EDICTO

Ciudad: TARIJA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA SEGUNDO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


Sistema de Registro Judicial SIREJ EDICTO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA - BOLIVIA JUZGADO: SENTENCIA SEGUNDO DE LA CAPITAL JUEZ: Dra. MINERVA TARRAGA, Juez de Sentencia 2° de la Capital. DELITO: AMENAZAS VICTIMA: WILFREDO AROSTEGUI BALDIVIEZO Y WILFREDO ZEBALLOS CONDORENA CONTRA: LSUI EDUARDO BEJARANO GALLARDO NOTIFICACION A: A LAS VICTIMAS WILFREDO AROSTEGUI BALDIVIEZO Y WILFREDO ZEBALLOS CONDORENA OBJETO: NOTIFICAR A LA VICTIMA PARA QUE ESTE A DERECHO Tarija, 19 de agosto de 2020 ANTECEDENTES.- De la revisión de los antecedentes fácticos referidos en la acusación fiscal, se establece que el presunto hecho ilícito de AMENAZAS se origina por supuestos hechos acaecidos el 1 de diciembre de 2014 a horas 22:00 aproximadamente, habiendo sido declarado rebelde el acusado por Auto Interlocutorio Nº 132/2016 de 30 de marzo de 2016. FUNDAMENTO JURÍDICO.- Como se sabe, la facultad punitiva del Estado, para imponer penas por la comisión de hechos ilícitos se halla sujeta a diversos límites que el mismo Estado se impone, entre ellos, el temporal, por el cual, sólo es admisible su ejercicio dentro del plazo establecido, fuera de él, la potestad del Jus Puniendi, deja de ser legítima y legal. Inclusive cuando la acción iniciada no concluye en el término fijado por ley, se produce la prescripción por el transcurso del tiempo. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), dada en San José de Costa Rica en 1968 y en vigor desde 1978, siguió textualmente en esta materia, como en casi todas, el modelo europeo. En efecto, en el art. 7.5 se establece que “toda persona detenida o retenida [...] tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable”. A su vez, y con más precisión, el art. 8.1 dispone que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella”. El Tribunal Constitucional en SCP 1068/2015-S1 de 3 de noviembre, sobre la prescripción de la acción en materia penal dispone: “Al respectó la SCP 1577/2014 de 11 de agosto, refirió que: “Esta institución jurídica, por una parte; tiene connotación social, al favorecer o desfavorecer a los sujetos activos o pasivos dentro un proceso penal, sea en los delitos de orden público o privado, por el solo transcurrir el tiempo determinado, previsto en los arts. 29 concordante con el 30 del CPP, es decir, cuando se adecua la norma precitada al caso concreto, se determina el cese de la persecución penal del Estado o por particulares. Este entendimiento tiene un fundamento jurídico, haciendo referencia al autor Vera Barros, en la Enciclopedia Jurídica „Omeba? que: „denomina derecho subjetivo de castigar, cuyo titular es el Estado, representado por los Órganos Jurisdiccionales correspondientes: una que persigue al delincuente antes que la sanción le sea impuesta y otra luego de que la misma se le impuso, sea para someterlo a su cumplimiento?, por lo que esta institución prevé un interés social por cuanto el Estado no puede prolongar indefinidamente el tiempo la persecución punitiva, también atribuible, a la dejadez, desinterés o negligencia de la víctima, que no activó en su oportunidad el mecanismo idóneo de la jurisdicción ordinaria para restablecer el bien jurídicamente protegido. De esta manera y bajo este mismo criterio jurídico la SC 0693/2010-R de 19 de julio de 2010, ha realizado una interpretación sobre la prescripción de la acción penal, refiriendo que: „…sus argumentos y la forma de cómputo del término previsto en los arts. 29 y 30 del CPP, es así, que respecto al fundamento señaló: «De acuerdo a la doctrina, la prescripción se traduce en los efectos que produce el transcurso del tiempo sobre el ejercicio de una determinada facultad. Esta definición, aplicada al ámbito penal, significa la expresa renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar debido al tiempo transcurrido. Conforme a ello, es el propio Estado el que, a través de la norma penal (procesal o sustantiva, según las legislaciones), establece los límites de tiempo en que se puede ejercer la persecución penal. La actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida, ya que al hacerlo se quebrantaría el equilibrio que debe existir entre la función de defensa de la sociedad y la protección de derechos y garantías individuales», así la SC 0023/2007-R de 16 de enero. Dicha Sentencia Constitucional, luego de identificar las razones que fundamentan la prescripción, concluyó que la misma:«…debe fundamentarse