EDICTO

Ciudad: SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN QUINTO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


Sistema de Registro Judicial SIREJ EDICTO DE PRENSA PARA EL DENUNCIANTE: JOSE FRANCISCO ROJAS VOCAL.- LA DRA. ROSARIO XIMENA FLORES PANIAGUA - JUEZA QUINTO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ. --------------- -------------------------- POR EL PRESENTE EDICTO, LE HACE CONOCER QUE DENTRO DE LA ETAPA PREPARATORIA SEGUIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO A DENUNCIA DE JOSE FRANCISCO ROJAS VOCAL EN CONTRA DE CARLOS ALBERTO TERRAZAS CORTEZ, POR LA PRESUNTA COMISION DE DELITO LESIONES GRAVES Y LEVES, CASO FELCC-SCZ 1607471, CODIGO UNICO 201625865, SE HA PRODUCIDO LOS SIGUIENTES ACTUADOS JUDICIALES: ------------------------ ------------------------------------------------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&& SEÑORA JUEZ 5TO. DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE LA CAPITAL. - PRESENTA INCIDENTE DE EXTINCION DE LA ACCION PENAL POR PRESCRIPCION Y DURACION MAXIMA DEL PROCESO CONFORME INDICA.- CASO: FIS- SCZ-1607471.- OTROSIES.- CARLOS ALBERTO TERRAZAS CORTEZ, de generales ya conocidas, dentro del extinto proceso penal seguido por el Ministerio Publico a denuncia de JOSE FRANCISCO ROJAS VOCAL, por la presunta e inexistente comisión del delito de LESIONES LEVES, presentándome ante las consideraciones de su digna autoridad, con todo respeto ocurro, expongo y pido: OBJETO.- Señora Juez, me apersono ante su digna probidad con mis abogados patrocinantes en apego a mi derecho fundamental, establecidos en los arts. 13, Inc. 1, 24, 115 Inc. 2 de la CPE. Con relación al art. 76.1 del código de procedimiento penal, pidiendo respetuosamente tenerme por apersonado y se me haga conocer ulteriores diligencias a dictarse en mi domicilio procesal señalado líneas abajo, por lo que estando a derecho sin consentir que se haya cometido delito alguna de mi parte ya que nunca ni jamás mi persona cometió algún delito alguno, empero en pleno ejercicio de mis derechos y garantías constitucionales a la fecha Opongo como medio defensivo idóneo y eficaz el Incidente de EXTINCION Sistema de Registro Judicial SIREJ DE LA ACCION PENAL POR PRESCRIPCION Y DURACION MAXIMA DEL PROCESO. De conformidad al Art. 27 Inc. 8) y 10), 133, y 308 Numeral 4) del Código de Procedimiento Penal. II.- EXTINCION DE LA ACCION PENAL POR DURACION MAXIMA DEL PROCESO.- II.1.- Relación de hechos Proceso penal (Auditoria) A).- El presente proceso penal se inicia y comienza con la denuncia del señor JOSE FRANCISCO ROJAS VOCAL por un supuesto hecho sucedido en fecha 16 de julio del año 2016 por el delito de lesiones graves y leves prevista en el Art. 271 del CP.- B) Se tiene de la revisión de los actuados y el cuadernillo de investigación que Este caso estuvo a cargo del Dr. LUIS ENRRIQUE RODRIGUEZ SUAREZ y de la Dra. EVELIN DOMINGUEZ BERNACHI, fiscales de Materia de la Corporativa N° 1 División Personas de la FELCC ubicada en Av. Litoral N° 400, supuestamente informado el 17 de Julio del 2016, empero en el cuaderno no cursa el control jurisdiccional, Nótese Señora Juez que en esta Denuncia la víctima es N.N.- C) En fecha El 26 de octubre del 2016, NANCY CARRASCO DAZA, LUIS ENRRIQUE SUAREZ y JOSE PARRA HEREDIA, fiscales de Materia de la División Penal de la FELCC Corporativa Nº 1, dictaron RESOLUCIÓN DE RECHAZO DEL CASO FIS –SCZ N° 1607471. Con esta RESOLUCIÓN DE RECHAZO se notificó el 03 de noviembre del 2016 a JOSE FRANCISCO ROJAS VOCAL y, sin ser víctima en este CASO FIS –SCZ N° 1607471, planteó OBJECIÓN mediante memorial de fecha 8 de noviembre del 2016. El Fiscal Departamental, sin darse cuenta que el CASO FIS-SCZ N° 1607471 no había sido informado al juez del control jurisdiccional conforme lo mandan y ordenan los artículos 279, 289 y 298 de la ley 1970, de manera parcializada, luego de haber transcurrido 7 meses, mediante RESOLUCIÓN N° 080/17 de fecha 17 de Febrero del 2017, REVOCA la RESOLUCIÓN DE RECHAZO de fecha 26 de Octubre del 2016 y, pretendiendo fundamentar su ilegal RESOLUCIÓN DE REVOCATORIA hace suyo el caso y en sus fundamentos cita todas las diligencias investigativas del CASO FELCV 1575/2016, que también han sido realizadas sin control jurisdiccional, conforme lo veremos más adelante.