EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA


EDICTO PARA:-EDGAR BENIGNO GUTIERREZ CORTEZ. DR. DAVID CLAVIJO ZURITA.-DRA. MARIA ZULMA MONTAÑO MONTAÑO VOCALES DE LA SALA CONSTITUCIONAL NO. 1 COCHABAMBA – BOLIVIA MEDIANTE EL PRESENTE EDICTO, SE ORDENA LA CITACION CON MEMORIAL DE ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL DE 30 DE AGOSTO DE 2021, DECRETO DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, MEMORIAL DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, AUTO DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, MEMORIAL DE 05 DE OCTUBRE DE 2021, AUTO DE 08 DE OCTUBRE DE 2021, AL TERCER INTERESADO EDGAR BENIGNO GUTIERREZ CORTEZ PARA QUE ASUMA SU DEFENSA DENTRO LA ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL SEGUIDO POR FRANZ MONTECINOS Y FELIX CASTAÑARES ARCE CONTRA DRA. NURIA GISELA GONZALES ROMERO (FISCAL DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA) Y DRA. TERESA L. FERRUFINO NAVIA (FISCAL ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES DE LA EPI NORTE); A CUYO FIN SE TRANSCRIBEN LOS ACTUADOS PERTINENTES:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ************************************************************************************************* **************MEMORIAL DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021**************** ************************************************************************************************** SEÑOR PRESIDENTE Y VOCAL DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE TURNO DE COCHABAMBA INTERPONE ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL OTROSIES. - FRANCISCO JAVIER MENA SORUCO, mayor de edad, hábil por ley, portador de la cédula de identidad N° 4070886 Or, vecino de esta ciudad,en representación legal de los Sres. FRANZ MONTECINOS CHÁVEZ y FELIX CASTAÑARES ARCE, atribución conferida mediante los Poderes5572021 de fecha 26 de julio de 2021 otorgado por y ante Notaria de Fe Publica No 48 del distrito judicial de Cochabamba y el 253/2021 de fecha 26 de julio de 2021 otorgado por y ante Notario de Fe Publica No 4 del distrito judicial de Oruro, respectivamente; presentándome ante sus autoridades con el debido respeto expongo y solicito: I.- LEGITIMACIÓN ACTIVA. Respecto a la Legitimación Activa en la Acción de Amparo Constitucional el Art. 129.I de la Constitución Política del Estado, concordante con el art. 52 del Código Procesal Constitucional, dispone que la Acción de Amparo se interpondrá por la persona natural o jurídica cuyos derechos estén siendo restringidos, suprimidos o amenazados, de serlos, directamente u otra en su nombre con poder suficiente, de lo que se infiere que la legitimación activa es la coincidencia del sujeto que considera que ha sido agraviado en sus derechos y el que interpone la Acción. En ese sentido la SC 0703/2011-R de 20 de mayo, ha señalado que: “El recurso de amparo la legitimación activa consiste en la identidad de la persona del sujeto activo con la persona a la cual la ley concede el derecho a la acción constitucional…” En el caso en concreto mis poder conferentes cuentan con la legitimación activa para interponer la presente Acción de Amparo Constitucional, como emergencia y necesidad de la tutela de sus derechos fundamentales que han sido vulnerados con la emisión de la Resolución Jerárquica signada como FDC/TFN IS N° 88/2021 de fecha 25 de marzo de 2021, emitida por la Dra. Teresa L. Ferrufino Navia- Fiscal Departamental de Cochabamba S.L. II.- LEGITIMACIÓN PASIVA Respecto a la legitimación pasiva dentro de la Acción de Amparo Constitucional nos remitimos a lo establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1125/2017-S2 de 23 de octubre, que refirió: “La legitimación pasiva, es la capacidad jurídica reconocida a un servidor público, autoridad o persona particular, que presuntamente realizó un hecho ilegal o indebido, a efectos que pueda asumir defensa o responder por sus actos los cuales provocaron la restricción, supresión o la amenaza de restringir o suprimir derechos y garantías constitucionales, consiguientemente contra quien se dirige la acción” . Ahora bien, en la referida Sentencia el Tribunal Constitucional Plurinacional, también ha establecido lo siguiente: “… la legitimación pasiva recaerá sobre el juez, tribunal u órgano que asumió la decisión, no obstante hubiera hecho dejación del cargo, así como contra la nueva autoridad que ejerce el mismo…”; entendimiento bajo el cual se dirige la presente Acción de Amparo Constitucional contra laDRA. TERESA L. FERRUFINO NAVIA- autoridad que emite el acto vulneratorio de derechos fundamentales- y contra la DRA. NURIA GISELA GONZALES ROMERO- autoridad que actualmente ejerce el cargo en el cual se materializó la vulneración de los derechos fundamentales de mis poder conferentes. III. OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD. - Conforme a lo establecido en el art. 129 parte in fine, de la Constitución Política del Estado, concordante con el art. 54 del Código Procesal Constitucional la Acción de Amparo Constitucional solo procede ante la inexistencia de otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo, lo que la doctrina denomina el principio de subsidiariedad, al respecto la SCP 0012/2018-S3 de 02 de marzo señaló: “… el Amparo Constitucional se constituye en un instrumento subsidiario y supletorio de protección; subsidiario porque no puede ser utilizado si previamente no se agotaron las vías ordinarias de defensa, y supletorio por que viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria…” Bajo ese entendido, en el presente caso nos encontramos ante la inexistencia de medios ordinarios en los que mis poder conferentes puedan solicitar la restitución de sus derechos vulnerados, ya que la Resolución Jerárquica FDC/TFN IS N° 88/2021 de fecha 25 de marzo de 2021, no admite Recurso ulterior para ser activado. IV. PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN. – El Amparo Constitucional al tener dentro de su naturaleza la de ser un medio inmediato para la restitución de los derechos fundamentales, tiene un plazo dentro del cual puede activarse el mismo, que conforme a lo establecido en el art. 129. II. de la Constitución Política del Estado concordante con el art. 55 del Código Procesal Constitucional es de seis meses computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho; por lo que cabe referir que Resolución Jerárquica mediante la cual se materializa la vulneración de los derechos fundamentales de mis poder conferentes es emitida en fecha 25 de marzo de 2020, habiéndose tomado conocimiento de la misma mediante el sistema digital del Ministerio Publico (JL1), sin que los mismo hallan sido notificados con las mimas hasta la fecha, por lo que se tiene que la presente acción se encuentra dentro del plazo establecido de seis meses. V.- ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURIDICA. – ? En fecha 16 de marzo del 2017, mis poder conferentes presentan querella contra los Sres. Edgar Benigno Gutiérrez Cortez, Emilio García Ríos, Agustín Edgar Balderrama Fernández y Aydee Susana Balderrama Fernández, ante la Fiscalía Departamental de Oruro, denunciando la comisión de delitos de orden público como son el de tráfico de Tierras y Estafa. ? En fecha 27 de marzo de 2017 la Fiscalía Departamental de Oruro admite la querella, únicamente por el tipo penal de Estafa, conforme establece el art. 335 del Código Sustantivo Penal. ? En fecha 30 de marzo, el fiscal asignado al caso en la ciudad de Oruro, comunica el inicio de investigación, por la presunta comisión del delito de Estafa. ? En fecha 28 de noviembre de 2017, el fiscal asignado al caso de la Ciudad de Oruro, emite la acertada y fundamentada Resolución de Imputación Formal únicamente por el delito de orden público de Estafa, realizando una correcta valoración de los elementos probatorios, exponiendo los siguientes fundamentos que sustentas su decisión: 1. “ La clausula QUINTA del documento de constitución de sociedad, establece, (GARANTIAS)Los compradores ofrecen a los inversionistas en calidad de garantía por la inversión de los $us 35.000.- cinco lotes de terreno cada uno de 300m2, así mismo estos ya generaron en la fecha de la suscripción de documento, una garantía vale decir con el objeto de asegurar la inversión la cual las victimas hicieron, ya les otorgan 5 lotes de 300 m2, sin haberlos obtenido legítimamente negociando así una garantía que jamás podría ser ejecutada debido a que todo fue ficticio” 2. “…debemos abocarnos a lo que establece el Art. 335 (ESTAFA) del Código Penal … figura penal que se adecua perfectamente en la conducta de EDGAR BENIGNO GUTIERREZ CORTES, EMILICIO GARECIA RÍOS, AGUSTIN EDGAR BALDERRAMA FERNANDEZ y AYDEE SUSANA BALDERRAMA FERNANDEZ, toda vez que los mismos obtuvieron para si un beneficio económico indebido, mediante engaños y artificios es decir la suma total de $us 35.000 (TREINTA Y CINCO MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS), haciendo creer a las víctimas que les entregaría lotes de terreno que presumiblemente estarían siendo saneados, por el cual obtuvieron beneficios económicos… hechos que provocan que las victimas Franz Montecinos Chávez y Feliz Aurelio Castañares Arce, misma ingresen en un error y realizaron el acto de disposición patrimonial, es decir con la entrega y desplazamiento de su dinero, que ocasionó en perjuicio de las mismas.” (Resaltado añadido). ? En fecha 26 de marzo de 2018, el Imputado Agustín Edgar Balderrama Fernández, presenta memorial oponiendo la excepción de incompetencia, solicitando que la autoridad judicial de la ciudad de Oruro se separe del Conocimiento de la Causa y Remita el Proceso Penal ante la Autoridad Jurisdiccional del Asiento Judicial del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Solicitud que tuvo una respuesta favorable por parte de la Autoridad Jurisdiccional que conocía la causa en la ciudad de Oruro, en cuento en fecha 26 de abril de 2018, mediante Auto Interlocutorio N° 268/2018 declara fundada la excepción de incompetencia en razón de territorio, interpuesta por Agustín Edgar Balderrama Fernández, en cuyo merito se declara sin competencia para el conocimiento de la causa, y ordena la remisión ante Juzgado Penal de Turno de la ciudad de Cochabamba, por lo que se remite a la jurisdicción de la ciudad de Cochabamba. ? Habiendo tomado conocimiento del caso, la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de la Ciudad de Cochabamba, representada por la Fiscal de Materia- Sandra Mamani Villca- en fecha 19 de octubre de 2020, emite Resolución de Sobreseimiento, en la cual se nota su desconocimiento total del caso, su deficiente y ligera valoración probatoria. ? Como consecuencia de dicha infundada resolución, y a fin de hacer notar la vulneración de los derechos constitucionales de mis poder conferentes se impugna la Resolución de Sobreseimiento, mediante memorial de 16 de noviembre de 2020. ? Impugnación que merece la respuesta de la autoridad fiscal superior del departamento de Cochabamba que se encontraba en suplencia legal, respuesta que se constituye en la materialización final a la vulneración de los derechos constitucionales de mi poder conferentes oportunamente reclamados, tal como paso a exponer: VI.