EDICTO

Ciudad: SUCRE

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PRIMERO EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN Y DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL


Sistema de Registro Judicial SIREJ JUZGADO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y DE MATERIA CONTRA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Nº 1 DE LA CAPITAL SUCRE-BOLIVIA EDICTO Nº 87/2021 EL DOCTOR GARY BRACAMONTE GUMIEL, JUEZ DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y DE MATERIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Nº 1 DE LA CAPITAL, SUCRE –BOLIVIA Sucre – Bolivia POR EL PRESENTE EDICTO HACE SABER A LOS IMPUTADOS: LUIS ROMERO Y FRANZ CRISTIAN MENDOZA VARGAS dentro del proceso penal seguido por Ministerio Público a denuncia de CARLOS FAVIAM VILCHUA, en contra de : LUIS ROMERO, FRANZ CRISTIAN MENDOZA VARGAS Y OTROS, por la presunta comisión del delito de OMISION DE DECLARACION DE BIENES, previsto y sancionado por el Art. 149 del Código Penal, con C. U: 101102012100875; SE HA DISPUESTO QUE SE NOTIFIQUE CON: MEMORIAL DE IMPUTACION FORMAL Y REQUERIMIENTO DE CRITERIO DE OPORTUNIDAD DE 27 DE AGOSTO DE 2021 Y AUTO DE 30 DE AGOSTO DE 2021 ; CUYO TENOR LITERAL ES COMO A CONTINUACION SE TRANSCRIBE ---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- /// A CONTINUACIÒN SE ADJUNTA; : MEMORIAL DE IMPUTACION FORMAL Y REQUERIMIENTO DE CRITERIO DE OPORTUNIDAD DE 27 DE AGOSTO DE 2021 Y AUTO DE 30 DE AGOSTO DE 2021 correspondiente al cuaderno de investigación.///------------- ------------------------------------------------------------------ MEMORIAL DE IMPUTACION FORMAL Y REQUERIMIENTO DE CRITERIO DE OPORTUNIDAD DE 27 DE AGOSTO DE 2021 SEÑOR JUEZ PRIMERO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y DE MATERIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DE LA CAPITAL Recalifica tipo penal.---- Imputa formalmente.----- Requiere criterio de oportunidad.------ C.U 101102012100875. ---- Otrosíes.- El suscrito Fiscal de Materia, asignada la Fiscalía Especializada de Delitos Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aduaneros y Tributarios de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, dentro de la investigación seguida por el Ministerio Publico a querella de CARLOS FABIAN VILACAHUA en su condición de Director Técnico del SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - CHUQUISACA en contra de DAMIANA GARCIA COA, ELVER MARTINEZ OCHOA, FRANZ CRISTIAN MENDOZA VARGAS, OLGA AGUILAR COLLAZOS, ADRIANA CAMPOS FLORES, NICOLAS CASTRO MAMANI, BENJAMIN COCA HERBOSO, BENJAMIN LEDEZMA MIRANDA, MARIA ESTHER LOPEZ PINTO, SEVERA LUJAN GARCIA, TOMASA MERCADO YUCRA, WILSON ORIHUELA TAPIA, WALTER PEREZ ESTRADA, MARIA FLORA ROMERO HUARACHI, LUIS ROMERO, TERESA GUEISA RUIZ DURAN, ROSENDA SEGOVIA ARRUETA, JAIME VILDOZO VILLCA Y MARIA DOLORES ZUÑIGA ARANCIBIA por la presunta comisión del delito de OMISION DE DECLARACION DE BIENES Y RENTAS, previsto y sancionado en el Art. 149 del Código Penal, de conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio Público, Art. 301, Inc. 1) y 302 del Código de Procedimiento Penal, ante su autoridad con las debidas consideraciones de respeto exponemos y peticionamos lo siguiente: I. DATOS GENERALES DE LAS IMPUTADOS Nombre y apellidos : DAMIANA GARCIA COA Cédula de identidad : 8586923 Pt. Fecha de nacimiento : 16 de marzo de 1989 Lugar de nacimiento : Potosí – Chayanta - Marcoma Estado civil : Casada Ocupación : Enfermera Domicilio real : Barrió Illimani S/N, Zona Lajastambo Teléfono o celular : 73880862 Abogado defensor : David Pinto Orellana Domicilio procesal : Calle Ravelo N° 362 Teléfono o celular : 73410773 Nombre y apellidos : FRANZ CRISTIAN MENDOZA VARGAS Cédula de identidad : 4082985 Fecha de nacimiento : 20 de noviembre de 1977 Lugar de nacimiento : Chuquisaca – Tomina – Padilla Estado civil : Soltero Ocupación : Chofer Domicilio real : Calle Zudáñez S/N del municipio de Padilla Teléfono o celular : 72896361 Abogado defensor : José Luis Córdova Ibarra Domicilio procesal : Calle Ravelo N° 301 - B Teléfono o celular : 72897663 Nombre y apellidos : OLGA AGUILAR COLLAZOS Cédula de identidad : 1051557 Sistema de Registro Judicial SIREJ Fecha de nacimiento : 03 de junio de 1957 Lugar de nacimiento : Potosí – Chayanta - Ravelo Estado civil : Casada Ocupación : Auxiliar de Enfermería (Se desconocen más datos) Nombre y apellidos : ADRIANA CAMPOS FLORES Cédula de identidad : 1035024 Ch. Fecha de nacimiento : 17 de marzo de 1952 Lugar de nacimiento : Chuquisaca – Oropeza - Sucre Estado civil : Soltera Ocupación : Enfermera General Domicilio real : Calle Machareti N° 32 Teléfono o celular : 72896361 Abogado defensor : Cinthia Anahí Guzmán Carvajal Domicilio procesal : Calle Campo la Gloria N° 195 Teléfono o celular : 72890021 Nombre y apellidos : NICOLAS CASTRO MAMANI Cédula de identidad : 1286123 Pt. Fecha de nacimiento : 25 de agosto de 1954 Lugar de nacimiento : Potosí – Antonio Quijarro - Maquela Estado civil : Casado Ocupación : Chofer Domicilio real : Av. del Ejercito N° 1033 Teléfono o celular : 76115327 Abogado defensor : José Lucas Ayca Bautista Domicilio procesal : Calle Gregorio Mendizábal N° 325 Teléfono o celular : 72995763 Nombre y apellidos : BENJAMIN COCA HERBOSO Cédula de identidad : 5646987 Ch. Fecha de nacimiento : 22 de agosto de 1980 Lugar de nacimiento : Chuquisaca – Oropeza - Sucre Estado civil : Casado Ocupación : Chofer Domicilio real : Plaza M. Asencio Padilla N° 4, municipio de Padilla Teléfono o celular : 72857903 Abogado defensor : Gian Franco Molina Vargas Domicilio procesal : Calle Rene Calvo Arana N° 432 Teléfono o celular : 72859143 Nombre y apellidos : BENJAMIN ROBERTO LEDEZMA MIRANDA Cédula de identidad : 1032470 Ch. Fecha de nacimiento : 31 de marzo de 1947 Lugar de nacimiento : Potosí – Rafael Bustillo – Siglo XX Estado civil : Casado Ocupación : Médico Cirujano Domicilio real : Calle Tarapacá N° 25 Teléfono o celular : 73425031 Abogado defensor : Fedor Vassily Dorado Careaga Domicilio procesal : Calle Regimiento Carabineros Teléfono o celular : 72884758 Nombre y apellidos : MARIA ESTHER LOPEZ PINTO Cédula de identidad : 1081610 Ch. Fecha de nacimiento : 09 de agosto de 1961 Lugar de nacimiento : Chuquisaca – Oropeza - Sucre Estado civil : Soltera Ocupación : Labores de casa Domicilio real : Barrió América S/N, Zona El Palmar Teléfono o celular : 73428584 Abogado defensor : Aurora Miranda Carballo Domicilio procesal : Calle Loa N° 526 Teléfono o celular : 71158134 Nombre y apellidos : SEVERA LUJAN GARCIA DE GOMEZ Cédula de identidad : 779509 Cbba. Fecha de nacimiento : 08 de noviembre de 1947 Lugar de nacimiento : Cochabamba – Campero - Aiquile Estado civil : Casada Ocupación : Lic. en Enfermería Domicilio real : Calle Adela Zamudio N° 126 Teléfono o celular : 61888356 Abogado defensor : Edgar Torres Campos Domicilio procesal : Calle Adolfo Costa Du Rels N° 180 Teléfono o celular : 72995763 Nombre y apellidos : WALTER PEREZ ESTRADA Cédula de identidad : 1434540 Pt. Fecha de nacimiento : 21 de junio de 1964 Lugar de nacimiento : Potosí – José María Linares – Duraznos Estado civil : Casado Ocupación : Auxiliar de Enfermería Domicilio real : Calle Matorral S/N, Zona Alto San Juanillo Teléfono o celular : 73852808 Abogado defensor : Luis Fernando Condori Janko Domicilio procesal : Calle Gaspar de las Cuevas N° 451 Teléfono o celular : 73663396 Nombre y apellidos : MARIA FLORA ROMERO HUARACHI Cédula de identidad : 1782922 Tj. Fecha de nacimiento : 22 de noviembre de 1955 Lugar de nacimiento : Oruro - Cercado - Oruro Estado civil : Casada Ocupación : Lic. en Enfermería Domicilio real : Calle Cañada Strongest N° 50 Teléfono o celular : 64 - 32058 Abogado defensor : Julián Cruz Chávez Domicilio procesal : Av. Hernando Siles N° 642 Teléfono o celular : 68623017 Nombre y apellidos : LUIS ROMERO Cédula de identidad : 4096144 Fecha de nacimiento : 06 de julio de 1954 Lugar de nacimiento : Chuquisaca – Azurduy - Cimientos Estado civil : Casado Ocupación : Funcionario Publico Sistema de Registro Judicial SIREJ (Se desconocen más datos) Nombre y apellidos : TERESA GUEISA RUIZ DURAN Cédula de identidad : 1700995 Bn. Fecha de nacimiento : 27 de septiembre de 1959 Lugar de nacimiento : Beni – Vaca Diez - Guayaramerin Estado civil : Soltera Ocupación : Religiosa Domicilio real : Calle Camargo N° 213 Teléfono o celular : 67145405 Abogado defensor : Christian Jesús Gonzalo Herbas Delgadillo Domicilio procesal : Calle Pastor Sainz N° 182 Teléfono o celular : 74443647 Nombre y apellidos : ROSENDA SEGOVIA ARRUETA Cédula de identidad : 1059599 Fecha de nacimiento : 01 de marzo de 1957 Lugar de nacimiento : Chuquisaca – Hernando Siles - Añimbo Estado civil : Divorciada Ocupación : Labores de casa Domicilio real : Residencia en Yotala Teléfono o celular : 7611117490 Abogado defensor : Juan Pablo Mendieta Garrón Domicilio procesal : Av. German Busch N° 28 Teléfono o celular : 71178251 Nombre y apellidos : JAIME VILDOZO VILLCA Cédula de identidad : 1218023 Pt. Fecha de nacimiento : 13 de abril de 1944 Lugar de nacimiento : Potosí – Tomas Frías – Potosí Estado civil : Casado Ocupación : Pediatra Domicilio real : Calle Santa Lucia N° 2, Barrio Libertadores Teléfono o celular : 72896717 Abogado defensor : Rolando Vásquez Choque Domicilio procesal : Av. Jaime Mendoza N° 2510, Of. 2 Teléfono o celular : 72898400 Nombre y apellidos : MARIA DOLORES ZUÑIGA ARANCIBIA Cédula de identidad : 1050048 Fecha de nacimiento : 09 de abril de 1954 Lugar de nacimiento : Chuquisaca – Oropeza - Sucre Estado civil : Soltera Ocupación : Costurera (Se desconocen más datos) II. DATOS GENERALES DEL QUERELLANTE Nombre y apellidos : CARLOS FAVIAN VILACAHUA TORREZ en su condición de Director Técnico del SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD – CHUQUISACA Domicilio real y procesal : Calle Rosendo Villa N° 202 III. DESCRIPCIÓN DEL HECHO De la querella formulada por Carlos Favian Vilacahua Torrez en su condición de Director Técnico del Servicio Departamental de Salud (SEDES – CH), se tiene que por nota ENC.-DJBR-SEDES CH CITE: 001/2021, del que se desprende el informe de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas por INCORPORACIONES, DEJACION DE CARGO Y CUMPLEAÑOS correspondiente al periodo ABC - cuarto trimestre: octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2020, con indicios de responsabilidad por la función pública, denotándose que los ciudadanos Damiana García Coa, Elver Martínez Ochoa, Franz Cristian Mendoza Vargas, Olga Aguilar Collazos, Adriana Campos Flores, Nicolás Castro Mamani, Benjamín Coca Herboso, Benjamín Ledezma Miranda, María Esther López Pinto, Severa Lujan García, Tomasa Mercado Yucra, Wilson Orihuela Tapia, Walter Pérez Estrada, María Flora Romero Huarachi, Luis Romero, Teresa Gueisa Ruiz Duran, Rosenda Segovia Arrueta, Jaime Vildozo Villca y María Dolores Zúñiga Arancibia, hubieren incumplido con la presentación de su declaración jurada de bienes y rentas en el plazo oportuno. IV. INDICIOS SOBRE LA EXISTENCIA DEL HECHO Y SU VINCULACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DE LA DENUNCIADA EN EL DELITO IMPUTADO En mérito a que la Sentencia Constitucional No. SC 760/2003-R que ha establecido que la imputación formal no es la simple atribución de un hecho punible a una persona, sino que la misma debe sustentarse en la existencia de indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo en alguno de los grados de participación criminal establecido por la ley penal sustantiva, o lo que es lo mismo, deben apreciarse indicios relacionados sobre su participación en el hecho que se les imputa, en la presente ocasión, los indicios colectados y que vinculan a las imputadas con los hechos son: 1. Querella de 01 de marzo de 2021, interpuesta por Favian Vilacahua Torrez en su condición de Director Técnico del Servicio Departamental de Salud (SEDES – CH) en contra de Damiana García Coa, Elver Martínez Ochoa, Franz Cristian Mendoza Vargas, Olga Aguilar Collazos, Adriana Campos Flores, Nicolás Castro Mamani, Benjamín Coca Herboso, Benjamín Ledezma Miranda, María Esther López Pinto, Severa Lujan García, Tomasa Mercado Yucra, Wilson Orihuela Tapia, Walter Pérez Estrada, María Flora Romero Huarachi, Luis Romero, Teresa Gueisa Ruiz Duran, Rosenda Segovia Arrueta, Jaime Vildozo Villca y María Dolores Zúñiga Arancibia por la presunta comisión del ilícito de declaración jurada de bienes y rentas previsto en la sanción del Art. 149 del Código Penal, adjuntando la siguiente documentación: ? Oficio ENC.-DJBR-SEDES CH CITE: 001/2020 de 10 de febrero de 2021, suscrito por Ericka Bejarano Canizares Responsable de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del SEDES CH, por el que hace conocer los informes correspondientes al periodo ABC – CUARTO TRIMESTRE de los meses octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2020, por incorporaciones, dejación de cargos y cumpleaños. ? Informe Jurídico de 26 de febrero de 2021 elaborado por la Abog. Karina Valdez Campos Asesora Jurídica del SEDES CH., por el que recomienda en virtud a los antecedentes y conclusiones, que al ser demostrado y verificado el Informe emitido por la Responsable de declaraciones juradas de bienes y rentas, por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, por indicios de responsabilidad por la función pública antes de tomar posesión del cargo y después del ejercicio del cargo se debe dar cumplimiento al Art. 16 del D.S. 1233, que establece el inicio de las acciones legales que correspondan, por lo que se debe presentar la respectiva querella ante el Ministerio Publico en contra de los servidores públicos: * Antes de tomar posesión del cargo, Damiana García Coa, Elver Martínez Ochoa y Franz Mendoza Vargas. * Por dejación de cargo, Olga Aguilar Collazos, Adriana Campos Flores, Nicolás Castro Mamani, Benjamín Coca Herboso, Benjamín Ledezma Miranda, María Esther López Pinto, Severa Lujan García, Tomasa Mercado Yucra, Wilson Orihuela Tapia, Walter Pérez Estrada, María Flora Romero Huarachi, Luis Romero, Teresa Gueisa Ruiz Duran, Rosenda Segovia Arrueta, Jaime Vildozo Villca y María Dolores Zúñiga Arancibia. 