- 1) Devuelto el cuaderno CASO FIS –SCZ 1607471 en fecha 25 de abril del 2017, pasó a conocimiento del Abg. CIRILO CHAMBILLA SIÑANI y JOSE PARRA HEREDIA fiscales de Materia de la FELCC División Persona Corporativa Nº 1, El 11 de Julio del 2017, libran ORDEN DE CITACIÓN para los ciudadanos MARIA ESTHER BARBOZA KOOPER y NESTOR RODRIGUEZ ROCHA. E) En fecha 17 de Julio del 2017, los fiscales de Materia FANNY ALVARO VAQUILLA, JOSE PARRA HEREDIA y Sistema de Registro Judicial SIREJ CIRILO CHAMBILLA SIÑANI, en franca violación de mis derechos constitucionales y atropellando las normas procedimentales, REQUIEREN al JEFE DEL LABORATORIO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES técnicas científicas de la universidad policial “IITCUP “ realice el desdoblamiento de las imágenes y audio que contiene el CD que ya había sido “ DESDOBLADO “ por la sargento 2do. FABIOLA ALVAREZ ESPEJO en el CASO FELCV N° 1575/2016, sin cumplir con las formalidades legales establecidas en los artículos 190 y 191 CPP vulnerando lo que ordenan los artículos 204, 205, 209, 211 y 213 de la ley 1970, Y cuando ya habían transcurrido más de 5 meses, vale decir el 17 de Julio del 2017, los Fiscales de Materia FANNY ALVARO VAQUILLA, JOSE PARRA HEREDIA y CIRILO CHAMBILLA SIÑANI de la FELCC División persona de la Corporativa N° 1, piden a su autoridad, Juez 5to. de Instrucción en lo Penal, ampliación por 60 días, violentando lo que manda y ordena el Art 300 de ley 1970, debido que esta causa jamás tomo control jurisdiccional. F) En fecha 17 de Julio del 2017, libran ORDEN DE CITACIÓN para RODRIGO OSVLADO PRADO JIMENEZ, habiendo sido entrevistados el 21 de Julio del 2017 NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ ROCHA y MARIA ESTHER BARBOZA KOPPER y el 21 de Julio del 2017. Así mismo el 23 de Julio del 2017, RODRIGO OSVALDO PRADO JIMENEZ.- G) Nótese señora Juez, que el CASO FIS SCZ N° 1607471, si bien me notificaron para que preste declaración informativa en calidad de investigado, previamente y debidamente justificada no me fue posible asistir a la FELCC para prestar mi declaración informativa, debido a que me encontraba con fecha señalada por mi médico Dentista que me practicó una cirugía dental. Vale decir que en el CASO FIS SCZ N° 1607471, el suscrito CARLOS ALBERTO TERRAZAS CORTEZ no prestó, mejor dicho, no se me recibió declaración informativa conforme al Art. 92 y siguientes del CPP.- H) Luego de transcurrido un año y 9 meses, es decir el 03 de Mayo del 2018, los Fiscales de Materia FANNY ALFARO VAQUILA, JOSE PARRA HEREDIA y CIRILO CHAMBILLA SIÑANI, en el CASO FIS- SCZ N° 1607471, me imputaron por la presunta comisión del delito de LESIONES GRAVES y LEVES y fundamentaron su ilegal resolución en las diligencias investigativas realizadas en el Caso FELCV N° 1575/2016, conforme paso a demostrar que también no tuvo control jurisdiccional en fecha 12 de Octubre del 2016.- Por lo que se evidencia señora juez con absoluta claridad de la auditoría realizada a la relación de los hechos que han transcurrido exactamente 5 AÑOS Y 2 MESES desde que inició el proceso penal, por lo Sistema de Registro Judicial SIREJ que de la auditoría realizada DESCONTANDO LAS VACACIONES JUDICIALES QUE SON 25 DIAS CALENDARIO x 5 SALEN 125 DIAS, SUMADO A ESTO LOS FERIADOS QUE ANUALMENTE SON 11 POR AÑO X 5 SALEN 55 DIAS, LA SUMATORIA DE LAS VACACIONES JUDICIALES Y LOS FERIADOS HACEN UN TOTAL DE 180 DIAS que no equivale ni a un año calendario, por lo que restando este tiempo se evidencia que queda mas de 4 AÑOS DE INACTIVIDAD ATRIBUIBLE AL MINISTERIO PÚBLICO Y A LA PARTE DENUNCIANTE, por lo que en relación a lo que puedan argumentar y fundamentar los denunciantes acusadores que se precisa de una auditoria para este tipo de incidente de prescripción, los números reflejan la exactitud de estos extremos, por lo que han transcurrido mas de los 3 años que establece y dispone el Art. 133 del código de Procedimiento Penal, por lo que deberá ordenarse el archivo de obrados de la presente causa.- Se tiene que a la fecha presente han transcurrido 5 años y 2 meses desde la interposición de la denuncia, todo este plazo atribuido al ministerio público y al órgano judicial que, con el descuento de los días tanto de feriados nacionales y vacaciones del órgano judicial, se tiene que son: 1) 125 días en 5 años que son atribuibles a periodos de Vacaciones Judiciales.- 2) 5 días en 5 años que son atribuibles al feriado de abril Semana Santa.- 3) 5 días en 5 años que son atribuibles al feriado 1ro de mayo.- 4) 5 días en 5 años que son atribuibles al feriado 21 de junio Año nuevo del Estado Plurinacional. 5) 5 días en 5 años que son atribuibles al feriado 6 de agosto día de la Patria.- 6) 5 días en 5 años que son atribuibles al feriado del 2 de noviembre día de Todos Santos.- 7) 4 meses equivalente a 120 días atribuibles al periodo de encapsulamiento por Pandemia Covid19.- Haciendo un total de 270 días, los cuales no son contabilizados ni atribuibles al Órgano Jurisdiccional ni al Ministerio Público para el cómputo de auditoria. ------------ ------------------------------------------- II.2.- Asignación de responsabilidades dentro de la presente causa.- De todo lo narrado y expresado líneas arriba señor juez, al haber realizado una auditoria jurídica procesal al proceso penal que hoy nos ocupa, se tiene de manera clara, objetiva y evidente que dicho proceso penal lleva hasta la fecha de la presentación del presente incidente 5 AÑOS Y 2 MESES, en la que se evidencia que el Ministerio publico y la parte denunciante no han realizado ninguna actuación, por lo que no he realizado ningún acto positivo ni negativo en la sustanciación de la presente causa.