EDICTO

Ciudad: TARIJA

Juzgado: TRIBUNAL DE SENTENCIA TERCERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


EDICTO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TARIJA – BOLIVIA JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 3º DE CAPITAL NUREJ: 6020039 TAR: 1704739 JUEZA : Msc. MAGALI CALDERON DE ALEMAN DELITO: ALLANAMIENTO DE DOMICILIO O SUS DEPENDENCIAS SIGUE: MINISTERIO PÚBLICO VÍCTIMA: SANDRA RIOS Y OTROS CONTRA: RODOLFO QUIROGA OBJETO: NOTIFICACION CON AUTO INTERLOCUTORIO Nº 540/2021 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2021 NOTIFICACION A: SANDRA RIOS, GILBERTO LUIS FERNANDEZ, EZEQUIEL GABRIEL FERNANDEZ (VÍCTIMAS)y RODOLFO QUIROGA (ACUSADO) ---------------------------------------------------------------------------------- AUTO INTERLOCUTORIO Nº 540/2021 Tarija, 07 de octubre de 2021 VISTOS: El memorial presentado solicitando prescripción de la acción penal por la Fiscal de Materia, la notificación a las partes, y; CONSIDERANDO: Que la Sra. Fiscal de Materia manifestando que el poder punitivo no puede ser ejercida de manera indefinida, ya que al hacerlo quebrantaría el equilibrio que debe existir entre la función de defensa de la sociedad y la protección de derechos y garantías individuales. En el caso concreto, el delito de allanamiento de domicilio previsto en el Art. 298 del CP está conminado a una pena de reclusión de tres meses a dos años, correspondiendo a los efectos del término de la prescripción la aplicación de la norma contenida en el art. 29 núm. 3) del CPP observándose que a la fecha, desde la comisión del hecho, ha transcurrido más de 3 años, haciendo previsible que una eventual sanción al acusado no cumpliría con los fines de prevención general y especial asignados a la pena, por tratarse de una manifestación tardía del poder punitivo, infiriéndose también que la víctima solo se ha limitado a poner su denuncia, tal y como lo demuestra su falta de seguimiento desde el inicio del proceso, ha perdido el interés en la tutela. Notificado a las partes en el plazo establecido no se han pronunciado y su silencio puede inferirse la falta de interés de las partes. Los antecedentes fácticos referidos en la acusación, están referidos que Gilberto Luís Fernández y Sandra Ríos en fecha 09 de octubre de 2017 a horas 03:30 am se encontraban durmiendo en su domicilio ubicado en el Barrio Pedro Antonio Flores Avenida Itau, entre Timboy, donde el imputado Rodolfo Quiroga en estado de ebriedad de manera violenta, con un palo ingresa a la habitación de las víctimas, debido a que el denunciado empezó a voltear la pared delantera de la habitación, rompió los vidrios del ropero, la televisión está apretada con ladrillos y procedió a agredir físicamente a Sandra Ríos, dándole un puñetazo en el brazo izquierdo haciéndole caer al piso y el señor Gilberto Luís en compañía de su hijo salieron a la avenida a buscar ayuda y procedieron a llamar a la Epi Lourdes y éstos procedieron a llevárselo detenido, afirmando también que en el día del hecho en la estación policial no recibieron su denuncia por lo que la realizan de manera escrita, a consecuencia de estos hechos las víctimas Sandra Ríos presenta 1 día de incapacidad y el menor de edad Ezequiel Gabriel Fernández 4 días de incapacidad. Del análisis efectuado, se tiene lo siguiente: 1) El delito de ALLANAMIENTO DE DOMICILIO O SUS DEPENDENCIAS, tipificado y sancionado en el Art. 298 del Código Penal, caracterizado por la acción de “El que arbitrariamente entraren domicilio ajeno o sus dependencias, o en recinto habitado por otro, o en un lugar de trabajo o permaneciere de igual manera en ellos, incurrirá en la pena de privación de tres meses a dos años…” delito instantáneo, que se consuma en el momento de la exteriorización de la conducta, misma que se ha producido en fecha 09 de octubre de 2017, teniendo por este delito como pena máxima 2 años de privación de libertad. 2) De conformidad con el numeral 3) del Art. 29 de la Ley 1970, que establece que la acción penal prescribe en tres años para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad, en autos es también importante establecer que el Art. 30 de Ley Adjetiva Penal, determina que el término de la prescripción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o que cesó su consumación, esto en relación al delito de ALLANAMIENTO DE DOMICILIO O SUS DEPENDENCIAS la exteriorización de la conducta supuestamente delictuosa fue en fecha 09 de octubre de 2017 y corre a partir de la media noche de ese día, fecha desde la cual se realiza el cómputo de la prescripción, en consecuencia el lapso para ejercitar la acción penal válidamente en la presente causa, se halla vencido, al haber transcurrido desde la fecha referida 3 años, 11 meses lapso que impide el ejercicio válido y legal de la presente acción, siendo inoficioso el pretender proseguirla. 