- DESCRIPCION PRECISA DEL ACTO OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL. – En fecha 25 de marzo de 2021, la Dra. Teresa Ferrufino Navia en suplencia legal de la Fiscal departamental de Cochabamba emite la Incongruentes, Infundada e Irracional Resolución Jerárquica signada como FDC/TFN IS N° 88/2021, mediante la cual confirma la Resolución de Sobreseimiento de 19 de octubre de 2019, bajo los siguientes fundamentos: “… se establece que las partes tuvieron una relación contractual de prestación para la compra y venta de lotes de terreno, aspecto que es corroborado con el Documento Privado de 30 de abril de 2009, en el que las partes entablaron una relación contractual, estableciéndose como plazo de la sociedad desde la suscripción del documento hasta que se transfieran los treinta lotes de terreno y se haya hecho efectiva a la devolución del capital y a la entrega de las utilidades a los inversionistas, constando como garantía de dicha inversión cinco lotes de terrenos cada uno de 300 m2, por ende en el caso concreto y bajo el principio de mínima intervención del derecho penal, la parte denunciante debió acudir a la vía civil a efecto de recuperar el dinero que entrego a los sindicados; además, de la reparación de daños y perjuicios.” (Resaltado añadido) “Sumado a ello, se tiene el Informe técnico de fecha 27 de julio de 2020 emitido por el jefe de Planificación Territorial del GAM de Tiquipaya Ing. Alexis Rene Apaza Huanto; que acredita que la documentación de la urbanización en cuestión fue regularizada con anterioridad, acreditándose de esta manera que los lotes de terreno cuestionados no se encuentran en dominio público” Partes principales de la resolución que vulneran flagrantemente los derechos fundamentales de mis poder conferentes, específicamente su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia de las resoluciones, valoración razonable de la prueba y derecho al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, tal como se detallara posteriormente. VI.- FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAS Y LA APERTURA DE SU COMPETENCIA La Constitución Política del Estado en su Art. 128 establece que:“La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.”. Por su parte el Artículo 51 del Código Procesal Constitucional establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona naturalo jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”. En ese sentido la Sentencia Constitucional Nº 0975/2005-R, de 18 de agosto señalo que: “…el amparo constitucional como un recurso extraordinario que otorga protección inmediata contra los actos ilegales y las omisiones indebidas de Autoridades o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantía fundamentales de la persona y que son reconocidos por la Constitución Política del Estado y las Leyes”. De ello se entiende, que la Acción de Amparo Constitucional procede contra actos ilegales y omisiones indebidas de Autoridades o Servidores Públicos cuyas decisiones o resoluciones restringen derechos y garantías de las personas naturales y jurídicas, y tomando en cuenta que las decisiones asumidas por la Fiscalía Departamental vulneran mis derecho al Debido Proceso, en sus elementos de Fundamentación y Congruencia de las Resoluciones, y Valoración Objetiva de la Prueba, Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. VI.1. REVISIÓN EXCEPCIONAL DE LA VALORACIÓN PROBATORIA EN SEDE CONSTITUCIONAL La labor de valoración probatoria por regla es una labor de la jurisdicción ordinaria, o en su caso de la jurisdicción disciplinaria dentro del proceso correspondiente, sin embargo dicha valoración excepcionalmente puede ser revisada en sede constitucional ante la concurrencia de determinados presupuestos, así lo establece la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional Plurinacional en sus Sentencias: SCP 0025/2018-S2 de 28 de febrero de 2018, SCP 0747/2019-S2 de 10 de septiembre de 2019 y SCP 0014/2018-S2, que establecen: “… es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme los siguientes criterios. i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a.) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad, iii.b.) Omitieron de marera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y. ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación, iii) La competencia de la jurisdicción constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer o constatar una actitud omisiva en esa tarea o ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv)Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando indican en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales”. (Resaltado añadido) En el presente caso la jurisdicción constitucional es competente para ingresar al fondo y por consiguiente revisar la valoración probatoria efectuada por la jurisdicción ordinaria, toda vez que esta ha basado su decisión en fundamentos adquiridos bajo una mala interpretación de las pruebas y valoración parcial de la misma, es decir que su decisión se encuentra fundamentada principalmente en dos pruebas documentales consistentes en: 1. Documento de Constitución de Sociedad Accidental de fecha 30 de abril de 2009, suscrito por Edgar Benigno Gutiérrez Cortez, Emilio García Ríos, Agustín Edgar Balderrama Fernández, Aydee Susana Balderrama Fernández (querellados) y mis poder conferentes Franz Montecinos Chávez y Feliz Aurelio Castañares Arce (Actualmente demandantes de Tutela), de cuya documental la Autoridad Accionada emite el siguiente fundamento: “… se establece que las partes tuvieron una relación contractual de prestación para la compra y venta de lotes de terreno, aspecto que es corroborado con el Documento Privado de 30 de abril de 2009, en el que las partes entablaron una relación contractual, estableciéndose como plazo de la sociedad desde la suscripción del documento hasta que se transfieran los lotes de terreno y se haya hecho efectiva la devolución del capital y a la entrega de las utilidades a los inversionista, constando como garantía de dicha inversión cinco lotes de terrenos cada uno de 300m2, por ende en el caso concreto y bajo el principio de mínima intervención del derecho penal, la parte denunciante debió acudir a la vía civil a efecto de recuperar el dinero que entregó a los sindicados; además, de la reparación de los daños y perjuicios.” De lo que se denota que hizo una lectura parcial de dicho documento, omitiendo leer en su integridad la prueba documental, que en la clausula que refiere la Autoridad Accionada establece claramente: “SEGUNDA.