EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: SALA PENAL CUARTA


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA ORGANO JUDICIAL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA SALA PENAL CUARTA PARA LA ACUSADA: DESIDERIA ESCALERA COCA (ACUSADA) EDICTO EL DR. PABLO ANTEZANA VARGAS VOCAL PRESIDENTE DE LA SALA PENAL CUARTA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA.----------------------------------------------------- POR EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO Y SE NOTIFICA A DESIDERIA ESCALERA COCA CON LA DECISION TOMADA EN AUTO DE VISTA DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2020 Y DECRETO DE 27 DE AGOSTO DE 2021; DICTADO DENTRO EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA DIONICIO FLORES JALA Y DESIDERIA ESCALERA COCA POR EL DELITO DE TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ART. 48 CON RELACIÓN AL ART. 33 INC. M) DE LA LEY 1008, A MÉRITO DEL RECURSO DE APELACION RESTRINGIDA FORMULADO POR EL MINISTERIO PUBLICO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 19 DE DICIEMBRE DE 2011, A CUYO FIN SE TRANSCRIBEN LAS PARTES PERTINENTES Y NECESARIAS: --------------------------------------------------------- ---------------------------------------------AUTO DE VISTA----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------04 de agosto del 2020---------------------------------------------- VISTOS: En apelación restringida la Sentencia de fecha 19 de diciembre de 2011, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal No. 2 de Villa Tunari, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Dionicio Flores Jala y otra, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el Art. 48 con relación al 33 Inc. m) de la Ley No. 1008; los demás antecedentes procesales, y; CONSIDERANDO. De los antecedentes del proceso ----------------------------------------------Que dentro el referido proceso penal, el Tribunal de Sentencia Penal No. 2 de Villa Tunari, pronunció la Sentencia de fecha 19 de diciembre de 2011, leída íntegramente en fecha 21 de diciembre de 2012, por la que declaró a los imputados Dionicio Flores Jala y Desideria Escalera Coca, ABSUELTOS de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el Art. 48 con relación al Inciso m) del Art. 33 de la ley 1008, por existir duda razonable de su participación en el hecho que se les atribuye, ordenando la cancelación de todas las medidas cautelare de carácter personal. --------------Esta resolución fue apelada por la representante del Ministerio Publico, Dra. Aleyda Merida Morales, mediante memorial presentado en fecha 06 de enero de 2012, cursante a Fs. 88 a 91 del proceso, los cuales previo emplazamiento de la parte adversa, fueron remitidos al Tribunal Departamental de Justicia, mediante providencia de fecha 08 de febrero de 2012 (Fs. 105).-------------------------------------------------------------------------------------Que, de acuerdo a la regla general prevista por el Art. 396-3) del Código de Procedimiento Penal, los recursos para ser admitidos, deben interponerse en las condiciones de tiempo y forma que determina el Código de Procedimiento Penal, con indicación específica de los aspectos cuestionados de la resolución recurrida, y de conformidad al Art. 408 del mismo cuerpo legal, el recurso de apelación restringida debe ser interpuesto por escrito en el plazo de 15 días de notificada la sentencia; en el que deben citarse concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas expresando cuál es la aplicación que se pretende, debiendo indicarse separadamente cada violación con sus fundamentos, por lo que en primer término se pasa a considerar su admisibilidad. Examinados los recursos de apelación restringida presentados se establece que los mismos han sido interpuestos cumpliendo las formalidades y términos que establecen los Arts. 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal, por lo que se ADMITEN los recursos y se pasa a resolver los aspectos cuestionados de acuerdo a lo determinado por el Art. 398 de la misma Ley Procesal Penal.