2. Certificación Cite U.RRHH N° 96/2021 de 08 de abril de 2021, suscrito por el Lic. Álvaro F. Estrada Cuenca, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SEDES – CH., mismo que refrenda el cargo y la baja de la institución de los siguientes ciudadanos: Sistema de Registro Judicial SIREJ N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ALTA BAJA 1 Damiana García Coa Auxiliar de enfermería 20/11/2020 2 Elver Martínez Ochoa Médico especialista 01/10/2020 3 Franz Cristian Mendoza Vargas Auxiliar de oficina 27/11/2020 4 Olga Aguilar Collazos Auxiliar de enfermería 30/09/2020 5 Adriana Campos Flores Enfermera de planta 30/09/2020 6 Nicolás Castro Mamani Auxiliar nocturno 30/11/2020 7 Benjamín Coca Herboso Conductor 24/11/2020 8 Benjamín Ledezma Miranda Médico Especialista 02/10/2020 9 María Esther López Pinto Auxiliar de enfermería 03/11/2020 10 Severa Lujan García Licenciada en enfermería 05/10/2020 11 Tomasa Mercado Yucra Trabajadora manual 01/08/2020 12 Wilson Orihuela Tapia Médico General 06/10/2020 13 Walter Pérez Estrada Auxiliar de enfermería 06/11/2020 14 María Flora Romero Huarachi Licenciada en enfermería 01/10/2020 15 Luis Romero Auxiliar de enfermería 20/11/2020 16 Teresa Gueisa Ruiz Duran Enfermera de planta 04/12/2020 17 Rosenda Segovia Arrueta Trabajadora manual 01/10/2020 18 Jaime Vildoso Villca Médico pediatra 23/12/2020 19 María Dolores Zúñiga Arancibia Trabajadora manual 01/11/2020 ? Asimismo adjunta la siguiente documentación: o Memorándum Cite URRHH N° 1714/2020 de 20 de noviembre de 2020, suscrito por la Lic. Liz Karina Agreda Vedia, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SEDES – CHUQUISACA, dirigido a Damiana García Coa, por el que la designa al cargo de Auxiliar de Enfermería del Puesto de Salud Ajial del municipio de Poroma dependiente del Servicio Departamental de Salud Chuquisaca. o Memorándum Cite URRHH N° 1052/2020 de 01 de octubre de 2020, suscrito por la Lic. Liz Karina Agreda Vedia, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SEDES – CHUQUISACA, dirigido a Elver Martínez Ochoa, por el que designa al cargo de Médico Especialista en Traumatología M/T del Hospital del Niño dependiente del Servicio Departamental de Salud Chuquisaca. o Memorándum Cite URRHH N° 1766/2020 de 27 de noviembre de 2020, suscrito por la Lic. Liz Karina Agreda Vedia, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SEDES – CHUQUISACA, dirigido a Franz Cristian Mendoza Vargas, por el que lo designa al cargo de Auxiliar Oficinista del Hospital de Padilla dependiente del Servicio Departamental de Salud Chuquisaca. o Nota de 30 de septiembre de 2020 suscrito por Olga Aguilar Collazos, por el que pone a conocimiento su renuncia al cargo de Auxiliar de Enfermería, a efectos de acceder a su jubilación. o Nota de 23 de noviembre de 2020 suscrito por Nicolás Castro Mamani, por el que pone a conocimiento su renuncia al cargo de Trabajador Manual desde el 30 de noviembre de 2020, a efectos de acceder a su jubilación. o Memorándum Cite URRHH N° 1663/2020 de 30 de octubre de 2020, suscrito por la Lic. Liz Karina Agreda Vedia, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SEDES – CHUQUISACA, dirigido a Benjamín Coca Herboso, por el cual se le agradece los servicios de Chofer del Hospital de Padilla dependiente del Servicio Departamental de Salud Chuquisaca, notificándose al pie el 03 de noviembre de 2021. o Formulario de solicitud de notificación correspondiente a Benjamín Coca Herboso, que da cuenta que el prenombrado goza de vacaciones hasta el 23 de noviembre de 2020. o Nota de 02 de octubre de 2020 suscrito por Benjamín Ledezma Miranda, por el cual pone a conocimiento su renuncia al cargo de Médico Especialista a efectos de acceder a su jubilación. o Nota de 22 de octubre de 2020 suscrito por María Esther López Pinto, por el cual pone a conocimiento su renuncia al cargo de Auxiliar de Enfermería a efectos de acceder a su jubilación a partir del 03 de noviembre de 2020. o Nota de 05 de octubre de 2020 suscrito por Severa Lujan García, por el cual pone a conocimiento su renuncia al cargo de Lic. en Enfermería a efectos de acceder a su jubilación. o Nota de 27 de julio de 2020 suscrito por Wilson Orihuela Tapia, por el cual pone a conocimiento su renuncia al cargo de Médico Responsable del Centro de Salud San Leonino de Iguembe. o Nota de 06 de noviembre de 2020 suscrito por Walter Pérez Estrada, por el cual pone a conocimiento su renuncia al cargo que realiza en el Puesto de Salud Ajial de Poroma. o Nota de 24 de septiembre de 2020 suscrito por María Flora Romero Huarachi, por el cual pone a conocimiento su renuncia al cargo de Enfermera de Plata del Instituto Nacional de Psiquiatría “Gregorio Pacheco”, a partir del 01 de octubre de 2020. o Nota de 20 de noviembre de 2020 suscrito por Luis Romero, por el cual pone en conocimiento su renuncia la cargo de Auxiliar de Enfermería por motivos de salud. o Nota de 24 de septiembre de 2020 suscrito por Rosenda Segobia Arrueta, por el cual pone en conocimiento su renuncia al cargo de Trabajadora Manual a efectos de iniciar su trámite por jubilación. o Nota de 30 de noviembre de 2020 suscrito por Jaime Vildozo Villca, por el cual pone en conocimiento su renuncia al cargo de Médico Pediatra a efectos de acogerse a su jubilación. o Nota de 10 de diciembre de 2020 suscrito por la Lic. Rosario Moscoso Marín, jefe de Departamento de Gestión de Recursos Humanos, por el que informa que la fecha de cesación de Jaime Vildozo Villca en razón a su vacación es a partir del 24 de diciembre de 2020. o Nota de 26 de octubre de 2020 suscrito por María Dolores Zúñiga Arancibia, por el cual hace conocer su renuncia al cargo de Trabajadora manual a efectos de acogerse a su jubilación. Sistema de Registro Judicial SIREJ o Nota de 30 de noviembre de 2020 suscrito por Teresa Gueisa Ruiz Duran, por el cual hace conocer su renuncia irrevocable al cargo de Enfermera de Planta Responsable de Medicina Interna. o Nota de 04 de marzo de 2021 suscrito por la Dra. Elba Aceituno Directora del Hospital San Pedro Claver, por el cual pone en conocimiento que la hermana Sor Teresa Gueisa Ruiz Dura salió de vacaciones hasta el 30 de noviembre de 2020. 3. Nota Cite: GDH-265-2021 de 12 de abril de 2021, suscrito por la Abog. Jhoanna Acuña Anibarro Gerente Departamental Chuquisaca de la Contraloría General del Estado, quien remite lo siguiente: ? Informe UDJBR/CI-018/2021 de 09 de abril de 2021, suscrito por la Ing. Claudia América Sanabria Mujica, que da cuenta que no se ha identificado ningún registro respecto a Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas “por asumir el ejercicio del nuevo cargo” y/o “después del ejercicio del cargo” en la gestión 2020 y 2021 de los ciudadanos Olga Aguilar Collazos, Benjamín Coca Herboso, Tomasa Medrano Yucra, Walter Pérez Estrada, Luis Romero y María Dolores Zúñiga Arancibia. ? Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de Damiana García Coa, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 25 de noviembre de 2020 (Por asumir el ejercicio del nuevo cargo y por la conclusión del anterior cargo). ? Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de Elver Martínez Ochoa, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 02 de octubre de 2020 (Por asumir el ejercicio del nuevo cargo). ? Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de Franz Cristian Mendoza Vargas, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 01 de diciembre de 2020 (Por asumir el ejercicio del nuevo cargo). ? Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de Adriana Campos Flores, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 18 de marzo de 2021 (Después del ejercicio del cargo). ? Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de Nicolás Castro Mamani, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 08 de febrero de 2021 (Después del ejercicio del cargo). ? Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de Benjamín Ledezma Miranda, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 18 de marzo de 2021 (Después del ejercicio del cargo). ? Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de María Esther López Pinto, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 18 de marzo de 2021 (Después del ejercicio del cargo). ? Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de Severa Lujan García de Gómez, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 18 de marzo de 2021 (Después del ejercicio del cargo). ? Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de María Flora Romero Huarachi, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 01 de abril de 2021 (Después del ejercicio del cargo). ? Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de Rosenda Segobia Arrueta, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 18 de marzo de 2021 (Después del ejercicio del cargo). ? Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de Jaime Vildozo Villca, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 03 de marzo de 2021 (Después del ejercicio del cargo). 4. Nota Cite: GDH-285-2021 de 12 de abril de 2021, suscrito por la Abog. Jhoanna Acuña Anibarro Gerente Departamental Chuquisaca de la Contraloría General del Estado, quien remite lo siguiente: ? Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de Wilson Orihuela Tapia, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 01 de marzo de 2021 (Por asumir el ejercicio del nuevo cargo y por la conclusión del anterior cargo). ? Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de Teresa Gueisa Ruiz Duran, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 02 de marzo de 2021 (Después del ejercicio del cargo). 5. Por memoriales presentados por el ciudadano Benjamín Coca Herboso, se tiene la siguiente documental: ? Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de Benjamín Coca Herboso, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 26 de mayo de 2021 (Después del ejercicio del cargo). 6. Así mismo se tiene que los ciudadanos Damiana García Coa, Elver Martínez Ochoa, Franz Cristian Mendoza Vargas, Adriana Campos Flores, Nicolás Castro Mamani, Benjamín Coca Herboso, Benjamín Ledezma Miranda, María Esther López Pinto, Severa Lujan García, Tomasa Mercado Yucra, Walter Pérez Estrada, María Flora Romero Huarachi, Teresa Gueisa Ruiz Duran, Rosenda Segovia Arrueta y Jaime Vildozo Villca, han prestado su correspondiente Declaración Informativa teniéndose cumplidos así los requisitos procesales. 7. Se tiene la publicación de edicto realizadas el 20 de agosto de 2021, a efectos de que Olga Aguilar Collazos, Wilson Orihuela Tapia, Luis Romero y María Dolores Zúñiga Arancibia, presten su declaración informativa. 8. Así como demás antecedentes cursantes en el cuaderno de investigaciones. V. RECALIFICA TIPO PENAL E IMPUTA FORMALMENTE Considerando que la etapa preparatoria tiene por objeto la acumulación de elementos que den cuenta de la existencia de elementos probatorios suficientes sobre la existencia del hecho y que ese hecho se subsuma a un tipo penal para finalmente determinar la participación del o los posibles autores del hecho, en la presente investigación se cuenta con suficientes elementos de convicción que permiten establecer la existencia del hecho y la verdad histórica del mismo, toda vez de que concluida la etapa preliminar y conforme a los actuados investigativos cursantes en el cuaderno de investigaciones, la investigación desarrollada en la fase preliminar propiamente dicha, tiene por resultado la acumulación de suficientes indicios de la participación de los imputados: DAMIANA GARCIA COA, FRANZ CRISTIAN MENDOZA VARGAS, OLGA AGUILAR COLLAZOS, ADRIANA CAMPOS FLORES, NICOLAS CASTRO MAMANI, BENJAMIN COCA HERBOSO, BENJAMIN ROBERTO LEDEZMA MIRANDA, MARIA ESTHER LOPEZ PINTO, SEVERA LUJAN GARCIA DE GOMEZ, WALTER PEREZ ESTRADA, MARIA FLORA ROMERO HUARACHI, LUIS ROMERO, TERESA GUEISA RUIZ DURAN, ROSENDA SEGOVIA ARRUETA, JAIME VILDOZO VILLCA Y MARIA DOLORES ZUÑIGA ARANCIBIA, en relación al delito de: INCUMPLIMIENTO DE DEBERES previsto y sancionado por el Art. 154 del Código Penal con las modificaciones de la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, por ende la posibilidad de sindicarlas como AUTORES del referido ilícito penal que a la letra reza: “La servidora o servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años...”. De ahí que del artículo mencionado precedentemente se tendría que el Incumplimiento de Deberes es el delito por el que se omite de forma dolosa el cumplimiento de una obligación legalmente establecida emergente de la función pública; la condición objetiva de antijuricidad se traduce en que la función, acto, deber u obligación omitida, esté legalmente establecida y sea propia de la administración pública, puesto que no se le podrá exigir conducta dolosa ni culposa alguna a quien no tiene obligación de realizar un determinado acto. ---- Conforme lo señalado, se tiene lo dispuesto por el Art. 235 núm. 3) de la Constitución Política del Estado, norma que señala que una de las obligaciones de las servidoras y los servidores públicos es la de “Presentar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo…”, norma máxima y de observancia obligatoria que tiene estrecha vinculación con la Ley SAFCO que en su Art. 28 señala de forma expresa: “Todo servidor público responderá por los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A éste efecto: a) La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinarán tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión…”, en consecuencia sancionando expresamente la responsabilidad penal en su Art. 34: “la responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público y de los particulares, se encuentra tipificada en el Código Penal...”; de similar modo y sobre el particular se tiene la Ley Nº 2027 o Estatuto del Funcionario Público que señala lo siguiente : “Art. 53° (DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS).- Todos los servidores públicos, cualquiera sea su condición, jerarquía, calidad o categoría, están obligados a prestar declaraciones expresas sobre los bienes y rentas que tuvieren ha momento de iniciar su relación laboral con la administración. Durante la vigencia de la relación laboral del servidor con la administración y aún al final de la misma, cualquiera sea la causa de terminación, las declaraciones de bienes y rentas de éstos, podrán ser en cualquier momento, objeto de verificación. Al efecto, los servidores públicos, prestarán declaraciones y actualizaciones periódicas conforme a reglamentación expresa…”. Consecuentemente de las legislaciones glosadas, éstas circunscriben la obligación que tiene todo funcionario público de prestar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas en los momentos oportunos y así exigidos por el ordenamiento vigente, emergiendo de su incumplimiento el tipo de responsabilidad penal. ---- En relación a lo expuesto, del análisis de todos los elementos de prueba colectados durante la etapa Sistema de Registro Judicial SIREJ preliminar, éstos demuestran que los ahora imputados: DAMIANA GARCIA COA, FRANZ CRISTIAN MENDOZA VARGAS, OLGA AGUILAR COLLAZOS, ADRIANA CAMPOS FLORES, NICOLAS CASTRO MAMANI, BENJAMIN COCA HERBOSO, BENJAMIN ROBERTO LEDEZMA MIRANDA, MARIA ESTHER LOPEZ PINTO, SEVERA LUJAN GARCIA DE GOMEZ, WALTER PEREZ ESTRADA, MARIA FLORA ROMERO HUARACHI, LUIS ROMERO, TERESA GUEISA RUIZ DURAN, ROSENDA SEGOVIA ARRUETA, JAIME VILDOZO VILLCA Y MARIA DOLORES ZUÑIGA ARANCIBIA, omitieron realizar de manera oportuna su declaración Jurada de Bienes y Rentas. ---- A los efectos del juicio de tipicidad para el delito de omisión de declaraciones de bienes y rentas en el caso de autos tenemos a bien referir: ----- Con relación a Damiana García Coa; por la Certificación Cite U.RRHH N° 96/2021 de 08 de abril de 2021, suscrito por el Lic. Álvaro F. Estrada Cuenca, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SEDES – CH., en el cual consta que desempeña el cargo de Auxiliar de Enfermería dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES – CH., por lo mismo queda incuestionablemente acreditada su calidad de sujeto propio exigido por este tipo penal, tal cual prevé el art. 5 inc. 1) de la Ley 004. ----El tipo penal imputado también refiere: “…que conforme a la ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas…”, al respecto el art. 235.3 de la Constitución Política del Estado instituye el mandato que todo servidor público está obligado a prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo, mandato que ya se hallaba determinado en la Ley 2027 y en el D.S. 1233, normas que determinan la obligación que tiene todo funcionario público de prestar declaración jurada: I) Al asumir un cargo (conforme se desarrollara más adelante); II) Durante el ejercicio del cargo; y, III) Al dejar el cargo. ---- En cuyo mérito, la ahora imputada Damiana García Coa, en su calidad de servidor público estaba obligada a observar tanto la Constitución Política del Estado como la Ley 2027 y su Reglamento; en la que se consigna con precisión su obligación de prestar su declaración jurada al momento de ejercer su cargo, y no obstante de esta obligación, la misma omitió prestar su declaración jurada de bienes y rentas a tiempo de asumir el cargo aludido, el 20 de noviembre de 2020, tiempo en el cual ya se hallaba vigente la Constitución Política del Estado que, en su art. 235.3 reafirmó el mismo mandato; la propia Ley 2027 –vigente desde 27 de octubre de 1999- en su art. 53 sobre las declaraciones juradas de bienes expresa: “…los servidores públicos, prestarán declaraciones actualizadas periódicas conforme a reglamentación expresa”, y su D.S. Reglamentario N° 1233 de 16 de mayo de 2012 en su Art. 4, parágrafo I refiere: “Las servidoras y servidores públicos que inicien su relación laboral con la entidad deberán presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas hasta el primer día hábil de ejercicio del cargo”, siendo pertinente referir que la Constitución Política del Estado actual se halla vigente desde febrero de 2009, entretanto que la Ley 2027 y el D.S. 1233 que la reglamenta, se hallan vigentes desde el año 1999 y 2004 respectivamente; en dicho entendido la imputada, conocedora de las normas jurídicas inherentes a sus funciones, estaba obligada en su calidad de funcionario público al cumplimiento tanto de la Constitución como de la Ley y sus reglamentos, empero no lo hizo y por ello existe una conducta omisiva, pues no obstante que la imputada asumió el cargo el 20 de noviembre de 2020, incumplió con dicha obligación expresamente establecida por Ley, evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley, extremo corroborado por el Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de la imputada, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 25 de noviembre de 2020 (Por asumir el ejercicio del nuevo cargo y por la conclusión del anterior cargo), evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley. ------ Con relación a Franz Cristian Mendoza Vargas; por la Certificación Cite U.RRHH N° 96/2021 de 08 de abril de 2021, suscrito por el Lic. Álvaro F. Estrada Cuenca, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SEDES – CH., en el cual consta que desempeña el cargo de Auxiliar de oficina dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES – CH., por lo mismo queda incuestionablemente acreditada su calidad de sujeto propio exigido por este tipo penal, tal cual prevé el art. 5 inc. 1) de la Ley 004. ----- El tipo penal imputado también refiere: “…que conforme a la ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas…”, al respecto el art. 235.3 de la Constitución Política del Estado instituye el mandato que todo servidor público está obligado a prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo, mandato que ya se hallaba determinado en la Ley 2027 y en el D.S. 1233, normas que determinan la obligación que tiene todo funcionario público de prestar declaración jurada: I) Al asumir un cargo (conforme se desarrollara más adelante); II) Durante el ejercicio del cargo; y, III) Al dejar el cargo. En cuyo mérito, el ahora imputado Franz Cristian Mendoza Vargas, en su calidad de servidor público estaba obligado a observar tanto la Constitución Política del Estado como la Ley 2027 y su Reglamento; en la que se consigna con precisión su obligación de prestar su declaración jurada al momento de ejercer su cargo, y no obstante de esta obligación, el mismo omitió prestar su declaración jurada de bienes y rentas a tiempo de asumir el cargo aludido, el 27 de noviembre de 2020, tiempo en el cual ya se hallaba vigente la Constitución Política del Estado que, en su art. 235.3 reafirmó el mismo mandato; la propia Ley 2027 –vigente desde 27 de octubre de 1999- en su art. 53 sobre las declaraciones juradas de bienes expresa: “…los servidores públicos, prestarán declaraciones actualizadas periódicas conforme a reglamentación expresa”, y su D.S. Reglamentario N° 1233 de 16 de mayo de 2012 en su Art. 4, parágrafo I refiere: “Las servidoras y servidores públicos que inicien su relación laboral con la entidad deberán presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas hasta el primer día hábil de ejercicio del cargo”, siendo pertinente referir que la Constitución Política del Estado actual se halla vigente desde febrero de 2009, entretanto que la Ley 2027 y el D.S. 1233 que la reglamenta, se hallan vigentes desde el año 1999 y 2004 respectivamente; en dicho entendido el imputado, conocedor de las normas jurídicas inherentes a sus funciones, estaba obligado en su calidad de funcionario público al cumplimiento tanto de la Constitución como de la Ley y sus reglamentos, empero no lo hizo y por ello existe una conducta omisiva, pues no obstante que el imputado asumió el cargo el 27 de noviembre de 2020, incumplió con dicha obligación expresamente establecida por Ley, evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley, extremo corroborado por el Certificado de declaración jurada de bienes y rentas del imputado, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 01 de diciembre de 2020 (Por asumir el ejercicio del nuevo cargo), evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley. --------- Con relación a Olga Aguilar Collazos; por la Certificación Cite U.RRHH N° 96/2021 de 08 de abril de 2021, suscrito por el Lic. Álvaro F. Estrada Cuenca, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SEDES – CH., en el cual consta que desempeñaba el cargo de Auxiliar de Enfermería dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES – CH., por lo mismo queda incuestionablemente acreditada su calidad de sujeto propio exigido por este tipo penal, tal cual prevé el art. 5 inc. 1) de la Ley 004. El tipo penal imputado también refiere: “…que conforme a la ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas…”, al respecto el art. 235.3 de la Constitución Política del Estado instituye el mandato que todo servidor público está obligado a prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo, mandato que ya se hallaba determinado en la Ley 2027 y en el D.S. 1233, normas que determinan la obligación que tiene todo funcionario público de prestar declaración jurada: I) Al asumir un cargo; II) Durante el ejercicio del cargo; y, III) Al dejar el cargo conforme se desarrollara más adelante. En cuyo mérito, la ahora imputada Olga Aguilar Collazos en su calidad de servidor público estaba obligada a observar tanto la Constitución Política del Estado como la Ley 2027 y su Reglamento; en la que se consigna con precisión su obligación de prestar su declaración jurada al momento de dejar su cargo, y no obstante de esta obligación, el mismo omitió prestar su declaración jurada de bienes y rentas a tiempo de dejar el cargo aludido, el 30 de septiembre de 2020, tiempo en el cual ya se hallaba vigente la Constitución Política del Estado que, en su art. 235.3 reafirmó el mismo mandato; la propia Ley 2027 –vigente desde 27 de octubre de 1999- en su art. 53 sobre las declaraciones juradas de bienes expresa: “…los servidores públicos, prestarán declaraciones actualizadas periódicas conforme a reglamentación expresa”, y su D.S. Reglamentario N° 1233 de 16 de mayo de 2012 en su art. 4, parágrafo II refiere: “Las servidoras y servidores públicos que concluyan su relación laboral con la entidad deberán presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, dentro del plazo de treinta (30) días calendario a partir del primer día de su desvinculación de la entidad pública”, siendo pertinente referir que la Constitución Política del Estado actual se halla vigente desde febrero de 2009, entretanto que la Ley 2027 y el D.S. 1233 que la reglamenta, se hallan vigentes desde el año 1999 y 2004 respectivamente; en dicho entendido la imputada, conocedora de las normas jurídicas inherentes a sus funciones, estaba obligada en su calidad de funcionario público al cumplimiento tanto de la Constitución como de la Ley y sus reglamentos, empero no lo hizo y por ello existe una conducta omisiva, pues no obstante que la imputada dejo su cargo el 30 de septiembre de 2020, incumplió con dicha obligación expresamente establecida por Ley, evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada Sistema de Registro Judicial SIREJ de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley, extremo corroborado por Informe UDJBR/CI-018/2021 de 09 de abril de 2021 elaborado por la Ing. Claudia América Sanabria Mujica, que da cuenta que no se ha identificado ningún registro respecto a Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas “por asumir” y/o “después del ejercicio del cargo” en la gestión 2020 y 2021 de la ciudadana Olga Aguilar Collazos, evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley. Con relación a Adriana Campos Flores; por la Certificación Cite U.RRHH N° 96/2021 de 08 de abril de 2021, suscrito por el Lic. Álvaro F. Estrada Cuenca, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SEDES – CH., en el cual consta que desempeñaba el cargo de Enfermera de Planta dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES – CH., por lo mismo queda incuestionablemente acreditada su calidad de sujeto propio exigido por este tipo penal, tal cual prevé el art. 5 inc. 1) de la Ley 004.------ El tipo penal imputado también refiere: “…que conforme a la ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas…”, al respecto el art. 235.3 de la Constitución Política del Estado instituye el mandato que todo servidor público está obligado a prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo, mandato que ya se hallaba determinado en la Ley 2027 y en el D.S. 1233, normas que determinan la obligación que tiene todo funcionario público de prestar declaración jurada: I) Al asumir un cargo; II) Durante el ejercicio del cargo; y, III) Al dejar el cargo conforme se desarrollara más adelante. ---- En cuyo mérito, la ahora imputada Adriana Campos Flores en su calidad de servidor público estaba obligada a observar tanto la Constitución Política del Estado como la Ley 2027 y su Reglamento; en la que se consigna con precisión su obligación de prestar su declaración jurada al momento de dejar su cargo, y no obstante de esta obligación, la misma omitió prestar su declaración jurada de bienes y rentas a tiempo de dejar el cargo aludido, el 30 de septiembre de 2020, tiempo en el cual ya se hallaba vigente la Constitución Política del Estado que, en su art. 235.3 reafirmó el mismo mandato; la propia Ley 2027 –vigente desde 27 de octubre de 1999- en su art. 53 sobre las declaraciones juradas de bienes expresa: “…los servidores públicos, prestarán declaraciones actualizadas periódicas conforme a reglamentación expresa”, y su D.S. Reglamentario N° 1233 de 16 de mayo de 2012 en su art. 4, parágrafo II refiere: “Las servidoras y servidores públicos que concluyan su relación laboral con la entidad deberán presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, dentro del plazo de treinta (30) días calendario a partir del primer día de su desvinculación de la entidad pública”, siendo pertinente referir que la Constitución Política del Estado actual se halla vigente desde febrero de 2009, entretanto que la Ley 2027 y el D.S. 1233 que la reglamenta, se hallan vigentes desde el año 1999 y 2004 respectivamente; en dicho entendido la imputada, conocedora de las normas jurídicas inherentes a sus funciones, estaba obligada en su calidad de funcionario público al cumplimiento tanto de la Constitución como de la Ley y sus reglamentos, empero no lo hizo y por ello existe una conducta omisiva, pues no obstante que la imputada dejo su cargo el 30 de septiembre de 2020, incumplió con dicha obligación expresamente establecida por Ley, evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley, extremo corroborado por el Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de la imputada, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 18 de marzo de 2021 (Después del ejercicio del cargo), evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley. ----- Con relación a Nicolás Castro Mamani; por la Certificación Cite U.RRHH N° 96/2021 de 08 de abril de 2021, suscrito por el Lic. Álvaro F. Estrada Cuenca, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SEDES – CH., en el cual consta que desempeñaba el cargo de Auxiliar nocturno dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES – CH., por lo mismo queda incuestionablemente acreditada su calidad de sujeto propio exigido por este tipo penal, tal cual prevé el art. 5 inc. 1) de la Ley 004. ----- El tipo penal imputado también refiere: “…que conforme a la ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas…”, al respecto el art. 235.3 de la Constitución Política del Estado instituye el mandato que todo servidor público está obligado a prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo, mandato que ya se hallaba determinado en la Ley 2027 y en el D.S. 1233, normas que determinan la obligación que tiene todo funcionario público de prestar declaración jurada: I) Al asumir un cargo; II) Durante el ejercicio del cargo; y, III) Al dejar el cargo conforme se desarrollara más adelante.------ En cuyo mérito, el ahora imputado Nicolás Castro Mamani en su calidad de servidor público estaba obligado a observar tanto la Constitución Política del Estado como la Ley 2027 y su Reglamento; en la que se consigna con precisión su obligación de prestar su declaración jurada al momento de dejar su cargo, y no obstante de esta obligación, el mismo omitió prestar su declaración jurada de bienes y rentas a tiempo de dejar el cargo aludido, el 30 de noviembre de 2020, tiempo en el cual ya se hallaba vigente la Constitución Política del Estado que, en su art. 235.3 reafirmó el mismo mandato; la propia Ley 2027 –vigente desde 27 de octubre de 1999- en su art. 53 sobre las declaraciones juradas de bienes expresa: “…los servidores públicos, prestarán declaraciones actualizadas periódicas conforme a reglamentación expresa”, y su D.S. Reglamentario N° 1233 de 16 de mayo de 2012 en su art. 4, parágrafo II refiere: “Las servidoras y servidores públicos que concluyan su relación laboral con la entidad deberán presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, dentro del plazo de treinta (30) días calendario a partir del primer día de su desvinculación de la entidad pública”, siendo pertinente referir que la Constitución Política del Estado actual se halla vigente desde febrero de 2009, entretanto que la Ley 2027 y el D.S. 1233 que la reglamenta, se hallan vigentes desde el año 1999 y 2004 respectivamente; en dicho entendido el imputado, conocedor de las normas jurídicas inherentes a sus funciones, estaba obligado en su calidad de funcionario público al cumplimiento tanto de la Constitución como de la Ley y sus reglamentos, empero no lo hizo y por ello existe una conducta omisiva, pues no obstante que el imputado dejo su cargo el 30 de noviembre de 2020, incumplió con dicha obligación expresamente establecida por Ley, evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley, extremo corroborado por el Certificado de declaración jurada de bienes y rentas del imputado, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 08 de febrero de 2021 (Después del ejercicio del cargo), evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley. ------ Con relación a Benjamín Coca Herboso; por la Certificación Cite U.RRHH N° 96/2021 de 08 de abril de 2021, suscrito por el Lic. Álvaro F. Estrada Cuenca, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SEDES – CH., en el cual consta que desempeñaba el cargo de Conductor dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES – CH., por lo mismo queda incuestionablemente acreditada su calidad de sujeto propio exigido por este tipo penal, tal cual prevé el art. 5 inc. 1) de la Ley 004.----- El tipo penal imputado también refiere: “…que conforme a la ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas…”, al respecto el art. 235.3 de la Constitución Política del Estado instituye el mandato que todo servidor público está obligado a prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo, mandato que ya se hallaba determinado en la Ley 2027 y en el D.S. 1233, normas que determinan la obligación que tiene todo funcionario público de prestar declaración jurada: I) Al asumir un cargo; II) Durante el ejercicio del cargo; y, III) Al dejar el cargo conforme se desarrollara más adelante. ------ En cuyo mérito, el ahora imputado Benjamín Coca Herboso en su calidad de servidor público estaba obligado a observar tanto la Constitución Política del Estado como la Ley 2027 y su Reglamento; en la que se consigna con precisión su obligación de prestar su declaración jurada al momento de dejar su cargo, y no obstante de esta obligación, el mismo omitió prestar su declaración jurada de bienes y rentas a tiempo de dejar el cargo aludido, el 24 de noviembre de 2020, tiempo en el cual ya se hallaba vigente la Constitución Política del Estado que, en su art. 235.3 reafirmó el mismo mandato; la propia Ley 2027 –vigente desde 27 de octubre de 1999- en su art. 53 sobre las declaraciones juradas de bienes expresa: “…los servidores públicos, prestarán declaraciones actualizadas periódicas conforme a reglamentación expresa”, y su D.S. Reglamentario N° 1233 de 16 de mayo de 2012 en su art. 4, parágrafo II refiere: “Las servidoras y servidores públicos que concluyan su relación laboral con la entidad deberán presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, dentro del plazo de treinta (30) días calendario a partir del primer día de su desvinculación de la entidad pública”, siendo pertinente referir que la Constitución Política del Estado actual se halla vigente desde febrero de 2009, entretanto que la Ley 2027 y el D.S. 1233 que la reglamenta, se hallan vigentes desde el año 1999 y 2004 respectivamente; en dicho entendido el imputado, conocedor de las normas jurídicas inherentes a sus funciones, estaba obligado en su calidad de funcionario público al cumplimiento tanto de la Constitución como de la Ley y sus reglamentos, empero no lo hizo y por ello existe una conducta omisiva, pues no obstante que el imputado dejo su cargo el 24 de noviembre de 2020, incumplió con dicha obligación expresamente establecida por Ley, evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley, extremo corroborado por el Certificado de declaración jurada de bienes y rentas del imputado, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 26 de mayo de 2021 (Después del ejercicio del cargo), evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos Sistema de Registro Judicial SIREJ establecidas por Ley. ------ Con relación a Benjamín Ledezma Miranda; por la Certificación Cite U.RRHH N° 96/2021 de 08 de abril de 2021, suscrito por el Lic. Álvaro F. Estrada Cuenca, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SEDES – CH., en el cual consta que desempeñaba el cargo de Médico Especialista dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES – CH., por lo mismo queda incuestionablemente acreditada su calidad de sujeto propio exigido por este tipo penal, tal cual prevé el art. 5 inc. 1) de la Ley 004. ----- El tipo penal imputado también refiere: “…que conforme a la ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas…”, al respecto el art. 235.3 de la Constitución Política del Estado instituye el mandato que todo servidor público está obligado a prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo, mandato que ya se hallaba determinado en la Ley 2027 y en el D.S. 1233, normas que determinan la obligación que tiene todo funcionario público de prestar declaración jurada: I) Al asumir un cargo; II) Durante el ejercicio del cargo; y, III) Al dejar el cargo conforme se desarrollara más adelante. ----- En cuyo mérito, el ahora imputado Benjamín Ledezma Miranda en su calidad de servidor público estaba obligado a observar tanto la Constitución Política del Estado como la Ley 2027 y su Reglamento; en la que se consigna con precisión su obligación de prestar su declaración jurada al momento de dejar su cargo, y no obstante de esta obligación, el mismo omitió prestar su declaración jurada de bienes y rentas a tiempo de dejar el cargo aludido, el 02 de octubre de 2020 de 2020, tiempo en el cual ya se hallaba vigente la Constitución Política del Estado que, en su art. 235.3 reafirmó el mismo mandato; la propia Ley 2027 –vigente desde 27 de octubre de 1999- en su art. 53 sobre las declaraciones juradas de bienes expresa: “…los servidores públicos, prestarán declaraciones actualizadas periódicas conforme a reglamentación expresa”, y su D.S. Reglamentario N° 1233 de 16 de mayo de 2012 en su art. 4, parágrafo II refiere: “Las servidoras y servidores públicos que concluyan su relación laboral con la entidad deberán presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, dentro del plazo de treinta (30) días calendario a partir del primer día de su desvinculación de la entidad pública”, siendo pertinente referir que la Constitución Política del Estado actual se halla vigente desde febrero de 2009, entretanto que la Ley 2027 y el D.S. 1233 que la reglamenta, se hallan vigentes desde el año 1999 y 2004 respectivamente; en dicho entendido el imputado, conocedor de las normas jurídicas inherentes a sus funciones, estaba obligado en su calidad de funcionario público al cumplimiento tanto de la Constitución como de la Ley y sus reglamentos, empero no lo hizo y por ello existe una conducta omisiva, pues no obstante que el imputado dejo su cargo el 02 de octubre de 2020, incumplió con dicha obligación expresamente establecida por Ley, evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley, extremo corroborado por el Certificado de declaración jurada de bienes y rentas del imputado, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 18 de marzo de 2021 (Después del ejercicio del cargo), evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley. ------ Con relación a María Esther López Pinto; por la Certificación Cite U.RRHH N° 96/2021 de 08 de abril de 2021, suscrito por el Lic. Álvaro F. Estrada Cuenca, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SEDES – CH., en el cual consta que desempeñaba el cargo de Auxiliar de Enfermería dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES – CH., por lo mismo queda incuestionablemente acreditada su calidad de sujeto propio exigido por este tipo penal, tal cual prevé el art. 5 inc. 1) de la Ley 004. ----- El tipo penal imputado también refiere: “…que conforme a la ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas…”, al respecto el art. 235.3 de la Constitución Política del Estado instituye el mandato que todo servidor público está obligado a prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo, mandato que ya se hallaba determinado en la Ley 2027 y en el D.S. 1233, normas que determinan la obligación que tiene todo funcionario público de prestar declaración jurada: I) Al asumir un cargo; II) Durante el ejercicio del cargo; y, III) Al dejar el cargo conforme se desarrollara más adelante. ----- En cuyo mérito, la ahora imputada María Esther López Pinto en su calidad de servidor público estaba obligada a observar tanto la Constitución Política del Estado como la Ley 2027 y su Reglamento; en la que se consigna con precisión su obligación de prestar su declaración jurada al momento de dejar su cargo, y no obstante de esta obligación, la misma omitió prestar su declaración jurada de bienes y rentas a tiempo de dejar el cargo aludido, el 03 de noviembre de 2020, tiempo en el cual ya se hallaba vigente la Constitución Política del Estado que, en su art. 235.3 reafirmó el mismo mandato; la propia Ley 2027 –vigente desde 27 de octubre de 1999- en su art. 53 sobre las declaraciones juradas de bienes expresa: “…los servidores públicos, prestarán declaraciones actualizadas periódicas conforme a reglamentación expresa”, y su D.S. Reglamentario N° 1233 de 16 de mayo de 2012 en su art. 4, parágrafo II refiere: “Las servidoras y servidores públicos que concluyan su relación laboral con la entidad deberán presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, dentro del plazo de treinta (30) días calendario a partir del primer día de su desvinculación de la entidad pública”, siendo pertinente referir que la Constitución Política del Estado actual se halla vigente desde febrero de 2009, entretanto que la Ley 2027 y el D.S. 1233 que la reglamenta, se hallan vigentes desde el año 1999 y 2004 respectivamente; en dicho entendido la imputada, conocedora de las normas jurídicas inherentes a sus funciones, estaba obligada en su calidad de funcionario público al cumplimiento tanto de la Constitución como de la Ley y sus reglamentos, empero no lo hizo y por ello existe una conducta omisiva, pues no obstante que la imputada dejo su cargo el 03 de noviembre de 2020, incumplió con dicha obligación expresamente establecida por Ley, evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley, extremo corroborado por el Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de la imputada, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 18 de marzo de 2021 (Después del ejercicio del cargo), evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley. ----- Con relación a Severa Lujan García de Gómez; por la Certificación Cite U.RRHH N° 96/2021 de 08 de abril de 2021, suscrito por el Lic. Álvaro F. Estrada Cuenca, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SEDES – CH., en el cual consta que desempeñaba el cargo de Licenciada de Enfermería dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES – CH., por lo mismo queda incuestionablemente acreditada su calidad de sujeto propio exigido por este tipo penal, tal cual prevé el art. 5 inc. 1) de la Ley 004. ---- El tipo penal imputado también refiere: “…que conforme a la ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas…”, al respecto el art. 235.3 de la Constitución Política del Estado instituye el mandato que todo servidor público está obligado a prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo, mandato que ya se hallaba determinado en la Ley 2027 y en el D.S. 1233, normas que determinan la obligación que tiene todo funcionario público de prestar declaración jurada: I) Al asumir un cargo; II) Durante el ejercicio del cargo; y, III) Al dejar el cargo conforme se desarrollara más adelante. ---- En cuyo mérito, la ahora imputada Severa Lujan García de Gómez en su calidad de servidor público estaba obligada a observar tanto la Constitución Política del Estado como la Ley 2027 y su Reglamento; en la que se consigna con precisión su obligación de prestar su declaración jurada al momento de dejar su cargo, y no obstante de esta obligación, la misma omitió prestar su declaración jurada de bienes y rentas a tiempo de dejar el cargo aludido, el 05 de octubre de 2020, tiempo en el cual ya se hallaba vigente la Constitución Política del Estado que, en su art. 235.3 reafirmó el mismo mandato; la propia Ley 2027 –vigente desde 27 de octubre de 1999- en su art. 53 sobre las declaraciones juradas de bienes expresa: “…los servidores públicos, prestarán declaraciones actualizadas periódicas conforme a reglamentación expresa”, y su D.S. Reglamentario N° 1233 de 16 de mayo de 2012 en su art. 4, parágrafo II refiere: “Las servidoras y servidores públicos que concluyan su relación laboral con la entidad deberán presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, dentro del plazo de treinta (30) días calendario a partir del primer día de su desvinculación de la entidad pública”, siendo pertinente referir que la Constitución Política del Estado actual se halla vigente desde febrero de 2009, entretanto que la Ley 2027 y el D.S. 1233 que la reglamenta, se hallan vigentes desde el año 1999 y 2004 respectivamente; en dicho entendido la imputada, conocedora de las normas jurídicas inherentes a sus funciones, estaba obligada en su calidad de funcionario público al cumplimiento tanto de la Constitución como de la Ley y sus reglamentos, empero no lo hizo y por ello existe una conducta omisiva, pues no obstante que la imputada dejo su cargo el 05 de octubre de 2020, incumplió con dicha obligación expresamente establecida por Ley, evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley, extremo corroborado por el Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de la imputada, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 18 de marzo de 2021 (Después del ejercicio del cargo), evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley.---- Con relación a Walter Pérez Estrada; por la Certificación Cite U.RRHH N° 96/2021 de 08 de abril de 2021, suscrito por el Lic. Álvaro F. Estrada Cuenca, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SEDES – CH., en el cual consta que desempeñaba el cargo de Auxiliar de Enfermería dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES – CH., por lo mismo queda incuestionablemente acreditada su calidad de sujeto propio exigido por este tipo penal, tal cual prevé el art. 5 inc. 1) de Sistema de Registro Judicial SIREJ la Ley 004. ---- El tipo penal imputado también refiere: “…que conforme a la ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas…”, al respecto el art. 235.3 de la Constitución Política del Estado instituye el mandato que todo servidor público está obligado a prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo, mandato que ya se hallaba determinado en la Ley 2027 y en el D.S. 1233, normas que determinan la obligación que tiene todo funcionario público de prestar declaración jurada: I) Al asumir un cargo; II) Durante el ejercicio del cargo; y, III) Al dejar el cargo conforme se desarrollara más adelante. ------ En cuyo mérito, el ahora imputado Walter Pérez Estrada en su calidad de servidor público estaba obligado a observar tanto la Constitución Política del Estado como la Ley 2027 y su Reglamento; en la que se consigna con precisión su obligación de prestar su declaración jurada al momento de dejar su cargo, y no obstante de esta obligación, el mismo omitió prestar su declaración jurada de bienes y rentas a tiempo de dejar el cargo aludido, el 06 de noviembre de 2020, tiempo en el cual ya se hallaba vigente la Constitución Política del Estado que, en su art. 235.3 reafirmó el mismo mandato; la propia Ley 2027 –vigente desde 27 de octubre de 1999- en su art. 53 sobre las declaraciones juradas de bienes expresa: “…los servidores públicos, prestarán declaraciones actualizadas periódicas conforme a reglamentación expresa”, y su D.S. Reglamentario N° 1233 de 16 de mayo de 2012 en su art. 4, parágrafo II refiere: “Las servidoras y servidores públicos que concluyan su relación laboral con la entidad deberán presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, dentro del plazo de treinta (30) días calendario a partir del primer día de su desvinculación de la entidad pública”, siendo pertinente referir que la Constitución Política del Estado actual se halla vigente desde febrero de 2009, entretanto que la Ley 2027 y el D.S. 1233 que la reglamenta, se hallan vigentes desde el año 1999 y 2004 respectivamente; en dicho entendido el imputado, conocedor de las normas jurídicas inherentes a sus funciones, estaba obligado en su calidad de funcionario público al cumplimiento tanto de la Constitución como de la Ley y sus reglamentos, empero no lo hizo y por ello existe una conducta omisiva, pues no obstante que el imputado dejo su cargo el 06 de noviembre de 2020, incumplió con dicha obligación expresamente establecida por Ley, evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley, extremo corroborado por Informe UDJBR/CI-018/2021 de 09 de abril de 2021 elaborado por la Ing. Claudia América Sanabria Mujica, que da cuenta que no se ha identificado ningún registro respecto a Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas “por asumir” y/o “después del ejercicio del cargo” en la gestión 2020 y 2021 del ciudadano Walter Pérez Estrada, evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley. Con relación a María Flora Romero Huarachi; por la Certificación Cite U.RRHH N° 96/2021 de 08 de abril de 2021, suscrito por el Lic. Álvaro F. Estrada Cuenca, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SEDES – CH., en el cual consta que desempeñaba el cargo de Licenciada de Enfermería dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES – CH., por lo mismo queda incuestionablemente acreditada su calidad de sujeto propio exigido por este tipo penal, tal cual prevé el art. 5 inc. 1) de la Ley 004. ---- -- El tipo penal imputado también refiere: “…que conforme a la ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas…”, al respecto el art. 235.3 de la Constitución Política del Estado instituye el mandato que todo servidor público está obligado a prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo, mandato que ya se hallaba determinado en la Ley 2027 y en el D.S. 1233, normas que determinan la obligación que tiene todo funcionario público de prestar declaración jurada: I) Al asumir un cargo; II) Durante el ejercicio del cargo; y, III) Al dejar el cargo conforme se desarrollara más adelante. ------ En cuyo mérito, la ahora imputada María Flora Romero Huarachi en su calidad de servidor público estaba obligada a observar tanto la Constitución Política del Estado como la Ley 2027 y su Reglamento; en la que se consigna con precisión su obligación de prestar su declaración jurada al momento de dejar su cargo, y no obstante de esta obligación, la misma omitió prestar su declaración jurada de bienes y rentas a tiempo de dejar el cargo aludido, el 01 de octubre de 2020, tiempo en el cual ya se hallaba vigente la Constitución Política del Estado que, en su art. 235.3 reafirmó el mismo mandato; la propia Ley 2027 –vigente desde 27 de octubre de 1999- en su art. 53 sobre las declaraciones juradas de bienes expresa: “…los servidores públicos, prestarán declaraciones actualizadas periódicas conforme a reglamentación expresa”, y su D.S. Reglamentario N° 1233 de 16 de mayo de 2012 en su art. 4, parágrafo II refiere: “Las servidoras y servidores públicos que concluyan su relación laboral con la entidad deberán presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, dentro del plazo de treinta (30) días calendario a partir del primer día de su desvinculación de la entidad pública”, siendo pertinente referir que la Constitución Política del Estado actual se halla vigente desde febrero de 2009, entretanto que la Ley 2027 y el D.S. 1233 que la reglamenta, se hallan vigentes desde el año 1999 y 2004 respectivamente; en dicho entendido la imputada, conocedora de las normas jurídicas inherentes a sus funciones, estaba obligada en su calidad de funcionario público al cumplimiento tanto de la Constitución como de la Ley y sus reglamentos, empero no lo hizo y por ello existe una conducta omisiva, pues no obstante que la imputada dejo su cargo el 01 de octubre de 2020, incumplió con dicha obligación expresamente establecida por Ley, evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley, extremo corroborado por el Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de la imputada, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 01 de abril de 2021 (Después del ejercicio del cargo), evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley. ---- Con relación a Luis Romero; por la Certificación Cite U.RRHH N° 96/2021 de 08 de abril de 2021, suscrito por el Lic. Álvaro F. Estrada Cuenca, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SEDES – CH., en el cual consta que desempeñaba el cargo de Auxiliar de Enfermería dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES – CH., por lo mismo queda incuestionablemente acreditada su calidad de sujeto propio exigido por este tipo penal, tal cual prevé el art. 5 inc. 1) de la Ley 004. ---- - El tipo penal imputado también refiere: “…que conforme a la ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas…”, al respecto el art. 235.3 de la Constitución Política del Estado instituye el mandato que todo servidor público está obligado a prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo, mandato que ya se hallaba determinado en la Ley 2027 y en el D.S. 1233, normas que determinan la obligación que tiene todo funcionario público de prestar declaración jurada: I) Al asumir un cargo; II) Durante el ejercicio del cargo; y, III) Al dejar el cargo conforme se desarrollara más adelante. ------ En cuyo mérito, el ahora imputado Luis Romero en su calidad de servidor público estaba obligado a observar tanto la Constitución Política del Estado como la Ley 2027 y su Reglamento; en la que se consigna con precisión su obligación de prestar su declaración jurada al momento de dejar su cargo, y no obstante de esta obligación, el mismo omitió prestar su declaración jurada de bienes y rentas a tiempo de dejar el cargo aludido, el 20 de noviembre de 2020, tiempo en el cual ya se hallaba vigente la Constitución Política del Estado que, en su art. 235.3 reafirmó el mismo mandato; la propia Ley 2027 –vigente desde 27 de octubre de 1999- en su art. 53 sobre las declaraciones juradas de bienes expresa: “…los servidores públicos, prestarán declaraciones actualizadas periódicas conforme a reglamentación expresa”, y su D.S. Reglamentario N° 1233 de 16 de mayo de 2012 en su art. 4, parágrafo II refiere: “Las servidoras y servidores públicos que concluyan su relación laboral con la entidad deberán presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, dentro del plazo de treinta (30) días calendario a partir del primer día de su desvinculación de la entidad pública”, siendo pertinente referir que la Constitución Política del Estado actual se halla vigente desde febrero de 2009, entretanto que la Ley 2027 y el D.S. 1233 que la reglamenta, se hallan vigentes desde el año 1999 y 2004 respectivamente; en dicho entendido el imputado, conocedor de las normas jurídicas inherentes a sus funciones, estaba obligado en su calidad de funcionario público al cumplimiento tanto de la Constitución como de la Ley y sus reglamentos, empero no lo hizo y por ello existe una conducta omisiva, pues no obstante que el imputado dejo su cargo el 20 de noviembre de 2020, incumplió con dicha obligación expresamente establecida por Ley, evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley, extremo corroborado por Informe UDJBR/CI-018/2021 de 09 de abril de 2021 elaborado por la Ing. Claudia América Sanabria Mujica, que da cuenta que no se ha identificado ningún registro respecto a Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas “por asumir” y/o “después del ejercicio del cargo” en la gestión 2020 y 2021 del ciudadano Luis Romero, evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley. ------ Con relación a Teresa Gueisa Ruíz Durán; por la Certificación Cite U.RRHH N° 96/2021 de 08 de abril de 2021, suscrito por el Lic. Álvaro F. Estrada Cuenca, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SEDES – CH., en el cual consta que desempeñaba el cargo de Enfermera de Planta dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES – CH., por lo mismo queda incuestionablemente acreditada su calidad de sujeto propio exigido por este tipo penal, tal cual prevé el art. 5 inc. 1) de la Ley 004. ---- El tipo penal imputado también refiere: “…que conforme a la ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas…”, al respecto el art. 235.3 de la Constitución Política del Estado Sistema de Registro Judicial SIREJ instituye el mandato que todo servidor público está obligado a prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo, mandato que ya se hallaba determinado en la Ley 2027 y en el D.S. 1233, normas que determinan la obligación que tiene todo funcionario público de prestar declaración jurada: I) Al asumir un cargo; II) Durante el ejercicio del cargo; y, III) Al dejar el cargo conforme se desarrollara más adelante. ----- En cuyo mérito, la ahora imputada Teresa Gueisa Ruíz Durán en su calidad de servidor público estaba obligada a observar tanto la Constitución Política del Estado como la Ley 2027 y su Reglamento; en la que se consigna con precisión su obligación de prestar su declaración jurada al momento de dejar su cargo, y no obstante de esta obligación, la misma omitió prestar su declaración jurada de bienes y rentas a tiempo de dejar el cargo aludido, el 04 de diciembre de 2020, tiempo en el cual ya se hallaba vigente la Constitución Política del Estado que, en su art. 235.3 reafirmó el mismo mandato; la propia Ley 2027 –vigente desde 27 de octubre de 1999- en su art. 53 sobre las declaraciones juradas de bienes expresa: “…los servidores públicos, prestarán declaraciones actualizadas periódicas conforme a reglamentación expresa”, y su D.S. Reglamentario N° 1233 de 16 de mayo de 2012 en su art. 4, parágrafo II refiere: “Las servidoras y servidores públicos que concluyan su relación laboral con la entidad deberán presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, dentro del plazo de treinta (30) días calendario a partir del primer día de su desvinculación de la entidad pública”, siendo pertinente referir que la Constitución Política del Estado actual se halla vigente desde febrero de 2009, entretanto que la Ley 2027 y el D.S. 1233 que la reglamenta, se hallan vigentes desde el año 1999 y 2004 respectivamente; en dicho entendido la imputada, conocedora de las normas jurídicas inherentes a sus funciones, estaba obligada en su calidad de funcionario público al cumplimiento tanto de la Constitución como de la Ley y sus reglamentos, empero no lo hizo y por ello existe una conducta omisiva, pues no obstante que la imputada dejo su cargo el 04 de diciembre de 2020, incumplió con dicha obligación expresamente establecida por Ley, evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley, extremo corroborado por el Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de la imputada, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 02 de marzo de 2021 (Después del ejercicio del cargo), evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley. ---- Con relación a Rosenda Segovia Arrueta; por la Certificación Cite U.RRHH N° 96/2021 de 08 de abril de 2021, suscrito por el Lic. Álvaro F. Estrada Cuenca, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SEDES – CH., en el cual consta que desempeñaba el cargo de Trabajadora Manual dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES – CH., por lo mismo queda incuestionablemente acreditada su calidad de sujeto propio exigido por este tipo penal, tal cual prevé el art. 5 inc. 1) de la Ley 004. ----- El tipo penal imputado también refiere: “…que conforme a la ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas…”, al respecto el art. 235.3 de la Constitución Política del Estado instituye el mandato que todo servidor público está obligado a prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo, mandato que ya se hallaba determinado en la Ley 2027 y en el D.S. 1233, normas que determinan la obligación que tiene todo funcionario público de prestar declaración jurada: I) Al asumir un cargo; II) Durante el ejercicio del cargo; y, III) Al dejar el cargo conforme se desarrollara más