EDICTO

Ciudad: TARIJA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA PRIMERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


Sistema de Registro Judicial SIREJ EDICTO JUZGADO:DE SENTENCIA PENAL 1RO. DE CAPITAL JUEZ : DRA. PAOLA TEJERINA ZENTENO SECRETARIA: ABOG. MARIA DEL CARMEN AUZA QUENTASI PROCESO: PENAL DELITO: DAÑO SIMPLE NÚMERO DE PROCESO: NUREJ 201303593 DENUNCIANTE: MARCO ANTONIO ROMERO IMPUTADO: JOSE ANTONIO PIMENTEL Y WALDO AGUIRRE FLORES OBJETO: NOTIFICAR AL ACUSADO JOSE ANTONIO PIMENTEL Y WALDO AGUIRRE FLORES, CON LA PARTE PERTINENTE DE LA RESOLUCION JUDICIAL DE FECHA 15 DE MAYO DE 2021 PARA CUYO FIN SE LE HACE CONOCER LO SIGUIENTE.- ---------------------------- RESOLUCION JUDICIAL DE FECHA 15 DE MAYO DE 2021 (PARTE PERTINENTE).-.----- ---- TARIJA 15 DE MAYO DE 2021 ANTECEDENTES: De la revisión de los antecedentes facticos referidos en la acusación, se establece que el presunto hecho ilícito, se orina por supuestos hechos acaecido el 26 de diciembre del 2013. FUNDAMENTACION JURIDICA: Como se sabe, la facultad punitiva del Estado, para imponer penas por la comisión de hechos ilícitos se halla sujeta a diversos limites que el mismo Estado se impone, entre ellos, el temporal, por el cual, solo es admisible su ejercicio dentro del plazo establecido, fuera de él, la potestad del ius Pudiendi, deja de ser legitima y legal. Inclusive cuando la acción iniciada no concluye en el término fijado por ley, se produce la prescripción por el transcurso del tiempo. El Tribunal Constitucional en SCP 1068/2015-S1 de 03 de noviembre, sobre la prescripción de la acción en materia penal dispone: “Al respecto la CP 1577/2014 de 11 de agosto, refirió que: “Eta institución jurídica, por una parte; tiene connotación social, al favores o desfavorecer a los sujetos activos o pasivos dentro de un proceso penal, sea en los delitos de orden público o privado, por el solo transcurrir el tiempo determinado, previsto en los Arts. 29 concordante con el 30 del CPP, es decir, cuando se adecua la norma precitada al caso concreto, se determine el cese de la producción penal del Estado o por particulares”. Este entendimiento tiene su fundamento jurídico, haciendo referencia al autor Vera Barros, en la Enciclopedia Jurídica “Omeba” que: “Denomina derecho subjetivo de castigar, cuyo titular es el Estado, representado por los Órganos jurisdiccionales correspondientes: una que persigue al delincuente antes que la sanción le sea impuesta y otra luego de que la misma se le impuso, sea para someterlo a su cumplimiento”, por lo que esta institución prevé un interés social por cuanto el Estado no puede prolongar indefinidamente el tiempo de la persecución punitiva, también atribuible, a la dejadez, desinterés o negligencia de la víctima, que no activo en su oportunidad el mecanismo idóneo de la jurisdicción ordinaria para restablecer el bien jurídicamente protegido”. El art. 27.8 del CPP, establece la extinción de la acción penal, por prescripción Sistema de Registro Judicial SIREJ A su vez el Art. 29 del mismo cuerpo legal, señala los plazos dentro de los cuales prescribe la acción penal, siendo los siguientes: 1) En ocho años para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de seis años; 2) En cinco años para los que tenga señaladas penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años 3) En tres años, para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad, y 4) En dos años para los delitos sancionado con penas no privativas de libertad. De esta manera y bajo este mismo criterio jurídico la SC 0693/2010-R de 19 de julio de 2010, ha realizado una interpretación sobre la prescripción de la acción penal, refiriendo que:”… sus argumentos ya forma de computo del termino previsto en los arts. 29 y 30 del CPP, es así, que respecto al fundamento señalo: De acuerdo a la doctrina, la prescripción se traduce en los efectos que produce el transcurso del tiempo sobre el ejercicio de una determinada facultad. Esta definición, aplicada al ámbito penal, significa la expresa renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar al tiempo transcurrido. Conforme a ello, es propio del Estado el que, a través de la norma penal (procesal o sustantiva según las legislaciones), establece los límites de tiempo en que se puede ejercer la persecución penal. La actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida, ya que al hacerlo quebrantaría el equilibrio que debe existir entre la función de defensa de la sociedad y la protección de derechos y garantías individuales”, así la SC 0023/2007-R de 16 de enero. Dicha Sentencia Constitucional, luego de identificar las razones que fundamentan la prescripción concluyo que la misma; “… debe fundamentar desde la Constitución, en la medida en que este instituto está íntimamente vinculado con los principios, valores, derechos y garantías constitucionales, fundamentalmente la garantía del debido proceso, la prohibición de indefensión y el derecho a la seguridad jurídica”. …respecto al derecho a la defensa, es innegable que si pese al tiempo transcurrido, la acción penal se dirigiera contra el supuesto culpable, llegando inclusive a imponerse una pena, se producirá una grave indefensión, pues los medios de defensa de los que podría servirse el imputado, o ya no existirían o se encontraría debilitados, corriendo el riesgo de condenar a un inocente por el tiempo transcurrido. En síntesis, el