EDICTO

Ciudad: POTOSI

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA CUARTO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


Sistema de Registro Judicial SIREJ E D I C T O Nº 201/2021 EL DOCTOR. MARCELO ROGER SIERRA ENRIQUEZ JUEZ DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL Nº 4 Y LA ABOGADA OYUKI PEREZ VISCARRA COMO SECRETARIA DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL Nº4 DE LA CAPITAL Y PROVINCIA FRÍAS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ. ------------------------------ Potosí- Bolivia POR EL PRESENTE EDICTO HACE SABER Y NOTIFICA A LA VICTIMA RAUL ARCE MAMANI: CON MEMORIAL DE APELACION INCIDENTAL CONTRA RESOLUCION QUE DECLARA INFUNDADA LA EXCEPCION DE EXTINCION DE LA ACCION PENBAL POR PRESCRIPCION DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2021 Y DECRETO DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2021, DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SIGUE EL MINISTERIO PÚBLICO A INSTANCIAS DE RAUL ARCE MAMANI EN CONTRA DE GERMAN RICHARD FLORES CABALLERO Y ELIZABETH ROMERO MENCHACA, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE: ESTAFA PREVISTOS POR EL ART. 335 DEL CÓDIGO PENAL BOLIVIANO:----------------------------- MEMORIAL DE APELACION CONTRA AUTO DEFINITIVO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE___ SEÑOR JUEZ DE SENTENCIA CUARTO EN LO PENAL DE ESTA JURISDICCIÓN DE POTOSÍ.- NUREJ: 201002473 I4P: 100454 I. INTERPONEN APELACIÓN INCIDENTAL CONTRA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN.- OTROSÍ.- GERMAN RICHARD FLORES CABALLERO y ELIZABETH ROMERO MENCHACA, de generales expuestas, dentro del proceso penal seguido en mi contra por la supuesta comisión del delito de ESTAFA, ante vuestra autoridad, respetuoso exponga y pido: RECURRIBILIDAD DE LA RESOLUCIÓN.- Ejerciendo el derecho de doble instancia y poder diferir de los argumentos que sustentan la decisión asumida en el AUTO de 28 de Septiembre de 2021, misma que fui notificado en fecha 29 de Septiembre de 2021 pronunciada por su despacho, que me causa serios agravios y esencialmente, evidenciando que la determinación es lesiva principalmente a mi derecho irrestricto a la defensa, en plazo oportuno IMPUGNO dicha resolución que Declara Infundado nuestra excepción de extinción de la acción penal por prescripción, conforme a las previsiones de los Arts. 403°-2 y 404° CPP, encontrándome legitimado como acusados para interponer el presente recurso. DEL ARGUMENTO ÚNICO INVOCADO PARA RECHAZAR EL LA EXCEPCIÓN DE EXTINCION DE LA ACCION PENAL POR PRESCRIPCION.- Dentro del análisis del Auto de fecha 28 de septiembre del ario 2021 en el que el Juzgador Declara INFUNDADO la Excepción de extinción de la Acción Penal por Prescripción, NO OBSTANTE a través de la valoración de la autoridad judicial se determina que no ha existido la aportación de prueba idónea en relación a poder demostrar la existencia de suspensión del término de la prescripción, bajo el argumento único y exclusivo, en relación a lo objetado por parte del Ministerio Publico, quien aduce que no se hubiese aportado prueba suficiente para dar la viabilidad del presente mecanismo, en tal sentido el Ministerio Publico solamente se limitó a citar Sentencias Constitucionales y menos ha aportado prueba de demuestre contrariamente lo solicitado al momento de plantear la Extinción. En consecuencia, señala el Juez de Instancia en su resolución, de la manera hace alusión a las Sentencias Constitucionales SCP 1067/2016- S1 de 7 de noviembre, de la cual así mismo refiere a la Sentencia Constitucional SC 0023/2007-R de 16 de enero de la en su parte importante a la renuncia por parte del Estado al Derecho de Juzgar por el tiempo transcurrido, de tal mera el juzgador reconoce al Instituto de la Prescripción a partir del orden establecido en el Código de Procedimiento Penal en concordancia con los articulo 119 parágrafo II y 117 parágrafo I Constitucional, asimismo el articulo 178 parágrafo I en relación al artículo 115 Constitucional a ese entendido hace la valoración de los presupuestos necesarios para su procedencia en relación al tipo de Delito que al caso de Autos es el Delito de Estafa, por lo que en Considerando Cuarto en el Segundo párrafo hace un análisis conforme a la S.C. 0985/2017-S2 que refiere "La estafa es un delito de carácter Instantáneo por sus defectos inmediatos que provoca con su consumación" siendo ese