- Por consiguiente, LA RESPONSABILIDAD en la demora injustificada del presente proceso es atribuible UNICA Y EXCLUSIVAMENTE a los acusadores y denunciantes (Ministerio Publico y el denunciante).- III.- FUNDAMENTACIÓN Sistema de Registro Judicial SIREJ LEGAL.- Por lo que a efectos de la presente cuestión que es de previo y especial pronunciamiento por su digna autoridad se debe considerar necesariamente que en principio la doctrina desarrollo criterios a partir del derecho que tiene todo imputado a ser juzgado sin dilaciones indebidas e innecesarias, por lo que obliga a los órganos jurisdiccionales y a los de persecución penal a actuar en plazos razonables, pues esto implica que una lenta reacción judicial sin justificación alguna, genera y origina una causa o un motivo en cierto sentido de despenalización; de modo que la vulneración este derecho se origina en la omisión del Órgano Jurisdiccional de resolver el asunto que ha sido puesto a su conocimiento en los plazos establecidos en las normas que regulan la materia, por lo que se evidencia claramente que todo proceso penal debe concluir en un periodo de tiempo establecido y el no hacerlo opera la prescripción como es el presente caso.- Además de ello en este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que el concepto de plazo razonable al que hace referencia el Art. 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe medirse de acuerdo a los siguientes criterios “……complejidad del litigio, la conducta de los demandantes y de las autoridades judiciales y la forma como se ha tramitado la etapa de instrucción en el proceso” (Informe N° 43/96, Caso 11.430 de 15 de octubre de 1996, punto 54, Comisión Interamericana de Derechos Humanos).- Del mismo modo, este también es el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien ha señalado en reiterados fallos que para considerar la duración razonable de un proceso penal, debe tenerse en cuenta la complejidad del caso, la conducta del imputado y la manera del asunto con la que fue llevado por las autoridades administrativas y judiciales, en el mismo sentido el Tribunal constitucional de España expreso que entre otros criterios para establecer el derecho a tener un proceso sin dilaciones indebidas ha considerado “……las circunstancias del proceso, su complejidad objetiva la duración normal de los procesos similares la actuación procesal del órgano judicial en el supuesto concreto y la conducta del recurrente al que le es exigible una concuta diligente……” (Sentencia N° 313/1993) .- Por lo que se tiene que la Jurisprudencia nacional e internacional es uniforme al señalar los parámetros para medir el plazo razonable para la duración del proceso, determinando aspectos que deben ser considerados en cada caso, como ser la complejidad del litigio, la conducta de los demandantes y las autoridades judiciales, la forma en como se ha tramitado la investigación, la duración normal de procesos similares entre otros.- En el marco normativo los pactos internacionales de los cuales Bolivia es suscriptor, establecen la imperiosa necesidad de que los procesos tengan un Sistema de Registro Judicial SIREJ plazo razonable de duración, en merito a ello surge la obligación de los estados de proveer que en sus propias legislaciones exista un plazo máximo de duración máxima de los procesos judiciales, es de esta manera que Bolivia a materializado dicha obligación la cual se encuentra prevista y sancionada en el Art. 133 del Código de Procedimiento Penal y su disposición transitoria tercera, interpretada por el Tribunal Constitucional en varias Sentencias Constitucionales, entre ellas la S.C. N° 0101/2004 de fecha 14 de septiembre de 2004 que estableció: “(……) el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarar extinguida la acción penal cuando la dilación del proceso más allá del plazo máximo establecido, sea atribuible al órgano judicial y/o al Ministerio Publico, bajo parámetros objetivos; no procediendo la extinción cuando la dilación del proceso sea atribuible a la conducta del imputado o procesado”. El auto Complementario N° 0078/2004-ECA de 29 de septiembre de 2004, determino que en cada caso concreto serán las autoridades jurisdiccionales competentes que al conocer y resolver las solicitud de extinción del proceso penal las que “(.....) Determinaran si la retardación de justicia se debió al encausado o al órgano judicial y/o Ministerio Publico”.- Entendimiento constitucional que es complementado en la S.C. N° 1042/2005 de fecha 05 de septiembre de 2005 que estableció además como otro criterio de valoración de la duración máxima del proceso la complejidad de la causa y que además dicha extinción no se opera de forma automática sino que debe ser objeto de un cuidadoso análisis para determinar las causas de la demora en la tramitación y finalización del proceso penal.