EDICTO

Ciudad: TARIJA

Juzgado: TRIBUNAL DE SENTENCIA PRIMERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


Sistema de Registro Judicial SIREJ EDICTO Nº 86/2021 NUREJ: 200500150 POR EL PRESENTE EDICTO SE LLAMA Y EMPLAZA A WILLY RIOS RIOS (ACUSADO) PARA QUE ASUMA CONOCIMIENTO ACTA DE AUDIENCIA Y RESOLUCION DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CON SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA, DENTRO DEL PROCESO PENAL POR EL DELITO DE LESIONES GRAVISIMAS QUE SIGUE EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE WILLY RIOS RIOS.- ACTA DE REGISTRO DE EXTINCION DE LA ACCION PENAL Fecha : Tarija, 30 de septiembre de 2021. Hora de Inicio : 08:00 pm Hora de Culminación : 09:00 pm Juez Presidente : Msc. Carlos Andrés Oblitas Juez Técnico : Dra. Irma Castellón Juez Técnico : Dr. Pablo Zelaya Villanueva Sala de Audiencia Nº 7 : Virtual sistema Cisco Webex Acusado : Willy Rios Rios Fiscal : Dr. Moisés Cardona Delito : Lesiones Gravísimas Secretaria : Dra. Patricia Maráz Castillo Por Secretaría se procedió a informar que las notificaciones se encuentran cumplidas notificando al acusado y a la víctima a través de edictos y así también se ha notificado al representante del SEPDAVI en su domicilio procesal, encontrándose presente en sala virtual el Representante del Ministerio Publico y el abogado defensor de oficio Dr. Miguel Ángel Baldivieso. Presidente: Toda vez que es una solicitud del Ministerio Publico concede la palabra para que fundamente su petición. Ministerio Público: Manifiesta se tiene en la causa el delito de lesiones gravísimas un hecho del año 2005 y sugiere que sea previsible la acción de la prescripción, existe una declaración de rebeldía del año 2005 han trascurrido 16 años desde la comisión del hecho, solicita que se pueda prescribir la acción penal a favor del señor Willy Rios Rios de acuerdo a los antecedentes del proceso. Abogado de la Defensa: Es cierto y evidente que en la presente causa se debe aplicara la prescripción porque ha trascurrido 16 años y corresponde que se e curso lo solicitado y sea resuelto conforme a derecho Presidente: Se tiene presente. SEGUIDAMENTE LOS SEÑORES JUECES TÉCNICOS PASAN A DELIBERAR y EMITEN RESOLUCION: AUTO DEFINITIVO N° 04/2021 Tarija, 30 de septiembre de 2021 Vistos: El incidente de extinción por prescripción planteado por el Ministerio Público, lo expresado en audiencia por las partes y el caudal probatorio ofrecido. Considerando I: Que el Señor fiscal en uso de las facultades que le otorga la Ley y la CPE aplicando el principio de Objetividad y efectividad ha presentado un incidente de extinción de la acción sosteniendo que en los hechos se tiene que en fecha 1 de febrero de 2005 el señor Willy Ríos habría generado un hecho de violencia física generado lesiones gravísimas en la persona de Vanessa Chavarria Zubieta empero de esto sostiene que el pacto de San José de Costa Rica establece el art. 8.1 sobre las garantías del proceso y el plazo para ser oído por instancia judicial haciendo referencia al caso Vasques Duran y otros de la CIDH que establece que la duración total del proceso penal no puede darse por demora prolongada e indefinida en el tiempo. Señala que la prescripción está establecida en el art 27 del CPP y el art. 30 al 29 dan las pautas para la prescripción. Establece que la causa de lesiones gravísimas vigente al 2005 la pena era de 2 a 5 años, establece que la pena se prescribe por el transcurso del tiempo siendo para el caso el art. 29 inc. 1 del mismo cuerpo legal que debe aplicarse Establece que hay una rebeldía del auto de 14 de julio del 2005 habiéndose computado más de 16 años desde esta rebeldía, pidiendo se tenga presente el principio pro-homine y en razón de ello pide la prescripción de la acción penal. Presenta prueba consistente en la acusación, auto de rebeldía y el cuaderno de control para su valoración. El defensor de oficio se adhiere a la pretensión y congruentemente pide la extinción con mismo argumento. CONSIDERANDO II.- El marco de lo establecido por el artículo 308.4 del Código de Procedimiento Penal en relación al artículo 27.8 y 29.1 del mismo cuerpo debemos analizar las cuestiones traídas a colación es así que esta investigación se basa Sistema de Registro Judicial SIREJ en hechos presuntamente suscitados entre el 1 de febrero del año 2005, es así que de la revisión acuciosa del cuaderno de control jurisdiccional y la prueba aportada se evidencia la rebeldita y notificación en el caso concreto y se llega a la conclusión que en fecha 15 de febrero del año 2006 fue notificada la rebeldía dictaminada en 9 de febrero de 2005 a la fecha han pasado ya 15 años 7 meses y 15 días desde que se da este actuado procesal siendo en consecuencia previsible la verificación planteada por el Ministerio Publico Es necesario también señalar que en el Auto Supremo 120-P de 20 de marzo de 2006, entre otros, se definió que la Prescripción de la Acción Penal es una figura liberadora, en mérito de la