parámetro el Juzgado declara de manera expresa el reconocimiento del plazo transcurrido donde contabiliza hasta la fecha de resolución el tiempo de 13 arios y 7 días por lo que el mismo juzgador reconoce el transcurso del tiempo. De la misma manera el Juzgado reconoce la existencia en calidad de prueba a la copia legalizada del cuaderno procesal donde el mismo evidencia en su valoración la comisión del hecho en fecha 21 de septiembre, por lo que esta prueba es considerada y valorada por el juzgado, Sistema de Registro Judicial SIREJ donde advierte que a través de esta prueba se ha demostrado la existencia del hecho y asimismo reconoce y da un valor probatorio a los Certificados de Antecedentes Penales de los ahora Apelantes, en tal sentido con esa valoración refiere que se acredita que los excepcionistas no tienen y no cuentan antecedentes penales. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS La decisión ilegal expresada precedentemente no nos libera del deber de manifestar nuestro desconcierto y disconformidad en la presente apelación, y para ello es IMPRESCINDIBLE expresar los agravios contenidos EN DICHA DECISION puesto que como se ha expresado ya, carece absolutamente de una fundamentación coherente con los hechos y posterior ponderación de la norma legal aplicable en el sentido de la Justicia. Esta determinación tiene su sustento en un argumento fundamental: INDEBIDA APLICACIÓN Y VALORACION DEL ART. 314 del CODIGO PENAL Todas las observaciones ya señaladas, se plasman en evidentes a partir de un examen comparativo justamente de la excepción de prescripción que hubiere interpuesto nuestra defensa técnica al que fuera insuficiente la prueba aportada conforme lo determina el art. 314 núm. I del CPP Durante la Etapa Preparatoria las Excepciones e Incidentes se tramitaran por la vía Incidental por una sola vez OFRECIENDO PRUEBA IDONEA Y PERTINENTE" a este extremo se debe manifestar que el memorial de fecha 10 de septiembre de la presente gestión, se presenta el antecedente los argumentos legales y la viabilidad del mecanismo de Extinción por la vía Excepcional con relación al transcurso del tiempo, ahora bien el Juzgador reconoce la prueba presentada consistente en el dosier judicial y legalizado y los Certificados de los Antecedentes Judiciales de ambos, por lo que ya le da un valor probatorio, siendo que el Ultimo CONSIDERANDO de la resolución en su párrafo ultimo refiere "Por lo cual, no habiendo cumplido con la carga de la prueba respecto a los excepcionistas, tal cual se acredita por la documental presentada por los mismo, siendo insuficiente para poder acreditar los extremos expuestos en su memorial de excepción, el no cumplir con acreditar que no existía los motivos de suspensión del término de la prescripción, luego de analizar los fundamentos de la parte analizando sobré la excepción de prescripción interpuesta por defensa de los acusados, el suscrito emite la presente Resolución". Conforme a lo extractado se puede evidenciar que existe una contradicción en la valoración probatoria por parte del Juzgado, siendo que en un Considerando anterior ya le dio el valor probatorio, y que si bien conforme a los requisitos establecidos sobre le interrupción se ha puesto en valor probatorio justamente el expediente Judicial Legalizado en su integridad del cual ante la revisión de obrados el mismo Juzgado reconoce el tiempo transcurrido, y no observa el mismo toda vez de que él debía haber hecho la valoración integra de la prueba en relación al expediente adjunto de manera intra dentro del presente proceso, que por ello no existe una declaratoria de rebeldía y menos una interrupción procesal que sea este con objeto de interrumpir el computo, asimismo para fines de demostrar que• no ha existido otro tipo de proceso conforme refiere a las causales de interrupción al cómputo se presenta los Certificados de Antecedentes Judiciales de ambos donde tampoco se evidencia antecedente alguno y menos declaratoria de Rebeldía, siendo que estos dos elementos probatorios no han sido considerados a cabalidad, y tampoco refiere que más debía contener y por no correspondía la valoración de estas pruebas, y menos aun no refiere porque es insuficiente las pruebas aportadas, dado que el control jurisdiccional lo tiene el Juzgador y por otro lado el orden persecutor del Ministerio Publico tampoco refiere que si haya existido una interrupción y menos