EDICTO

Ciudad: TARIJA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA PRIMERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


Sistema de Registro Judicial SIREJ EDICTO NUREJ 201308190 JUZGADO: SENTENCIA PENAL 1RO. DE CAPITAL JUEZ : DRA. PAOLA ZULMA TEJERINA ZENTENO SECRETARIA: ABOG. MARIA DEL CARMEN AUZA QUENTASI PROCESO: PENAL DELITO: VIOLENCIA FAMILIAR NÚMERO DE PROCESO: NUREJ 201308190 TAR- 1302431 SIGUE: MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIANTE: ANA ASUNTA JANCO ACHO Y OTRAS IMPUTADO: RONNY MAMANI SUBIA OBJETO: NOTIFICAR A LA ANA ASUNTA JANCO ACHO CON EL INCIDENTE Y AUDIENCIA CON RESOLUCION DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. Y EL MEMORIAL DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021. PARA CUYO FIN SE LES HACE CONOCER LO SIGUIENTE: ------------------------------------------- RESOLUCION JUDICIAL DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021----------------------------------- Tarija, 30 de septiembre de 2021.- El incidente de duración máxima presentada traslado al ministerio público y la víctima y se señala audiencia para considerar el incidente planteado para el día lunes 18 de octubre de 2021 a horas 14:00 pm de manera virtual. Al otrosí 1. Señalado. Al otrosí 2. Anunciado. MEMORIAL SEÑORA JUEZ DE SENTENCIA PENAL N° 1 DE LA CAPITAL. Apersonamiento.- Interpone excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. Otrosíes. - Nurej: 201308190 I. ANTECEDENTE. - Conforme a obrados se tiene que se está investigando un hecho en el que desde 2003 la señora Ana Asunta Janco Acho recibe supuestamente agresiones físicas y malos tratos, lo que llevó a la ruptura de su relación en el año 2010. Se indica que la víctima fue objeto de agresiones físicas cuando convivía y cuando se rompe la relación, en presencia de sus hijos menores, este hecho fue calificado provisionalmente por el delito de Violencia Familiar o Domestica conforme al pliego acusatorio presentado por el Ministerio Publico en fecha 16 de marzo de 2018. - Que el hecho que se investiga en la presente causa es iniciado a través de la remisión de antecedentes del juzgado de Partido de la Niñez de la capital al Ministerio Publico y defensoría de la Niñez y adolescencia, según Auto interlocutorio de fecha 20 de junio de 2013. 1008209002160442118171 - En fecha 07 de abril de 2015 se presenta imputación formal por el delito de violencia familiar o doméstica, solicitando audiencia de aplicación de Medidas Cautelares ante el juez de Instrucción segundo en lo penal de la capital. - Se Requiere designación de perito y fijación de puntos de pericia social por parte del Ministerio Publico como director funcional de la investigación de los hechos, en fecha 01 de septiembre de 2016, según el artículo 204 del CPP. - En fecha 07 de noviembre de 2017, se solicita señalamiento de Audiencia de Medidas Cautelares por parte del Ministerio Publico a la imputación formal presentada ante autoridad competente en fecha 07 de abril de Sistema de Registro Judicial SIREJ 2015. II. FUNDAMENTO JURÍDICO RESPECTO A LA EXCEPCIÓN INTERPUESTA. Dentro del proceso penal instaurado en contra de RONNY MAMANI SUBIA se presenta la excepción de extinción de la acción penal en amparo del artículo 14 inc. c) de del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, el art. 27 inc. 10) en concordancia con el art. 133 del Código de Procedimiento Penal donde se establece que “todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento”. Tal como lo menciona la SC 1529/2011-R, para que el vencimiento por duración máxima constituya causal, es necesario tomar en cuenta las circunstancias que incidieron para que se diera la dilación en su tramitación, es por eso por lo que guiados por el artículo 5 del mismo cuerpo legal, donde establece que “se entenderá como primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o participe de un delito”, Se tiene que el primer acto procesal del presente proceso fue realizado en fecha 17 de julio de 2013, posteriormente se realiza Audiencia de Medidas Cautelares en fecha 08 de mayo del mismo año en la que su autoridad dicta Auto Interlocutorio donde resuelve 1008209002160442118172 imponer medidas sustitutivas a la detención preventiva, luego