adelante. ----- En cuyo mérito, la ahora imputada Rosenda Segovia Arrueta en su calidad de servidor público estaba obligada a observar tanto la Constitución Política del Estado como la Ley 2027 y su Reglamento; en la que se consigna con precisión su obligación de prestar su declaración jurada al momento de dejar su cargo, y no obstante de esta obligación, la misma omitió prestar su declaración jurada de bienes y rentas a tiempo de dejar el cargo aludido, el 01 de octubre de 2020, tiempo en el cual ya se hallaba vigente la Constitución Política del Estado que, en su art. 235.3 reafirmó el mismo mandato; la propia Ley 2027 –vigente desde 27 de octubre de 1999- en su art. 53 sobre las declaraciones juradas de bienes expresa: “…los servidores públicos, prestarán declaraciones actualizadas periódicas conforme a reglamentación expresa”, y su D.S. Reglamentario N° 1233 de 16 de mayo de 2012 en su art. 4, parágrafo II refiere: “Las servidoras y servidores públicos que concluyan su relación laboral con la entidad deberán presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, dentro del plazo de treinta (30) días calendario a partir del primer día de su desvinculación de la entidad pública”, siendo pertinente referir que la Constitución Política del Estado actual se halla vigente desde febrero de 2009, entretanto que la Ley 2027 y el D.S. 1233 que la reglamenta, se hallan vigentes desde el año 1999 y 2004 respectivamente; en dicho entendido la imputada, conocedora de las normas jurídicas inherentes a sus funciones, estaba obligada en su calidad de funcionario público al cumplimiento tanto de la Constitución como de la Ley y sus reglamentos, empero no lo hizo y por ello existe una conducta omisiva, pues no obstante que la imputada dejo su cargo 01 de octubre de 2020, incumplió con dicha obligación expresamente establecida por Ley, evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley, extremo corroborado por el Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de la imputada, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 18 de marzo de 2021 (Después del ejercicio del cargo), evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley. ---- Con relación a Jaime Vildozo Villca; por la Certificación Cite U.RRHH N° 96/2021 de 08 de abril de 2021, suscrito por el Lic. Álvaro F. Estrada Cuenca, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SEDES – CH., en el cual consta que desempeñaba el cargo de Médico Pediatra dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES – CH., por lo mismo queda incuestionablemente acreditada su calidad de sujeto propio exigido por este tipo penal, tal cual prevé el art. 5 inc. 1) de la Ley 004. El tipo penal imputado también refiere: “…que conforme a la ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas…”, al respecto el art. 235.3 de la Constitución Política del Estado instituye el mandato que todo servidor público está obligado a prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo, mandato que ya se hallaba determinado en la Ley 2027 y en el D.S. 1233, normas que determinan la obligación que tiene todo funcionario público de prestar declaración jurada: I) Al asumir un cargo; II) Durante el ejercicio del cargo; y, III) Al dejar el cargo conforme se desarrollara más adelante. ---- En cuyo mérito, el ahora imputado Jaime Vildozo Villca en su calidad de servidor público estaba obligado a observar tanto la Constitución Política del Estado como la Ley 2027 y su Reglamento; en la que se consigna con precisión su obligación de prestar su declaración jurada al momento de dejar su cargo, y no obstante de esta obligación, el mismo omitió prestar su declaración jurada de bienes y rentas a tiempo de dejar el cargo aludido, el 23 de diciembre de 2020, tiempo en el cual ya se hallaba vigente la Constitución Política del Estado que, en su art. 235.3 reafirmó el mismo mandato; la propia Ley 2027 –vigente desde 27 de octubre de 1999- en su art. 53 sobre las declaraciones juradas de bienes expresa: “…los servidores públicos, prestarán declaraciones actualizadas periódicas conforme a reglamentación expresa”, y su D.S. Reglamentario N° 1233 de 16 de mayo de 2012 en su art. 4, parágrafo II refiere: “Las servidoras y servidores públicos que concluyan su relación laboral con la entidad deberán presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, dentro del plazo de treinta (30) días calendario a partir del primer día de su desvinculación de la entidad pública”, siendo pertinente referir que la Constitución Política del Estado actual se halla vigente desde febrero de 2009, entretanto que la Ley 2027 y el D.S. 1233 que la reglamenta, se hallan vigentes desde el año 1999 y 2004 respectivamente; en dicho entendido el imputado, conocedor de las normas jurídicas inherentes a sus funciones, estaba obligado en su calidad de funcionario público al cumplimiento tanto de la Constitución como de la Ley y sus reglamentos, empero no lo hizo y por ello existe una conducta omisiva, pues no obstante que el imputado dejo su cargo el 23 de diciembre de 2020, incumplió con dicha obligación expresamente establecida por Ley, evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley, extremo corroborado por el Certificado de declaración jurada de bienes y rentas del imputado, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 03 de marzo de 2021 (Después del ejercicio del cargo), evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley. --- -- Con relación a María Dolores Zúñiga Arancibia; por la Certificación Cite U.RRHH N° 96/2021 de 08 de abril de 2021, suscrito por el Lic. Álvaro F. Estrada Cuenca, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SEDES – CH., en el cual consta que desempeñaba el cargo de Trabajadora Manual dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES – CH., por lo mismo queda incuestionablemente acreditada su calidad de sujeto propio exigido por este tipo penal, tal cual prevé el art. 5 inc. 1) de la Ley 004. ---- - El tipo penal imputado también refiere: “…que conforme a la ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas…”, al respecto el art. 235.3 de la Constitución Política del Estado instituye el mandato que todo servidor público está obligado a prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo, mandato que ya se hallaba determinado en la Ley 2027 y en el D.S. 1233, normas que determinan la obligación que tiene todo funcionario público de prestar declaración jurada: I) Al asumir un cargo; II) Durante el ejercicio del cargo; y, III) Al dejar el cargo conforme se desarrollara más adelante. ---- En cuyo mérito, la ahora Sistema de Registro Judicial SIREJ imputada María Dolores Zúñiga Arancibia en su calidad de servidor público estaba obligada a observar tanto la Constitución Política del Estado como la Ley 2027 y su Reglamento; en la que se consigna con precisión su obligación de prestar su declaración jurada al momento de dejar su cargo, y no obstante de esta obligación, la misma omitió prestar su declaración jurada de bienes y rentas a tiempo de dejar el cargo aludido, el 01 de noviembre de 2020, tiempo en el cual ya se hallaba vigente la Constitución Política del Estado que, en su art. 235.3 reafirmó el mismo mandato; la propia Ley 2027 –vigente desde 27 de octubre de 1999- en su art. 53 sobre las declaraciones juradas de bienes expresa: “…los servidores públicos, prestarán declaraciones actualizadas periódicas conforme a reglamentación expresa”, y su D.S. Reglamentario N° 1233 de 16 de mayo de 2012 en su art. 4, parágrafo II refiere: “Las servidoras y servidores públicos que concluyan su relación laboral con la entidad deberán presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, dentro del plazo de treinta (30) días calendario a partir del primer día de su desvinculación de la entidad pública”, siendo pertinente referir que la Constitución Política del Estado actual se halla vigente desde febrero de 2009, entretanto que la Ley 2027 y el D.S. 1233 que la reglamenta, se hallan vigentes desde el año 1999 y 2004 respectivamente; en dicho entendido la imputada, conocedora de las normas jurídicas inherentes a sus funciones, estaba obligada en su calidad de funcionario público al cumplimiento tanto de la Constitución como de la Ley y sus reglamentos, empero no lo hizo y por ello existe una conducta omisiva, pues no obstante que la imputada dejo su cargo el 01 de noviembre de 2020, incumplió con dicha obligación expresamente establecida por Ley, evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley, extremo corroborado por Informe UDJBR/CI-018/2021 de 09 de abril de 2021 elaborado por la Ing. Claudia América Sanabria Mujica, que da cuenta que no se ha identificado ningún registro respecto a Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas “por asumir” y/o “después del ejercicio del cargo” en la gestión 2020 y 2021 de la ciudadana María Dolores Zúñiga Arancibia, evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley. ------- Aspectos todos estos que se encuentran debidamente acreditados con los elementos de prueba referidos y detallados precedentemente, mismos que deberán considerarse a los efectos de la presente Resolución. ----- Ahora bien, los elementos colectados hasta este momento evidenciarían que los imputados: DAMIANA GARCIA COA, FRANZ CRISTIAN MENDOZA VARGAS, OLGA AGUILAR COLLAZOS, ADRIANA CAMPOS FLORES, NICOLAS CASTRO MAMANI, BENJAMIN COCA HERBOSO, BENJAMIN ROBERTO LEDEZMA MIRANDA, MARIA ESTHER LOPEZ PINTO, SEVERA LUJAN GARCIA DE GOMEZ, WALTER PEREZ ESTRADA, MARIA FLORA ROMERO HUARACHI, LUIS ROMERO, TERESA GUEISA RUIZ DURAN, ROSENDA SEGOVIA ARRUETA, JAIME VILDOZO VILLCA Y MARIA DOLORES ZUÑIGA ARANCIBIA, a sabiendas de la obligación contemplada en el Art. 235 num.3) de la CPE, que establece que es una obligación para los servidores públicos prestar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo, de ahí que los imputados, no efectuaron su declaración jurada de bienes y rentas en el plazo establecido, los dos primeros al momento de asumir el cargo y los otros al momento de la dejación de su cargo, incumpliendo con su obligación, encontrándose esto fuera del marco legal en cuanto a temporalidad, generándose así un riesgo inminente al Control efectivo que debe realizar el estado sobre el incremento patrimonial ilícito y desmedido que pueda operar en los Servidores Públicos, fruto de esa labor o función pública que desempeñó, a costa del Estado, vulnerando así los principios que hacen a la Administración Pública, dentro de ellos la transparencia, honestidad, eficiencia, eficacia, etc., que permiten que dicha conducta desplegada ingrese dentro del campo de lo Penalmente Reprochable. ---- De ahí que éste su accionar omisivo ha hecho que los citados servidores públicos (en su momento) no cumplieron con una obligación propia de la función pública, es decir con su deber de efectivizar de manera correcta su respectiva declaración jurada de bienes y rentas a la dejación de su cargo; consiguientemente al incurrir con su conducta en una omisión sobre una obligación propia de la función pública, a ese efecto conforme a ello y la determinación del Art. 154 del Código Sustantivo Penal, el “Incumplimiento de Deberes” es el delito por el que se omite de forma dolosa el cumplimento de una obligación legalmente establecida emergente de la función pública; es así que el reconocido jurisconsulto ANIBAL JEREZ LEZANA manifiesta al respecto “El incumplimiento de deberes se trata de la acción de hacer o no hacer haciendo - acción u omisión - negarse o retardarse a cumplir con sus deberes que están expresamente indicados en sus competencias, el delito se consuma con la omisión aunque no haya consecuencias…”, al respecto y refrendando aquello se tiene el contenido del A.S. Nº 047/2.012-RRC que refleja lo siguiente de forma inextensa: “Para resolver el problema planteado en el recurso, corresponde precisar la naturaleza jurídica del delito de incumplimiento de deberes por el que fue acusado el recurrente. En esta labor, se tiene que el Art. 154 CP, modificado por la Ley 004 de 31 de marzo del 2010, señala: “La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años”; es decir que este delito se consuma cuando el funcionario público omite, rehúsa hacer o retarda algún acto propio de su función, sin que el tipo penal exija un resultado, por lo que independientemente de los efectos que pueda tener, el delito se consuma con el incumplimiento de deberes propios del funcionario público. Consiguientemente, incurre en la comisión de este delito el funcionario público y no una persona particular, entender de otro modo, es atentar contra el principio de legalidad penal, que no sólo exige que una acción sea antijurídica para el ordenamiento legal general, sino que es imprescindible que guarde identidad con uno de los tipos penales que sirven de presupuesto de la pena que se pretenda aplicar…”; consecuentemente de la fundamentación ilustrada y analizada ésta en relación a la conducta desplegada por los protagonistas del hecho criminoso DAMIANA GARCIA COA, FRANZ CRISTIAN MENDOZA VARGAS, OLGA AGUILAR COLLAZOS, ADRIANA CAMPOS FLORES, NICOLAS CASTRO MAMANI, BENJAMIN COCA HERBOSO, BENJAMIN ROBERTO LEDEZMA MIRANDA, MARIA ESTHER LOPEZ PINTO, SEVERA LUJAN GARCIA DE GOMEZ, WALTER PEREZ ESTRADA, MARIA FLORA ROMERO HUARACHI, LUIS ROMERO, TERESA GUEISA RUIZ DURAN, ROSENDA SEGOVIA ARRUETA, JAIME VILDOZO VILLCA Y MARIA DOLORES ZUÑIGA ARANCIBIA, quienes a sabiendas de su obligación de realizar o proceder a su declaración jurada de bienes y rentas de manera oportuna, no cumplieron con la misma, al no haberlo hecho en la forma y modo previstos incurrieron con su conducta en una omisión sobre una obligación propia de la función pública. ---- Ésta circunstancia fundamental, debe ser tomada en cuenta en relación a la comprobada comisión del ilícito de Incumplimiento de Deberes (Art. 154 del Código Penal) que de acuerdo a la doctrina y jurisprudencia glosadas- es una figura en esencia “dolosa”, al respecto resulta atinado referir que todo delito o tipo delictivo se encuentra comprendido de dos elementos: el objetivo y el subjetivo, el primero comprende aquellas situaciones o circunstancias que configuran el trance de un acto criminal - independientemente de la voluntad de realizarlo, éste se complementa de manera más acusada con el segundo componente intelectivo que es el dolo, la porción de psique que aborda el conocimiento y determinación de los actos a llevar a cabo para conseguir un resultado que se sabe ilícito; éste componente volitivo conforma en un plano general el tipo subjetivo del delito o conocido también como el “animus” que en realidad le da vida a uno de los cuatro caracteres del delito cual es la culpabilidad (pues sin culpabilidad no hay delito castigable) es así que en base al principio de legalidad la conducta investigada debe remitirse a aquella por