desde la Constitución, en la medida en que este instituto está íntimamente vinculado con los principios, valores, derechos y garantías constitucionales, fundamentalmente la garantía del debido proceso, la prohibición de indefensión y el derecho a la seguridad jurídica». …respecto al derecho a la defensa, es innegable que si pese al tiempo transcurrido, la acción penal se dirigiera contra el supuesto culpable, llegando inclusive a imponerse una pena, se produciría una grave indefensión, pues los medios de defensa de los que podría servirse el imputado, o ya no existirían o se encontrarían debilitados, corriéndose el riesgo de condenar a un inocente por el tiempo transcurrido. En síntesis, el transcurso del tiempo incrementa el riesgo del error judicial, por encontrarse debilitadas las pruebas de la defensa´”. En el mismo sentido, la SCP 0283/2013 de 13 de marzo, refiere que: “….la prescripción en materia penal, la SC 0023/2007-R de 16 de enero, señaló lo siguiente: „El art. 29 del CPP determina los plazos para la prescripción de la acción penal, atendiendo al máximo legal de la pena privativa de libertad (presidio o reclusión) prevista para los distintos tipos penales establecidos en el Código Penal. Los términos señalados en esa norma, de acuerdo al art. 30 del CPP, empiezan a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación, y pueden interrumpirse por la declaratoria de rebeldía del imputado… PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN CASO DE IMPUTADOS CON DECLARATORIA DE REBELDÍA El art. 31 del CPP, textualmente dispone: Sistema de Registro Judicial SIREJ “(Interrupción del término de la prescripción). El término de la prescripción de la acción se interrumpirá por la declaratoria de rebeldía del imputado, momento desde el cual el plazo se computará nuevamente”. Esta norma legal que debe ser interpretada bajo el principio de favorabilidad e in dubio pro reo, dispone que el acusado pierde el plazo transcurrido de prescripción previo a la declaratoria de rebeldía, debiendo computarse, el plazo de la prescripción nuevamente, desde ese momento procesal y ya no desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación como establece el art. 30 CPP. Sobre la problemática el Auto Supremo 647/2007 de 13 de diciembre señala: “Ahora bien, en el caso de declararse la rebeldía del imputado, la jurisprudencia constitucional ha establecido las siguientes posibilidades: 1. Situación del imputado rebelde que no comparece a juicio: Cuando el imputado declarado rebelde no comparece a juicio, nos atenemos a la regla contenida en el art. 31 del Código de Procedimiento Penal antes analizado, referido a la interrupción de la prescripción, entendiendo que desde la declaratoria de rebeldía se computará un nuevo plazo con la finalidad de determinar la extinción de la acción penal por prescripción. Al mismo entendimiento ha arribado el A.S. 123/2010 de 29 de abril entre otros. Por su parte la Sentencia Constitucional 23/2007-R de 16 de enero dispone: “La rebeldía y su efecto en la prescripción.- Como se tiene señalado precedentemente, el art. 31 del CPP determina que el término de la prescripción de la acción se interrumpe por la declaratoria de rebeldía del imputado, momento desde el cual el plazo se computa nuevamente. Conforme a esa norma, la declaratoria de rebeldía tiene como efecto borrar el tiempo corrido de prescripción y comenzar un nuevo plazo a partir de esa declaratoria; esto debido a que la rebeldía tiene como fundamento el incumplimiento del imputado a disposiciones judiciales como la incomparecencia sin causa justificada a una citación, la evasión del establecimiento donde se encontraba detenido, el incumplimiento de un mandamiento de aprehensión y la ausencia, sin licencia del juez del lugar asignado para residir (art. 87 del CPP) y, por lo mismo, el rebelde no puede ser beneficiado con la prescripción del tiempo transcurrido hasta la declaratoria de rebeldía. La interrupción de la prescripción por rebeldía, implica una sanción para quien desobedece órdenes judiciales y se resiste al sometimiento a juicio, pues el cómputo del plazo se modifica sustancialmente para el rebelde, quien tendrá que realizar el cálculo de la prescripción considerando el plazo íntegro de los supuestos establecidos en el art. 29 del CPP a partir de la declaratoria de rebeldía. Conforme a lo anotado, nuestro Código adopta una posición que responde al criterio mayoritario de la doctrina y legislación comparada; pues, permite al rebelde acogerse al beneficio de la prescripción, pero contando un nuevo