se presenta Requerimiento Conclusivo de Acusación fiscal en fecha 16 de marzo de 2018. De todo lo expuesto anteriormente, se puede advertir que no se ha dado cumplimiento al principio de celeridad procesal establecido en el art. 5 inc. 7 de la ley Orgánica del Ministerio Publico, y del art. 178 parf. I de la Constitución Política del Estado, que dispone: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”, Además del art. 180 parf. I donde indica que “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez” y el art. 115 parf II. Que expresa: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. Así, la SC 0033/2006-R de 11 de enero, señaló: ‘Como se tiene referido precedentemente la SC 101/2004 y el AC 0079/2004-ECA, determinaron que quien solicite la extinción de la acción penal debe fundamentar y probar que la mora procesal más allá del plazo máximo establecido por ley es de responsabilidad del órgano judicial o del Ministerio Público (en la etapa preparatoria), precisando de manera puntual en qué parte del expediente se encuentran los actuados procesales que provocaron la demora o dilación invocada? en razón, a que corresponderá al juez de la causa o en su caso al Tribunal de apelación, verificar si con los actuados procesales individualizados, se hubiese provocado o no dilación, y determinar el tiempo de la mora provocada por cada uno de ellos, para finalmente resolver lo que en derecho corresponda; 1008209002160442118173 Conforme a los antecedentes de la causa se individualiza dos actos de dilación del proceso, - Primer acto de dilación: Sistema de Registro Judicial SIREJ Mediante memorial presentado ante fiscal de materia en fecha 30 de octubre de 2013, la señora Ana Asunta Acho solicita se impute formalmente al señor Ronny Mamani Subia, sin embargo, se tiene que este acto conclusivo ha sido presentado ante el juez de instrucción en fecha 23 de marzo de 2015 y recién en fecha 10 de noviembre de 2017 se solicita audiencia de medidas cautelares mediante memorial presentado por el Ministerio Publico. - Segundo acto de dilación: A pesar de emitirse los requerimientos necesarios para la investigación objetiva de los hechos del presente caso en las siguientes fechas: 4 de octubre de 2013, 01 de septiembre de 2016, 16 de septiembre de 2016; se realiza acusación formal en fecha 16 de marzo de 2018. Que el Tribunal Constitucional en su SC 0101/2004 y su AC 0079/2004- ECA, la determinación de la extinción debe responder a una cuidadosa apreciación, en cada caso concreto, de los siguientes factores concurrentes al plazo previsto por la Ley: a) la complejidad del asunto, referida no sólo a los hechos, sino también a la cuestión jurídica; b) la conducta de las partes que intervienen en el proceso; y c) la conducta y accionar de las autoridades competentes. Para determinar si el comportamiento y accionar de las autoridades competentes fue manifiestamente negligente dando lugar a un desenvolvimiento del proceso fuera de las condiciones de normalidad; en consecuencia, conforme se expresa en la doctrina y la jurisprudencia emanada de los órganos regionales de protección de los Derechos Humanos, como la Corte Americana de Derechos Humanos, se entiende por un proceso sin dilación indebida a aquel que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción; 1008209002160442118174 De lo referido se infiere que este derecho se lesiona cuando el proceso penal no se desarrolla en condiciones de normalidad debido a la actuación negligente de las autoridades competentes, es decir, con un funcionamiento anormal de la administración de justicia, con una irregularidad irrazonable, dando lugar a que el proceso tenga una demora injustificada”. En ese orden, en el marco estricto del principio de objetividad y considerando que los fallos del Tribunal tienen carácter vinculante, corresponde remitirse al alcance jurídico y teleológico que tiene la “complejidad de un proceso”. En ese sentido, el Auto Supremo (AS) 167 de 4 de julio de 2014, señaló que la complejidad del proceso se da porque “en el mismo se presente complejidad en la prueba, pluralidad de sujetos procesales, cantidad de víctimas…y el contexto en que ocurrió el delito” (sic.). Por su parte, el AS 12 del 27 de enero