EDICTO

Ciudad: ORURO

Juzgado: TRIBUNAL DE SENTENCIA TERCERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


Sistema de Registro Judicial SIREJ EDICTO DE LEY LA DRA. DRA. ELY CAQUEGUA MAMANI PRESIDENTE), EL DR. GIOVANNI FRANZ ZAMBRANA ROJAS EN (SUPLENCIA LEGAL) Y LA DRA. MONICA JAZMIN CAMACHO TOCO, JUECES TECNICOS DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL No. 3 DE LA CAPITAL (ORURO-BOLIVIA), RESPECTIVAMENTE, EN ESTRICTA OBSERVANCIA DEL ART 165 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: Por el presente Edicto de ley se emplaza y se notifica a los acusados 1.- RAUL FUENTES GARCIA CON C.I. 2722205, 2.- DELMA YOLANDA SALINAS SANTOS CON C.I.4952346, con SENTENCIA DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2021 tras la publicación del presente edicto, dentro del proceso penal que se sigue el ministerio público en contra de RAUL FUENTES GARCIA Y OTROS, por la presunta comisión del delito de PREVARICATO Y OTROS , por la presunta comisión de los delitos de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, PREVARICATO, CONSORCIO DE JUECES, FISCALES, POLICIAS Y ABOGADOS, y RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES, previstos y sancionados por los arts. 154 del Código Penal, primera parte del art. 173 del Código Penal, modificado por el art. 34 de la Ley No. 004, primera parte del art. 174 del Código Penal, modificado por la Ley No. 007, y art. 153 del Código Penal, modificado por el art. 34 de la Ley No. 004, con relación al art. 20 del Código Penal. 2.- DELMA YOLANDA SALINAS SANTOS, 3.- ENRIQUE LUIS RODRIGO VILLEGAS, por la presunta comisión del delito de CONSORCIO DE JUECES, FISCALES, POLICIAS Y ABOGADOS, previstos y sancionados por la Segunda Parte del art. 174 del Código Penal, modificado por la Ley N. 007, con relación al art. 20 del Código Pernal. 4.- FERNANDO AGUAYO NINA, y 5.- EMILIO EDUARDO RODRIGUEZ MACHICADO, por la presunta comisión del delito de FALSEDAD IDEOLOGICA, previsto y sancionado por el primer párrafo del art. 199 del Código Penal, con relación al art. 20 del Código Penal. TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL No. 3 ORURO – BOLIVIA SENTENCIA Nº 20/2021 EN NOMBRE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA EN EL PROCESO PENAL N° IANUS: 201211708 SEGUIDO EN CONTRA DE RAUL FUENTES GARCIA Ciudadano Boliviano. Natural de la ciudad de Oruro, Provincia Cercado del Departamento de Oruro. Nacido el 7 de julio de 1958 Edad 63 años. Estado Civil - casado. Ocupación – abogado. Domicilio – Juan de la Cruz Delgado s/n Camacho de la localidad de Corque. Con C.I. Nº 2722205-Or. EMILIO EDUARDO RODRIGUEZ MACHICADO Ciudadano Boliviano. Natural de la ciudad de Oruro, Provincia Cercado del Departamento de Oruro. Nacido el 5 de enero de 1957 Edad 64 años. Estado Civil -divorciado. Ocupación – abogado. Domicilio – calle 6 de Agosto y Circunvalación, zona Sud Este Nro. 4 de esta ciudad. Con C.I. Nº 2743016-Or. DELMA YOLANDA SALINAS SANTOS Ciudadana Boliviana. Natural de Pulacayo, Provincia del Departamento de Potosí Nacido el 9 de enero de 1976 Edad 45 años. Estado Civil -casada. Ocupación – abogada. Domicilio – Con C.I. Nº 4952346-La Paz. ENRIQUE LUIS VILLEGAS RODRIGO Ciudadano Boliviano. Natural de la ciudad de Oruro, Provincia Cercado del Departamento de Oruro. Nacido el 23 de enero de 1972 Edad 48 años. Estado Civil -casado. Ocupación – abogado. Domicilio – calle La Plata entre Rodríguez y León de esta ciudad. Con C.I. Nº 3501055-10-Or. FERNANDO AGUAYO NINA Ciudadano Boliviano. Natural de la ciudad de Oruro, Provincia Cercado del Departamento de Oruro. Nacido el 13 de mayo de 1953 Edad 68 años. Estado Civil -casado. Ocupación – mecánico. Domicilio – calle Franja del Rio Negro de esta ciudad. Con C.I. Nº 681430-Or. EL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL N°. 3 DE LA CAPITAL ORURO - BOLIVIA, integrado por los señores: JUECES: Dra. Ely Caquegua Mamani Sistema de Registro Judicial SIREJ PRESIDENTE Dra. Mónica Jazmín Camacho Toco Dr. Giovanni F. Zambrana Rojas En el salón de audiencias del Tribunal de Sentencia Penal N° 3 de la ciudad de Oruro, a horas 12:30 p.m., del día martes 21 de Agosto de 2021, dentro de la acusación interpuesta por: ACUSADOR PÚBLICO: Dr. Danny Ernesto Cossio Quiñonez. Dr. Charly Calle Villca Dr. Mario Mamani Morales Dr. Lionel León Castillo FISCALES DE MATERIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ORURO VÍCTIMA: Mirtha Patricia Quevedo Acalinovic ABOGADO Y APODERADA: Dra. María Elena Tapia García. DELITOS ACUSADOS: INCUMPLIMIENTO DE DEBERES (art. 154 primera parte Código Penal modificado por la Ley 004), PREVARICATO (art. 173 primera parte modificado por el art. 34 de la Ley 004) CONSORCIO DE JUECES ABOGADOS Y FISCALES (art. 174 segunda parte parte del Código Penal Modificado por el art. 34 de la Ley Nro.004), RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCION Y LAS LEYES (art.153 del Código Penal modificado por el art. 34 de la Ley 004 e 31 de marzo de 2010) y FALSEDAD IDIOLOGICA (art. 199 del Código Penal) ABOGADO DEFENSOR: Dr. Ramiro Marca Calle Dr. Vicente Mamani Choque Dr. Edwin Ramiro Terán Dr. Jhon Cucho Dr. Samuel Castelo SECRETARIA: Dr. Ramiro Cruz García PRONUNCIA LA SIGUIENTE SENTENCIA: VISTOS: Todo lo visto y oído en las audiencias de celebración de JUICIO ORAL, PÚBLICO, CONTINUO Y CONTRADICTORIO, y; CONSIDERANDO I (Antecedentes): Que, sobre la base de la acusación fiscal, cumplidas las formalidades de ley, se ha pronunciado en fecha 09 de diciembre de 2020, el AUTO DE APERTURA DE JUICIO, cursando así a fojas 527 - 530 de las actuaciones procesales. Que, constituidas las partes intervinientes en audiencia instalada a partir de las 09:00 a.m. del día lunes 11 de enero de 2021, se ha celebrado el juicio oral, público, continuo y contradictorio, dirigido a establecer la existencia del hecho punible de los acusados, el descubrimiento de la verdad y la responsabilidad penal objetiva de los imputados, con plenitud de competencia y jurisdicción. Este órgano jurisdiccional observó el art. 334 de la Ley Nº 1970, modificado por la Ley N° 586, en cuanto a la continuidad del juicio oral, asimismo dejar establecido que la dilación en la sustanciación del juicio oral se debió a la inasistencia no solo de los acusados, sino también del representante del Ministerio Público a las audiencias de juicio oral. CONSIDERANDO II (Datos personales del acusado) Que, durante la celebración del juicio oral, los acusados fueron identificados como: RAUL FUENTES GARCIA Ciudadano Boliviano. Natural de la ciudad de Oruro, Provincia Cercado del Departamento de Oruro. Nacido el 7 de julio de 1958, Edad 63 años. Estado Civil - casado. Ocupación – abogado. Domicilio – Juan de la Cruz Delgado s/n entre Camacho de la localidad de Corque.Con C.I. Nº 2722205-Or. y hábil a los efectos de ley. EMILIO EDUARDO RODRIGUEZ MACHICADO Ciudadano Boliviano. Natural de la ciudad de Oruro, Provincia Cercado del Departamento de Oruro. Nacido el 5 de enero de 1957, Edad 64 años. Estado Civil - Divorciado. Ocupación – abogado. Domicilio – calle 6 de Agosto y Circunvalación, zona Sud Este Nro. 4 de esta ciudad. Con C.I. Nº 2743016-Or. y hábil a los efectos de ley. DELMA YOLANDA SALINAS SANTOS Ciudadana Boliviana. Natural de Pulacayo, Provincia del Departamento de Potosí, Nacido el 9 de enero de 1976, Edad 45 años. Estado Civil -casada. Ocupación – abogada. Domicilio –Con C.I. Nº 4952346-La Paz. y hábil a los efectos de ley. ENRIQUE LUIS VILLEGAS RODRIGO Ciudadano Boliviano. Natural de la ciudad de Oruro, Provincia Cercado del Departamento de Oruro. Nacido el 23 de enero de 1972, edad 48 años Estado Civil - casado. Ocupación – Abogado. Domicilio Calle La Plata entre Rodríguez y León de esta ciudad. Con C.I. Nº 3501055-10-Or. y hábil a los efectos de ley. FERNANDO AGUAYO NINA Ciudadano Boliviano. Natural de la ciudad de Oruro, Provincia Cercado del Departamento de Oruro. Nacido el 13 de mayo de 1953, edad 68 años Estado Civil - casado. Ocupación – Abogado. Domicilio: calle Franja del Rio Negro de esta ciudad. Con C.I. Nº.681430. y hábil a los efectos de ley. Los datos personales pre-indicados, han sido asumidos por el Tribunal, de la declaración de los acusados durante la audiencia de juicio oral, datos tanto de identificación, conducta y personalidad, excepto de los acusado Raúl Fuentes García y Delma Yolanda Salinas Santos de quienes se ha obtenido de los datos proporcionados de la acusación pública. Por otra parte, se establece que los acusados pre nombrados no tienen antecedentes penales y es la primera vez que se hallan involucrados, además, se deja constancia que la presentaron a la audiencia de juicio oral, en libertad provisional, con medidas sustitutivas a la detención preventiva. CONSIDERANDO III (Enunciación del hecho y circunstancias, objeto del juicio): De cuya acusación pública se tiene que; “…en mérito a la denuncia presentada por la Sra. Marianela Tapia García, la misma que haciendo uso del Testimonio de Poder No. 165/2012, conferida por la señora María José Luna Quevedo, se apersona ante el Ministerio Público y formula denuncia en contra de los señores Fernando Aguayo Nina, Raúl Fuentes García, Emilio Eduardo Rodríguez Machicado, Enrique Luis Villegas Rodríguez y Delma Yolanda Salinas Santos, manifestando que habrían adecuado sus conductas a un tipo penal, RAUL FUENTES GARCIA (Juez) Prevaricato (art. 173), Incumplimiento de Deberes (art. 154) y Consorcio de Jueces, Fiscales, Policías y Abogados (art. 174), modificados por el art. 34 de la Ley 004 de 31 de marzo de 2010. A, DELMA YOLANDA SALINAS SANTOS Y ENRIQUE LUIS VILLEGAS RODRIGUEZ, por el delito de Consorcio de Jueces, Fiscales, Policías y Abogados, prevista en la segunda parte del art. 174 del Código Penal, modificado por la Ley 004 de 18 de mayo de 2010, y a FERNANDO AGUAYO NINA, EMILIO EDUARDO RODRIGUEZ MACHICADO, por el delito de Falsedad Ideológica, previsto en el art. 199 del Código Penal, la presente investigación se apertura por la apropiación indebida de un lote de terreno de 40.258.75 mts2, ubicado en el ex fundo de Vinto, Zona Este de la calle Miraflores s/n entre Juan Mendoza, del cual se tiene que el señor Fernando Aguayo Nina, conocedor del inmueble ocupando habitaciones sobre todo el garaje, aprovechando dela ausencia del país de la propietaria Mirtha Quevedo A., realizando la apropiación ilegitima, también realizando una demanda de Usucapión, ante el Juez de Partido Mixto de Sentencia No. 2 de la localidad de Corque, Dr. Raúl Fuentes García, Autoridad Jurisdiccional, que asume competencia lo cual no le corresponde, ya que el lote se encuentra en la ciudad de Oruro, la demanda Sistema de Registro Judicial SIREJ de Usucapión, se formaliza el 17 de enero de 2012 y la sentencia se dicta en fecha 28 de febrero de 2010, cabe notar que el proceso solo ha tenido una retardación de 30 días. Ante estos aspectos, se viene en solicitar se proceda con la investigación, tratándose de delitos de orden público. Que, los datos de a denuncia y las investigaciones realizadas, hasta la fecha se tienen: Que, el señor Mario Díaz Paredes, haciendo uso del Testimonio del Poder Especial Bastante y Suficiente, a través de la Notaria de Fe Pública 2da. Clase de la localidad de Corque a cargo de Elizabeth Carla Ochoa Miranda, misma que le confiere el Sr. Fernando Aguayo Nina, al nombrado siendo que este Mario Díaz Paredes, en fecha 27 de enero de 2012, se apersona ante el Juzgado de Partido Mixto y de Sentencia No. 2 de Corque, a cargo del Juez Raúl Fuentes García, formalizando demanda ordinaria de Usucapión, en contra del Sr. Emilio Eduardo Rodríguez Machicado, quien presuntamente seria el propietario del inmueble ubicado en las calles Juan Mendoza entre Av. Adolfo Mier y calle Miraflores del distrito No. 3, Zona Este, Urbanización Reordenamiento Arenales de la ciudad de Oruro, la misma que tiene una superficie de 45. 222.02 m2, demanda que fue admitida mediante decreto de fecha 27 de enero de 2012, suscrito por el Juez de Partido Mixto de Sentencia No. 2 de Corque, Raúl Fuentes García, quien se declara con jurisdicción y competencia para conocer el proceso, consecuentemente en fecha 30 de enero de 2012, el Sr. Emilio Eduardo Rodríguez Machicado, contesta a la demanda en forma confesa y afirmativa, señalando que (…) “los extremos expuestos en la demanda, son ciertos y verdaderos, ya que el señor Fernando Aguayo Nina, evidentemente ha poseído dicha propiedad hace aproximadamente 15 años, en forma pacífica y voluntaria, sin que haya sufrido perturbación alguna, contrariamente a hecho muchas mejoras en la misma. Por lo que pido de usted quiera declarar probada la demanda y en definitiva en sentencia declarar el derecho propietario solicitado…”, ante este extremo y luego de establecer la relación procesal, mediante decreto de fecha 30 de enero de 2012, el Juez de Partido Mixto de Sentencia No. 2 de Corque, califica al proceso como Ordinario de Hecho. Y apertura un periodo probatorio de 30 días, en la cual el señor Fernando Aguayo Nina, ofrece en calidad de prueba documental declaraciones juradas, facturas de servicio de luz y agua, certificación domiciliaria entre otros, por otra parte el Sr- Emilio Eduardo Rodríguez Machicado, mediante memorial de fecha 24 de febrero de 2012, renuncia al termino probatorio y pide declarar clausurado el mismo, alternativamente se disponga que obrados pasen a despacho para dictar sentencia. Que en fecha 28 de febrero de 2012, el Juez de Partido Mixto de Sentencia No. 2 de las Provincias Nor y Sur Carangas con asiento en la localidad de Corque del Departamento de Oruro, FALLA y declarando CON LUGAR la demanda de USUCAPION Decenal, a favor de Fernando Aguayo Nina, del bien inmueble ubicado, en las calles Juan Mendoza entre Av. Adolfo Mier y calle Miraflores del Distrito 3 Zona Este, Urbanización Reordenamiento Arenales, de la ciudad de Oruro, con una superficie de 54.222.02 mts. 2, con un frente al lado norte de 226.46 mts. Contra frente lado sud, 226.46 más, fondo este 199.40 mts. contra fondo oeste 199.90 mts., colindancias al Norte calles Miraflores, al sud calle Adolfo Mier, al Este Vecino, al Oeste calle Juan Mendoza. Asimismo en ejecución de sentencia extiéndase minuta de Derecho de Propiedad, una vez Ejecutoriada