EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: SALA PENAL CUARTA


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA ORGANO JUDICIAL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA SALA PENAL CUARTA PARA LA PARTE ACUSADORA: MARIA DOLORES ALBA EDICTO EL DR. PABLO ANTEZANA VARGAS VOCAL PRESIDENTE DE LA SALA PENAL CUARTA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA.---------------------------------------------------------------------------------- POR EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO Y SE NOTIFICA A MARIA DOLORES ALBA CON LA DECISION TOMADA EN AUTO DE VISTA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2020 Y DECRETO DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021; DICTADO DENTRO EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA HERNAN ALBA ALBA POR EL DELITO DE LESIONES GRAVES Y LEVES, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ART. 271 DEL CODIGO PENAL, A MÉRITO DEL RECURSO DE APELACION RESTRINGIDA FORMULADO POR EL PRENOMBRADO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 23 DE ABROL DE 2013, A CUYO FIN SE TRANSCRIBEN LAS PARTES PERTINENTES Y NECESARIAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------AUTO DE VISTA------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------15 de junio del 2020----------------------------------------------VISTOS: El incidente de extinción de la acción penal por prescripción, planteado por el imputado Hernán Alba, dentro el proceso penal que le sigue el Ministerio Publico a querella de María Dolores Alba contra el prenombrado, por la presunta comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el Art. 271 del Código Penal, los antecedentes procesales, la normativa legal aplicable, y;---------------------------------------------CONSIDERANDO I. (De los antecedentes)-------------------------------------------------------------Dentro la presente causa, se verifica que el Tribunal de Sentencia No. 1 de Quillacollo, en fecha 23 de abril de 2013, dictó sentencia condenatoria contra el acusado Hernán Alba, declarándolo autor de la comisión del delito de lesiones graves, previsto y sancionado por la primera parte del Art. 271 del Código Penal, imponiéndole la pena de tres años y seis meses, a cumplir en la cárcel Publica “San Pablo”, sección varones de Quillacollo.-----------Sentencia que fue apelado por el nombrado acusado mediante memorial de fecha 15 de mayo de 2013, y una vez emplazada a las otras partes para que la contesten, fue remitido los antecedentes ante el Tribunal de Alzada mediante nota de fecha 12 de junio de 2013, cursante a fs. 154 de obrados.-------------------------------------------------------------------------------- I.1 Fundamentos del incidente planteado--------------------------------------------------------------El acusado Hernán Alba, mediante memorial de fecha 14 de noviembre de 2017, interpone la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, con el argumento que el delito por el que está siendo juzgado se habría cometido en fecha 04 de marzo de 2010, en una agresión recíproca entre partes y que desde esa fecha hasta el día de hoy, transcurrieron 7 años con 8 meses, sin interrupción del tiempo por declaratoria de rebeldía, superando los 5 años que opera la prescripción en el presente proceso.------------Por lo que, al amparo de los Arts. 27 núm. 8), 29 núm. 2), 30 y 31 del CPP, solicita la extinción de la acción penal por prescripción, además señala que el delito de lesiones ya sean gravísimas, graves o leves, son considerados como delitos instantáneos, puesto que la voluntad del agente es de causar daño en el otro al instante. Por lo expuesto, pide se admita y resuelva dar lugar y declarar probada la misma y consecuentemente se archive obrados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.1. Respuesta al incidente planteado--------------------------------------------------------------------Mediante providencia de fecha 15 de noviembre de 2017, se corrió traslado a las partes, sin merecer respuesta hasta la fecha.----------------------------------------------------------------------Por otra parte, si bien es cierto que por disposición del Art. 406 del CPP, modificado por la Ley N° 1173, se tiene establecido que recibidas las actuaciones la Sala Penal señalará día y hora de audiencia, dentro el plazo de 5 días, para la resolución de la misma; Empero no es menos cierto, que la presente causa fue tramitada antes de la promulgación de la citada Ley, lo que conlleva a inferir, que en el caso, ya se ha efectuado el contradictorio correspondiente, al haberse corrido en traslado la apelación a la partes para que la contesten; en consecuencia, a fin de no dilatar más la resolución del caso, y dar observancia al mandato constitucional de una justicia pronta y oportuna, se pasa a resolver el fondo de la apelación, sin necesidad de señalamiento de audiencia.--------------CONSIDERANDO II: (fundamentos jurídicos de la resolución del Tribunal de Alzada)-En primer término a efectos de definir si el Tribunal de Alzada cuenta con la competencia necesaria para resolver el planteamiento en cuestión, ello en virtud a la modulación introducida a la línea jurisprudencial contenida en la SC. N° 1061/2015-S2 de 26 de octubre de 2015, cuando en la parte pertinente establece: “(…) Pues bien, al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, “El juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas”. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya consecuencia, en muchos casos, se han postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del proceso se refiere, muchas veces por las comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de la justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso la justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos. En este sentido, cuando el justiciable decida plantear extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá formularlo ante el Juez o Tribunal que conoce la causa principal; sin embargo, también es imperioso aclarar que, si el incidente fuere suscitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal o, ante los Tribunales o Jueces de Sentencia Penal, sus decisiones efectivamente son impugnables, ya que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. El presente entendimiento implica la reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la SC 1716/2010-R a los entendimientos asumidos en la SC “0245/2006”, que emergió de los razonamientos establecidos en las SSCC “0101/2004, 1968/2004-R, 0036/2005, 0105/2005-R, 1365/2005-R” y AC 0079/2004-ECA.(…)”.------Delimitada como está la competencia de este Tribunal de Alzada para ingresar a considerar el fondo de la petición, se pasa a resolver la excepción interpuesta por la imputada, en función a los fundamentos expuestos. ---------------------------------------------------II.1. A objeto de resolver la problemática planteada es necesario establecer que la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, tiene su fundamento doctrinal en que el Ius puniendi estatal no tiene carácter irrestricto, sino admite límites universalmente permitidos que tienen fundamento en el transcurso del tiempo, en consideración a que si el Estado como titular del IUS PUNIENDI deja transcurrir el tiempo sin iniciar y/o concluir el proceso contra quien goza de la presunción de inocencia y debe ser tratado como tal, se entendería que ha perdido interés en la persecución penal y por tanto se extingue la misma; finalmente, la prescripción no tiene por objeto beneficiar al procesado ni a la impunidad, sino que mediante el proceso pronto y oportuno se logre la eficacia de la administración de justicia, brindando seguridad jurídica tanto a la víctima como al procesado, por cuanto resulta de interés de ambos que el proceso concluya con una resolución firme, con todas sus emergencias. Es por ello que el propio Estado mediante el Legislativo, ha sancionado normas legales destinadas a poner límites a la persecución penal.-----------------------------------------------------------------------------------------------Así, la Sentencia N° 0023/2007-R de 16 de enero, que ha establecido los fundamentos de la prescripcion señalando que: "De acuerdo a la doctrina, la prescripcion se traduce en los efectos que produce el transcurso del tiempo sobre el ejercicio de una determinada facultad. Esta definicion, aplicada al ambito penal, significa la expresa renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar debido al tiempo transcurrido. Conforme a ello, es el propio Estado el que, a traves de la norma penal ( procesal o sustantiva, segun las legislaciones), establece los limites de tiempo en que puede ejercer la persecucion penal. La actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida, ya que al hacerlo se quebrantaria el equilibrio que debe existir entre la funcion de defensa de la sociedad y la proteccion de derechos y garantias individuales". ----------------------Por ello, el art. 27 inc. 8) del CPP, establece la extinción de la acción penal por prescripción, señalando los plazos procesales dentro de los cuales prescribe la acción penal, conforme al Art. 29 de mismo cuerpo legal, detallados a continuación: -----------------“1) En ocho años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de seis o más de seis años;---------------------------------------------------------------------------------- 2) En cinco años para los que tengan señaladas penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años; ------------------------------------------------------------------3) En tres años, para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad, y; ---------------4) En dos años para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad”.------------------------En cuanto al inicio del término de cómputo para que proceda la prescripción, el art. 30 del citado Código, estipula: El término de la prescripción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación’, precepto que se complementa a través del art. 31 del CPP, que señala las causas en las cuales, los plazos establecidos para la prescripción podrán ser interrumpidos, señalando que: El término de la prescripción de la acción se interrumpirá por la declaratoria de rebeldía del imputado, momento desde el cual el plazo se computará nuevamente y el Art. 32 establece la suspensión del término de la prescripción: 1) Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el período de prueba correspondiente; 2) Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las excepciones planteadas; 3) Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o en la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y, 