° 21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018, demostrándose de esta manera que no solamente usurparon funciones que no les competen, sino también que de facto producción pruebas y aplicaron el procedimiento abreviado, sin la intervención del Ministerio Publico lo que constituye una flagrante aberración jurídica.- SEGUNDO. DE LOS FUNDAMENTOS QUE DEMUESTRAN LA ILEGALIDAD DE LA ACTUACION EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO CONSUMADO POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE AL PRONUNCIAR LA IRRITA SENTENCIA N° 21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018, condenándome a 20 años de privación de libertad, sin embargo, la acusación presentada por el Representante del Ministerio Público pide que me condenen por el delito previsto en el Art. 308. (VIOLACION DE INFANTE NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE) y la agravante establecida en el inciso K) del Art. 310 ambos del Código Penal 18).- No puede omitirse considerar y resolver en sentencia todos y cada uno de los tipos penales acusados formalmente por el Ministerio Publico, porque es deber de los operadores de justicia pronunciarse sobre cada uno de los delitos acusados. En procedimiento abreviado cuando exista reconocimiento de concurso de delitos, las penas deben sancionarse conforme al concurso ideal o real de delitos, establecidos en los Arts. 44 y 45 del Código Penal, vale decir con la pena del delito más grave, para el caso de imponerse una pena inferior corresponde dejarse sin efecto el procedimiento abreviado y tramitarse el juicio oral respectivo por otro Tribunal.- 19).- En el Caso de Autos, al haberse consumado esta ilegalidad, pido que se deje sin efecto el procedimiento abreviado y se tramite el juicio oral ante otro Tribunal Para tal efecto PIDO SE TENGA COMO PRECEDENTE CONTRADICTORIO LA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA LEGAL VINCULANTE ESTABLECIDA EN LOS A.S. N° 272 DEL 9 DE MARZO DE 2007, A.S. N° 21 DEL 14 DE ENERO DE 2004, A.S. N° 167 DEL 5 DE ABRIL DE 2000: AS. N° 526 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 1998; AS Nº 616 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2000. Los referidos precedente contradictorio presentados, establecen que en los delitos donde exista concurso real de delitos, debe imponerse la pena más grave.- PETITORIO FINAL.- En honor a la majestad de la justicia, pido a vuestro Tribunal de alzada que estando dadas las circunstancias del Art. 363 inciso 1. 2 del Nuevo Código de Procedimiento Penal, e invocando la facultad que le otorga el Art. 17 de la Ley de Organización Judicial con relación al Art. 25-1 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) de 22 de Noviembre de 1969, solicito al Tribunal de alzada que anulen y/o revoquen la Sentencia Nº 21/2018 de fecha 22 de octubre del 2018, dictada por el Juez A-QUO, o pronuncien nueva resolución anulando el procedimiento abreviado y/o que se declare mi absolución de los hechos incriminados aplicando el Articulo 6, 363 de la Ley N° 1970 y los artículos 115, 116 y 117 de la Constitución Politica del Estado o en su defecto pido se ordene la reposición del juicio por otro juez, con costas, daños y perjuicios es cuanto solicito por ser de estricta justicia.- OTROSÍ.- Ofrezco como prueba del presente Recurso, las actuaciones realizadas en el falso y embustero procedimiento abreviado, pidiendo expresamente dar estricto cumplimiento al artículo 412 de la Ley N° 1970. y señale día y hora para la producción de la prueba OTROSÍ SEGUNDO.- Solicito expresamente señale una Audiencia de fundamentación, donde expondré y fundamentaré los agravios sufridos, para lo cual pido se convoque a una audiencia pública de fundamentación, conforme lo ordena el artículo 411 de la Ley N° 1970 OTROSÍ TERCERO.- Para fines de este recurso, señalo domicilio procesal en la Calle Prefecto Rivas N° 354 de la ciudad de Santa Cruz.- OTROSÍ CUARTO.- El abogado que suscribe anuncia que ha suscrito iguala la profesional.- Vallegrande, 07 de marzo de 2.019.- FDO. ILEG.- JOSE ANTONIO VALDIVIA M. ABOGADO.- SEÑORES JUECES DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL Nº 1 JUZGADO PÚBLICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE.- I.- EN LA VIA INCIDENTAL SOLICITA DEJAR SIN EFECTO EL FALSO Y FRAUDULENTO PROCEDIMIENTO ABREVIADO POR VIOLAR GROSERAMENTE EL PRINCIPIO ACUSATORIO LA LEY Y MIS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.- OTROSI.- Fiscalia: N° 151/2014; Tribunal: Nº 13/2016.- FRANCISCO COSSIO GONZALES, con CI N° 3948351 SC, mayor de edad y hábil por ley, dentro del ilegal e indebido proceso penal, que a denuncia de Clemencia Vidal Gonzales, sigue el Ministerio Público en contra de mi persona, por el supuesto delito de Violación; signado en la Fiscalía con el Caso FELCC Nº 151/14 y en el Tribunal, signado el Cuaderno Procesal con el N° 13/2016, ante vuestra autoridad con las consideraciones más distinguidas, expongo y pido: I.- EXORDIO.- Sin consentir ni convalidar, en ninguna forma de derecho las irregulares actuaciones consumadas dentro de este ilegal proceso penal, en tiempo y forma hábiles por ley, apoyado en lo previsto por los Artículos: 13, 14, 15, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123; 203 y 225.11 todos de la Constitución Política del Estado, con relación a lo normado por los artículos: 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 84, 314, 373 y 374 del Código de Procedimiento Penal y sobre todo, en aplicación de la Doctrina Legal establecida en los A.S. N° 109, de 22 de abril de 2013; A.S. N° 341 del 28 de agosto de 2006, y al amparo del Art 203 de la Constitución Política del Estado, con relación al cumplimiento obligatorio y vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, establecidas en la SC 1659/2004-R, de 11 de octubre; la SC 0463/2005-R de 28 de abril; la SC 1075/2005-R, de 12 de septiembre, la SC 1659/2004-R, de 11 de octubre; SC N° 0826/2004-R del 27 de mayo de 2004; la SCP N° 0265/2014 del 12 de febrero; la SCP Nº 1543/2014 del 1 de agosto del 2014; la SCP Nº 1303/2014 del 30 de junio del 2014; SCP N° 0459/2017 de 22 de mayo del 2017; la SCP 1934/2014 de 25 de septiembre del 2014: la SC Nº 1714/2003 de 25 de Noviembre del 2003 y la SC. N°0846/2005 del 5 de julio del 2005: en la vía incidental pide que deje sin efecto legal el FALSO Y FRAUDOLENTO PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y POR TANTO, LA ÍRRITA SENTENCIA Nº 21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018; no solamente por haber sido pronunciada manifiestamente en contra de la ley, por los jueces miembros del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE: sino también, porque en el ejercicio de sus funciones, mediante una serie de engaños y actuaciones totalmente sesgadas, violaron groseramente el PRINCIPIO ACUSATORIO al inducirme en error para que firmara el supuesto "Acuerdo Legal para el procedimiento abreviado".- PETITORIO.- Por lo expuesto, apoyado en lo previsto por el Art. 314 y siguientes del Código.- SENTENCIA Nº 21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018: por haberse pronunciado en contra de lo previsto en el art. 374 del CPP, sin realizar ninguna audiencia a espaldas del imputado y violado el Derecho a la Defensa, procedimiento abreviado iniciado por voluntad de los miembros del Tribunal de Sentencia de Valllegrande, sin que el Ministerio Publico ejercer la su facultad potestativa Requiriendo la aplicación del Procedimiento Abreviados por tanto violando el principio acusatorio: por tanto, es una Resolución manifiestamente contraria a la ley, y además dichas actuaciones constituyen flagrantes defectos absolutos conforme se demuestra por las siguientes consideraciones de orden legal. II.- DE LOS ANTECEDENTES RELACIONADOS CON LA ACUSACIÓN FORMAL.- 1).- A fojas 43, cursa el oficio N° 96/2016 de fecha 24 de mayo del 2016, en virtud del cual, el Juez Cautelar de la Provincia Florida, remitió a fojas 42, la Acusación Formal en contra de Francisco Cossio Gonzales, al Tribunal de Sentencia de la Provincia de Vallegrande, (adjuntando pruebas a fojas.- 33). En la parte inferior de la misma foja, cursa el cargo de recepción del Tribunal de Sentencia de Vallegrande, dejándose constancia a fs. 42 que a horas: 18:30 del 24 de mayo del 2016, se recibió la acusación formal en contra de Francisco Cossio Gonzales, y a fojas. 33 se adjuntó las pruebas. A fojas 44 cursa el Acta de Constitución de Presidente del Tribunal de Sentencia de Vallegrande, donde se hace constar que a horas 15:30 del miércoles 25 de mayo del 2016, se reunieron los miembros del Tribunal de Sentencia de la Provincia Vallegrande, para dar cumplimiento al Art 5 numeral II de la Ley N° 586 de fecha 30/10/2014, Ley de Descongestionamiento y Efectivizacion del Sistema Procesal Penal, quedando designado como Presidente el Juez Técnico Dr. Apolinar Flores Penafiel. También se hace constar que la presente causa es designada por Secretario del Tribunal de Sentencia de la Provincia Vallegrande, como causa penal Nº 12/2016. A fojas 45. cursa la aclaración del Juez Público de Familia e Instrucción Penal 1° de Samaipata de fecha 25 de mayo del 2016, pretendiendo aclarar que el 27/01/2016, es la fecha de presentación de la Acusación Formal por el Ministerio Público, y que por un error involuntario de la Oficial de Diligencia, se realizó la corrección identificando el mes de presentación de la acusación formal por parte del Ministerio Público (Extremo completamente falso) 2).- A fojas 46, cursa el Auto de Radicatoria de la Causa Nº 12/2016, de fecha 25 de mayo del 2016. Sin embargo, lo importante de esta resolución es que el Juez Técnico y Presidente del Tribunal Dr. Apolinar Flores Peñafiel, hace constar a los fines de posteriores responsabilidades, que el Tribunal de Sentencia de la Provincia Vallegrande, deja constancia que la Acusación Fiscal remitida a ese Tribunal, tiene la fecha del 10 de julio de 2015. Sin embargo, en el cargo de recibido en el Juzgado de Instrucción de Samaipata, la fecha de recepción se encuentra adulterada, figurando como fecha de recepción el 16 de enero de 2015. Además, Aclara que el Juez de Instrucción de Samaipata, por Resolución de fecha 28 de enero del 2016, ordenó la remisión de la acusación al Tribunal de Vallegrande. Sin embargo, recién se remitió la Acusación en fecha 24 de mayo de 2016. Aclarando que desde la fecha de la acusación, hasta la remisión física al Tribunal, han transcurrido más de 10 meses.- Adulteración de la fecha que consta en el cargo de la acusación y la retardación en la remisión de la acusación al Tribunal, a los fines de establecer responsabilidades. 3).- A fojas 47, cursa una notificación con el Auto de Radicatoria realizada al Fiscal de Samaipata, Dr. Walter Paredes Villarroel, en fecha 25 de mayo del 2016, en Vallegrande. Sin embargo, no se realizó ninguna investigación, sobre la falsificación de los datos en el cargo de recepción de la acusación y sobre la retardación de justicia en la remisión de la acusación al Tribunal de Sentencia de Vallegrande.- Con relación a estas denuncias sobre hechos delictivos, solamente cursa a fojas 45, la Supuesta aclaración que pretendió realizar el Juez Público de Familia e Instrucción Penal 1 de Samaipata de fecha 25 de mayo del 2016, III.- SE REALIZARON DOS ACTUACIONES EN EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE.- 4).- En la gestión del año 2016, solamente se realizaron dos actuaciones o intentos de notificación con la Acusación a la supuesta Víctima, conforme se demuestra por las siguientes actuaciones: a).- El primer intento de notificación se realizó mediante la remisión del Exhorto suplicatorio de fecha 30 de mayo del 2016, al Dr. Juan Carlos Barrientos Castro, Juez Público en lo Civil Comercial de la Niñez y Adolescencia Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal 1. Sin embargo, mediante el Informe de fecha 14 de junio del 2016, el Oficial de Diligencia de dicho Juzgado, alegó que no pudo realizar la notificación por tener el dinero para pagar el transporte de ida y vuelta hasta la localidad de Mairana, que se encuentra una distancia de 20 km; aproximadamente de Samaipata. Es decir, sabiendo que el costo del transporte desde Samaipata hasta Mairana era de Bs. 7, se puede concluir afirmando que por falta de Bs. 14 no se realizó la referida notificación. b).- El segundo intento de notificación se realizó en fecha 30 de junio del 2016, mediante la entrega de una Comisión Instruida, al Dr. Jorge Ricardo Rodriguez Vargas, Fiscal de Materia de la Provincia Florida; solicitando la COOPERACIÓN, para que se realice la notificación por intermedio de cualquier autoridad sea policial, administrativa o judicial. Sin embargo, esta actuación nunca fue devuelta al Tribunal, es decir, desapareció del cuaderno procesal y se desconoce su paradero. IV. SIN QUE EXISTA RAZÓN O MOTIVO DURANTE MÁS DE DOS AÑOS Y DOS MESES SE PARALIZÓ EL TRÁMITE Y/O EL PROCEDIMIENTO DE LA CAUSA EN EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE.- 5).- Si consideramos que la última actuación en el Tribunal de Sentencia de Vallegrande, se realizó el 30 de junio del 2016, se puede establecer que sin que exista ninguna razón o motivo alguno, en este Tribunal se paralizó el trámite del proceso penal durante todos los meses posteriores, es decir, no se realizaron ninguna actuación durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2016. 6). De igual forma, sin que exista razón o motivo alguno, se paralizó el trámite del proceso penal durante todos los meses del año 2017. Es decir, en el Tribunal de Sentencia de Vallegrande, no se realizaron ninguna actuación durante los 12 meses de la gestión del año 2017.- 7).- De igual manera, sin que exista razón o motivo alguno, en el Tribunal de Sentencia de Vallegrande, se paralice el trámite del proceso penal durante los primeros 8 meses de la gestión 2018. Es decir, no se realizaron ninguna actuación durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 2018. Esto demuestra que sin que exista razón o motivo alguno y sobre todo, a vista y paciencia de los miembros del Tribunal de Sentencia de Vallegrande, la causa permaneció inactiva y sin movimiento, desde el mes de julio del 2016 hasta el mes de septiembre del 2018, es decir durante más de dos (2) años y dos (2) meses aproximadamente. V. DE LOS HECHOS DENUNCIADOS Y CONSUMADOS POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE.- 8).- A fojas 68, cursa una resolución de fecha 19 de septiembre del 2018, mediante la cual, los miembros del Tribunal de Sentencia de Vallegrande, sin que nadie se lo pidiera, señalaron audiencia para aplicar el procedimiento abreviado para horas 8:30, del martes 16 de octubre del 2018; alegando que la Circular TDJ N° 13/2018. Pronunciada por el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz supuestamente lo facultaban para señalar audiencias de salidas alternativas para aplicar el procedimiento abreviado, sin que el Representante del Ministerio Público, hubiera solicitado la aplicación del procedimiento abreviado. 9).- Sin importarles el perjuicio que causarían al imputado, deciden ejecutar su estrategia; que consistía básicamente en reunirse a solas con el imputado para convencerlo que acepte someterse al procedimiento abreviado, sin que sea necesario para este cometido la presencia de ningún Representante del Ministerio Público. Por esta razón, señalaron la primera audiencia de procedimiento abreviado para horas 08:30 del 16 de octubre del 2018. Y para asegurarse que no se presente el Titular de la Acción Penal, no se realizó ninguna notificación al Representante del Ministerio Público de Samaipata. Sin embargo, para camuflar la situación y guardar las apariencias, dejaron una notificación (con el señalamiento de la audiencia) en la Fiscalia de Vallegrande. Sin embargo, nunca se imaginaron que el Representante del Ministerio Público de Vallegrande, devolvería la notificación explicándole que se hablan equivocado y existía un error en la notificación, porque previa búsqueda realizada de los Casos y Expedientes de la Fiscalía de Vallegrande, ha comprobado que dicho proceso no existe en la Fiscalía de Vallegrande; tampoco el Cuadernillo de Investigaciones con el N° del Caso, se encuentra Registrado en la Fiscalía de Vallegrande. Por esa razón y para no perjudicar a las partes, devolvieron la notificación para que realicen correctamente la notificación al Fiscal que está a cargo de dicho proceso. Sin embargo, los miembros del Tribunal de Sentencia de Vallegrande, se hicieron los desentendidos y continuaron con su decisión de realizar la referida audiencia, sabiendo que dicha audiencia no podía.- 10). Sin embargo, conforme se consigna en el "Acta de Suspensión de la audiencia de procedimiento abreviado de fecha 16 de octubre del 2018; se evidencia que en dicha "Audiencia sin la presencia del Representante del Ministerio Público, no solamente realizaron una serie de actuaciones totalmente ilegales, sino también, pretenden dejar sentado que supuestamente se habla concertado o convenido ciertos acuerdos con el Ente Acusador, y que sobre esa base se estaría realizando dicha audiencia. Tales afirmaciones son completamente falsas, porque como se puede observar por las propias actuaciones que cursan en el Cuaderno Procesal, no existe, ni pudo haber existido ningún convenio o concertación por la sencilla razón que desde hace más de 4 años no tuve contacto con el Representante del Ministerio Público; por tanto, al hacer esas falsas aseveraciones lo único que pretenden ocultar los señores jueces, es que ellos mismos armaron ilegalmente el supuesto procedimiento abreviado, sin que el Fiscal tuviera conocimiento. Porque la presencia del Fiscal en dicha audiencia era completamente innecesaria; por esa razón el Representante del Ministerio Público de Samaipata, nunca fue notificado para que estuviera presente en dicha audiencia; porque el objetivo 2 de dicha audiencia solamente fue para inducirme en error para que aceptara el procedimiento abreviado y seguramente después le comunicaron al Fiscal diciéndole que el imputado quería someterse al procedimiento abreviado. Es decir, no le dijeron al Fiscal que mediante una serie de engaños y mentiras ellos mismos me convencieron para que aceptara dicho procedimiento. Por tanto, queda completamente demostrado que fueron los señores jueces los únicos responsables del procedimiento abreviado, porque sin que exista razón o motivo alguno y sobre todo, sin que nadie se lo pidiera realizaron la audiencia, sabiendo que sin la presencia del Fiscal, no podían realizar ninguna actuación en dicha audiencia 11).- Por tanto, para tratar de justificar las actuaciones ilegalidades que estaban cometiendo, hicieron constar en el Acta de Suspensión de la audiencia del 16 de octubre del 2018, una serie de actuaciones anodinas que sin ninguna base legal, fueron realizadas por los Jueces, tal como se demuestra por ejemplo cuando en el "Acta" hacen constar que el Juez interrogó al imputado preguntándole si estaba de acuerdo con el procedimiento abreviado y que el imputado supuestamente respondió que estaba de acuerdo. Cabe preguntarse cómo es posible que hagan constar semejantes ilegalidades, estupideces, incoherencias y falacias?: ° Se olvidaron los señores jueces que dicha audiencia estaba suspendida? O Se olvidaron los jueces que no podían realizar ninguna audiencia y menos interrogar al imputado sin la intervención del Ministerio Público? O ¿Que el Representante del Ministerio Público, hasta ese momento no tenía conocimiento del supuesto procedimiento abreviado? ¿Se olvidaron los jueces que hasta ese momento tampoco existía ningún Acuerdo para Procedimiento Abreviado firmado por el Fiscal, el imputado y su abogado defensor? Por tanto, al leer todas estas estupideces que hicieron constar en el Acta de suspensión de la audiencia del 16 de octubre del 2018, lo único que se me ocurre pensar es que con dichas actuaciones los señores jueces pretendieron darle a dicha audiencia los efectos establecidos para la audiencia prevista en el Art. 374 del CPP; pero se olvidaron los señores jueces, que sin la presencia e intervención del Representante del Ministerio constituye un defecto absoluto, no susceptible de convalidación la falta de intervención del ? Representante del Ministerio Público y más aún, si se trata del trámite de procedimiento abreviado. También se olvidaron los señores jueces, que dentro de nuestro Sistema Penal Acusatorio, se regula la separación entre actos de investigación (acusación) y actos de juzgamiento, los cuales son exclusivos y excluyentes, conforme lo establece el Art. 279 del CPP; ello implica que los Jueces no podían inmiscuirse en la investigación o acusación, pretendiendo aplicar de oficio el procedimiento abreviado, sin que exista el REQUERIMIENTO DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO, que es una FACULTAD POTESTATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO. 12).- Por otro lado, todas esas gravísimas y flagrantes ilegalidades expuestas, quedarían muy ínfimas e insignificantes si en el Acta de dicha audiencia, se hubieran transcrito lo que realmente hicieron los miembros del Tribunal de Sentencia de Vallegrande, porque lo cierto y evidente es que señalaron dicha audiencia solamente para inducirme en error, es decir, para decirme que debla aceptar el procedimiento abreviado porque me estaban haciendo un gran favor, porque ya había estado detenido por más de 4 años y con dicho procedimiento luego de un año podría beneficiarme con mi libertad. Confiando en los señores jueces y el silencio cómplice de mi abogado, me convencieron para que acepte el procedimiento abreviado, por esa razón en el mismo "Acta de suspensión", hacen constar que sería la nueva fecha de audiencia para procedimiento abreviado para el día 22 de octubre del 2018. 13).- Por tanto, debe quedar plenamente establecido que fue en la audiencia del 16 de octubre del 2018, donde los jueces miembros del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE, en el ejercicio de sus funciones, mediante una serie de ongafios y actuaciones totalmente sesgadas, y sobre todo, violando groseramente el PRINCIPIO ACUSATORIO quienes me indujeron en error para que aceptara firmar el supuesto "Acuerdo Legal para procedimiento abreviado". 14).- En fecha 22 de octubre del 2018, no se realizó ninguna audiencia, por esa razón, no cursa ningún Acta de Audiencia de aplicación de procedimiento abreviado que se hubiera realizado en esa fecha; lo único que sucedió ese día, es que sabiendo que me encontraba sin mi abogado defensor, me sacaron de la carceleta y me llevaron al Tribunal de Sentencia de Vallegrande, donde permanecí unos 15 minutos hasta que el Fiscal terminó de redactar el supuesto "Acuerdo Legal para procedimiento abreviado", que fue firmado a horas 8:30 del día 22 de octubre del 2018 en el salón de juicio del Tribunal de Sentencia de Vallegrande, y luego me retornaron a la carceleta; pero fue en ese momento que por primera vez conoci, tanto al Representante del Ministerio Público de Samaipata Dr. Gustavo Bohorquez Trujillo, como a unos de sus amigos (Dr. Carlos Salazar Siles) que en el documento lo hicieron figurar como si fuera mi abogado, sabiendo que nunca jamás lo había conocido anteriormente y tampoco era mi abogado defensor, solamente firmo el documento por petición del Fiscal y la amistad con los miembros del Tribunal de Sentencia de Vallegrande. Y luego que el Representante del Ministerio Público entregó el supuesto Acuerdo a los miembros del Tribunal de Sentencia de 15).- Después de tres meses de ese acontecimiento, lleno de incertidumbre y sin tener conocimiento de ninguna actuación y gracias a que casualmente conocí a mi actual abogado, le pido que por favor revise mi expediente, quien en fecha 28 de enero del 2019, se presenta en Secretaría del Tribunal de Sentencia de Vallegrande y al revisar mi expediente descubre que figura en hojas sueltas la SENTENCIA N° 21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018; ilegalmente pronunciada por los miembros del Tribunal de Sentencia de Vallegrande, violando el principio acusatorio y consumando el delito de prevaricato, porque es una resolución manifiestamente contraria a la Ley. Por esta razón, al sentirse descubiertos por las ilegales actuaciones que realizaron, ese mismo día (28/01/2019), me notificaron con la falsa e ilegal Sentencia, donde se puede evidenciar que los miembros del Tribunal de Sentencia de Vallegrande, actuando manifiestamente en contra de lo establecido por el Art. 374 del CPP; SIN HABER REALIZADO NINGUNA AUDIENCIA PÚBLICA PARA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, hicieron aparecer en el Cuaderno Procesa, la SENTENCIA N° 21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018; pretendiendo de manera consolidar un apócrifo y embustero procedimiento abreviado actuando a espaldas del imputado y sin respetar la ley, ni la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.- 16).