EDICTO

Ciudad: SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA DÉCIMO QUINTO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


PARA LA VICTIMA: LORENA JIMENEZ SURUBI. EN NOMBRE DE LA LEY. EL DR. CARLOS ALBERTO MOREIRA RIVERO JUEZ DÉCIMO QUINTO DE SENTENCIA EN LO PENAL DE LA CAPITAL A la victima, a objeto de que asuman su defensa en el proceso penal seguido por el ministerio público por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO contra OSCAR GONZALES MONTAÑO, JUAN DANIEL GARCIA HURTADO Y EDWIN CESARI SOLARES. ------------------------------------------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& AUTO DE FS (110 A 112) Santa cruz, 27 de Septiembre de 2.021.- VISTOS: La solicitud de cesación a la detención preventiva formulada por el acusado OSCAR GONZALES MONTAÑO, dentro del proceso a instancias del MINISTERIO PUBLICO por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, los fundamentos expuestos por las partes procesales, antecedentes y documentación presentada; I. HECHOS.- Que, el abogado del acusado por escrito de fecha 08/09/2.021 solicita la cesación a la detención conforme al Art. 239 Núm. 4) del Código de Procedimiento Penal modificado por le ley 1173, argumentando que en fecha 20/08/2.019 se apertura el presente proceso en su contra por el delito de Robo agravado y se ordeno su Detención preventiva; sin que a la fecha tenga sentencia ejecutoriada, atribuyendo la mora procesal al Ministerio Publico y al Órgano Judicial, sin que el acusado realice actos dilatorios dentro del presente proceso; Guardando detención preventiva desde el 20 de agosto de 2.019, conforme se acredita con los antecedentes, por lo que conforme al Art. 239 Núm. 4) solicita la Cesación a la Detención preventiva y se impongan medidas cautelares personales menos gravosas conforme al Art. 231Bis CPP. Que, con la solicitud de Cesación conforme al Art. 239 Núm. 4) del Código de Procedimiento Penal modificado por le ley 1173, se corre traslado al representante del Ministerio Publico, quien dentro del plazo de 48 horas desde su legal notificaciones, no presenta contestación a la solicitud. Ante la problemática planteada corresponde resolver los argumentos expuestos. II. ACTAS DE AUDIENCIA Y RESOLUCIONES ESTABLECIDOS EN EL CUADERNO DE CONTROL JURISDICCIONAL.- Que, de la revisión exhaustiva de las pruebas aportadas se establece: 1) Que, cursa en el cuaderno procesal, Informe de inicio e Imputación formal, Acta de Audiencia de imposición de medidas cautelares y mandamiento de Detención preventiva de fecha 19 de agosto de 2.019. 2) Que, cursa en el cuaderno procesal, Requerimiento Conclusivo de Acusación formal de fecha 28 de mayo de 2.020. 3) Que, cursa en el cuaderno procesal, Auto de Radicatoria ante el Juzgado 15 de Sentencia penal de fecha 25 de septiembre de 2.020. III. CONCLUSIONES.- Que, de la revisión exhaustiva del cuaderno procesal y lo expresado por las partes procesales se puede arribar a las siguientes conclusiones: 1) Que, por resolución de fecha 19 de agosto de 2.019, se establece que se habría ordenado la detención preventiva en contra del acusado supra. 2) Que, desde el 19 de agosto de 2.019 a la fecha de presentación de la solicitud de Cesación fecha 08 de septiembre de 2.021 conforme al Art. 239 Núm. 4) del Código de Procedimiento Penal modificado por le ley 1173 de, ha transcurrido 2 años y 19 días de Detención preventiva. IV. FUNDAMENTACIÓN.- 1) PRESUPUESTOS A CUMPLIR PARA LA PROCEDENCIA DE LA CESACIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA BAJO EL ANÁLISIS ART. 239. 4 DEL CPP. El Código de Procedimiento Penal en su Art. 239.4 modificado por la ley 1173 estableció que “Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio”; 2) DURACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA.- Retomando las características de instrumentalidad y temporalidad de las medidas cautelares, en lo concerniente a la detención preventiva es factible concluir que, su imposición no tiene una finalidad u objeto propio, sino que, responde a los propósitos del proceso principal, por cuya consecuencia, su duración debe ser limitada en el tiempo. En este marco de consideraciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fallo referido en el Fundamento Jurídico anterior, señaló que: “El artículo 7.5 de la Convención Americana garantiza el derecho de toda persona detenida en prisión preventiva a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Este derecho impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva, y, en consecuencia, a las facultades del Estado para proteger los fines del proceso mediante este tipo de medida cautelar. Cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, distintas a la privación de su libertad mediante encarcelamiento. Este derecho impone, a su vez, una obligación judicial de tramitar con mayor diligencia y prontitud aquellos procesos penales en los cuales el imputado se encuentre privado de su libertad (…)”. De conformidad con el razonamiento anteriormente expuesto, que forma parte del bloque de constitucionalidad conforme lo entendió la SC 0110/2010-R de 10 de mayo y, en coherencia con las características de las medidas cautelares, la detención preventiva debe ser limitada en el tiempo, de tal modo que su duración responderá única y exclusivamente a los fines del proceso, lo contrario significa hacer abuso de dicha medida tornándola en una pena anticipada y, en consecuencia, implica vulneración de la garantía de la presunción de inocencia, entendida desde su verdadera dimensión dentro del proceso penal. En ese sentido, los principios pro homine, arts. 13.IV y 256.I de la CPE y 29.b) de la CADH, y progresividad (art. 13.I de la CPE) exigen que, al aplicar e interpretar los derechos humanos y fundamentales, siempre se acuda a la norma y a la interpretación más amplia, extensiva y favorable y, en consecuencia, respecto