han solicitado diligencia alguna para contrarrestar la solicitud de la Extinción, limitando solamente al señalamiento de las Sentencias Constitucionales refiriendo que la prueba no ha sido idónea en tal sentido ha generado duda en el Juzgado para emitir la Auto ilegal. Por tanto existe mala valoración de la prueba, ausencia en la Valoración del Principio In Dubio pro Reo y Principio de Verdad Material, siendo el agravio directamente al Debido Proceso en sus vertientes Derecho a la Legalidad de la Prueba y el Derecho a la Valoración Razonable de la Prueba, con relación al Derecho a la Igualdad Procesal de las partes este último referente a los alcances de la respuesta por parte del Ministerio Publico, siendo este un acto en Desigualdad, dado que en su responde no han aportando ni fundadamente la prueba con la cual se oponen a la excepción siendo limitada su fundamentación al solo mencionar las Sentencias Constitucionales, en tanto que nuestras personas han cumplido con lo establecido en el artículo 314 parágrafo I) al acotar la prueba IDONEA y PERTINENTE, siento que estos elementos probatorios debían haber sido exhaustivamente valorados por el juzgador, y que el mismo en su resolución tampoco refiere porque no era idónea y no porque no era• pertinente, pero el precepto no contempla la vertiente referido por el juzgador al referir insuficiente prueba para acreditar, dado que el Juzgado cita al Auto Supremo 785/2016 de fecha 10 de octubre donde refiere "debe acreditarse como medio idóneo de que no existió interrupción o suspensión del termino de prescripción, incumplimiento lo dispuesto por el articulo 314 parágrafo I del CPP, al no acreditarse que no procedió a existir la suspensión del término de la prescripción durante el trámite del Sistema de Registro Judicial SIREJ proceso penal, hasta el momento de la solicitud de la extinción de la acción penal por prescripción, es decir, el de demostrar objetivamente que no haqa existido causales de la suspensión del término de la prescripción) así también (a efectos de proceder a determinar la prescripción de la acción penal debe procederse a fundamentar, porque motivo no concurren los motivos q causales de suspensión, este extremo deberá acreditarse por medio o prueba idóne al enunciando que no existió interrupción o suspensión del término de la prescripción, incumplimiento lo dispuesto por el art. 314 I y III) del CPP, así como el articulo 31 y ,32 asimismo demostrar objetivamente que no haya existido causales de suspensión del término para la prescripción no pudiendo suplir las omisiones de las partes), esta cita por el juzgado refiere de manera puntual al caso en el que el mismo debía fundar su resolución, toda vez de que no explica del porqué no se acredito objetivamente la solicitud y el valor de la prueba presentada y de qué manera tendría que demostrarse este hecho, cosa de que existe esa ausencia de valoración de la prueba aportada, asimismo refiere que también debe fundar con prueba idónea que ha existido interrupción o suspensión del término, cosa de que tampoco refiere a ese extremo, dado que esa prueba de descargo debía haber sido aportada por parte del Ministerio público, en tanto no hay fundamento para declarar INSUFICIENCIA PROBATORIA, dado que el artículo 314 no contempla esa variable de apreciación, siendo que este hecho debe estar enmarcado en el Derecho a la Valoración Razonable de la Prueba, siendo un razonamiento cabal con todos los elementos probatorios respaldado además con los principios generales y Específicos del Derecho penal que ante la duda de la Solicitud siendo al extremo se aplica el principio In Dubio pro Reo dando viabilidad de la solicitud, además de la verificación en relación al Principio de Verdad Material por haber reconocido el transcurso del tiempo en 13 arios y 7 días de haberse cometido el hecho. FUNDAMENTACION JURIDICA Y ANASILIS JURISPRUDENCIAL, ALCANCES Y FINES DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL La SC 0600/2011-R de 3 de mayo, señaló: "En principio, es necesario recordar que la prescripción constituye una institución jurídica en virtud de la cual, y por el transcurso del tiempo determinado por ley, cesa la persecución penal del Estado ejercitada a través de los órganos jurisdiccionales, o por los particulares en los delitos de acción privada Se funda en un interés social por cuanto el Estado no puede prolongar indefinidamente