----------------------------------------------------------------------I. FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN RESTRINGIDA INTERPUESTA POR LA REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. ----------------------------------------------------La apelante señala que el Tribunal A-quo, no ha realizado una valoración intelectiva de todas y cada una de las prueba de cargo, estableciendo la vulneración de los Inc.1, 5 y 10 del Art. 370 del CPP. -------------------------------------------------------------------------------------------Refiere, que se viola el Art. 270 Num. 1), porque se ha aplicado erróneamente el Art. 173 CPP (valoración), ya que su fundamentación es inadecuado a las razones del caso, es decir que le han concedido más valor a su nerviosismo que al mismo hecho de haber sido el testigo presencial y ocultar de un delito en flagrancia, ya que es miembro de la patrulla que previno el hecho delictivo con total credibilidad en el caso de autos.-------------------------Por otro lado, también señala la violación del Art. 370 Núm. 5), porque en el caso con relación al testigo de cargo Edwin Cruz Patty, realiza una valoración completamente parcializada, ya que no dieron a conocer las incoherencias y contradicciones en las que hubiera incurrido; así también que las pruebas documentales signadas como 1, 2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, y las evidencias 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10, no fueron valorados intelectivamente, ya que las actas han cumplido a cabalidad con el Art. 120 del CPP.-------Finalmente, también reclama que la sentencia viola el Art. 370 Núm. 10, porque la Sentencia es incompleta y los jueces han deliberado, sin observar las reglas previstas, ya que han dado un valor nada relevante a un testigo ocular por el simple hecho de haber estado nervioso, pero no hacen conocer en la Sentencia con que pruebas y tampoco hacen conocer quiénes han votado a favor y en contra de esta testificación.--------------------Al margen de ello, también observa que las documentales signadas como 1, 2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, y las evidencias 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10, no fueron valoradas intelectivamente, ya que las actas han cumplido a cabalidad con el Art. 120 del CPP, por lo que el Tribunal A-quo no habría realizado una valoración de la prueba judicializada en juicio oral; solicitando se revoque la sentencia apelada debiendo dictarse sentencia condenatoria y sea con costas.-------------------------------------------------------------------------------II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA.----La recurrente inicialmente señala que la Sentencia apelada viola el Art. 370 Núm. 1), porque se ha aplicado erróneamente el Art. 173 CPP (valoración), ya que su fundamentación es inadecuado a las razones del caso, es decir que le han concedido más valor a su nerviosismo que al mismo hecho de haber sido el testigo presencial y ocultar de un delito en flagrancia, ya que es miembro de la patrulla que previno el hecho delictivo con total credibilidad en el caso de autos. ----------------------------------------------------------------Respecto a la alegación sobre la existencia del defecto de Sentencia previsto en el núm. 1) del Art. 370 del CPP, corresponde indicar a este Tribunal de Apelación, que el defecto aludido se refiere a la “inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva”. Sin embargo, el reclamo del mismo versa sobre la eventual vulneración del Art. 173 del CPP, que es una disposición legal de carácter adjetivo y no sustantivo, por lo que al no adecuarse su reclamo a lo expresamente previsto en el núm. 1) del Art. 370 del CPP, su impugnación no tiene mérito.---------------------------------------------------------------------------------- Por otro lado, la apelante también señala la vulneración del Art. 370 núm. 5), porque en el caso con relación al testigo de cargo Edwin Cruz Patty, realiza una valoración completamente parcializada, ya que no dieron a conocer las incoherencias y contradicciones en las que hubiera incurrido; así también que las pruebas documentales signadas como 1, 2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, y las evidencias 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10, no fueron valorados intelectivamente, ya que las actas han cumplido a cabalidad con el Art. 120 del CPP. ---------------------------------------------------------------------------------------------En lo que corresponde a este punto impugnado, ciertamente la motivación es un requisito formal que en la Sentencia no