- Es en estas circunstancias y luego de recibir un correcto asesoramiento de mi actual abogado patrocinante, es que descubro que fui infamemente engañado para que acepte el procedimiento abreviado, porque tanto, los Jueces, como el Fiscal, nunca jamás me dijeron que la duración máxima del proceso era de 3 años y en mi Caso, habla sobrepasado superabundantemente el lapso de tiempo que la ley le otorga al Estado Boliviano para que por medio de sus instituciones (Ministerio Público y Poder Judicial) pudieran ejercer la acción penal pública en contra de mi persona. Por tanto, con este ilegal y fraudulento procedimiento abreviado, solamente pretendieron negarme la posibilidad de ejercer mi derecho la defensa y beneficiarme con la Excepción de Extinción de la Acción Penal por Duración Máxima del Proceso, prevista en el Art. 134 del CPP, considerando que mi persona se encontraba detenido preventivamente por más de 4 años, sin sentencia y nunca me declararon rebelde, dicha excepción previo trámite de rigor tiene que declararse probada, porque la flagrante retardación de justicia que se ha campeado a diestra y siniestra en el presente proceso, es única y absoluta responsabilidad, tanto del Ente Acusador como del Órgano Judicial, porque no cumplieron con sus obligaciones previstas por Ley, y justamente para evitar que se descubra los delitos de retardación de justicia y el incumplimiento de sus deberes, es que armaron y ejecutaron ilegalmente el procedimiento abreviado.- VI.- DE LOS FUNDAMENTOS QUE DEMUESTRAN LA ILEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO CONSUMADOS POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE AL PRONUNCIAR LA SENTENCIA N° 21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018.- PENAL POR NO REALIZAR LA AUDIENCIA DE APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO ANUNCIA DOCTRINA LEGAL ASN 109, de 23 de abril de 2013).- 17 Para procedente la aplicación del Procedimiento Abreviado, debe cumplirse imperativamente con lo previsto per Art. 374 del mismo adjetivo penal que textualmente señala lo siguiente: Art. 374 (TRAMITE Y RESOLUCIÓN). En audiencia oral el juez escuchara al fiscal y al imputado, a la víctima o al querellante, previa comprobación de: 1.- La existencia del hecho y la participación del imputado.- 2.- Que el imputado voluntariamente renuncie al juicio oral ordinario. 3.- Que el reconocimiento de culpabilidad se libre y voluntario.- Aceptado el procedimiento la sentencia se fundara en el hecho admitido por el imputado pero la condena no podrá superar la pena requerida por el fiscal.- En caso de improcedencia el requerimiento sobre la pena no vincula al fiscal durante el debate.- El Juez o Tribunal no podrá fundar la condena en la admisión de los hechos por parte del imputado".- 18). De la norma supra transcrita es logico inferir que para la aplicación del "Procedimiento Abreviado", deben concurrir imperativamente los requisitos de procedencia previstos en la propia ley: es decir que el Representante del Ministerio Publico mínimamente deberá presentar la solicitud ante la Autoridad Jurisdiccional competente, cumpliendo con las formalidades de rigor, es decir, acompañando el respectivo "Acuerdo de aplicación del Procedimiento Abreviado" firmado con el imputado y su defensa, el cual deberá fundarse en la admisión del hecho, su participación en el delito, la renuncia al juicio oral y la aceptación de la sanción acordada.- 19). Así también, para equilibrar los derechos de la víctima y las garantías del imputado en Resguardo al Devido Proceso Legal e debe cumplir estrictamente con el trámite y resolución del "Procedimiento Abreviado previsto por ley (Art. 374); realizando la AUDIENCIA ORAL, donde el Juez para aplicar el procedimiento abreviado, tiene la obligación de verificar el cumplimiento del Acuerdo Firmado entre el Fiscal, el imputado y su abogado, sobre la base de la aceptación y participación en el hecho por parte del imputado, la renuncia al juicio oral y el reconocimiento de forma libre y voluntaria de su culpabilidad en el delito y previo a tomar una decisión judicial, deberá oír a las partes intervinientes. Pero antes de escuchar y ceder la palabra a las partes, el juez comprobará la existencia del hecho y la participación del imputado, para ello interrogar al imputado y su defensor, haciéndole conocer el requerimiento del fiscal, por el cual se solicita la aplicación del Procedimiento Abreviado, el acuerdo firmado y la pena que se solicitó en su contra y lo interrogara sobre lo siguiente: 1.- Si firmó voluntariamente el acuerdo presentado por el fiscal.-3.- Si se declara culpable o inocente.- 4.- Si su declaración está siendo prestado bajo presión o es libre y voluntaria.- 5.- Si renunció voluntariamente al Juicio Oral Ordinario.- 6.- Si su abogado le explicó la medida alternativa do Proceso Abreviado sus alcances, efectos y consecuencias.- 7.- Si tiene conocimiento lo que implica su renuncia al juicio oral.- 8.- Si tiene conocimiento que en el juicio oral se le puede aplicar una pena o mayor a lo que acordó con el fiscal.- 20).- Además interrogará y comprobará si el abogado defensor está conforme con el procedimiento y si ha informado a su patrocinado debidamente sobre los alcances de la medida y las otras alternativas que existen en caso de que se someta o decida ingresar al juicio ordinario, con relación al cumplimiento de los requisitos, sobre la verificación del acuerdo firmado, el juez debe verificar lo siguiente: 1.- Que la pena requerida por el Representante del Ministerio Público no sea inferior al mínimo de la escala prevista para el delito acusado. 2.- Que se tenga como probado un hecho distinto al que verdaderamente ocurrió. 3.- Que se acepte como existente un hecho distinto o que no esté acreditado.- 21).- Con relación a la verificación de la presentación del elemento probatorio, so fundamenta esta obligación porque es indispensable que el juez tenga el pleno convencimiento de que los hechos se suscitaron tal y como lo manifiesta el fiscal en su requerimiento, en cumplimiento de los principios de legalidad y de la verdad real, debe verificar que se presentaron todos los elementos probatorios, los cuales serán debidamente valorados y apreciados, para determinar si efectivamente existe congruencia con la solicitud presentada por el fiscal. -22).- Al momento de cederse la palabra, se comenzará por el Fiscal, quien durante su intervención deberá demostrar al Juez que efectivamente hubo una investigación y que el hecho se produjo, a cuyo efecto deberá presentar los elementos de convicción suficientes para sostener sus afirmaciones y producirá las pruebas materiales o documentales recolectadas durante la investigación, elementos lícitos de convicción con los que deberá demostrar la verdad histórica de los hechos investigados, contrastándolas con el material probatorio, para que conlleven posteriormente a que este, aplique la medida requerida. 23).- Después se escuchara al abogado del imputado a fin de tener mayores elementos de juicio y luego se escuchará al imputado, quien deberá encontrarse libre en su persona, sin ninguna presión física ni moral a efectos de que relate lo ocurrido. Sin embargo, el imputado necesariamente deberá referirse a la existencia del hecho y su participación en el mismo, caso contrario el Juez tiene la obligación de interrogarlo al respecto, Otro elemento esencial que deberá considerar el juez es que el en su exposición, el juez lo interrogará directamente. Posteriormente se escuchara a la víctima, para que exprese su acuerdo o desacuerdo con el procedimiento abreviado. 24).- Por los hechos expuestos, queda plenamente demostrado que es de radical importancia la realización de la AUDIENCIA ORAL y también es imprescindiblemente necesaria en dicha audiencia, la presencia del Representante del Ministerio Público, del Imputado y su Abogado Defensor. En el A.S. Nº 109, de 22 de abril de 2013, establece que la aplicación del procedimiento abreviado, solo puede ser solicitada por los acusadores, con los siguientes fundamentos: Naturaleza jurídica y procedimiento. "Precisamente una de la formas de finalizar un conflicto penal es conocida como el procedimiento abreviado, que como la doctrina ha expuesto a diferencia de otras salidas alternativas, no extingue ni suspende el ejercicio de la acción penal, sino la abrevia y provoca la solución inmediata a la litis, ahora bien, su objetivo tiene que ver con políticas de administración de justicia que permitan el máximo aprovechamiento de los recursos, el descongestionamiento y la oxigenación del sistema penal, la concentración del Estado en la persecución de los ilícitos penales más graves y la permisión de acuerdos que generen una solución rápida y eficiente del conflicto. En Bolivia, el procedimiento abreviado fue incorporado al sistema Procesal penal con el vigente Código de Procedimiento Penal (L. N° 1970 de 25 de marzo 1999), "Cuya aplicación sólo puede ser solicitada por los acusadores, constituye una simplificación de los trámites procesales, ya que se elimina el debate oral, público y contradictorio, quedando el juez plenamente facultado para dictar la sentencia sobre la base de la admisión de los delitos por parte del propio imputado. (Comisión Redactora, exposición de motivos del Código de Procedimiento Penal. http://www.procedimientopenal.com.bo/). En estas condiciones, el procedimiento abreviado coadyuva en el descongestionamiento y oxigenación del sistema penal; asimismo, es una opción legal ... que tiene el Ministerio Público para evitar el juicio oral por motivos de utilidad social o por razones político criminales", fundamentándose en los principios de objetividad y probidad que deben presidir las actuaciones y decisiones del Ministerio Público establecidos en el art. 72 del Cód. Pdto. Pen. (Herrera Añez, William. El proceso penal boliviano. Editorial Kipus. Año 2007. Pag. 372). Para que sea efectiva la aplicación del procedimiento abreviado o alegación pre acordada, deben concurrir los presupuestos exigidos por el art. 373 del Cod. Pdto. Pen, y la comprobación de la veracidad de los hechos que dieron origen a la investigación y emisión del requerimiento conclusivo, cuya resolución en definitiva dependerá del juez de instrucción que conoce la causa y en audiencia pública. En estas circunstancias, el debido proceso se encuentra en cada uno de los actos procesales de la tramitación del procedimiento abreviado, cuyo requerimiento podrá ser formulado por el representante del Ministerio Público en dos momentos procesales: a) al finalizar la investigación preliminar conforme al Art. 301 – 4 del Cod. Pdto. Pen. b) a la conclusión perjuicio, de que las partes puedan proponer su aplicación, en ejercicio de la facultad que el art. 326-7) del Cód. Pdto. Pen, reconoce a las partes. Respecto al trámite, el art. 374 de la norma adjetiva penal señala que: En audiencia oral el juez escuchará al fiscal, al imputado, a la víctima o al querellante, previa comprobación de: 1) La existencia del hecho y la participación del imputado: 2) Que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario; y, 3) Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario'; esto significa que una vez presentado el requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado el Juez de la causa señalara día y hora para el verificativo de la audiencia determinación que deberá ser puesta en conocimiento de las partes que intervendrán en dicha actuación; donde serán escuchadas con finalidades distintas: En el caso del representante del Ministerio Público para fundamentar oralmente su requerimiento conclusivo: al imputado para la admisión verosímil de su participación en el hecho atribuido y la constatación de que la renuncia al juicio oral ordinario fue voluntaria; y, a la víctima para que pueda en su case oponerse a la aplicación del procedimiento abreviado. FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES QUE DEMUESTRAN QUE SE CONSUMARON LAS SIGUIENTES ILEGALIDADES.- INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO.- Aunque la norma contenida en el art. 373 del CPP no lo señala específicamente, a través de la jurisprudencia constitucional se establecen los requisitos que deben cumplirse inexcusablemente para la procedencia del Proceso Abreviado. SEGUNDO FUNDAMENTO NO SE CUMPLIÓ CON LA PRESENTACIÓN DEL REQUERIMIENTO FISCAL DEBIDAMENTE FUNDAMENTADO SOLICITANDO LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ACOMPAÑANDO EL ACUERDO FIRMADO POR EL FISCAL, EL IMPUTADO Y SU ABOGADO DEFENSOR", Y ADJUNTANDO ADEMÁS, TODO EL MATERIAL PROBATORIO RECOLECTADO Y PRECISANDO LOS EXTREMOS QUE PRETENDEN DEMOSTRARSE CON CADA UNO DE ELLOS.- 25).