- La base legal y material de la presente petición para la procedencia de la misma es precisamente lo normado y estipulado en el Art. 133 del Código de Procedimiento Penal que de manera clara y taxativa dispone: “Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, computados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía”. “Vencido el plazo el juez o tribunal del proceso, DE OFICIO o a petición de parte, declarar extinguida la acción penal”.- A dicho entendido el segundo párrafo del Art.5 del Código de Procedimiento Penal: “Se entenderá por primer Acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o participe en la comisión de un delito”.- En el mismo orden de ideas, sobre los actos iniciales el capítulo II del título I etapa preparatoria del juicio, del libro primero del código de Procedimiento Penal establece como ACTOS INICIALES o primer acto de procedimiento, LA DENUNCIA, LA QUERELLA y/o LA INTERVENCION POLICIAL PREVENTIVA, tal como ha ocurrido en el presente caso la denunciante presento una denuncia penal en contra mía ante la Fiscalía, posterior a ello Sistema de Registro Judicial SIREJ presento una querella y años más tarde la imputación formal.- Del mismo modo a modo de respaldar más con jurisprudencia constitucional y vinculante nuestro tribunal constitucional mediante la Sentencia Constitucional N° 1036/2002-R de fecha 29 de agosto de 2002, en los fundamentos jurídicos del fallo, señala que “sin embargo debe precisarse que este entendimiento interpretativo no significa que nuestro sistema procesal se aparte del mandato de justicia pronta y efectiva; por cuanto el plazo de tres años (Art. 133 del C.P.P.), en el que deben finalizar los juicios, no se amplia con este razonamiento interpretativo”, En este mismo sentido, La Corte suprema de Justicia ha sentado jurisprudencia como la existente en el auto Supremo N° 206 de fecha 27 de junio de 2005 señala que: “si se trata de declarar la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y el proceso se encuentra en trámite, debe dictarse la misma de acuerdo a los presupuestos que rigen en el ordenamiento penal y la interpretación que de ella hizo este tribunal, en cualquier estado del proceso, puesto que una causa extintiva como la anotada impide definitivamente toda actividad de los órganos jurisdiccionales una vez estén acreditados los extremos de la motivación a cuyo fin deberá confrontarse con los antecedentes que informan el proceso, sea por el juez de la causa, de apelación, o de casación y/o nulidad en su caso, donde este radicada la causa”. Por ultimo como mayor precedente vinculante cito y menciono la Sentencia Constitucional N° 0550/2015-S1 emitida por el Tribunal constitucional de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia el cual en su vertiente modular y que además esta línea jurisprudencial es de aplicación obligatoria y vinculante para todos los juzgadores de nuestro Estado Plurinacional el mismo viene a regular y establecer los parámetros establecidos en la S.C. N° 0033/2006-R y 101/2004 y el A.C. 0079/2004-ECA, determinando los alcances de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, de lo que se tiene lo siguiente: “El accionante, señala que las autoridades demandadas, vulneraron sus derechos constitucionales, al haber revocado mediante Auto de Vista 85, el Auto Interlocutorio 37 -que declaró probada la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso-, haciendo una incorrecta interpretación de la SCP 1036/2002-R, señalando que el plazo o término de los tres años que establece el art. 133 del CPP, empieza a correr a partir de la querella y su admisión más su correspondiente notificación al querellado, sin tomar en cuenta que en el caso de conversión de acciones, no existe la señalada pieza procesal y que más bien la denuncia se constituiría como el primer acto conforme el art. 5 del citado Código. “En este entendido, de la revisión de los antecedentes cursantes, se advierte que los Vocales de la Sala Sistema de Registro Judicial SIREJ Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 85, declararon admisible y procedente la apelación incidental planteada por Néstor Antonio Higa Rodríguez y revocaron Auto Interlocutorio 37, dictado por el Juez Segundo de Sentencia en lo Penal del mismo departamento, con el fundamento que el imputado Gilberto Akira Ueno en su excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso: 1) No efectuó una adecuada auditoría jurídica procesal del expediente, tal como lo exige la jurisprudencia constitucional en la SC “033/2006”, ya que no indicó qué tiempo de dilación produjo cada acto procesal u omisión, sino solo se transcribieron las distintas normas procesales y constitucionales que le serían favorables, lo que impediría ingresar a resolver el fondo de lo planteado; 2) Tampoco podría tomarse como único