en el tiempo la persecución penal, ya sea por negligencia de la víctima o falta de interés de los órganos encargados de la misma. Guillermo Cabanellas, refiriéndose a este instituto, señaló que constituye: 'La consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión en propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono desidia, inactividad o impotencia' En materia penal sostiene el mismo tratadista que involucra la: 'extinción de la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo sin perseguir el delito o falta luego de quebrantada la condena'. En correspondencia con lo dicho la jurisprudencia constitucional, ha establecido que: La prescripción se traduce en los efectos que produce el transcurso del tiempo sobre el ejercicio de una determinada facultad. Esta definición, aplicada al ámbito penal, significa la expresa renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar debido al tiempo transcurrido. Conforme a ello, es el propio Estado el que, a través de la norma penal (procesal o sustantiva, según las legislaciones), establece los límites de tiempo en que se puede ejercer la persecución penal. La actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida, ya que al hacerlo se quebrantaría el equilibrio que debe existir entre la función de defensa de la sociedad y la protección de derechos y garantías individuales' (SC 0023/2007-R de 16 de enero). El mismo entendimiento, luego de identificar las razones que fundamentan la prescripción, concluyó que ésta: '... debe fundamentarse desde la Constitución, en la medida en que este instituto está íntimamente vinculado con los principios, valores, derechos y garantías constitucionales, fundamentalmente la garantía del debido proceso, la prohibición de indefensión y el derecho a la seguridad jurídica. Así, respecto al derecho a la defensa, es innegable que si pese al tiempo transcurrido, la acción penal se dirigiera contra el supuesto culpable, llegando inclusive a imponerse una pena, se produciría una grave indefensión, pues los medios de defensa de los que podría servirse el imputado, o ya no existirían o se encontrarían debilitados, corriéndose el riesgo de condenar a un inocente por el tiempo transcurrido...' VALORACIÓN DEL AUTO DE FECHAO 28 DE MAYO DE 2019 Cuando el a quo ha afirmado que "...los excepcionistas, tal cual se acredita de la propia documental presentada por los mismos, siendo INSUFICIENTES para poder acreditar los extremos expuestos en su memorial de excepción, el no cumplir con acreditar de que no existía los motivos de suspensión del termino de prescripción", de este modo para el análisis de la juez de Sentencia no tomar en cuenta la naturaleza jurídica del instituto de la prescripciones que ahora dentro del razonamiento del juzgador, el Estado tiene ahora la perpetuidad de seguirnos penalmente, conclusión que va en Sistema de Registro Judicial SIREJ contra de la constitución política del estado, toda la normativa penal y razonamientos jurisprudenciales, pero sobre todo a mis derechos constitucionales. Ahora con lo abundantemente expuesto, se tiene que el auto interlocutorio apelado, incumple la DOCTRINA LEGAL prescrita por la SALA PENAL PRIMERA DE LA EXCMA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA a través del AUTO SUPREMO No. 111 Sucre 31 de enero de 2007 - DISTRITO: Santa Cruz, cuando refiere en la parte considerativa que: "En ese sentido éste tribunal ha determinado con respecto a la motivación de los fallos, que estos deben ser: a) Expresos: Porque el tribunal no puede suplirlos con una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazar sus fundamentas con una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión; b) Claros: En la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aun por los legos; c) Completos: La exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan y a cada una de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanta comprenden el iter a través- del cual el tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi". "La motivación debe ser d) Legítima: La legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no está debidamente motivada y finalmente de ser e) Lógica: Exigiéndose que la sentencia cumpla con las reglas de logiddad, de ahí que- el tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento lógico, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia". Así en el orden de los