cual, por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción; toda vez, que este instituto se halla ligado con el derecho que tiene todo imputado de conocer su situación jurídica, por lo que ni el sindicado tiene el deber de esperar indefinidamente que el Estado prosiga con el trámite de la causa hasta su conclusión, ni la sociedad puede esperar indefinidamente la resolución que disponga la autoría o absolución de los imputados, lo que genera incertidumbre en la sociedad, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en el art. 29 del CPP. El artículo 270 del Código Penal que estaba vigente el año 2005 “Incurria el auto en pena de privación de libertad de 2 a u ocho años cuando la lesión resultare 2) Debilitación permanente de la salud ola perdida o uso de un sentido , de un miembro o una función”, este tipo penal como podemos observar tiene un índice de pena máximo de 8 años, es así que se logra también extraer del hecho descrito y contrastada con lo prescrito por el artículo 29 del Código de Procedimiento Penal el cual sostiene “(Prescripción de la acción). La acción penal prescribe: 1. En ocho años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de seis o más de seis años; 2. En cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años; 3. En tres años, para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad; y, 4. En dos años para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad.”, siendo para el caso aplicable esta normativa legal. Ahora el artículo 27.8 del Código de Procedimiento Penal sostiene “(Motivos de extinción). La acción penal, se extingue: 8. Por prescripción”, es así que en el caso que nos ocupa el artículo 308.4 del mismo cuerpo legal proscribe “(Excepciones). Las partes podrán oponerse a la acción penal, mediante las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento: 4. Extinción de la acción penal según lo establecido en los Artículos 27º y 28º de este Código;”, ahora la relación entre lo hechos descritos, los proscrito por la norma y el tiempo permiten que como mecanismo de defensa se pueda plantear esta situación, ya que no es posible que una persona sea investigada INDEFINIDAMENTE, en este caso concreto más allá de cualquier afirmación o situación que pretendan las partes se entiende la prescripción ha operado por el transcurso del tiempo. Es el instituto de la prescripción que tiene base en el debido proceso y que ha sido objeto de ya de un análisis por parte del Tribunal Constitucional en diversas ocasiones, es así que como analogía de aplicación y el caso en concreto que nos atinge se tiene que la Sentencia Constitucional Plurinacional N°0140/2014 –AAC en su fj.III.2 señala sobre el DEBIDO PROCESO que “La Constitución Política del Estado en su art. 115.II, garantiza el derecho al debido proceso cuando señala lo siguiente: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. En ese contexto la jurisdicción constitucional ha desarrollado los elementos que comprenden al debido proceso, así la SC 0119/2003-R de 28 de enero, señalo lo siguiente: “'…comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos', (…) 'Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales…'” (las negrillas son nuestras). Es así que como argumento de la ya citada Sentencia Constitucional señala sobre la prescripción en su fundamento jurídico “III.5. Alcances y fines de la extinción de la acción penal por prescripción. El art. 27 inc 8) del CPP, establece la extinción de la acción penal por prescripción, a su vez el art. 29 del mismo cuerpo legal, señala los plazos dentro de los cuales prescribe la acción penal, siendo los siguientes: 1) En ocho años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de seis o más de seis años; 2) En cinco años para los que tengan señaladas penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años, 3) En tres años, para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad; y, 4) En dos años para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad'. El art. 30 del citado Código, estipula que: “El término de la prescripción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación”. Por su parte, el art. 31 del citado Código, preceptúa que: “El término de la prescripción de la acción se interrumpirá por la declaratoria de rebeldía del imputado, momento desde el cual el plazo se computará nuevamente”. Finalmente, el art. 32 del mismo cuerpo legal, indica que se suspende el término de la prescripción: “1) Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el período de prueba correspondiente; 2) Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las excepciones planteadas; 3) Durante la tramitación de cualquier forma de Sistema de Registro Judicial SIREJ antejuicio o en la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y, 4) En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas mientras dure ese estado”. En relación a los alcances y fines de la prescripción de la acción penal SCP 0861/2012 de 20 de agosto, asumiendo el