EDICTO

Ciudad: EL ALTO

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN SÉPTIMO EN MATERIA PENAL DE EL ALTO


E D I C T O EL DOCTOR HÉCTOR QUILLA VARGAS, JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL SÉPTIMO DE LA CIUDAD DE EL ALTO–LA PAZ, CITA, LLAMA Y EMPLAZA A MARIO VALERO APAZA HUANCA Y MARIA BASILIA TORREZ ALVARADO HACE SABER A LA OPINIÓN PUBLICA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO EN CONTRA DE MARIO VALERO APAZA HUANCA Y MARIA BASILIA TORREZ ALVARADO POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE LESIONES GRAVES Y LEVES, TIPIFICADO Y SANCIONADO POR EL ART. 271 DEL CÓDIGO PENAL, CUYO TENOR LITERAL ES COMO SE TRANSCRIBE: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& AUTO MOTIVADO DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2021.-----RESOLUCION No. 332/2019.JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL SEPTIMO DE LA CIUDAD DE EL ALTO. NUREJ: 201405570 CASO MP: EAL 1401912 DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO EN CONTRA DE MARIO VALERO APAZA HUANCA Y OTRA POR LA PRESUNTA COMISION DEL DELITO DE LESIONES GRAVES Y LEVES. AUTO MOTIVADO SOBRE EXTINCION DE ACCION PENAL EN LA ETAPA PREPARATORIA.El Alto, 08 de agosto de 2019. VISTOS: Las conminatorias al Ministerio Publico y parte denunciante víctima y, demás fundamentos que hacen a la presente resolución. CONSIDERANDO: Que, en aplicación del art. 54 núm. 1 del CPP, del análisis de los antecedentes del presente proceso y las normas jurídicas relacionadas los mismos, se tiene las siguientes conclusiones de orden legal y factico: 1.- El art. 134 párrafo tercero del CPP establece que: “La etapa preparatoria deberá finalizar en el plazo máximo de seis meses de iniciado el proceso... Si vencido el plazo de la etapa preparatoria el fiscal no acusa ni presenta otra solicitud conclusiva, el juez conminará al Fiscal del Distrito para que lo haga en el plazo de cinco días. Transcurrido este plazo sin que se presente solicitud por parte de la Fiscalía, el juez declarará extinguida la acción penal, salvo que el proceso pueda continuar sobre la base de la actuación del querellante, sin perjuicio de la responsabilidad personal del Fiscal del Distrito.” De la normativa señalada se colige que, en caso de omisión por parte del Fiscal y Querellante a las conminatorias de la autoridad jurisdiccional, a la presentación del Requerimiento Conclusivo o Acusación Particular, el Juez de la causa declarará la Extinción de la Acción Penal; razonamiento que se encuentra también establecida en la SC 1281/2013. 2.- En el presente caso, de la revisión del cuaderno de control jurisdiccional se tiene que el Ministerio Publico presentó resolución de Imputación Formal en fecha 03 de diciembre de 2014 por el delito de Lesiones Graves y Leves, en contra de los imputados MARIO VALERO APAZA HUANCA y MARIA BASILIA TORREZ ALVARADO, resolución con la que fueron notificados los mencionados imputados en fecha 6 de marzo y 09 de marzo de 2015, respectivamente, fecha ésta última a partir del cual se debe computar los seis meses de la etapa preparatoria, que establece el art. 134 del CPP. Que, una vez vencido el plazo de la etapa preparatoria, se emitió el Auto de Control Jurisdiccional Nº 467/2015 de 14 de septiembre de 2015, por el cual se conminó al señor Fiscal Departamental Dr. Marcelo Harold Rollano Burgoa a presentar requerimiento conclusivo en Etapa Preparatoria, conforme al art. 323 del Código Penal, otorgándole el plazo de 5 días a partir de su legal notificación bajo responsabilidad; auto de control con la que el señor Fiscal Departamental fue notificado en fecha 04 de noviembre de 2015, en mérito del cual, el 11 de noviembre de 2015 el Ministerio Publico presentó Requerimiento Conclusivo solicitando que se Promueva la Conciliación, misma que fue Rechazada por Auto de fecha 07 de enero de 2016 por el cual se deniega la solicitud del Ministerio Publico y se conmina a que cumpla a cabalidad con el Auto de Control Jurisdiccional Nº 467/2015; Auto de fecha 07 de enero de 2016 con la que los señores Fiscales Dra. Jeaneth Beatriz Usnayo Choque fue notificado en fechas 10 de febrero y 22 de marzo de 2016, sin que se