defectos que describe la DOCTRINA LEGAL APLICABLE INVOCADA, resulta por demás evidente que, el Auto NO ES EXPRESO, sino que al contrario remite su fundamentación únicamente al análisis del art. 314 par. I del CPP. Ahora y continuando desarrollamos el vasto análisis jurisprudencial respecto al momento procesal oportuno para interponer la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, a pesar que el art. 314 par. III es bastante claro relacionado específicamente a la excepción de la extinción penal la sentencia constitucional 1406/2014 de 7 de julio de 2014 refiere: En conocimiento previo de la normativa que rige este instituto jurídico, corresponde manifestar que la SC 0600/2011-R de 3 de mayo, señaló que: "...es necesario recordar que la prescripción constituye una institución jurídica en virtud de la cual, y por el transcurso del tiempo determinado por ley, cesa la persecución penal del Estado ejercitada a través de los órganos jurisdiccionales, o por los particulares en los delitos de acción privada. Se funda en un interés social por cuanto el Estado no puede prolongar indefinidamente en el tiempo la persecución penal, ya sea por negligencia de la víctima o falta de interés de los órganos encargados de la misma. Guillermo Cabanellas, refiriéndose a este instituto, señaló que constituye: 'La consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión en propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono desidia, inactividad o impotencia En materia penal sostiene el mismo tratadista que involucra la: extinción de la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo sin perseguir el delito o falta luego de quebrantada la condena". Del tiempo sobre el ejercicio de una determinada facultad, razonamiento que aplicado al ámbito penal, implica la expresa renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar a causa del tiempo transcurrido; de donde se infiere claramente que es el propio Estado, a través de la nokma penal (procesal o sustantiva, según las legislaciones), quien establece los límites de tiempo en que se puede ejercer la persecución penal; esto, en atención a que la actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida; una interpretación contraria acarrearía consigo el quebrantamiento del equilibrio entre la función de defensa de la sociedad y la protección de derechos y garantías individuales. Del mismo modo, Ia SCP 0283/2013 de 13 de marzo, estableció que: "El derecho fundamental del imputado a la conclusión del proceso penal dentro de un plazo razonable, no se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado de manera expresa; sin embargo, del contenido de varias normas se denota que implícitamente se asegura su ejercicio. Sistema de Registro Judicial SIREJ Así en el art. 115.1 de la CPE, estipula que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, agregando en el segundo parágrafo qué el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, •gratuita, trasparente y sin dilaciones; concordante con lo previsto por el art. 178 de la misma Ley Fundamental, donde prevé que la potestad de impartir justicia se sustenta en varios principios, entre ellos, el de celeridad, inmerso igualmente en el Capítulo Segundo art. 180.1 de la CPE, correspondiente a la jurisdicción ordinaria. Derecho que encuentra sustento en la normativa internacional sobre derechos humanos, como son: '..(Los Pactos), que según la doctrina de este Tribunal integran el bloque de Constitucionalidad y por tanto tienen rango constitucional (Así SSCC 1494/2003-R, 1662/2003-1?, 0069/2Ó04, entre otras), de manera expresa reconocen tal derecho, conforme a lo siguiente: 1) Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.1) 'Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por ley, en la sustanciación de cualquier acusación formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de' cualquier otro carácter'. 2) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art 14.3) Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: c. A ser juzgada sin dilaciones indebidas'. De lo anterior se extrae que la finalidad que persigue el legislador constituyente boliviano al introducir, en concordancia con los preceptos internacionales aludidos, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, es que el imputado pueda definir su situación ante la ley y la sociedad dentro del tiempo más corto posible, desde un punto de vista razonable; poniendo fin a la situación de incertidumbre que genera todo juicio, y la amenaza siempre latente a su libertad que todo proceso penal representa. Con esto se persigue evitar que la dilación indebida del proceso, por omisión o la falta de la diligencia debida de los órganos competentes del sistema penal, pueda acarrear al procesado lesión a otros derechos, entre ellos, el de la dignidad y la seguridad jurídica, que resulten irreparables' (SC 0101/2004 de 14 de septiembre). Normas constitucionales que imponen a las autoridades jurisdiccionales, a cumplir con la función de impartir justicia, de forma pronta, oportuna y sin dilaciones; prevaleciendo el cumplimiento del principio de celeridad dentro de un debido proceso; imponiendo al Estado la carga de garantizar su cumplimiento; motivo por el cual, las normativas adjetivas penales contienen institutos jurídicos como el de la prescripción que causan la extinción de la responsabilidad criminal por el transcurso de un determinado tiempo desde la comisión del delito sin que el procedimiento se dirija o se reanude contra el supuesto culpable. Fin para el cual, el propio Estado, a través de las normas penales, establece los límites de tiempo para ejercer la persecución penal. Refiriéndose a la prescripción en materia penal, la SC 0023/2007-R de 16 de enero, señaló lo siguiente: 'El art. 29 del CPP determina los plazos para la prescripción de la acción penal, atendiendo al máximo legal de la pena privativa de libertad (presidio o reclusión) prevista para los distintos tipos penales establecidos en el Código Penal. Los términos señalados en esa norma, de acuerdo al art. 30 del CPP, empiezan a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación, y pueden interrumpirse por la declaratoria de rebeldía del imputado, como se analizará posteriormente, y suspenderse en los siguientes casos previstos en el art- . 32 del CPP: 1. Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el periodo de prueba Correspondiente. 2. Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas. 3. Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del protes- o-, y, 4. En los deiitas que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado. INTERPOSICIÓN DEL RECURSO Y PETITORIO Con base en los argumentos y fundamentos descritos en este escrito, INTERPONGO RECURSO DE APELACIÓN INCIDENTAL contra la Resolución de fecha 28 de septiembre de 2021 dictada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital que DECLARA INFUNDADA mi excepción de extinción de la acción penal por prescripción, e IMPETRO que se remita el mismo ante la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí a efectos de que el mismo lo tramite conforme a procedimiento y se pronuncie por la ADMISIBILIDAD del recurso y deliberando en el fondo lo declare PROCEDENTE Y EN CONSECUENCIA DECLARE PROBADA LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN A NUESTRO FAVOR RESPECTO DEL DELITO DE ESTAFA. DEFERIR LO IMPETRADO ES ACTO- DE JUSTICIA Otrosí 1°.- Ratifico domicilio procesal. Potosí, 04 de octubre de 2021 DECRETO DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2021______________________________________ Sistema de Registro Judicial SIREJ Nurej: 201002473 Potosí, 07 de Octubre del 2021 Se tiene presente el memorial de Recurso de Apelación Incidental al Auto de fecha 28 de Septiembre del 2021, por lo que conforme al artículo 403 núm. 2), 405 del Cod. de Pdto Penal, Remítase por ante la Sala Penal de turno, para la Resolución de dicho Recurso, sea previo sorteo y con la nota de cortesía correspondiente.- Al Otrosí 1.- Por señalado. Notifíquese.- Fdo. Dr. Marcelo R. Sierra Enríquez……………………………………... Juez de Sentencia Penal Nº4 Ante mí. Fdo. Abg. Oyuki Perez Viscarra………….………..Secretaria del Juzgado de Sentencia Nº4 ES CUANTO SE HACE SABER Y NOTIFICA A LA VICTIMA RAUL ARCE MAMANI: DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SIGUE EL MINISTERIO PÚBLICO A INSTANCIAS DE RAUL ARCE MAMANI EN CONTRA DE GERMAN RICHARD FLORES CABALLERO Y ELIZABETH ROMERO MENCHACA, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE: ESTAFA PREVISTOS POR EL ART. 335 DEL CÓDIGO PENAL BOLIVIANO:LIBRANDOSE EL PRESENTE EDICTO, EN LA CIUDAD DE POTOSI, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUN AÑOS.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D.S.O. :22012004 :23298


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