término. La posición contraria afirma que el rebelde debe ser excluido de la prescripción, puesto que en el proceso no se le ha causado indefensión: conocía la denuncia y el proceso seguido en su contra y, pese a ello, no utilizó los medios de defensa previstos por el ordenamiento jurídico; sin embargo, el grupo mayoritario de autores, sigue el criterio -al que se acoge nuestro Código- que el rebelde puede ser incluido dentro de la prescripción, pues ésta no sólo se funda en el derecho a la defensa, sino también en el derecho a la seguridad jurídica y en las múltiples razones de orden subjetivo, objetivo, de política criminal, etc. descritas precedentemente. No obstante lo anotado precedentemente, es cierto que no es posible sostener, por el hecho de que el imputado hubiera sido declarado rebelde, que el mismo queda sujeto de manera indefinida a la tramitación del juicio, ya que esto no sería compatible con los valores, principios, derechos y garantías que sustentan nuestra Constitución. Por ello, es necesario distinguir dos supuestos: 1. Situación del imputado rebelde que no comparece a juicio: Cuando el imputado declarado rebelde no comparece a juicio, nos atenemos a la regla contenida en el art. 31 del CPP, antes analizado, referido a la interrupción de la prescripción, entendiendo que desde la declaratoria de rebeldía se computará un nuevo plazo, con la finalidad de determinar la extinción de la acción penal por prescripción”. La jurisprudencia glosada no es más que la interpretación del principio de plazo razonable y celeridad del proceso, lo contrario da lugar a la inseguridad jurídica al pretender mantener el ius puniendi del Estado de manera indefinida en el tiempo, lo cual es contrario en un Estado Constitucional de Derecho. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.- En el caso de autos debe considerarse lo siguiente: 1. El delito de AMENAZAS, tipificado y sancionado por el art. 293 del Código Penal contempla una pena de prestación de trabajo de un (1) mes a un (1) año y multa hasta de sesenta (60) días. La pena será de reclusión de tres (3) a diez y ocho (18) meses, si la amenaza hubiera sido con arma, o por tres (3) o más personas reunidas. El presente delito por su naturaleza es un delito instantáneo porque con la sola realización de la conducta o acción, por el sujeto activo queda realizado o tipificado, sin que se requiera acción posterior para su continuidad o vigencia. 2. En el caso de autos por la relación fáctica expuesta en la acusación particular se trata de amenazas en su segunda vertiente, por lo que se encontraría sancionado con pena de reclusión de tres (3) meses a dieciocho (18) meses, por lo que de conformidad con el art. 29.3) de la Ley 1970 la acción penal prescribe en dos (3) años, que es aplicable al delito en análisis. Es importante establecer que el art. 30 de Ley Adjetiva Penal, determina que el término de la prescripción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o que cesó su consumación, en relación al delito acusado la exteriorización de la conducta supuestamente delictuosa fue el 1 de diciembre de 2014; sin embargo el acusado fue declarado rebelde el 30 de marzo de 2016, por lo que pierde el plazo previo a esta declaración, debiendo computarse nuevamente, conforme se tiene glosado en el fundamento jurídico de esta resolución, habiendo transcurrido hasta el 22 de marzo de 2020 (último día de trabajo antes de la suspensión de actividades dispuesta por la Circular de Presidencia del TSJ 04/2020 de 21 de marzo) y contabilizando nuevamente el plazo desde el 7 de julio de 2020 hasta el 18 de agosto de 2020: cuatro (4) años y nueve (9) días, es decir sobrepasando superabundantemente el plazo de prescripción, lapso que impide el ejercicio válido y legal de la presente acción, siendo inoficioso el pretender proseguirla, en mérito a el fundamento jurídico esgrimido que es categórico al establecer el tiempo en que está vigente el ius puniendi del Estado. POR TANTO: En mérito a los fundamentos expuestos y en observancia de las normas citadas, se declara la EXTINCIÓN de la acción penal por PRESCRIPCIÓN a favor de LUÍS EDUARDO BEJARANO GALLARDO, en relación al delito de AMENAZAS incurso en el art. 293 del Código Penal, extinguiéndose la acción de conformidad al art. 27.8) de la Ley 1970, disponiéndose el archivo de obrados. La presente resolución admite el recurso de apelación incidental a interponerlo en el término de tres días desde su legal notificación. REGÍSTRESE.- :23012002 :23312


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