haya presentado el Requerimiento Conclusivo correspondiente en Etapa Preparatoria. Asimismo, agotando el procedimiento establecido en el art. 134 del CPP, modulado por la SC 1281/2013, mediante providencia de fecha 12 de febrero de 2019 esta autoridad conminó a la parte denunciante – victima JUAN CARLOS LOPEZ SURCO y MARIA JOSEFINA VARGAS GUTIERREZ a que dentro del plazo de 5 días de su legal notificación, se pronuncien sobre su voluntad de continuar con el proceso, bajo alternativa de extinguir la acción penal; providencia con la que los mencionados fueron notificados en fecha 19 de marzo de 2019 en su domicilio en su domicilio real, tal como se evidencia en la diligencia de notificación que cursa en obrados, sin embargo, hasta la fecha no se evidencia que la parte denunciante-victima haya presentado algún memorial ni acusación particular; en consecuencia, habiéndose agotado el procedimiento, corresponde aplicar lo dispuesto en el art. 134 párrafo tercero del CPP arriba señalado, bajo responsabilidad funcionaria de los representantes del Ministerio Publico. POR TANTO.- El suscrito Juez de Instrucción Penal Séptimo de la ciudad de El Alto, conforme a los motivos y fundamentos expuestos, decide: declarar: LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN LA ETAPA PREPARATORIA, de la Acción Penal seguida por el Ministerio Publico y parte denunciante-víctima Juan Carlos López Surco y María Josefina Vargas Gutierrez, dentro del proceso penal caso Nº MP EAL 1401912, seguida en contra de MARIO VALERO APAZA HUANCA con C.I. 13700971 LP. y MARIA BASILIA TORREZ ALVARADO con C.I. 7030510 LP., por el presunto delito LESIONES GRAVES Y LEVES, tipificado en el art. 271 del Código Penal; en consecuencia, se dispone el levantamiento de las medidas cautelares dispuesta en la Resolución N° 173/2015; asimismo, una vez ejecutoriada la presente resolución se dispone el archivo del cuaderno de investigaciones y de control jurisdiccional; sea con las formalidades de ley. Esta resolución es emitida conforme a los Arts. 54 núm. 1 y 2, 134 y 279 del CPP, debiendo oficiarse al señor Fiscal Departamental Dr. William Eduard Alave Laura, a efectos de las acciones o medidas que correspondan al caso, por la no presentación del requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria; pudiendo las partes interponer recurso de apelación conforme dispone el art. 403 y siguientes del CPP, sea con noticia de partes por la Central de Notificaciones. REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y TOMESE RAZON.- FIRMA Y SELLA: DR. HECTOR QUILLA VARGAS JUEZ JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL 7º EL ALTO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA LA PAZ BOLIVIA.-----FIRMA Y SELLA ANTE MI ABOGADA ANA MARIA APAZA CALLISAYA SECRETARIA ABOGADA JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL 7MO EL ALTO LA PAZ BOLIVIA.----------------------------------------SEÑOR JUEZ SEPTIMO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO NUREJ: 201405570E CASO: EAL1401912 INTERPONE APELACION INCIDENTAL EN CONTRA DE RESOLUCION NO. 322/2019 OTROSIES.- SU CONTENIDO.--- WALTER A. LORA URIA, Fiscal de Materia asignado a la Fiscalía Especializada en Delitos de Contra la Integridad Personal de la ciudad de El Alto, dentro el caso que sigue el MINISTERIO PUBLICO a instancia de JUAN CARLOS LOPEZ SURCO en contra de MARIO VALERIO APAZA HUACNA Y OTRA, por la presunta comisión del delito de Lesiones Graves y Leves previsto y sancionado en el Art. 271 del Código Penal ante las consideración de su autoridad, con todo respeto expongo y digo: habiendo sido notificado en fecha 03 de agosto de 202, con la Resolución No. 332/20196 de fecha 08 del agosto de 2019, que dispone la Extinción de la Acción Penal en la Etapa Preparatoria, en razón ante la emisión del Auto de Control Jurisdiccional Nº 467/2015 de fecha 07 de enero de 2016, por lo que dentro el plazo me permito interpone Recurso de Apelación Incidental en contra de la Resolución No. 332/2019 de fecha 08 de agosto de 2019, bajo los siguientes fundamentos: La Resolución ahora recurrida tiene como fundamento, el cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 134 