4) En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas mientras dure ese estado. -------------------------------------------Por su parte la SCP 0283/2013 de 13 de marzo, remitiéndose a la SC 0023/2007-R de 16 de enero, y precisando el contexto procesal vigente sostuvo que: “…de acuerdo a nuestra norma procesal, sólo esas causales suspenden la prescripción; en consecuencia, fuera de ellas, la prescripción continúa corriendo, independientemente de que se hubiera iniciado o no la acción penal correspondiente, lo que sin duda marca una clara diferencia con la anterior normativa sobre el particular, que en el art. 102 del Código Penal (CP) establecía que la prescripción se interrumpía con el inicio de la instrucción penal y se la computaba nuevamente desde la última actuación que ésta registrara. Efectivamente, el anterior sistema procesal, permitía la prolongación indefinida de los procesos y el sometimiento del imputado a la exclusiva voluntad del Ministerio Público y/o del querellante, quienes, de manera arbitraria, podían hacer abandono del proceso penal y reactivarlo después de mucho tiempo, sólo con la finalidad de evitar la prescripción, lo que determinaba la constante zozobra del imputado y la vulneración de sus derechos y garantías, fundamentalmente del derecho a la seguridad jurídica. El nuevo Código de Procedimiento Penal, conforme se tiene dicho, cambia radicalmente el sistema anterior, puesto que no establece entre sus causales de interrupción o prescripción de la acción penal, el inicio de la acción penal; consecuentemente, es posible interponer esta excepción en cualquier momento del proceso, conforme ha quedado establecido en la jurisprudencia del Tribunal contenida en la SC 1510/2002-R, de 9 de diciembre, que de manera expresa determinó que la denuncia no constituye causal de interrupción o suspensión de la prescripción al no estar contemplada en los arts. 29 y 31 CPP. Entendimiento que fue reiterado en la SC 0187/2004-R, de 9 de febrero, en la que se determinó que: '…para la interrupción o suspensión de la prescripción, necesariamente tienen que presentarse uno de los supuestos descritos, entre los que no se encuentra el inicio de la acción penal, debiendo contarse el plazo desde el día en que supuestamente se consumó el delito, sin interrupción…'. ------------------II. 2. Por otro lado, tambien corresponde precisar que los delitos por la duracion de la ofensa al bien juridico vulnerado, se clasifican en tipos instantaneos donde la ofensa al bien juridico cesa inmediatamente despues de consumada la conducta tipica, en los tipos permanentes la actividad consumativa no cesa al perfecionarse la accion tipica sino que perdura en el tiempo, de modo que todos los momentos de su duracion, se imputan como consumacion de la accion delictiva.-------------------------------------------------------------------------Es asi, que la Sentencia Contitucional N° 1709/2004-R de 22 de octubre puntualizo aun mas la diferencia entre delitos instantaneos y permanentes, al determinar que: "(...) en funcion a la duracion de la ofensa al bien juridico vulnerado, los hechos ilicitos se dividen en delitos instantaneos, que - como se tiene referido en la Sentencia Contitucional citada precedentemente - son aquellos que con la sola realizacion de la conducta, accion u omision, por el sujeto activo quedan realizados o tipificados, sin que se requiera accion posterior para su continuidad o vigencia. Los delitos permanentes, son los que se caracterizan porque el hecho que los contituye o realiza da lugar a una situacion dañosa o de peligro, que se prolonga en el tiempo a causa de la continuidad del comportamiento del sujeto. Para la existencia de estos delitos, es necesario que el estado dañososo o de peligro, provenga de la conduta del sujeto activo de manera continua, es decir, que no agote en un solo instante, sino que prosiga durante determinado tiempo; y que la prorroga de la situacion antijuridica se deba a la exclusiva conducta voluntaria del sujeto, que prosigue con ella initerrumpidamente despues de la realizacion del hecho que contituye el delito. Sin embargo, la doctrina tambien considera dentro de estas clasificaciones a los delitos instantaneos con efectos permanentes, que son aquellos cuya conducta destruye o dismunuye el bien juridico tutelado, en forma intantanea, en un solo momento, pero permenen las consecuencias nocivas del mismo". -----------------------------------------------------------------------------------------------En ese entendido, el delito de lesiones graves y leves, previsto en el Art. 271 del Código Penal que se viene acusando, resulta ser un delito instantáneo, que se consuma en el momento en que se produce el hecho dañoso del bien jurídico protegido; y tiene una sanción de privación de libertad de uno a cinco años, consecuentemente es aplicable el Art. 29 numeral 2) del CPP, que prevé la prescripción de la acción penal en cinco años, para los delitos sancionados con penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años.