a las limitaciones o restricciones en el ejercicio de un determinado derecho, se efectúe una interpretación restrictiva, con la finalidad de afectar lo menos posible a la vigencia y eficacia del derecho fundamental, garantizado de esa manera, el intérprete de la norma, la plena vigencia de los derechos fundamentales reconocidos a favor de la persona. Por otro lado, la garantía de la presunción de inocencia, conforme se tiene señalado anteriormente, como regla de tratamiento de la persona que se encuentra sometida a proceso, implica que, el imputado, mientras no se pruebe su culpabilidad a través de una sentencia con calidad de cosa juzgada material, debe ser tratado en todo momento como inocente. En ese sentido, cabe hacer referencia al art. 116.I de la CPE, que garantiza la presunción de inocencia y, como efecto de dicha garantía, constitucionaliza el criterio de interpretación de favorabilidad (pro libertad) cuando exista duda sobre la norma aplicable, al señalar que: “…Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”. Criterio de interpretación que antes de la vigencia de la actual Constitución Política del Estado estaba contenido en los arts. 6, 7 y 221 del CPP, cuyas normas armonizan, con las consideraciones antes señaladas, puesto que; por un lado, establece la garantía de la presunción de inocencia, exigiendo que el imputado reciba un trato de inocente mientras no exista contra ella una sentencia ejecutoriada que demuestre su culpabilidad y; por otro, consagra la aplicación del principio de favorabilidad en cuanto al régimen de las medidas cautelares, instituyendo que, al surgir una duda en cuanto a su aplicación se refiere, debe imponerse lo menos perjudicial al ejercicio de los derechos fundamentales del encausa. I. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.- 1) Que, en el caso de autos, se ha proporcionado, elementos de prueba que al tenor del Art. 239 inciso 4) del CPP modificado por la ley 1173, hace permisible que el órgano jurisdiccional pueda revisar los plazos procesales del expediente procesal: en el cual al acusado supra se le atribuye el delito de ROBO AGRAVADO. 2) El Código de Procedimiento Penal en su Art. 239.4 modificado por la ley 1173 estableció que “Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio”; Ahora bien, de la normativa antes referida se evidencia que el señalado en la misma, es computable desde el momento que se dispuso la detención preventiva del acusado, en el entendido que, la aplicación del art. 239. 4) del CPP, no lo requiere; de donde se establece que el acusado se encuentra Detenido Preventivo desde el 19 de agosto de 2.019, y a la fecha de presentación de la solicitud de Cesación de fecha 08 de septiembre de 2.021 han transcurrido más de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia de Detención preventiva sobrepasando el tiempo establecido en el Art. 239. 4) del CPP. 3) Que, en aplicación a la vasta jurisprudencia emitida por la Corte interamericana cuyas jurisprudencia es de aplicación preferente conforme al Art. 410 CPE, se infiere que se debe precautelar el derecho a la libertad cuando la parte acusada ha acreditado que la detención preventiva a excedido los veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia en primera instancia, interpretar de distinta forma implicaría vulnerar el principio de igualdad y discriminar al acusado por su situación coyuntural las cuales no van acorde con la hermenéutica constitucional, por lo que corresponde la aplicación del principio de favorabilidad y pro homine, y conceder la cesación a la detención preventiva incoada por la defensa del acusado. POR TANTO: El suscrito Juez de Sentencia Penal 15º de la Capital, en base a la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, conforme al Art. 53 y en virtud al Art. 250 concordante con el Art. 239 Inc. 4) del Código de Procedimiento Penal modificado por la ley 1173, con relación a los Arts. 7, 221 y 222 de la citada ley, y en aplicación a la jurisprudencia constitucional supra mencionada resuelve ACEPTAR LA SOLICITUD DE CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA incoado por el acusado: OSCAR GONZALES MONTAÑO, al efecto se dispone la aplicación de las siguientes medidas cautelares personales previstas en el Art. 231bis: 1. La detención domiciliaria desde horas 19:00 hasta las 07:00 a.m 2. La obligación de presentarse ante el Ministerio Publico, cada viernes de cada semana, con el objeto de rubricar su firma en el libro de control de asistencia. 3. La prohibición de salir del país, a cuyo efecto se dispone el arraigo del coacusado supra. 4. La prohibición de comunicarse con las personas involucradas en el presente proceso. 5. Una fianza económica en la suma de 30.000.00 Bs (Treinta mil bolivianos 00/100), debiendo realizar el deposito en la cuenta de las oficinas de depósitos judiciales del Órgano Judicial. Una vez cumplidas las medidas impuestas se ordena emitir el mandamiento de libertad a favor del acusado supra. Se advierte al acusado en caso de que incumpla las medidas serán revocadas aun de oficio. Las partes quedan legalmente notificadas con la presente resolución, pudiendo en su caso, recurrir en apelación incidental, conforme al Art. 403 del CPP. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.- FDO.- ILEG. - CARLOS ALBERTO MOREIRA RIVERO – JUEZ - JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 15 DE LA CAPITAL. FDO.- ILEG. - CARLOS ALFREDO CRUZ ROMÁN. - SECRETARIO – JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 15 DE LA CAPITAL. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ES CUANTO SE HACE CONOCER POR MEDIO DEL PRESENTE EDICTO JUDICIAL, A LOS FINES CONSIGUIENTES DE LEY, SANTA CRUZ DE LA SIERRA A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. -- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


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