EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: TRIBUNAL DE SENTENCIA TERCERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA COCHABAMBA – BOLIVIA TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA EN LO PENAL DE LA CAPITAL EDICTO DRA. MARIA E. MARQUINA MENCIA, DRA. MARINA CELINA HERBAS HERBAS Y DR. RONALD COLQUE RUBIN DE CELIS.- PRESIDENTA Y JUECES TECNICOS DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA Nº 3 DE LA CAPITAL.----- PARA: JUANITO SENZANO VALLEJOS------------------------------------------------------------------------------------------------ POR EL PRESENTE EDICTO SE HACE SABER Y CONOCER A JUANITO SENZANO VALLEJOS, AUTO DE FECHA DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2021, DENTRO EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA JUANITO SENZANO VALLEJOS, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS CONTROLADAS PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ART. 55 DE LA LEY 1008, CONFORME SE TIENE ORDENADO POR AUTO DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2021 A CUYO FIN SE TRANSCRIBE LOS SIGUIENTES ACTUADOS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------AUTO DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 --------------------------------------- VISTOS: Los antecedentes del proceso dentro la causa seguido por el Ministerio Público contra JUANITO SENZANO VALLEJOS, por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, previsto y sancionado por el Art. 55 de la ley 1008, y --------------------------------------------------------------- CONSIDERANDO: De la compulsa y revisión minuciosa de los antecedentes se tiene que, en fecha 16 de abril de 2002 ingreso la presente causa a este Tribunal, una vez radicada la causa se dispuso la notificación del imputado Juanito Senzano Vallejos, empero pese a la diferentes conminatorias el Ministerio Público no logro notificar al imputado con orden instruida al imputado conforme se tiene los antecedentes del proceso, y posteriormente conforme data los antecedentes del proceso incluso se procedió a revocar las medidas sustitutivas que venía gozando el imputado, ordenándose la detención preventiva de Juanito Senzano Vallejos y notificándosele por edictos pero el imputado no se apersonó a fin de asumir defensa en el presente proceso, motivo este que ha generado la declaratoria de rebeldía del imputado por auto de fecha 27 de junio de 2003 y desde esa fecha la parte acusadora, Ministerio Público como titular de la acción penal ha asumido una actitud pasiva y una falta de interés en la prosecución del proceso hasta el presente, es más no se tiene en antecedentes una vez recabado el respectivo mandamiento de aprehensión porque el Ministerio Público o funden los motivos por los cuales no se ejecutó el mismo y dar cumplimiento con la orden emitido por este Tribunal.------------------------------- CONSIDERANDO: Conforme establece el sistema procesal penal de corte acusatorio Ley Nº 1970 (Código de Procedimiento Penal), que se sustenta bajo los principios básicos de la oralidad, celeridad, la continuidad y la publicidad, principios esenciales que están previstos en el parágrafo I del Art. 178 de la Constitución Política del Estado, concordante con el Art. 180 del mismo texto constitucional, norma suprema que establece de manera expresa: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”, concordante con los Arts. 22, 115 y 117 de la Norma Suprema, principios esenciales que también se encuentran en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica Art. 8 Núm. 1), Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, que forman parte del bloque de constitucionalidad; máxime, tomando en consideración que en materia penal la situación jurídica de las personas sometidas a un proceso penal, no puede quedar en la incertidumbre de manera indefinida por negligencia de las partes, del órgano responsable de la persecución penal y/ o de autoridades del sistema de administración de justicia penal, por cuanto todo imputado tiene derecho de ser oído, con las debidas garantías dentro un plazo razonable. El Art. 133 del Código de Procedimiento Penal establece: “Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía” y la parte in fine “Vencido el plazo, el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal”, y conforme refiere el Art. 5 párrafo II del CPP., “se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito”. También es necesario hacer referencia que la extinción de la acción por duración máxima del proceso, no opera de hecho por el solo transcurso del tiempo, que en cada caso en particular, se debe hacer un análisis de los datos del proceso a objeto de establecer la procedencia o improcedencia la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, cuando la dilación o mora procesal es atribuible al imputado NO es viable dicha extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; empero, cuando la dilación es de responsabilidad del órgano responsable de la persecución penal, querellante y/o del órgano jurisdiccional, es procedente la extinción por el transcurso del tiempo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Si esto es así, corresponde remitirse a la Sentencia Constitucional Nº 101/2004 y Auto Constitucional