- El fundamento de este requisito, se sustenta porque el juez pueda valorarlos y determinar finalmente si los mismos corroboran los argumentos expuestos por el Fiscal y respaldan lo manifestado por el imputado, al aceptar el Procedimiento Abreviado, toda vez que en base a ello, se deberá fundarse la sentencia acorde con lo solicitado. Al respecto, el Tribunal Constitucional a través de la SC 1659/2004-R, de 11 de octubre, sobre la concurrencia de otros requisitos no mencionados en el art. 373 del CPP sostuvo lo siguiente: (...) "Con relación a la aplicación de esta salida alternativa, es necesario señalar, que la solicitud de procedimiento abreviado, contiene implícitamente una acusación formal, en la que se solicita la pena requerida; por ello, es necesario presentar junto a la misma todos los elementos probatorios, expresando lo que se pretende demostrar con cada uno de estos por lo que no es suficiente contar con el acuerdo del verdad real, no pudiendo esta última ser reemplazada por la verdad consensuada entre las partes consiguientemente, es imprescindible generar en el Juez la plena convicción de que los hechos se suscitaron tal como presentó o relacionó el Fiscal encargado de la investigación, demostrados en audiencia, porque ella determina que esta autoridad acepte el procedimiento abreviado, en cuyo caso, la Sentencia de fundar en el hecho admitido por el imputado, o en su defecto, rechace el mismo. Cuando ha percibido insuficiencia de elementos que le impidan dictar Sentencia sin causar agravio al acusado, cuando exista oposición fundada de la víctima o por haber llegado a la conclusión de que el procedimiento común permitirá un mejor conocimiento de los hechos, quien inclusive, podrá determinar la absolución del sindicado ante la ausencia de pruebas o porque este no tiene responsabilidad en el hecho". 26).- En el caso de Autos, el Representante del Ministerio Público, nunca jamás solicito la aplicación del Procedimiento Abreviado. Por el contrario, conforme consta a fojas 68, sin que nadie se lo pidiera, los miembros del Tribunal de Sentencia de Vallegrande, mediante resolución de fecha 19 de septiembre del 2018, tomaron la decisión de aplicar el procedimiento abreviado, y señalaron audiencia para el día martes 16 de octubre del 2018, a horas 8:30. Y conforme consta por el Acta de Suspensión de dicha audiencia, se evidencia que el Representante del Ministerio Público no participó ni intervino en dicha audiencia. Aunque en dicha audiencia se realizaron una serie de actuaciones totalmente ilegales, éstas carecen de eficacia jurídica porque la audiencia no podía realizarse por la falta de intervención del Representante del Ministerio Público. No obstante en dicha audiencia, sin que nadie se lo pidiera, los jueces de oficio señalaron una segunda audiencia de procedimiento abreviado para el día 22 de octubre del 2018. Sin embargo, esta segunda audiencia de procedimiento abreviado nunca se realizó, por el contrario, sin que mi persona tuviera conocimiento, posteriormente apareció en el Cuaderno Procesal, la irrita SENTENCIA N° 21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018.- 27)Por tanto, en el caso de Autos, la ilegalidad se configura porque el Representante del Ministerio Público, nunca jamás solicito la aplicación del Procedimiento Abreviado, tampoco presento ningún medio probatorio y nunca se realizó una audiencia oral donde el juez hubiera comprobado el cumplimiento de los requisitos para la aplicación del procedimiento abreviado. Configurándose con estas actuaciones ilegales, flagrantes Defectos Absolutos, porque no solamente lesionaron mis Derechos y Garantías Constitucionales, sino también se violaron mi Derecho al Debido Proceso Legal, y con ello, mi Derecho a la Defensa.- TERCER FUNDAMENTO.- NO SE CUMPLIÓ CON LA INDIVIDUALIZACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL INCULPADO.- 28).- La solicitud para la aplicación del Proceso Abreviado, debe tener especial cuidado al momento de individualizar al imputado y señalar su participación en el ilícito. Al respecto, la SC 0463/2005-R de 28 de abril, señala: (...) "En el caso de autos, el recurrente co imputado, admitió el hecho y su en dicho requerimiento, sin individualizar ni fundamentar la participación de los imputados y probar los hechos, solicitó al Juez cautelar ahora recurrido se le aplique el procedimiento abreviado y se le imponga la pena de tres años con la facultad que le confieren las normas precedentemente citadas, arguyendo que el imputado cumplió con todos los requisitos exigidos en el segundo párrafo del art. 373 del CPP. El Juez demandado, con la facultad que le confieren los arts. 373 y 374 del CPP mediante Resolución 252/2004, rechazo el procedimiento abreviado aduciendo falta de individualización y fundamentación en el requerimiento conclusivo sobre la participación de cada uno de los concusados, que el Ministerio Público no expuso los motivos y razones para la aplicación de una sanción penal de tres años para Porfirio Pérez Aquino y que no demostró las agravantes y atenuantes conforme dispone el Código penal, por lo que consideró que un juicio oral y público permitirá mejor conocimiento de los hechos ante la autoridad jurisdiccional, para determinar las sanciones penales y la participación de cada uno de los acusados, toda vez que a su criterio el Ministerio Público no demostró fehacientemente los hechos que el recurrente admite, para pedir la aplicación del procedimiento abreviado, pues el Ministerio Público no sólo debe individualizar la participación de los imputados y fundamentar adecuadamente su requerimiento conclusivo, sino que debe aportar las pruebas para que el Juez aplique esa medida alternativa en conocimiento pleno de las pruebas que darán lugar a la pena solicitada como refiere la jurisprudencia invocada precedentemente. Más aún, cuando uno de los acusados se retractó de haber aceptado su participación en el delito de alzamiento armado contra la seguridad y soberana del Estado, si bien ese hecho no involucra a los demás imputados, dado que la responsabilidad penal es de tipo personal, por lo que los hechos deben ser analizados por el Ministerio Público en forma individual, para demostrar incontrastablemente la participación de cada uno de ellos, sin que la falta de oposición de la víctima sea un obice para su rechazo, puesto que la ley (art. 373 del CPP), le faculta al Juez negar el procedimiento abreviado cuando a su criterio el procedimiento común permita un mejor conocimiento de los hechos, sin que la existencia de varios imputados en un mismo procedimiento impida la aplicación de esas reglas a alguno de ellos". 29).- En el caso de Autos, la ilegalidad se configura porque el Representante del Ministerio Público, al no haber solicitado la aplicación del Procedimiento Abreviado, tampoco realizó ninguna individualización y menos identifico la participación de mi persona en el delito que me acusa. CUARTO FUNDAMENTO - NO SE CUMPLIÓ CON EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ART. 374- (NO SE REALIZÓ LA AUDIENCIA ORAL), 30).- La salida alternativa del Proceso Abreviado requiere para su procedencia el cumplimiento efectivo de todos los requisitos establecidos por ley; para tal efecto la ley ha previsto la realización de una audiencia oral donde el Juez tiene que comprobar todos los hechos que llevaron al fiscal a requerir su aplicación debiendo demostrarse que se hallan sustentados con pruebas fehacientes y todo ello determina que indudablemente se aplique esta medida a favor del imputado. En ese sentido, la primera parte del Art. 374 del CPP, señala que: "En audiencia oral el juez escuchará al fiscal al imputado, a la víctima o al querellante, previa comprobación de 1) La existencia del hecho y la participación del imputado: 2) Que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario; y 3) Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario". 31). Al respecto la SC 1075/2005-R, de 12 de septiembre, mencionando a su vez a la SC 1659/2004-R, de 11 de octubre, indica que: "el Art. 374 del mismo cuerpo legal le faculta a la autoridad judicial, a comprobar la existencia o realización de determinados actos procesales en el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley al determinar que: "En audiencia oral el juez escuchar al "fiscal, al imputado, a la víctima o al querellante, previa comprobación de: 1 La existencia del hecho y la participación del imputado. 2. Que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario, y: 3. Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario. En consecuencia, el procedimiento abreviado, como una salida alternativa, depende del cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y la comprobación de la veracidad de los hechos que dieron lugar a la investigación y emisión de este requerimiento conclusivo, cuya situación depende de la decisión que pueda adoptar el Juez de la Instrucción en la audiencia pública, toda vez que en función de los principios de inmediación y objetividad, el Juez tiene deber de generar convicción sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, que éste voluntariamente renunció al juicio oral ordinario, y que el reconocimiento de culpabilidad, fue libre y voluntario.!". 32).- En consecuencia, el juzgador en la audiencia oral prevista en el art. 374 del CPP, no solo tiene la obligación de velar porque se efectivice el derecho a la defensa del imputado, sino que además, debe garantizar que este entienda la importancia del acto procesal que se desarrolla y fundamentalmente verificar y determinar que efectivamente se cumplieron los requisitos que hacen procedente la aplicación del Proceso Abreviado, plasmados en los incs. 2) y 3) del art. 374 del CPP, referidos a la renuncia voluntaria del imputado al juicio oral ordinario y que el reconocimiento de su culpabilidad fue libre y voluntario. En el caso de Autos, la ilegalidad se configura porque los jueces miembros del Tribunal de Sentencia de Vallegrande, sin realizar ninguna audiencia para aplicar el Procedimiento Abreviado: pronunciaron simplemente la irrita SENTENCIA N° 21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018, violando los principios de inmediación y objetividad, incumplieron con su obligación de comprobar la veracidad de los hechos que dieron lugar a la investigación; además al no realizar la audiencia pública, es materialmente imposible que hubieran generado alguna convicción sobre la existencia del hecho y la participación de mi persona en el mismo. 33). CON RELACIÓN A LA EXIGENCIA DE REALIZAR UNA AUDIENCIA ORAL PARA DEFINIR LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL IMPUTADO, es una línea jurisprudencial invariable establecida por el Tribunal Constitucional, que instituyó la obligación de los jueces de realizar la audiencia oral (aunque la problemática de la jurisprudencia versa sobre la aplicación de medidas cautelares), conforme se demuestra por los razonamientos expuestos en la SCN0826/2004 R del 27 de mayo de 2004, donde sostuvo lo siguiente:.... III. 5. La realización de audiencia para definir la situación jurídica del imputado.- La determinación de la situación jurídica del imputado debe ser asumida necesariamente en audiencia, esto para garantizar el derecho a la defensa material y técnica (art. 8 del CPP) y los principios do oralidad e inmediación que rigen el proceso cautelar, que al no ser observados vulneran el irrestricto derecho # la defensa proclamado por la Constitución (art. 16.II) su regla establecida en la jurisprudencia de este Tribunal en las SSCC 547/2002-R, 1521/2002-R, 261/2003-R. 521/2003. R. 600/2003-R. al señalar que la audiencia pública es una formalidad inexcusable para resolver una solicitud de medidas cautelares o imponerlas finalmente al imputado. Este entendimiento, es aplicable en el nuevo sistema procesal acogido por nuestra legislación, habiendo la jurisprudencia constitucional emitido fallos de manera uniforme en este sentido, así en la SC 547/2002-R de 13 de mayo de 2002, este Tribunal fundamento su decisión señalando (...) la Jueza ocurrida dispuso igualmente en forma escrita la detención preventiva del recurrente, sin tomar en cuenta que la Ley 1970 establece el régimen oral para los juicios penales, lo que significa que toda determinación debe realizarse en audiencia, en presencia de las partes procesales y de sus abogados, a fin de que estos puedan asumir defensa en igualdad de condiciones" Este entendimiento, es aplicable al caso analizado, por cuanto el Juez recurrido omitió la realización de la audiencia pública para disponer la detención preventiva del recurrente, involucrando de ese modo su derecho a la defensa y tomando en ilegal la referida medida y por lo tanto indebida la detención del recurrente, la que no puede ser subsanada por el sólo transcurso del tiempo. QUINTO FUNDAMENTO.- SE HA VIOLADO LA OBLIGATORIEDAD PREVISTA EN EL ART. 203 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO SOBRE PRECEDENTES CONSTITUCIONALES OBLIGATORIOS O RATIO DECIDENDI (RAZÓN DE LA DECISION) ESTABLECIDA EN LA SCP N° 0265/2014 DEL 12 DE FEBRERO QUE INSTITUYÓ LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE SEÑALAR AUDIENCIA ORAL PARA RESOLVER EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y EN DICHA AUDIENCIA EL IMPUTADO DEBE RECONOCER LA EXISTENCIA DEL HECHO QUE SE IMPUTA, SU PARTICIPACIÓN EN ÉL Y RENUNCIAR VOLUNTARIAMENTE AL PROCESO ORDINARIO.