parámetro el transcurso del tiempo, sino que debe considerarse la complejidad del caso, la dilación que hubiese ocasionado el imputado con el planteamiento de incidentes, gravedad del hecho y otros más como la coyuntura de la justicia boliviana; 3) El Juez inferior no consideró las vacaciones judiciales, y no realizó un minucioso examen jurídico para distribuir responsabilidades a los sujetos procesales sobre la retardación del proceso, lo que no se hizo, sino solo se interpretó como favorables al imputado los arts. 5 y 133 del CPP y 115 y 180 de la CPE, pues cada caso debe ser apreciado tomando en cuenta la complejidad del litigio, la conducta del mismo y de las autoridades jurisdiccionales; y, 4) Cuando se trata de delitos de acción privada o de proceso convertidos en su acción, el plazo o término de los tres años que establece el art. 133 del CPP, iniciaría a partir de la querella y su admisión más su correspondiente notificación al querellado, tal como lo exige la SC 1036/2002-R, lo que significa que todo lo actuado hasta antes de dicha querella se lo considera como inexistente”. “Argumentos jurídicos, que se advierte son retóricos, arbitrarios e insuficientes; toda vez que, carecen de sustento jurídico o jurisprudencial que los ampare y que por lo tanto, lesionan el derecho al debido proceso de Gilberto Akira Ueno en su vertiente de fundamentación de las resoluciones, según se evidencia……” “en relación a la afirmación que el juez inferior no hubiese considerado las vacaciones judiciales, y no hubiese efectuado una detallada auditoria jurídica para distribuir responsabilidades a los sujetos procesales sobre la retardación del proceso; corresponde también aplicar, lo precisado en el párrafo anterior, siendo que no es suficiente que el Tribunal de apelación, arribe a dichas conclusiones sin efectuar un adecuado análisis y razonamiento de los datos del proceso; dado que en casos que advirtiese que el juez a quo, no hubiese efectuado una detallada auditoría jurídica, para Sistema de Registro Judicial SIREJ establecer o no la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, tendrá la obligación no solo de expresar de manera fundamentada dicha conclusión, sino también tendrá que efectuar aquella auditoría extrañada, con la finalidad de precisar -inicialmente- los aspectos o falencias en las que el juez de primera instancia hubiese incurrido, posteriormente señalar cuál era el análisis correcto al que debió arribarse, y finamente determinar, si en el caso que se estudia hubo o no mora procesal que dé lugar a la extinción solicitada; no obstante, como los Vocales demandados, no obraron de esa manera, vulneraron de igual manera, el derecho al debido proceso del accionante en su elemento a una adecuada fundamentación de las resoluciones, puesto que el razonamiento expresado, llega a ser insuficiente para generar convicción y certeza de lo juzgado”. En dicha sentencia Constitucional emitida en fecha 01 de junio de 2015 en la que el juez del juzgado de sentencia declaro probado la solicitud de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, se tiene que la misma fue objeto de apelación por parte del querellante y los vocales de la sala penal 2da., revocaron dicha determinación la cual fue objeto del recurso de amparo constitucional y en primera instancia fue denegada la tutela por el juez de garantías, empero en consulta ante el Tribunal Constitucional esta revoca y dispone que los vocales de la sala penal 2da dicten una nueva resolución, toda vez que estos habrían excedido en sus funciones e interpretación de la línea jurisprudencial relativo a la extinción por duración máxima del proceso y que estos hechos provocan agravios a los derechos y garantías constitucionales del accionante, restituyendo nuevamente la línea jurisprudencial sobre el plazo de los 3 años y además delimitando ciertos puntos que no estaban muy claros y definidos, por lo que se tiene esta línea jurisprudencial que es de aplicación obligatoria y tiene carácter vinculante, máxime que el presnedte4 proceso lleva casi 10 años desde que fue iniciado la denuncia, por lo que existe amplio margen de tiempo e inactividad atribuible al Ministerio Publico y a la parte denunciante por la inactividad en la presente causa, siendo además obligación de su autoridad de oficio disponer el archivo de obrados. “El Art. 133 del C.P.P., es bastante claro al señalar que todo proceso tendrá una duración máxima de tres años CONTADOS DESDE EL PRIMER ACTO DEL PROCEDIMIENTO Y NO ASI DESDE QUE EL IMPUTADO O DENUNCIADO TENGA CONOCIMIENTO tal como lo señala el Art. 5 del C.P.P., que dice que se entenderá como primer acto del proceso, cualquier sindicación en cualquier sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o participe de la comisión de un delito, en consecuencia para computar la extinción de la acción penal por el transcurso máximo del Sistema de Registro Judicial SIREJ tiempo previsto en el Art. 133 del C.P.P., debe tomarse a partir de la primera sindicación que se haga en contra de una persona por la comisión de un presunto delito, en ese entendido debemos tomar en cuenta que la primera sindicación que fuera interpuesta en mi contra es la denuncia realizada en fecha 16 de julio del año 2016 por parte del Sr. JOSE FRANCISCO ROJAS VOCAL y hasta la fecha ya ha transcurrido 5 años y 2 meses desde la interposición de la denuncia y por imperio del art. 29 inc. 1 y 2 del CPP”. La Ley 1970, en su art. 5 segundo párrafo manifiesta que "Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito". El art. 54-1) atribuye a los Jueces de Instrucción, la competencia de controlar la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en la misma. Por su parte, el art. 277 expresa que la etapa preparatoria tiene por finalidad de la preparación del juicio oral y público, mediante la recolección de todos los elementos que permitan fundar la acusación del Fiscal o del querellante y la defensa del imputado; la Fiscalía tendrá a su cargo la investigación de todos los delitos de acción pública y actuará con el auxilio de la Policía Nacional y del Instituto de Investigaciones Forenses. La Fiscalía y la Policía Nacional actuarán siempre bajo el control jurisdiccional (art. 279).- El art. 134 del Código de Procedimiento Penal manda que la etapa preparatoria finalice en el plazo máximo de seis meses de iniciado el proceso -esto es desde la existencia de una sindicación contra una persona-, facultando a ampliar ese término en los casos en que la investigación sea compleja por estar los hechos vinculados a delitos cometidos por organizaciones criminales; si vencido el plazo de la etapa preparatoria, el Fiscal no acusa ni presenta otra solicitud conclusiva, el Juez conminará al Fiscal de Distrito para que lo haga en el plazo de cinco días, vencidos los cuales, sin que se presente solicitud por parte de la Fiscalía, el Juez declarará extinguida la acción penal, salvo que el proceso pueda continuar sobre la base de la actuación del querellante, sin perjuicio de la responsabilidad personal del Fiscal de Distrito.- la Sentencia Constitucional Nº 0101/2004 de fecha 14 de septiembre de 2004, cuyo cumplimiento reviste el carácter de obligatoriedad y vinculatoriedad, define los fundamentos de la acción penal, concluyendo que procede la extinción de la acción cuando la dilación del proceso, en término objetivos y verificables, no es atribuible al imputado o al procesado e impone que el juez o tribunal del proceso se pronuncie sobre la posibilidad o imposibilidad de su otorgamiento, ya sea de oficio o a petición de parte.- Que la propia Sentencia Constitucional Nº 0101/2004 determina que, “el órgano jurisdiccional debe analizar en término objetivos y verificables los orígenes o Sistema de Registro Judicial SIREJ motivos de la dilación del proceso, señalando además que: "la extinción de la acción penal sólo puede ser conforme a la Constitución, cuando se constate que la no conclusión del proceso dentro del plazo máximo establecido por la disposición transitoria tercera de la Ley 1970 es atribuible a omisiones o falta de diligencia debida de los órganos administrativos o jurisdiccionales del sistema penal y no a las acciones dilatorias del imputado o procesado".- Asimismo al haberse realizado la auditoria jurídica en el primer punto del presente recurso sobre la extinción de la acción penal, al haber establecido los parámetros legales y los plazos transcurridos, cabe manifestar que luego de mas de 5 años recién se me ha notificado con una audiencia de conciliación, sin saber sobre alguna imputación en mi contra ya que la presente causa radica en su digno despacho señora juez.- IV. PETITORIO.- Por todo lo manifestado líneas arriba y lo argumentado con amplia jurisprudencia mencionada y adjuntada, de conformidad a lo establecido y normado en los Arts. 27 numerales 8) y 10), 133 Y 308 numeral 4) del Código de Procedimiento Penal y la amplia Jurisprudencia Constitucional nombrada líneas arriba que es de orden público y cumplimiento obligatorio para todas las autoridades y personas naturales a nivel nacional, en la vía de derecho FORMULO EXTINCION DE LA ACCION PENAL POR PRESCRIPCION Y DURACION MAXIMA DEL PROCESO, manifestando que es también una excepción que extingue la acción penal, pidiendo a su autoridad que le imprima el trámite correspondiente previsto por ley y se resuelva como cuestión previa y de especial pronunciamiento pidiendo de manera clara, precisa y contundente que en definitiva se declare PROBADA la misma y como consecuencia, se declare EXTINGUIDA LA ACCION PENAL POR DURACION MAXIMA DEL PROCESO Y SE DISPONGA EL ARCHIVO DE OBRADOS Y LA BAJA DE SISTEMA COMO CORRESPONDE EN DERECHO. OTROSI I.- Adjunto como prueba de lo solicitado y fundamentado, fotocopias simples del cuadernillo de investigación de todos los actuados realizado por el Ministerio Publico y la parte denunciante.