la presente sentencia…”, la misma que por Auto No. 20/2012 de fecha 2 de marzo de 2012, se declara expresamente ejecutoriada. Que, en fecha 24 de febrero de 2012, la Lic. Rossio Carolina Pimentel Flores (Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro), se apersona ante el Juez de Partido Mixto de Sentencia No. 2 de Corque, en la que se hace conocer la Circular No. 105/94 y 35/04, evacuados por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación que refiere “los Jueces que conozcan los juicios de Usucapión, necesariamente antes de la admisión de la demanda, deben de exigir el certificado de catastro Municipal que hace conocer la ubicación, superficie y titular del inmueble, partida literal del inmueble a ser Usucapido certificado del estado impositivo, en el que se encuentra el inmueble, impuesto locales o nacionales, el primero de bastante importancia para el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.., para finalizar se observa que una acción real con ubicación el inmueble en esta ciudad de Oruro, con domicilio también en la ciudad de Oruro, haya sido demandado en la localidad de Corque, aspecto que vulnera las reglas de competencia territorial, previsto en su ordenamiento procesal vigente.. “Advirtiéndose la incompetencia del Juez, extremo que no fueron tomados en cuenta por el Juez de Partido Mixto de Sentencia No. 2 de Corque, Dr. Raúl Fuentes García. Que, en mérito a esos datos y luego de haberse iniciado un proceso penal de acción privada ante el Juez de Sentencia No. 2 de Oruro, por la comisión del delito de Despojo, la víctima Mirtha Patricia Quevedo Acalinovic, a través de su apoderada María José Luna Quevedo y que está por medio de su apoderada Marianela Tapia García, denuncia la comisión de los delitos de orden público, materia de la presente investigación y que se señala en la presente resolución, indicando que el Juez, Raúl Fuentes García, sin revisar su competencia en razón de territorio, se declaró competente teniendo conocimiento que el lote de terreno producto del conflicto, se encuentra ubicado en Oruro, así también no se habrían cumplido con los plazos del periodo probatorio de los alegatos del plazo para dictar sentencia y de los recursos por lo que denuncie por estos hechos anómalos e impetra se investigue la existencia de los mismos, al margen que también se hallan involucrados algunos abogados y presuntos propietarios de este lote de terreno. Que, de la lectura del memorial de denuncia de fecha 26 de junio de 2012, con cargo a presentación de fecha 31 de julio de 2012, presentada por la Sra. Marianela Tapia García, en representación de la Sra. María José Luna Quevedo y Mirtha Quevedo Acalinovic, a ese efecto presenta junto con la denuncia Testimonio de Poder No. 165/2012, que le confiere la Sra. María José Luna Quevedo a favor de Marianela Tapia García y Guido Molina Velásquez, memorial de renuncia por el cual se advierte que el Sr. Fernando Aguayo Nina, a fines del año 2009 y principios del 2010, ingreso al inmueble ubicado en el ex fundo Vinto, zona este calle Miraflores s/n entre Juan Mendoza de la ciudad de Oruro, tras de la Estación de Servicios QV2 Service, haciendo uso ilegal de las habitaciones así como del garaje, como si este fuera su propiedad. En resumen, se llegó a evidenciar que el Sr. Fernando Aguayo Nina, conocedor del inmueble ubicado en el ex fundo Vinto, por haber habitado hace un tiempo atrás y aprovechando la ausencia de la víctima y propietaria Mirtha Quevedo Acalinovic, sin autorización alguna, sin trato ni contrato con la propietaria, procede a ingresar al inmueble a fines del año 2009 y a principios del 2010, utilizando esporádicamente algunas habitaciones y sobre todo el garaje, ya que supuestamente tendría un trabajo de lavado y chapeado de automóviles, disponiendo así igualmente del inmueble, el garaje y toda la propiedad de la Sra. Mirtha Quevedo Acalinovic, lamentablemente la malicia, el dolo y la premeditación del Sr. Fernando Aguayo Nina, no acaba ahí, ya que de manera sorprendente se llegan a enterar que el Sr. Arriba mencionado había formalizado una demanda de Usucapión de dicho inmueble, el mismo que se encuentra ubicado en la ciudad de Oruro, ante el Juez de Partido Mixto de Sentencia No. 2 de la localidad de Corque, a cargo del Dr. Raúl Fuentes García, en una demanda que nació como orden judicial presentada por el Sr. Mario Díaz Pérez, teniendo como abogada a la Dra. Delma Yolanda Salinas Santos y que sobre ese expediente se formalizo la referida Usucapión, siendo desde ese momento un procedimiento ilegal y reprochable, pero en fecha 27.01.2012, se formaliza dicha Usucapión por el Sr. Mario Díaz Pérez como apoderado legal del Sr. Fernando Aguayo Nina, conforme se evidencia del poder adjunto a ese proceso, con No. De Testimonio 135/2012, emitido por la Dra. Elizabeth Carla Ochoa Miranda, Notario de Fe Pública de Segunda Clase de la localidad de Corque, el mismo que es admitido por el Juez de dicha localidad, admisión en la que no se tomó en cuenta que no se puede formalizar este tipo de demandas sobre una Orden Judicial, en la cual se estaba solicitando un Certificado de Matrimonio para el Sr. Mario Díaz Pérez, que claramente se puede ver que no tiene ninguna relación con la demanda de Usucapión, pero que fue muy bien utilizado para Ocultar la Demanda, así como los nombres de las partes intervinientes y propósito del mismo, para que nadie pueda enterarse de lo que se estaba llevando a cabo, pero más allá de que esta demanda no tiene pruebas el Juez y su personal debió advertir que ese proceso no corresponde a la localidad de Corque por razón de competencia de territorio, ya que todos son conocedores de la ley y sus aplicaciones, pero hicieron caso omiso a lo que establece la Ley y el Sr. Juez Raúl Fuentes García, admite dicha demanda el mismo día que se presenta el memorial y el mismo día a horas 17:05 es notificado el demandado y se corre en traslado al supuesto propietario que responde al nombre de EMILIO ADUARDO RODRIGUEZ MACHICADO, el mismo por demás descarada contesta y confiesa la demanda principal de Usucapión, con un memorial elaborado por el abogado Alex Terán Velásquez, postulando así como si él fuera legítimo propietario y estuviera aceptando que el Sr. Aguayo se lo apropie todo su supuesto terreno que supera los 4000 mts 2, pero no solo contesta y confiesa, sino que solicita se declare probada la demanda principal y definitiva en sentencia declarar el Derecho Propietario solicitado, es así que se da la apertura del termino probatorio de 30 días comunes a las partes, la misma que es notificada el mismo día de la emisión del referido Auto, dentro de los siguientes 5 días se ofrece la prueba con la que estuvieran probando su demanda, y el decreto de fecha 07.02.2012, señala audiencia de inspección de Visu para fecha 22.02.2012, con la que se notifica a todas las partes menos al G.A.M.O, llevándose a cabo aun así dicha audiencia con la presencia del Sr. Juez, Raúl Fuentes García, la Srta. Secretaria Ana Lilian Robles García y el demandante Fernando Aguayo Nina, juntamente su abogada Delma Yolanda Salinas Santos, quien fue suplantada por el abogado Raúl Alberto Aguilar García, de quien se desconoce su participación, ya que no se encuentra su nombre dentro del Acta de Inspección, además de otros elementos de prueba en especial la declaración jurada del Sr. Raúl Alberto Aguilar García, que aparece como estudiante, siendo este verdaderamente abogado, estando en pleno ejercicio de la abogacía y que en su oficiosa declaración indica que conoce al Sr. Aguayo desde hace más de 11 a 15 años, conoce plenamente las calles del lugar donde vive pero lo más sorprendente es que indica con sorprendente exactitud de la superficie del bien inmueble, posteriormente el Sr. Aguayo, presenta como medio de prueba la declaración de este señor firmado por el abogado Enrique Luis Rodrigo Villegas, donde en definitiva solicita que obrados pasen a despacho para resolución, la otra parte también debía renunciar al termino probatorio a los alegatos y pedir resolución cosa que no se hace y ni si quera corre traslado a la otra parte el Sr. Juez de la localidad de Corque, emite un burdo Auto de fecha 24.02, clausurando el termino probatorio, renuncia de alegatos y dicta autos para Sistema de Registro Judicial SIREJ sentencia y en 4 días siguientes, exactamente en fecha 28.02.2013, a 31 días de iniciada la demanda saca la sentencia notificando al día siguiente mediante tablero de notificaciones y solo a las partes interesadas y no así al G.A.M.O. y el Sr. Aguayo, mediante memorial de fecha 01.03.2012 hace renuncia del recurso de apelación que prevé la ley, siendo lo correcto que las otras partes hagan renuncia de este recurso para dar por ejecutoriada dicha sentencia, pero lo sorprendente es que con la sola renuncia al recurso de apelación de una de las partes da por ejecutoriada la sentencia No. 005/2012. Por otro lado se debe tomar en cuenta que, conforme se tiene en el cuaderno de investigaciones del Ministerio Público, así como del expediente judicial, la Sra. Marianela Tapia García, dentro del proceso de Usucapión presenta Testimonio No. 341/99, que consiste en transferencia judicial de un bien inmueble otorgado por el Dr. Heriberto Espada Moreno, Juez del Partido Segundo en lo Civil y el Dr. Ricardo Edgar Flores Carvajal, secretario del Juzgado de Partido Primero en lo Civil, en suplencia, a favor de la Sra. Mirtha Quevedo Acalinovic de fecha 22 de octubre del año 1999, y dentro del proceso de investigación presenta Formulario Único de Información Rápida, en la que establece que el inmueble ubicada en la zona este, ex fundo Vinto, se encuentra registrado bajo la matricula No. 4011010009452, así también se tiene; Formulario Único de Recaudaciones, correspondiente a la gestión 2008, cuyo nombre del contribuyente es la Sra. Mirtha Quevedo Acalinovic, importe que fue cancelado en fecha 03 de agosto de 2010. Que, conforme al requerimiento de 19.10.2012, suscrito por la Dirección Funcional, dirigida al Señor Registrador de la Oficina de Derechos Reales, en la cual solicita información, referente a los Bienes Inmuebles, que se encuentran registrados a nombre de Mirtha Patricia Quevedo Acalinovic, y que del informe 22.10.2012, evacuado por la Sub Registradora de DD.RR. se evidencia que el bien inmueble registrado bajo la matrícula de acciones derechos en co-propiedad, se encuentra el inmueble ubicado en la zona este ex fundo Vinto, registrado bajo la matricula No. 4011010009452, aspecto que hace en proveer que el Sr. Fernando Aguayo Nina, no es el propietario de dicho bien inmueble y menos el Sr. Emilio Eduardo Rodríguez Machicado. Sin embargo también es necesario tener presente que el Estado tiene un derecho expectaticio sobre este bien inmueble conforme al juicio de Octubre Negro, aquel inmueble se encuentra con anotación preventiva, es decir no solo se está afectando intereses particulares o derecho propietario particular, sino un derecho expectaticio colectivo, esto es de la sociedad y el Estado, del cual ante la ausencia de estos se violentó a través de un trámite de Usucapión, pretendiendo burlar derechos Individuales y Colectivos…”. En tales antecedentes se ha formulado acusación pública en contra: RAUL FUENTES GARCIA por la presunta comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, PREVARICATO, CONSORCIO DE JUECES, ABOGADOS Y FISCALES, previstos y sancionados en el art. 154 primera parte del Código Penal, art. 173 primera parte del Código Penal modificado por el art. 34 de la Ley 004 de 31 de marzo de 2010, art. 174 segunda parte del Código Penal, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, y art. 153 del Código Penal modificado por el art. 34 de la Ley 004 de 31 de marzo de 2010, con relación al art. 20 del Código Penal. DELMA YOLANDA SALINAS SANTOS Y ENRIQUE LUIS VILLEGAS RODRIGO como autores del delito de CONSORCIO DE JUECES, FISCALES, POLICIAS y ABOGADOS, prevista en la segunda parte del art. 174 del Código Penal Modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010 con relación al art. 20 del Código Penal. FERNANDO AGUAYO NINA Y EMILIO EDUARDO RODRIGUEZ MACHICADO como autores del delito de FALSEDAD IDIOLOGICA previsto en el primer párrafo del art. 199 del Código Penal, con relación al art. 20 del Código Penal. CONSIDERANDO IV (CUESTIONES INCIDENTALES): Durante la celebración de juicio oral partes; vale decir los acusados Enrique Luis Rodrigo Villegas, Delma Yolanda Salinas Santos,Fernando Aguayo Nina y Emilio Rodríguez Machicado interponen excepción de extinción de la acción penal, excepción de cosa juzgada que ha sido resuelta mediante Auto Nro. 106/2021 de fecha 17 de marzo de 2021, conforme dispone el art. 345 del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley 586, asimismo durante la sustanciación del juicio oral el acusado Emilio Rodríguez Machicado hubo presentado mediante memorial un incidente de extinción de acción penal el mismo fue retirado en audiencia de juicio oral, conforme se tiene establecido en audiencia de juicio oral de 21 de agosto de 2021. De igual manera conforme Resolución Nro. 09/2021 de fecha 25 de febrero de 2021 ha sido declarado rebelde el Raúl Fuentes García, disponiendo a suspensión del juicio oral solo con relación a los delitos de PREVARICATO y RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA LEY y la continuación del juicio oral en su rebeldía conforme el art. 91 bis del Código de Procedimiento Penal en los delitos de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y CONSORCIO DE JUECES, FISCALES, ABOGADOS Y POLICÍAS, por cuanto los mismos se encuentran inmersos en los delitos de corrupción conforme se tiene de la resolución Nro. 280/2021. Asimismo la acusada Delma Yolanda Salinas Santos por Resolución Nro. 17/2021 de fecha 15 de abril de 2021 es declara rebelde y se dispone la continuación del juicio oral en su rebeldía considerando el delito acusado de CONSORCIO DE JUECES, FISCALES, ABOGADOS Y POLICÍAS se encuentra inmerso en los delito de corrupción, corregido por Resolución Nro. 280/2021 de fecha 5 de agosto de 2021. CONSIDERANDO V (Voto de los juzgadores acerca de los motivos de hecho y de derecho): VALORACION DE LA PRUEBA V. 1. Víctima del hecho.