- 34).. Con relación a los precedentes constitucionales obligatorios, cabe reconocer que actualmente el juez no es un mero aplicador del derecho, pues las nomas, y en especial las normas constitucionales y entre ellas, los principios, valores, derechos y garantías, requieren interpretación para su aplicación, y en esa labor se generan precedentes que deben ser aplicados a supuestos ficticios análogos. En ese ámbito, el precedente constitucionales concebido como una parte de toda la sentencia emitida por el Tribunal o Corte Constitucional, donde se concreta el alcance de una disposición constitucional, es decir, en donde se explicita que es aquello que la Constitución prohíbe, permite. Ordena o habilita para un tipo concreto de supuesto de hecho a partir de una de sus indeterminadas y Colombia, 2005). En otras palabras, a través del precedente constitucional se concreta el alcance de una disposición legal o constitucional, se consignan normas adscritas o subreglas que resultan de la interpretación, interrelación o integración de las normas de la Constitución o de las disposiciones legales. 35).- El carácter vinculante de los precedentes constitucionales está reconocido en el art. 203 de la CPE, que determina que "Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno". De igual forma, el carácter vinculante de las razones jurídicas de la decisión (ratio decidendi), se encuentra establecida en el Art. 15.11 del Código Procesal Constitucional. Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP N° 0265/2014 del 12 de febrero, estableció que en el procedimiento abreviado, deben cumplirse con las siguientes exigencias legales: "En audiencia oral el juez escuchará al fiscal, al imputado, a la víctima o al querellante, previa comprobación de: 1) La existencia del hecho y la participación del imputado; 2) Que el imputado voluntariamente renuncie al juicio oral ordinario; y 3) Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario. Aceptado el procedimiento, la sentencia se fundará en el hecho admitido por el imputado pero la condena no podrá superar la pena requerida por el fiscal...". idealta Ahora bien, establecidos los presupuestos que viabilizan el procedimiento abreviado, se debe enfatizar que como lo señala la norma, solicitada la salida alternativa, la autoridad jurisdiccional que la conozca, fijará audiencia para resolverla, actuado procesal en el cual el imputado debe reconocer la existencia del hecho que se imputa y su participación en el, renunciando voluntariamente a ser procesado a través de la sustanciación de un proceso oral ordinario, exigencias legales que en el caso de autos no se cumplieron, toda vez que en la realización de la audiencia el juez demandado, le hizo conocer al accionante el delito por el cual se le sigue el proceso y la relación de los hechos suscitados imputados por el Ministerio Público, a la vez que le advirtió del derecho constitucional al guardar silencio, como en efecto ocurrió porque el imputado indicó su voluntad de abstenerse de declarar, a pesar de esta manifestación la o autoridad jurisdiccional cedió la palabra al Ministerio Público que se limitó a indicar que "se proceda con la presente causa", para posteriormente nuevamente dar intervención al abogado del imputado que si bien hizo alusión al reconocimiento de los hechos ante el Ministerio Público, solicitando se proceda con el procedimiento abreviado; empero ante la autoridad jurisdiccional el imputado no manifestó el reconocimiento de los hechos ni su participación, menos la renuncia voluntaria al proceso oral ordinario; lo que determinó la improcedencia de la salida alternativa de procedimiento abreviado, por parte del Juez demandado, no obstante de haber admitido encontrarse asesorado y actuando contrariamente se abstuvo de ratificar su voluntad de someterse a esta salida alternativa; lo que evidencia que la autoridad judicial demandada, actuó en cumplimiento de la normativa legal vigente que regula este procedimiento especial. 36).- En el caso de Autos, el precedente constitucional obligatorio que se invoca, fue Art. 374 del CPP, referidas al trámite y resolución del procedimiento abreviado. En dicha problemática. se denunciaba que el juez había rechazado el procedimiento abreviado, porque en la audiencia señalada para su resolución, el imputado había ejercido su derecho a guardar silencio. Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, luego analizar y establecer los presupuestos que viabilizan el procedimiento abreviado, con relación a las condiciones previstas en el Art. 374 del CPP; estableció que en el procedimiento abreviado, deben cumplirse las siguientes "exigencias legales": a).- El Juez debe señalar audiencia para resolver el procedimiento abreviado; b).- En la audiencia, el imputado debe reconocer la existencia del hecho que se imputa, su participación en él y renunciar voluntariamente al proceso ordinario. En dicha problemática, se declaró la improcedencia, porque en la audiencia oral el imputado no cumplió con las exigencias legales. 37).- En el caso de Autos, los jueces miembros del Tribunal de Sentencia de Vallegrande, emitieron directamente la irrita SENTENCIA N° 21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018, sin realizar ninguna audiencia oral para resolver el Procedimiento Abreviado y tampoco mi persona como imputado, reconoció ante los Jueces, la existencia del hecho que me imputa, mi participación en él y menos he renunciado al proceso ordinario. Por tanto, todas estas actuaciones y razonamientos deben dejarse sin efecto, porque contradicen el precedente constitucional obligatorio establecido en la SCP Nº 0265/2014 del 12 de febrero.- SEXTO FUNDAMENTO- SE HA VIOLADO MI DERECHO AL DEBIDO PROCESO LEGAL Y CON ELLA MI DERECHO A LA DEFENSA IRRESTRICTA.- 38).- El derecho a la defensa consagrado de manera autónoma en el Art. 119.11 de la CPE, establece que el derecho a la defensa es inviolable. Este derecho, como componente de la garantía del debido proceso, también está previsto en el art. 115.Jl de la CPE, otorga a toda persona sindicada sea en sede penal o administrativa, la facultad de desvirtuar las acusaciones que le atribuyen, siendo aplicable en cualquier fase del procedimiento. Su finalidad radica en asegurar al procesado, la efectiva consecución de los principios procesales de contradicción, inmediación e igualdad, a objeto de evitar desequilibrios las partes y la generación de situaciones indefensión prohibidas por la Ley Fundamental, conforme lo dispone imperativamente el Art. 117.1 al establecer: "Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en debido proceso". 39).- Entrando en materia, de la atenta lectura del Art. 374 del CPP, se establece que para realizar el procedimiento abreviado el legislador ha dispuesto imperativamente que el Juez, tiene la obligación de realizar una audiencia oral, donde no solamente se debe efectivizar el derecho a la defensa irrestricta del imputado; sino también, la referida audiencia constituye una garantía para el imputado que el Juez en dicha audiencia verificará y determinará si efectivamente se cumplieron los requisitos legales que hacen a la procedencia del procedimiento abreviado. Sin embargo, en el caso de Autos, los miembros del Tribunal de Sentencia de Vallegrande, al pronunciar la irrita SENTENCIA N° Procedimiento Abreviado; demuestra que no solamente violaron mi Derecho a la Defensa, porque la Sentencia fue elaborada a espaldas del imputado mediante actuaciones que nunca fueron de su conocimiento; sino también, con dichas actuaciones se valoraron los principios de inmediación, oralidad, igualdad, contradicción y legalidad, que rigen al proceso penal y por ende, se ha vulnerado el Derecho al Debido Proceso Legal en su vertiente al Derecho a la Defensa 40). Debe considerarse que por principio elemental de Derecho, en materia penal toda Sentencia válida y legal, para ser considerada como tal, debe pronunciarse en Audiencia Oral, para garantizar que el imputado conozca el momento, las circunstancias y los hechos que determinaron se pronuncie dicha "Sentencia" y en dicha audiencia el imputado pueda ser oído y ejerza su legítimo derecho a la defensa, conforme lo ordena imperativamente el Art. 117.1 de la CPE. No obstante, en el Caso de Autos, la imita SENTENCIA Nº 21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018, no fue pronunciada en audiencia oral, público y contradictoria, impidiendo a mi persona, en virtud de los principios de oralidad e inmediación, ejercer mi derecho irrestricto a la defensa. Por el contrario, al emitirla directamente demuestra que los miembros del Tribunal de Sentencia de Vallegrande, no solamente me privaron de ejercer mi derecho a la defensa; sino también han vulnerado mi derecho a la libertad, porque con dichas actuaciones se definió y agravo definitivamente mi situación jurídica. 41).- Por otro lado, es menester referir que la falencia procedimental realizada por el Juzgador al no señalar audiencia oral en el trámite del procedimiento abreviado, incumbe una transgresión directa al Debido Proceso y al Derecho a la Defensa, en el entendido que el mismo se instituye como un instrumento de sujeción de las autoridades a lo establecido por el ordenamiento jurídico, siendo de aplicación inmediata y constante desde la etapa preliminar hasta la ejecución de la sentencia, porque configura un conjunto de garantías jurisdiccionales que insisten a las partes procesales, incluso frente a eventualidades durante el cumplimiento o ejecución de la condena, hasta el agotamiento total de la pena que se hubiera impuesto. Dicho de otro modo, resulta incuestionable que la omisión del señalamiento de la audiencia para considerar la aplicación del procedimiento abreviado, me dejó en total estado de indefensión que trasunta en la comisión de un acto lesivo a mi derecho fundamental al Debido Proceso, a ser oído, a la defensa y la libertad, ante el agravamiento de mi situación jurídica y la eminente emisión de un mandamiento de condena, producto de la SENTENCIA CONDENATORIA N° 21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 emitida mediante la tramitación ilegal y errónea del procedimiento abreviado, porque no contemplo una valoración objetiva de los hechos por no haber existido alegato en contrario proveniente de la defensa de mi persona (Francisco Cossio Gonzales). 42).- Con relación al DEBIDO PROCESO LEGAL Y EL DERECHO A LA DEFENSA, In SCP Nº 1543/2014 del 1 de agosto del 2014, estableció lo siguiente: III.1.El derecho a la defensa como elemento configurador del debido proceso.- El respeto de la garantías mínimas del justiciable constituye condición de autoridades jurisdiccionales encargadas de impartir justicia, garantizan al encausado proponer sus pretensiones, escuchar las mismas y considerarlas en la decisión a adoptar, aspectos que contribuirán en la materialización del valor de la justicia, de ahí que el derecho al debido proceso, a partir de la vigencia y respeto de sus diferentes componentes, constituye la máxima expresión de las garantías reconocidas a favor de todo justiciable, cuya observancia es de orden público y de carácter obligatorio .... A partir de la interpretación de los arts. 115 y 116 de la Ley Fundamental, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" y 14 del PIDCP, es posible identificar los elementos que configuran el debido proceso; así, la jurisprudencia constitucional, con sustento en las normas citadas precedentemente, ha podido individualizar los componentes del debido proceso, sosteniendo que: "De acuerdo a lo establecido por la Constitución Política del Estado y los Pactos Internacionales, se puede establecer el siguiente contenido de la garantía del debido proceso: a) Derecho a la defensa; b) Derecho al juez natural; c) Derecho a ser asistido por un traductor o intérprete; d) Derecho a un proceso público; e) Derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable; f) Derecho a recurrir, g) Derecho a la legalidad de la prueba; h) Derecho a la igualdad procesal de las partes; i) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; j) Derecho a la congruencia entre acusación y condena; k) La garantía del non bis in ídem; D) Derecho a la valoración razonable de la prueba; 11) Derecho a la comunicación previa de la acusación; m) Concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; n) Derecho a la comunicación privada con su defensor, y, o) Derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor particular" (SC 1057/2011-R de 1 de julio). Según el detalle anterior, el derecho a la defensa constituye el componente vital del debido proceso y se encuentra instituido en el art. 115.11 de la CPE, que prescribe: "El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones"; asimismo, el art. 119.II de la Ley Fundamental, prescribe: "Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa". ... El actual Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0832/2012 de 20 de agosto, reiteró la comprensión doctrinal contenida en la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, entendimiento que identificó dos connotaciones en el ejercicio del derecho a la defensa, señalando que: "". La primera, es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, si mientras que la segunda, es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidano restrinjan su ejercicio..., razonamiento que fue reiterado en la SC 1053/2010-R de 23 de agosto. Conforme a los entendimientos jurisprudenciales glosados en líneas precedentes, es viable concluir que el derecho a la defensa constituye la administrativo, de ser asistido por una defensa de las que se idónea y de su propia elección de ser o da por la autoridad encargada de impartir justicia, de hacer prevalecer sus pretensiones y razones, de controvertir. De objetar y oponerse a las pruebas que cursan en su contra, de pedir la realización de actos procesales que considere sean favorables a él, de impugnar las decisiones asumidas, de hacer uso de los recursos establecidos en la norma y de participar activamente en cada acto procesal. La vigencia y observancia de estos aspectos tiene por objeto contrarrestar Ias arbitrariedades de las autoridades encargadas en materializar el poder, sancionador del Estado, en la medida que el justiciable encuentro un justo sustentado en la verdad, por lo tanto, el derecho a la defensa es inviolable. Irrenunciable y de orden público, de modo que su trasgresión impide fundar cualquier condena en contra del acusado SÉPTIMO FUNDAMENTO.