Nº 0079/2204-ECA de 29 de septiembre 2004, que interpreta esta normativa determinando que “…no corresponde la extinción de la acción penal, cuando a consecuencia del uso de los distintos medios de defensa y recursos que el sistema legal le dispensa al imputado y por un exceso de previsión provoca dilación del proceso, quien dada esa situación debe asumir la consecuencia, toda vez que no hay lesión al derecho que tiene el imputado a la conclusión del proceso dentro de los plazos establecidos en el Código de Procedimiento Penal…”, de donde resulta que el Auto referido ya ha previsto la improcedencia de la extinción de la acción en casos en que la dilación es atribuible al imputado por uso de distintos medios de defensa y recursos; sin embargo, nada de esto acontece en el presente caso, toda vez que no puede ser atribuido el transcurso del tiempo a la defensa, puesto que no ha hecho uso de distintos medios de defensa y recursos que el sistema legal le dispensa al imputado y por ese exceso de previsión provocaría la dilación del proceso, por cuanto se advierte el total desinterés de la parte denunciante y/o querellante así como del Ministerio Público que como director de la investigación ha desconocido lo establecido en el Art. 70 párrafo I del CPP., que determina: “Corresponderá al Ministerio Público dirigir la investigación de los delitos y promover la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales. Con este propósito realizará todos los actos necesarios para preparar la acusación y participar en el proceso, conforme a las disposiciones previstas en este Código y en su Ley Orgánica.”, no realizó el seguimiento del proceso y la dilación en la notificación de la parte imputada, no se imprimió la celeridad necesaria en la conclusión del proceso conforme además ahora se encuentra plasmada en la Ley Nº 1173.------------------------------------ En el presente caso, si bien el imputado JUANITO SENZANO VALLEJOS, ha sido declarado rebelde por auto de fecha 27 de junio de 2003, empero el Art. 90 del CPP., ultima parte indica: “la declaratoria de rebeldía interrumpe la prescripción”; figura que se materializa con la declaratoria en rebeldía del imputado, momento desde el cual, el plazo se computa nuevamente, conforme lo define el Art. 31 del CPP.------------- Ahora bien, SOLO A MAYOR ABUNDAMIENTO, el Art. 29 del CPP., determina los plazos para la prescripción de la acción penal, atendiendo al máximo legal de la pena privativa de libertad (presidio o reclusión) prevista para los distintos tipos penales establecidos en el Código Penal. Los términos señalados en esa norma, de acuerdo al Art. 30 del CPP., “…empiezan a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación”, y pueden interrumpirse por la declaratoria de rebeldía del imputado y suspenderse en los siguientes casos previstos en el Art. 32 (suspensión del término de la prescripción) del CPP: 1. Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el periodo de prueba correspondiente. 2. Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas. 3. Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y, 4. En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado; sin embargo, los antecedentes del presente caso no estando enmarcados dentro ninguna de las causales de suspensión del término de la prescripción y únicamente el hecho de que el imputado fue declarado REBELDE por auto de 27 de junio de 2003, momento desde el cual se computa nuevamente los plazos procesales, habiendo transcurrido más de tres años de duración del proceso desde el momento de la declaratoria de REBELDÍA, además incluso tomando en cuenta el quantum de la pena para el delito acusado, habría superado los parámetros descritos en el Art. 29 del Código de Procedimiento Penal, y existiendo una inactividad procesal que no es atribuible al Órgano Judicial, por lo corresponde extinguir la acción penal por duración máxima del proceso.------------------------------------------------------------------------------------------------------ POR TANTO: Por los fundamentados expuestos se DECLARA EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL POR DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO, previsto en el Art. 133 del Código de Procedimiento Penal, en favor de JUANITO SENZANO VALLEJOS, por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, previsto y sancionado por el Art. 55 de la ley 1008; consecuentemente se ordena el archivo de obrados.------------ Por otro lado, se dispone que por Secretaría se proceda a la notificación con la presente resolución al imputado en el portal electrónico de notificaciones del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio Público, conforme establece la norma adjetiva penal y sea previas las formalidades de ley.--------------------- Se advierte a las partes que tienen el término de 3 días para apelar de la presente resolución una vez sean notificadas de forma personal. REGISTRESE. Notifique funcionario.------------------------------------------- ES CUANTO SE TIENE ORDENADO POR AUTO DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 DOY FE------------------- COCHABAMBA, 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 D. S. O.


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