- (OBJETO Y CONDICIONES), La sociedad tendrá por objetivo la compra y venta de lotes de terreno ubicados en la zona de Chilimarca, comprensión de la Ciudad del Niño-Tiquipaya, bajo las siguientes modalidades: Los señores AGUSTIN EDGAR GUTIERREZ BALDERRAMA, EDGAR GUTIERREZ, EMILIO GARCIA Y AYDEE S. BALDERRAMA, han realizado el trabajo de ubicar unos lotes de terreno en la zona de la ciudad del Niño Chilimarca, comprensión de Tiquipaya, de la Urbanización A.I.G. de Y.P.F.B., terrenos que están en proceso de saneamiento a través de la Honorable Alcaldía Municipal de Tiquipaya, que para la Conclusión del tramite administrativo se requiere el aporte de la suma de TREINTA Y CINCO MIL 00/100 DOLARES NORTEAMERICANOS ($us 35.000) capital con el que intervendrán los señores FRANZ MONTECINOS CHAVEZ Y FELIX CASTAÑARES ARCE como inversionistas.” (negritas añadidas) Prueba de la que, si la autoridad Accionada hubiera realizado una simple lectura de esta, concluiría que evidentemente en el contrato se constituyo una sociedad con el objeto de comprar y vender lotes, que los querellados manifestaban haber encontrado; sin embargo el dinero entregado por las victimas fue estrictamente para la conclusión de los trámites administrativos de saneamiento ante la Honorable Alcaldía de Tiquipaya, que según los querellados alegaban se encontraban pendientes de concluir y no así para la compra de terrenos, y este fue el móvil para la disposición, y es ahí donde se encuentra el engaño, ya que era imposible que esos dineros hayan sido destinados para tal efecto, ya que el saneamiento de dichos predios ya había sido concluido más de diez años antes de la suscripción de dicho documento, y no sin ninguna intervención o necesidad de aporte económico por parte de los querellados, tal como se pasa a detallar en el siguiente punto, donde también se evidencia la incorrecta valoración probatoria de la Autoridad Accionada. 2. Informe Técnico GAMT-DPLA,/CITE N°086/2020, emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya en fecha 27 de junio de 2020, de cuya prueba documental la Autoridad Accionada en la Resolución Impugnada, se limita a establecer: “que acredita que la documentación de la urbanización en cuestión fue regularizada con anterioridad, acreditándose de esta manera que los lotes de terreno cuestionados no se encuentran en dominio público” Omitiendo valorar de forma integral esta prueba documental, ya que el referido informe estable textual: “… la Urbanización denominada “Asociación de Ingenieros Geólogos de Y.P.F.B. Cochabamba (A.I.G.) no sufrió ninguna otra modificación, por lo que se determina que la Urbanización A.I.G. consta de 12 manzanos y 119 lotes debidamente regularizados…” Es decir que lo que demuestra esta prueba es que al estar ya regularizadas totalmente, es decir que ya se habrían culminado absolutamente todos los tramites administrativos en el año 1999 (10 años antes de la suscripción del documento referido en el punto anterior) por parte de la A.I.G. de YPFB sobre esta no se ha realizado ni se necesitaba realizar ningún trámite más. Por lo que con solo ese dato se configura totalmente la estafa a mis poder dantes, independientemente si el bien fuera o no de Domicio público, ya que, reiterando, los dineros estaban destinados únicamente a la culminación de los tramites administrativos ante la Honorable Alcaldía de Tiquipaya, mismo que era inexistente en dicha época por lo cual dicho engaño, ejercitados por los querellado, tenía la única finalidad de hacer incurrir en error a mis poder dantes a objeto de que generen un desplazamiento en favor ilegal de los mismo, logrando que mis poder conferentes quienes ilusamente creyeron que con la inversión de su capital generarían cuantiosas ganancias, concluyendo esta únicamente en un desmedro de su patrimonio. VI. 2. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA A LOS ADULTOS MAYORES Es menester referir que el orden constitucional vigente en nuestro Estado consagra, garantiza y protege los derechos y garantías fundamentales inherentes a las personas de la tercera edad, proclamando una protección especial; así, el art. 67 de la Norma fundamental, señala los derechos a una vejez digna, con calidad y calidez humana, dentro de los márgenes o límites legales. Además de ello, el Estado boliviano ha dotado de una serie de medidas e instrumentos legales con miras a una protección real de este grupo en situación de vulnerabilidad; esa afirmación encuentra sustento, en la emisión de la Ley General de las Personas Adultas Mayores, de 1 de mayo de 2013, que tiene por objeto regular los derechos, garantías y deberes de las personas adultas mayores, así como la institucionalidad para su protección (art. 1), siendo titulares de los derechos en ella expresados las personas adultas mayores de sesenta o más años de edad, en el territorio boliviano (art. 2). (resaltado añadido) Los derechos fundamentales y protección especial que merecen las personas de la tercera edad, se encuentran recogidos asimismo, en instrumentos internacionales, concretamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en sus arts. 2, 22, y 25; así como dentro de los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1991, en sus numerales 12 y 17, en los que se destaca el derecho que tienen los ancianos a tener: `…acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado´; y, a: `…poder vivir con dignidad y seguridad y verse libre de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales´”. 