se puede omitir, constituye el elemento eminentemente intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico. En ese entendido la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo No. 214 de 28 de marzo de 2007 determinó: "Para que la fundamentación de una sentencia sea válida se requiere no solo que el Tribunal de juicio funde sus conclusiones en pruebas de valor decisivo, sino también, que éstas no sean contradictorias entre sí, ni ilegales y que en su valoración se observen las reglas fundamentales de la lógica (...). El Tribunal de Sentencia establece la existencia del hecho y la culpabilidad del proceso, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuáles son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio. Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana crítica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito (...). El análisis de las resoluciones a partir de la formulación de una crítica al sistema de valoración de la prueba, requiere un alto nivel de tecnicidad y fundamentalmente un adecuado manejo de las leyes del pensamiento; así, los profesionales que asisten en los procesos donde se pretende criticar la actividad valorativa del titular del órgano jurisdiccional, requiere un especial manejo de principios tales como el de razón suficiente, de identidad, contradicción, del tercer excluido, etc; de igual manera, las máximas de experiencia que son las obtenidas de la observación de la realidad ...".--------------------------------------Por otra parte, la Sentencia Constitucional 618/2007-R de 17 de julio de 2007, establece que: “La jurisprudencia constitucional ha sido reiterada y uniforme en señalar que las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores. Este deber de fundamentación de las resoluciones judiciales, se vincula tanto con la garantía del debido proceso como con el derecho a la seguridad jurídica” (SC 248/2007-R de 10 de abril). Así la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R, de 19 de diciembre, señaló que toda resolución “(?) debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (?) Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho [debido proceso] que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”.--------------------------------------La Doctrina Legal aplicable existente con relación a la vulneración al debido proceso por falta de fundamentación, en el Auto Supremo Nº 349 de 28 de agosto de 2006 establece que: (...) En ningún fallo puede omitirse la fundamentación que justifique lo determinado en la parte dispositiva de la resolución, no pudiendo ser reemplazado por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes; tampoco puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa y la resolutiva (…)”.-------Consecuentemente, el Juez o Tribunal tiene la obligación de exponer fundamentadamente el fallo, identificando en principio los hechos acusados, lo que se conoce como la fundamentación fáctica, posteriormente debe pasar a describir los elementos probatorios que han sido desfilados y/o judicializados en el Juicio Oral, decir qué pruebas documentales o literales han ingresado al Juicio Oral, detallando específicamente a que se refieren las mismas, de igual manera debe describir o narrar lo esencial de las declaraciones de los testigos o peritos, es decir que es lo que han manifestado respecto del hecho acusado en lo esencial, no siendo necesario transcribir todo lo declarado, posteriormente el Juez o Tribunal tiene la obligación de valorar y analizar íntegramente las pruebas producidas, apreciando uno por uno los elementos de convicción producidos, explicando el porqué da un determinado valor a una prueba y a la otra no, aplicando las reglas de la sana crítica, finalmente debe realizar una fundamentación jurídica y subsumir una determina conducta (hecho) a un tipo penal.-------------------------------------------------------De lo expuesto, se puede concluir que la Sentencia, es el resultado de un examen amplio de los hechos (base factica), que vienen del desfile probatorio y del analisis de las pruebas incorporadas a juicio, de cuyo examen el tribunal juzgador debe calificar si la descripción especifica de la conducta del acusado corresponde a un tipo punible previsto en las leyes y así emitir la sentencia que corresponda; razón por la cual que toda sentencia debe tener tres tipos de fundamentaciones la factica, probatoria (descriptiva e intelectiva) y la jurídica.