- OTROSI II.- Adjunto las Sentencias constitucionales nombradas en el presente memorial a efectos de que su autoridad evidencie lo manifestado y aplique la norma relativo a la materia. OTROSI III.- Asimismo ofrezco como prueba de lo solicitado el expediente o cuaderno procesal que cursa en su despacho donde está cada una de las actuaciones realizadas desde el inicio de la investigación hasta la presente fecha. OTROSI IV.- Asimismo, solicito se corra traslado al representante del ministerio publico y a la parte civil denunciante con el presente incidente de extinción de la acción penal por prescripción y duración máxima del proceso.- OTROSI Sistema de Registro Judicial SIREJ V.- Los honorarios profesionales se rigen de acuerdo a la iguala firmado con mis abogados patrocinantes.- OTROSI VI.- A los efectos de las notificaciones tal cual reza la Ley 1173, proporciono los correos electrónicos de nuestros abogados patrocinantes: aldrinvillanuevaabogado@gmail.com, así como su número de celular: 78456165; correo electrónico omanguta@gmail.com, número de celular: 70944736 por lo que pedimos tenga presente.- OTROSÍ VII.- Asimismo, en aplicación a lo descrito por el Art. 24 de la CPE. Solicito muy respetuosamente a su autoridad requerir que por secretaria de su digno despacho se nos extienda fotocopias legalizadas EN TRES(3) EJEMPLARES, de todo el cuadernillo de investigación que cursa en su digno despacho incluido el presente memorial y su proveído correspondiente.- OTROSI VIII.- Señalo domicilio procesal, el mismo que se encuentra ubicado en la oficina de nuestros abogados patrocinantes, Calle Gregorio Reynolds, N° 287 Zona canal Isuto entre segundo y tercer anillo de esta ciudad.- Será justicia.- Santa Cruz 13 de Septiembre de 2021.- FIRMADO ILEGIBLE: CARLOS ALBERTO TERRAZAS CORTEZ.- FIRMADO ILEGIBLE: Msc. Aldrin Villanueva Murillo, Abogado.- RPA: 6201457-AVM. ------------------------------------------------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&Presentado a Horas14:20 PM. Del día 13 del Mes Septiembre de 2021 Adjunto Fs.- 66 Conste.- Firmado: Generosa Lara Peñaloza – AUXILIAR DE JUZGADO 5TO DE INSTRUCCIÓN PENAL.- Santa Cruz – Bolivia. --------- -------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&& Santa Cruz, 29 de Septiembre de 2021.- Por el informe que antecede y según lo manifestado por el Sr. Secretario del juzgado Dr. Christian Luna Pérez; relativo al proceso penal que sigue el MINISTERIO PUBLICO a denuncia de JOSE FRANCISCO ROJAS VOCAL en contra de CARLOS ALBERTO TERRAZAS CORTEZ, por el delito de LESIONES GRAVES Y LEVES; de conformidad a lo que establece el art. 127-II del Código de Procedimiento Penal, se ordena la REPOSICION DE LOS ACTUADOS PROCESALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER CUERPO, a cuyo efecto se dispone lo siguiente: 1) Notifíqueseles a las partes procesales a fin de que presenten en forma inmediata, las copias de los escritos, documentos, diligencias, que se encontraren en su poder.- 2) El Sr. Secretario agregará las copias de todas las resoluciones, correspondiente a los actuados extraviados que figuren en los libros del juzgado, informará sobre el estado de la causa de acuerdo a sus libros, conjuntamente a las auxiliares de apoyo, recabaran las copias de los actos y diligencias que pudieren obtenerse en las oficinas y archivos públicos. 3) Las copias que se presentaren y obtuvieren serán agregadas al expediente en orden cronológico, en el día.- 4) A efecto de Sistema de Registro Judicial SIREJ considerar la excepción de extinción de la acción penal por prescripción y duración máxima del proceso, formulado por el denunciado CARLOS ALBERTO TERRAZAS CORTEZ, se señala audiencia virtual el día VIERNES 29 DE OCTUBRE DEL 2021, A HORAS 14:00 P.M. conforme a lo previsto por el Art. 314 y 315 CPP, debiendo notificarse a las partes procesales conforme a procedimiento.- Oportunamente se les pasara el link o enlace a objeto de la conexión virtual.- 1) Oficiase a la gestora de audiencias para la programación de la audiencia virtual.- Cumplido los trámites enumerados en un plazo no mayor a las 72 horas, se tendrá por repuestos los actuados judiciales, debiendo continuar la prosecución de la causa conforme a procedimiento. ----- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& && Firmado ilegible. - Dra. Rosario X. Flores Paniagua. - Juez 5to DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE LA CAPITAL.-SANTA CRUZ – BOLIVIA.- Firmado ilegible: Abg. José Christian Luna Pérez – Secretario del Juzgado 5to de Instrucción en lo penal de la capital.-Santa Cruz – Bolivia.----- ------------------------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& && SEÑORA JUEZ 5TO. DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE LA CAPITAL.- RATIFICA INCIDENTE DE EXTINCION DE LA ACCION PENAL POR PRESCRIPCION Y DURACION MAXIMA DEL PROCESO Y ADJUNTA FOTOCOPIA LEGALIZADA.