9 …el Tribunal Constitucional Plurinacional, por mandato del art. 196.I superior, se halla compelido a la realización de un control plural de constitucionalidad reforzado en relación a grupos o sectores poblacionales en situación de vulnerabilidad material; por ello, en aquellos casos en los cuales se denuncia la existencia de actos lesivos que restringen, suprimen o amenacen con restringir los derechos y garantías reconocidos por la Ley Suprema, con mucha mayor razón cuando se trata de personas de la tercera edad. Dicha Sentencia añadió posteriormente, que debe asegurarse la consolidación de los principios, valores y garantías constitucionales, a través de una ponderación reforzada, que emane del principio de favorabilidad, para aquellos sectores poblacionales considerados de atención prioritaria como los adultos mayores. A partir de dichas normas el Tribunal Constitucional en su amplia y uniforme línea jurisprudencial, establece que las personas adultas mayores son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en este sentido, sus derechos están reconocidos, otorgándoles una particular atención, considerando su situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población; así la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre manifiesta que el trato preferente y especial del que deben gozar los adultos mayores es comprensible, “…dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos”. Bajo ese análisis, en el presente caso, al estar ante la vulneración de derechos fundamentales (derecho al debido proceso y al acceso a la justicia) de personas adultas mayores, (específicamente de 65 y 68 años de edad) este Tribunal de Garantías se encuentra obligado a dar una protección reforzada a dichos derechos, realizando la interpretación más favorable y pro a restitución de la protección de este sector vulnerable. VII. DERECHOS VULNERADOS El acto emitido por las autoridades ahora Accionadas- representantes de la Fiscalía Departamental de Cochabamba- vulnera el derecho de mis poder conferentes al Debido Proceso, en sus elementos de Motivación y Congruencia de la Resoluciones, de la Valoración Razonable de la Prueba y mi Derecho al Acceso a la Justicia o Tutela Judicial Efectiva. VII.1. EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN SUS ELEMENTOS LA FUNDAMENTACIÓN Y CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES Y VALORACION RAZONABLE DE LA PRUEBA La triple dimensión del debido proceso, se encuentra reconocida en la Constitución Política del Estado, que lo consagra como un principio, un derecho fundamental y una garantía jurisdiccional. Su protección como garantía jurisdiccional, implica a su vez el resguardo de los elementos constitutivos del debido proceso, traducidos en derechos fundamentales, entre ellos la fundamentación de las resoluciones emitidas tanto por autoridades judiciales como administrativas, que se constituyen en normas rectoras de la actividad procesal. Al respecto la SCP No. 0094/2012-R, refiere: “La doctrina jurisprudencial, conforme con el marco constitucional desarrollado, ha establecido que, los elementos que integran el debido proceso son: El derecho a un proceso público, el derecho al juez natural, el derecho a la igualdad procesal de las partes, el derecho a no declarar contra sí mismo, la garantía de presunción de inocencia, el derecho a la comunicación previa de la acusación, el derecho a la defensa material y técnica, la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, el derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, el derecho a la valoración razonable de la prueba, el derecho a la motivación y congruencia de las decisiones, elementos que por el principio de progresividad no tienen un carácter limitativo, sino enunciativo (…)(negrillas añadidas) Respecto al elemento de motivación y congruencia de las decisiones, la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, resume en forma precisa los razonamientos doctrinales asumidos sobre el particular, señalando: “La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. (…) cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; (…). Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, entre otras”. Del citado razonamiento, se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su fallo; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que abunde en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar, pero con precisión y claridad, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, claro está con la justificación legal que respalda además esa situación. Por otra parte la SCP 0275/2012 de 4 de junio reiterando lo establecido en la SC 0577/2004-R de 15 de abril, respecto a que las resoluciones de los tribunales de alzada, deben fundamentar sus decisiones señaló: '…se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia, es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permitió a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso…'.(Negrillas añadidas) Bajo el entendido realizado por el Tribunal Constitucional, recae mayor responsabilidad en un Tribunal Superior de Fundamentar las Resoluciones que emitan, más aún si se trata de la última instancia a la cual se puede reclamar la restitución de sus derechos fundamentales, aspecto que no ha observado la autoridad accionada al emitir la Resolución Jerárquica, ya que no solo mantiene los fundamentos expresados por la Fiscal de Materia, si no que omite realizar una revisión probatoria de oficio de los elementos que constan en el cuaderno de investigaciones, ya que de haberlo hecho hubiera notado los errores en los que ha incurrido la inferior. De esta forma la sola descripción de los elementos probatorios aportados dentro de la investigación, su consideración y valoración parcial, no puede de ninguna manera considerarse como agotamiento del requisito de “resoluciones fundamentadas” como un elemento del derecho de mis poder conferentes al debido proceso, al contrario se vulnera flagrantemente este. VII.2. DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA O TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Respecto al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, la SC 1768/2011-R de 7 de noviembre, confirmada por la SCP 1124/2017-S1 de 12 de octubre de 2017 señaló que este derecho: “… consiste básicamente en el derecho al acceso libre a la jurisdicción (…) implica en síntesis en el derecho de todo actor o demandante a obtener una resolución o sentencia jurídicamente fundamentada sobre el fondo de lo peticionado…, (conlleva) una exigencia de que el fallo judicial al que se haya arribado, sea cumplido, y en consecuencia, el litigante sea repuesto en su derecho, o en su caso compensado” Es como consecuencia de la vulneración al derecho a la debida fundamentación de las resoluciones y valoración razonable de la prueba en la que ha incurrido la autoridad Accionada que se vulnera mi derecho al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, toda vez que al tratarse una resolución jerárquica que no admite recurso ulterior, da fin con el proceso y con ende el persecución penal por los hecho antijuridicos de los cuales mis poder dantes han sido víctimas, es decir que ya no se puede llegar ante un juez imparcial y competente que conozca el fondo del asunto en un juicio oral y contradictorio. VIII.