entendimiento de la SC 0600/2011-R de 3 de mayo señaló: “En principio, es necesario recordar que la prescripción constituye una institución jurídica en virtud de la cual, y por el transcurso del tiempo determinado por ley, cesa la persecución penal del Estado ejercitada a través de los órganos jurisdiccionales, o por los particulares en los delitos de acción privada. Se funda en un interés social por cuanto el Estado no puede prolongar indefinidamente en el tiempo la persecución penal, ya sea por negligencia de la víctima o falta de interés de los órganos encargados de la misma. Guillermo Cabanellas, refiriéndose a este instituto, señaló que constituye: 'La consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión en propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono desidia, inactividad o impotencia' En materia penal sostiene el mismo tratadista que involucra la: 'extinción de la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo sin perseguir el delito o falta luego de quebrantada la condena'. En correspondencia con lo dicho la jurisprudencia constitucional, ha establecido que: '… La prescripción se traduce en los efectos que produce el transcurso del tiempo sobre el ejercicio de una determinada facultad. Esta definición, aplicada al ámbito penal, significa la expresa renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar debido al tiempo transcurrido. Conforme a ello, es el propio Estado el que, a través de la norma penal (procesal o sustantiva, según las legislaciones), establece los límites de tiempo en que se puede ejercer la persecución penal. La actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida, ya que al hacerlo se quebrantaría el equilibrio que debe existir entre la función de defensa de la sociedad y la protección de derechos y garantías individuales' (SC 0023/2007-R de 16 de enero). El mismo entendimiento, luego de identificar las razones que fundamentan la prescripción, concluyó que ésta: '…debe fundamentarse desde la Constitución, en la medida en que este instituto está íntimamente vinculado con los principios, valores, derechos y garantías constitucionales, fundamentalmente la garantía del debido proceso, la prohibición de indefensión y el derecho a la seguridad jurídica. Así, respecto al derecho a la defensa, es innegable que si pese al tiempo transcurrido, la acción penal se dirigiera contra el supuesto culpable, llegando inclusive a imponerse una pena, se produciría una grave indefensión, pues los medios de defensa de los que podría servirse el imputado, o ya no existirían o se encontrarían debilitados, corriéndose el riesgo de condenar a un inocente por el tiempo transcurrido…'” (Las negrillas son nuestras). Que así también los diversos entendimientos constitucionales en respecto a la prescripción de la acción penal como mecanismo de protección a los principios, derecho y valores fundamentales descritos en la Constitución Política del Estado y particularmente en la garantía del Debido Proceso, la prohibición de indefensión y la seguridad jurídica han sido expuestos por la Sentencia Constitucional Plurinacional N°0956/2015-S2 que genera un nuevo paradigma sobre la valoración de el transcurso del tiempo para la prescripción, pues la misma sostiene que inclusive aunque se llegara a continuar con un proceso e imponérsele una pena se produciría una grave indefensión del imputado pues sostiene que el “transcurso del tiempo incrementa el riesgo del error judicial”, lo que podría conllevar inclusive a condenar a un inocente. Que también de los hechos se tiene que ninguno de los elementos del hecho y el tipo generan mayor daño perseguible por el estado y que esta figura y análisis realizado no está comprendida como exclusión o estuviere prohibido por ningún instrumento internacional, la constitución o inclusive la ley por lo que es necesario resolver en consecuencia; POR TANTO: El tribunal de Sentencia 1ro de la capital por unanimidad DECLARA FUNDADO y ACEPTA EL INCIDENTE DE EXTICIÓN DE LA ACCIÓN POR PRESCRIPCION planteado por el Ministerio Público por los argumentos ya expuestos declarando la extinción de la acción penal en favor de WILLY RÍOS RÍOS según el artículo 27.8 del CPP por los argumentos ya expuestos y el archivo de obrados una vez ejecutoriado pudiendo hacer uso de incidental según el artículo 403 del CPP, es notificado a las 9:00 de la mañana de día 30 de septiembre de 2021. REGISTRESE.- FDO. Y SELLADO POR LOS JUECES TECNICOS DEL TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA DE LA CAPITAL ANTE MI DRA. PATRICIA MARAZ CASTILLO SECRETARIA ABOGADA DEL TRIBUNAL…………………………………………………………………………………………………………………. ES CUANTO SE HACE SABER AL ACUSADO PARA FINES CONSIGUIENTES DE LEY………………………………………………………………………………………………………………………….. TARIJA, 01 DE OCTUBRE DE 2021 Patricia Maraz Castillo SECRETARIA-ABOGADA Tribunal de Sentencia Penal Sistema de Registro Judicial SIREJ Primero de capital Tarija-Bolivia :23154001 :23318


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