------------------------------------------------------------------------A su vez, en el caso presente, y conforme a los supuestos fácticos expresados en el Pliego Acusatorio presentado por el Ministerio Público y la acusación particular, se verifica que el hecho ilícito se cometió en fecha 04 de marzo de 2010, a Hrs. 14.15 aproximadamente, en inmediaciones del domicilio del Sr. Hernán Alba Alba acompañado de su esposa Catalina Saravia, su hermana Rafaela Alba y también su hijo, luego de proferir adjetivos denigrantes lanzo golpes contra la humanidad de Lucio Cuchillo…así también a su madre María Dolores Alba quien se encontraba en el suelo, siendo víctima de golpes propinados por el imputado Hernán Alba Alba quien le habría pisado en el hombro ocasionándole fractura en la clavícula derecha. ---------------------------------------------Si esto es así, desde la media noche del día 04 de marzo de 2010, hasta la formulación por parte del acusado Hernán Alba de la excepción de extinción de la acción por prescripción (14 de noviembre de 2017), han transcurrido más de 7 años, superando de manera abundante el plazo de cinco años que establece el Art. 29 Num. 2 del CPP, en el entendido de que el delito de lesiones graves, prevé una pena privativa de libertad que oscila de uno a cinco años. Además que de la revisión de antecedentes se verifica que el termino de la prescripción no ha sido interrumpido o suspendido por ninguno de los presupuestos establecidos en los Arts. 31 y 32 del CPP, por lo que la acción penal en el caso que nos ocupa se ha extinguido, por haberse operado la prescripción mucho antes de la interposición de la excepción planteada por la parte imputada.------------------------------Por lo que en base a lo precedentemente expuesto, corresponde declarar la procedencia de la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, interpuesta por el procesado Hernán Alba. --------------------------------------------------------------------------------------POR TANTO: La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declara FUNDADA la excepción de extinción de la acción penal por prescripción formulado por el procesado Hernán Alba, consecuentemente, se DISPONE el archivo de la presente causa. Salvando el derecho de las presuntas víctimas a recurrir a la acción civil en resguardo de sus derechos. -----------------------------------------------------------En función del Art. 123 del CPP, se advierte a las partes que la presente resolución no es susceptible de recurso ulterior, conforme a procedimiento; debiendo por secretaria remitirse obrados al juzgado de origen y sea con la debida nota de cortesía.------------------- REGÍSTRESE-----------------------------------------------------------------------------------------------------Vocal Relator: Dr. Pablo Antezana Vargas. -----------------------------------------------------------Fdo.- Dr. Pablo Antezana Vargas -Vocal- Presidente de la Sala Penal Cuarta – Tribunal Departamental de Justicia.- Fdo. Dra. Silvia C. Zurita Aguilar – Vocal de la Sala Penal Cuarta – Tribunal Departamental de Justicia.-Fdo.-E. Alejandra Bernal Colque -Secretaria de Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia.- Cochabamba - Bolivia-. -----------------------------------------------*******************************************************************************************************APELACION RESTRINGIDA---------------------------------------------------------------------------------Caso N° 244/19 (C/A) ------------------------------------------------------------------------------------------ Ministerio Público------------------------------------------------------------------------------------------------- María Dolores Alba---------------------------------------------------------------------------------------------- C/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hernán Alba Alba.------------------------------------------------------------------------------------------------ Delito: Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado en el Art. 271 del Código Penal --- Nurej: 201321953------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------Cochabamba, 24 de septiembre de 2021.------------------------------- A mérito del informe que antecede, en el que el señor Oficial de Diligencias de esta Sala informa que el domicilio real del imputado Hernán Alba Alba resulta ambigua, así como que no logro ubicar el domicilio real de la querellante María Dolores Alba pese a que pregunto a los vecinos de la zona; por consiguiente al no contar con un domicilio conocido el prenombrado imputado y al desconocerse el paradero de la prenombrada querellante, en aplicación de lo dispuesto en el Art. 165 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el Art. 9 de la Ley 1173, se dispone la NOTIFICACION POR EDICTOS del imputado Hernán Alba Alba 7 y a la querellante María Dolores Alba con el Auto de 15 de junio de 2020 y el presente decreto a publicarse en el portal electrónico de notificaciones del Tribunal Supremo de Justicia.- Notifique Funcionario.- Fdo.- E. Alejandra Bernal Colque.- Secretaria de la Sala Penal Cuarta – Tribunal Departamental de Justicia- Cochabamba- Bolivia. .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ES CUANTO SE TIENE ORDENADO, PARA QUE DANDOSE FIEL Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO SE ARRIME A SUS ANTECEDENTES DEBIDAMENTE DILIGENCIADO.---------------------------------------------------------------------------------------- COCHABAMBA, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021


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