- AUTORIDADES ACCIONADAS Y PETITORIO. En virtud de los fundamentos jurídicos legales expuestos, habiéndose vulnerado los derechos fundamentales anteriormente referidos, y debido a que no existe otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos restringidos de conformidad al Art. 128 de la Constitución Política del Estado y Art. 51 del Código Procesal Constitucional interpongo ACCIÓN DE AMPAROCONSTITUCIONAL contra las siguientes autoridades: ? DRA. TERESA L. FERRUFINO NAVIA, con domicilio laboral en la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales ubicada en la EPI NORTE, en la Av. Melchor Pérez de Olguín y Calle Franklin D. Roosevelt. ? DRA. NURIA GISELA GONZALES ROMERO, con domicilio laboral en la Fiscalía Departamental de Cochabamba, ubicada en la Calle Baldivieso, entre las calles Salamanca y Chuquisaca. En consecuencia, solicito se ADMITA la presente Acción, se señale audiencia pública y corridos los tramites de ley se dicte sentencia CONCEDIENDONOS LA TUTELA DEMANDADA, y en aplicación del art. 57, parágrafo II del Código Procesal Constitucional, y en vía de restitución y protección de las garantías y derechos constitucionales suprimidos de mis poder conferentes, se determine que: A) Se deje sin efecto la Resolución Jerárquica FDC/TFN IS N° 88/2021 de fecha 25 de marzo de 2021, y se disponga la emisión de una nueva Resolución Jerárquica en la cual se restituyan los derechos y garantías constitucionales de mis poder conferentes. OTROSÍ PRIMERO. -(NOTIFICACIÓN A TERCERO INTERESADO).- De conformidad al Art. 33 Núm.- 6) y 34 del Código Procesal Constitucional, solicito se notifique a los Sres: • Edgar Benigno Gutiérrez Cortez, mayor de edad hábil por ley, portador de la cedula de identidad Nº 649379, con domicilio real emplazado en la calle Oruro Nº 616, urbanización los Ceibos. • Emilio García Ríos, mayor de edad, hábil por ley, portador de la cedula de identidad Nº 1260750, con domicilio real emplazado en la Chiñata del Municipio de Sacaba. (por el Colegio Franz Tamayo). • Agustín Edgar Balderrama Fernández mayor de edad, hábil por ley, portador de le cedula de identidad Nº 3595977, con domicilio real emplazado en la calle Hernán Siles Nº 2920, zona Temporal del esta ciudad. • Aydee Susana Balderrama Fernández, .mayor de edad, hábil por ley, portadora de la cedula de identidad Nº 3742212, con domicilio real emplazado en la calle Hernando Siles Nº 2920. De acuerdo a las certificaciones del SEGIP y del SERECI que se adjuntan a al presente. OTROSÍ SEGUNDO. - (ADJUNTO PRUEBA).- En estricto cumplimiento del Art. 33 Núm.- 7) del Código Procesal Constitucional, a fin de adquirir convicción respecto de los aspectos que se mencionan en la presente Acción Constitucional adjunto en copias las siguientes pruebas documentales: 1. Resolución de Imputación Formal de fecha 28 de noviembre de 2017, emitida por el Abg. L. Alberto Cruz Loza, representante de la Fiscalía Corporativa Patrimoniales de la ciudad de Oruro. 2. Resolución de Sobreseimiento de fecha 19 de octubre de 2020, emitida por la Abg. Sandra Mamani Villca, fiscal de materia asignada a la Fiscalía Especializada en delitos Patrimoniales. 3. Memorial de Impugnación de Resolución de Sobreseimiento de fecha 16 de noviembre de 2020, presentado por Francisco Javier Mena Soruco en representación de Franz Montecinos Chávez y Félix Castañares Arce. 4. Resolución Jerárquica FDC/TFN IS N° 88/2021 de fecha 25 de marzo de 2021, emitida por la Dra. Teresa Ferrufino Navia, Fiscal Departamental de Cochabamba en Suplencia Legal. 5. Documento Privado de Constitución de Sociedad Accidental de fecha 30 de abril de 2009,con reconocimiento de firmas de la misma fecha. 6. Recibo de fecha 30 de abril, en el que consta que los Accionantes hacen la entrega de la suma de $us 35.000. 7. Informe Técnico GAMT.DPLA./CITE N°086/2020 emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya en fecha 27 de julio de 2020. OTROSÍ TERCERO.- (SEÑALO PRUEBA).- A los efectos del Art. 33, inc. 7) del Código Procesal Constitucional, señalo que la prueba original en el presente caso se encuentran en la fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales No 4 de esta Capital signado como Caso FIS-ORU 1700937 Int. CP4 258/18 OTROSÍ CUARTO.- (DOMICILIO PROCESAL).- Para efectos legales de notificaciones, señalo domicilio procesal emplazado en la Av. Salamanca entre Lanza y Antezana, Edif. Sisteco, 3er piso, Of. 3-1 en el Estudio Jurídico Ayala Mena & Asociados. Así mismo a objeto de cualquier notificación digital que pudiera ejercitarse tengo a bien consignar mis datos: • Dr. F. Javier Mena Soruco, con R.P.A 4070886FJMS ? Ciudadanía Digital: ayala.mena.asociados@gmail.com ? Cel.: 70718826 OTROSÍ QUINTO.- Notificaciones se comisione a funcionario público. Cochabamba, 30 de agosto de 2021. FDO. JAVIER MENA SORUCO ABOGADO MAT. 7755 R.P.A. 4070886FJMS Y FDO. JUAN CARLOS RAMOS BLACUTT ABOGADO R.P.A. 3538630 JCRB N°3871.