-----------------------------------------------------------------------------------------Ahora bien, la falta de fundamentación de la Sentencia, es la ausencia de la fundamentación fáctica, de la fundamentación probatoria descriptiva o intelectiva y de la fundamentación jurídica; si se omite el hecho histórico, hay falta de fundamentación fáctica; si hay defectos en el resumen de las pruebas documentales, hay falta de valoración descriptiva; si hay omisión de la valoración de la prueba, se da el vicio de falta de fundamentación probatoria intelectiva y se omite la cita e interpretación de normas jurídicas, falta de fundamentación jurídica del fallo.-----------------------------------------------------En el caso que nos ocupa, la Sentencia impugnada resuelve absolver a los imputados de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, convicción a la que arribó el Tribunal A-quo, en función a los siguientes fundamentos que se extractan de la Sentencia impugnada, y que señalan lo siguiente: “El testigo de cargo Pol Edwin Cruz Patty…dijo esencialmente lo siguiente: Que el señor desempeño como policía interviniente y que la patrulla de interdicción estaba al mando el Teniente Ariel Orozco y que los acusados, quienes identifico en audiencia, hizo mención que el día 26 de junio del 2008, se les pidió permiso para revisar la casa rustica en la que se encontraban, en la cual cuando estaban revisando se encontró inicialmente debajo de bidones de 20 litros un fusil y una pistola de las marcas señaladas en la acusación, y al percatarse de que encontraron ese armamento y el estado nervioso de los acusados se procedió con mayor profundidad a un rastrillaje el mismo que encontraron debajo de una banca una bolsa nylon que contenía una sustancia con olor y color característico a cocaína, al hallar dicha prueba se procedió a la prueba de campo en presencia de los acusados dando positivo a cocaína y procedieron a la aprehensión de los señores, que posteriormente realizaron una revisión o requisa de una bolsa color azul y que encontraron un tarro de leche oxidado, los cuales contenían dineros envueltos con papel higiénico, un celular marca Nokia, tres baterías para celular, y una gramera para pesar, color anaranjado, posteriormente al trasladarse al cuartel se dio un informe al Comandante y al Fiscal Quienes han designado un investigador para realizar todas las actuaciones y recolectar cuanta prueba sea necesaria para respaldar estos hechos, a la pregunta de la señora fiscal sobre si podía reconocer las evidencias que se estaban exhibiendo en audiencia y dijo que si reconoció tanto el tarro de leche, la bolsa, los cargadores de celular, la balanza gramera y el retazo de pañal, asimismo la evidencia codificada como MPPE-2 que consiste en la muestra de 1 gramo de cocaína en estado seco, sobre esta evidencia el Tribunal formula la interrogante que si el testigo hubiere elaborado esta evidencia, ya que la misma no contiene ningún nombre de quien lo hubiese hecho, pregunta a la cual el testigo manifiesta que desconoce quien hubiese realizado esta muestra, pero que puede afirmar que es parte de la cocaína que ese día que se encontró, de esta declaración si es evidente que el tribunal tiene como valor las evidencias introducidas en juicio, también es evidente que las mismas no han sido ratificadas en audiencia pública por el oficial o investigador asignado al caso, tampoco ha complementado o refrendado con otra declaración de cago, para que el tribunal pueda adquirir elementos de convicción suficientes para valorarlos como evidencias, ya que los mismos al responder el testigo de cargo sobre la muestra representativa no dan el valor pleno, para considerarlo en el presente proceso, porque existiría duda no solamente de quien hubiese levantado esta evidencia sino también el evidente estado de nerviosismo…por lo que ello sumado se puede advertirse que existiera contradicciones y/o incoherencias en todo su relato, llevan al convencimiento de que su testimonio es caería en una duda razonable…PRUEBA DOCUMENTAL Y EVIDENCIA MATERIAL. Se incorporo por su lectura parcial y descripción, en su caso, la prueba codificada de la siguiente manera: MPPD-1 acta de intervención policial de 26 de junio del 2008…MPPD-2 Informe del Cabo Ramiro