transcurso del tiempo incrementa el riesgo del error judicial, por encontrarse debilitadas las pruebas de la defensa”. En el mismo sentido la SCP 0283/2013 de 13 de marzo, refiere que: “…la prescripción en materia penal, la SC 023/2007-R de 16 de enero, señalo lo siguiente: “El art. 29 del CPP determina los plazos para la prescripción de la acción penal, atendiendo al máximo legal de la pena privativa de libertad (presidio o reclusión) prevista para los distintos tipos penales establecido en el Código Penal. Los términos señalados en esa norma, de acuerdo al Art. 30 del CPP, empiezan a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que ceso su consumación, y pueden interrumpirse por la declaratoria de rebeldía del imputado… (…) El nuevo Código de Procedimiento penal, conforme se tiene dicho, cambia radicalmente el sistema anterior, puesto que no establece entre sus causas de interrupción o prescripción de la acción penal, el inicio de la acción penal; consecuentemente, es posible interponer esta excepción en cualquier momento del proceso, conforme ha quedado establecido en la jurisprudencia del Tribunal contenido en la SC 1510/2002-R de 9 de diciembre, que de manera Sistema de Registro Judicial SIREJ expresa determinó que la denuncia no constituye causal de interrupción o suspensión de la prescripción a no estar contemplada en los arts. 29 y 31 del CPP. Entendimiento que fue reiterado en la SC 0187/2004-R de 9 de febrero, en la que se determinó que: “...para la interrupción o suspensión de la prescripción necesariamente tiene que presentarse uno de los supuestos descritos, entre los que no se encuentra el inicio de la acción penal, debiendo contarse el plazo desde el día en que supuestamente consumo el delito, sin interrupción…”. Conviene dejar claramente establecido que tanto en la jurisprudencia glosada, asa como las SSCC 0187/2004-R y 1214/2004-R entre otras, se estableció que el inicio de la acción penal o la denuncia ante el Ministerio Público, no constituye causal de interrupción o suspensión de la prescripción al no estar contemplado en los citados arts. 29 y 31 del CPP, de manera tal que, al no constituir la denuncia del hecho causa de suspensión ni de interrupción de la prescripción, no es posible derivar conclusiones a partir de esta, con relación a la prescripción de la acción penal seguida contra el procesado”. La prescripción a diferencia de las demás excepciones, solo puede oponerse como tal, sino que opera también como resolución. Al haberse cumplido el plazo establecido en el art. 29 de la citada ley, de manera categórica e imperativa imponen la cesación de la potestad punitiva del Estado provocada por el transcurso del tiempo y a inacción de quien debía hacerlo en tiempo oportuno. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO: En el caso de autos debe considerarse lo siguiente: 1. El delito daño simple sancionado en el art.357 del Código Penal tiene una pena privativa de reclusión de un mes a un año y multa hasta de sesenta días. 2. De conformidad con el art. 29.3 de la ley 1970 la acción penal prescribe en 3 años para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad, es importante establecer que el art. 30 de la ley adjetiva penal, determina que el término de la prescripción empezara a correr desde a media noche del día en que se cometió el delito o que ceso su consumación, esto en relación al delito acusado la exteriorización de la conducta supuestamente delictuosa que empieza el 26 de diciembre de 2012. 3. En la presente causa el acusado No fue declarado rebelde y tampoco en caso se encuentran en las causales de suspensión de plazo de la prescripción, habiendo prescrito en consecuencia el lapso para ejercitar la acción penal el año 2015, válidamente en la presente causa, por lo que se halla vencido, al haber transcurrido desde la fecha referida 7años, 4 meses y 18 días hasta el último día de trabajo, sin embargo debe descontarse la suspensión de actividades dispuestas por la circular de presidencia TSJ 04/2020 de 21 de marzo, que es del 23 de marzo del 2020 al 06 de julio del 2020 es decir 105 días equivalentes a 3 meses y 15 días, haciendo un total 7 años lapso que impide el ejercicio valido y legal de la presente acción, siendo inoficioso el pretender proseguirla, en merito a el fundamento jurídico esgrimido que es categórico al establecer el tiempo en que está vigente el ius puniendi del Estado. POR TANTO: En merito a los fundamentos expuesto y en observación de las normas citadas, se DECLARA la PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL a favor de JOSE ANTONIO PIMENTEL Y WALDO AGUIRRE FLORES, en relación al delito de Daño simple incurso en el arts.357 del Código Penal instaurado por MARCO ANTONIO ROMERO VALERIANO, EXTINGUIENDOSE la acción de conformidad al art. 27.8 de la Ley 1970 disponiéndose el archivo de obrados con su respectiva prueba. La presente resolución admite el recurso de apelación incidental a interponerlo en el término de tres días desde su legal notificación a las partes. Sistema de Registro Judicial SIREJ REGISTRESE.- ANOTESE.- FIRMADO Y SELLADO DRA PAOLA TEJERINA ZENTENO JUEZ DE SENTENCIA PRIMERO DE LA CAPITAL ANTE MI, LIC MARIA DEL CARMEN AUZA SECRETARIA ABOGADA DEL JUZGADO PRIMERO DE SENTENCIA DE LA CAPITAL-------------------------------------------------------------------------------------------- :23012001 :23311


Volver |  Reporte