de 2010, estableció que el Juez o Tribunal “debe valorar la complejidad del asunto considerando factores tales como la naturaleza y gravedad del delito, los hechos investigados, los alcances de la actividad probatoria para el esclarecimiento de los eventos, la pluralidad de agraviados o inculpados, o algún otro elemento que permita concluir, con un alto grado de objetividad, que la dilucidación de una determinada causa resulta particularmente complicada y difícil. a)Conforme a los antecedentes del cuaderno de autos y principalmente de la acusación formal se entiende que la presente causa de ninguna manera se podría considerar que es una causa compleja, que conforme a obrados incluso se presentó la acusación formal Sistema de Registro Judicial SIREJ en fecha 20 de julio de 2015, y la presente causa inicio en fecha 07 de mayo la misma gestión y que posteriores actos de dilación del proceso se provocaron de manera injustificada. b)Que, conforme a la actitud de las partes, de acuerdo a los antecedentes de la causa mi persona no fue declarado rebelde, ni presento algún 1008209002160442118175 incidente con la única finalidad de dilatar el proceso. Conforme a la Sentencia Constitucional 0045/2015 S-4 a señalado “De acuerdo al desarrollo internacional como jurisprudencial precedente, se tiene que el simple transcurso del tiempo, que en el caso de Bolivia, está establecido en tres años para la duración máxima del proceso, no resulta suficiente para la extinción de la acción penal, debiendo la autoridad judicial que conozca y resuelva una pretensión como la planteada por el imputado, tomar en cuenta una serie de elementos objetivos que emergen de la revisión de la causa y que acrediten la existencia de la complejidad del asunto, como la naturaleza del proceso, la pluralidad de imputados y de víctimas, naturaleza y gravedad del delito y los hechos investigados, entre otros, sin que sea necesario que concurran de manera simultánea todos estos elementos. Se demostró cada uno de los elementos exigidos en la mencionadas Sentencias Constitucionales como Autos Supremos se demuestra que cumpliendo con el principio de legalidad se cumplen con las prerrogativas exigidas por el art. 133 de la Ley adjetiva penal como con la amplia jurisprudencia citada. Que la SC 1042/2005-R de 5 de septiembre, a señalado: “Es importante recordar que la extinción del proceso penal por mora judicial tiene su base de sustentación en el derecho que tiene toda persona procesada penalmente a un proceso sin dilaciones indebidas, un derecho que forma parte de las garantías mínimas del debido proceso, consagrado por el art. 14.3.c) del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y, art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como un derecho a un proceso dentro de un plazo razonable, instrumentos normativos que forman parte del bloque de constitucionalidad, conforme ha determinado este Tribunal en su amplia jurisprudencia. III. PRUEBA: - Imputación formal de fecha 07 de abril de 2015. - Resolución judicial de fecha 07 de octubre de 2016. 1008209002160442118176 - Resolución judicial de fecha 18 de octubre de 2017. - Memorial presentado por el Ministerio publico en fecha 07 de noviembre de 2017, ante juez cautelar segundo en materia penal. - Memorial presentado por el Ministerio Publico en fecha 21 de noviembre de 2017 solicitando se notifique la Imputación formal. IV. PETITORIO; Bajo los fundamentos jurídicos y probatorios expuestos solicito; • Se tenga por Interpuesto la excepción de Extinción de la Acción Penal por duración máxima del proceso según el art. 133 del Código de Procedimiento Penal. • Se corra los trámites de Ley conforme al art. 314 y mediante Resolución se declare con Lugar la excepción interpuesta y se declare la extinción de la acción penal conforme al art. 27 num. 10. ANÓTESE.---------------------------------------------------------------------------------------------- FDO. Y SELLADO DRA. PAOLA ZULMA TEJERINA ZENTENO JUEZ DE SENTENCIA PENAL 1RO. DE LA CAPITAL, TARIJA – BOLIVIA. FDO. Y SELLADO, ANTE MÍ SECRETARIA ABOGADA DEL JUZGADO MARIA DEL CARMEN AUZA QUENTASI------------------------------------- :23012001 :23311


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