Gutiérrez Ordoñez de la fecha de los hechos suscitados…MPPD-6 Acta de aprehensión de los acusados… MPPD-12. Acta de pesaje de sustancias controladas…MPPD-13. Acta de secuestro de celular. MPPD-14. Requerimiento de la Fiscal a las Bioquimicas, aceptación de peritos informe del laboratorio. MPPD-15. Requerimiento de certificación de antecedentes al Director…MPPD-16. Acta de destrucción e incineración de sustancias controladas. MPPD-17, Requerimiento de certificación de antecedentes…MPPD-18. Requerimiento para el Director de Identificación Personal…MPPD-19 Requerimiento al Director Regional del Registro Civil de Villa Tunari. MPPD-20 Entrega de fotocopias legalizadas solicitadas…DE LAS EVIDENCIAS CODIFICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. MPPE-1 Muestras fotográficas en toma de 12 sobre los acusados y las evidencias secuestradas. MPPE-2 Muestra A-1 cocaína seco. MPPE-4 Dos proyectiles intactos. MPPE-6 Consistentes en los tres cargadores de celular. MPPE-7 Un tarro oxidado de leche como tapa roja. MPPE-8 un pañal de niño. MPPE-9. Una gramera de color naranja. MPPE-10 Un retazo de papel con un número telefónico. Todas estas evidencias han sido judicializadas, ya que la defensa no planto ninguna exclusión probatoria sobre las mismas. La defensa presento un solo testigo de descargo el Sr. Abad Andrade…PRUEBAS NO JUDICILIZADAS… Una vez concluida esta etapa el Tribunal en pleno pasa a deliberar haciendo notar en dicha deliberación: - Que los acusados no se les ha encontrado con la droga exhibida, más al contrario los mismos tal cual ha referido el testigo de cargo estaban en el patio de ese domicilio, que ellos mismos han invitado a pasar a los intervinientes con esta actuación han demostrado que desconocían de la droga. - Si es evidente que uno de los acusados tiene antecedentes judiciales también es evidente que ha sido motivo de una sentencia la cual a adquirido la calidad juzgada y que el acusado a cumplido con dicha imposición. - Con referencia a las evidencias como ser el rifle máuser y el revolver han manifestado sus pares, que en esta zona es imprescindible dichas armas para protegerse de ladrones y animales. - Con referencia al dinero han hecho mención que ellos conocen y son participes de que los sindicatos cobran algunos montos que son justificables en el manejo de los mismos y que dichos dineros son de inasistencias a reuniones, reversión de terrenos y hasta les cobra por los servicios comunitarios que desempeñan, la ilicitud de dichos dineros no ha sido demostradas porque si son esposos faltaría una persona accesoria para realizar la transacción que establece el delito de tráfico, no se ha probado que dichos dineros sean producto del narcotráfico, por lo que votan por la devolución de los dineros a la acusada Desideria Escalera. - Otro elemento es el nerviosismo del policía Edwin Cruz P. que se ha notado al prestar su declaración ante el Tribunal, clara prueba de ello es que al hacer la señal de la cruz ha temblado en todo momento y este extremo ha sido claramente apreciado por los miembros del Tribunal y como consecuencia de ello se ha creado una duda razonable en su declaración. - Si es evidente que se ha judicializado la prueba referida, también es evidente que el Tribunal para considerar esta prueba y pueda contar con elementos suficientes para analizar la comisión del ilícito, no se ha traído mínimamente al Oficial asignado al caso y otro interviniente, quedando suelta la declaración del Testigo…. Por lo cual con todos elementos analizados, se crea convicción en el Tribunal de que dichas pruebas desfiladas en el curso del proceso son insuficientes para generar la convicción de una condena por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, ya que no se les ha encontrado en posesión ni se ha determinado a quien pertenece esa droga, en lo referente al almacenamiento se podía reflejar por grandes cantidades de droga y en el presente caso se trata de 22 gramos de cocaína, sobre la transacción el Ministerio Publico a hecho notar que son esposos y entre esposos no se pueden generar transacciones de venta en este caso de droga, con referencia a la gramera solamente se ha acompañado la balanza y no así mínimamente el platillo donde se pesó la droga incautada, por lo que volviendo a reiterar no existiendo los suficientes elementos de convicción para sancionar