obligación ya sea en su forma dolosa o culposa. En el caso presente y siendo la figura delictiva analizada sustancialmente dolosa, el “animus nocendi” o ánimo genérico de dañar o perjudicar “sí” se encuentra debidamente acreditado, más aun teniendo en cuenta la normatividad arriba reflejada que lógicamente los imputados DAMIANA GARCIA COA, FRANZ CRISTIAN MENDOZA VARGAS, OLGA AGUILAR COLLAZOS, ADRIANA CAMPOS FLORES, NICOLAS CASTRO MAMANI, BENJAMIN COCA HERBOSO, BENJAMIN ROBERTO LEDEZMA MIRANDA, MARIA ESTHER LOPEZ PINTO, SEVERA LUJAN GARCIA DE GOMEZ, WALTER PEREZ ESTRADA, MARIA FLORA ROMERO HUARACHI, LUIS ROMERO, TERESA GUEISA RUIZ DURAN, ROSENDA SEGOVIA ARRUETA, JAIME VILDOZO VILLCA Y MARIA DOLORES ZUÑIGA ARANCIBIA, debieron observar, siendo éstas reglas que todo servidor público debe observar en el desarrollo de sus funciones, no pudiéndose de manera alguna alegar, falta, oscuridad, insuficiencia de la ley o desconocimiento de las obligaciones y deberes a los cuales se encuentran sometidos los servidores públicos, esto para justificar su vulneración; consecuentemente estando comprobada la voluntad demostrada en una omisión a sabiendas de su carácter delictivo y estando afianzado el “dolo” con el que se actuó por cuanto el tipo penal en análisis es básicamente doloso, requiriendo el conocimiento por parte del sujeto activo que de manera ilegal omite, rehúsa hacer o retarda algún acto propio de su función. ----- En virtud a lo expuesto y habiendo concluido la investigación preliminar, habiéndose acumulado en dicha etapa elementos e indicios suficientes, que hacen presumir que los sindicados: DAMIANA GARCIA COA, FRANZ CRISTIAN MENDOZA VARGAS, OLGA AGUILAR COLLAZOS, ADRIANA CAMPOS FLORES, NICOLAS CASTRO MAMANI, BENJAMIN COCA HERBOSO, BENJAMIN ROBERTO LEDEZMA MIRANDA, MARIA ESTHER LOPEZ PINTO, SEVERA LUJAN GARCIA DE GOMEZ, WALTER PEREZ ESTRADA, MARIA FLORA ROMERO HUARACHI, LUIS ROMERO, TERESA GUEISA RUIZ DURAN, ROSENDA Sistema de Registro Judicial SIREJ SEGOVIA ARRUETA, JAIME VILDOZO VILLCA Y MARIA DOLORES ZUÑIGA ARANCIBIA, son con probabilidad autores directos del delito de: INCUMPLIMIENTO DE DEBERES - PRIMERA PARTE - previsto y sancionado por el Art. 154 del Código Penal con las modificaciones de la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, en el grado de AUTORIA (Art. 20 del Código Pernal). En base a la fundamentación expuesta a la fecha, la suscrita se aparta de la calificación primigenia del caso en lo que respecta al delito de: Omisión de Declaración de Bienes y Rentas, debiendo tenerse presente a éste efecto el núm. 2) del Art. 302 del CPP que permite que la calificación del hecho pueda ser modificada conforme los resultados de la investigación; en el caso analizado la conducta exteriorizada por las imputadas y los elementos colectados en el periodo de investigación, demuestran que éstas incurrieron en la omisión de un deber misional; en consecuencia haciendo una ponderación sobre la atribución del hecho punible al presente se FORMALIZA IMPUTACION en contra de: ? DAMIANA GARCIA COA, FRANZ CRISTIAN MENDOZA VARGAS, OLGA AGUILAR COLLAZOS, ADRIANA CAMPOS FLORES, NICOLAS CASTRO MAMANI, BENJAMIN COCA HERBOSO, BENJAMIN ROBERTO LEDEZMA MIRANDA, MARIA ESTHER LOPEZ PINTO, SEVERA LUJAN GARCIA DE GOMEZ, WALTER PEREZ ESTRADA, MARIA FLORA ROMERO HUARACHI, LUIS ROMERO, TERESA GUEISA RUIZ DURAN, ROSENDA SEGOVIA ARRUETA, JAIME VILDOZO VILLCA Y MARIA DOLORES ZUÑIGA ARANCIBIA previsto y sancionado por el Art. 154 del Código Penal - primera parte- con las modificaciones de la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” mismo que reza: “...La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años…” en grado de autoría como se tiene referido en el párrafo referido precedentemente. (Solicitando a su autoridad disponga la notificación respectiva a los sujetos procesales con el presente requerimiento). VI. SOLICITUD DE APLICACIÓN DE SALIDA ALTERNATIVA - CRITERIO DE OPORTUNIDAD REGLADA Mediante el presente requerimiento el Ministerio Público con la facultad conferida por los Arts. 301-1) y 302 del Código de Procedimiento Penal, ha imputado a los sindicados: DAMIANA GARCIA COA, FRANZ CRISTIAN MENDOZA VARGAS, OLGA AGUILAR COLLAZOS, ADRIANA CAMPOS FLORES, NICOLAS CASTRO MAMANI, BENJAMIN COCA HERBOSO, BENJAMIN ROBERTO LEDEZMA MIRANDA, MARIA ESTHER LOPEZ PINTO, SEVERA LUJAN GARCIA DE GOMEZ, WALTER PEREZ ESTRADA, MARIA FLORA ROMERO HUARACHI, LUIS ROMERO, TERESA GUEISA RUIZ DURAN, ROSENDA SEGOVIA ARRUETA, JAIME VILDOZO VILLCA Y MARIA DOLORES ZUÑIGA ARANCIBIA por la presunta comisión del ilícito de: Incumplimiento de Deberes previsto y sancionado por el Art. 154 del Código Penal con las modificaciones de la Ley 004, siempre en atención a los principios de objetividad, probidad, oportunidad, en procura de lograr la solución del conflicto penal de manera prioritaria. Comprendido aquello y estando gozando de los derechos y obligaciones que emergen de un Estado democrático de derecho, es imperioso establecer prioridades en la persecución penal considerando la mayor o menor lesividad social de un hecho delictivo, el interés relevante respecto a la sociedad como así mismo la habitualidad o reincidencia que pudieran demostrar el o los Imputados respecto a similar conducta criminal perpetrada; son justamente éstos aspectos que han sido tomados en cuenta por el Ministerio Público para solicitar la aplicación de la Salida Alternativa de Criterio de Oportunidad Reglada, conforme a las normas establecidas en el ordenamiento jurídico Procesal Penal en vigencia. Consecuentemente el delito atribuido a las ahora Imputadas, tiene sancionada una pena privativa de libertad de (1) a (4) años, sanción que en el mejor de los casos podría darse en su máximo en un Juicio Oral Público y Contradictorio; sin embargo de aquello y siendo la pena indeterminada, en conocimiento directo de los sujetos procesales, las circunstancias y los móviles del hecho (esto en consideración a las circunstancias genéricas y atenuantes generales previstas en los Arts. 38 y 40 núm. 3) del Código Sustantivo de la Materia) de ninguna manera sometido el procesado a Juicio Oral Público y Contradictorio, podría condenársele a una pena superior a los (2) dos años, aspecto que haría previsible la aplicación del Perdón Judicial tal como lo tiene preceptuado el Art. 368 del Procesal Penal que establece que: “se concederá el Perdón Judicial al Autor o Partícipe, que por un primer delito haya sido condenado a pena privativa de libertad no mayor a (2) dos años…”, por lo que es posible aplicar en favor de los Imputados: DAMIANA GARCIA COA, FRANZ CRISTIAN MENDOZA VARGAS, OLGA AGUILAR COLLAZOS, ADRIANA CAMPOS FLORES, NICOLAS CASTRO MAMANI, BENJAMIN COCA HERBOSO, BENJAMIN ROBERTO LEDEZMA MIRANDA, MARIA ESTHER LOPEZ PINTO, SEVERA LUJAN GARCIA DE GOMEZ, WALTER PEREZ ESTRADA, MARIA FLORA ROMERO HUARACHI, LUIS ROMERO, TERESA GUEISA RUIZ DURAN, ROSENDA SEGOVIA ARRUETA, JAIME VILDOZO VILLCA Y MARIA DOLORES ZUÑIGA ARANCIBIA, una Salida Alternativa, siendo en consecuencia atinado aplicar lo establecido en el Art. 21 núm. 4) del Código de Procedimiento Penal, pues se tiene reglado que el Ministerio Público puede solicitar al Juez de la causa prescinda de la persecución penal, de uno o varios de los hechos imputados, respecto a uno o algunos de los partícipes, cuando sea previsible el “Perdón Judicial”; teniendo presente además que en la actualidad las citadas personas no cuentas con antecedente penal alguno y sobre todo la inexistencia de “daño económico” en relación a la víctima. ---- Sobre éste particular corresponde referir que, la actual Constitución Política del Estado expresa en la disposición del Art. 123 : “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución…”, revalidando aquello el contenido del Art. 112 que señala “Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad…”; precisiones normativas de interés para la causa en análisis por cuanto el Art. 154 del CPP (INCUMPLIMIENTO DE DEBERES) se encuentra contemplado en el Código Penal modificado por la Ley 004 y además sistematizado como delito de “corrupción” solo en su segunda párrafo, exceptuándose su parte primera que escapa a las prescripciones constitucionales citadas, emergiendo de aquello su consideración como un delito común y sobre el cual operan las salidas alternativas al proceso cuya posibilidad no se encuentra restringida por las modificaciones hechas a los Art. 366 y 368 del Procesal Penal, éstas innovadas por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz Nº 004, en razón de la circunstancia anotada que demuestra que la inexistencia de daño económico al Estado (o sus instituciones) solo hace a éste delito vinculado a corrupción y sobre los cuales se encuentra la aplicación de salidas alternativas. ------ Al respecto de aquello, la delimitación emergente de la jurisprudencia sentada por el A.S. Nº213/2013-RRC de fecha: 27/Agosto/2.013 que señala de forma textual lo siguiente: “Ahora bien, a esta altura del análisis y considerando las disposiciones contenidas en el Art. 112 de la CPE que dispone: “…los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad…”; se establece con base a una interpretación contextualizada, que el legislador al sistematizar los delitos contenidos en la Ley 004 y desde el marco de proporcionalidad, estableció una diferenciación entre delitos propios de corrupción con delitos vinculados debe entenderse relacionados con corrupción, a partir de que los últimos por sí solos, no poseen como uno de sus elementos, los denominados “actos de corrupción que comprometan o afecten recursos del Estado” en los términos y formas definidos en los Arts. 1 y 2 de la Ley 004; en consecuencia, si bien taxativamente por imperio de la Ley, el beneficio de la suspensión condicional de la pena no procede en delitos de corrupción, debe entenderse que esta situación de improcedencia está referida a aquellos que resultan propios y se hallan consignados en los Arts. 24 -primer párrafo- y 25 de la citada Ley, sin que exista limitación alguna para su concesión en los casos de los delitos vinculados con corrupción…..En la misma línea de análisis y dentro del referido contexto, de manera particular estando establecido el ámbito de análisis de la presente Resolución, puede constatarse que si bien la Ley 004 cita el Art. 154 del CP, en ambos grupos de delitos, es necesario precisar la circunstancia que determina que este delito sea considerado como de corrupción propiamente dicho o como delito vinculado a la corrupción. Así, la norma penal sustantiva que fuera modificada por el Art. 34 de la Ley 004, señala: “(Incumplimiento de Deberes). La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años”. La norma agrega: “La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado”….Esto significa, que es la circunstancia agravante descrita en la parte final del citado Art. 154 del CP, la que determina la naturaleza del delito, de modo que si el imputado acomoda su conducta a las previsiones contenidas en la primera parte de la referida norma sustantiva penal, se estará ante un delito vinculado con corrupción; pero si concurre la circunstancia agravante, ante un delito propio de corrupción…”. Esta diferenciación resulta relevante en cuanto a la procedencia del beneficio del “perdón Sistema de Registro Judicial SIREJ judicial” instituido por el Art. 368 del Código de Procedimiento Penal. --- Al respecto corresponde referir que la causal que marca la aplicación de éste precepto es la pena que prevé el tipo penal concreto, consiguientemente es pertinente referir que de acuerdo a las características del fenómeno criminal, no todos los delitos merecen el mismo tratamiento pudiéndose evitar que muchos de ellos no vayan a juicio buscándoles otra forma de solución, esto tomando en consideración la “política criminal” adoptada por nuestro país, misma que en la actualidad se encuentra direccionada al juzgamiento de los delitos violentos y pluriofensivos, los delitos económicos, los delitos de corrupción pública (rescatando el concepto de corrupción contemplado en el Art. 2 de la Ley 004) los delitos sexuales y los cometidos por el crimen organizado (tráfico de sustancias controladas, trata y tráfico de personas, legitimación de ganancias ilícitas y contrabando) es decir casos inexcusablemente investigables y que lógicamente generan un criterio de priorización en el sistema penal debiendo ser perseguidos sin limitación de esfuerzos y recursos; el criterio selectivo aplicado en la actualidad en lo relativo a la criminalidad, debe presentarse imponente frente a los crímenes de los poderosos (o delitos de cuello blanco) cuyo grado de afectación y consecuencias para la sociedad o el Estado son evidentemente funestas, traducidas éstas en daños materiales, perjuicios económicos que lleguen a alcanzar cifras exorbitantes, sin dejar de la do obviamente los delitos que impliquen la muerte violenta de personas, los delitos de tráfico de sustancias controladas, los de trata y tráfico de personas y otros que también ya han sido enunciados. ---- Por otro lado, de conformidad al Manual para la verificación de Oficio de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción en lo relativo a los Criterios para la remisión de antecedentes ante el Ministerio Público se tiene que: Es necesario distinguir aquellas omisiones o inconsistencias encontradas en el proceso de verificación que fueron realizadas de forma dolosa y con la clara intención de ocultar o falsear una información patrimonial y financiera de aquellas que fueron cometidas de manera culposa ya sea por negligencia o error, es decir, sin tener una intención de ocultar información o engañar al estado. Recordando que los delitos de corrupción vinculados con la DJBR deben ser dolosos y no culposos, pues uno de los objetivos de la verificación es la presunta detección de delitos para su posterior investigación, procesamiento y sanción de aquellos servidores y ex servidores públicos que mientan o engañen al estado falseando u ocultando información financiera patrimonial con el propósito de enriquecerse de manera ilícita o esconder sus bienes en procesos de recuperación producto de algún tipo de daño económico causado al patrimonio del estado, en el caso de autos pretende evitar la acumulación, de riquezas a costa del Estado, siendo la declaración jurada de bienes y rentas un mecanismo efectivo para controlar el patrimonio de sus empleados y verificar de este modo que no existe un enriquecimiento a costa del Estado o actos de corrupción. ----- Conforme lo señalado, se tiene lo dispuesto por el Art. 235 núm. 3) de la Constitución Política del Estado, norma que señala que una de las obligaciones de las servidoras y los servidores públicos es la de “Presentar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo…”, norma máxima y de observancia obligatoria que tiene estrecha vinculación con la Ley SAFCO que en su Art. 28 señala de forma expresa: “Todo servidor público responderá por los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A éste efecto: a) La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinarán tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión…”, en consecuencia sancionando expresamente la responsabilidad penal en su Art. 34 : ”la responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público y de los particulares, se encuentra tipificada en el Código Penal...”; de similar modo y sobre el particular se tiene la Ley Nº 2027 o Estatuto del Funcionario Público que señala lo siguiente : “Art. 53° (DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS).- Todos los servidores públicos, cualquiera sea su condición, jerarquía, calidad o categoría, están obligados a prestar declaraciones expresas sobre los bienes y rentas que tuvieren ha momento de iniciar su relación laboral con la administración. Durante la vigencia de la relación laboral del servidor con la administración y aún al final de la misma, cualquiera sea la causa de terminación, las declaraciones de bienes y rentas de éstos, podrán ser en cualquier momento, objeto de verificación. Al efecto, los servidores públicos, prestarán declaraciones y actualizaciones periódicas conforme a reglamentación expresa…”. Consecuentemente de las legislaciones glosadas, éstas circunscriben la obligación que tiene todo funcionario público de prestar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas en los momentos oportunos y así exigidos por el ordenamiento vigente, emergiendo de su incumplimiento el tipo de responsabilidad penal. ---- En consideración a la fundamentación ampliamente expuesta la suscrita representante del Ministerio Público, en ejercicio del principio de “Objetividad” descrito por el Art. 72 de la Ley Nº 1970, concordante con el Art. 5º núm. 3) de la Ley Nº 260 y al amparo de los Arts. 21 núm. 4) y 323 núm. 2) del Código de Procedimiento Penal, solicita a su autoridad disponga LA APLICACIÓN DE LA SALIDA ALTERNATIVA DE CRITERIO DE OPORTUNIDAD REGLADA A FAVOR DE LOS IMPUTADOS DAMIANA GARCIA COA, FRANZ CRISTIAN MENDOZA VARGAS, OLGA AGUILAR COLLAZOS, ADRIANA CAMPOS FLORES, NICOLAS CASTRO MAMANI, BENJAMIN COCA HERBOSO, BENJAMIN ROBERTO LEDEZMA MIRANDA, MARIA ESTHER LOPEZ PINTO, SEVERA LUJAN GARCIA DE GOMEZ, WALTER PEREZ ESTRADA, MARIA FLORA ROMERO HUARACHI, LUIS ROMERO, TERESA GUEISA RUIZ DURAN, ROSENDA SEGOVIA ARRUETA, JAIME VILDOZO VILLCA Y MARIA DOLORES ZUÑIGA ARANCIBIA, en virtud de que de manera racional se puede establecer que en el hecho investigado “es previsible el Perdón Judicial”, estando permitida la aplicación de la citada circunstancias y prescindir de la acción penal bajo aquellos parámetros procesales; consiguientemente y en aplicación del Art. 27 núm. 4) de la Ley Adjetiva Penal, se impetra se declare extinguida la presente acción pública con referencia a las Imputadas, debiendo absolver el presente requerimiento de conformidad al parágrafo I del Art. 328 del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley Nº 586 de “Descongestionamiento y Efectivizarían del Sistema Procesal Penal”. --- Otrosí 1.- A fin de probar el cumplimiento de requisitos para la procedencia de la presente solicitud se adjunta al presente la documental anunciada líneas arriba, así como documental respaldatoria a efectos de acreditar lo aseverado, protestando al efecto la remisión del Certificado de Antecedentes Penales de los imputados de manera oportuna. ----- Otrosí 2º.- Adjunto a la presente las Declaraciones Informativas y las publicaciones de edicto de los imputados; esto en atención a lo establecido en el Art. 98 del CPP. ---- FIRMA Y SELLO ABOG.JAVIER GORENA CAMACHO FISCAL DE MATERIA --------------------------------------------------------------------- AUTO DE 30 DE AGOSTO DE 2021. ----------------------------------------------------------------------------------- ---------- AUTO DEFINITIVO.----- Sucre, 30 de agosto de 2021. ------ CU: 101102012100875. ------------------------- --------- VISTOS: El memorial que antecede presentado por el MP, la recalificación del tipo penal realizada por parte del Ministerio Público de omisión a declaración jurada de bienes y rentas (art. 149) a IMCUMPLIMIENTO DE DEBERES – PRIMERA PARTE previsto y sancionado en el art. 154 del Código Penal, la solicitud de aplicación de Criterio de Oportunidad, los elementos probatorios adjuntados, los antecedentes procesales, y todo cuanto corresponde. CONSIDERANDO : Que, dentro del proceso que se sigue el MP en contra de 1)DAMIANA GARCIA COA, 2)FRANZ CRISTIAN MENDOZA VARGAS, 3)OLGA AGUILAR COLLAZOS, 4)ADRIANA CAMPOS FLORES, 5)NICOLAS CASTRO MAMANI, 6)BENJAMIN COCA HERBOSO, 7)BENJAMIN ROBERTO LEDEZMA MIRANDA, 8)MARIA ESTHER LOPEZ PINTO, 9)SEVERA LUJAN GARCIA DE GOMEZ, 10)WALTER PEREZ ESTRADA, 11)MARIA FLORES ROMERO HUARACHI,12)LUIS ROMERO, 13) TERESA GUEISA RUIZ DURAN, 14)ROSENDA SEGOBIA ARRUETA, 15)JAIME VILDOZO VILLCA y 16)MARIA DOLORES ZUÑIGA ARANCIBIA por la presunta comisión del delito e OMISIÓN DE DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS previsto en el art. 149 del CP, disponiendo el MP RECALIFICAR EL DELITO PRIMIGENIO al delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, previsto en la sanción del art. 154 del CP y en definitiva elevar imputación formal en fecha 27 de agosto de 2021 Sistema de Registro Judicial SIREJ en contra de los prenombrados por la presunta comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, Art. 154 CP., requiriendo se de curso a la solicitud de salida alternativa de criterio de oportunidad en aplicación, de los arts. 323 inc.2 y 21, núm. 4) CPP, ya que del hecho investigado es previsible el perdón judicial y en consecuencia de ello pide se declare extinguida la causa penal conforme los efectos el art. 27- 4 CPP, pidiendo en definitiva se absuelva su petitorio conforme el art. 323, núm. 2) y art. 282 – I del CPP. CONSIDERANDO: Que, resumida la pretensión del MP corresponde analizar si se tienen los presupuestos para dar curso a su solicitud, siendo necesario puntualizar lo siguiente: Que, como dato cierto e inequívoco se tiene que el Ministerio Público ha iniciado investigación por el ilícito previsto en el art. 149 del CP que a la letra señala: “(Omisión de Declaración de Bienes y Rentas). La servidora o el servidor público que conforme a la Ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas a tiempo de tomar posesión o a tiempo de dejar su cargo y no lo hiciere, será sancionado con multa de treinta (30) días.” Que, previa recalificación la instancia fiscal ha imputado a 1)DAMIANA GARCIA COA, 2)FRANZ CRISTIAN MENDOZA VARGAS, 3)OLGA AGUILAR COLLAZOS, 4)ADRIANA CAMPOS FLORES, 5)NICOLAS CASTRO MAMANI, 6)BENJAMIN COCA HERBOSO, 7)BENJAMIN ROBERTO LEDEZMA MIRANDA, 8)MARIA ESTHER LOPEZ PINTO, 9)SEVERA LUJAN GARCIA DE GOMEZ, 10)WALTER PEREZ ESTRADA, 11)MARIA FLORES ROMERO HUARACHI,12)LUIS ROMERO, 13) TERESA GUEISA RUIZ DURAN, 14)ROSENDA SEGOBIA ARRUETA, 15)JAIME VILDOZO VILLCA y 16)MARIA DOLORES ZUÑIGA ARANCIBIA por el ilícito previsto en el art 154 CP, modificado por la ley 004. Que, a la letra dispone: “(Incumplimiento de Deberes). La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado”, que en base a dicho precepto normativo el fundamento para solicitar el criterio de oportunidad es que 1)DAMIANA GARCIA COA, 2)FRANZ CRISTIAN MENDOZA VARGAS, 3)OLGA AGUILAR COLLAZOS, 4)ADRIANA CAMPOS FLORES, 5)NICOLAS CASTRO MAMANI, 6)BENJAMIN COCA HERBOSO, 7)BENJAMIN ROBERTO LEDEZMA MIRANDA, 8)MARIA ESTHER LOPEZ PINTO, 9)SEVERA LUJAN GARCIA DE GOMEZ, 10)WALTER PEREZ ESTRADA, 11)MARIA FLORES ROMERO HUARACHI,12)LUIS ROMERO, 13) TERESA GUEISA RUIZ DURAN, 14)ROSENDA SEGOBIA ARRUETA, 15)JAIME VILDOZO VILLCA y 16)MARIA DOLORES ZUÑIGA ARANCIBIA en su calidad de funcionarios públicos habrían omitido realizar su declaración de bienes y rentas por asumir y dejación del cargo, conforme se expone en el pliego e imputación respecto a cada imputado, solicitando el criterio de oportunidad en aplicación del art, 21-4 del CPP, al ser previsible que en un eventual juicio se les aplique el perdón judicial. ------ CONSIDERANDO: Que, en fecha 27 de agosto de 2021 ha entrado en vigencia la ley 1390, “LEY DE FORTALECIMIENTO PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”, norma que ha modificado el art. 154 del CP de la siguiente forma: “(Incumplimiento de Deberes). Será sancionado con privación de libertad de dos (2) a cuatro (4) años e inhabilitación, la servidora, servidor, empleada o empleado público que niegue, omita o rehúse hacer, ilegal e injustificadamente, un acto propio de sus funciones y con ello genere: 1. Daño económico al Estado o a un tercero; 2. Impunidad u obstaculización del desarrollo de la investigación en infracciones de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, en la prestación de servicios de justicia; o, 3. Riesgo a la vida, integridad o seguridad de las personas al omitir la prestación de auxilio legalmente requerido por autoridad competente." Que, así también la ley 1390 ha establecido en la DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA UNICA derogar el ilícito de omisión de declaración de bienes y rentas (art. 149 CP). Que, la DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA de la ley 1390, señala: “En el marco del Artículo 123 de la Constitución Política del Estado, la o el fiscal, la jueza o el juez, o tribunal, deberán aplicar el principio de retroactividad en todo lo que beneficie al imputado”. Que, expuestos los antecedentes y normativa aplicable al caso se tiene que en el caso de autos el delito inicialmente investigado ya no se haya contemplado como ilícito y el delito de incumplimiento de deberes ha establecido tres presupuestos en lo que se configura el ilícito de incumplimiento de deberes, presupuestos que no se aplican de alguna forma a las acciones de 1)DAMIANA GARCIA COA, 2)FRANZ CRISTIAN MENDOZA VARGAS, 3)OLGA AGUILAR COLLAZOS, 4)ADRIANA CAMPOS FLORES, 5)NICOLAS CASTRO MAMANI, 6)BENJAMIN COCA HERBOSO, 7)BENJAMIN ROBERTO LEDEZMA MIRANDA, 8)MARIA ESTHER LOPEZ PINTO, 9)SEVERA LUJAN GARCIA DE GOMEZ, 10)WALTER PEREZ ESTRADA, 11)MARIA FLORES ROMERO HUARACHI,12)LUIS ROMERO, 13) TERESA GUEISA RUIZ DURAN, 14)ROSENDA SEGOBIA ARRUETA, 15)JAIME VILDOZO VILLCA y 16)MARIA DOLORES ZUÑIGA ARANCIBIA, descritas en la imputación formal, entonces en un eventual juicio por la acción descrita y el tipo penal modificado no es previsible que se aplique el perdón judicial en relación de los imputados, dado que por las modificaciones legales descritas, podrían ser beneficiados incluso con una resolución mucho más favorable y no con resolución que los condene a una pena igual o inferior a los dos años, entonces se concluye que no se tiene cumplido el presupuesto del art. 21-4 CPP. ----- Que, así también en estricta observancia de la citada disposición final única es preciso indicar que el suscrito no encuentra que otorgar el criterio de oportunidad porque sea previsible el perdón judicial sea beneficioso para los imputados por la acción omitíva de no haber realizado su Sistema de Registro Judicial SIREJ declaración de bienes y rentas en el plazo establecido, por los razonamientos descritos ut supra, correspondiendo en consecuencia rechazar la solicitud de criterio de oportunidad impetrada por la instancia fiscal, instando al MP a observar los preceptos normativos citados a momento de emitir el requerimiento conclusivo que corresponda a la etapa preparatoria, conforme el control de plazos a partir de la notificación con la imputación formal. POR TANTO. - El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer N°1 de la Capital, en merito a los antecedentes descritos supra, conforme la solicitud fiscal, y en aplicación del art 54-2, 328 –III, 368 del CPP y la disposición final única de la ley 1390, DISPONE RECHAZAR LA SOLICITUD DE CRITERIO DE OPORTUNIDAD para 1)DAMIANA GARCIA COA, 2)FRANZ CRISTIAN MENDOZA VARGAS, 3)OLGA AGUILAR COLLAZOS, 4)ADRIANA CAMPOS FLORES, 5)NICOLAS CASTRO MAMANI, 6)BENJAMIN COCA HERBOSO, 7)BENJAMIN ROBERTO LEDEZMA MIRANDA, 8)MARIA ESTHER LOPEZ PINTO, 9)SEVERA LUJAN GARCIA DE GOMEZ, 10)WALTER PEREZ ESTRADA, 11)MARIA FLORES ROMERO HUARACHI,12)LUIS ROMERO, 13) TERESA GUEISA RUIZ DURAN, 14)ROSENDA SEGOBIA ARRUETA, 15)JAIME VILDOZO VILLCA y 16)MARIA DOLORES ZUÑIGA ARANCIBIA, que ha sido solicitada por la instancia fiscal, debiendo el Ministerio Público presentar el requerimiento conclusivo que corresponda de acuerdo a la nueva normativa vigente. ----- Sin perjuicio de la determinación asumida, Habiéndose emitido Resolución de imputación formal en contra de 1)DAMIANA GARCIA COA, 2)FRANZ CRISTIAN MENDOZA VARGAS, 3)OLGA AGUILAR COLLAZOS, 4)ADRIANA CAMPOS FLORES, 5)NICOLAS CASTRO MAMANI, 6)BENJAMIN COCA HERBOSO, 7)BENJAMIN ROBERTO LEDEZMA MIRANDA, 8)MARIA ESTHER LOPEZ PINTO, 9)SEVERA LUJAN GARCIA DE GOMEZ, 10)WALTER PEREZ ESTRADA, 11)MARIA FLORES ROMERO HUARACHI,12)LUIS ROMERO, 13) TERESA GUEISA RUIZ DURAN, 14)ROSENDA SEGOBIA ARRUETA, 15)JAIME VILDOZO VILLCA y 16)MARIA DOLORES ZUÑIGA ARANCIBIA, por la presunta comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, previsto en la sanción del art. 154 del CP, regístrese la misma donde corresponda y notifíquese de forma personal a los imputados, y a las demás partes procesales. ---- Notifíquese con la presente resolución a las partes, quienes podrán hacer uso del recurso de apelación en el plazo de tres días de su legal notificación en conformidad de los Arts. 403 inc. 11 y 404 del Código de Procedimiento Penal. ------- Al otrosí 1 y 2.- adjuntado y a lo principal. ------ REGÍSTRESE. - FIRMA Y SELLO. ------ El Lic. GARY BRACAMONTE GUMIEL------Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujer N°1 de la Capital -------Sucre – Bolivia ANTE MÍ: FIRMA Y SELLO--------- Lic. Víctor Hugo Churqui Ramos- Secretario – Abogado del Instrucción Anticorrupción y de materia contra la violencia hacia las mujeres N°1 de la Capital------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- FIRMA Y SELLO------ El Lic. GARY BRACAMONTE GUMIEL------Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujer N°1 de la Capital ---Sucre – Bolivia.------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANTE MÍ: FIRMA Y SELLO--------- Lic. Víctor Hugo Churqui Ramos- Secretario – Abogado del Instrucción Anticorrupción y de materia contra la violencia hacia las mujeres N°1 de la Capital----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- El presente edicto es librado, en la ciudad de Sucre, capital del Estado Plurinacional de Bolivia a los TRECE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUN AÑOS.------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- -------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& D. S. O. :18270001 :28441


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