------------------------------------------------------ ************************************************************************************************** *************DECRETO DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021*********** ************************************************************************************************** Cochabamba, 01 de septiembre de 2021. Previamente a proveerse lo que en derecho corresponda, subsane la siguiente observación: 1. Entre la documentación adjuntada a la demanda no cursa la diligencia de notificación con la Resolución Jerárquica FDC/TFN IS N° 88/2021, tratándose de prueba documental pertinente a la presente Acción de Amparo Constitucional por el principio de inmediatez, esta parte acompañe fotocopia de dicha diligencia de notificación en cumplimiento al Art. 33 núm. 7 del C.P.Co. Se concede el plazo de 3 días bajo conminatoria de aplicarse lo previsto por el art. 30 parágrafo I Núm. 1 del C.P.C “Ley N° 254”. Notifique funcionario. FDO. MARIA ZULMA MONTAÑO MONTAÑO-VOCAL DE LA SALA CONSTITUCIONAL I.- FDO. MARIELA ARISPE ROJAS SECRETARIA DE CAMARA DE LA SALA CONSTITUCIONAL I.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ************************************************************************************************* **********MEMORIAL DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021********** ************************************************************************************************* SEÑORES VOCALES DE LA SALA COSNTITUCIONAL Nº 1 DE ESTA CAPITAL COCHABAMBA=BOLIVIA NUREJ: 30287402 Cumple lo ordenado Otrosíes. - FRANCISCO JAVIER MENA SORUCO, dentro la demanda de acción de amparo constitucional interpuesta por mi persona en representación legal de FRANZ MONTECINOS CHAVEZ y FELIX CASTAÑARES ARCE, en contra de la Dra. Teresa Ferrufino Navia y la Dra. Nuria Guísela Gonzales Romero, presentándome ante sus Autoridades, con respeto expongo y solicito: Toda vez que en fecha 22 de julio de 2021, mi abogado patrocinante, fue notificado con el decreto de fecha 21 de julio de 2021, emanado por sus Rectitudes, mediante el cual se realizan observaciones a la acción de defensa interpuesta, a ser subsanadas con antelación a la admisión del recurso, por lo cual bajo dichos antecedentes que, mediante el presente, tengo a bien cumplir con lo ordenado: 1. Adjunto al presente los dos testimonios de poder específicos, otorgados por mis poder mandantes en mi favor a objeto de representarlos con facultades plenas dentro la presente acción de defensa. 2. Al segundo punto tengo a bien aclarar que ni mis poder conferentes o mi persona, quien ya fungió como abogado y apoderado de los mismo en el proceso penal en el cual se lesionaron sus derechos y garantías, NUNCA FUIMOS NOTIFICADOS CON LA RESOLUCION JERARQUICA EN CUESTION, solo tomamos conocimiento de la misma a través del Portal Justicia Libre, pero por la data de la misma podrán notar que NOS ENCONTRAMOS DENTRO EL PLAZO DE LOS SEIS MESES para interponer el presente recurso. Por lo cual habiéndose dado cumplimiento a lo observado por su Autoridades es que tengo a bien impetrar se sirvan admitir el recurso. Comprometiendo de mi parte cumplir con todos los requisitos inherentes a hacer viable mi solicitud. Otrosí 1ro.- Adjunto al presente los testimonios de los poderes específicos otorgados a mi persona para la presente acción de defensa. Otrosí 2do.- Citaciones y notificaciones conforme a Ley. Cochabamba, 27 de julio de 2021. FDO. JAVIER MENA SORUCO ABOGADO MAT. 7755 R.P.A. 4070886FJMS Y FDO. JUAN CARLOS RAMOS BLACUTT ABOGADO R.P.A. 3538630 JCRB N°3871.------------------------------------------------------ ************************************************************************************************* ****************AUTO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021************** ************************************************************************************************* Cochabamba, 07 de septiembre de 2021. VISTOS.- Habiendo dado cumplimiento a lo ordenado y en mérito al Testimonio de Poder N° 557/2021 de fecha 26 de julio de 2021, franqueado por la Notaria de Fe Pública N° 48 Dra. Monica Andrea Perez Orruel, se tiene por Apersonado a FRANCISCO JAVIER MENA SORUCO en representación de Franz Montecinos Chávez y Félix Castañares en el estado que se encuentra la acción, a quien se hará conocer posteriores actuaciones inherentes a la presente causa. En ese sentido se Admite la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el Apoderado, en consecuencia, en previsión de los Art. 128 y 129 ambos de la CPE cítese a: DRA. NURIA GISELA GONZALES ROMERO en su condición de Fiscal Departamental de Distrito y DRA. TERESA L. FERRUFINO NAVIA en su condición de Fiscal Especializada en Delitos Patrimoniales-Epi Norte, sea con la presente acción de defensa, señalándose audiencia para el día jueves 09 de septiembre de 2021 a Hrs. 13:00, a objeto de que presten informes y presenten los actuados concernientes a los hechos motivantes de la presente Acción. Asimismo y de acuerdo a su pertinencia conforme prevé el Art. 31 e la Ley 254 notifíquese a EDGAR BENIGNO GUTIERREZ CORTEZ, EMILIO GARCIA RIOS, AGUSTIN EDGAR BALDERRAMA FERNANDEZ y AYDEE SUSANA BALDERRAMA FERNANDEZ en calidad de terceros interesados. Acto que se efectuará vía PLATAFORMA VIRTUAL “CISCO WEBEX MEETINGS”, conforme al protocolo emanado por el Órgano Judicial, cuyo link (enlace), se enviará a las partes de manera oportuna el día de la audiencia, esto por la Secretaria de Cámara de la Sala Constitucional Primera. A cuyo fin, las partes y sus respectivos Abogados patrocinantes de forma imprescindible, deberán hacer conocer su número de celular (con WhatsApp), al correo electrónico de la sala denominado como: sconstitucional1@organojudicial.gob.bo, o en su caso enviar a alguno de los siguientes números de teléfono 70720512 o 76420200 correspondiente a los Servidores de Apoyo Judicial. En caso de que alguna de las partes no tuviera acceso al sistema informático, se determina también la notificación a la Oficina Gestora y/o a la Encargada (o) de informática de la DAF, para que habiliten ambiente y/o reacondicione el salón de audiencias de la Sala Constitucional, para el desarrollo de la audiencia virtual y sea en coordinación con la Secretaria de Cámara de esta Sala Constitucional. En consecuencia a raíz de la situación de emergencia sanitaria y a fines de evitar cualquier contagio que pudiera ocasionar el contacto físico, las actuaciones procesales se practicarán en lo posible, a través de medios digitales y/o informáticos virtuales existentes. Consiguientemente la parte (fundamentalmente la parte accionada) deberá hacer conocer a la brevedad posible la documentación pertinente a su informe, ya sea vía buzón judicial de ciudanía digital, correo electrónico y/o WhatsApp para ulteriores actuaciones.