el delito de tráfico, en función al Art. 363 Inc. 2) , y que la prueba aportada no es suficiente para generar en el juez y el Tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal de los acusados…”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ahora bien, en el caso de autos, de la precedente fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva expuesta por el Tribunal A-quo, este Tribunal de Alzada ha podido advertir que, en la redacción de la Sentencia, no se ha consignado los aspectos mas sobresalientes de la declaración del testigo de cargo Edwin Cruz Patty, quien de acuerdo al acta de juicio oral, el mismo reconoce las pruebas que le fueron exhibidas signadas como MPPD-2, MPPD4, MPPD6, MPPD7, MPPD8, MPPD10, MPPD11, sin que la defensa haya presentado objecion alguna, para ulteriormente de manera incoherente excluir la prueba MPPD4, MPPD7. MPPD8; tampoco se deja constancia de los datos más relevantes de la prueba documental judicializada en la audiencia de Juicio Oral, signada como: MPPD-1 acta de intervención policial de 26 de junio del 2008…MPPD-2 Informe del Cabo Ramiro Gutiérrez Ordoñez de la fecha de los hechos suscitados…MPPD-6 Acta de aprehensión de los acusados… MPPD-12. Acta de pesaje de sustancias controladas…MPPD-13. Acta de secuestro de celular. MPPD-14. Requerimiento de la Fiscal a las Bioquimicas, aceptación de peritos informe del laboratorio. MPPD-15. Requerimiento de certificación de antecedentes al Director…MPPD-16. Acta de destrucción e incineración de sustancias controladas. MPPD-17, Requerimiento de certificación de antecedentes…MPPD-18. Requerimiento para el Director de Identificación Personal…MPPD-19 Requerimiento al Director Regional del Registro Civil de Villa Tunari. MPPD-20 Entrega de fotocopias legalizadas solicitadas…DE LAS EVIDENCIAS CODIFICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. MPPE-1 Muestras fotográficas en toma de 12 sobre los acusados y las evidencias secuestradas. MPPE-2 Muestra A-1 cocaína seco. MPPE-4 Dos proyectiles intactos. MPPE-6 Consistentes en los tres cargadores de celular. MPPE-7 Un tarro oxidado de leche como tapa roja. MPPE-8 un pañal de niño. MPPE-9. Una gramera de color naranja. MPPE-10 Un retazo de papel con un número telefónico; limitandose a efectuar una descripsiòn somera de dichas pruebas, consiguientemente no resulta posible verificar si las conclusiones a las que arribó el Tribunal A-quo, derivaron de las pruebas producidas en la audiencia de juicio, por cuanto se reitera, la valoración crítica de esa descripción, permite verificar si en el mecanismo de discernimiento utilizado por el Tribunal A-quo para arribar a determinadas conclusiones han sido cumplidas las reglas de la sana crítica racional, lo que permitiría en apelación restringida verificar el control de calidad de la sentencia.---------------------------------------------Por otra parte, en la Sentencia impugnada no se realizó la debida fundamentación probatoria intelectiva, esto en razón a que no se valora de manera individual la prueba documental de cargo, menos se deja constancia sobre el merecimiento o desmerecimiento de estas pruebas, habiéndose limitado el Tribunal A-quo a realizar solamente una fundamentación de manera general de las declaraciones prestada por el testigo de descargo Abad Andrade, sin llegar a valorar en ningún sentido las pruebas descritas en el párrafo que antecede. Al respecto, el Tribunal Constitucional de la Nación en la SC No.1668 de 14 de octubre de 2004 ha establecido lo siguiente: “Asimismo, es preciso señalar que en esta vía tutelar no puede pretenderse que este Tribunal imponga u ordene al juez en materia penal de la jurisdicción ordinaria a valorar de determinada manera la prueba aportada por las partes, pues en resguardo de las normas del debido proceso sólo puede analizar si las aportadas fueron consideradas por el juez competente, vale decir, que luego del análisis sólo podrá determinar si el Juez tomó en cuenta la prueba o la omitió, y de darse este último caso se deberá ordenar que el juez de la causa compulse la prueba, pero no alcanza su competencia a disponer cómo debe valorarla, pues si lo hiciere estaría, de hecho, suplantando la función de juzgador ordinario. Sin embargo, cabe aclarar que en la resolución pertinente, debe el juez realizar un análisis pormenorizado y en detalle de cada