- Que, en la especie la víctima resulta siendo el Estado y la Sociedad, más allá que a lo largo del juicio oral se consideró también como víctima también a la señora Mirtha Quevedo Acalinovic representada por Marianelea Tapia García en su condición de propietaria del bien inmueble usucapido conforme el registro en Derechos Reales bajo la Matricula Nro. 4011010009452, dejando constancia que la acusación particular persiste solo relación al acusado Raúl Fuentes García, habiendo desistido de la acción con relación a los demás acusados Delma Yolanda Salinas Santos, Enrique Luis Rodrigo Villegas Fernando Aguayo Nina y Emilio Eduardo Rodríguez Machicado. V. 2. Inicio de la Acción Penal, prueba MP-D12 Adolfo Garnica Peñarieta-Fiscal de Materia del Ministerio Público del Estado comunica el inicio de investigaciones ante el Juez de Instrucción en lo Penal Cautelar de Turno la denuncia formulada por María Elena Tapia García apoderada de Mirtha Patricia Quevedo Acalinovic ante la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción caso, por la presunta comisión del delito de Prevaricato (art. 173), Consorcio de Jueces y Abogados ( art. 174 del Código Penal Modificado por la Ley Nro. 004 de fecha 31 de marzo de 2010) entre otros ilícitos en contra de RAUL FUENTES GACRIA, FERNANDO AGUAYO NINA, EMILIO EDUARDO RODRIGUEZ MACHICADO, ENRIQUE LUIS VILLEGAS RODRIGO Y DELMA SALINAS SANTOS refiriendo que: “ la presente denuncia se apertura por la apropiación de un lote de terreno de 40.258.75 mtrs.2 ubicado en el ex fundo de Vinto Zona este de calle Miraflores s/ entre Juan Mendoza se tiene que el señor Fernando Aguayo Nina conocedor del Inmueble ocupando habitaciones y sobre todo el garaje aprovechando de la ausencia del país de la propietaria realizando la apropiación ilegítima también realiza una demanda de usucapión ante el juez de Partido Mixto de Sentencia Nro.2 de la Localidad de Corque Dr. Raúl Fuentes García Juez el cual asume competencia lo cual no le corresponde ya que el lote se encuentra en la ciudad de Oruro, la demanda se formaliza el 27 de enero de 2012 y la sentencia se dicta en fecha 28 de febrero cabe notar el proceso solo dura 30 días…” En consecuencia se probó la forma de inicio de la acción penal que nos ocupa, toda vez, que como actos iniciales de la acción penal, prevé la denuncia. Al tenor del art. 285 del Código de Procedimiento Penal, la denuncia se constituye en una de las formas de iniciación de un proceso penal por delitos de acción penal según el caso, vinculan objetivamente el ilícito de los ahora acusados, entendiéndose desde esa perspectiva que de ser comprobada, además fue exhibida a los acusados a objeto de autenticar dichas pruebas documentales, de ahí su valor probatorio, máxime se fueron admitidos e incorporados al juicio conforme el art. 333 de la Ley Nro. 1970. V.3 Informe preliminar, prueba (MP-D9) Sistema de Registro Judicial SIREJ Como prueba para el esclarecimiento de este hecho punible, se tiene informe preliminar de fecha 27 de enero de 2012 suscrito por la Pol. Vania Lizet Zabala Terán-Investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen F.E.L.C.C., donde en lo más relevante refiere: “…señalara que el nombrado Fernando Aguayo Nina conocedor del inmueble antes referido antes referido por haber habitado en un tiempo pasado y aprovechando la ausencia del país de la propietaria la Sra. Mirtha Patricia Quevedo Alcalinovic, sin ninguna autorización de la titular ni contrato vigente entre fines de 2009 y principios de 2010 ingreso al inmueble y se instaló en las habitaciones que se encuentran al interior (…) disponiendo ilegalmente del garaje como propio, (…)en el juicio del fraude procesal con pavor se enteró que el denunciado sr. Fernando Aguayo el pasado 27 de enero de 2012 ante el Juez de Partido Mixto de Sentencia Nro.2 de la localidad de Corque había iniciado una demanda de USUCAPION del lote de terreno resulta ser el mismo predio descrito de propiedad de la Sra. Mirtha Patricia Quevedo pues la misma se encuentra de viaje en el país del Perú Salta, este seudo demanda ordinaria se encuentra camuflada por un procedimiento de Orden Judicial ( para la extensión de certificado de matrimonio) promovido por la persona responsable al nombre de MARIO DIAZ PEREZ que funge como apoderado de FERNANDO AGUAYO NINA y sobre orden judicial se formaliza la demanda de Usucapión inaugurando el legítimo juicio. El fraude procesal se hace evidente por la aberrante sustanciación y escandalosa celeridad, a partir de que el juez de Corque asumió competencia ajena que es atribución privativa del juez de Partido en lo Civil Comercial de la Capital Oruro en razón de la ubicación del lote de terreno, así pues en la demanda de Usucapión se formaliza el 27 de enero de 2012 y el Juez RAUL FUENTES GARCIA dicta sentencia el 28 de febrero de 2012 todo el proceso ordinario calificado de hecho duro 30 días calendario el auto de relación procesal data 30 de enero de 2012 (AUTO ASIGNADO CON EL Nro. 012/2012)) calificando el proceso como ordinario de hecho y fijo un plazo de prueba de 30 días calendario comunes a las partes que comenzó a computarse a partir de la notificación al demandado EMILIO EDUARDO RODRIGUEZ MACHICADO que resulta ser el día 30 de enero de 2012 a horas 17:15 aprox. y antes que termine el plazo de prueba el 28 de febrero de 2012 el administrador de justicia emite vergonzosa sentencia que como es suponer declarando probada la usucapión a favor de FERNANDO AGUAYO NINA sobre el inmueble lote de terreno cuya ubicación, descripción y característica identifican en el lote de terreno de propiedad de la Sra. Mirtha Patricia Quevedo Acalinovic. Como la autoridad podrán advertir de la revisión del cuaderno procesal no es otro que el cuerpo del delito, el Juez RAUL FUENTES GARCIA sin revisar su competencia en razón del territorio puesto que el lote de terreno se encuentra en la ciudad de Oruro se declaró competente prescindió del responsable del municipio de la jurisdicción donde se encuentra el lote de terreno de los plazos recursos diligencias y actuaciones se abreviaron, el mandato y falso propietario del predio de 40.258. 75 mtrs. sin acreditar documentos el derecho real de propiedad sobre el inmueble en litigio contesto afirmando y adhiriéndose en la pretensión del demandante Fernando Aguayo pidió que la sentencia de derecho de propiedad sobre el predio…” Prueba documental que se analiza por las conductas desplegadas por los acusados, codificada como MP-D9, que fue incorporada al juicio por su lectura, sin observación alguna de las partes. - MP-D1, consiste en Orden Judicial y formalización de demanda ordinaria de usucapión, ante el Juez de Partido Mixto y de Sentencia Nro.2 de Corque, formulado por Mario Díaz Pérez en representación de Fernando Aguayo Nina formulado en contra de Emilio Eduardo Rodríguez Machicado, con cargo de presentación de fecha 27 de enero de 2012, recepcionado por Abg. Ana Lilia Robles García- del Juzgado de Partido Mixto y de Sentencia Nro.2 de las prov. Nor y Sur, litoral Sajama, Decreto de admisión de fecha 27 de enero de 2012, Memorial de contestación de Emilio Eduardo Rodríguez Machicado; Auto que traba la relación procesal de partes de fecha 30 de enero de 2012, formulario de notificación, memorial de ofrecimiento de prueba de Fernando Aguayo Nina, el respectivo decreto de fecha 7 de febrero de 2012, formulario de notificación, factura de la empresa de Telecomunicaciones COTEOR a nombre de Aguayo Choque Johnny, certificación domiciliaria a favor de Fernando Aguayo Nina, Declaración Voluntaria Jurada de Jhuliana Ivone Callejas Aguilar, Juan Henrry Cabita Vásquez, memorial de ofrecimiento de prueba de Fernando Aguayo Nina, acta de audiencia de inspección, evaluó técnico, acta de audiencia pública de recepción de prueba testifical de cargo, SENTENCIA Nro.005/2012 de fecha 28 de febrero de 2012 emitida por Raúl Fuentes García-JUEZ- DE PARTIDO MIXTO DE SENTENCIA Nro.2 CORQUE que en la parte dispositiva determina: “ POR TANTO: El suscrito Juez de Partido Mixto y de Sentencia N°2 de las provincias Carangas Nor y Sur Carangas, Saucari con asiento en la localidad de Corque del Departamento de Oruro Bolivia, a nombre de la Nación , y en virtud de la jurisdicción ordinaria que por ella ejerce FALLA declarando CON LUGAR la demanda de Fs. 6 de obrados, en consecuencia se declara el derecho de Propiedad Inmueble por haberse operado la USUCAPION decenal a favor de FERNANDO AGUAYO NINA del bien inmueble ubicado en la calle Juan Mendoza entre Av. Adolfo Mier y calle Miraflores, distrito 3 Zona Este, Urbanización Reordenamiento Arenales de la ciudad de Oruro, con una superficie de 45.222.02 m2., con un frente al lado Norte de 226.46 mtrs., contra frente lado sud, 226.46 mtrs, de fondo Este 199.40 mtrs., contra fondo Oeste 199.90 Mtrs., Colinda al Norte calle Miraflores . Al Sud. Calle Adolfo Mier al Este. Vecino. Al Oeste Calle Juan Mendoza. Asimismo en ejecución de sentencia extendiéndose minuta de Derecho de propiedad, una vez ejecutoriada la presente sentencia. Esta sentencia, de la que se toma razón donde corresponda, conforme previene el Art.787 del Código de Procedimiento Civil, se basa en todas las disposiciones legales citadas a lo largo de su texto. Regístrese”; Memorial de apersonamiento de Rocio Carolina Pimentel Flores- Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro; memorial de nulidad de auto de ejecutoria, presentado por Marianela Tapia García en representación legal de Mirtha Patricia Quevedo Acalinovic y Resolución Nro. 39/2012 de fecha 13 de agosto de 2012 que en la parte dispositiva resuelve “POR TANTO: El suscrito Juez de Partido Mixto Nro.1 en suplencia legal del titular a mérito de las consideraciones legales expuestas. ANULA obrados hasta fs. 7 inclusive, disponiendo que la acción intentada por memorial de fs. 6 a 6 vlta se providenciada conforme a derecho. REGISTRESE”. - MP-D3, consiste en Acta de secuestro suscrito por el Dr. Adolfo Garnica Peñarrieta – Fiscal de Materia, Pol. Vania Lizeth Zabala Terán- Investigador Asignado al Caso, Sgto. 2do. Juan Carlos Guzmán Ríos Investigador Especial se procedió al secuestro de un CPC de color negro con plomo marca KRON con serial K062801020011, Modelo expres D2000/166-M, No de de parte KLO*6C28M4T20KDZKZ22, con su número nuevo de activo fijo del poder Judicial Nro. P-J-O4-05169, de propiedad del Juzgado de Partido Mixto de Sentencia Nro.2. - MP-D4, consiste en requerimiento de informe de fecha 22 de octubre de 2012 suscrito por el Dr. Rodolfo Garnica Peñarrieta- Fiscal de Materia y fotocopias legalizadas de tarjetas prontuarios o ficha de Kardex de los ciudadanos: Raúl Fuentes García, Emilio Eduardo Rodríguez Machicado, Enrique Luis Villegas Rodrigo, Delma Yolanda Salinas Santos, Fernando Aguayo Nina y Analian Robles García. - MP-D5, consiste en requerimiento de información suscrito por Dr. Rodolfo Garnica Peñarrieta- Fiscal de Materia de fecha 03 de Octubre de 2012, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Raúl Fuentes García por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Deberes y otros; nota de remisión de informe de fecha 4 de octubre de 2012 suscrito por Rene Los Santos Saravia, adjuntos Inicio de investigación y denuncia de Benedicta Virginia Barreta Flores Bernal en contra de Bernardo Vernal Callapa, Raúl Fuentes García, Luisa Rengel Morales, Ana Lilia Robles García, Vivian Vaca Chambi, Lutgarna Mamani Alonso y otros; requerimiento de tareas, memorial presentado por el imputado Raúl Fuentes García, Actas de Registro de Declaraciones Informativas de Vivian Vaca Chambi, Raúl Fuentes García, Bernardo Bernal Challapa, Lutgarda Mamani Alonzo, Luisa Rangel Morales de Rodríguez y Ana Lilia Robles García. - MP-D6, consiste en certificación emitida por el Dr. Luis Armando Valdivia Saleg-Secretario General del Ilustre Colegio Departamental de Abogados de Oruro de fecha 26 de octubre de 2012 y requerimiento suscrito por Dr. Adolfo Garnica Peñarrieta-Fiscal de Materia. - MP-D7, consiste en requerimiento de información suscrito por Dr. Adolfo Garnica Peñarrieta-Fiscal de Materia de fecha 19 de octubre de 2012, Informe de la revisión del Sistema TEMIS e IMAGING de la Oficina de Derechos Reales sobre los bienes que registra Mirtha Patricia Quevedo Acalinovic con siguientes matriculas: 4011030000582; 4011030000583; 4011030000731 y 4011010009452 está dos últimas son de acciones y derechos en copropiedad. - MP-D8, consiste en Informe Pericial emitido por Ing. Edwin Jorge Torrez Siles – Encargado de Informática Fiscalía de Distrito de Oruro, de fecha 17 de septiembre de 2012. - MP-D10, consiste en informe legal CITE US-B-3 Nro.01/2013 SUSCRITO POR Lic. Julio David Cepeda Martínez de fecha 15 de enero de 2013. - MP-D11, consiste en nota de remisión y dictamen pericial Grafo técnico de fecha 25 de julio de 2013 elaborado por el perito Marlon Rodolfo Luizaga Selaya en cuya conclusión refiere “primero se establece que las firmas y rúbricas facilitadas, denominadas de COMPARACION o auténtica, dentro del proceso de “Entrega de Bienes Inmueble”, seguido por Emilio Eduardo Machicado en representación de Jorge Peña del Castillo, en contra de Wilfredo Tapia Bazoberry estudiadas y detalladas Ut-supra, estampada por Emilio Eduardo Rodríguez Machicado, No guarda relación de correspondencia en sus trazos y rasgos, con las firmas y rúbricas dubitadas estampadas a nombre de Emilio Eduardo Rodríguez Machicado, en el memorial “ Contesta y Confiesa”, “Citaciones y Notificaciones Nro. R10279919”, “Citaciones y Notificaciones Nro. 010193052”, memorial de “Renuncia”, dentro el proceso de USUCAPION, seguido por Fernando Aguayo Nina, en contra de Emilio Eduardo Rodríguez Machicado. - MP-D12, consiste en nota de remisión y dictamen pericial Grafo técnico de fecha 23 de julio de 2013 elaborado por el perito Marlon Rodolfo Luizaga Selaya en su conclusión señala “primero se establece que las firmas y rubricas facilitadas, denominadas de comprobación o auténtica, estudiadas y detalladas Ut-supra, estampada por Enrique Luis Villegas Rodrigo, No Sistema de Registro Judicial SIREJ guarda relación de correspondencia en sus trazos y rasgos con las firmas y rubricas dubitadas; estampadas a nombre de Enrique Luis Villegas