- SE PASA A PROVIDENCIAR EL MEMORIAL DE 30 DE AGOSTO DE 2021.- AL OTROSI PRIMERO.- estese a lo principal.- A LOS OTROSI SEGUNDO.- Por acompañada la prueba documental de referencia.- AL OTROSI TERCERO.- Notifíquese a la Secretaria de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales N° 4 de la Capital, a fin de que en el día remita el proceso signado como caso FIS-ORU 1700937 int. CP4 258/18, y sea bajo su estricta responsabilidad. por señalado el domicilio procesal. A LOS OTROSI CUARTO.- Notifique funcionario. FDO. MARIA ZULMA MONTAÑO MONTAÑO-VOCAL DE LA SALA CONSTITUCIONAL I.- FDO. MARIELA ARISPE ROJAS SECRETARIA DE CAMARA DE LA SALA CONSTITUCIONAL I.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ************************************************************************************************* ***********MEMORIAL DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2021************** ************************************************************************************************* SEÑORES VOCALES DE LA SALA COSNTITUCIONAL Nº 1 DE ESTA CAPITAL COCHABAMBA=BOLIVIA NUREJ: 30287402 Solicita diferimiento de audiencia Otrosíes. - FRANCISCO JAVIER MENA SORUCO, dentro la demanda de acción de amparo constitucional interpuesta por mi persona en representación legal de FRANZ MONTECINOS CHAVEZ y FELIX CASTAÑARES ARCE, en contra de la Dra. Teresa Ferrufino Navia y la Dra. Nuria Guísela Gonzales Romero, presentándome ante sus Autoridades, con respeto expongo y solicito: Como se tiene de antecedentes que ilustran la presente causa, tal y como fue dispuesto por sus Rectitudes, uno de los accionantes, FRANZ MONTECINOS ARCE, presto su juramento de desconocimiento de domicilio de uno de los terceros interesados, ante la secretaria de su despacho y así mismo, hemos presentado el testimonio de poder, especifico para dicho fin, que ha otorgado a mi persona FELIX CASTAÑARES ARCE, por lo cual una vez que se emita el correspondiente decreto del memorial al que se adjunto dicho instrumento de poder y se de curso a que mi persona pueda prestar dicho juramento en representación del prenombrado, es que asistiré ante la secretaria de su despacho con dicho objetivo. Es así que siendo que la audiencia, para resolver la presente acción de defensa, ha sido programada para el día lunes 11 de octubre del presente año, por lo cual se advierte que hasta dicha fecha no se tendrá el tiempo suficiente para poder realizarse la publicación del edicto, en el sistema Hermes, a los fines de notificar al tercero interesado y que se otorgue el plazo correspondiente (diez días) para que este se haga presente a asumir du derecho fundamental a la defensa. Es por tal entendimiento que a fin de violentar los derechos y garantías que asisten al tercero interesado dentro de la presente acción de defensa y no generar que por falta de notificación al mismo se pueda denegar la tutela impetrada sin entra al fondo de la problemática, es que tengo a bien, en función a lo dispuesto por el Art. 24 de la Constitución Política del Estado, en cuanto al derecho fundamental de petición, que por esta ultima vez se sirvan diferir el referido acto procesal, con la única finalidad de que se pueda realizar todos los actos para la notificación legal del tercero interesado. Comprometiendo de mi parte cumplir con todos los requisitos inherentes a hacer viable mi solicitud. Otrosí. -Citaciones y notificaciones conforme a Ley. Cochabamba, 05 de octubre de 2021. FDO. JAVIER MENA SORUCO ABOGADO MAT. 7755 R.P.A. 4070886FJMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ************************************************************************************************* ****************AUTO DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2021****************** ************************************************************************************************* Cochabamba, 08 de octubre de 2021. VISTOS: Al fin solicitado, tomando en cuenta que la parte accionante conforme a los datos procesales de la presente acción de defensa, recientemente adjunto el Testimonio de Poder con las facultades precisadas mediante Auto de fecha 29 de septiembre de 2021, consiguientemente y en base a los principios previstos en el Art. 3 de la Ley 254 en total apego a la cultura de Paz, pregonado por la CPE, en ese sentido corresponde prorrogar la audiencia señala para el día lunes 11 de octubre de 2021, programándose nueva fecha y hora audiencia para la consideración de la Acción de Amparo Constitucional para el día jueves 21 de octubre de 2021 a horas 14:00p.m., con la aclaración que se señala para esa fecha, considerando el plazo razonable y prudente para la citación del Tercer Interesado Edgar Benigno Gutierrez Cortez mediante publicación edictal en el Sistema HERMES. Conminándose a la parte accionante viabilizar a la brevedad posible los actuados extrañados, quedando bajo su exclusiva responsabilidad. Al Otrosí.- Notifique funcionario. FDO. MARIA ZULMA MONTAÑO MONTAÑO-VOCAL DE LA SALA CONSTITUCIONAL I.- FDO. MARIELA ARISPE ROJAS SECRETARIA DE CAMARA DE LA SALA CONSTITUCIONAL I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ES CUANTO SE TIENE ORDENADO POR AUTO DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2021, PARA QUE DÁNDOSE CUMPLIMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SEA PUBLICADO EN EL SISTEMA INFORMATICO HERMES. Nota.- El presente edicto es librado en la ciudad de Cochabamba a los once días del mes de octubre del año dos mil veintiuno. D.S.O. NUREJ: 30292581


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