- AL EJECUTAR EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO SIN QUE EXISTA EL REQUERIMIENTO DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO COMO FACULTAD POTESTATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO, DEMUESTRA QUE LOS JUECES DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE VIOLARON GROSERAMENTE EL PRINCIPIO ACUSATORIO AL PRONUNCIAR LA SENTENCIA SIN REALIZAR NINGUNA AUDIENCIA ORAL.- 43).- En el caso de Autos, los miembros del Tribunal de Sentencia de Vallegrande, al pronunciar la frita SENTENCIA Nº 21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018; violaron el PRINCIPIO ACUSATORIO, porque no consideraron que tratándose de la solicitud de aplicación del procedimiento abreviado, la ley no solamente le otorga esa facultad soberana al Representante del Ministerio Público para adoptar tal decisión, en función a los resultados obtenidos en el curso de la investigación; sino también, debido a que el procedimiento abreviado contiene implícitamente una acusación, esta actuación no puede desarrollarse válidamente, sin que el Representante del Ministerio Público, en una audiencia pública, fundamente la necesidad de aplicar el procedimiento abreviado, ofrezca y reproduzca todos los medios probatorios, explicando los hechos que pretende probar y finalmente solicitando se pronuncie sentencia condenatoria sobre la base del acuerdo firmado con el imputado y su abogado defensor. todo conforme establece el Art. 374 del CPP. Con relación a la aplicación del procedimiento abreviado, la SCP Nº 1303/2014 del 30 de junio del 2014, estableció que el Requerimiento de Procedimiento Abreviado es una facultad potestativa del Ministerio Público, con los siguientes fundamentos: III.1. El requerimiento de procedimiento abreviado es una facultad potestativa del Ministerio Público El art. 373 del CPP, establece: "Concluida la investigación, el fiscal encargado podrá solicitar al juez de la instrucción, en su requerimiento conclusivo, que se aplique el procedimiento abreviado" (el resultado nos corresponde) en ese sentido, al menos debe considerarse para la aplicación de la salida alternativa de procedimiento abreviado: a).- Acuerdo del Fiscal, el imputado y su defensor de forma que el b) La oportunidad de solicitud de procedimiento abreviado es hasta antes de concluida la etapa preparatoria plazo en el cual el Ministerio Público puede presentar requerimiento de la aplicación de procedimiento abreviado (arts. 373, 301.4 y 323 inc. 2) del CPP). c) El control de legalidad se efectúa sobre las condiciones del art. 374 del referido Código De lo expuesto, no constituye una obligación procesal para el Ministerio Público la de optar por una salida alternativa de procedimiento abreviado pues ello depende de la naturaleza y gravedad del hecho así SC 1814/2004-R de 29 de noviembre, indicó: "En consecuencia, la solicitud de una salida alternativa es una privativa potestad del Fiscal -no una obligación- que también puede ser adoptada a solicitud del interesado, siempre que a criterio del representante del Ministerio Público se presente una de las situaciones que el artículo mencionado prevé y se hayan cumplido las condiciones que determina en la última parte esa norma. Dicho de otro modo, corresponde al Fiscal decidir una salida alternativa y pedirla al Juez, potestad que podrá también ejercerla cuando el imputado se lo pida y a su juicio éste haya cumplido los requisitos que la ley refiere" 44).- Por su parte, en la SCP N° 0459/2017 de 22 de mayo del 2017, al referirse al PRINCIPIO ACUSATORIO Y LA DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES EN EL PROCEDIMIENTO PENAL BOLIVIANO, expresó los siguientes fundamentos: III.2. El principio acusatorio y la distribución de funciones en el procedimiento penal boliviano - Nuestro sistema procesal penal, responde a un modelo preeminentemente acusatorio en el cual se identifican claramente las funciones capitales de acusar, juzgar y defender; en etapas precisamente determinadas. Así también se identifica a los diferentes sujetos procesales que intervienen en el mismo, y las responsabilidades y funciones de las autoridades. La jurisprudencia constitucional a través de la SCP 1934/2014 de 25 de septiembre, en cuanto a la distribución de funciones de acusación y decisión entendió “...El principio acusatorio supone una distribución de las funciones de acusación y decisión que se despliegan en la etapa del juicio oral, impidiendo que quien acusa y juzga sean una misma persona..." "En segundo lugar, el pro acusatorio implica una distribución de funciones de investigación y decisión... 'Es así que, el mencionado principio en dichos sistemas, establece la prohibición de que el Juez Instructor pueda enjuiciar y decidir la cause, ya que de intervenir en la fase de juzgamiento, vería seriamente afectada su imparcialidad, otorgándosele ésta atribución a otra autoridad jurisdiccional como es el Juez o Tribunal de Sentencia. 'La distribución de las funciones de investigación y decisión, impuesta por aplicación del principio acusatorio, es considerada actualmente una garantía individual implícita en el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial (Horvitz Lennon, Maria Inés y López Masle, Julián; op. cit. pag. 44). El principio acusatorio orienta que las funciones de investigación y acusación, están entregadas a un organismo autónomo, como lo es el Ministerio Público (art. 70 CPP), mientras que la función decisoria es Por su parte, la función de controlar el respeto a los derechos y garantías individuales de las partes, durante la etapa de investigación, especialmente del imputado, ha sido encomendada al Juez de Instrucción, a quien se priva de facultades de persecución penal y se le encomienda la etapa de preparación del juicio oral. El principio acusatorio está en íntima relación con numerosas garantías procesales (imparcialidad, defensa, contradicción, congruencia entre imputación y fallo, prohibición de la reforma en perjuicio), que en definitiva, versa sobre el derecho, principio y garantía constitucional del debido proceso" (negrillas propias).- 45).- En el caso de Autos, fueron los miembros del Tribunal de Sentencia de Vallegrande, quienes tomaron la iniciativa y la decisión de aplicar el procedimiento abreviado, sin que exista solicitud del Representante del Ministerio Público y peor aún, sin realizar ninguna audiencia, (a espaldas del imputado), violando su legítimo Derecho a la Defensa en juicio y con ello, quebrantando groseramente el Principio Acusatorio, porque el REQUERIMIENTO DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO ES UNA FACULTAD POTESTATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y QUE NUNCA JAMÁS PUEDE SER EJERCIDA POR LOS JUECES, como ocurrió en el caso de Autos, donde al mismo los JUECES tuvieron que asumir el rol del ENTE ACUSADOR, (fundamentar la Acusación y producir pruebas de oficio) y finalmente pronunciaron la irrita SENTENCIA N°21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018; demostrándose de esta manera que en el ejercicio de sus funciones, no solamente pronunciaron una "Resolución" manifiestamente contraria a la Ley, sino que también, asumieron un rol activo al pronunciar la Sentencia porque ejercieron funciones propias de la acusación al aplicar de oficio el procedimiento abreviado, tuvieron que producir pruebas, actuaron a espaldas del imputado para evitar que se defienda y sin la intervención del Representante del Ministerio Público, armaron este doloso y fraudulento procedimiento abreviado que conforme a la previsión del artículo 169 del CPP: no solamente constituye un defecto absoluto no susceptible de convalidación; sino también, una flagrante aberración jurídica. OCTAVO FUNDAMENTO. POR EL PRINCIPIO ACUSATORIO EL MINISTERIO PÚBLICO COMO TITULAR DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA ES EL ÚNICO FACULTADO PARA DECIDIR QUÉ CASOS PASAN A JUICIO ORAL- 46).- Por mandato del principio acusatorio y las facultades decisorias autónomas del Ministerio Público, en la SCP 1934/2014 de 25 de septiembre del 2014, estableció que el Ministerio Público es el único facultado para decidir que casos pasan a juicio oral, conforme a los siguientes fundamentos: III.2.2. El principio acusatorio y las facultades decisorias autónomas del Ministerio Público en la etapa preparatoria La aplicación de este principio se advierte con mayor claridad en la etapa preparatoria, donde el Ministerio Público, en su calidad de director funcional de las investigaciones, no solo tiene la responsabilidad de realizar las actividades conducentes al esclarecimiento del supuesto hecho delictivo, la recolección de antecedentes probatorios que permitan ley procesal prevé varios supuestos en los que puede producirse la terminación del procedimiento en esta etapa. Existen dos momentos diferenciados en las que se hace presente la facultad decisoria del Ministerio Público; el primero, al inicio de la investigación, denominada etapa preliminar, en la cual una vez evaluados los elementos indiciarios, el fiscal define si va a formalizar la investigación (imputación formal), ordenar la complementación de las n diligencias policiales, o bien si va rechazar la denuncia querella o la actuaciones policiales, disponiendo su archivo; de igual forma puede solicitar la aplicación de alguna salida alternativa (art. 301 CPP). El segundo momento, se observa al finalizar la investigación, en el cual el Ministerio Público, al emitir su requerimiento conclusivo, debe decidir entre presentar la acusación para juicio oral o bien decretar el sobreseimiento; opcionalmente, puede requerir la aplicación de alguna salida alternativa (art. 323 CPP). En ese entendido, cobran particular importancia dos facultades decisorias Atribuidas al Ministerio Público, el rechazo de la denuncia, querella o las actuaciones policiales, disponiendo su archivo al finalizar la etapa preliminar de la investigación; y, el sobreseimiento a momento dictar el requerimiento conclusivo; toda vez que, son decisiones autónomas que finalizan la etapa preparatoria, y que no están sujetas a la aprobación del juez cautelar, ya que como consecuencia del principio de acusatorio, se entiende que el Ministerio Público en su calidad de titular de la acción penal pública y responsable de la investigación, es quien está facultado para decidir qué casos no deben ir a la fase del juicio oral, de acuerdo a las causales establecidas por ley. NOVENO FUNDAMENTO.- AL PRONUNCIAR LA SENTENCIA Nº 21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 SIN REALIZAR NINGUNA AUDIENCIA ORAL POR ENDE SIN LA INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRA QUE LOS JUECES DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE PRODUJERON PRUEBA DE OFICIO LO QUE AFECTA LA ESENCIA MISMA DEL PROCESO ACUSATORIO.- 47) - Al emitir la irrita SENTENCIA Nº 21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018; sin realizarse ninguna audiencia oral, y por consiguiente sin la participación del Representante del Ministerio Público, demuestra que los jueces tuvieron que producir prueba de oficio, lo que se encuentra completamente prohibido por el Art. 342 del CPP, que establece: "En ningún caso el juez o Tribunal podrá... producir prueba de oficio". Con similar criterio, el Tribunal Supremo de Justicia mediante el A.S. N° 341 del 28 de agosto de 2006, pronunciada por la Sala Penal Segunda, mediante su DOCTRINA LEGAL, ha establecido que los jueces no pueden producir prueba de oficio, con los siguientes fundamentos: 1.