párrafo tercero de la norma adjetiva penal, que establece el plazo de duración de la etapa preparatoria de seis meses, así como las acciones que su autoridad debe asumir en cumplimiento al control jurisdiccional que ejerce dentro el presente proceso de investigación ante un eventual incumplimiento o no presentación de requerimiento conclusivo por parte del Ministerio Publico. En el presente caso, de la revisión de los antecedentes cursante en el cuaderno de investigación se tiene que en fecha 03 de diciembre de 2014 la entonces representante del Ministerio Público presente la Resolución de Imputación Formal en contra de MARIO VALERIO APAZA HUANCA y MARIA VASILIA TORREZ ALVARADO por la probable comisión del delito de Lesiones Graves y Leves una vez vencido el plazo de la etapa preparatoria, conforme lo dispuesto por el artículo 322 de la norma adjetiva penal, su probidad emite el Auto de Control Jurisdiccional Nº 467/2015 de fecha 14 de septiembre, el cual es notificado en fecha 04 de noviembre de 2015y en respuesta se emite requerimiento conclusivo que solicita la conciliación entre partes, la misma que es rechazada mediante Auto de fecha 07 de enero de 2016 y se conmina a dar cumplimiento al auto de control jurisdiccional con dicha disposición la entonces Fiscal de materia habría sido notificada en dos oportunidades, empero no se tuvo conocimiento de pronunciamiento alguno, extremos que derivaron en la Extinción de la Acción Penal en la Etapa Preparatoria. El Art. 134 del Código de Procedimiento Penal, hace referencia al control de la retardación de justicia, estableciendo que la etapa preparatoria del juicio deberá finalizar en el plazo máximo de seis meses, plazo que será computado desde la notificación con la imputación formal al imputado. Si vencido ese plazo el fiscal no acusa ni presenta otra solicitud conclusiva el juez conminara al fiscal de distrito para que lo haga en el plazo de cinco días transcurrido estos sin que se presente solicitud por parte de la Fiscalía, el juez declarara extinguida la acción penal salvo que el proceso pueda continuar sobre la base de la actuación del querellante, sin perjuicio de la responsabilidad personal del fiscal de distrito. La jurisprudencia constitucional, al respecto estableció que: “la extinción no se opera de hecho por el solo transcurso de los seis meses de plazo de la etapa preparatorio sin que el Fiscal haya presentado la solicitud conclusiva sino de derecho, porque vencido el señalado termino, la parte deberá pedir al Juez cautelar conmine al Fiscal de Distrito par que presente la citada solicitud conclusiva y en caso de que dicha autoridad no lo haga en los cinco días siguientes a su notificación, el Juez cautelar deberá dictar una resolución expresa declarando extinguida la acción penal” (Así la SC 0764/2002-R de 1 de julio). En ese orden tal como refiere la SC 1173/2004-R de 26 de julio, al referirse al incumplimiento de la conminatoria efectuada por el juez cautelar si el Ministerio Publico no presenta uno de los requerimientos conclusivos previstos por el art. 323 del CPP es decir acusación, solicitud de aplicación de una salida alternativa o de un requerimiento de sobreseimiento el Juez está obligado a declarar la extinción de la acción penal, independientemente de que exista o no solicitud de la parte imputada; sin embargo es enfática al señalar que debe precisarse que en virtud al derecho a la tutela judicial efectiva y a los derechos que le asisten a la víctima, el juez antes de emitir la Resolución correspondiente, deberá notificar a la víctima a efecto de que sea escuchada y en su caso impugne la determinación a tomarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del CPP, modificado por la ley 007 de 18 de mayo de 2010 que establece que “la victima por si sola o por intermedio de un abogado, se particular o del estado, podrá intervenir en el proceso penal aunque no estuviera constituido en querellante, norma que guarda coherencia con el art. 134 del CPP antes aludido que en el segundo párrafo establece un resguardo a favor de la víctima referido que el proceso pueda continuar sobre la base de la actuación del querellante.” En este último contexto