una de las pruebas aportadas, o lo que es lo mismo, deberá exponer su criterio del por qué las toma en cuenta, cuál su validez legal en cuanto al contenido, como también por qué no sustenta su criterio en otras, lo que significa, que no puede limitarse a expresar de manera general que de toda la prueba aportada llega a tomar determinada convicción, pues de actuar así su decisión resulta arbitraria y lesiva a la garantía del debido proceso, que entre uno de sus elementos esenciales exige que toda resolución sea debidamente motivada, así se señaló en la SC 119/2004-R, de 28 de enero que dice: “Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales.”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Por otro lado, en la Sentencia impugnada tampoco se efectuó la fundamentación jurídica, conforme exige el Art. 124 del Código de Procedimiento Penal, que prevé: "Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes". En consecuencia al no haber el Tribunal A-quo realizado una fundamentación probatoria, descriptiva, intelectiva y jurídica de la prueba producida en la audiencia de juicio oral, ha incurrido en el defecto de la Sentencia previsto en el numeral 5) del Art. 370 del Código de Procedimiento Penal, así como en el defecto de Sentencia establecido en el numeral 8) de la disposición legal citada que no permite a este Tribunal de Alzada ejercer el control pertinente sobre la racionalidad o irracionalidad de los fundamentos que sustentan la sentencia absolutoria dictada en contra de los imputados, lo que amerita la anulación total de la sentencia impugnada, conforme prevé el Art. 413 del Código de Procedimiento Penal. -------------------------------------------------------------------------------------------Finalmente, la parte apelante también reclama señalando que en la Sentencia se viola el Art. 370 núm. 10 , porque como se ha demostrado precedentemente la redacción de la Sentencia es incompleta y los jueces han deliberado, sin observar las reglas previstas, ya que han dado un valor nada relevante a un testigo ocular por el simple hecho de haber estado nervioso, pero no hacen conocer en la sentencia con que pruebas y tampoco quienes han votado a favor y en contra de esta testificación. ---------------------------------------En lo que corresponde a este punto impugnado, cabe tener presente que el Art. 360 numeral 3) de la Ley 1970, señala que la Sentencia debe contener el voto de los miembros del Tribunal sobre cada una de las cuestiones planteadas en la deliberación, con exposición de los motivos de hecho y de derecho en que se fundan; en el mismo sentido el Art. 359 de la disposición legal citada, prevé que las decisiones se adoptaran por mayoría, y que los jueces fundamentarán separadamente sus votos o lo harán en forma conjunta cuando estén de acuerdo, estableciéndose que las disidencias deberán fundamentarse expresamente por escrito. De las disposiciones legales citadas, se puede concluir que en el caso presente no existe vulneración del Art. 370 núm. 10) del Código de Procedimiento Penal, esto en consideración a que la apelante no demuestra de forma alguna que el Tribunal A-quo haya incumplido lo previsto los artículos antes citados, toda vez que, de la revisión del acta de juicio oral se advierte que una vez concluido el debate, el Tribunal A-quo en pleno en forma inmediata paso a deliberar, concluida la deliberación el presidente procedió a dar lectura de la parte resolutiva de la Sentencia impugnada, haciendo constar en la misma que la decisión fue asumida por unanimidad de votos, por lo que la fundamentación fue realizada en forma conjunta, conforme prevé la parte final del Art. 359 del Código de Procedimiento Penal; concluyéndose con ello, que en el caso presente no existe inobservancia a las reglas previstas para la deliberación y redacción de la sentencia, consecuentemente, la apelación con relación a este punto resulta también carente de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------------POR TANTO: La Sala Penal Cuarta Del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, con la facultad conferida por el Art. 58-1) de la Ley N° 025 del Órgano Judicial, en aplicación de lo previsto en los Art. 407 y sgts. del Código de Procedimiento Penal, declara PROCEDENTE el recurso de apelación restringida interpuesto por la representante del Ministerio Publico en lo que respecta a la vulneración del Núm. 5 del Art. 370 del CPP; por lo que de conformidad a lo previsto en el Art. 413 del Código de Procedimiento Penal se ANULA TOTALMENTE la Sentencia de fecha 19 de diciembre de 2011, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal No. 2 de Villa Tunari, ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia del asiento judicial más próximo, debiendo a tal efecto, en aplicación del Art. 17-IV) de la Ley N° 025 del Órgano judicial comunicarse la presente decisión asumida al Consejo de la Magistratura a los fines legales que corresponda.