Rodrigo, en los memoriales “En vía familiar solicita ORDEN JUDICIAL, “Se apersona”, “Ofrece prueba” , “Renuncia recursos”, memoriales presentados ante el Juez de Partido Mixto y de Sentencia Nro. 2 de Corque”; Informe sobre Inicio de Investigaciones de fecha 13 de Agosto de 2012, requerimiento de información de bienes inmuebles de Mirtha Patricia Quevedo Acalinovic, de fecha 12 de Noviembre de 2012, Acta de Ampliación de Declaración Informativa de Delma Yolanda Salinas Santos de fecha 6 de septiembre de 2013, Acta de ampliación de declaración informativa de Delma Yolanda Santos Salinas Santos, Fotocopia de Libro de Matricula del abogado Raúl Fuentes García, mandamiento de comparendo para Raúl Fuentes García de fecha 16 de septiembre de 2013. - MP-D2, consiste en copia legalizada Escritura Pública Nro. 208/2011 de fecha 2 diciembre de 2011 de testimonio de Poder Protocolización de Poder que otorga Mirtha Patricia Quevedo Acalinovic en favor de la señora María José Luna Quevedo; Escritura Pública Nro. 165/2012 de fecha 26 de junio de 2012 de Poder Especial bastante y suficiente que confiere la señora: María José Luna Quevedo en favor de los señores: Mariaelena Tapia García y Guido Molina Velásquez, Escritura Publica Nro. 341/99 de fecha 22 de Octubre de 2000 de transferencia judicial de un bien inmueble otorgado por el Dr. Heriberto Espada Moreno-Juez de Partido Segundo en lo Civil y Dr. Ricardo Carvajal Flores en suplencia legal en favor de la señora Mirtha Quevedo Acalinovic; Fotocopias simples del proceso de Despojo y Daño Simple seguido por el Ministerio Público en contra de Fernando Aguayo Nina ( providencia de radicatoria, memoriales de objeción a la querella, apelación incidental, responde a recurso de apelación, apersonamiento, de solicitud de desestimación de querella). Consiste en Informe suscrito por la Cabo Vania Liset Zabala Terán- Investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Corrupción FELCC de fecha 18 de diciembre de 2013 que en lo más relevante señala: “…Para tener pleno conocimiento sobre la autenticidad o lo contrario en cuanto al dictamen pericial grafotécnico de fecha 22 de julio de 2013 emitido por el perito Marlon Rodolfo Luisaga Selaya, SUGIERO que se remita antecedentes al instituto de Investigaciones Forenses IDIF a objeto de reitero de tener pleno conocimiento sobre la presunta participación de denunciado Enrique Luis Villegas Rodrigo en la presente investigación”. V. 4. Prueba Testifical de Cargo: Ninguna. Prueba de la acusación particular Documental: Ninguna Testifical Ninguna V.5 Prueba Documental de Descargo ENRIQUE LUIS VILLEGAS RODRIGO -PI-1, consiste en Dictamen Pericial Grafotécnico suscrito por Marlon Rodolfo Luizaga Selaya de fecha 23 de julio de 2013. DELMA YOLANDA SALINAS SANTOS -PDI-1, consiste en certificado de antecedentes penales de Delma Yolanda Salinas Santos. - PMI-1 consiste en CD, un sobre cerrado. EMILIO RODRIGUEZ MACHICADO - PE-1, copia legalizada del proceso de usucapión seguido por el Mario Díaz Pérez representado por Fernando Aguayo Nina en contra de Emilio Rodríguez Machicado. - PD-2, copia legalizada del Dictamen Pericial Grafotécnico de Emilio Eduardo Rodríguez Machicado, elaborado por Rodolfo Luizaga Selaya de fecha 25 de julio de 2013 en cuya conclusión Se establece que las firmas y rubricas facilitadas, denominadas de COMPARACION o auténtica, dentro del proceso de “ Entrega de Bienes Inmuebles”, seguido por Emilio Eduardo Machicado en representación de Jorge Peña del Castillo, en contra de Wilfredo Tapia Bazoberrry estudiadas y detalladas ut-supra, estampada por Emilio Eduardo Rodríguez Machicado, No guarda relación de correspondencia en sus trazos y rasgos con las firmas y rubricas dubitadas, estampadas a nombre de Emilio Eduardo Rodríguez Machicado, en el memorial “ Contesta y Confiesa”, “ Citaciones y Notificaciones Nro. R10279919”, memorial “Renuncia”, dentro el proceso de USUCAPION, seguido por Fernando Aguayo Nina, en contra de Emilio Eduardo Rodríguez Machicado”. - PD-3, consiste en informe suscrito por Roger Cámara Marza – Secretario del Juzgado de Partido Tercero en lo Civil- del Tribunal Departamental de Justicia. - PD- 4, consiste en Informe de Antecedente Penales de Emilio Eduardo Rodríguez Machicado; Certificación extendida por Jimmy David Veliz-Auxiliar- Sorteo y Distribución de Causa-del Tribunal Departamental de Justicia (Oruro-Bolivia), Certificado extendido por el Dr. Luis Armando Valdivia Seeg- Secretario General I Colegio Dptal. de Abogado. PD-5, consiste en denuncia formulada por Emilio Eduardo Rodríguez Machicado en contra de presuntos autores y encubridores por la presunta comisión del delito sancionado y tipificado en el art. 199, art. 198 y 203 del Código Penal. - PD-6, consiste formulario de reconocimiento de firmas y rúbricas y de Documento Privado de Desistimiento suscrito por Marianela Tapia García en representación de Mirtha Patricia Quevedo Acalinovic y Emilio Eduardo Rodríguez Machicado. - PD-7, consiste en memorial de desistimiento expreso de Maríaelena Tapia García en favor de Emilio Eduardo Rodríguez Machicado de fecha 10 de junio de 2018. - PD-9, consiste en memoriales de solicitud de resolución definitiva, renuncia a recurso, desistimiento y reitera desistimiento suscrito por Marianela Tapia García. V.6 Prueba testifical de Descargo Los acusados conforme consta en acta de audiencia de fecha 21 agosto de 2021 han considerado por agotadas expresamente a su pruebas, renunciado a las pruebas testificales de descargo, esto a los efectos de la presente resolución judicial. V.7. Declaración de los acusados El acusado Enrique Luis Villegas Rodrigo, asistido por su abogado defensor, previa advertencia de sus derechos y garantías constitucionales, decidió declara respecto a la acusación fiscal y en lo más sobresaliente dijo: “Yo voy a negar rotundamente que yo he participado en este proceso, en fecha 23 de julio de 2013, mediante orden fiscal se realizó el examen grafotécnico de mi persona donde se pudo evidenciar que yo no he participado, que no es mi firma, no es mi sello, ni nada. He sido yo sorprendido con esta situación y aquí están los exámenes grafológicos en fotocopia legalizada” (…) “nunca he realizado ningún memorial y nunca he ido a los juzgados de Sistema de Registro Judicial SIREJ Corque, nunca me he presentado”(…) “creo que fue el mismo juez Raúl Fuentes García, porque en sus manos está el proceso, después desconozco quien más podía haber hecho”(…) “porque falsificaron mi firma en ese proceso” (…) “ En ninguna participación, salió a mi favor porque yo no he participado no lo conocía ni al señor Fernando Aguayo, ni a la Dra. Delma no conocía a nadie”. De la misma forma el acusado Emilio Rodríguez Machicado, de manera voluntaria, asistido por su abogado defensor, previa advertencia de sus derechos y garantías constitucionales, decidió declarar respecto a la acusación fiscal y en lo más saliente dijo: “No solamente mi persona, sino hemos sido muchos perjudicados ocurre que la presente causa me enterado cuando me denunciaron, salió una denuncia en el Ministerio Público, también realice un peritaje mediante un requerimiento Fiscal, que corren obrados y en la cual se evidencia que no es mi firma, ni los memoriales que se había presentado ni de las notificaciones entonces desconozco todo el resto” (…) “Al respecto no se quien habría apuesto mi nombre, quien habrá firmado por mí y supuesto abogado que tampoco había firmado, no está implicado dentro del presente caso”(…)” A Raúl Fuentes lo conocí de niño mi madre trabajaba en la caja y su mamá de Raúl Fuentes trabajaba en la caja entonces como podían ir las señoras con sus hijos, ahí me conocí en el hospital Materno Infantil de la caja pero de niño, después se perdió, hasta que me encontré un día y tuvimos una conversación de pasada y posterior cuando lo v fue cuando ocurrió este problema”. Por otra parte, el acusado Fernando Aguayo Nina se acogió al silencio. Con relación a los acusados Raúl Fuentes García y Delma Yolanda Salinas Santos estos han sido declarados rebeldes y se continuó en su rebeldía con el defensor de este Tribunal por tratarse de delitos de corrupción. Con relación a la declaración de los mencionados acusados Enrique Luis Villegas Rodríguez y Emilio Eduardo Rodríguez Machicado se entiende que, efectivamente ambos acusados no conocía a los acusados Delma Yolanda Salinas Santos y Fernando Aguayo, empero también ambos acusados en diferentes circunstancias admiten conocer a Raúl Fuentes García, el primero por su profesión de abogado y el segundo en su niñez por el trabajo de su señora madre en la Caja y que no participaron del proceso de Usucapión, sino suplantaron su firma y sello. Antes de cerrar el debate, los acusados Enrique Luis Villegas Rodrigo, Emilio Eduardo Rodríguez Machicado y Fernando Aguayo Nina se han declarado inocentes sin mayores argumentaciones. V.8. Apreciación de toda la prueba esencial producida Aplicando las reglas de la sana critica conforme el art. 173 del Código de Procedimiento Penal, en la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida con las formalidades de ley, el tribunal en pleno llega a las siguientes conclusiones de hecho y de derecho. EXISTENCIA, MOMENTO, LUGAR Y PARTICIPACIÓN EN EL HECHO Con relación a la existencia del hecho punible y la participación del hoy acusado RAUL FUENTES GARCIA en los delitos de Incumplimiento de Deberes y Consorcio de Jueces, Fiscales, Policías y abogados, así como con relación a la existencia del hecho punible y la participación de los acusados DELMA YOLANDA SALINAS SANTOS y ENRIQUE LUIS VILLEGAS RODRIGO en los delitos de Consorcio de Jueces, Fiscales, Policías y Abogados, y también con relación a la existencia del hecho punible y participación de FERNANDO AGUAYO NINA Y EMILIO EDUARDO RODRÍGUEZ MACHICADO en los delitos de Falsedad Ideológica, el Tribunal en pleno llego a la siguientes conclusiones: 1°.- Con relación al DELITO DE INCUMPLIENTO DE DEBERES, del análisis integral de toda la prueba documental de cargo producida y en particular de la prueba MP-D1( Orden Judicial y el proceso de demanda ordinaria usucapión ante el Juez de Partido Mixto y sentencia Nro.2 de la localidad de Corque) y la prueba MP-D2 , MP-D7 (requerimiento e informe de la revisación del sistema TEMIS e IMAGAGING de la Oficina de Derechos Reales) MP-D9 (informe preliminar) sin dubitación alguna concluimos que, ha existido el hecho punible y participación del acusado Raúl Fuentes García en el delito de Incumplimiento de Deberes, quien en su condición de Juez del Juzgado de Partido Mixto y Sentencia N° 2 de la localidad de Corque, mediante PROVIDENCIA de fecha 27 de enero de 2012 ADMITE la demanda ordinaria de Usucapión de un bien inmueble ubicado en la en la calle Juan Mendoza entre Av. Adolfo Mier y calle Miraflores distrito Nro. 3 Zona Este, Urbanización Reordenamiento Arenales de la ciudad de Oruro, con una superficie de 45.222.02 m2, proceso seguido por Mario Díaz Pérez en representación de Fernando Aguayo Nina en contra de Emilio Rodríguez Machicado y la tramitó hasta pronunciar resolución final, Sentencia Nro.005 /2012 de fecha 28 de febrero de 2012 en la que “ FALLA declarando CON LUGAR la demanda de fs. 6 de obrados, en consecuencia se declara el derecho de Propiedad Inmueble por haberse operado la USUCAPIÓN decenal a favor de FERNANDO AGUAYO NINA”, y como consecuencia de la notificación al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, esta observa la competencia territorial del Juzgado de Partido Mixto y Sentencia N° 2 de la localidad de Corque, porque el bien inmueble está ubicado en la ciudad de Oruro, también observa la omisión de la autoridad judicial de exigir requisitos admisibilidad señalando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (hoy Tribunal Supremo de Justicia), ha emitido las circulares Nro. 105/94 y 035/04 orientan a los jueces que conozcan los juicios de usucapión necesariamente antes de la admisión de la demanda deben de exigir el certificado de catastro municipal (ubicación, superficie y titular del inmueble), Partida Literal del inmueble a ser usucapido, Certificado Impositivo en el que se encuentre el inmueble (impuestos locales y nacionales) para evitar el fraude de la ley o generar un fraude procesal; en el mismo sentido Marianela Tapia García en representación de Mirtha Patricia Quevedo Acalinovic adjuntado su derecho propietario del bien inmueble usucapido solicita la nulidad, porque el Juzgador, sustanció y resolvió el proceso con absoluta falta de competencia por razón de territorio; se sustanció y resolvió el proceso ordinario sin comprobar la titularidad del inmueble, en cuya consecuencia es resuelta por Auto Nro. 39/2012 de fecha 13 de agosto de 2012 por el que ANULA obrados hasta fs. 7 inclusive, disponiendo que la acción intentada por memorial de fs. 6 a 6 vlta. sea promovida conforme a derecho por el Serafín S. Flores Barreta-Juez de Partido Ordinario de Sentencia en lo Penal, Liquidador de las Prov. Carangas, Nor y Sur Carangas, Totora y Sajama con Ampl. y Reasig. de Competencia territorial su Propia Jurisdicción y Saucari y de Materia Trabajo y SS., Niñez y Adolescencia con asiento en Corque (en suplencia legal). En tales antecedentes se pudo establecer que no hay duda, que el ahora acusado Raúl Fuentes García, es autor de la comisión del delito de Incumplimiento de deberes, toda vez que omitió en observar las reglas de competencia, teniendo conocimiento que el inmueble en litigio se encuentra en la ciudad de Oruro, asimismo omitió revisar los requisitos de admisión de una demanda ordinaria de usucapión como certificado de catastro municipal (ubicación, superficie y Titular del inmueble), partida lineal del inmueble (impuestos locales y nacionales). Por consiguiente, otorgamos el valor probatorio correspondiente a los mencionados elementos de juicio, más allá de que la defensa no pudo contradecir a estos elementos de prueba, en el curso de debate del juicio oral, patentizándose de esta manera la participación del acusado en el delito denunciado, en razón que, las mencionadas pruebas documentales surten los efectos legales conforme al art. 333 inc.3) de la Ley Nro. 1970, a los efectos de probar la existencia y participación en el hecho punible. 