- CASO: FIS- SCZ-1607471.- OTROSIES. --- CARLOS ALBERTO TERRAZAS CORTEZ, de generales ya conocidas, dentro del extinto proceso penal seguido por el Ministerio Publico a denuncia de JOSE FRANCISCO ROJAS VOCAL, por la presunta e inexistente comisión del delito de LESIONES LEVES, presentándome ante las consideraciones de su digna autoridad, con todo respeto ocurro, expongo y pido: 1) RATIFICA INCIDENTE DE EXTINCION DE LA ACCION PENAL POR PRESCRIPCION Y DURACION MAXIMA DEL PROCESO.- Señora Juez, Toda vez que su autoridad mediante decreto de fecha 29 de septiembre de 2021 señalo audiencia de resolución de dicho incidente para el día viernes 29 de octubre de 2021 a horas 14:00, para dicho efecto a la fecha tengo bien RATIFICAR dicho incidente en todas sus formas y contenido, pidiendo que se valore y considere todos los argumentos esgrimidos en dicho recurso, debiendo además verificar el expediente procesal y el cuadernillo de investigación donde cursan todos los actuados y cuando fue ingresada la denuncia en la policía y la fiscalía. I) ADJUNTA FOTOCOPIA LEGALIZADA DEL CUADERNILLO E INVESTIGACION, EN LA VIA DE LA REPOSICION DE OBRADOS.- De la misma manera, al haber su Sistema de Registro Judicial SIREJ autoridad ordenado mediante decreto de fecha 29 de septiembre de 2021 LA REPOSICION DE LOS ACTUADOS PROCESALES, habiendo un informe del secretario de su digno despacho de fecha 28 de septiembre de 2021 en el entendido de que no cursa el primer cuerpo del cuaderno procesal, por lo que a la fecha Tengo a bien adjuntar fotocopia de todo el cuadernillo de investigación que cursa en la fiscalía adscrita al presente caso, pidiendo se tenga por repuesto todos los actuados y lo que es más importante cursan la fecha de la denuncia, el inicio de investigación y todos los actuados desde que se inició la denuncia en fecha 17 de julio de 2016, es decir hace más de 5 años. OTROSI I.- Adjunto a efectos de la reposición fotocopia simple de todo el cuadernillo de investigación, pidiendo se acumule a sus antecedentes.- OTROSI II.- Asimismo ofrezco como prueba de lo solicitado el expediente o cuaderno procesal que cursa en su despacho donde está cada una de las actuaciones realizadas desde el inicio de la investigación hasta la presente fecha. OTROSI III.- Domicilio señalado. Será justicia.- Santa Cruz 21 de Octubre de 2021. FIRMADO ILEGIBLE: CARLOS ALBERTO TERRAZAS CORTEZ.- FIRMADO ILEGIBLE: Msc. Aldrin Villanueva Murillo, Abogado.- RPA: 6201457-AVM. ------------------------------------------ -------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&& Presentado a Horas 10:29 AM. Del día 22 del Mes octubre de 2021.- Adjunto Fs.- 265 Conste.- Firmado Ilegible: Abg. Jose Christian Luna Perez – Secretario del Juzgado 5to de Instrucción penal de la capital.- Santa Cruz – Bolivia. ---------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&& NOTA. - La presente audiencia de la EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN Y DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO, formulado por el denunciado CARLOS ALBERTO TERRAZAS CORTEZ y señalada para el día jueves 29 de OCTUBRE del 2021 a horas 14:00 P.M., no ha podido instalarse toda vez que la Sra. Jueza se encontraba en audiencia de medidas cautelares con aprehendido.- Es todo cuando se hace constar a efectos consiguientes de ley.- Santa Cruz, 29 de octubre del 2021.- Firmado Ilegible: Abg. Jose Christian Luna Perez – Secretario del Juzgado 5to de Instrucción penal de la capital.- Santa Cruz – Bolivia. -------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&& Sistema de Registro Judicial SIREJ Santa Cruz, 29 de octubre del 2021.- En atención a la nota que antecede, se señala AUDIENCIA VIRTUAL PARA CONSIDERAR LA EXCEPCION DE EXTINCION DE LA ACCION PENAL POR PRESCRIPCION Y DURACION MAXIMA DEL PROCESO, formulado por el denunciado CARLOS ALBERTO TERRAZA CORTEZ, PARA EL DIA LUNES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A HORAS 15:00 P.M., a realizarse mediante la aplicación SISCOWEBEX, por secretaria oficiase a la oficina gestora de procesos para el señalamiento de audiencia virtual.- Notifíquese a los sujetos procesales conforme a procedimiento, con relación al denunciante JOSE FRANCISCO ROJAS VOCAL, notifíquese mediante edictos de prensa toda vez que por el informe de la Sra. auxiliar del juzgado indica que no se tiene establecido el domicilio del mencionado denunciante.------------------------------ ----------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&& C O N C U E R D A.- EL PRESENTE EDICTO DE PRENSA CONCUERDA CON LAS PIEZAS ORIGINALES DE SU REFERENCIA, AL QUE EN SU CASO ME REMITO, MISMO QUE ES EXTRAÍDO FIELMENTE, COPIADO, CONFORTADO, CORREGIDO, FIRMADO Y SELLADO EN ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO CONSTE. ------------------------- ----- :24171005 :23395


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