la aludida SC 1173/2004-R establece que: “….para hacer operativo el derecho de la víctima el Juez debe comunicar a la víctima la fatal de presentación del requerimiento conclusivo por parte del fiscal y al mismo tiempo, la facultad que le asiste de presentar su acusación particular, otorgándole para al efecto por analogía y aplicando el principio de igualdad procesal, el mismo plazo concedido al Fiscal en el Art. 134 del CPP es decir cinco días bajo conminatoria de declararse extinguida la acción penal en ese entendido la victima podrá expresar su decisión de no continua con el proceso ya sea en forma explícita presentando algún memorial ante el Juez o implícita dejando transcurrir el plazo otorgado supuestos en los que la autoridad judicial deberá declarara la extinción de la acción penal, si por el contario la victima presente su acusación particular el juez debe remitirse los citada ante el Tribunal de sentencia apara que el juicio se abra sobre la base de la acusación del querellante. Que la Resolución No. 332/2019 que extingue la causa penal no tiene sustento o fundamento legal que concuerdo a su vez con la amplia y gama de precedentes jurisprudenciales de orden constitucional en razón de que el Ministerio Publico ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 323 núm. 2) del Código de Procedimiento Penal presentado como requerimiento conclusivo una solicitud de Conciliación motivo por el cual su autoridad ha dispuesto el señalamiento de audiencia para su consideración. Sin embargo mediante auto de fecha 07 de enero de 2018 se realiza la corrección de procedimiento y dispone se de cumplimiento a la Resolución No. 467/2015, no especificando el plazo otorgado al Ministerio Publico para el cumplimiento de lo dispuesto. En ese sentido deja en estado de indefensión e incertidumbre al Ministerio Publico puesto que al no tener un plazo establecido de cumplimiento al Auto de Control Jurisdiccional mas cuando inicialmente se dio cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 323 de la norma adjetiva penal el disponer inmediatamente la extinción de la acción penal impide y coarta la persecución penal en contra de los imputados habiéndose emitido la Resolución de imputación formal por la comisión del delito de Lesiones graves y leves (Art. 271 del C.P.) delito de acción pública es decir, que dicha acción ilícita quedara en la impunidad. Con la determinación de la extinción de la acción penal en la etapa preparatoria (Art. 134 del Código de Procedimiento Penal), dejando en la impunidad. Con la determinación de la extinción de la acción penal en la etapa preparatoria Art. 134 del Código de Procedimiento Penal, dejando en la impunidad un delito consumado si bien es cierto de que se presenta el Requerimiento Conclusivo por parte de la Fiscal de Materia Dra. Jeanneth Usnayo Choque dentro del plazo previsto no existiendo dejadez por parte de la entonces representante del Ministerio Publico, justificando este extremo con la variación y cambios del sistema penal en su conjunto cambio sucesivo de fiscales la implementación del modelo corporativo y especializada en al Fiscalía, así como la reasignación de causas penales, etc.); extremos que debieron haber sido tomados en cuenta por la autoridad jurisdiccional bajo el principio de verdad material, entendiéndose por ella, : “la verdad material, genera la primacía de la realidad de los hecho sobre la aparente verdad que pueda emerger de los documentos aplicando este principio debe prevalecer la verificación y el conocimiento de estos, sobre el conocimiento de las formas”, según entendimiento de la Sentencia Constitucional 0713/2010-R de 26 de julio se considera de forma objetiva y razonada que previsto en el Art. 134 del C.P.P. es un tema de forma de orden procesal penal que no puede anteponerse o sobreponerse ante un tema de verdad material, conforme lo glosado precedentemente inobservando de esta manera el principio de verdad material establecida en el Art. 180 de la Constitución Política del Estado. En consecuencia de conformidad al Art. 403 y sgtes del C.P.P. interpongo el Recurso de Apelación Incidental en contra de la Resolución No. 332/2019 de fecha 08 de agosto de 2019, solicitando se REVOQUE la Resolución referida pronunciada por la Autoridad ad quo, debiendo determinar en la especie la prosecución de la causa penal hasta la conclusión y sea con las formalidades de ley. Otrosí.