2.- Con relación a la prueba MP-D 3 (acta de secuestro), MP-D4 (informe, tarjetas de prontuarios o ficha de Kardex), MP-D5 (requerimientos, notas de remisión, tareas de investigación y actas de declaraciones), MP-D6 (certificación y requerimientos), MP-D8 (informe pericial). Al respecto a estas pruebas documentales, no es posible otorgar el valor probatorio, en razón que, el acta de secuestro y el informe pericial no fueron vinculados con otros elementos de prueba, en el mismo sentido las entrevistas policiales son practicadas por los funcionarios policiales en uso de sus atribuciones conforme el art. 295 del Código de Procedimiento Penal, de manera que, no pueden constituirse en prueba fehaciente en contra de los hoy acusados, toda vez que, no se cumple con el principio de inmediación. En suma, en juicio oral a los efectos de la sentencia no les otorga calor probatorio correspondiente a las mencionadas entrevistas policiales como prueba a la declaración de los acusados en sede policial. En el mismo sentido respecto a los requerimientos fiscales o a los memoriales que no pueden constituirse en prueba sobre el fondo de la causa, por cuanto los requerimientos fiscales y los memoriales solamente sirven como un medio legal para obtener pruebas sin otras connotaciones de orden legal. En lo demás los otros documentos aparejados en el presente juicio oral resultan siendo impertinentes. 3.- Con relación Consorcio de Jueces, Fiscales, Policías y Abogados, así analizadas cada uno de los elementos de prueba a lo largo de la presente resolución, no es posible establecer objetivamente la participación de los hoy acusados Delma Yolanda Salinas, Enrique Luis Villegas Rodrigo y Raúl Fuentes García, en el mencionado delito de Consorcio de Jueces, abogados, por falta de elementos de prueba, es decir, la prueba colectada es insuficiente para determinar la culpabilidad de los hoy acusados en el delito de Consorcio de Jueces, abogados, por cuanto no hay certeza sobre la participación de los hoy acusados en el mencionado delito, toda vez que no se demostró la relación entre abogados y juez, para poder beneficiar al demandante, es decir, que el juez y abogados hayan concertado o forman parte de los consorcios, sean estas de modo transitorio o parmente, máxime que la prueba MP-D12 (Dictamen pericial grafotécnico- Enrique Luis Villegas Sistema de Registro Judicial SIREJ Rodrigo) establece que las firmas y rúbricas estampadas por Enrique Luis Villegas Rodrigo no guarda relación de correspondencia con sus trazos y rasgos con las firmas y rubricas dubitadas y estampadas a nombre de Enrique Luis Villegas Rodrigo en los memoriales “En vía familiar solicita orden judicial, “se apersona”, “Ofrece prueba”, “renuncia recursos”, memoriales presentados ante el Juez de Partido Mixto y de Sentencia Nro.2 de Corque”, es más, con relación a este delito la relación circunstanciada de los hechos la relación circunstanciada de los hechos en ambas acusaciones son absolutamente genéricas que imposibilita subsumir al mencionado delito, independientemente que la prueba sea insuficiente. Consecuentemente, se hace inviable la condena penal contra los hoy acusados, en razón que, por lo que corresponde absolver de culpa y pena respecto al hoy acusado presente, por el mencionado delito de consorcio de jueces y abogados, máxime que el representante del Ministerio Público ha renunciado a los testigos de cargo. 3.- Con relación a la prueba con el código MP-D1 (proceso de usucapión) en el mismo se advierte testimonio Nro. 135/2012 poder especial bastante y sustituible que otorga el señor: Fernando Aguayo Nina a favor del Señor Mario Pérez, plano demostrativo y memoriales, en el cual no se advierte y en ninguna prueba de cargo un dictamen pericial que vincule dicha prueba o haga entrever las falsedades ideológica, de manera que dicha prueba no surte los efectos legales para su valoración y comprobación del hecho, es más no incrimina a los hoy acusados en los delitos atribuidos de falsedad ideológica, más allá que durante la celebración del juicio tampoco se demostró cuáles documentos tendrían la calidad de documento público, como en qué documentos se hubo realizado pericia a objeto de determinar que son falsas las ideas que en el que se afirmó como verdaderas y que se las atribuye al que lo firma cuando en realidad este no manifestó en ese sentido su voluntad, por todo aquello ya no es sustentable dichas documentales, a efectos de la comprobación del mencionado delito que puedan establecer la participación de los acusados FERNANDO AGUAYO NINA y EDUARDO RODRÍGUEZ MACHICADO en los delitos de falsedad material ideológica, además que en la prueba codificada como MP-D11 (dictamen pericial) se establece que la firmas y rubricas dubitadas, no guarda relación de correspondencia con sus trazos y rasgos con las firmas y rubricas dubitadas y estampadas a nombre de Emilio Eduardo Rodríguez Machicado en el memorial “Contesta y Confiesa”, “Citaciones y Notificaciones Nro. R10279919”, “Citaciones y Notificaciones Nro. 010193053”, memorial de “Renuncia” dentro el proceso de Usucapión seguido por Fernando Aguayo Nina en contra de Emilio Eduardo Rodríguez Machicado; por lo que deben ser absueltos de los mismos. Con relación a las pruebas de descargo de ENRIQUE LUIS VILLEGAS RODRIGO codificadas como PI-1(Dictamen pericial grafotécnico), esta prueba es también presentada por el Ministerio Público la cual esta codificada como prueba MP-D12 y siendo repetitiva debe estarse a la valoración de la misma. Con relación a las pruebas de DELMA YOLANDA SALINAS SANTOS codificadas como PDI-1 (Certificado de antecedentes penales) se la valora en cuanto corresponde a su conducta del acusado y la prueba codificada como PMI-1 (CD y un sobre cerrado) resulta siendo impertinente toda vez que durante la sustanciación del juicio oral no se ha reproducido y no se conoce el contenido del mismo. Con relación a las pruebas de EMILIO RODRIGUEZ MACHICADO codificadas como PE-1 (proceso de usucapión), PE-2(dictamen pericial grafotécnico), estas pruebas es también presentada por el Ministerio Público la cual esta codificada como prueba MP-D1 y MP-D11 siendo repetitiva debe estarse a la valoración de la misma y la literales PD-4 ( Informe de Antecedentes penales y certificación) demuestran la conducta y ocupación del acusado; La prueba PD-5 (denuncia formulada por Emilio Eduardo Rodríguez Machicado en contra de presuntos autores) y literal PD-3 (informe) se advierte a la forma de la iniciación de la acción penal, sin mayores connotaciones. Las literales PD-6 (reconocimiento de firmas y documento privado de desistimiento) y PD-7 (memorial de desistimiento) documental que demuestra la voluntad de la acusadora de desistir de la acción en favor del acusado, que se considerada en la presente resolución. De la defensa de los acusados El acusado: RAÚL FUENTES GARCÍA, no tiene antecedentes penales, ni judiciales, sin embargo, no aporto elemento de prueba que hubiese contradicho al contenido de la acusación. Con relación a los alegatos vertidos por las partes, consideramos en los siguientes términos: a) Que, con relación a la alegación final de la defensa técnica RAUL FUENTES GARCIA, sobre el incumplimiento de deberes reitera que este proceso de usucapión ha sido anulado, no ha causado estado, que la propiedad no ha sido afectado en ningún momento hacia la víctima, ni tampoco se ha quitado territorio. Al respecto debemos señalar que esta tesis no es sustentable, toda vez que a la víctima se ha colocado en una grave estado de indefensión e incertidumbre, por cuanto la sentencia Nro.005/2012 de fecha febrero de 2012, al haber declarado CON LUGAR la demanda de fs. 6 de obrados, en consecuencia declara el derecho propietario de inmueble por haberse operado la USUCAPION decenal a favor de FERNANO AGUAYO NINA del bien inmueble ubicado en la calle Juan Mendoza entre Av. Adolfo Mier y Calle Miraflores distrito 3 Zona Este, Urbanización Reordenamiento Arenales de la ciudad de Oruro, se entiende que ha generado la pérdida de patrimonio de la víctima, que si bien en los hechos conforme la Resolución Nro. 39/2012 de fecha 13 de agosto de 2012, esta fue declarada NULA, no precisamente por disposición del acusado, quien inclusive teniendo conocimiento del apersonamiento de la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro que hace conocer al acusado que omitió las reglas de competencia y requisitos de admisibilidad en el proceso de usucapión, pese a ello el acusado por providencia de fecha 3 de mayo de 2012 dispone “ …Al Otrosí 1ro° adecue su petición conforme los datos del proceso…”, ante aquella circunstancia es la víctima quien plantea el incidente de nulidad conforme consta de la prueba MP-D1, por lo que entendemos que le perjuicio ha sido causado, toda vez que la víctima ha tenido que generar una serie de recursos para recuperar su patrimonio, por cuanto el hecho que se haya anulado el trámite ordinario de usucapión no exime de responsabilidad penal al acusado. b) Con relación a la alegación final del Ministerio Público y de la víctima, se tiene que solamente se han referido al contexto del delito de incumplimiento de deberes, y no se ha fundamentado respecto a los elementos estructurales sobre el delito de Consorcio de Jueces, Abogados y delito de Falsedad Ideológica, se limitó en señalar con relación al delito de Consorcio de Jueces y Abogados, que los memoriales presentados por los otros acusados el Dr. Enrique y el señor Emilio han sido varios memoriales y ellos nunca han denunciado de manera objetiva ante el Ministerio Público para poder generar algún elemento de convicción que demuestre que ellos no tenían ningún grado de participación, aun cuando sus números de matrículas e inscripciones corresponden, motivo por el cual configura el delito de consorcio entre estas personas, con relación a Delma Yolanda Salinas de igual manera señala que van a poder observar como ella estampa su rúbrica a fojas 1 de la MP-D1 en el memorial donde solicita una orden judicial para certificación de matrimonio, que de esta forma habría generado esta abogada un consorcio con el Dr. Raúl Fuentes García y los otros acusados, concluye señalando que los acusados habrían hecho una jugarreta para poder despojar de su bien inmueble a la señora Mirtha Quevedo. Al respecto debemos señalar que de acuerdo a la estructura del delito el consorcio consiste en el acuerdo previo entre jueces, abogados que buscan un beneficio económico indebido, influenciando en el curso del proceso, es decir, debe probarse el acuerdo antelado para direccionar a su beneplácito el curso y la decisión de la causa, por lo que no basta con mencionar que los acusados Luis Enrique Villegas Rodrigo y Emilio Eduardo rodríguez Machicado habrían firmado memoriales, más aun cuando de la acusación se advierte que Emilio Eduardo Rodríguez Machicado no ha sido acusado por el delito de Consorcio, que además conforme las pruebas de cargo codificadas como MP-D12 y MP-D11 ,se tiene dictámenes periciales que establecen que las firmas estampadas en la demanda y contestación no corresponde a los mismos, asimismo con relación a Delma Yolanda Salinas Santos no es suficiente con indicar que al haber firmado en el memorial que solicita la orden judicial, esta implica probar la conformación de un consorcio con el ahora acusado Raúl Fuentes García y los otros abogados, lo que correspondía a la autoridad fiscal es demostrar con prueba objetiva un acuerdo antelado para direccionar la causa y no lo hizo conforme exige el art. 174 del Código Penal, en consecuencia no se puede alegar que existió el consorcio de jueces, abogados. En suma lo que se ha probado durante el juicio oral es el delito de incumplimiento de deberes y la participación del acusado Raúl Fuentes García, no existiendo la posibilidad de acusar y de incriminar la conducta de los acusados Delma Yolanda Salinas Santos, Raúl Fuentes García y Enrique Luis Villegas Rodrigo en el delio mencionado, más allá de exigir petitorio expreso en contra de los mencionados acusados. Con relación al delito de incumplimiento de deberes, solicita sentencia condenatoria para Fernando aguayo Nina y Emilio Eduardo Rodríguez Machicado por los delitos de falsedad ideológica. Al respecto como vera no existe mayor fundamentación y prueba objetiva, que deba ser considerado por este Tribunal, en cuya consecuencia no es posible referimos con relación a los delitos descritos. c) La parte acusadora particular aclara que ha desistido en favor de los otros acusado, por lo que solo refiere sus alegatos finales en contra de Raúl Fuentes García quien en su función como Juez del Juzgado Partido Mixto, de Sentencia en lo Penal Nro.2 de Corque, ha cometido delitos de Incumplimiento de Deberes y Consorcio debido a que se inició en su juzgado sin competencia alguna un trámite de orden judicial, el mismo que de un mes es formalizado una demanda ordinaria de usucapión la misma que es admitida y corrida en traslado y la es confesada de manera positiva , el Dr. Raúl Fuentes García imprime el Sistema de Registro Judicial SIREJ trámite en un término muy acelerado de 28 días, el mismo que termina con una sentencia adjudicado a Fernando Aguayo Nina el bien inmueble de propiedad de la Señora Mirtha Quevedo, este hecho ha acusado un grave perjuicio a la señora Mirtha Quevedo. Al respecto reiteramos que con relación al delito de Consorcio de Jueces no refiere nada, solo menciona este delito. CONSIDERANDO VI (Motivos de derecho que fundamentan la sentencia Subsunción) Fijado los hechos y circunstancias del acaecer concreto, sometiéndolo a una calificación jurídica y declarando el producto de la valoración probatoria en la decisión final, corresponde destacar: Tipo penal atribuido.