- Con relación a la denuncia formulada por Ricardo Hilarión Garcia respecto a que el fallo del a quo se habría basado en medios de prueba obtenidos y producidos de forma ilegal de la parte pertinente del acta de registro de juicio (fojas 450 y 451), se evidencia que el presidente del Tribunal dispuso la producción de prueba documental de oficio, viciando el procedimiento con defectos que van más allá de la denuncia proceso acusatorio, en cuanto que tal actuación destruye el necesario equilibrio que debo reinar en el juicio oral público y contradictorio y que garantiza a las partes en conflicto el sometimiento a un juez imparcial. DOCTRINA LEGAL A diferencia del sistema inquisitivo que giraba en torno a la investigación. el eje del sistema acusatorio es el juicio público, oral y contradictorio, donde el proceso penal se concibe como in contienda entre dos sujetos procesales-defensa y acusador- ubicadas en un mismo plano de igualdad, al final del cual, como resultado del debate oral y dinámico, el tercero imparcial que es el juez, tomar una decisión El juicio concebido como la base del sistema acusatorio y como el momento prioritario del debate probatorio, os el escenario donde se han de ofrecer y practicar las pruebas, de tal forma que se garantice la inmediación de las pruebas con el juez y se asegure así su imparcialidad, en virtud a que el juicio permite que la decisión en producto del debate entre dos partes iguales -acusador y defensa - sustentado en las pruebas de parte, cuya valoración integral fundamentara el decisorio Nuestra legislación adjetiva penal, regula implícitamente la separación entre actos de investigación acusación y actos de juzgamiento, los cuales son exclusivos y excluyentes. Por principio general, el Fiscal no puede decidir con autoridad judicial sobre cuestiones que afecten los derechos fundamentales de los intervinientes, ni el Juez puede inmiscuirse en la investigación o acusación produciendo pruebas de oficio. Para garantizar el cumplimiento del principio de imparcialidad, previsto en el artículo 3° de la Ley 1970, ningún precepto de ese Código confiere a los jueces iniciativa en materia probatoria. Por el contrario, como una manifestación concreta del principio acusatorio introducido a la legislación nacional, el artículo 342 de la referida norma adjetiva penal, estipula que "En ningún caso el juez o Tribunal podrá.. producir prueba de oficio." El principio de imparcialidad, propio de los sistemas de corte acusatorio, importa que el juez no tenga facultades probatorias autónomas, puesto que, si tuviese atribución para producir pruebas de oficio, se dejarla de lado uno de los pilares fundamentales de nuestro régimen de enjuiciamiento, que se traduce en la categórica separación entre actos de investigación y acusación y actos de juzgamiento, lo que evita en definitiva, que el juez predisponga el rumbo del proceso, como podría suceder si dirige o reorienta el destino final del asunto a través de su injerencia en el tema probatorio. Además de la norma prevista en el artículo 3º del Código de Procedimiento Penal, diversos tratados consagran la garantía de ser juzgado por un Tribunal competente, independiente e imparcial, así los artículos 10º de la Declaración Universal de Derechos Humanos: XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ello, a efecto de que los titulares del órgano jurisdiccional ejerciten la independencia del Poder Judicial, tanto externa como interna, y que opera como garantía para los justiciables, asegurando la realización de un juicio objetivo, imparcial y neutral del juzgador frente al caso concreto, por ello, el juez o tribunal no pudo producir prueba de oficio aunque haya sido ofrecida. POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, con intervención del Ministro Dr. Jaime Ampuero Garcia, Presidente de la Sala Penal Primera, convocado al efecto, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista de 6 de septiembre de 2005 de fojas 563 a 564 vuelta, dictado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, disponiendo que ese Tribunal dicte uno nuevo, previo sorteo. Para fines del artículo 20 de la Ley Procesal Penal remítase copias del presente Auto Supremo a todas las Cortes Superiores de Justicia del para que por intermedio de sus presidentes, pongan en conocimiento de las Salas Penales, Tribunales de Sentencia, jueces de sentencia y jueces cautelares la jurisprudencia vinculante que por disciplina corresponde su observancia "erga omnes". RELATOR: MINISTRO DR. JAIME AMPUERO GARCIA DÉCIMO FUNDAMENTO. FUNDAMENTOS QUE DEMUESTRAN QUE EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE ES COMPETENTE PARA ANULAR SU PROPIA SENTENCIA.- 48).- En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, establecida en la SC Nº 1714/2003 de 25 de Noviembre del 2003, la problemática se originá, porque el Tribunal de Sentencia demandado, no quiso anular obrados, alegando que no tenia competencia para resolver dichas actuaciones porque ocurrieron en otra fase del proceso (etapa preparatoria) y que el juez de Instrucción era el único competente para resolver dichas actuaciones, pero al no reclamarlas en su momento, las habrían convalidado. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en su Ratio Decidendi, refiriéndose a los principios establecido en el Art. 167, 168 y el Art. 169.2) y 3) del CPP, estableció que frente a cualquiera de estas actuaciones cumplida con inobservancia de las formas y condiciones legales, no pueden ser valoradas ni como presupuestos para fundar una decisión judicial y cuando se vulnere algún derecho fundamental del imputado, o los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, Tratados o convenios internacionales o en el presente Código, constituyen defectos absolutos no susceptibles de convalidación. En la SC Nº 1714/2003 de 25 de Noviembre del 2003, se expuso los siguientes fundamentos: III.3.El art. 167 CPP, dispone que no pueden ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, convenciones y Tratados internacionales vigentes y en ese Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado El art 169.2) y 3) CPP, señala que la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que ese Código establece, así como los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y en ese cuerpo legal, constituyen defectos absolutos y no son susceptibles de convalidación. De lo que se colige que el Tribunal de Sentencia está facultado para revisar aún de oficio el cumplimiento estricto de las normas para evitar la III. 4. En el caso de autos previo análisis del expediente original remitido a solicitud de éste Tribunal, se evidencia que el Fiscal (que no ha sido recurrido), no puso físicamente a la recurrente a disposición del Juez Cautelar, dentro de las 24 horas de su aprehensión, infringiendo lo previsto en el art. 226 CPP, imputándola formalmente sin tomarle su declaración informativa, la misma que fue recibida recién el 8 de abril de 2003, lo que implica que fue imputada sin ser oída vulnerando el art. 16- IV CPE. No fundamentó su requerimiento en franca contradicción a lo previsto por los arts. 73 CPP y 45 LOMP. Al respecto SC 760/2003-R establece "La imputación formal ya no es la simple atribución de un hecho punible a una persona, sino que la misma debe sustentarse en la existencia de indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, en alguno de los grados de participación criminal establecidos por la Ley penal sustantiva; o lo que es lo mismo, deben apreciarse indicios racionales sobre su participación en el hecho que se imputa": por consiguiente los fiscales están en la obligación de argumentar esos aspectos, para determinar con certeza la participación del imputado. III.5. Por su parte el Juez Instructor dictó el Auto de 7 de abril de 2002, mediante el que definió la situación jurídica de la imputada, disponiendo su detención preventiva, sin llevar a cabo la audiencia pública y sin contar con la presencia de la imputada y de su abogado defensor, notificándole con dicho auto en el tablero del juzgado, sin tomar en cuenta que se encontraba detenida, en contravención a lo previsto por el art. 163-1) y párrafo primero que disponen que la primera resolución que se dicte respecto de las partes se notificará personalmente en el lugar de su detención si se encuentra privada de su libertad; más aún cuando la recurrente no fue notificada con la imputación formal, que de acuerdo a lo establecido por la SC 1036/2002-R marca el inicio del proceso y es a partir de esa notificación que se computa los seis meses de la etapa preparatoria, y se prepara la prueba pertinente para desvirtuar en el juicio los delitos atribuidos, no siendo justificativo válido para conculcar las normas la convulsión social que pueda presentarse. III.6.El Tribunal Tercero de Sentencia de Cochabamba, pasó por alto las omisiones señaladas anteriormente en lugar de proceder conforme indica el art. 168 CPP, que textualmente dice: "(Corrección).Siempre que sea posible, el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, advertido el defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido".... III. De esa manera las autoridades recurridas, han vulnerado el derecho a la libertad a la defensa y la garantía del debido proceso, previstos en los arts. 6-11, 16-11 y IV de la Constitución Política del Estado, 9 CPP. La jurisprudencia constitucional en las SSCC 1227/2003- Ry 1266/2003-R, en cuanto a la garantía del debido proceso señalan que: "La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes....111.8.Por otra parte, la SC 1266/03-R de 29 de agosto, refiriéndose al valor de la cosa juzgada indica: "Resulta imperioso mencionar que aun cuando el transcurso del tiempo pueda originar una supuesta "cosa juzgada" la jurisprudencia sentada por este Tribunal sefala que cuando en un proceso se afecta el contenido esencial de un derecho fundamental o una garantía constitucional, se abre inexcusablemente el ámbito de protección que brinda el orden constitucional a través del amparo. Asi lo han declarado las SSCC 111/99-R, 103/2001-R, 1029/01-R, 048/2002-R, 498/2002-R, 1315/2002-R, 1446/2002 R. 384/2003-R y muchas otras...." Correspondiendo en el caso presente otorgar la tutela solicitada para que anulando obrados se subsanen las omisiones y regularice el proceso conforme a Ley, en el que la recurrente pueda ejercitar su derecho a amplia defensa en la forma que establece la Constitución Política del Estado y las leyes. 149).- Por tanto, del análisis de la ratio decidendi de la jurisprudencia constitucional invocada, se evidencia que el Tribunal Constitucional, de manera diáfana y magistral explica que el Tribunal de Sentencia demandado, frente a cualquiera de estas actuaciones ilegales, está plenamente facultado para revisar aún de oficio el cumplimiento estricto de las normas para evitar la vulneración de los derechos y garantías de las partes. Además explica que por mandato del Art. 168, el Juez o Tribunal, de oficio o a petición de parte, advertido el defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido. 50).- En el caso de Autos, aplicando la ratio decidendi de la jurisprudencia constitucional invocada, se demuestra que el Tribunal de Sentencia de Vallegrande, tiene plena competencia y está absolutamente facultado para anular la SENTENCIA Nº 21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018; porque es una actuación emitida con inobservancia de las formas y condiciones legales, (no se ha cumplido con el Requerimiento de Procedimiento Abreviado que es una facultad potestativa del Ministerio Público y tampoco se ha cumplido con las condiciones establecidas por el Art. 374). Por tanto, dicha sentencia no puede ser valorada ni utilizada como presupuesto para fundar una decisión judicial. De igual forma, al haberse pronunciado sin realizar ninguna audiencia, se ha vulnerado el Derecho a la Defensa del imputado y el Derecho al Debido Proceso Legal, lo que constituye defecto absoluto no susceptible de convalidación, por lo que pido a sus probidades que anulen la Sentencia Nº 21/18 de fecha 22 de octubre del 2018, para que se cumpla con lo previsto por el Art. 374 del CPP; y de esa forma restablecer mis derechos y garantías Constitucionales. DÉCIMO PRIMER FUNDAMENTO.