3) Como se sabe, la facultad punitiva del Estado, para imponer penas por la comisión de hechos ilícitos se halla sujeta a diversos límites que el mismo Estado se impone, entre ellos, el temporal, por el cual, sólo es admisible su ejercicio dentro del plazo establecido, fuera de él, la potestad del Jus Puniendi, deja de ser legítima y legal. Inclusive cuando la acción iniciada no concluye en el término fijado por ley, se produce la prescripción por el transcurso del tiempo a diferencia de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso (Art. 133 CPP) en el que antes de extinguir se debe examinar y valorar los actos de dilación tanto del órgano jurisdiccional, persecutor o del imputado. 4) El Tribunal Constitucional en su SC Nº 1709/04 R, toma como fuente el análisis de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Costa Rica, que en su fallo N° 4397/99 sostiene: “la prescripción es un instrumento jurídico creado a efecto de declinar el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, que actúa a modo de sanción procesal por la inactividad de los sujetos procesales en los procesos iniciados o no”. Confirmando este razonamiento; y resaltando el carácter público de la prescripción, el Tribunal Constitucional cita también a la Corte Constitucional de la República de Colombia, que en su Resolución C-416/02, señala: “La prescripción de la acción penal, es una institución de orden público, en virtud de la cual el Estado cesa su potestad punitiva -ius puniendi- por el cumplimiento del término señalado en la respectiva ley. Dicho fenómeno ocurre cuando los operadores jurídicos dejan vencer el plazo señalado por el legislador para el ejercicio de la acción penal sin haber adelantado las gestiones necesarias tendientes a determinar la responsabilidad del infractor de la ley penal, lo cual a la postre implica que la autoridad judicial competente pierde la potestad de seguir una investigación en contra del ciudadano beneficiado con la prescripción”. Asimismo, el Tribunal Constitucional de Bolivia en la S.C. 0023/2007-R refiriéndose a los fundamentos de la prescripción señala: “… La actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida, ya que al hacerlo se quebrantaría el equilibrio que debe existir entre la función de defensa de la sociedad y la protección de derechos y garantías individuales”. El mismo criterio está plasmado en las Sentencias Constitucionales: SC. 187/2004 –R de 9 de febrero, 0101/2006 –R de 25 de enero, 839/2007 –R de 11 de diciembre. 5) La prescripción a diferencia de las demás excepciones, no solo puede oponerse como tal, sino que opera también como resolución. Al haberse cumplido el plazo establecido en el Inc. 3) del Art. 29 de la citada ley, de manera categórica e imperativa impone la cesación de la potestad punitiva del Estado provocada por el transcurso del tiempo y la inacción de quien debía hacerlo en tiempo oportuno. Asimismo se debe considerar la S.C. Nº 1935/2013 de fecha 4 de noviembre que de forma clara y precisa establece como debe darse el tratamiento para el cómputo de la prescripción. POR TANTO: En mérito a los fundamentos expuestos, y en observancia de las normas citadas, SE DECLARA la prescripción de la acción penal a favor de RODOLFO QUIROGA, en relación al delito de ALLANAMIENTO DE DOMICILIO O SUS DEPENDENCIAS incurso en el Art. 298 del Código Penal instaurado por el Ministerio Público extinguiéndose la acción de conformidad al Inc. 8) del Art. 27 de la Ley 1970, disponiéndose el archivo de obrados. La presente resolución admite el recurso de apelación incidental a interponerlo en el término de tres días desde su legal notificación. Notifíquese a las partes en su domicilio procesal y por Edictos. ANOTESE.- FIRMADO Y SELLADO DRA. MAGALI CALDERON DE ALEMAN JUEZA DE SENTENCIA PENAL 3º DE LA CAPITAL ANTE MI DANIELA TORREZ ARROLLANO SECRETARIA DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 3º DE LA CAPITAL.-


Volver |  Reporte