- El tipo penal atribuido por la acusación pública al acusado RAUL FUENTES GARCIA, son los delitos por los presuntos delitos de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES previsto y sancionado en el art.154 en su primera parte del Código Penal, CONSORCIO DE JUECES, FISCALES, POLICIAS Y ABOGADOS previsto y sancionado en el art. 174 en su primera parte y segunda partes del Código Penal, modificado por el art. 3 de la Ley Nro.007 de 18 de mayo de 2010 con relación al art. 20 del Código Penal. a. Empezamos por el delito atribuido de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES previsto y sancionado en el art. 154 del Código Penal consiste en que: “El servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de sus funciones, incurrirá en reclusión…”. Al respecto, la doctrina penal Española señala que: “El derecho penal arbitrario, sin límites sanciona cualquier incumplimiento de deber que no protege bienes jurídicos, solo garantiza que se va contradecir toda expresión de sentido que manifieste la norma, es decir; el núcleo de todos los delitos sólo se hallaría en el incumplimiento de un deber. Aspecto no aceptable para el derecho penal preventivo y de última ratio, toda vez que, con la fórmula del delito como incumplimiento de un deber se alude a algo más que a un supraconcepto bajo la concepción de la finalidad de la norma como protección de bienes jurídicos. Dicho de otro modo; un derecho sustentado sobre la base de obediencia a la norma posibilita que cualquier acto que implique incumplimiento de deberes o mandatos de cualquier índole en la sociedad, que simplemente reúnan el requisito formal de haber sido impuestos por las autoridades públicas, pasan hacer hábiles de sanción penal, por el contrario, resulta intolerable desde la perspectiva del bien jurídico. Por lo dicho, entonces, debemos observar el principio del bien jurídico protegido y daño causado como elementos indispensables para el desarrollo de una teoría del delito”. Doctrina legal que debemos observar, que en tratándose del delito de incumplimiento de deberes, tal incumplimiento debe contener una conducta de índole penal y que no es solamente un requisito formal para que constituya delito; además, debe concurrir el daño causado o el perjuicio, como consecuencia del hecho punible. De la estructuración de esta figura penal debemos establecer si concurren o no, los elementos del delito acusado. Por otro lado debemos señalar que estando inmerso la función judicial el sujeto activo es el servidor público, el sujeto pasivo el Estado y el particular que puede sufrir un detrimento, reiterando que esta normativa señala tres acciones. El omitir, el rehusar y el de retardar, siendo este delito enteramente doloso. b. Respecto al delito de CONSORCIO DE JUECES, FISCALES, POLICIAS Y ABOGADOS previsto y sancionado en el art. 174 en su primera parte y segunda partes del Código Penal, modificado por el art. 3 de la Ley Nro.007 de 18 de mayo de 2010, consiste “ El juez o fiscal que concertare la formación de consorcios con uno o varios abogados o policías, o formare parte de ellos, con el objetivo de procurarse ventajas económicas ilícitas en detrimento de la sana administración de justicia, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años. Idéntica sanción será impuesta al o los abogados que con igual finalidad y efecto concentren dichos consorcios con una o varios jueces, fiscales o policías u otros abogados o formaren parte también parte de ellos”. Al respecto según el profesor Jorge Valda Daza en su libro “Código Penal Boliviano” en la pág. 339 señala que la “Acción penal consiste en conformar un consorcio o ser uno de sus integrantes. El consorcio es una agrupación irregular e ilegal en la que puedan participar jueces, fiscales y abogados, acordar la solución de determinadas causas para su conveniencia e interés lucrativo. Los consorcios se conforman para atender casos promovidos por los abogados, en los fiscales y jueces puedan favorecerlos dada la existencia de vínculos de compromiso y fidelidad que puedan favorecerles ilícitamente, enriqueciéndose a costa de la sana administración de la justicia, valores que se constituye en el bien jurídicamente protegido. La condición objetiva de antijuricidad es doble, por una parte procurarse indebidas e ilegales ventajas económicas por la conformación de estos consorcios, y por otro, afectar la correcta transparente administración de justicia. Tipo penal atribuido.- El tipo penal atribuido por la acusación pública a los acusados FERNANDO AGUAYO NINA Y EMILIO EDUARDO RODRIGUEZ MACHICADO es por el presunto delito de FALSEDAD IDIOLÓGICA previsto y sancionado en el art. 199 del Código Penal con relación al art. 20 del Código Penal, se tiene: Finalmente el delito de FALSEDAD IDIOLÓGICA previsto y sancionado en el art. 199 del Código Penal, que consiste “El que insertare o hiciere insertar en un instrumento público y verdadero declaraciones falas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a seis (6) años”. La falsedad ideológica o “ideal” es la que recae sobre el contenido ideal de un documento público, o sea, cuando en un documento autorizado por las autoridades legales y por funcionarios competentes, se hace constar hechos o atestaciones que no son verdaderos. A juicio de Carrara “(…) se llama ideológica precisamente porque por que el documento no es falso en sus condiciones esenciales, pero sí son falsas las ideas que en él se quieren afirmar como verdaderas”. A diferencia de la falsificación, en que lo cuestionado es la autenticidad, en la falsedad ideológica siempre la realización externa es real y el de documento está confeccionado por quien y en la forma que es debido. La contradicción punible resulta por la consecuencia de que esa correcta exteriorización genera una desfiguración de la verdad objetiva que se desprende del texto. Se ve entonces que, a más de tratarse de un tipo de falsificación ideológica, es más compleja que los materiales, es preciso que se delimiten, además, las otras condiciones para que esa mentira merezca sanción. Como se ha venido diciendo la falsedad se encuentra en un acto exteriormente verdadero, cuando contiene declaraciones mendeces; se llama ideológica precisamente porque el documento no es falso en sus condiciones esenciales; pero si son falsas las ideas que en él se quieren afirmar como verdaderas” resultado “documento auténtico en su forma pero falso en su contenido. Las expresiones “insertare” o “hiciere insertar” han sido interpretadas como comprensivas de que el sujeto activo no presenta restricción alguna, sea el funcionario público específico o puede corresponder a un particular cualquiera o un funcionario distinto del que otorga el acto. Las circunstanciales agravantes, se halla descrita en el art. 199 del Código Penal, párrafo segundo, cuando el autor de la falsedad ideológica fuere funcionario Público, y las cometiere en el ejercicio de sus funciones agravándose la sanción con privación de libertad de dos a ocho años. El bien jurídico tutelado es la fe pública documental, el sujeto activo en genérico cualquier persona y en específico un funcionario público, el sujeto pasivo puede ser el Estado, la administración pública, el fisco o un simple particular que sufre el detrimento, el perjuicio. Tiene como se dijo el elemento objetivo los verbos insertar o hiciere insertar, su elemento subjetivo se trata de un delito doloso, el elemento material e instrumento público verdadero. El hecho fáctico, de acuerdo a la acusación pública se tiene, que el Sr. Fernando Aguayo Nina, (…) este había formalizado una demanda de Usucapión de dicho inmueble, ubicado en la ciudad de Oruro, ante el Juez de Partido Mixto de Sentencia No. 2 de la localidad de Corque, a cargo del Dr. Raúl Fuentes García, en una demanda que nació como orden judicial presentada por el Sr. Mario Díaz Pérez, teniendo como abogada a la Dra. Delma Yolanda Salinas Santos y que sobre ese expediente se formalizo la referida Usucapión, en fecha 27 de enero de 2012, por el Sr. Mario Díaz Pérez como apoderado legal del Sr. Fernando Aguayo Nina, conforme se evidencia del poder adjunto a ese proceso, con No. De Testimonio 135/2012, emitido por la Dra. Elizabeth Carla Ochoa Miranda, Notario de Fe Pública de Segunda Clase de la localidad de Corque, el mismo que es admitido por el Juez de dicha localidad, admisión en la que no se tomó en cuenta que no se puede formalizar este tipo de demandas sobre una Orden Judicial, en la cual se estaba solicitando un Certificado de Matrimonio para el Sr. Mario Díaz Pérez, que claramente se puede ver que no tiene ninguna relación con la demanda de Usucapión, pero que fue muy bien utilizado para Ocultar la Demanda, así como los nombres de las partes intervinientes y propósito del mismo, para que nadie pueda enterarse de lo que se estaba llevando a cabo, pero más allá de que esta demanda no tiene pruebas el Juez y su personal debió advertir que ese proceso no corresponde a la localidad de Corque por razón de competencia de territorio, pero hicieron caso omiso a lo que establece la Ley y el Sr. Juez Raúl Fuentes García, admite dicha demanda el mismo día que se presenta el memorial y el mismo día a horas 17:05 es notificado el demandado y se corre en traslado al supuesto propietario que responde al nombre de EMILIO ADUARDO RODRIGUEZ MACHICADO, el mismo contesta y confiesa la demanda principal de Usucapión, con un memorial elaborado por el abogado Alex Terán Velásquez, postulando así como si él fuera legítimo propietario y estuviera aceptando que el Sr. Aguayo se lo apropie todo su supuesto terreno que supera los 4000 mts 2, pero no solo contesta y confiesa, sino que solicita se declare probada la demanda principal y definitiva en sentencia declarar el Derecho Propietario solicitado, es así que se da la apertura del termino probatorio de 30 días comunes a las partes, la misma que es notificada el mismo día de la emisión del referido Auto, dentro de los siguientes 5 días se ofrece la prueba con la que estuvieran probando su demanda, y el decreto de fecha 07.02.2012, señala audiencia de inspección de Visu para fecha 22.02.2012, con la que se notifica a todas las partes menos al G.A.M.O, llevándose a cabo aun así dicha audiencia con la presencia del Sr. Juez, Raúl Fuentes García, la Srta. Secretaria Ana Lilian Robles García y el demandante Sistema de Registro Judicial SIREJ Fernando Aguayo Nina, juntamente su abogada Delma Yolanda Salinas Santos, quien fue suplantada por el abogado Raúl Alberto Aguilar García, de quien se desconoce su participación, ya que no se encuentra su nombre dentro del Acta de Inspección, posteriormente el Sr. Aguayo, presenta como medio de prueba la declaración de este señor firmado por el abogado Enrique Luis Rodrigo Villegas, donde en definitiva solicita que obrados pasen a despacho para resolución, la otra parte también debía renunciar al termino probatorio a los alegatos y pedir resolución, otra parte el Sr. Juez de la localidad de Corque, emite Auto de fecha 24.02, clausurando el termino probatorio, renuncia de alegatos y dicta autos para sentencia y en 4 días siguientes, exactamente en fecha 28.02.2013, a 31 días de iniciada la demanda saca la sentencia notificando al día siguiente mediante tablero de notificaciones y solo a las partes interesadas y no así al G.A.M.O. y el Sr. Aguayo, mediante memorial de fecha 01.03.2012 hace renuncia del recurso de apelación que prevé la ley, siendo lo correcto que las otras partes hagan renuncia de este recurso para dar por ejecutoriada dicha sentencia, pero lo sorprendente es que con la sola renuncia al recurso de apelación de una de las partes da por ejecutoriada la sentencia No. 005/2012. Por otro lado se debe tomar en cuenta que, conforme se tiene en el cuaderno de investigaciones del Ministerio Público, así como del expediente judicial, la Sra. Marianela Tapia García, dentro del proceso de Usucapión presenta Testimonio No. 341/99, que consiste en transferencia judicial de un bien inmueble otorgado por el Dr. Heriberto Espada Moreno, Juez del Partido Segundo en lo Civil y el Dr. Ricardo Edgar Flores Carvajal, secretario del Juzgado de Partido Primero en lo Civil, en suplencia, a favor de la Sra. Mirtha Quevedo Acalinovic de fecha 22 de octubre del año 1999, y dentro del proceso de investigación presenta Formulario Único de Información Rápida, en la que establece que el inmueble ubicada en la zona este, ex fundo Vinto, se encuentra registrado bajo la matricula No. 4011010009452, así también se tiene; Formulario Único de Recaudaciones, correspondiente a la gestión 2008, cuyo nombre del contribuyente es la Sra. Mirtha Quevedo Acalinovic, importe que fue cancelado en fecha 03 de agosto de 2010. Que, conforme al requerimiento de 19.10.2012, suscrito por la Dirección Funcional, dirigida al Señor Registrador de la Oficina de Derechos Reales, en la cual solicita información, referente a los Bienes Inmuebles, que se encuentran registrados a nombre de Mirtha Patricia Quevedo Acalinovic, y que del informe 22.10.2012, evacuado por la Sub Registradora de DD.RR. se evidencia que el bien inmueble registrado bajo la matrícula de acciones derechos en co-propiedad, se encuentra el inmueble ubicado en la zona este ex fundo Vinto, registrado bajo la matricula No. 4011010009452, aspecto que hace en proveer que el Sr. Fernando Aguayo Nina, no es el propietario de dicho bien inmueble y menos el Sr. Emilio Eduardo Rodríguez Machicado. Sin embargo también es necesario tener presente que el Estado tiene un derecho expectaticio sobre este bien inmueble conforme al juicio de Octubre Negro, aquel inmueble se encuentra con anotación preventiva, es decir no solo se está afectando intereses particulares o derecho propietario particular, sino un derecho expectaticio colectivo, esto es de la sociedad y el Estado, del cual ante la ausencia de estos se violentó a través de un trámite de Usucapión, pretendiendo burlar derechos Individuales y Colectivos…”. En esa emergencia se inicia las investigaciones en contra de RAUL FUENTES GARCIA por la presunta comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, PREVARICATO, CONSORCIO DE JUECES, ABOGADOS Y FISCALES, previstos y sancionados en el art. 154 primera parte del Código Penal Modificado por la Ley 004, art. 173 primera parte del Código Penal, art. 174 segunda parte del Código Penal, modificado por el art. 34 de la Ley 004, y art. 153 del Código Penal modificado por el art. 34 de la Ley 004 de 31 de marzo de 2010, con relación al art. 20 del Código Penal. DELMA YOLANDA SALINAS SANTOS Y ENRIQUE LUIS RODRIGO VILLEGAS como autores del delito de CONSORCIO DE JUECES, FISCALES, POLICIAS y ABOGADOS, prevista en la segunda parte del art. 174 del Código Penal Modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010 con relación al art. 20 del Código Penal. FERNANDO AGUAYO NINA Y EMILIO EDUARDO RODRIGUEZ MACHICADO como autores del delito de FALSEDAD IDIOLOGICA previsto en el primer párrafo del art. 199 del Código Penal, con relación al art. 20 del Código Penal. Así como también se tiene esgrimido bajo mismos argumentos la acusación particular. a) A efectos de la subsunción al delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, diremos que respecto de uno de los elementos estructurales del art. 154 del Código Penal, debe existir el incumplimiento de la norma jurídica concreta. Esta Ley extra penal tiene que establecer con precisión los deberes a los que se encuentra sujeto el servidor público, en este caso de autos, se tiene probado que la conducta asumida por Raúl Fuentes García en su condición de Juez del Juzgado Mixto y Sentencia Nro.2 de Corque, omitió observar las reglas de competencia en razón de territorio, esto se colige de la prueba codificada como MP-D 1, demanda ordinaria de Usucapión de fs. 6 a 6 vlta. que el bien inmueble de la Litis está ubicada en la calle Juan Mendoza entre Av. Adolfo Mier y Calle Miraflores distrito 3, zona Este Urbanización Reordenamiento Arenales de la ciudad de Oruro, con una superficie de 45.222,02 m2 de la ciudad de Oruro, admitida mediante providencia de fecha 27 de enero de 2012, no observó el domicilio de las partes, por cuanto en la demanda no se observa dónde tienen ubicados sus domicilios señalándose simplemente con relación al demandante “ Mario Fernández-por FERNANDOGUAYO NINA dentro el proceso preliminar que sigo ante su autoridad…” y con relación al demandado “interpongo en la vía ordinaria de hecho demanda de derecho de propiedad inmueble por usucapión decenal o extraordinaria en contra de EMILIO EDUARDO RODRIGUEZ MACHICADO, mayor de edad, natural y vecino de Toledo, provincia Saucari de este Departamento, hábil a os efectos de ley, con domicilio en la calle Melgarejo sin número de dicha localidad” (aspecto no acreditado con documentos) de manera que se admitió la acción omitiendo las reglas de competencia determinadas en el art. 10. 1) a. del Código de Procedimiento Civil (que ha memento del hecho se encontraba en vigencia) que señala “Será competente el juez del lugar donde estuviere situada la cosa litigiosa o el del domicilio del demandado, a elección del demandante”, así también lo establece la uniforme jurisprudencia cuando afirma, “El conocimiento de las acciones reales compete a los jueces del lugar donde están los bienes…” (G.J.Nro.1262. p.39), de lo que se advierte, que la acción de usucapión no correspondería ser admitido y tramitado en ese asiento judicial, máxime que de la prueba documental MP-D4 tarjeta prontuario de Fernando Aguayo Nina se advierte que el mismo es natural de Arasora, provincia Pantaleón Dalence, del Departamento de Oruro y conforme los fundamentos de la propia demanda de usucapión este pósese el domicilio en la ciudad de Oruro, así como el demandado Rodríguez Machicado Emilio Eduardo en natural de Oruro, provincia Cercado del Departamento de Oruro y su domicilio en la ciudad de Oruro, y no como figura en la demanda de usucapión que es natural y vecino de Toledo. Por otra parte también se tiene demostrado que el acusado Raúl Fuentes García en su condición de Juez del Juzgado Mixto y Sentencia Nro.2 de Corque, no solo tramitó sin observar las reglas de competencia, sino también no observo los requisitos de admisibilidad de una demanda ordinaria de usucapión, como el certificado de catastro municipal (ubicación, superficie y titular del inmueble), partida lineal del inmueble (impuestos locales y nacionales), porque si nuevamente nos remitimos a la prueba MP-D1 el proceso de ordinario de usucapión, es evidente que no consta el Certificado de catastro municipal y la partida lineal del inmueble, por lo cual el ahora acusado en su condición de Juez omitió cumplir con las circulares Nro. 105/1994 y 035/204 emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (hoy Tribunal Supremo de Justicia) de exigir el certificado de catastro municipal y la partida lineal del inmueble a ser usucapido las cuales tienen por objeto para evitar el fraude de la ley y uniformar la identidad del titular del inmueble, es más se admite como demandado a Emilio Eduardo Rodríguez Machicado sin que este haya acreditado su derecho propietario, cuando el acusado Raúl Fuentes García en su condición de Juez, tenía la obligación de exigir que el demandado sea titular del bien inmueble a usucapir y no a sola mención del demandado, conforme ha establecido el Auto Supremo Nro. 201 de 17 de junio de 2005 “El sujeto pasivo de usucapión es siempre la persona que figura, en el Registro de Derechos Reales, como Titular del bien inmueble a usucapir, por ello el actor debe acompañar con la demanda la certificación o documentación que acredite ese aspecto, toda vez que es contra él- el actual propietario- que se pretende opere el efecto extintivo de la usucapión.() Por lo expuesto se concluye, que es deber ineludible del actor acreditar, a tiempo de interponer la demanda de usucapión, que la persona contra quien se dirige es quien figure como titular en el momento de promover la acción.() No es posible que el actor dirija su pretensión en contra de una persona distinta de quien figura como titular en los Registros de Derechos Reales, pues, al ser un modo derivativo de adquirí la propiedad, ésta opera solo respecto de bienes que se encuentran en la esfera del dominio privado y respecto de aquellos bienes inmuebles sobre los que recae un derecho de propiedad anterior”, de ahí que el acusado en su condición de Juez, tenía el deber y la obligación ineludible de exigir al demandante a tiempo de interponer la demanda de usucapión acreditar la titularidad del bien inmueble al demandado, más al contrario continuo con su tramitación hasta la Sentencia Nro. 005/2012 de fecha 28 de febrero de 2012 y FALLA declarando CON LUGAR la demanda de fs. 6 de obrados, en consecuencia declara el derecho propiedad del inmueble por haberse operado la USUCAPION decenal a favor de FERNANO AGUAYO NINA del bien inmueble ubicado en la calle Juan Mendoza entre Av. Adolfo Mier y Calle Miraflores distrito 3 Zona Este, Urbanización Reordenamiento Arenales de la ciudad de Oruro…”, omitiendo su deber como juez, de cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad conforme establece el art. 3 inc.1) del Código de Procedimiento Civil, más aun cuando por la prueba MP-D1, MP-D2, MP-D7, se demostró que hay una titular del bien inmueble usucapido conforme el Testimonio No. 341/99, registrado en la oficina de Derechos Reales bajo la partida Nro. 2309, y del Formulario Único de Información Rápida, en la que establece que el inmueble ubicada en la zona este, ex fundo Vinto, se encuentra registrado bajo la matricula No. 4011010009452, a favor de la Sra. Mirtha Quevedo Acalinovic, de lo que se concluye que se probó que Raúl Fuentes García-en su condición de Juez del Juzgado Mixto y Sentencia Nro.2 de Corque, omitió al haber tramitado un proceso ordinario de usucapión sin observar las reglas de competencia y requisitos de admisibilidad, por cuanto existía una disposición legal que exigía su cumplimiento como circulares. Sistema de Registro Judicial SIREJ Este hecho es antijurídico, es decir contrario al ordenamiento jurídico penal, por cuanto el acusado Raúl Fuentes García en su condición de servidor público ilegalmente omitió las reglas de competencia en la tramitación del proceso ordinario de Usucapión que se encuentra establecidas en el art. 10. Inc.1) del Código de Procedimiento Penal (que se encontraba en vigencia en la fecha de los hechos) y requisitos de admisibilidad que se encuentran circulares Nro. 105/1994 y 035/204 emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (hoy Tribunal Supremo de Justicia) de exigir el certificado de catastro municipal y la partida literal del inmueble a ser usucapido, y el art. 3 inc.1 del Código de Procedimiento Penal, omitió el deber de cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad. El sujeto activo del delito de incumplimiento de deberes, es el servidor público, por cuanto en el presente caso Raúl Fuentes García es considerado como sujeto activo del delito denunciado. El sujeto pasivo es el Estado en este caso una institución de ella, cual es Órgano Judicial y también un particular que ha sufrido las consecuencias del incumplimiento en este caso la señora Mirtha Patricia Quevedo Acalinovic en su condición de propietaria del bien inmueble usucapido ante el Juez del Juzgado Mixto Nro.2 de Corque, conforme el Testimonio No. 341/99, registrado en la oficina de Derechos Reales bajo la partida Nro. 2309, y del Formulario Único de Información Rápida, registrado bajo la matricula No. 4011010009452, que se encuentra codificada en la prueba MP-1, MP-D3 y MP-D7. Con relación al daño causado o “perjuicio”, como elementos integradores del delito de incumplimiento de deberes, se tiene demostrado objetivamente en este caso, el perjuicio ocasionado en la víctima particular, se ha colocado en un grave estado de indefensión e incertidumbre, por cuanto la sentencia Nro.005/2012 de fecha febrero de 2012, al haber declarado CON LUGAR la demanda de fs. 6 de obrados y declarar el derecho propietario del inmueble por haberse operado la USUCAPION decenal a favor de FERNANO AGUAYO NINA el bien inmueble ubicado en la calle Juan Mendoza entre Av. Adolfo Mier y Calle Miraflores distrito 3 Zona Este, Urbanización Reordenamiento Arenales de la ciudad de Oruro, es decir, dispone la pérdida de patrimonio de la víctima Mirtha Patricia Quevedo Acalinovic (daño material), que si bien en los hechos conforme el auto de fecha 2012, esta fue declarada NULA empero entendemos que el perjuicio ha sido causado toda vez que esta ha tenido que generar una serie de recursos para recuperar su patrimonio conforme consta en la prueba codificada como MP-D1, perjuicio que también alcanzo en la imagen la administración de justicia. d) El incumplimiento de deberes, desde el punto de vista subjetivo, es un delito esencialmente doloso, que requiere el conocimiento por parte del agente (servidor público) que ilegalmente omite algún acto propio de su función, en el presente caso Raúl Fuentes García tenía pleno conocimiento que en cumplimiento de su deber tenía la obligación de observar las reglas de competencia que exige el art. 10.inc.1). a del Código de Procedimiento Civil (que se encontraba en vigencia) y observar los requisitos de admisibilidad en procesos ordinarios de usucapión y no lo hizo, dejó de hacer, a sabiendas que existe un mandato expreso del art. 90.I de la Ley 1760 que señala “Las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio…”, más cuando cunado de la prueba MP-D1 se advierte un memorial de apersonamiento de la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, que hace conocer al acusado Raúl Fuentes García Juez del Juzgado de partido Mixto de Sentencia Nro.2 de Corque, que omitió las reglas de competencia y requisitos de admisibilidad en el proceso de usucapión, pese a ello el acusado por providencia de fecha 3 de mayo de 2012 dispone “ …Al Otrosí 1ro. adecue su petición conforme los datos del proceso…”, por lo que se concluye que él acusado tenía pleno conocimiento que, ilegalmente omitió el deber que es propio de su función. b) A los efectos de la subsunción del delito de CONSORCIO DE JUECES, FISCALES, ABOGADOS Y POLICÍAS, tipificado y sancionado en el art. 174 del Código Penal modificado por la Ley 007 de fecha 18 de mayo de 2010. Al respecto consorcio, desde la perspectiva del Derecho Penal, consiste en el acuerdo previo entre jueces, abogados, policías y/o fiscales que buscan beneficio económico indebido, influenciando en el curso del proceso, en la decisión de alguna o algunas causas, en detrimento de la sana administración de justicia, de ahí que, en este caso no se demostró el acuerdo previo entre Raúl Fuentes García (Juez de Partido Mixto y de Sentencia Nro. 2 de Corque) y los abogados Delma Yolanda Salinas Santos y Enrique Luis Villegas Rodrigo , mucho más, si consideramos la prueba MP-D12 dictamen pericial, que establece que la firma de este último acusado no guarda relación de correspondencia entre sus trazos y rasgos con las firmas y rúbricas en la “orden judicial”, “apersonamiento”, “renuncia a recurso” presentados ante el Juez de Partido Mixto y de Sentencia Nro.2 de Corque. Más allá, de que los hoy acusados son considerados como sujetos activos del delito denunciado, la parte acusadora Fiscal y particular no han precisado por lo menos una de las circunstancias en que consistió la concertación, se limitan en señalar que la Abogada Delma Yolanda Salinas Santos y Enrique Luis Villegas Rodrigo en coordinación con el Juez de Partido Mixto y Sentencia Nro. 2 de la localidad de Corque Raúl Fuentes García ha adecuado su conducta la tipo penal, refiriéndose al trámite que se imprimió dentro el proceso ordinario de usucapión, no ofrecen prueba que demuestre la formación de consorcios Abogados y Juez, con el objeto de procurarse ventajas económicas ilícitas, porque el hecho se consuma al momento de concretar la formación de consorcios entre Jueces y Abogados, unos con otros o conjuntamente entre todos, y , también cuando se integran o forman parte de ellos, sabiendo de antemano la existencia de los acuerdos previos entre todos. Es un delito doloso, de ahí que se exige probar el acuerdo previo en esta clase de delitos, puesto que los sujetos activos que forman parte del consorcio y/o son parte de ella, lo hacen con el objeto de procurarse ventajas económicas ilícitas entre sí, en detrimento de la sana administración de justicia, que en caso de autos no existe prueba objetiva que demuestre, reitero el acuerdo previo de la conformación del consorcio entre los acusados entre los acusados. Por las razones anotadas la conducta de los acusados Raúl Fuentes García, Delma Yolanda Salinas Santos y Enrique Luis Villegas Rodríguez no se subsume en los arts. 174 primera y segunda parte del Código Penal modificado por el art. 3 de la Ley 007 de fecha 18 de mayo de 2010, así calificado en la acusación pública y particular. c) Con