- FUNDAMENTOS QUE DEMUESTRAN QUE ES PERFECTAMENTE POSIBLE Y OPERABLE QUE EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE CORRIJA PROCEDIMIENTO CON LA FINALIDAD DE NO CAUSAR AGRAVIO AL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA DEFENSA DEL IMPUTADO FRANCISCO COSSIO GONZALES REPARANDO ESA VULNERACIÓN A TRAVÉS DEL PRESENTE 28 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018; AL VULNERAR DERECHOS FUNDAMENTALES, SE CONSIDERA INEXISTENTE CONFORME LO DEFINE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL APOYADO EN LA SC. N° 0846/2005 DEL 5 DE JULIO DEL 2005 SOLICITO QUE SE ANULE Y DEJE SIN EFECTO LA SENTENCIA N° 21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018; POR HABERSE PRONUNCIADO MANIFIESTAMENTE EN CONTRA DE LO PREVISTO POR EL ART. 374 DEL CPP: SIN REALIZAR NINGUNA AUDIENCIA ORAL (A ESPALDAS DEL IMPUTADO), VIOLANDO SU LEGÍTIMO DERECHO A LA DEFENSA DENTRO DE UN ILEGAL Y FRAUDULENTO PROCEDIMIENTO ABREVIADO REALIZADO POR DECISIÓN DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE AL ASUMIR UN ROL ACTIVO Y PROPIO DE LA ACUSACIÓN QUEBRANTARON GROSERAMENTE EL PRINCIPIO ACUSATORIO PORQUE EL MINISTERIO PÚBLICO NUNCA JAMÁS EJERCIÓ SU FACULTAD POTESTATIVA REQUIRIENDO LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO DEMOSTRANDOSE DE ESTA MANERA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, NO SOLAMENTE PRONUNCIARON UNA "RESOLUCIÓN" MANIFIESTAMENTE CONTRARIA A LA LEY; SINO TAMBIÉN TODAS ESTAS ACTUACIONES CONSTITUYEN DEFECTOS ABSOLUTOS NO SUSCEPTIBLE DE CONVALIDACIÓN POR HABERSE VULNERADO EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO LEGAL Y SU COMPONENTE EL DERECHO A LA DEFENSA.- 51).- Como se ha expuesto en todo el Incidente, en el caso de Autos, fueron los miembros del Tribunal de Sentencia de Vallegrande, quienes tomaron la iniciativa y la decisión de aplicar el procedimiento abreviado, sin que exista solicitud del Representante del Ministerio Público y peor aún, sin realizar ninguna audiencia, (A ESPALDAS DEL IMPUTADO), VIOLANDO SU LEGÍTIMO DERECHO A LA DEFENSA y con ello, QUEBRANTANDO GROSERAMENTE EL PRINCIPIO ACUSATORIO, PORQUE SI EL MINISTERIO PÚBLICO NO EJERCIÓ SU FACULTAD POTESTATIVA REQUIRIENDO EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO ESTA OMISIÓN NO LE FACULTA A LOS JUECES PARA QUE PUEDAN EJERCER DICHA POTESTAD, como ocurrió en el Caso de Autos, donde los JUECES tuvieron que asumir el rol del ENTE ACUSADOR, (fundamentar ? la Acusación y producir pruebas de oficio) y finalmente pronunciaron la irrita SENTENCIA N° 21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018, demostrándose de esta manera que en el ejercicio de sus funciones, no solamente pronunciaron una "Resolución" manifiestamente contraria a la Ley; sino también, que asumieron un rol activo al pronunciar la Sentencia porque ejercieron funciones propias de la acusación al aplicar de oficio el procedimiento abreviado, tuvieron que producir pruebas, actuaron a espaldas del imputado para evitar que se defienda y sin la intervención del Representante del Ministerio Público, armaron este doloso y fraudulento procedimiento abreviado que conforme a la previsión del artículo 169 del CPP no solamente constituye un defecto absoluto no susceptible de convalidación 52).- Por su parte, el Tribunal Constitucional, en la SC. N° 0846/2005 del 5 de julio del 2005, ha establecido que es perfectamente posible que el juez de la causa corrija el procedimiento para no causar agravio a un derecho fundamental de una de las partes, y pueda reparar la infracción mediante un incidente interpuesto por el afectado y dicha actuación de ninguna manera puede ser considerado como si estuviera revisando sus propias actuaciones, porque la resolución que vulnera derechos fundamentales se la considera inexistente. La SC. N° 0846/2005 del 5 de julio del 2005, expone los siguientes fundamentos: III.4.Respecto a la denuncia contra el Juez recurrido, en razón de haber rechazado el incidente promovido, señalando que si bien es cierto que se acredita la ausencia del deudor (representado del recurrente), sin embargo debe tenerse en cuenta que todo proceso tiene sus etapas hasta antes de pronunciarse sentencia, etapas en las cuales los sujetos procesales deben realizar sus observaciones, no siendo posible revisar el proceso a través de un incidente, cuando ya existe sentencia que se encuentra ejecutoriada y que su autoridad no tuviere competencia para anular su propia sentencia; argumento que carece de sustento, por los razonamientos expuestos en el FJ.1913, máxime si la sentencia que afecta el contenido normal de un derecho fundamental -el de defensa en el caso de autos- no adquiere ejecutoria, de donde el Juez de la causa con el deber que tiene de cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad, cual le obliga la norma del art. 3 inc. 1) del CPC, y toda vez que la sentencia pronunciada en el proceso no causa estado por la vulneración de un derecho fundamental, debió haber admitido el incidente y advertido la vulneración de un derecho fundamental, reparando el mismo, resolviendo el incidente conforme a derecho y de esa forma permitir que el representado del recurrente tenga acceso a la defensa que es inviolable en juicio, cual determina el art. 16.II de la CPE, maxime si el Juez se constituye en director del proceso cual establece el art. 87 del CPC; así lo estableció el Tribunal Constitucional en la SC 495/2004-R, de 10 de mayo, que señala: "En este estado es necesario dejar establecido que es perfectamente posible el planteamiento del incidente de nulidad en ejecución de Sentencia buscando la reparación de un proceso ilegal por vulneración de derechos y garantías, y de ningún modo ello puede ser considerado como una situación en la que el juez esté revisando su propia actuación pues como lo reconoce la doctrina los actos procesales desarrollados en vulneración de derechos y garantías se reputan como inexistentes. Bajo ese entendimiento es que muchos recursos han sido declarados improcedentes por subsidiariedad cuando los recurrentes no impugnaron la supuesta vulneración de sus derechos y garantías a través de los recursos ordinarios y el incidente de nulidad, al no haber podido hacer uso de los recursos ordinarios por supuesta indefensión, en este sentido se han pronunciado las SSCC 1346/2001-R, 1437/2002-R, 261/2002-R, 86/2003-R. 386/2003-R. 766/2003-R, 884/2003-R, 902/2003-R, 910/2003-R, 1032/2003-R, 1337/2003-R, 1377/2003-R, 1390/2003-R, 1471/2003-R, 182/2004-R, 602/2004-R, 681/2004-R, 902/2004-R, 991/2004-R, 1377/2004-R, 1390/2004-R, 212/2005-R". De la jurisprudencia glosada, se estima que es perfectamente posible y operable que el Juez de la causa corrija procedimiento y con la finalidad de do causar agravio en un derecho fundamental a una de las partes, pueda reparar esa vulneración a través de un incidente promovido y que fundamentales, se considera inexistente cual define la jurisprudencia constitucional 53).- En el caso de Autos, se ha demostrado con meridiana claridad, que la SENTENCIA N° 21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018: no solamente es una Resolución ilegal y arbitraria por haberse pronunciado manifiestamente en contra de lo previsto por el Art. 374 del CPP; sin realizar y ninguna audiencia oral y violando el Derecho a la Defensa y el Debido Proceso Legal del imputado, y con ello quebrantaron groseramente el Principio Acusatorio, porque el procedimiento abreviado fue realizado por voluntad de los jueces del Tribunal de Sentencia de Vallegrande, sin que el Ministerio Público hubiera ejercido su facultad potestativa, Requiriendo la aplicación del Procedimiento Abreviado: De igual manera, también es una Resolución manifiestamente contraria a la ley, y constituye un DEFECTO ABSOLUTO porque afecta al contenido de un Derecho Fundamental y no puede sustentarse su ilegalidad alegando que los señores jueces que integran el Tribunal de Sentencia de Vallegrande, al pronunciarla hubieran perdido competencia; por el contrario, al ser una resolución emitida con inobservancia de las formas y condiciones legales, (no se ha cumplido con el Requerimiento de Procedimiento Abreviado que es una facultad potestativa del Ministerio Público y tampoco se ha cumplido con las condiciones establecidas por el Art. 374), dicha sentencia no puede ser valorada ni utilizada como presupuesto para fundar una decisión judicial, por tanto, no puede utilizarse para alegar que se perdió competencia. Además, cuando con una resolución como la referida Sentencia, se ha vulnerado derechos fundamentales como el Derecho al Debido Proceso Legal, y especialmente su componente el Derecho a la Defensa irrestricta en juicio, debe reputarse como inexistente. 54).- De igual forma, al haberse pronunciado sin realizar ninguna audiencia, se ha vulnerado el Derecho a la Defensa del imputado y el Derecho al Debido Proceso Legal, lo que constituye defecto absoluto no susceptible de convalidación, por lo que pido a sus probidades que anulen la Sentencia Nº 21/18 de fecha 22 de octubre del 2018, para que se cumpla con lo previsto por el Art. 374 del CPP; y de esa forma restablecer mis derechos y garantías Constitucionales. Además, siendo la mayoría de los señores jueces que integran el Tribunal de Sentencia de Vallegrande, las mismas autoridades jurisdiccionales que pronunciaron la Sentencia Nº 21/18 de fecha 22 de octubre del 2018, son también las únicas autoridades competentes para conocer y resolver el presente incidente por defectos absolutos porque no están revisando su propia actuación, sino la referida sentencia que al violar los derechos y garantías constitucionales del imputado se la considera inexistente. Por tanto, pido que luego del trámite de rigor, se pronuncien en el fondo y sea anulando la Sentencia N° 21/18 de fecha 22 de octubre del 2018, 55). Por todo lo expuesto, pido a su Autoridad, que en atención a los fundamentos y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional invocada, admita y resuelva el incidente por defecto absoluto consumado al momento de pronunciar la SENTENCIA N° 21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018; y luego de comprobar los hechos ilegales denunciados y los fundamentos de SENTENCIA N° 21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018; y/o hasta el vicio más antiguo y respetando la doctrina legal obligatoria y vinculante establecida por el Tribunal Constitucional. PETITORIO FINAL EN DERECHO.- En consecuencia, apoyado en lo previsto por el Art. 314 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, acudo ante su Autoridad, para solicitarle formalmente la sanidad del proceso en consideración al principio establecido en el Art. 167 con relación al Art.169 1).- 2)- 3)- y 4).- ambos de la Ley N° 1970; y el artículo 203 de la Constitución Política del Estado, con relación a la SC Nº 0846/2005 del 5 de julio del 2005; y demás jurisprudencia invocada, se anule y se deje sin efecto legal la SENTENCIA N° 21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018. De igual forma pido se declare NULO Y SIN EFECTO LEGAL, el procedimiento abreviado y sobre todo la SENTENCIA N° 21/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018; que fueron obtenidos mediante actuaciones totalmente ilegales que constituyen defectos absolutos no susceptibles de convalidación por haberse violado la Ley, mis Derechos y Garantías Constitucionales, la Doctrina Legal Vinculante del Tribunal Supremo de Justicia y la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que se invocan para su resolución por ser obligatorias y vinculantes para todas las Autoridades, Jueces y Tribunales. Es cuanto solicito por ser de estricta justicia. OTROSÍ.- Apoyado en lo previsto por el Articulo 314 de la Ley N° 1970, ofrezco como prueba todas las referidas en el incidente con las cuales se demuestran las irregularidades que se han consumado. OTROSI SEGUNDO.- El abogado que suscribe, anuncia que con relación a sus honorarios profesionales, se ha suscrito iguala profesional. Vallegrande, 18 de marzo de 2019.- FDO ILEG. FRANCISCO COSSIO GONZALES.- FDO. ILEG. JOSE ANTONIO VALDIVIA M.- A, 24 DE AGOSTO DE 2021.- al desconocerse el domicilio y paradero de la Sra. CLEMENCIA VIDAL GONZALES, notifíquese por edictos con la sentencia, con la apelación restringida y con el incidente de nulidad interpuesto por el acusado, a fin de que conteste dentro del término de 10 días o se adhiera a la apelación restringida.- FDO. ILEG. HUGO CELSO FERNANDEZ PEÑARANDA, JUEZ DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 1º JUZGADO PÚBLICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE.- FDO. ILEG. MARY SEVERICH SILES, JUEZ DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 1º JUZGADO PÚBLICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE.- FDO. ILEG. APOLINAR FLORES PEÑAFIEL, JUEZ DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 1º JUZGADO PÚBLICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE.- FDO. ILEG. ABOG. JAIME GUTIERREZ FAREL, SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 1º, JUZGADO PUBLICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DE SENTENCIA DE VALLEGRANDE.- ES CUANTO SE HACE SABER A LA DENUNCIANTE CLEMENCIA VIDAL GONZALES PARA FINES CONSIGUIENTES DE LEY.-VALLEGRANDE, 15 de Noviembre de 2.021.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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