- Señalo como domicilio procesal Av. Raúl Salmon No. 133 Edif. Illimani Piso 4, Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Integridad Personal de la ciudad de El Alto. El Alto, 09 de Agosto de 2021 FIRMA Y SELLA: WALTER A. LORA URIA FISCAL DE MATERIA FISCALIA DEPARTAMENTAL DE EL ALTO.------------------------------------ DECRETO DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2021.-----------------A, 10 de agosto de 2021. Habiéndose interpuesto recurso de apelación contra de la Resolución Nº 332/2019 de 08 de agosto de 2019 por el Sr. Fiscal de Materia Walter A. Lora Uria, se concede y conforme al art. 403 y siguientes del CPP, por Secretaria remítase antecedentes al Tribunal de Alzada a efectos de su resolución, conminando a la parte apelante a cubrir con los recaudos de ley para el legajo de apelación dentro del plazo de la remisión, caso contrario remítase las copias necesarias; sea previa noticia de partes por la Oficina Gestora. Al Otrosí.- Por señalado. FIRMA Y SELLA: DR. HECTOR QUILLA VARGAS JUEZ JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL 7º EL ALTO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA LA PAZ BOLIVIA.-----FIRMA Y SELLA ANTE MI RAQUEL JULIA MARQUEZ QUISBERT SECRETARIA ABOGADA JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL 7º EL ALTO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA EL ALTO LA PAZ BOLIVIA.---------------------------------------- INFORME DE OFICINA GESTORA.------------INFORME A: Hector Quilla Vargas JUEZ DEL JUZGADO 7MO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR DE LA CIUDAD DE EL ALTO.---DE: Silvia G. Rojas Tambo. Fecha: 15 de agosto de 2021.--------Respecto a la notificación Nro. 201405570e-19 A: MARCO VALERO APAZA HUANCA, MARAI TORREZ ALVARADO DIRECCION: CALLE 107 NRO. 88 DE LA ZONA EDUARDO VAROA DE LA CIUDAD DE EL ALTO. Sr. Juez, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por su autoridad me constituí a la Zona Eduardo Avaroa calle 107 nro. 88 entrevistándome con la dueña de casa quien manifestó que los antes mencionados ya no vivirían en ese domicilio y que han tenido muchos problemas por lo cual se desconoce su paradero y se niegan a recibir la notificación. Es cuanto tengo a bien informar. FIRMA Y SELLA: SILVIA GRACIELA ROJAS GESTOR OFICINA GESTORA DE PROCESOS TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA LA PAZ BOLIVIA.--------------- DECRETO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021.------- A, 28 de septiembre de 2021.En mérito a la representación elaborada por la Oficina Gestora de fecha 25 de agosto de 2021, el informe de SEGIP que consigna el mismo domicilio señalado y al no contar con un domicilio real y preciso de los imputados, dentro del proceso penal con Nurej: 201401201405570, notifíquese por Edicto Judicial a los imputados: MARIO VALERO APAZA HUANCA y MARIA BASILIA TORREZ ALVARADO con la Resolución Nº 332/2019 de 08 de agosto de 2019, la apelación de fecha 10 de agosto de 2021 y las providencias correspondientes; todo sea conforme y en aplicación del art. 165 del Código de Procedimiento Penal, por desconocerse el paradero y no contar con el domicilio real exacto o preciso de los mencionados ciudadanos. FIRMA Y SELLA: DR. HECTOR QUILLA VARGAS JUEZ JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL 7º EL ALTO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA LA PAZ BOLIVIA.-----FIRMA Y SELLA ANTE MI RAQUEL JULIA MARQUEZ QUISBERT SECRETARIA ABOGADA JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL 7º EL ALTO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA EL ALTO LA PAZ BOLIVIA.---------------------------------------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& El presente Edicto es librado por orden del Sr. Juez de Instrucción Penal 7º de la Ciudad de El Alto a los cinco días del mes de octubre de dos mil veintiún años.---------------------------------------------


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