--------------------------------------------------------------------------------------En cumplimiento a la previsión contenida en el Art. 123 del CPP, se advierte a los sujetos procesales que la presente resolución es susceptible de recurso de casación dentro el plazo dispuesto por el Art. 416 del CPP, debiendo en su defecto procederse por Secretaria a la devolución de los antecedentes ante el Juzgado o Tribunal de Origen previa notificación de los sujetos procesales y con la debida nota de cortesía.-----------------REGÍSTRESE-----------------------------------------------------------------------------------------------------Vocal Relator: Dr. Pablo Antezana Vargas. -----------------------------------------------------------Fdo.- Dr. Pablo Antezana Vargas -Vocal- Presidente de la Sala Penal Cuarta – Tribunal Departamental de Justicia.- Fdo. Dra. Silvia C. Zurita Aguilar – Vocal de la Sala Penal Cuarta – Tribunal Departamental de Justicia.-Fdo.-E. Alejandra Bernal Colque -Secretaria de Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia.- Cochabamba - Bolivia-. ------------------------------------------------------------------------------------------------------*******************************************************************************************************APELACION RESTRINGIDA---------------------------------------------------------------------------------Caso N° 406/19 (C/A) ------------------------------------------------------------------------------------------Ministerio Público-------------------------------------------------------------------------------------------------C/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dionicio Flores Jala y otra.-------------------------------------------------------------------------------------Delito: Trafico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado en el Art. 48 con relación al Art. 33 inc. m) de la Ley 1008 -------- Nurej: 201216555------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------Cochabamba, 27 de agosto de 2021.------------------------------------- A LO PRINCIPAL y AL OTROSI.- Téngase por cumplido lo dispuesto en el decreto de 21 de julio de 2021. Por otro lado, de la revisión de las documentales adjuntas por el representante del Ministerio Publico al memorial que antecede, se advierte que el domicilio real de los co imputados Desideria Escalera Coca y Dionicio Jala Choque evidentemente resultan genéricos conforme así se tiene de tarjetas del Servicio General de Identificación Personal de 25 de agosto de 2021 y 23 de noviembre de 2020 respectivamente, consiguientemente en aplicación de lo dispuesto en el Art.165 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el Art. 9 de la Ley 1173, se dispone la NOTIFICACION POR EDICTOS de los prenombrados imputados con el Auto de Vista de 04 de agosto de 2021 y el presente decreto a publicarse en el portal electrónico de notificaciones del Tribunal Supremo de Justicia. AL OTROSI 2° y 3°.- Se tiene presente, el domicilio procesal y el número de celular que anteceden, debiendo el señor Oficial de Diligencias de esta Sala tomar en cuenta el mismo, a los fines de comunicación procesal. Notifique Funcionario.----------------------------------------------------------------------------------Fdo.- E. Alejandra Bernal Colque.- Secretaria de la Sala Penal Cuarta – Tribunal Departamental de Justicia- Cochabamba- Bolivia. .------------------------------------------------------- ES CUANTO SE TIENE ORDENADO, PARA QUE DANDOSE FIEL Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO SE ARRIME A SUS ANTECEDENTES DEBIDAMENTE DILIGENCIADO.--------------------------------------------------------------- COCHABAMBA, 30 DE AGOSTO DE 2021


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