relación a efectos de la subsunción del delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA tipificado y sancionado por el art. 199 del Código Penal atribuidos a FERNANDO AGUAYO NINA y EMILIO EDUARDO RODRÍGUEZ MACHICADO, como se dijo este tipo penal, la falsedad está en el hecho relatado, pero el documento es auténtico. El delito de Falsedad Ideológica tiene como verbos rectores la “acción de insertar” o de “hacer insertar, declaraciones falsas en un instrumento público, en ese sentido no se tiene acreditado que FERNANDO AGUAYO NINA y EMILIO EDUARDO RODRÍGUEZ MACHICADO hayan ejercido acción de hacer insertar o insertar, ideas falsas declarando lo falso en lugar de lo verdadero, manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho, en un instrumento público, en ese orden las pruebas MP-D1 a la MP-D12 no acreditan tales extremos, es más la acusación fiscal no mencionó instrumento público que hubiere sido falsificado ideológicamente, omite señalar tal componente establecido en el art. 199 del Código Penal, menos existe pruebas ofrecidas y desfilados que demuestre la participación de los acusados en la elaboración o en la inserción de datos falsos en un instrumento público. El pliego acusatorio hace entender que Fernando Aguayo Nina al haber extendido el poder suficiente a Mario Díaz Pérez, y formalizado la demandada ordinaria de usucapión mediante un memorial que no contiene fecha exacta (Corque enero de 2012) con cargo de recepción de fecha 27 de enero de 2012 por Abg. Ana Lilia Robles García- Secretaria del Juzgado Mixto de Sentencia Nro.2 de la Localidad de Corque, y la contestación de Eduardo Rodríguez Machicado, por memorial sin fecha exacta (Corque, enero 2012) suscrito por Abg. Ana Lilia Robles García-Secretaria del Juzgado Mixto de Sentencia Nro.2 de la Localidad de Corque, quien contesta señalando “ ser ciertos y verdaderos al margen de señalar que el señor Aguayo evidentemente ha poseído dicha propiedad hace aproximadamente 15 años, en forma pacífica y voluntaria, sin que haya sufrido perturbación alguna, contrariamente ha hecho muchas mejoras, en la misma, porque pide declarar probada la demanda y en definitiva en sentencia, declarar el derecho propietario solicitado…”, es decir, presentan Fernando aguayo Nina y Emilio Eduardo Rodríguez Machicado memoriales hasta lograr la sentencia, en ese orden no se señala primero cual la idea falsa, cual la manifestación diferente, obvia decir este aspecto, por otro lado considera equivocadamente decir que los memoriales son documentos públicos, o instrumentos públicos, sin tener presente siquiera el art. 1287 del Código Civil Boliviano. Por consiguiente los miembros del tribunal consideran que existe DUDA RAZONABLE en el presente caso, la cual es objetiva para absolver a los imputados FERNANDO AGUAYO NINA y EMILIO EDUARDO RODRÍGUEZ MACHICADO por los tipos penales atribuidos FALSEDAD IDIOLOGICA previsto y sancionado por el art. 199 del Código Penal con relación al art. 20 del Código Penal, ello en sujeción al art. 7 mo del código de procedimiento Penal, concordante con el art. 116 de la Constitución Política del Estado y art. 6to de la Ley Nro. 1970, máxime si se impone aplicar el principio universal de derecho IN DUBIO PRO REO, esto es lo que ha ocurrido en la deliberación de la presente resolución. VI. FIJACIÓN DE LA PENA.- Siendo que la pena es un medio útil y necesario para prevenir la reincidencia y la criminalidad, en procura de la pacífica convivencia humana, corresponde al Tribunal individualizar los motivos en la imposición, fijación y/o atenuación de la pena del acusado RAUL FUENTES GARCIA, en el marco de la teoría del ámbito o espacio de juego conforme las apreciaciones de orden legal. Que, el acusado RAÚL FUENTES GARCÍA, no tiene antecedentes penales con sentencia condenatoria ejecutoriada, de manera que es autor primario en la comisión del hecho punible. Sistema de Registro Judicial SIREJ En tales antecedentes, para fijar la pena se tomó en cuenta una media de la pena máxima dispuesto por el art. 154 del Código Penal, es decir se tomó en cuenta 2 años de privación de libertad, por la naturaleza del delito y el perjuicio ocasionado a la víctima, además de soportar las costas y daños civiles como consecuencia del hecho punible. POR TANTO: El Presidente y Juez del Tribunal de Sentencia Penal Nº 3 de la Capital (Oruro – Bolivia), administrando justicia en primera instancia, a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, con pleno ejercicio de jurisdicción, al haber establecido por unanimidad de votos, en mérito a todo lo visto y oído en la audiencia de celebración de juicio oral, público, continuo y contradictorio, y existiendo suficientes y vehementes elementos de culpabilidad en el hecho juzgado de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, se dicta SENTENCIA CONDENATORIA contra RAÚL FUENTES GARCÍA, declarándolo AUTOR de la comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES previsto y sancionado por el art. 154 primera parte del Código Penal con relación al art. 20 del Código Penal modificado por la Ley 004 en grado de autoría, a cumplir la pena privativa de (DOS AÑOS) de reclusión, en el Centro Penitenciario “San Pedro” de esta ciudad de Oruro, , sin perjuicio de que se le compute como parte de la pena cumplida el tiempo que estuvo detenido preventivamente por este delito inclusive en sede policial, debiendo expedirse el mandamiento de condena, previsto por el art. 129 inc. 4) del Código de Procedimiento Penal una vez ejecutoriada la sentencia, sea con costas y pago de responsabilidad civil a favor de la víctima y al Estado averiguables en ejecución de sentencia. Una vez ejecutoriada la sentencia, en aplicación del art. 340 y 440 ambos del Código de Procedimiento Penal, remítase copia de la presente resolución ante el Sr. Juez de ejecución Penal y por ante el Registro Judicial de Antecedentes penales, dependiente del consejo de la magistratura, con fines de registro. Alternativamente, en observancia de lo establecido por el art. 363.2 del Código de Procedimiento Penal, por voto unánime de sus miembros, dicta SENTENCIA ABSOLUTORIA absolviendo de culpa y pena a RAÚL FUENTES GARCÍA, DELMA YOLANDA SALINAS SANTOS y ENRIQUE LUIS VILLEGAS RODRIGO por la presunta comisión del delito de CONSORCIO DE JUECES, FISCALES, POLICIAS Y ABOGADOS, previstos y sancionados por la primera, segunda Parte del art. 174 del Código Penal, modificado por la Ley N. 004, con relación al art. 20 del Código Pernal y SENTENCIA ABSOLUTORIA absolviendo de culpa y pena a FERNANDO AGUAYO NINA y EMILIO EDUARDO RODRÍGUEZ MACHICADO, por la presunta comisión del delito de FALSEDAD IDEOLOGICA, previsto y sancionado por el primer párrafo del art. 199 del Código Penal, con relación al art. 20 del Código Penal. Sin Costas. Cancelación y cesación de medidas cautelares En esa emergencia, en observancia del art. 364 del Código de Procedimiento Penal el Tribunal dispone la cancelación y la cesación de todas las medidas cautelares dispuestas en contra de los imputados en la etapa preparatoria, solo con relación a los delitos juzgados, debiendo a tal fin, dar aplicación del art. 249.2 del Código de Procedimiento Penal. Normas aplicadas La presente sentencia se funda en el art. 116 de la Constitución Política del Estado, art. 154, 174, art. 199, todos del Código Penal, arts. 123, 171, 173, 333, 363.2 y art. 364 todos del Código de Procedimiento Penal, además de otros preceptos legales enunciados a lo largo de la presente resolución. Posibilidad de recurso De conformidad con la primera parte del art. 123 del tantas veces citado compilado adjetivo de la materia, se advierte a las partes, esto es al acusador público, a la parte víctima y a la parte al imputada, que a partir de su legal notificación con la Sentencia íntegra, tienen 15 (quince) días para ejercitar su derecho a recurrir de apelación restringida por ante el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Al amparo del art. 361 del Código de Procedimiento Penal por lo avanzado de la hora se lee sólo la parte dispositiva de la resolución, señalándose audiencia pública para la lectura de Sentencia en forma íntegra, el día miércoles 25 de agosto de 2021 a horas 16:00 p.m. y siguientes, a celebrarse en el Salón de Audiencias del Tribunal, quedando notificadas las partes. REGÍSTRESE Y TÓMESE RAZÓN. Con lo que termino el acto judicial firmando en constancia la señora Presidente y Jueces técnicos del Tribunal de Sentencia N° 3, y el suscrito Secretario. Certifico.- PARTE DISPOSITIVA DE LA SENTENCIA Nº 20/2021 DICTADA EN EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO CONTRA RAUL FUENTES GARCIA DELMA YOLANDA SALINAS SANTOS ENRIQUE LUIS VILLEGAS RODRIGO FERNANDO AGUAYO NINA EMILIO EDUARDO RODRIGUEZ MACHICADO Pronunciada a horas 12:30 a.m., del día sábado 21 de Agosto de 2021 POR TANTO: El Presidente y Juez del Tribunal de Sentencia Penal Nº 3 de la Capital (Oruro – Bolivia), administrando justicia en primera instancia, a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, con pleno ejercicio de jurisdicción, al haber establecido por unanimidad de votos, en mérito a todo lo visto y oído en la audiencia de celebración de juicio oral, público, continuo y contradictorio, y existiendo suficientes y vehementes elementos de culpabilidad en el hecho juzgado de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, se dicta SENTENCIA CONDENATORIA contra RAÚL FUENTES GARCÍA, declarándolo AUTOR de la comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES previsto y sancionado por el art. 154 primera parte del Código Penal con relación al art. 20 del Código Penal modificado por la Ley 004 en grado de autoría, a cumplir la pena privativa de (DOS AÑOS) de reclusión, en el Centro Penitenciario “San Pedro” de esta ciudad de Oruro, , sin perjuicio de que se le compute como parte de la pena cumplida el tiempo que estuvo detenido preventivamente por este delito inclusive en sede policial, debiendo expedirse el mandamiento de condena, previsto por el art. 129 inc. 4) del Código de Procedimiento Penal una vez ejecutoriada la sentencia, sea con costas y pago de responsabilidad civil a favor de la víctima y al Estado averiguables en ejecución de sentencia. Una vez ejecutoriada la sentencia, en aplicación del art. 340 y 440 ambos del Código de Procedimiento Penal, remítase copia de la presente resolución ante el Sr. Juez de ejecución Penal y por ante el Registro Judicial de Antecedentes penales, dependiente del consejo de la magistratura, con fines de registro. Alternativamente, en observancia de lo establecido por el art. 363.2 del Código de Procedimiento Penal, por voto unánime de sus miembros, dicta SENTENCIA ABSOLUTORIA absolviendo de culpa y pena a RAÚL FUENTES GARCÍA, DELMA YOLANDA SALINAS SANTOS y ENRIQUE LUIS VILLEGAS RODRIGO por la presunta comisión del delito de CONSORCIO DE JUECES, FISCALES, POLICIAS Y ABOGADOS, previstos y sancionados por la primera, segunda Parte del art. 174 del Código Penal, modificado por la Ley N. 004, con relación al art. 20 del Código Pernal y SENTENCIA ABSOLUTORIA absolviendo de culpa y pena a FERNANDO AGUAYO NINA y EMILIO EDUARDO RODRÍGUEZ MACHICADO, por la presunta comisión del delito de FALSEDAD IDEOLOGICA, previsto y sancionado por el primer párrafo del art. 199 del Código Penal, con relación al art. 20 del Código Penal. Sin Costas. Cancelación y cesación de medidas cautelares En esa emergencia, en observancia del art. 364 del Código de Procedimiento Penal el Tribunal dispone la cancelación y la cesación de todas las medidas cautelares dispuestas en contra de los imputados en la etapa preparatoria, solo con relación a los delitos juzgados, debiendo a tal fin, dar aplicación del art. 249.2 del Código de Procedimiento Penal. Normas aplicadas La presente sentencia se funda en el art. 116 de la Constitución Política del Estado, art. 154, 174, art. 199, todos del Código Penal, arts. 123, 171, 173, 333, 363.2 y art. 364 todos del Código de Procedimiento Penal, además de otros preceptos legales enunciados a lo largo de la presente resolución. Posibilidad de recurso De conformidad con la primera parte del art. 123 del tantas veces citado compilado adjetivo de la materia, se advierte a las partes, esto es al acusador público, a la parte víctima y a la parte al imputada, que a partir de su legal notificación con la Sentencia íntegra, tienen 15 (quince) días para ejercitar su derecho a recurrir de apelación restringida por ante el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Al amparo del art. 361 del Código de Procedimiento Penal por lo avanzado de la hora se lee sólo la parte dispositiva de la resolución, señalándose audiencia pública para la lectura de Sentencia en forma íntegra, el día miércoles 25 de agosto de 2021 a horas 16:00 p.m. y siguientes, a celebrarse en el Salón de Audiencias del Tribunal, quedando notificadas las partes. REGÍSTRESE Y TÓMESE RAZÓN. Con lo que termino el acto judicial firmando en constancia la señora Presidente y Jueces técnicos del Tribunal de Sentencia N° 3, y el suscrito Secretario. Certifico.- Con lo que termino el actuado firmando en constancia el Presidente, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal No. 3 y el suscrito Secretario. Certifico.- Sistema de Registro Judicial SIREJ Fdo.Dra Ely Caquegua Mamani – PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA N°3 (en suplencia legal)-.----- Fdo. Dr. GIOVANNI FRANZ ZAMBRANA ROJAS -(en suplencia legal) JUEZ DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA N°3- Dra Monica Jazmin Camacho Toco -(en suplencia legal) JUEZ DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA N°3-Fdo. Dr. Ramiro Cruz García - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA N°3---------------------------------EL PRESENTE EDICTO DE LEY ES LIBRADO EN LA CUIDAD DE ORURO A LOS UN DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUN AÑOS.--------------------------------D----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------S------------------------------------------------------------------------------------- -------------O--------------------------------------------------------------------------------- :21154006 :23284


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